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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2021-00710-01

Fecha
24 de octubre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2021-00710-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia. 2°) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora y fíjanse agencias en derecho a su cargo en cuantía equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia en favor de la Nación - Rama Judicial. 15 Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. 16 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…). 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…).” 17 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 12 Expediente 05001-23-33-000-2021-00710-01 (68.101) Actor: Ángela María Gutiérrez Londoño Reparación directa Apelación sentencia 3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2021-00710-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

24 de octubre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00710-01 (68.101)
Demandantes: ÁNGELA MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO
Demandados: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - ERROR JUDICIAL

Síntesis del caso: la señora Ángela María Gutiérrez Londoño interpuso una demanda
ordinaria laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales con el objeto de que se
reconociera en su favor la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su
compañero permanente Jorge Luis Pulgarín Cardona; el 29 de abril de 2011, el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda; el 30 de
enero de 2013, el Tribunal Superior de Medellín declaró que a la señora Sonia Angélica
Calle Martínez, en la condición de cónyuge supérstite de Jorge Luis Pulgarín Cardona, le
asistía el derecho a la pensión, en consecuencia, condenó a la entidad demandada a pagar
en su favor la prestación económica; el 9 de octubre de 2018, la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia decidió no casar la anterior decisión. La parte demandante considera
que se incurrió en un error jurisdiccional en las mencionadas providencias y, por tanto, que
se le causó un daño antijurídico que debe ser reparado. La Sala confirma la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (índice 4
SAMAI) en contra de la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia (índice 2 SAMAI) que dispuso:

“PRIMERO. SE NIEGAN las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Se condena en costas a la parte demandante, de
conformidad con los parámetros definidos en la parte motiva de la
presente decisión (…).” (índice 2 SAMAI1 - negrillas y mayúsculas fijas del
texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) Mediante escrito radicado el 16 de abril de 2021 (índice 2 SAMAI2), la señora
Ángela María Gutiérrez Londoño, por intermedio de apoderado judicial promovió

1
Documento “ED_41NIEGAPRETENSIONES (PDF)”.
2
Documento “ED_07ACTAREPARTOTAA (PDF)”.

2

Expediente 05001-23-33-000-2021-00710-01 (68.101)
Actor: Ángela María Gutiérrez Londoño
Reparación directa
Apelación sentencia

demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de reparación directa
consagrado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo CPACA en contra de la Nación - Rama Judicial con las
siguientes súplicas:

“PRIMERA: Que el LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, es administrativamente
responsable de los daños y perjuicios causados a la señora ÁNGELA
MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO, derivados del ERROR
JURISDICCIONAL en el cual incurrieron la Sala Tercera Dual de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de
Descongestión No. 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, se
condene a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a indemnizar a la señora ÁNGELA
MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO por concepto de perjuicios materiales
derivados de lo que correspondería en una sentencia favorable, según se
explica al momento de razonar la cuantía y que equivale a una suma de
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES Y
DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ($1.196.632.712). En todo caso,
el perjuicio se reclama con fundamento con el valor que dejó y dejará de
percibir la demandante por concepto de pensión de sobrevivientes,
calculado al momento de la respectiva sentencia.

TERCERA: Que se ordene dar cumplimiento al fallo que le dé fin al
proceso dentro los términos establecidos en la ley.

CUARTA: Que se condene en costas a la entidad demandada.” (índice 2
SAMAI3 - mayúsculas fijas y negrillas del texto original).

2) En el acápite de estimación razonada de la cuantía de la demanda se consignó
lo siguiente:

“La cuantía se estima de la siguiente manera (estimación que se
corresponde para el momento de la presentación de la solicitud de
conciliación).

La señora Ángela María Gutiérrez Londoño nació el 23 de mayo de 1966,
es decir, para la fecha del fallecimiento del señor Jorge Luis Pulgarín
Cardona tenía 41 años.

