Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2021-00722-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2021-00722-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2021-00722-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00722-01 (73888)
Demandante: Virgilio Diaz Espinosa y otros1
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Proceso: Reparación directa
APELANTE ÚNICO-Límites a la competencia del superior. EXCEPCIONES DE FONDO-El superior puede
estudiar todas las excepciones de fondo y declarar las que encuentre probadas, así no hubieran sido alegadas.
CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término inicia desde que se produjo la conducta dañosa o que el
demandante tuvo conocimiento del daño, aunque sus efectos perduren en el tiempo. ERROR
JURISDICCIONAL-El término de caducidad se cuenta desde la ejecutoria de la providencia contentiva de error
o desde que el tercero afectado con la decisión tuvo conocimiento de ella. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA
LIBERTAD-El término de caducidad se cuenta desde la ejecutoria de la sentencia absolutoria o su equivalente,
o la recuperación de la libertad del sindicado. CONFESIÓN POR APODERADO JUDICIAL-Es válida por
autorización del poderdante. COSTAS-Se imponen porque el recurso de apelación no prosperó.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia del 29 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones.
SÍNTESIS DEL CASO
El 5 de abril de 2002, Edison de Jesús Watstein Calle fue retenido por agentes de
policía y, horas después, apareció muerto. Virgilio Diaz Espinosa, quien fungía como
comandante de la estación de policía de Copacabana, Antioquia, fue privado de la
libertad por estos hechos. En sentencias del 1 de noviembre de 2007 y 3 de julio de
2008, la jurisdicción ordinaria penal lo condenó como coautor de los delitos de
homicidio agravado y tortura. Seguido de ello, en sentencia del 25 de abril de 2012,
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso
1 Libia Maritza Beltrán Luengas, Leidy Xiomara Diaz Silva, Adrián Diaz Espinosa, José Denis Diaz Espinosa,
Rosana Diaz Espinosa, Edier Diaz Espinosa, Cenelia Diaz Pineda, Luceuda Diaz Pineda y María Soleyda Diaz
Pineda. Los actores, además, actúan en representación de los menores de edad María José Diaz Beltrán,
Isabella Gallardo Diaz y Santiago Gallardo Diaz.
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00722-01 (73888)
Demandante: Virgilio Diaz Espinosa y otros
Demandado Nación-Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
extraordinario de casación formulado contra la decisión condenatoria.
El 21 de febrero de 2019, la Sala Especial de Justicia y Paz del Tribunal Superior
de Medellín profirió sentencia que declaró penalmente responsable a Jony Albeiro
Arias –integrante de las AUC, alias «Hernán»– del homicidio y tortura de Edison de
Jesús Watstein Calle. Con fundamento en dicha decisión, Virgilio Diaz Espinosa y
su grupo familiar formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Rama
Judicial y la Nación-Fiscalía General de la Nación. Calificaron la privación de la
libertad del señor Diaz Espinosa como injusta y alegaron que el fallo condenatorio
de segunda instancia, dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín,
incurrió en error jurisdiccional.
ANTECEDENTES
Demanda
El 19 de abril de 2021, Virgilio Diaz Espinosa y su núcleo familiar presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación-Rama Judicial y la Nación-Fiscalía
General de la Nación, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
«PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsables a la Nación-Rama
Judicial y Fiscalía General de la Nación, de todos los daños y perjuicios materiales
e inmateriales que se le han ocasionado a cada uno de los demandantes.
SEGUNDO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales
a la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por los daños
ocasionados al señor VIRGILIO DIAZ ESPINOSA la suma de 2986 SMLMV;
discriminados de la siguiente manera: (…)
TERCERO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a
la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por los daños ocasionados
a la señora LIBIA MARITZA BELTRÁN LUENGAS, la suma de 600 SMLMV;
discriminados de la siguiente manera: (…)
CUARTO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a
la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por los daños ocasionados
a la menor MARÍA JOSÉ DIAZ BELTRÁN la suma de 450 SMLMV; discriminados
así: (…)
QUINTO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a la
Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por los daños ocasionados
a la señora LEYDI XIOMARA DIAZ SILVA la suma de 450 SMLMV; discriminados
de la siguiente manera: (…)
SEXTO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a la
Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por los daños ocasionados
2
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00722-01 (73888)
Demandante: Virgilio Diaz Espinosa y otros
Demandado Nación-Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
al señor JOSÉ DENIS DIAZ ORTIZ la suma de 450 SMLMV; discriminados de la
siguiente manera: (…)
SÉPTIMO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a
la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por los daños ocasionados
a la menor ISABELLA GALLARDO DIAZ la suma de 450 SMLMV; discriminados de
la siguiente manera: (…)
OCTAVO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a
la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por los daños ocasionados
al menor SANTIAGO GALLARDO DIAZ la suma de 450 SMLMV; discriminados así:
(…)
NOVENO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a
la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por los daños ocasionados
a la señora ROSANA DIAZ ESPINOSA, la suma de 450 SMLMV; discriminados de
la siguiente manera: (…)
DÉCIMO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a
la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por los daños ocasionados
al señor EDIER DIAZ ESPINOSA la suma de 450 SMLMV; discriminados de la
siguiente manera: (…)
DÉCIMO PRIMERO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales a la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por
los daños ocasionados a la señora ADRIÁN DIAZ ESPINOSA la suma de 450
SMLMV; discriminados de la siguiente manera: (…)
DÉCIMO SEGUNDO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales a la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por
los daños ocasionados al señor OVIDIO ESPINOSA la suma de 450 SMLMV;
discriminados de la siguiente manera: (…)
DÉCIMO TERCERO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales a la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por
los daños ocasionados a la señora MARIA SOLEYDA DIAZ PINEDA la suma de 450
SMLMV; discriminados de la siguiente manera: (…)
DÉCIMO CUARTO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales a la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por
los daños ocasionados a la señora LUCEIDA DIAZ PINEDA la suma de 450 SMLMV;
discriminados de la siguiente manera: (…)
DÉCIMO QUINTO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales a la Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por
los daños ocasionados a la señora CENELIA DIAZ PINEDA la suma de 450 SMLMV;
discriminados de la siguiente manera (…)»2.
