Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2021-00699-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2021-00699-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2021-00699-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
2 de julio de 2021
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Debate económico que escapa de la órbita de protección del juez constitucional
[S]e advierte que estos acuden a la acción de tutela con el propósito de reabrir y continuar el debate del proceso ordinario y que se revoquen las providencias que fijaron los honorarios al abogado (…) cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una tercera instancia. Resulta evidente que la parte demandante busca un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural de la causa (…) la Sala estima que la determinación de no reponer el auto (…) estuvo fundada en la sana crítica, con una carga argumentativa válida y razonable, propia de la autonomía del operador judicial (…) la inconformidad de los accionantes, tal como lo dijo el juez constitucional de primera instancia, tiene un sustrato netamente económico, pues sus pretensiones están direccionadas a que se ordene revocar los autos que fijaron los honorarios a un abogado por su gestión. Respecto de este tipo de acciones que tienen finalidades netamente económicas, a juicio de la Sala, el amparo solicitado resulta improcedente (…).
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 05001-23-33-000-2021-00699-01(AC)
Actor: GLADIS DEL CARMEN PORTACIO BUELVAS Y OTROS
Demandado: JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – IMPROCEDENCIA / TERCERA INSTANCIA – La parte demandante pretende reabrir el debate jurídico y probatorio por no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural / Asunto netamente económico.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial de la señora Gladis del Carmen Portacio Buelvas y otros en contra de la sentencia del 23 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad, mediante la cual se resolvió:
<<PRIMERO. Se DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los señores Gladis del Carmen Portacio Buelvas, José Manuel Ruiz Hernández, Karol Jimena Ruiz Portacio, Adriana Paola Avendaño Portacio, Lina Marcela Avendaño Portacio, María Isabel Vuelvas Martínez, Miguel Antonio Portacio Martínez, Jhony Javier Portacio Buelvas y José Luis Viveros Abisambra, en contra del Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Medellín, de conformidad con la argumentación previamente vertida.
SEGUNDO. NOTIFÍQUESE esta decisión en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, ENVÍESE de forma inmediata el expediente la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 ibidem>> (Negrillas propias del texto).
I. A N T E C E D E N T E S
A. De la demanda y sus fundamentos
1.- El 23 de marzo de 2021, Gladis del Carmen Portacio Buelvas, José Manuel Ruiz Hernández, Karol Jimena Ruiz Portacio, Adriana Paola Avendaño Portacio, Lina Marcela Avendaño Portacio, María Isabel Vuelvas Martínez, Miguel Antonio Portacio Martínez, Jhony Javier Portacio Buelvas, obrando a través de apoderado judicial y, José Luis Viveros Abisambra, actuando en nombre propio, acuden a la acción de tutela en procura de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín, al proferir los autos de 14 de enero y 22 de septiembre de 2020, mediante los cuales fijó y confirmó los honorarios al abogado Diego Fernando Posada Grajales, dentro del proceso de reparación directa (05001-33-33-013-2015-00249-00) que promovieron los accionantes contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen a lo siguiente:
<<Tutelar los derechos fundamentales al efectivo acceso a la administración de justicia, igualdad y debido proceso de los accionantes, declarando que las providencias judiciales calendadas 14 de enero de 2020 y 22 de septiembre de 2020 emitidas por el JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN, incurrieron en defecto material o sustancial al no haber realizado una interpretación con un enfoque fundado en la salvaguarda de los derechos fundamentales, especialmente frente al debido proceso, efectivo acceso a la justicia y derecho a la igualdad pues no tomaron en consideración las particularidades del caso concreto; por la interpretación irracional de los elementos probatorios en el mismo; por haber realizado un estudio incompleto de los medios materiales probatorios y porque se presenta una incongruencia entre lo probado y lo resuelto; y en consecuencia, se solicita respetuosamente dejar sin efecto dichas providencias y disponer que se profiera un nuevo auto que decida el incidente de regulación de honorarios dentro del proceso radicado 2015-00249>>.
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con base en el artículo 86 Superior, la parte actora expuso que:
3.1.- El grupo familiar conformado por los aquí accionantes, a raíz de la muerte del joven Luis Eduardo Gallego Portacio, en hechos ocurridos mientras prestaba el servicio militar obligatorio, presentaron demanda contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de reparación directa; para tal fin, le otorgaron poder a varios abogados que, según cuentan, hacían parte de la sociedad Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S., entre ellos, a José Luis Viveros Abisambra, Diego Fernando Posada Grajales, Alejandra Restrepo Escobar y Elkin Darío Pino, los dos primeros en calidad de socios y los dos últimos como abogados que prestaban sus servicios para la referida sociedad.
3.2.- Señalan que los abogados del mencionado grupo jurídico adelantaron todo el trámite del medio de control de reparación directa, desde su inicio hasta su finalización.
3.3.- Por otra parte, indican que el abogado Diego Fernando Posada Grajales se retiró de la sociedad, radicando renuncia al poder el 31 de agosto de 2017, sin informar a los demandantes del medio de control de reparación directa y, posteriormente, el 13 de julio de 2018, reasumió el poder sin informar de dicha actuación a los demás socios de la empresa.
3.4.- El 7 de septiembre de 2018 se profirió sentencia condenatoria en el proceso del medio de control de reparación directa antes mencionado, en la cual se accede parcialmente a las súplicas de la demanda; motivo por el cual, se radicaron 2 recursos de apelación; uno el 11 de septiembre de 2018 por parte del abogado Diego Fernando Posada Grajales, sin informar a las partes y a la sociedad de la que hacía parte y, otro el 24 de septiembre de 2018 por el abogado -hoy también accionante- José Luis Viveros Abisambra, como apoderado e integrante del Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S. (abogado de la parte actora). Además, indicaron que días antes de presentar este último recurso, se informó al Despacho que el señor Posada Grajales no hacía parte de la sociedad que representaba los intereses de los accionantes.
3.5.- El 18 de septiembre de 2018, el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín, efectuando una verificación de los poderes y la información suministrada, advirtió que se presentaba un conflicto por parte de quienes ostentaban la representación judicial de la parte demandante y que esas diferencias debían ventilarse en otras instancias, al tiempo de indicar que la renuncia presentada por el abogado Posada Grajales no se había hecho efectiva por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 76 del C.G.P., razón por la cual podía reasumir el poder en cualquier momento, sin embargo, ante los nuevos mandatos de los accionantes, dio por terminado el acto de apoderamiento de los abogados Diego Fernando Posada Grajales, María Alejandra Restrepo y Elkin Darío Pino Ortiz y, en su lugar, le reconoció personería a los profesionales en derecho José Luis Viveros Abisambra y Luis Felipe Viveros Montoya.