Aplicando la Resolución número 0110 de 2014, expedida por la
Superintendencia Financiera, que establece la tabla de mortalidad, la
expectativa de vida de la señora Ángela María sería de 43,2 años. Para
establecer el daño causado por el error jurisdiccional se hizo una
estimación del valor de la pensión de sobrevivientes causada por la
muerte del señor Jorge Luis Pulgarín Cardona y, para ello, se promediaron
los salarios en los últimos diez años a la fecha del fallecimiento del mismo
(16 octubre de 2007) y se obtuvo que dicho promedio dio un valor de
$3.211.534, valor que, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 100 de
1993, se le aplicó un 55% del ingreso base de liquidación, lo que arroja
una mesada pensional de $1.766.344 y luego se actualizó ese valor al

3
Documento “ED_01DEMANDAYANEXOS (PDF)”.

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Actor: Ángela María Gutiérrez Londoño
Reparación directa
Apelación sentencia

año 2020, dando una mesada a la fecha de presentación de la solicitud
de conciliación $2.728.716.

Debe agregarse que como son 13 mesadas, el valor de la mesada 13 se
agrega en una doceava a cada una de las mesadas (esa doceava
equivale a $227.393), de tal manera que el valor de la pensión para la
liquidación del daño es un valor $2.956.109. La indemnización
consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula (…). La
indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula (…).

Conforme a lo anterior, la indemnización total por concepto de lucro
cesante equivale a $1.196.632.712.” (índice 2 SAMAI4).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) La señora Ángela María Gutiérrez Londoño presentó una reclamación
administrativa ante el Instituto de Seguros Sociales con el objeto de obtener la
pensión de sobrevivientes en la condición de compañera permanente supérstite del
señor Jorge Luis Pulgarín Cardona, fallecido el 16 de octubre de 2007.

2) Por su parte, la señora Sonia Angélica Calle Martínez también presentó una
reclamación administrativa ante el Instituto de Seguros Sociales con el objeto de
obtener la pensión de sobrevivientes en la condición de cónyuge del señor Jorge
Luis Pulgarín Cardona.

3) El Instituto de Seguros Sociales decidió suspender el trámite administrativo hasta
tanto la jurisdicción competente resolviera a quién le correspondía el derecho a la
prestación económica.

4) El 30 de julio de 2009, la señora Ángela María Gutiérrez Londoño inició un
proceso ordinario laboral en contra del Instituto de Seguros Sociales con la finalidad
de que le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes, por otro lado, solicitó que
la señora Sonia Angélica Calle Martínez fuera llamada al proceso como interviniente
ad excludendum.

5) El 29 de abril de 2011, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín profirió
sentencia de primera instancia mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda por considerar que ni la señora Ángela María Gutiérrez Londoño ni la

4
Fls. 19 a 21, documento “ED_01DEMANDAYANEXOS (PDF)”.

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Expediente 05001-23-33-000-2021-00710-01 (68.101)
Actor: Ángela María Gutiérrez Londoño
Reparación directa
Apelación sentencia

señora Sonia Angélica Calle Martínez acreditaron la convivencia con el señor Jorge
Luis Pulgarín Cardona.

6) El 30 de enero de 2013, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
declaró que a la señora Sonia Angélica Calle Martínez, en la condición de cónyuge
supérstite, le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes, en consecuencia,
condenó a la entidad demandada a pagar en su favor la prestación económica.

7) El 9 de octubre de 2018, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral
decidió no casar la anterior decisión.

8) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia incurrieron en errores jurisdiccionales en las
mencionadas providencias porque i) no había lugar a reconocer la pensión de
sobrevivientes en favor de la señora Sonia Angélica Calle Martínez porque aquella
no presentó demanda ni fue vinculada al proceso en la condición de litisconsorte
necesario, ii) vulneraron el derecho fundamental del debido proceso de la señora
Ángela María Gutiérrez Londoño, iii) hubo una indebida valoración probatoria y, iv)
se presentaron diversas incongruencias (índice 2 SAMAI5).