Hechos
2 Samai del Tribunal, índice 63, enlace OneDrive, documento «001 DEMANDA VIRGILIO DIAZ ESPINOSA Y
OTROS - FISCALIA Y RAMA JUDICIAL», p. 29-35. La Sala se abstiene de transcribir las tablas que cuantifican
las pretensiones solicitadas por cada uno de los demandantes, las cuales precisan los sumas por concepto de
lucro cesante, daño emergente, daño moral, daño a bienes jurídicos de especial protección («unidad familiar»
o «modus vivendi»), daño a la salud, daño a la honra y buen nombre y daño a bienes convencionales (afectación
a la vida sexual conyugal).
3
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00722-01 (73888)
Demandante: Virgilio Diaz Espinosa y otros
Demandado Nación-Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
La demanda relató que el 4 de abril de 2002, cerca de las 11:20 p.m., Edison de
Jesús Watstein Calle fue capturado en presunta flagrancia mientras se encontraba
escondido en el centro recreacional de Comfama –municipio de Copacabana,
Antioquia–, con la aparente intención de hurtar elementos de esa instalación. A las
12:00 a.m. del 5 de abril, el capturado fue puesto a disposición del capitán Virgilio
Diaz Espinosa, entonces comandante de la estación de policía de Copacabana,
junto con los agentes de policía Hermógenes Martínez Anchícoque y Henry Navia
Imbachi. En vista de que los trabajadores de Comfama manifestaron que no
presentarían denuncia, los agentes lo dejaron en libertad.
Cerca de la 1:30 a.m. del mismo día, Watstein Calle fue encontrado muerto con
signos de tortura y disparos a quemarropa. Según la demanda, el homicidio habría
sido provocado por dos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC:
Jony Albeiro Arias, alias «Hernán», y Oscar Javier Santillana, alias «MacGyver»,
quienes lo habrían identificado como miembro de las milicias urbanas de la guerrilla
y lo habrían trasladado al municipio de Girardota para ser torturado y asesinado.
La Fiscalía General de la Nación adelantó investigación penal por los anteriores
hechos en contra de los agentes de policía Virgilio Diaz Espinosa, Hermógenes
Martínez Anchícoque y Henry Navia Imbachi, por cuanto el cadáver del occiso fue
encontrado a pocas horas de su retención por los agentes. En sentencia del 1 de
noviembre de 2007, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín
los declaró coautores de los delitos de homicidio agravado y tortura. La defensa de
los sindicados formuló recurso de apelación, el cual fue resuelto desfavorablemente
por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín en sentencia del 3 de julio de
2008. Finalmente, en decisión del 25 de abril de 2012, la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia resolvió no casar la sentencia condenatoria de segunda
instancia. El señor Diaz Espinosa duró 12 años en prisión a raíz de lo anterior, hasta
que obtuvo la libertad condicional en 2016.
La demanda resaltó que, en sentencia del 21 de febrero de 2019, la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal Superior de Medellín declaró a Jony Albeiro Arias, alias
«Hernán», penalmente responsable por el homicidio y tortura del señor Watstein
Calle. Entre otros medios de prueba, dicha determinación tuvo como fundamento
una versión libre practicada por el exintegrante de las AUC, quien confesó sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la muerte de la víctima.
4
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00722-01 (73888)
Demandante: Virgilio Diaz Espinosa y otros
Demandado Nación-Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
En vista de lo anterior, la demanda alegó que las entidades demandadas iniciaron
la investigación penal contra Virgilio Diaz Espinosa y lo privaron de su libertad con
fundamento en un crimen que no cometió. Calificó esta circunstancia de injusta, al
tenor del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
A su vez, señaló que la sentencia del Tribunal Superior de Medellín incurrió en un
error jurisdiccional, toda vez que motivó la condena únicamente en medios de
prueba indiciarios, sin que obraran pruebas técnicas que vincularan al afectado con
la muerte violenta del señor Watstein Calle. Manifestó que los indicios de la
providencia condenatoria estaban desligados de la sana crítica, por cuanto habrían
concluido falsamente que «si una persona había sido detenida viva por la policía y
aparecía con disparos, era porque los uniformados se los habían propinado».
El libelo explicó que, conforme a la declaración testimonial del comandante de
guardia de la estación del policía, el capitán se encontraba durmiendo en las
instalaciones cuando ocurrieron los hechos. Además, remarcó que la defensa
técnica del proceso penal había señalado la presencia de grupos paramilitares de
limpieza social en el sector, argumento que la judicatura no tuvo en cuenta.
Por otra parte, cuestionó que la Fiscalía General de la Nación dejó de investigar los
elementos favorables a los procesados, enfocando la acción penal estrictamente en
su persecución. Estimó que el programa metodológico de investigación criminal
giraba en torno a una sujeción sesgada al indicio contra los agentes de policía, sin
intentar la toma de huellas de vehículos en el lugar donde encontraron el cadáver
del occiso o adelantar cotejos de balística3.
Contestaciones de la demanda
Nación-Rama Judicial
La Nación-Rama Judicial, a través de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, expresó que no se configuran los presupuestos
de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad o por error
3
Samai del Tribunal, índice 63, enlace OneDrive, documento «001 DEMANDA VIRGILIO DIAZ ESPINOSA Y
OTROS - FISCALIA Y RAMA JUDICIAL», p. 2-71.
5
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00722-01 (73888)
Demandante: Virgilio Diaz Espinosa y otros
Demandado Nación-Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
jurisdiccional. Ello obedece a que los jueces que intervinieron en el proceso penal
atendieron el deber legal y constitucional de pronunciarse conforme a las pruebas.