3.6.- Como consecuencia de lo anterior, el 21 de septiembre de 2018, el abogado Diego Fernando Posada Grajales radicó incidente de regulación de honorarios contra los accionantes del medio de control de reparación directa, hoy tutelantes.
3.7.- Surtido el trámite respectivo, el 14 de enero de 2020, el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín, fijó como honorarios profesionales al abogado Diego Fernando Posada Grajales el 30% del resultado económico de la gestión, esto es, del valor reconocido a los demandantes en virtud del acuerdo conciliatorio que celebraron con la demandada, en consideración a que el abogado “era el único que aceptó el poder, suscribió la demanda y adelantó las actuaciones procesales correspondientes y la participación de otros abogados en algunas diligencias había obedecido a sustituciones de poder otorgadas por el Dr. Posada Grajales en calidad de abogado principal”, además, que, “el contrato de mandato en el presente caso fue celebrado por los demandantes con los abogados DIEGO FERNANDO POSADA GRAJALES y JOSE LUIS VIVEROS ABISAMBRA, sin que se mencione en ningún momento que estos actúan en nombre y representación de la sociedad Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S”.
3.8.- Inconformes con lo anterior, los demandantes presentaron recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante auto de 22 de septiembre de 2020 -se adecuó el recurso de apelación al de reposición-, y se decidió no reponer el auto acusado.
4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones en la acción de tutela, la parte actora aduce, que:
4.1.- Las decisiones censuradas resultan lesivas de sus derechos fundamentales, por cuanto incurrieron en un “defecto sustantivo o material” (fáctico), por: i) no haber aplicado un enfoque constitucional fundado en la salvaguardia de los derechos fundamentales, ii) por la interpretación irracional de los elementos probatorios en el caso concreto, iii) por realizar un estudio incompleto de los medios materiales probatorios y, iv) por haber incongruencia entre lo probado y lo resuelto; ya que, para el caso concreto el Juez Contencioso tuvo la carga de estudiar las especificidades que rodearon el caso concreto. Además, el mismo despacho contrarió sus propias providencias.
4.2.- Indican que en el auto expedido el 18 de septiembre de 2018, el Despacho señaló que el conflicto entre los abogados que representan la parte actora y cualquier otra diferencia debería ventilarse ante otras instancias, agregando en todo caso que todos los profesionales en derecho designados por los demandantes tenían la calidad de abogados principales; sin embargo, en el auto de fecha 14 de enero de 2020, por medio del cual se resolvió el trámite incidental de honorarios, se le dio la calidad de apoderado principal al señor Diego Fernando Posada Grajales dado que era el único que habría aceptado el mandato conforme a las disposiciones del Código General del Proceso, otorgándole el 90% de los honorarios pactados con las partes. Lo anterior, sin tener en cuenta el material probatorio que obrara dentro del proceso, como el certificado de existencia y representación de la sociedad Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S que da cuenta de la actividad jurídica de ésta y su composición, siendo este abogado parte integrante -socio y gerente suplente-, por lo que el profesional del derecho no estaría actuando como persona natural ejerciendo su profesión, sino que lo hacía como parte del mencionado grupo jurídico; por tanto, consideran que el incidente tiene como origen un conflicto societario y que las partes no deben verse afectadas por esto.
4.3.- Indicaron que en los mandatos en los cuales se encuentra plasmada la designación de apoderados judiciales realizada por los demandantes, se nombra a cuatro abogados, todos principales, Diego Fernando Posada Grajales, José Luis Viveros Abisambra, María Alejandra Restrepo Escobar y Elkin Darío Pino Ortiz, poderes que deberían ser apreciados de acuerdo a lo regulado en el Código General del Proceso, normatividad vigente al momento de su elaboración; por lo que, a su juicio, de acuerdo a la manera en que la Sociedad Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S desarrolla su objeto social, cualquiera de sus socios o abogados prestadores de servicios estaba facultado para adelantar todas las actividades tendientes al desarrollo de cada negocio jurídico, pero en calidad de socio de dicha empresa.
4.4.- Por otra parte, frente al hecho de que la renuncia del abogado Posada Grajales no cumplió con las formalidades del artículo 76 del C.G.P., señalaron que dicha situación no deja sin efectos las actuaciones posteriores realizadas por los otros abogados, ya que no se dieron de forman simultánea y tienen plena validez.
4.5.- Indican que el juez en el auto recurrido argumenta su postura en algunas imprecisiones, en cuanto señala que el abogado Diego Fernando Posada fue el único que aceptó el poder y adelantó las actuaciones procesales correspondientes, desconociendo, primero, el inciso final del artículo 74 del Código General del Proceso que establece que los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio, caso último de los demás apoderados en el proceso, quienes aceptaron el mandato asistiendo a las diferentes audiencias y, segundo, desconoce, la calidad de apoderados principales de los demás profesionales del derecho a quienes se les confirió poder inicial en el caso. Además, que en el caso es impropio decir que hubo “sustitución de poderes” en razón a que todos los abogados eran principales.
4.6.- Frente al auto de 22 de septiembre de 2020, manifestaron que el juez “obvia” que dentro del proceso actuaron otros abogados, los cuales también tenían poder para ello, igualmente, que no tiene en cuenta el testimonio de la señorita María Isabel Orozco Soto, dependiente judicial de ese proceso.
4.7.- En virtud de lo anterior, señalaron que el proceso de reparación directa adelantado por la señora Gladys del Carmen Gallego Portacio y otros contra la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, se tramitó desde su inicio hasta su culminación por socios y abogados de la Sociedad Grupo Jurídico de Antioquia, no de manera exclusiva por el abogado Diego Fernando Posada Grajales, el cual si bien hizo parte de la sociedad y suscribió algunas de las actuaciones de ese proceso, lo hizo en representación de la misma, como lo han probado durante el trámite incidental con las pruebas y el testimonio, que dan fe que en el trámite del proceso referenciado intervinieron varios profesionales del derecho con una condición en común, como vinculados al Grupo Jurídico de Antioquia.
4.8.- Por último, indicio que en el caso concreto, el Juez Trece Administrativo del Circuito omitió valorar las condiciones específicas del caso y las siguientes pruebas: i) Certificado de existencia y representación de la sociedad Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S en la que se deja claro que el abogado Diego Fernando Posada Grajales era socio y además gerente suplente de dicha sociedad, ii) Testimonio dado por María Isabel Orozco Soto, dependiente judicial del proceso 2015-00249, iii) Prueba documental que acreditaba el trámite del proceso dentro de las instalaciones de la Sociedad Grupo Jurídico de Antioquia y por personal adscrito o vinculado por contrato de prestación de servicios a dicha sociedad y, iv) Las actas de las diferentes audiencias suscritas por los distintos apoderados judiciales que asistieron a las mismas, lo que prueba que el señor Diego Fernando Posada Grajales no realizó el trámite del proceso 2015-00249 de manera exclusiva hasta que le fueron revocados los poderes.