3. Contestación de la entidad demandada

Por auto del 21 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la
demanda y ordenó la notificación personal del Director Ejecutivo de Administración
Judicial (índice 2 SAMAI6).

Mediante escrito radicado el 18 de junio de 2021, la Nación - Rama Judicial se opuso
a las pretensiones de la demanda (índice 2 SAMAI7), esgrimió que sus decisiones
estuvieron ajustadas al ordenamiento jurídico y se justificaron con base en los
elementos materiales probatorios aportados en el marco del proceso ordinario
laboral, además, que a la señora Ángela María Gutiérrez Londoño le fueron
respetados sus derechos fundamentales del debido proceso y de contradicción.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 26 de noviembre de 2021

5
Fls. 1 a 21 documento “ED_01DEMANDAYANEXOS (PDF)”.
6
Documento “ED_08ADMITEDEMANDA2021 (PDF)”.
7
Documento “ED_14CONTESTACIONDEMAND (PDF)”.

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Actor: Ángela María Gutiérrez Londoño
Reparación directa
Apelación sentencia

negó los requerimientos de la demanda (índice 2 SAMAI8); como argumentos de la
decisión el a quo expuso que las providencias proferidas el 30 de enero de 2013 y
el 9 de octubre de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, no incurrieron en
errores jurisdiccionales, pues, sus decisiones no fueron caprichosas, incoherentes
ni irrazonables.

5. Recurso de apelación

El 13 de diciembre de 2021, la señora Ángela María Gutiérrez Londoño interpuso
recurso de apelación (índice 2 SAMAI9), las razones de inconformidad con el fallo
de primera instancia se resumen así:

1) La señora Sonia Angélica Calle Martínez fue vinculada en calidad de interviniente
ad excludendum y no como litisconsorte necesario en el marco del proceso ordinario
laboral, de manera que no había lugar a reconocer en su favor la pensión de
sobrevivientes.

2) Las decisiones emitidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
así como por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no
estuvieron ajustadas al ordenamiento jurídico porque no hubo una adecuada
valoración probatoria, además, en ellas se evidencian contradicciones.

3) Es pertinente revocar la condena en costas porque la demanda no se presentó
con manifiesta carencia de fundamento legal tal como lo dispone el artículo 47 de la
Ley 1437 de 2011.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 25 de marzo de 2022 (índice 4 SAMAI) se admitió el recurso de
apelación y el 24 de mayo de 2022 (índice 7 SAMAI) ingresó el expediente al
despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto en el artículo 247 numeral quinto
de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

8
Documento “ED_41NIEGAPRETENSIONES (PDF)”.
9
Documento “ED_44APELACIONSENTENCIA (PDF)”.

6

Expediente 05001-23-33-000-2021-00710-01 (68.101)
Actor: Ángela María Gutiérrez Londoño
Reparación directa
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado,
3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna10, corresponde a la Sala determinar
en el presente caso si la Nación - Rama Judicial es patrimonial y
extracontractualmente responsable por la decisión proferida el 9 de octubre de 2018
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que decidió no
casar la sentencia dictada el 30 de enero de 2013 por el Tribunal Superior de
Medellín en el proceso ordinario laboral con radicación número 05001-31-05-004-
2009-00714, promovido en su momento por la señora Ángela María Gutiérrez
Londoño en contra del Instituto de Seguros Sociales y que se acusa de haber
incurrido en un error jurisdiccional con el que se dice causó un daño antijurídico a la
demandante.

La sentencia de primera instancia será confirmada debido a que la actora pretende
reclamar en este proceso las mismas peticiones que en su momento formuló en el
proceso ordinario laboral que culminó con la referida sentencia del 9 de octubre de
2018, es decir, la parte demandante no solicitó una pretensión específica y diferente
sobre el daño que ocasionó la decisión judicial que adolece de error, razón por la
cual sus argumentos se orientan a reabrir el debate del proceso ordinario laboral
que ya hizo tránsito a cosa juzgada, lo cual no es procedente porque el presente
proceso no es una tercera instancia de aquel otro proceso judicial.