Frente a la medida de aseguramiento, señaló que esta se impuso por la Fiscalía
General de la Nación de manera autónoma, exclusiva y excluyente, conforme a las
previsiones de la Ley 600 de 2000. Frente a la confesión efectuada por Jony Albeiro
Arias, señaló que ello configura el hecho exclusivo de un tercero4.
Nación-Fiscalía General de la Nación
Afirmó que la medida de aseguramiento impuesta se ajustó a los mandatos
constitucionales y legales vigentes para la época de los hechos, de modo que no se
configura una privación injusta de la libertad. También aseguró que la confesión
rendida por un tercero postulado al programa de Justicia y Paz no desvirtúa las
decisiones adoptadas, las cuales contaron con respaldo probatorio suficiente5.
Sentencia de primera instancia
El 29 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia
en la que negó las pretensiones. Estimó que la privación de la libertad del
demandante –efectuada el 14 de julio de 2004– no resultaba injusta, por cuanto la
Fiscalía definió su situación jurídica con fundamento en elementos probatorios
suficientes y conforme a las exigencias de la Ley 600 de 2000. Sumado a lo anterior,
la medida se justificaba en la protección a la comunidad, la prevención de posibles
obstrucciones a la justicia y la gravedad de los delitos imputados.
En cuanto al error jurisdiccional, indicó que la demanda pretende reiterar los
argumentos expuestos en el proceso penal, bajo el pretexto de un supuesto error
contenido en las providencias definitivas. Anotó que este título de imputación no
está previsto para reabrir el debate del proceso penal, en virtud de los principios de
autonomía e independencia judicial y el atributo de cosa juzgada de las sentencias.
El Tribunal advirtió que la confesión posterior de un integrante de las AUC no
convierte en injusta la detención de la víctima ni desvirtúa las decisiones adoptadas
4
Samai del Tribunal, índices 7 y 8.
5 Samai del Tribunal, índice 9.
6
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Demandado Nación-Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
en el proceso penal, porque esa actuación no existía al momento de la imposición
de la medida o de la emisión de las providencias –hecho sobreviniente–6.
Recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Formuló cuatro reparos precisos: (i) el Tribunal interpretó que la parte
actora pretende una instancia adicional del proceso penal, sin atender que la
decisión condenatoria se fundó en indicios sin sustento argumentativo; (ii) el fallador
de primer grado no tuvo en cuenta la falta de pruebas que vinculen a Virgilio Diaz
Espinosa con el homicidio del señor Watstein Calle ni revisó el testimonio del
centinela Rafael Arcángel Cano Zapata; (iii) la decisión desatendió que la Fiscalía
General de la Nación realizó una investigación sesgada y parcializada,
exclusivamente en contra de los exagentes de policía, y (iv) no tuvo en cuenta que
la medida de aseguramiento no se ajustaba a los requisitos de ley, por carecer de
fundamento probatorio y constituir una actuación arbitraria7.
Trámite de segunda instancia
El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal concedió el recurso de apelación8 y, el 30
de enero de 2026, el Despacho lo admitió9. Ejecutoriado ese auto, el expediente
ingresó al despacho del Consejero sustanciador para proferir sentencia, conforme
al trámite previsto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Las partes guardaron
silencio10.
En su concepto, el agente del Ministerio Público pidió que se confirme la sentencia
recurrida. De manera preliminar, anotó que la demanda no fue formulada en tiempo
frente a la privación de la libertad de Virgilio Diaz Espinosa o la sentencia penal
condenatoria de segunda instancia, sumado a que la decisión del 21 de febrero de
2019 no tenía vocación de alterar el conteo de la caducidad. En línea con lo anterior,
conceptuó que la libertad condicional no constituye una privación de la libertad –ni
en sentido penal, ni en sentido contencioso-administrativo–, por cuanto el
6 Samai del Tribunal, índice 54.
7 Samai del Tribunal, índice 58.
8 Samai del Tribunal, índice 59.
9
Samai, índice 3.
10 Samai, índice 10.
7
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Demandante: Virgilio Diaz Espinosa y otros
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Asunto: Reparación directa
sancionado «ya no padece el encierro físico, ni tampoco tiene una imposibilidad
absoluta de autodeterminación ambulatoria».
En caso de que se estime procedente un estudio de fondo, el agente conceptuó que
la apelación no tiene vocación de prosperidad, por cuanto la condena penal tuvo
fundamento en un sistema racional y objetivo de apreciación probatoria, situación
respaldada por la Corte Suprema de Justicia al desestimar la casación. Por demás,
anotó que el demandante confunde sospecha con indicio, desconociendo que el
indicio requiere hechos debidamente probados y el ejercicio de inferencia lógica
frente a los mismos. Añadió que nada impedía a la parte actora solicitar a las
autoridades penales la práctica de las pruebas que, en sede de reparación directa,
echa de menos. En cuanto a la valoración del testimonio del centinela, expresó que
la sentencia penal lo valoró desde una óptica interpretativa diferente a la de la parte
actora, pero no desligándose de las reglas de la lógica y la experiencia. Por último,
descartó la falta de diligencia en la actuación de la Fiscalía.
El concepto insistió en que la jurisdicción contenciosa no está prevista para
reemplazar a la jurisdicción ordinaria penal en cuanto a la absolución de Virgilio Diaz
Espinosa. Además, la sentencia dictada por la Sala Especial de Justicia y Paz del
Tribunal Superior de Medellín no se pronunció sobre su culpabilidad, ni mucho
menos lo exoneró del ilícito. Planteó que el afectado debió promover el recurso
extraordinario de revisión para que la declaración de Yony Albeiro Arias fuera tenida
en cuenta en el proceso penal11.