B. Del trámite procesal y la contestación de la demanda
5.- El asunto fue radicado ante el Consejo de Estado, sin embargo, al no tener competencia esta Corporación, mediante auto de 6 de abril de 2021 remitió el caso al Tribunal Administrativo de Antioquia, por ser el superior jerárquico de la autoridad judicial accionada.
5.1.- El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad, por auto de 15 de abril de 2021, dispuso admitir la acción de tutela y notificar de su presentación a la autoridad judicial demandada, al tiempo que vincular al abogado Diego Fernando Posada Grajales como tercero interesado en las resultas del proceso, “para que se pronuncie frente a los hechos y pretensiones de la acción de tutela”.
(i) Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín
6.- El Juez ponente del fallo acusado manifestó que los poderes otorgados al inicio del medio de control de reparación directa a los abogados Diego Fernando Posada Grajales, José Luis Viveros, Elkin Darío Pino y María Alejandra Restrepo Escobar se efectuaron como personas naturales ejerciendo su profesión, sin contar para dicho momento con documento que probara la existencia de la sociedad o la calidad de socios que eventualmente estarían representando a la parte demandante.
6.1.- Así mismo, indicó que el abogado Posada Grajales presentó renuncia el día 30 de agosto de 2017, sustituyéndole el poder al Dr. José Luis Viveros a quien se le habría reconocido personería mediante auto del 03 de octubre de 2017, reasumiendo posteriormente el poder el Dr. Posada Grajales.
6.2.- Por lo anterior, señaló que el Despacho se atiene a lo resuelto en el auto de 14 de enero de 2020, reiterado en providencia de 22 de septiembre siguiente, pues las decisiones se encuentran debidamente motivadas.
6.3.- Agregó que el presente asunto no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción de tutela referente a la relevancia constitucional, dado que no se está afectando derechos fundamentales, toda vez que la decisión dentro del trámite incidental es únicamente de índole económica, en virtud de la participación en el proceso del abogado que solicita la regulación de honorarios, sin que esto repercuta en las partes procesales, en tanto, la sentencia ya se había proferido y nunca se modificó el porcentaje establecido por concepto de honorarios.
6.4.- Respecto de los requisitos específicos, señaló que la parte accionante alega que ese despacho en las providencias objeto de análisis incurrió en defecto sustantivo, sin embargo, para el caso no indica con precisión cuál fue la norma aplicable que esa agencia judicial interpretó de manera errónea y en qué consistió dicho error interpretativo, pues se limita a señalar la interpretación “irrazonable” del material probatorio, lo que corresponde en realidad a un defecto fáctico.
6.5.- Por lo que frente al defecto fáctico, adujo que no le asiste razón a la parte actora, por cuanto fueron decretadas y practicadas todas las pruebas que se solicitaron dentro del término oportuno, se relacionaron de forma íntegra y se hizo una valoración adecuada, en forma objetiva y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, simplemente que el resultado obtenido, luego de la valoración respectiva, fue distinto al esperado por los accionantes, lo que de ninguna manera constituye un defecto, pues, reitera que se tuvieron en cuenta todas las pruebas en conjunto para proferir la decisión en el trámite de regulación de honorarios, en el que se fijó un porcentaje de 30% sobre el monto reconocido, lo que equivale a un 75% de los honorarios inicialmente pactados en el contrato de mandato aportado en el cuaderno incidental y no el 90% como alegan los accionantes.
6.6.- Para mayor claridad del asunto, expuso un cuadro referencial con las actuaciones del proceso, la fecha y quien las efectuó en representación de los demandantes dentro del proceso ordinario de reparación directa, para indicar que la decisión adoptada respetó los postulados, principios y valores constitucionales y, lo resuelto en la providencia atacada fue producto de un estudio juicioso de las pruebas allegadas, con las que se demostró la participación del abogado Diego Fernando Posada y, con base en ello, se procedió a legalizar los honorarios a los que efectivamente el incidentista tenía derecho.
6.7.- Frente a la aparente contradicción que resaltó la parte accionante entre las providencias del 18 de septiembre de 2018 y 14 de enero de 2019, precisó que se trata de contextos diferentes, toda vez que en el auto del 18 de septiembre se estaba resolviendo lo concerniente al derecho de postulación para efectos de definir quién representaría a los demandantes en la actuación subsiguiente a la revocatoria del poder. Adicionalmente, indicó que cuando se hace referencia al conflicto entre los abogados que representan la parte demandante y que cualquier diferencia debía ventilarse ante otras instancias, se refería a lo enunciado en el folio 497 respecto a las conductas penal y disciplinaria que no son de resorte de esa judicatura, sin que en ese momento se estuviera haciendo alusión a la regulación de honorarios, pues para esa fecha este trámite no se había propuesto.
6.8.- Adujo que la interpretación que hizo el despacho al valorar la actuación y diligencia del abogado Diego Fernando Posada de cara a la forma como fue conferido el poder y la manera como cada apoderado actuó en el proceso, no es irrazonable ni contraria a las normas que establecen el procedimiento para regular los honorarios de apoderados, ni tampoco contradice los postulados establecidos en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en cuanto la aceptación tácita del mandato y que todos los apoderados a quienes se les otorga un poder determinado para un caso concreto, sin importar su orden, son apoderados principales, pues dadas las particulares del presente caso, indicó que no se dio aceptación tácita del poder principal por parte de los abogados Elkin Darío Pino Ortiz, María Alejandra Restrepo Escobar y José Luis Viveros Abisambra, al contrario, solo se evidencia su participación en el proceso en virtud de la sustitución de poder otorgada por el abogado Posada, tal y como consta en las decisiones a través de las cuales se reconoció su personería, sin que las mismas hayan sido reprochadas.
6.9.- De nuevo agregó que se tuvo en cuenta que el poder fue otorgado a profesionales del derecho individualmente considerados y no a la persona jurídica “Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S.”, por lo que las relaciones de confianza que pudieron preceder el contrato de mandato celebrado con los demandantes, escapan del análisis que debe realizar la judicatura, que debe basar sus decisiones en criterios objetivos que encuentren respaldo con lo actuado en el proceso, no pudiéndose dirimir un conflicto societario dentro del trámite de regulación de honorarios.
6.10.- Concluyó que el trámite adelantado fue coherente con el establecido para la regulación de honorarios, pues no pretendía dirimir un conflicto societario, lo cual escapa de la esfera de su competencia, aunado a que los alegatos presentados en el escrito que da origen a esta acción, revisten identidad de argumentos disfrazados de acción constitucional, pero que finalmente pretenden convertirse en una nueva instancia; razón por la cual solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo.