10
El supuesto daño alegado por la parte actora, se concretó a partir de la decisión proferida el 9 de
octubre de 2018 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que decidió no
casar la sentencia emitida el 30 de enero de 2013 por el Tribunal Superior de Medellín que quedó
ejecutoriada el 29 de octubre de 2018 (constancia de ejecutoria, índice 2 SAMAI). Así las cosas, se
tiene que la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación se presentó
el 22 de diciembre de 2020 y se declaró fallida el 13 de abril de 2021 (índice 2 SAMAI), mientras que
la demanda se formuló el 16 de abril de 2021. Al respecto, debe advertirse que con ocasión de la
pandemia por COVID 19, a través de Decreto Legislativo 564 del 15 de abril de 2020, se ordenó la
suspensión de términos de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para
presentar demandas, de modo que el Consejo Superior de la Judicatura hizo efectiva dicha
suspensión entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020 mediante los acuerdos PCSJA20-11517
de 15 de marzo de 2020 y PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020, lapso de tiempo que, a juicio de
la Sala, no deben tenerse en cuenta para contabilizar la caducidad, en ese sentido, hay lugar a
afirmar que la demanda se interpuso en tiempo de conformidad con el literal i) numeral 2 del artículo
164 del CPACA.

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Actor: Ángela María Gutiérrez Londoño
Reparación directa
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2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

1) La Ley 270 de 1990, Estatutaria de la Administración de Justicia, definió la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las actuaciones del
aparato judicial y estableció el error jurisdiccional como uno de los supuestos en los
que se puede configurar dicha responsabilidad. Las normas que se refieren al error
son las siguientes:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional
y por la privación injusta de la libertad.

ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una
autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria
a la ley.

ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El
error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos
previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad
del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”

Según las normas legales transcritas, el legislador determinó los siguientes
requisitos para que prosperen las súplicas en estos casos: i) la conducta debe ser
ejecutada por una autoridad investida de función jurisdiccional, ii) que actúe en
calidad de tal, iii) aquella debe estar materializada en una providencia proferida en
el curso de un proceso judicial, iv) que se encuentre ejecutoriada, v) contra la cual
el interesado haya interpuesto los recursos de ley y, vi) que sea una providencia
contraria a la ley.

2) Previamente a efectuar el análisis sobre el cumplimiento de estos requisitos en
el presente caso, los cuales pertenecen a la imputación, es necesario precisar la
concreción del daño derivado de la sentencia enjuiciada por ser el primer elemento
de la responsabilidad de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política.

La Sala observa que las pretensiones de la mencionada demanda ordinaria laboral
y las del proceso de la referencia son casi idénticas toda vez que, en ambos casos,
se solicitó el pago de las mesadas pensionales derivadas de la pensión de

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Actor: Ángela María Gutiérrez Londoño
Reparación directa
Apelación sentencia

sobrevivientes con ocasión de la muerte del señor Jorge Luis Pulgarín Cardona. En
la demanda ordinaria laboral se concibieron y redactaron las súplicas en los
siguientes términos:

“PRIMERA: Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer
y pagar a la señora ÁNGELA MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO en calidad
de compañera permanente del señor JORGE LUIS PULGARÍN
CARDONA, la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho con ocasión
del fallecimiento del mismo.

SEGUNDA: Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagarle a
la señora ÁNGELA MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO, las mesadas
(ordinarias y adicionales) adeudadas desde la fecha en que falleció el
señor JORGE LUIS PULGARÍN CARDONA, es decir, desde el 16 de
octubre de 2007, hasta la fecha del reconocimiento.

TERCERA: Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a la
indexación de las mesadas pagadas en forma tardía y causadas hasta la
fecha de su pago.

CUARTA: Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar
intereses moratorios sobre las mesadas pensionales pagadas
tardíamente a la señora ÁNGELA MARÍA GUTIÉRREZ LONDOÑO,
desde el 16 de octubre de 2007 (…).” (índice 2 SAMAI11 - mayúsculas
sostenidas y negrillas del texto original).