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 19 de abril de 2021, por ello, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
–en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA12, este código empezó
a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al
11 Samai, índice 9.
12 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
8
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Asunto: Reparación directa
artículo 306 de este código13, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código
General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias por
la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad
estatal, según el artículo 104 del CPACA14. El Consejo de Estado es competente en
segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del
CPACA15, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor
de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo
152.6 del CPACA16, esto es, $454.263.00017. Aunque la demanda se presentó luego
de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, el artículo 86 de esa normativa
estableció que las previsiones modificatorias de la competencia entrarían en vigor
frente a las demandas que se presenten un año después de publicada esa ley –en
Diario Oficial No. 51568 del 25 de enero de 2021–.
Medio de control procedente
13 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
14 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
15 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]».
16 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
17 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2021, $908,526, por 500.
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Demandante: Virgilio Diaz Espinosa y otros
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Asunto: Reparación directa
3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo18, en este caso por el
presunto error jurisdiccional endilgado a la administración de justicia, así como la
privación injusta de la libertad de Virgilio Diaz Espinosa (artículos 90 de la CN, 65 a
68 de la Ley 270 de 1996 y 140 del CPACA).
Demanda en tiempo
4. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este
presupuesto procesal, por las razones que se pasarán a explicar.
Problema jurídico
5. Corresponde a la Sala determinar si el medio de control de reparación directa
se interpuso dentro del término preclusivo previsto en la ley.
Análisis de la Sala
6. La Sala se detiene en el análisis de la caducidad porque la presentación
oportuna de la demanda es un presupuesto procesal y, de configurarse este
fenómeno, debe ser declarado por el juez, incluso de oficio. Es decir, aunque la
materia de la apelación se concreta en la existencia del error jurisdiccional y de la
privación injusta de la libertad, y aunque se está en presencia de un apelante único
–el demandante–, se estudiará de oficio la oportunidad del medio de control.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, al juez de la
segunda instancia le corresponde pronunciarse sobre los argumentos expuestos
por la parte apelante, «sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley», esto es, aun cuando no medie petición de parte.
Dentro de estos últimos aspectos se encuentra la oportunidad del medio de control,
la cual puede –y debe– ser estudiada de oficio por el juez, tanto en primera como
18 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00722-01 (73888)
Demandante: Virgilio Diaz Espinosa y otros
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Asunto: Reparación directa
en segunda instancia. En esa línea se pronunció la Sala Plena de esta Sección en
sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, al sostener19:
«Este entendimiento (…) de los límites competenciales del ad quem frente el recurso
de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos
que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se
haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la
potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas
cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la
caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción,
aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su
inconformidad con la providencia censurada» (se destaca).
7. El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la
ley para acudir ante los jueces para demandar. Este término está concebido para
definir un plazo objetivo e invariable, con base en el cual quien pretenda ser titular
de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad
tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley.
8. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el literal i)
del artículo 164.2 del CPACA20 es de dos años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.
9. En los eventos de error jurisdiccional, el cómputo de la caducidad inicia a partir
del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia acusada de contener el error
jurisdiccional, puesto que solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento
de la antijuricidad del daño21. En oportunidad reciente, la Sala ha explicado que la
certeza del daño está relacionada con las características del error jurisdiccional, el
cual constituye una «vía de hecho»:
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de abril de 2018, Rad. 46005, C.P. Danilo Rojas
Betancourth.
20 «Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los
siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] i) Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en
la fecha de su ocurrencia […]».
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, rad. 38833,
M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
11
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«Una actuación en desarrollo de función jurisdiccional que implique un craso e
indubitado error, como el descrito, es palmaria y manifiesta. El daño antijurídico cuya
reparación se depreca en sede de reparación directa se hace patente, así, desde
que es conocida la providencia que contiene el yerro, que, por oponerse a los
parámetros fundamentales del servicio de administración de justicia, comporta un
menoscabo al interés jurídico que su destinatario, directo o indirecto, no está
obligada a soportar; y se adquiere certeza del daño cuando la providencia a la que
se le achaca el error cobra ejecutoria22, salvo –como lo ha indicado la Subsección23–
cuando haya resultado lesionado un tercero en el proceso en el que fue dictada la
providencia quien, en ocasiones, pudiera llegar a tener conocimiento del daño tras
su ejecutoria»24 (negrilla del texto original).
Con todo, la jurisprudencia ha aclarado que estas situaciones no comprenden
escenarios en los que se promuevan varios procesos sobre los mismos supuestos,
a instancia de distintos interesados, comoquiera que las decisiones judiciales
únicamente resuelven la controversia particular de las partes y el tránsito a cosa
juzgada torna dichas situaciones jurídicas en inmodificables25. Al estudiar un evento
en el que se alegaba el error jurisdiccional con fundamento en un pronunciamiento
sobreviniente cuya postura jurídica habría favorecido al interesado, la Subsección
A concluyó lo siguiente:
«39. El criterio expuesto, esto es, la ausencia de consecuencias de un fallo de
nulidad simple posterior frente a una sentencia ejecutoriada de nulidad y
restablecimiento del derecho, en armonía con lo sostenido por esta Subsección en
el pronunciamiento citado (sin perjuicio de lo que más adelante se analizará en torno
a la cosa juzgada frente al distrito accionado), permite concluir que tales
pronunciamientos sobrevinientes no tienen la virtualidad de ampliar o revivir el
término de caducidad para demandar por error judicial y que, por ende, tal
presupuesto debe regirse por la regla general previamente enunciada, cuya
aplicación tiene como fundamento el principio de seguridad jurídica, a fin de evitar
que el plazo quede sujeto a la incertidumbre derivada de pronunciamientos
posteriores sobre actos administrativos de carácter general.
(…)
44.En suma, frente a la pretensión por error judicial formulada en este asunto, el
plazo para accionar se cuenta desde la ejecutoria de la providencia supuestamente
errada, sin que la existencia (o incluso el curso) de un proceso de nulidad simple
paralelo o posterior fuera requisito para configurar el aludido yerro ni para habilitar
el ejercicio del derecho de acción»26 (se destaca).