(ii) Diego Fernando Posada Grajales
7.- Manifestó que frente al abogado José Luis Viveros Abisambra no hay claridad sobre su legitimación en la causa por activa, pues aquel fue el apoderado sustituto de los demandantes en el proceso de reparación directa y no parte, por lo que debe limitarse su intervención en este mecanismo constitucional como apoderado de los accionantes y no como un tutelante más.
7.1.- Por otra parte, indicó que los argumentos expuestos como sustento de la presunta transgresión de los derechos fundamentales se alejan del análisis del debido proceso constitucional, en la medida que el reparo radica únicamente en el malestar generado por la parte afectada con el incidente de regulación de honorarios.
7.2.- Advirtió que el asunto objeto de estudio no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la providencia de 22 de septiembre de 2020 quedó ejecutoriada el 28 de septiembre siguiente, por lo que al presentar la tutela el 30 de marzo de 2021, superó el término de 6 meses otorgado jurisprudencialmente para presentar tutela contra providencia.
7.3.- Adujo que la supuesta contrariedad en la que incurrió el juez fue alegada dentro del proceso, a través del recurso de apelación, lo cual denota la improcedencia de este mecanismo constitucional, pues aquella ya fue objeto de pronunciamiento en sede judicial, por lo que, a su consideración, lo que se pretende en una tercera instancia.
C. De la sentencia de primera instancia
8.- El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad, en sentencia de 23 de abril de 2021, resolvió declarar improcedente la solicitud de amparo, al considerar que lo que pretenden los accionantes a través del mecanismo de la tutela es obtener un beneficio económico, en tanto lo que se busca es que se revoque la decisión judicial que fijó los honorarios profesionales de un abogado, de acuerdo a la gestión o actuaciones desplegadas dentro de un proceso ordinario y que lo acordado en el contrato de mandato suscrito por los demandantes sea cancelado únicamente al representante legal de la sociedad Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S.
8.1.- Señaló que la Corte Constitucional ha sido reiterativa en señalar que el objeto de la tutela no es perseguir ningún fin económico, excepto que se trate de la afectación al mínimo vital, situación que no se observa en el presente asunto, por lo que consideró que esta acción de tutela es improcedente, pues el único interés que se identifica es el económico, al punto que, aunque se habla de un defecto sustantivo en las providencias judiciales, no se observa una actuación, interpretación errada u omisión por parte del Juez del asunto que pudiese afectar de manera directa los derechos fundamentales invocados.
8.2.- Agregó que no se observa el desconocimiento del derecho de acceso a la administración de justicia, toda vez que revisado el expediente, se observa que se han propiciado todos los escenarios procesales en pro de la adopción de las decisiones pertinentes, efectuándose los traslados y resolución de solicitudes dentro del escenario judicial, permitiendo todas las oportunidades e intervenciones procesales.
8.3.- En armonía con lo anterior, advirtió que dada la excepcionalidad de la acción de tutela, al tratarse de un asunto económico derivado en un conflicto entre particulares en virtud de la composición de una persona jurídica, que tuvo implicaciones en la representación judicial de quienes apoderaban dentro de un proceso ordinario en lo que refiere al porcentaje pactado como honorarios en un contrato de mandato; dicho pleito debe ser planteado por las vías judiciales que considere pertinente la parte afectada y no a través de este mecanismo constitucional.
D. De la impugnación
9.- La decisión del A-quo fue recurrida en el término de rigor por parte del apoderado judicial de los accionantes; para lo cual indicó que lo pretendido a través del mecanismo de tutela, no es solicitar al despacho que se revoque la decisión judicial para que posteriormente lo acordado en el contrato de mandato sea cancelado únicamente al Representante Legal de la Sociedad Grupo Jurídico de Antioquia, pues esa afirmación nunca fue expresada en la acción de tutela, por lo que afirma que el objeto de la pretensión, es que se profiera un nuevo auto que estudie todas las particularidades del caso y las pruebas, al igual que no contradiga la normatividad del Código General del Proceso frente al derecho de postulación.
9.1.- Indicó que contrario a lo afirmado por el juez de primera instancia, al hacerse un estudio incompleto o una omisión de los elementos materiales probatorios, se está restringiendo el acceso a la administración de justicia, vulnerando el principio de igualdad y el debido proceso, pues se dejan de valorar elementos aportados para tomar una decisión ajustada a derecho.
9.2.- Puntualizó que, si bien la decisión tomada en las providencias tuteladas lleva a una afectación económica, lo que se pide es que se respeten los derechos fundamentales invocados, pues en el desarrollo del incidente se vieron reflejadas ciertas inconsistencias, contradicciones y omisiones frente al material probatorio aportado, sin realizar una argumentación de fondo frente a dichos asuntos.
9.3.- Indicó que el despacho afirma que no hay una variación al porcentaje por concepto de honorarios a cargo de la parte actora, sin embargo, expuso que en el supuesto en que “aplicáramos en sentido estricto el desconocimiento de la participación de los abogados a quienes se otorgó poder inicial con la Sociedad Grupo Jurídico de Antioquia y posteriormente, con la firma de los poderes que se radicaron el 11 de septiembre de 2018 por parte de los accionantes se tendría unos “nuevos” apoderados a quienes también debía hacerse un reconocimiento de honorarios en igual porcentaje al pactado inicialmente con los abogados adscritos a la Sociedad mencionada”, motivo por el cual, sí se vería afectado el porcentaje económico reconocido a la señora Gladis del Carmen Portacio y otros.
9.4.- Resaltó que la parte incidentada hoy tutelante, agotó el recurso de ley procedente frente al auto que decidió el incidente de regulación de honorarios. Expuso que en el recurso de reposición se hace relación a muchas de las falencias, omisiones probatorias y contradicciones que son motivo de violación a los derechos fundamentales tutelados, pero omitieron alegar en el recurso el desconocimiento de los testimonios, así como la condición de gerente suplente de Diego Fernando Posada Grajales durante el trámite del proceso, la referencia a la documentación membretada con el logo, datos de contacto y domicilio de la Sociedad Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S y, tampoco se dieron serios argumentos a la contradicción de providencias sustanciadas por el mismo Juzgado Trece Administrativo Oral de Medellín.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
E. Competencia
10.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991. Dado lo anterior, corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo impugnado, por el cual se resolvió en primera instancia la solicitud de amparo presentada por la parte actora.
F. De la acción de tutela contra providencias judiciales
11.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
11.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior.
11.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de inmediatez.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
• Que no se trate de sentencias de tutela.
11.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional. En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
11.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales.
11.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
11.6.- De lo que hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser adecuadamente formulados por el interesado.
G. Análisis del caso concreto
12.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar si los hechos que se alegan en la presente causa cumplen con los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si el Juzgado Trece Administrativo de Medellín incurrió en el defecto alegado por la accionante y si se justifica la adopción de medidas de protección de los derechos fundamentales invocados.