3) Como puede fácilmente observarse, estas súplicas son prácticamente iguales a
lo referido al inicio de la presente providencia respecto del proceso de reparación
directa.

En ese orden de ideas, la demandante pretende, indebidamente, reabrir el debate
del otrora proceso ordinario laboral, el cual ya fue tramitado y decidido en su
momento por el juez competente del caso.

Al margen de que hubiera existido el error jurisdiccional alegado o no, la Sala
encuentra que la demandante busca crear, caprichosamente, una tercera instancia
para la misma controversia ya resuelta puesto que no identificó el daño cuya
indemnización reclama que se repare, sino que, persigue la misma finalidad del
primigenio proceso ordinario laboral ya definido y concluido con antelación a este.

4) La Nación - Rama Judicial no puede responder por los daños causados por otras
personas (jurídicas o naturales) sino, exclusivamente, por aquellos causados por
los agentes judiciales en cumplimiento de su función jurisdiccional, de manera que,
en este caso no se debía requerir lo mismo que se le solicitaba al Instituto de
Seguros Sociales, esto es, el pago de las mesadas pensionales derivadas de la

11
Fls. 3 a 5 documento “ED_05EXPEDIENTELABORAL (PDF)”.

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Actor: Ángela María Gutiérrez Londoño
Reparación directa
Apelación sentencia

pensión de sobrevivientes, sino, un daño autónomo, distinto, originario de la
decisión judicial, pues, ello equivaldría a una instancia adicional frente a una
jurisdicción que carece de competencia para hacerlo.

5) En un caso similar a este y estudiado por esta misma Subsección, se explicó que
en los asuntos de error jurisdiccional no se puede invalidar la garantía del juez
natural, se hizo en los siguientes términos:

“No puede olvidarse que, en este escenario, se pretende, justamente, el
resarcimiento de un daño antijurídico autónomo y no, por sí sola la
‘detección’ de los errores judiciales para que, a título de reparación, se
satisfagan las pretensiones del primer proceso, en este caso, del proceso
laboral, olvidando con ello, la garantía de especialidad del juez y
convirtiendo al juez de la reparación directa en un juez que defina todas
las controversias sin importar su naturaleza.

Entrar a discutir si se cometió un error al concluir que no se demostró una
relación laboral continua por el periodo pedido porque no se allegaron la
totalidad de contratos que la demostraban o que debió accederse a las
pretensiones respecto de los periodos en los que sí se había aportado los
contratos, sin establecer primero, el daño que causó esa Sentencia y que
se pretende reparar, implica que el juez de reparación directa, en lugar de
estudiar la responsabilidad del Estado se limite a ser un juzgador de la
Sentencia adoptada en sede ordinaria laboral con el riesgo de invadir su
competencia y anular la garantía de juez natural”12.

Por consiguiente, el medio de control de reparación directa por error jurisdiccional
no es un medio para acudir a una instancia adicional y afectar la competencia del
juez del primer proceso judicial, no se constituyó para que el afectado insista en los
argumentos que no prosperaron en aquel, como en el sub judice donde se solicita
que se reconozca y se pague una indemnización por las mesadas pensionales que
no le fueron reconocidas en el interior del proceso ordinario laboral; por el contrario,
su finalidad es la de resarcir los perjuicios derivados del daño antijurídico causado
con una providencia judicial ejecutoriada que fue violatoria de la ley, esto es, el
causado exclusivamente por el Estado en su función de administrar de justicia, el
cual debe ser identificado y probado en esta jurisdicción de lo contencioso
administrativo13.