22 Sobre el cómputo del término de caducidad por error judicial, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, rad. 17493, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado,
Sección Tercera, auto del 9 de mayo de 2011, rad. 40196, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de enero de 2012, rad. 22205, C. P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 28 de marzo de 2018, exp. 61908.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1º de octubre de 2018, exp. 38728.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, rad. 62192.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2025, rad. 73149. Al
respecto, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 6 de febrero de 2020,
expediente 63734; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2025,
expediente 68001-23-31-000-2001-02590-01 (0367-2014) y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 11 de julio de 2025, expediente 70410.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2025, rad. 73149.
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Frente a los eventos de privación injusta de la libertad, la caducidad se contabiliza
desde el día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria o su
equivalente, o bien a partir de la excarcelación del afectado, lo último que ocurra27.
La jurisprudencia, de igual modo, ha precisado que el término de caducidad no
resulta afectado por decisiones judiciales relativas a terceros, aun cuando tengan
fundamento en los mismos hechos. Dichas providencias no afectan el proceso penal
en contra del accionante, ni mucho menos constituyen una absolución en su favor.
La Sala destaca el siguiente extracto:
«Si bien es cierto que el demandante nunca fue absuelto de responsabilidad penal
por el delito de enriquecimiento ilícito por el cual se le enjuició -pues, por el contrario,
fue condenado a prisión por un período de 48 meses, mediante sentencia del 30 de
noviembre de 1998, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Villavicencio, decisión que fue confirmada por el ad quem a través de sentencia de
junio 29 de 2000-, estima la Sala que el término de caducidad debe computarse
igualmente a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia de segunda
instancia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136 del C.C.A. y el desarrollo
que frente a estos casos ha hecho la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de
Estado.
Para la Sala no es de recibo el argumento expuesto por el demandante, según el
cual el término de caducidad, para este caso, debe contarse a partir de la sentencia
absolutoria dictada a favor del señor Liborio Álvaro Germán Ordóñez, por cuanto a
dicha persona se le enjuició penalmente por el mismo delito que al actor José
Eliberto Buitrago Perico y el primero fue absuelto, toda vez que la circunstancia de
que a varias personas se les vincule dentro de un mismo proceso judicial por los
mismos o similares cargos, tal situación no comporta, de manera alguna, que la
decisión que haya de proferirse frente a cada uno de ellos sea idéntica, pues lo que
allí se pretende precisamente es establecer la responsabilidad de los sindicados de
un delito frente a la comisión del mismo, razón por la cual, para efectos de llevar a
cabo el cómputo del tiempo que tenía el actor para impetrar su demanda, para nada
podía depender de lo que frente a otra persona, así hubiere sido por los mismo
hechos, se resolviera en otro proceso penal» (se destaca)28.
Por otra parte, acierta el agente del Ministerio Público en su concepto al señalar que
la libertad condicional comporta un mecanismo sustitutivo de la ejecución penal
intramural o domiciliaria bajo el cual el sancionado ya no padece el encierro físico,
de modo que el otorgamiento de esta medida cesa la privación de la libertad y
permite iniciar el conteo del término de caducidad. El beneficio se otorga a solicitud
del interesado, conforme al artículo 480 de la Ley 600 de 2000 –código procesal
penal vigente al momento de la comisión del delito–, con arreglo a los requisitos
establecidos en el artículo 64 del Código Penal y las obligaciones contenidas en el
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, consejero ponente Daniel Suárez
Hernández, Rad. 11.425; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, rad. 17493,
M.P. Mauricio Fajardo Gómez (E), y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de
diciembre de 2025, rad. 72353.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2007, rad. 33583.
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artículo 65 siguiente. Tanto es así que la denegación de la libertad condicional,
pese a que la petición cumpla los requisitos de ley, podría dar lugar a un evento de
prolongación ilegal de la privación de la libertad29.
10. La demanda afirma que, en sentencia del 3 de julio de 2008, la Sala Penal del
Tribunal Superior de Medellín resolvió desfavorablemente la apelación contra la
sentencia penal condenatoria de primera instancia –hecho quinto–30 y que Virgilio
Diaz Espinosa fue privado de su libertad entre julio de 2004 y noviembre de 2015
–hecho décimo cuarto–31.
Conforme al artículo 191 del CGP, la simple declaración de parte se valorará por el
juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas. En ese
sentido, podrá ser apreciada como confesión, es decir, en aquello que le produzca
consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria
cuando reúna los siguientes requisitos: (i) que el confesante tenga capacidad y
poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; (ii) que verse sobre
hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria; (iii) que recaiga sobre hechos frente a los cuales la
ley no exija otro medio de prueba; (iv) que sea expresa, consciente y libre; (v) que
verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento y (vi) que se encuentre probada, cuando fuere extrajudicial o judicial
trasladada.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 193 del CGP, la confesión por apoderado
judicial es válida cuando para hacerla se haya recibido autorización del poderdante.
Esta estipulación se entiende otorgada para las actuaciones procesales, entre ellas
la demanda, y cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita.
Bajo lo expuesto, a modo de confesión, la Sala advierte que el error jurisdiccional
alegado por la parte actora se encontraría configurado en sentencia del 3 de julio
de 2008 y que la privación de la libertad del señor Diaz Espinosa duró hasta
noviembre de 2015. Ahora bien, en atención a que la parte demandante presentó
argumentos de derecho relativos a la caducidad de la acción, los cuales resultan
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de febrero de 2020, Rad. 48095.
30 Samai del Tribunal, índice 63, enlace OneDrive, documento «001 DEMANDA VIRGILIO DIAZ ESPINOSA Y
OTROS - FISCALIA Y RAMA JUDICIAL», p. 8.