13.- Con todo, debe recordarse que, en lo atinente al trámite de impugnación, la competencia de quien conoce el asunto se ve delimitada, prima facie, por las razones o motivos de inconformidad con la providencia que es objeto de debate, con la circunstancia particular de que estando de por medio derechos y garantías de raigambre fundamental, el juez, tribunal o alta Corporación, adquiere mayores facultades para llevar a cabo un análisis integral a fin de dar primacía al derecho sustancial y salvaguardar los intereses superiores de los administrados.
H. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
14.- Sobre la relevancia constitucional del asunto, la Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con dicho requisito es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber:
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
15.- Revisados los planteamientos de la demanda de tutela y el escrito de “apelación” -adecuado al de reposición por el juzgado- que presentaron los ahora accionantes contra el auto de 14 de enero de 2020, proferido por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín, se advierte que estos acuden a la acción de tutela con el propósito de reabrir y continuar el debate del proceso ordinario y que se revoquen las providencias que fijaron los honorarios al abogado Diego Fernando Posada Grajales, cuando lo cierto es que el mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una tercera instancia.
16.- Resulta evidente que la parte demandante busca un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural de la causa, pues en la presente acción planteó los mismos argumentos que expuso en el recurso de “apelación” -reposición- formulado contra el auto de 14 de enero de 2020; toda vez que en el escrito de tutela sostuvo que la parte accionada incurrió, en síntesis, en un defecto fáctico, aunque lo llamó “defecto sustantivo o material” por cuanto: i) se le dio la calidad de apoderado principal al señor Diego Fernando Posada Grajales dado que era el único que habría aceptado el mandato conforme a las disposiciones del Código General del Proceso, ii) no se observó el certificado de existencia y representación de la sociedad Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S que da cuenta de la actividad jurídica de ésta y su composición, siendo el abogado Posada parte integrante de la sociedad -socio y gerente suplente-, iii) que dicho abogado no estaba actuando como persona natural ejerciendo su profesión, sino que lo hacía como parte del mencionado grupo jurídico, iv) que el incidente tiene como origen un conflicto societario y que las partes no se debe ver afectadas por aquello, v) la renuncia del poder del abogado Posada Grajales no deja sin efecto la gestión de los otros abogados las cuales gozan de plena validez vi) los cuatro abogados a los que se les otorgó poder eran principales y ninguno suplente, y aceptaron el poder con su ejercicio dentro del medio de control, por tanto estaban facultados para adelantar todas las actividades tendientes al desarrollo de cada negocio jurídico, por lo que en el proceso intervinieron varios profesionales del derecho vi) el mismo despacho contrarió sus propias providencias.
16.1.- Así, en el recurso de apelación -reposición- formulado en el proceso ordinario, la parte actora -hoy accionante en el asunto de la referencia- planteó las mismas inconformidades. Al respecto, señaló:
<< …Es importante reiterar, tal como quedó demostrado con las pruebas aportadas (documentales y testimoniales) al presente incidente, que el conflicto presentado entre el incidentista y el suscrito es un conflicto societario, que nada tiene que ver, ni debe afectar a Ios demandantes por ser estos la parte más débil, además, la resolución de dicho conflicto no se debe dar en este escenario, ni a través de la figura del incidente de regulación de honorarios, esto sería improcedente dadas las condiciones señaladas, situación que preocupa a esta parte, debido a la fijación de honorarios profesionales reconocida al abogado Posada Grajales, que como se demostró durante el desarrollo del incidente, para el momento de trámite, radicación y algunas etapas del proceso, ostentaba la calidad no solo de ser abogado de la Sociedad Grupo Jurídico de Antioquia, sino que tenía la calidad de socio (abogado de confianza), es decir que, si bien actuó como persona natural, se dejó sentado que hacía parte de la sociedad mencionada con el certificado de existencia y representación de la misma.
Es claro que en el certificado de Existencia y Representación de Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S, el abogado Diego Fernando Posada tiene la calidad de socio y además, Gerente Suplente; la actividad comercial de la sociedad son las actividades jurídicas; la dirección y teléfono del domicilio principal de la sociedad referida es la misma que aparece en los membretes del contrato, poderes, notificaciones de los derechos de petición con que se documentó el proceso, de la solicitud y la demanda del proceso de reparación directa 2015-00249. Elementos que, si bien el fallador no considera como prueba idónea para demostrar que el origen del presente incidente, es un conflicto societario, no deben ser desconocidos por el mismo y por lo cual, se deben analizar las pruebas aportadas y practicadas en su conjunto y aplicar también, el principio de realidad sobre la forma…
Los poderes en los cuales se encuentra plasmada la designación de apoderados judiciales realizada por los demandantes, nombra a cuatro abogados en el siguiente orden: Diego Fernando Posada Grajales, José Luis Viveros Abisambra, María Alejandra Restrepo Escobar y Elkin Darío Pino Ortiz. Tales documentos deberán ser apreciados de acuerdo a lo regulado en el Código General del Proceso, normatividad vigente al momento de su elaboración…
De acuerdo a la manera en que Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S desarrolla su objeto social, -que como se dijo, no es la representante legal de los demandantes, sino la sociedad a la cual pertenecían los abogados designados por estos-, cualquiera de sus socios o abogados prestadores de servicios está facultado para adelantar todas las actividades tendientes al desarrollo de cada negocio jurídico.