Sobre el punto, en cuanto a la carga de individualizar el daño en estos casos esta
Sala de decisión ha puesto de presente lo siguiente:

12
Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, sentencia proferida el 18 de noviembre de
2021, expediente 25000-23-26-000-2011-01397-01 (51.247), MP Alberto Montaña Plata.
13
En similar sentido, ver: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, sentencia proferida
el 26 de julio de 2021, expediente 47001-23-31-000-2009-00365-01(51784), MP Alberto Montaña
Plata; Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, sentencia proferida el 4 de julio de 2023,
expediente 50001-23-31-000-2004-10539-02 (64.226), MP Fredy Ibarra Martínez.

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Expediente 05001-23-33-000-2021-00710-01 (68.101)
Actor: Ángela María Gutiérrez Londoño
Reparación directa
Apelación sentencia

“[E]n los procesos de responsabilidad patrimonial del Estado por error
judicial, además de demostrar el error judicial, la parte demandante tiene
la carga de individualizar con precisión el daño cuya indemnización
pretende. Dicho daño no puede coincidir con la pretensión formulada en
el proceso en el cual se dictó la providencia acusada de incurrir en el error,
porque la sentencia allí dictada ya ha hecho tránsito a cosa juzgada y lo
que se puede solicitar ahora es la reparación del sufrido como
consecuencia de tal decisión. El daño que aquí se reclama es distinto, lo
que implica para el demandante la carga de precisarlo y demostrar su
causación”14.

6) Asimismo, es pertinente anotar que la figura del error jurisdiccional, como fuente
de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, no está instituida para
quebrantar el principio de la cosa juzgada toda vez que el objeto, la causa y las
partes son distintos a los del proceso inicial, esto es, mientras que en el proceso
contencioso administrativo se busca el resarcimiento de los perjuicios derivados de
un daño antijurídico provocado en el ejercicio de la función jurisdiccional, concretado
en una decisión judicial ejecutoriada, en el proceso originario su objeto y causa es
cualquier otra distinta a ella. Por esta razón, ambas demandas no pueden pretender
lo mismo, como ocurrió en el presente caso, en el que la demandante reclama en
este proceso de reparación directa una indemnización por las mesadas pensionales
derivadas de la pensión de sobrevivientes que dejó de percibir la señora Ángela
María Gutiérrez Londoño, todo con el propósito de discutir y revivir la valoración que
ya definió el juez de la causa original y cuya decisión hizo tránsito a cosa juzgada.

7) En consecuencia, ante la ausencia de individualización y acreditación del daño y
la evidente intención de provocar y obtener una instancia adicional del proceso
ordinario laboral que, ya culminó con una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada,
la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda porque, se insiste, no se determinó el daño cuya
reparación reclama la demandante.

3. Conclusión

Por no haberse individualizado y probado un daño autónomo y cierto derivado de la
providencia acusada de contener error jurisdiccional se impone la confirmación del
fallo apelado.

14
Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, sentencia proferida el 9 de julio de 2021,
expediente 25000-23-26-000-2009-00744-01(47.042), MP Martín Bermúdez Muñoz.

11

Expediente 05001-23-33-000-2021-00710-01 (68.101)
Actor: Ángela María Gutiérrez Londoño
Reparación directa
Apelación sentencia

4. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA15 y el numeral 1 del artículo 365 del
CGP16, se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante. En los
términos del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura17 se fija en tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de esta providencia por concepto de agencias en
derecho en favor de la Nación - Rama Judicial en la medida que no participó de
forma activa en esta instancia.

Por otro lado, si bien la parte actora considera que hay lugar a revocar la condena
en costas en primera instancia en virtud del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, lo
cierto es que se procederá a confirmar la decisión, dado que la demandante fue la
parte vencida en el proceso tal como lo disponen las normas previamente referidas.

Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Antioquia, según dispone el artículo 366 del Código
General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

2°) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora y fíjanse agencias
en derecho a su cargo en cuantía equivalente a tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de esta providencia en favor de la Nación - Rama
Judicial.

15
Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
16
Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…).
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…).”
17
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

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Expediente 05001-23-33-000-2021-00710-01 (68.101)
Actor: Ángela María Gutiérrez Londoño
Reparación directa
Apelación sentencia

3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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