31 Ibidem, p. 24.
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indivisibles al hecho confesado –artículo 196 del CGP– y que la confesión admite
prueba en contrario –artículo 197 del CGP–, su valor probatorio y efectos serán
analizados en la revisión conjunta de los medios de prueba.
11. Conforme a los documentos aportados al expediente, se tiene probado que:
11.1. El 14 de julio de 2004, la Fiscalía Veinte de la Unidad de Fiscales Delegados
ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín definió la situación
jurídica de Virgilio Diaz Espinosa y Hermógenes Martínez Anchícoque, sindicados
por los delitos de tortura, homicidio agravado y porte ilegal de armas con motivo de
la muerte violenta de Edison de Jesús Watstein Calle. La autoridad impuso a los
agentes medida de aseguramiento de detención preventiva como presuntos
coautores de los delitos de tortura y homicidio agravado32.
11.2. En sentencia del 1 de noviembre de 2007, dictada dentro del proceso penal
rad. 2005-0107 por el homicidio agravado y tortura de Edison de Jesús Watstein
Calle, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín declaró
penalmente responsables del ilícito a los señores Virgilio Diaz Espinosa, Henry
Navia Imbachi y Hermógenes Martínez Anchícoque. En consecuencia, les impuso
la pena principal privativa de la libertad de 336 meses de prisión y multa por 300
SMLMV a cada uno. A su vez, la decisión les denegó el subrogado de la suspensión
condicional de la ejecución de la pena33.
11.3. El 3 de julio de 2008, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín dictó
sentencia desestimatoria del recurso de apelación interpuesto por los procesados
contra la sentencia condenatoria del 1 de noviembre de 200734.
11.4. El 25 de abril de 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia emitió sentencia en la que resolvió no casar la decisión del 3 de julio de
2008 –rad. 31009–. El alto tribunal estimó que no le asistía razón al recurrente al
cuestionar la decisión sobre la base de que la condena se habría motivado en
indicios, por cuanto los hechos indicadores que les daban sustento se encontraban
32 Samai del Tribunal, índice 40, documento «62_RECEPCIONMEMORIALPORCORREO
ELECTRONICO_DECLARACIONES(.pdf) NroActua 40», p. 175-201.
33 Samai del Tribunal, índice 63, enlace OneDrive, documento «001 DEMANDA VIRGILIO DIAZ ESPINOSA Y
OTROS - FISCALIA Y RAMA JUDICIAL», p. 114-173.
34 Ibidem, p. 174-199.
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debidamente soportados en prueba testimonial y documental. Por demás, anotó que
no había vulneración al principio de investigación integral, por cuanto los defensores
y procesados no insistieron en la práctica de los medios de prueba que
supuestamente les favorecían35.
11.5. El 21 de febrero de 2019, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Medellín emitió sentencia frente al bloque «Héroes de Granada» de las AUC,
integrado por los postulados Luberney Marín Cardona, Parmenio de Jesús Usme
García, Jony Albeiro Arias, Francisco Antonio Galeano Montaño, Jorge Abad
Giraldo Loaiza, Nelson Enrique Jaramillo Cardona, Gabriel Rodolfo Lujan García,
Givert Hemir Murillo Parra, Luis Eduardo Pérez Ruiz, Jesús María Restrepo
Arroyave, Luis Alfonso Sotelo Martínez y John Deibis Patiño Hernández36.
En esta decisión, se declaró penalmente responsable a Jony Albeiro Arias del
homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida de Edison de Jesús
Watstein Calle, en calidad de coautor. La decisión resaltó la versión libre del
postulado, en la cual reconoció haber cometido tales hechos en compañía de Oscar
Javier Santillana.
11.6. El 9 de febrero de 2022, el director de la Cárcel de Penitenciaría de Alta y
Mediana Seguridad de Itagüí «La Paz» hizo constar que, según el aplicativo Sisipec
Web, Virgilio Díaz Espinosa estuvo recluido en el referido establecimiento
penitenciario entre el 14 de febrero de 2011 y el 15 de marzo de 2012. En esa fecha
fue trasladado al Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad de Calarcá,
donde permaneció hasta el 24 de noviembre de 201537.
Los medios de prueba documentales atrás señalados son documentos públicos,
porque fueron otorgados por los funcionarios encargados del proceso penal seguido
contra Virgilio Diaz Espinosa, así como por los magistrados encargados de definir
la situación jurídica del bloque «Héroes de Granada» de las AUC. Conforme a lo
establecido en el artículo 244 del CGP, se presumen auténticos, porque existe
certeza de las personas que elaboraron y suscribieron esos documentos, no se
35 Ibidem, p. 200-235.
36 Ibidem, p. 237-2145. En lo relativo a Edison de Jesús Watstein Calle, ver p. 758-762.
37
Samai del Tribunal, índice 27, documento «42-02-2022 INPEC ALLEGA RESPUESTA 1 FOLIO - MARTHA
G.».
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tacharon de falsos ni se desconocieron durante el proceso38. Estos documentos
permiten corroborar las circunstancias temporales en las que el señor Diaz Espinosa
fue condenado penalmente, así como el plazo de su privación de la libertad.
12. Los medios de prueba aportados al expediente demuestran que Virgilio Diaz
Espinosa fue declarado penalmente responsable del homicidio y tortura de Edison
de Jesús Watstein Calle en sentencia del 3 de julio de 2008 y, por estos hechos,
permaneció privado de su libertad entre el 14 de julio de 2004 –fecha en la que la
Fiscalía Veinte de la Unidad de Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del
Circuito Especializados de Medellín definió su situación jurídica– y noviembre de
2015 –fecha en la que, según la constancia emitida por el director del
establecimiento penitenciario de la Paz, cesó su reclusión–. Se advierte la
coincidencia entre los medios de prueba documentales allegados al proceso y las
declaraciones contenidas en los hechos quinto y decimo cuarto de la demanda,
extraídas a modo de confesión.