Ahora bien, la pronunciación por parte del Despacho en el sentido de no aceptar la renuncia al abogado Posada Grajales por no contar la misma con los requisitos consagrados en el artículo 76 del CGP, no deja sin efecto la gestión realizada por este apoderado. Ciertamente, no existió simultaneidad en las actuaciones de los abogados y la renuncia del apoderado que fungía como principal no impide la revocatoria del poder conferido por los demandantes al resto de abogados, pues dicho artículo reza en su inciso tercero lo siguiente…
En audiencia de pruebas celebrada en el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Medellín el día 15 de mayo de 2019, se recibió el testimonio de la señorita María Isabel Orozco Soto, dependiente judicial del proceso 2015-249, en el que refirió lo siguiente…
El proceso de acción de reparación directa adelantado por la señora Gladys del Carmen Gallego Portacio y otros contra la Nación- Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional por la muerte de Luis Eduardo Gallego Portacio radicado 2015-249, se tramito desde su inicio hasta su culminación por socios y abogados de la sociedad Grupo Jurídico de Antioquia, no de manera exclusive por el abogado Diego Fernando Posada Grajales, que si bien hizo parte de la sociedad y suscribió algunas de las actuaciones de este proceso lo hizo en representación de la misma como se ha dejado sentado durante el trámite incidental con las pruebas aportadas y el testimonio transcrito en líneas precedentes, mismo, que se soporta en los documentos del cuaderno incidental en el que efectivamente encontramos anotaciones de los abogados Elkin Pino y María Alejandra Escobar, derechos de petición suscritos por ellos, sustituciones y escritos firmados por este profesional del derecho que dan fe de que en el trámite del proceso referenciado intervinimos varios profesionales del derecho con una condición en común, nuestra vinculación a Grupo Jurídico de Antioquia…
De acuerdo a las líneas transcritas, el auto recurrido argumenta su postura en algunas imprecisiones en cuanto señala que el abogado DIEGO FERNANDO POSADA fue el único que aceptó el poder y adelanto las actuaciones procesales correspondientes, desconociendo, primero, el inciso final del artículo 74 del Código General del Proceso que señala que los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio, como es el caso de los demás apoderados en el proceso que nos ocupa, quienes aceptamos el mandate asistiendo a las diferentes audiencias (conciliación prejudicial, audiencia inicial, audiencia de testimonies, audiencia de conciliación de sentencia) y presentando los correspondientes escritos (memoriales, alegatos de conclusión y apelación de sentencia) y segundo, desconoce, la calidad de apoderados principales de los demás profesionales del derecho a quienes se nos confirió poder inicial en el caso que nos ocupa, contradiciendo lo dicho en el auto calendado 18 de septiembre de 2018 y el artículo 75 de la misma norma, que deja de lado la categorización de abogados sustitutos…
Los anteriores argumentos son suficientes para que se revoque el auto recurrido que fija honorarios profesionales a favor del abogado Diego Fernando Posada Grajales, pues como se indicó en líneas anteriores el asunto que origina el incidente es un problema de tipo societario, en el cual no se debe involucrar ni perjudicar a los demandantes y debe ventilarse en otras instancias como se afirmó en auto precedente expedido por el mismo despacho…>>.
16.2.- Los anteriores aspectos fueron resueltos por el Juzgado accionado, en el auto de 22 de septiembre de 2020. Por tal motivo, por interesar a esta causa, la Sala traerá a colación el análisis efectuado en la providencia censurada:
<<… En el sub lite, la controversia a resolver radica en que la parte incidentada, a través de recurso de reposición contra el auto del 14 de enero de 2020, considera que el asunto que origina el incidente de regulación de honorarios, es un problema de tipo societario, que no debe afectar a los demandantes y que se debe ventilar en otras instancias.
Sobre este aspecto, el despacho se remite a lo expuesto en el auto recurrido, en el que se indicó, de conformidad con el contrato de mandate celebrado, que este se suscribió con los abogados Diego Fernando Posada Grajales y José Luis Viveros Abisambra, sin que se indique que actúan en representación de una sociedad.
Adicionalmente, este tópico ha sido analizado recientemente por el H. Tribunal Administrativo de Antioquia, quien concluyo que no se trata de un litigio societario sino de una regulación de honorarios por cuanto el solicitante actuó tanto en la etapa prejudicial como judicial.
En efecto, en el presente tramite se cumplen los requisitos exigidos para la procedencia del incidente de regulación de horarios y por tanto únicamente es procedente analizar las gestiones efectivamente realizadas por el profesional del derecho, en el proceso bajo radicado 05001333301320150024900 desde su inicio hasta la notificación de la providencia que reconoció el nuevo apoderado designado por la parte actora, tal y como se realizó en el auto del 14 de enero de 2020, luego de relacionar y valorar las pruebas obrantes en el expediente.
Si bien, el poder inicial fue conferido a favor de varios apoderados, se reitera que fue el abogado DIEGO FERNANDO POSADA, quien asumió las obligaciones propias del mandate hasta que se produjo la revocatoria del mismo. Se recuerda que en que en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código General del Proceso, en ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona.
Así las cosas, al no presentarse un argumento diferente a los ya debatidos en el auto del 14 de enero de 2020, no se modificará el auto impugnado, pues no es evidente una infracción a normas constitucionales o legales, ni se aprecia una afectación real a la parte demandante como lo señala el abogado Viveros Abisambra, dado que el valor pactado como honorarios no sufre variación frente a lo acordado inicialmente…>>.
16.3.- Ahora bien, como el auto antes transcrito hace referencia a que “al no presentarse un argumento diferente a los ya debatidos en el auto del 14 de enero de 2020”, esta Sala considera necesario traer a colación lo expuesto en dicho auto -también acusado- en el cual indica, que:
<<En el presente evento, pretende el incidentista obtener el pago de la gestión realizada en cumplimiento de la labor contratada por los demandantes dentro del medio de control de reparación directa bajo radicado 2015-00249.
Para resolver lo pertinente, esta agenda judicial revisara el material probatorio que reposa en el expediente, de las cuales destaca las siguientes:
a) Proceso ordinario:
1. Poder otorgado por Gladis del Carmen Portacio Buelvas en nombre propio y en representación de las menores Karol Jimena Ruiz Portacio y Adriana Paola Avendaño Portacio; Manuel José Ruiz Hernández, Lina Marcela Avendaño Portacio, María Isabel Buelvas Martínez, Miguel Portacio Martínez y Jhony Javier Portacio Buelvas a favor de los abogados DIEGO FERNANDO POSADA GRAJALES, JOSE LUIS VIVEROS ABISAMBRA, MARIA ALEJANDRA RESTREPO ESCOBAR y ELKIN DARIO PINO ORTIZ para que inicien y lleven hasta su culminación medio de control de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa — Ejercito Nacional por el daño antijurídico causado con la muerte de LUIS EDUARDO GALLEGO PORTACIO durante la prestación del servicio militar obligatorio hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2013.
2. Demanda suscrita por el abogado Diego Fernando Posada Grajales radicada ante la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos de Medellín el 20 de febrero de 2015.
3. Mediante escrito del 11 de junio de 2015 el abogado Posada Grajales solicito impartir tramite al asunto y por auto del trece (13) de agosto de 2015 se procedió a admitir la demanda y reconocer personería al doctor Diego Fernando Posada Grajales.
4. Mediante memorial del 26 de agosto de 2015, el apoderado Posada Grajales radicó constancia de envió de traslado al demandado y demás intervinientes para surtir la notificación, trámite que se adelantó el 4 de septiembre de 2015.
5. A través de escrito del 10 de septiembre de 2015 el abogado Diego Fernando Posada presentó reforma a la demanda en el sentido de adicionar el acápite de pruebas, la que fue admitida por auto del quince (15) de febrero de 2016.
6. El día 20 de junio de 2016 se concedió traslado de las excepciones formuladas y el apoderado Diego Fernando Posada Grajales se pronunció de manera oportuna.
7. El 6 de febrero de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial a la que asistió en representación de la parte demandante la doctora María Alejandra Restrepo Escobar, en virtud de sustitución al poder otorgada por el abogado Diego Fernando Posada Grajales.