Los hechos probados son jurídicamente relevantes para determinar la caducidad
del medio de control, por cuanto la demanda reclama los perjuicios derivados del
error jurisdiccional incurrido en la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de
Medellín y la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Diaz Espinosa.
Ahora bien, en virtud de la indivisibilidad de la confesión, en este escenario se
abordarán las explicaciones de la parte actora. El hecho décimo segundo de la
demanda manifiesta que no ha operado la caducidad de la acción, dado que este
fenómeno debe computarse a partir de la sentencia del 21 de febrero de 2019, la
cual calificaron como «sentencia absolutoria o su equivalente». Se cita lo pertinente:
«DÉCIMO SEGUNDO: NO HA OPERADO LA CADUCIDAD, toda vez que a pesar
de que tanto el Capitán Virgilio Diaz Espinosa, el agente Hermógenes Martínez
Anchícoque y el subintendente Henry Navia Imbachi, perdieron su libertad desde el
año 2004 y obtuvieron libertad condicional en el año 2016, tras haber estado
privados de la libertad durante 12 AÑOS, dicha libertad condicional NO SE DEBIÓ
DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA O SU
EQUIVALENTE, sino que se produjo por motivos de que los procesados ya tenían
cumplidas las 3/5 partes de la pena e hicieron trabajo intramural, haciéndose de esta
manera beneficiarios de la libertad condicional, por tal motivo el término de
38 Artículo 244 del CGP: «Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el
documento. (…) Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso».
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caducidad no se computa desde que los procesados comenzaron a gozar de su
libertad condicional como beneficio penal, sino que se computa a partir de que la
administración de justicia profirió la respectiva SENTENCIA ABSOLUTORIA O SU
EQUIVALENTE, y esta circunstancia únicamente tuvo lugar el día 21 DE FEBRERO
DEL 2019, cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín,
profirió SENTENCIA en la cual ACEPTÓ la CONFESIÓN realizada por el postulado
Jony Albeiro Arias, alias “Hernán”, en cuanto a su autoría y responsabilidad penal
en el homicidio y tortura del señor Edison de Jesús Watstein Calle, por la cual se
habían condenado a tres integrantes de la Policía Nacional, declarándose por parte
de la Sala de Justicia y Paz, que el postulado había CUMPLIDO DE MANERA
FEHACIENTE Y SATISFACTORIA CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON
LA SOCIEDAD, LAS VÍCTIMAS, EL ESTADO Y LA JUDICATURA» (subrayas y
negrilla del texto original)39.
La Sala no acoge la argumentación expuesta. Del contenido de la sentencia del 21
de febrero de 2019, es claro que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Medellín no se pronunció sobre la situación jurídica de Virgilio Diaz Espinosa, quien
no fue postulado en el marco de ese régimen transicional. La providencia se
encaminó a declarar que Jony Albeiro Arias era responsable de los hechos a título
de coautor, sin que esta decisión –individualmente considerada– produzca efectos
exoneratorios, exculpatorios o absolutorios frente a Virgilio Diaz Espinosa, ni mucho
menos reviva la presunción de inocencia desvirtuada por los jueces de la causa
penal en su contra. Aún más: en respeto de la inmutabilidad de las situaciones
jurídicas cobijadas por la cosa juzgada, la propia decisión describió las sentencias
condenatorias bajo estudio:
«Es importante resaltar que por este hecho, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito
Especializado de Medellín, profirió sentencia condenatoria el primero (1º) de
noviembre de 2007, dentro del proceso radicado con el número 05001 31 07 004
2005 0107, en contra de Virgilio Díaz Espinosa, Hermógenes Martínez Anchícoque
y Henry Navia Imbachí, como coautores, en la comisión de los delitos de Homicidio
Agravado y Tortura; decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de
Medellín, en proveído calendado el tres (03) de julio de 2008. A su vez, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el día veinticinco (25) de abril de 2012
resolvió no casar el fallo»40.
La Sala advierte que este entendimiento de la sentencia proferida por la Sala de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín se ajusta a la jurisprudencia de la
Sección Tercera [citada en párrafo 9]. La Corporación ha advertido que las
sentencias producen efectos exclusivos frente a las partes de la controversia, de
modo que las decisiones proferidas frente a terceros no varían la situación
39 Samai del Tribunal, índice 63, enlace OneDrive, documento «001 DEMANDA VIRGILIO DIAZ ESPINOSA Y
OTROS - FISCALIA Y RAMA JUDICIAL», p. 22.
40
Samai del Tribunal, índice 63, enlace OneDrive, documento «001 DEMANDA VIRGILIO DIAZ ESPINOSA Y
OTROS - FISCALIA Y RAMA JUDICIAL», p. 760.
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consolidada en una decisión judicial, aun cuando tales asuntos guarden identidad
fáctica y jurídica.
Por demás, la sentencia del 21 de febrero de 2019 carece de relevancia para
estructurar el error jurisdiccional presuntamente contenido en la sentencia del 3 de
julio de 2008 o acusar que la reclusión del señor Diaz Espinosa es injusta. Esta
decisión tuvo fundamento en una diligencia de versión libre rendida por Jony Albeiro
Arias el 27 de junio de 2012, medio de prueba que no fue valorado por los jueces
del proceso penal rad. 2005-0107 –e, inclusive, no fue incorporado a este trámite–.
La Sala estima inviable adelantar una revisión retrospectiva del proceso penal, con
fundamento en declaraciones testimoniales y decisiones judiciales inexistentes al
momento en que los jueces penales resolvieron la responsabilidad de Virgilio Diaz
Espinosa. Ello también resulta ajeno a la finalidad de la reparación directa, que no
convierte al juez de la responsabilidad extracontractual en una instancia adicional
de lo resuelto por la jurisdicción ordinaria penal.
Además, tanto el artículo 220 de la pretérita Ley 600 de 2000 como el artículo 192
de la Ley 906 de 2004 regulan la acción de revisión en materia penal, que procede
contra sentencias ejecutoriadas, cuando aparezcan hechos nuevos o surjan
pruebas no conocidas al tiempo de los debates que establezcan la inimputabilidad
o inocencia del condenado. Por ende, la parte actora disponía de ese medio de
defensa para invocar la declaración de Jony Albeiro Arias y replantear la condena
penal en su contra, sin que se haya acreditado su agotamiento.
Lo anterior impone que la sentencia del 21 de febrero de 2019 no es determinante
para contabilizar el término de caducidad, por cuanto no constituye decisión
absolutoria frente a Virgilio Diaz Espinosa ni modifica el momento en el que el
afectado tuvo conocimiento del daño –esto es, desde la ejecutoria de la sentencia
condenatoria penal y el cese de su reclusión–.
13. En vista de que la parte actora fundamenta las pretensiones de responsabilidad
extracontractual del Estado en dos títulos de imputación distintos –error
jurisdiccional y privación injusta de la libertad–, la Sala procede al estudio
individualizado de la caducidad frente a cada uno de estos.
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13.1. La demanda alega error jurisdiccional en la sentencia dictada el 3 de julio de
2008 por el Tribunal Superior de Medellín. En vista de que la parte actora interpuso
recurso extraordinario de casación contra la misma, el cual fue desestimado en
sentencia del 25 de abril de 2012 [párrafo 11.4], el estudio de la caducidad se
efectuará a partir de esta última providencia. Ello obedece a que, bajo el alcance
que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dado al artículo
187 de la Ley 600 de 2000, las sentencias de segunda instancia «no cobran firmeza
hasta que se descarte, se desista, se inadmita o se resuelva de fondo el recurso
extraordinario de casación»41.
En atención a la exequibilidad condicionada del artículo 187 de la Ley 600 de 2000,
declarada en sentencia C-614 de 2002, los efectos jurídicos de la sentencia penal
definitiva se surten a partir de su notificación. Por lo anterior, el término de caducidad
correrá a partir de la notificación de la sentencia que resuelva el recurso
extraordinario de casación42.
Aunque no obra el acto de notificación de la sentencia proferida el 25 de abril de
2012, el documento aportado en la demanda corresponde a una copia obtenida el
24 de abril de 201443. Ello permite inferir que la parte demandante habría tenido
conocimiento de la decisión a partir de esa fecha, de modo que el término de
caducidad corrió desde el 25 de abril de 2014 hasta el 25 de abril de 2016. La
demanda se presentó el 19 de abril de 2021, de manera extemporánea.
13.2. En lo relativo a la privación injusta de la libertad, el plazo perentorio para
presentar la demanda se contabiliza a partir de la fecha de excarcelación del
afectado. Los medios de prueba permiten determinar que Virgilio Diaz Espinosa
recuperó la libertad el 24 de noviembre de 2015 [párrafo 11.6], de modo que el
término de caducidad transcurrió hasta el 25 de noviembre de 2017. La demanda,
instaurada el 19 de abril de 2021, no se formuló en la oportunidad de ley.
41 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 15 de febrero de 2012, rad. 36346.
42 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expresado que, sin perjuicio de dicha
exequibilidad condicionada, la ejecutoria de las sentencias de casación penal opera a partir de su suscripción
(ver sentencia del 21 de octubre de 2022, rad. 61025). Textualmente, ha indicado: «respecto de las providencias
que no admiten recursos, entre ellas, los fallos de casación, la notificación no tiene, como al parecer lo entienden
los aquí impugnantes, efecto alguno relacionado con la ejecutoria de la resuelto, ni con la posibilidad o el
derecho de contradicción de la decisión, sino que se encamina, únicamente, a hacer conocer la decisión por
parte de los sujetos procesales y del público en general».
La Sala no acoge este criterio a efectos de contabilizar la caducidad de la acción, por cuanto ello desatendería
la posibilidad material de la víctima de acceder al contenido de la providencia y, por ende, tener conocimiento
del error jurisdiccional causante del daño que se reclama.
43 Ibidem, p. 236.
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00722-01 (73888)
Demandante: Virgilio Diaz Espinosa y otros
Demandado Nación-Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
14. Corolario de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, al
acreditarse que operó el fenómeno jurídico de la caducidad frente a la totalidad de
los hechos que dan sustento a la demanda de reparación directa.
Condena en costas
15. El artículo 188 del CPACA prescribe, salvo aquellos procesos en que se ventile
un interés público, que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas 44. Su
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. Conforme al
artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.
Estas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el
expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos del 362 al 366 del CGP.
El artículo 365 del CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Por su parte,
el numeral 8 del mismo artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».
En relación con las agencias en derecho, conforme a lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP45, para su fijación deberán aplicarse las tarifas que establezca
el Consejo Superior de la Judicatura y se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales.
Procede la imposición de condena en costas de la segunda instancia, porque el
recurso interpuesto por la parte demandante no prosperó. No se impondrán
44 El inciso segundo del artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, dispone
que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó
la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». La Sala ha precisado que esta norma no modificó
el régimen de costas, ni mucho menos retomó el criterio subjetivo del CCA, sino que hizo extensivo la condena
en costas a aquellos casos en los que se ventile un interés general, siempre que la demanda sea
manifiestamente carente de fundamento legal. Ver: Consejo de Estado, sentencia del 9 de diciembre de 2025,
rad. 71798.
45 «[…] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas […]».
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00722-01 (73888)
Demandante: Virgilio Diaz Espinosa y otros
Demandado Nación-Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
agencias en derecho de segunda instancia, dado que las autoridades que integran
la parte demandada no se opusieron al recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
REVOCAR la sentencia del 29 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia. En su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa,
por los motivos indicados en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante,
en favor de la demandada, sin agencias en derecho.
TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-00722-01 (73888)
Demandante: Virgilio Diaz Espinosa y otros
Demandado Nación-Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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