8. Mediante memoriales del 28 de febrero de 2017, 14 de marzo de 2017 y 28 de marzo de 2017, el abogado Diego Fernando Posada allegó constancia de trámite de oficios, dando cumplimiento a lo ordenado en audiencia inicial.
9. Memorial mediante el cual se aporta constancia de trámite de despacho comisorio.
10.Audiencia de testimonios realizada el 8 de junio de 2017 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Medellín, para la cual el doctor Diego Fernando Posada sustituyó poder al doctor Gustavo Adolfo Ruiz de la Ossa.
11.Escrito de renuncia de poder presentado por el abogado Diego Fernando Posada Grajales el 30 de agosto de 2017, no obstante esta no cumplió con el requisito de comunicación a los poderdantes.
12. A través de memorial del 18 de septiembre de 2017 el doctor Diego Fernando Posada Grajales sustituyó poder al abogado José Luis Viveros Abisambra.
13. El 9 de noviembre de 2017 el doctor José Luis Viveros presentó alegatos de conclusión.
14. Mediante memorial del 13 de julio de 2018 el abogado Diego Fernando Posada reasumió los poderes otorgados por los demandantes.
15. El 7 de septiembre de 2018 se profirió sentencia.
16. El día 11 de septiembre de 2018 a las 8:00 a.m. se radicó memorial de aclaración o corrección de sentencia y recurso de apelación suscrito por el abogado Diego Fernando Posada Grajales.
17. El día 11 de septiembre de 2018 a las 10:03 a.m. fue radicado memorial mediante el cual se ratifican las actuaciones adelantadas por el abogado Diego Fernando Posada, se revoca el poder a este y se otorga nuevos poderes por parte de Gladis del Carmen Portacio Buelvas quien actúa en nombre propio y en representación de la menor Karol Jimena Ruiz Portacio, Adriana Paola Avendaño Portacio, Manuel José Ruiz Hernández, Lina Marcela Avendaño Portacio, María Isabel Buelvas Martínez, Miguel Portacio Martínez y Jhony Javier Portacio Buelvas a favor de Juan David Viveros Montoya, José Luis Viveros Abisambra y Luis Felipe Viveros Montoya.
18. Por auto del 18 de septiembre de 2018 se reconoció personería a los abogados Juan David Viveros Montoya, José Luis Viveros Abisambra y Luis Felipe Viveros Montoya y se dejó claro que el poder otorgado al abogado Diego Fernando Posada Grajales termino el 11 de septiembre de 2018 a las 10:03 horas.
b) Tramite incidental.
1. Copia de contrato de mandato celebrado entre los demandantes del proceso bajo radicado 2015-000249 y los abogados Diego Fernando Posada Grajales y José Luis Viveros Abisambra, al que se hizo presentación personal el 20 de diciembre de 2013, en el cual se estableció lo siguiente…
2. Certificado de existencia y representación legal de Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S. con Nit. 900292042-6, cuya actividad principal es la realización de actividades jurídicas.
3. Solicitud de conciliación prejudicial suscrita por el abogado Diego Fernando Posada Grajales.
4. Sustituciones de poder otorgadas por el doctor Diego Fernando Posada Grajales a los abogados Elkin Darío Pino Ortiz y Marla Alejandra Restrepo Escobar para asistir a audiencia de conciliación prejudicial.
5. Contrato de mandato celebrado entre los demandantes y la Sociedad Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S. al que se le hizo presentación personal los días 13 y 21 de septiembre de 2018.
6. Testimonio rendido por MARIA ISABEL OROZCO SOTO, quien labora para Grupo Jurídico de Antioquia desde febrero de 2015 y relate el procedimiento que se lleva a cabo al interior de la firma para tramitar un proceso, haciendo énfasis que la negociación se realiza directamente con la sociedad y que uno de los socios asigna al abogado responsable de llevar el proceso, no obstante, la oficina maneja una base de dates de todos los procesos, lo que facilita brindar información requerida por los clientes en el evento que no se encuentre presente la persona encargada del caso.
Adicionalmente, señaló que el contrato se firma entre los clientes y el representante de Grupo Jurídico de Antioquia, en el caso concreto, manifestó que el abogado Diego Alejandro Posada era socio de Grupo Jurídico de Antioquia y quienes tramitaron el proceso fueron los abogados Elkin Pino y María Alejandra Restrepo.
De conformidad con lo anterior, se tiene que el contrato de mandate en el presente caso fue celebrado por los demandantes con los abogados DIEGO FERNANDO POSADA GRAJALES y JOSE LUIS VIVEROS ABISAMBRA, sin que se mencione en ningún momento que estos actúan en nombre y representación de la sociedad Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S.
En tales condiciones, si bien la parte incidentada argumenta que el abogado DIEGO FERNANDO POSADA GRAJALES actuó en el proceso en calidad de socio de la firma Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S, e incluso que el tramite fue surtido por los abogados designados para tal fin, Elkin Darío Pino Ortiz y María Alejandra Restrepo Escobar quienes prestaban sus servicios profesionales para esta sociedad, lo cierto es que el abogado Diego Fernando Posada Grajales fue el único que acepto el poder, suscribió la demanda y adelanto las actuaciones procesales correspondientes; además, la participación de los otros abogados en el desarrollo de algunas diligencias obedeció a sustituciones de poder otorgadas por el doctor Posada Grajales en calidad de abogado principal.
Adicionalmente, se resalta que si bien el artículo 75 del Código General del Proceso permitió otorgar poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos, evento en el cual podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal, los poderes otorgados no fueron modificados en tal sentido.
Aunado a lo anterior, se observa que la gestión llevada a cabo por el doctor Diego Alejandro Posada fue diligente y oportuna, participando de manera activa en el desarrollo del proceso hasta obtener sentencia favorable a los intereses de sus representados.
En efecto, para el momento en que se produjo la revocatoria del poder, esto es, 11 de septiembre de 2018 a las 10:03 horas, estaba pendiente por resolver solicitud de aclaración y corrección de sentencia e impartir tramite al recurso de apelación interpuesto, culminando el proceso por conciliación conforme al artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, el día 22 de marzo de 2019.
Así las cosas, para determinar el monto que debe reconocerse al abogado DIEGO FERNANDO POSADA por concepto de honorarios, debe considerarse no solo la gestión adelantada durante el curso del proceso y la etapa en la cual se encontraba el mismo, sino lo acordado en el contrato de mandate, al tratarse de una relación bilateral que genera obligaciones entre quienes lo celebran y no pueden ser desconocidas.
De tal forma que el monto que se asigne debe tener en cuenta el porcentaje establecido en la cláusula tercera del contrato de mandate suscrito, esto es, el 40% del resultado económico, siempre y cuando se obtenga un resultado favorable.
Así las cosas, dado que el proceso termino por conciliación y al valorar la naturaleza del asunto, calidad y duración de la gestión ejecutada por el apoderado Diego Fernando Posada, este despacho fijara a su favor como honorarios profesionales el 30% sobre el monto reconocido en virtud del acuerdo logrado entre las partes el día 22 de marzo de 2019, según acta n° 042…>>.
16.4.- Como consecuencia de lo anterior, de las circunstancias fácticas que dieron paso a las decisiones sometidas a estudio, y los fundamentos jurídicos que expuso el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín, no se deduce que dicha autoridad hubiere incurrido en una indebida motivación o se haya abstenido de efectuar un examen de los medios de prueba, ni mucho menos que haya otorgado un alcance contraevidente a aquellos, que permita hacer factible la procedencia de la tutela formulada, o que de paso a la valoración de un defecto fáctico en su dimensión negativa, esto es, por valorar la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, omitiendo su consideración, para sin razón valedera dar por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente, aspecto que sin duda no se revela de los proveídos cuestionados.
16.5.- Por el contrario, las dos decisiones cuestionadas -autos de 14 de enero y 22 de septiembre de 2020- encuentran claro sustento en el principio de libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del material probatorio aportado al proceso, a su vez confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso; pues se observa con claridad que se tuvieran en cuenta todas las pruebas que obraban en el plenario relacionadas con lo pactado por las partes respecto de los honorarios del abogado Diego Fernando Posada Grajales.
16.6.- Lo anterior, por cuanto se observa que en el auto de 14 de enero de 2020 el juez relacionó todas las pruebas con las que contaba y estableció de manera razonable que en el contrato de mandato celebrado por los demandantes con los abogados Diego Fernando Posada Grajales y José Luis Viveros Abisambra, no se menciona en ningún momento que estos actuaran en nombre y representación de la sociedad Grupo Jurídico de Antioquia S.A.S.; además, que el profesional en derecho Posada Grajales fue el único que aceptó el poder y realizó sustituciones a los otros abogados. Así mismo, que dicho abogado fue quien suscribió la demanda y en tal sentido “le fue reconocida personería jurídica en el auto admisorio de la misma, sin que el juzgado se pronunciara respecto a los demás abogados que se identificaron en los poderes”, situación que nunca fue alegada ni por los ahora accionantes ni por los otros apoderados judiciales, por lo que el profesional Posada Grajales efectivamente fue reconocido dentro del proceso como el apoderado principal de los demandantes.
16.7.- Por otra parte, no se considera ni irrazonable ni caprichosa la liquidación de honorarios efectuada por la autoridad judicial accionada, pues del recuento de las actuaciones adelantadas dentro del proceso se tiene que, efectivamente, el abogado Posada Grajales intervino en gran parte del mismo, por lo que el reconocimiento que se hizo de honorarios estuvo a simple vista, acorde con las labores que aquel realizó.
16.8.- Además, se advierte que el reproche sobre la indebida valoración probatoria que presuntamente realizó el Juzgado 13 Administrativo de Antioquia en el auto cuestionado, responde, en realidad, a una mera discrepancia sobre la metodología de estimación de las pruebas evaluadas, que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.
16.9.- Recuérdese que el defecto fáctico surge cuando la autoridad judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación objetiva y racional del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Premisa tras la cual subyace el fundamento justificante de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, a pesar de las amplias facultades con que cuenta el juez ordinario en la materia. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha explicado que las deficiencias probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas allegadas al proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el primer caso, un defecto por interpretación errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e ilegalidad de la prueba.
16.10.- En definitiva, la Sala estima que la determinación de no reponer el auto de 14 de enero de 2020 estuvo fundada en la sana crítica, con una carga argumentativa válida y razonable, propia de la autonomía del operador judicial frente a la apreciación de las pruebas de manera conjunta y la normatividad aplicable al caso, sin que pueda decirse por ello que se dejaron de valorar pruebas, que lo fue de manera indebida o que se incurrió en una indebida aplicación normativa o jurisprudencial y que, por tanto, la decisión vulnera derechos fundamentales de la parte actora.
17.- Aunado a lo anterior, se advierte que la inconformidad de los accionantes, tal como lo dijo el juez constitucional de primera instancia, tiene un sustrato netamente económico, pues sus pretensiones están direccionadas a que se ordene revocar los autos que fijaron los honorarios a un abogado por su gestión.
17.1.- Respecto de este tipo de acciones que tienen finalidades netamente económicas, esta Corporación ha indicado que:
<<… de acuerdo con el contexto del caso, se puede inferir que se trata de una controversia de orden económico, aspecto que también hace improcedente la acción de tutela, pues como lo ha manifestado la misma Corte Constitucional, la finalidad del amparo constitucional ‘es servir de instrumento de salvaguarda iusfundamental, más no como mecanismo encaminado a resolver controversias de estirpe contractual y económico. Así, la Corte ha estimado que el amparo deviene improcedente frente a reclamaciones estrictamente económicas, pues el diseño constitucional de la acción de tutela permite colegir que ella no está prevista como medio paralelo y supletorio de los mecanismos legales ordinarios’
En este orden de ideas, las discusiones de índole económica resultan ajenas a la jurisdicción constitucional, pues el ordenamiento jurídico prevé mecanismos propios para su resolución, so pena de desconocer los principios de legalidad y juez natural, que aseguran que cada controversia sea decidida por un juez especializado>>.
18- Por lo anterior, a juicio de la Sala, el amparo solicitado resulta improcedente no solo porque se enmarca en los preceptos jurisprudenciales que vienen de citarse, sino porque como se explicó en párrafos anteriores, los accionantes buscan convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia, al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural de la causa, lo que claramente desdibuja la finalidad de la acción constitucional.
19.- En ese sentido, habrá de confirmarse la sentencia del 23 de abril de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
20.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III.- F A L L A
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente decisión a las partes e interesados, por el medio más expedito.
TERCERO. - ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Expediente digital, Folio 15 del escrito de demanda. Expediente digital, Folios 2 a 4 del escrito de demanda. Expediente digital, Folios 4 al 13 del escrito de demanda. Expediente digital, auto que consta de 3 folios, visible en el aplicativo SAMAI. Expediente digital, intervención contenida en 7 folios, enviado a través de correo electrónico el 19 de abril de 2021. Expediente digital, intervención contenida en 7 folios, enviado a través de correo electrónico el 19 de abril de 2021. Escrito enviado a través de correo electrónico el 28 de abril de 2021, consta de 7 folios.
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html" \l "86" \h 86 de la Constitución Política”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional. Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”.
En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional. Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016. Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639 de 2006, T-061 de 2007, T-737 de 2007 y T-458 de 2007 de la Corte Constitucional. Original de la cita: “Sentencia T-499 del 29 de junio de 2011. M-P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva”. Consejo de Estado, Sección Cuarta, proceso con número de radicado 11001-03-15-000-2018-04128-00(AC). Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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