Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00796-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00796-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-00796-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.
Vinculación a través de contratos de prestación de servicios.
Efectividad de la prestación. Entidades que intervienen en el
reconocimiento de las prestaciones a favor de los docentes
oficiales
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 30 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, mediante la cual accedió a las pretensiones de
la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Álvaro Darío Marulanda Mora presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
1
En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
se declarara la nulidad del acto ficto o presunto producto de la falta de respuesta a
la petición presentada el 17 de diciembre de 2020, por el cual el Fomag le negó el
reconocimiento de una pensión de jubilación.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley
33 de 1985, esto es con el 75% de los salarios y primas que percibió en el año
anterior a la adquisición del derecho, a partir del 6 de diciembre de 2015 «momento
en que cumplió 1000 semanas de cotización, a los 55 años de edad», sin condicionarlo al
retiro del servicio; ii) el pago de las mesadas atrasadas y la inclusión en nómina de
la prestación; iii) el ajuste de valor de las sumas reconocidas; iv) el cumplimiento del
fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; v) los intereses
moratorios a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia; y vi) la condena
en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Álvaro Darío Marulanda Mora nació el 6 de diciembre de 1960.
3.2. Laboró «como docente» (sic) al servicio en el municipio de Amalfi, desde el 20 de
enero de 1990 hasta el 30 de junio de 1995 y «del 1° de enero de 1995 al 28 de julio
de 1995» (sic).
3.3. Finalmente fue nombrado docente a partir del 30 de junio de 1996 y hasta el 8
de diciembre de 1996; del 9 de diciembre de 1996 al 30 de septiembre de 2000; del
17 de agosto de 2004 al 10 de abril de 2007; del 11 de enero al 31 de abril de 2007;
del 25 de julio de 2007 al 13 de julio de 2008; del 14 de julio de 2008 al 14 de enero
de 2009 y del 15 de enero de 2009 a la fecha de presentación de la demanda.
3.4. Además, prestó el servicio educativo mediante órdenes de prestación de servicio
emitidas por el departamento de Antioquia en las siguientes fechas: del 15 de enero
al 10 de junio de 2001; del 12 de julio al 25 de noviembre de 2001, del 4 de febrero
al 16 de junio de 2002, del 8 de julio al 6 de diciembre de 2002, del 29 de enero al
14 de diciembre de 2003 y del 19 de enero al 11 de junio de 2004.
3.5. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 812 de 2003, tenía derecho a la pensión
de jubilación a la edad de 57 años, y al completar «1300 semanas de cotización» (sic);
sin embargo, a través del acto acusado, la entidad negó el reconocimiento
reclamado.
2
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, inciso 2, de la Ley 33 de 1985; 15,
numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115
de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto
3752 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:
5.1. Quienes se vinculen a la docencia oficial con anterioridad a la Ley 812 de 2003,
tienen derecho al régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985 y sus decretos
reglamentarios, mientras que los que lo hagan con posterioridad a su vigencia, son
beneficiarios de los derechos pensionales dispuestos en las leyes 100 de 1993 y
797 de 2003.
5.2. El demandante prestó sus servicios como docente antes del 23 de junio de 2003,
por lo que puede beneficiarse de las prerrogativas de la Ley 33 de 1985 y
comoquiera que acreditó los requisitos para la pensión que esta norma establece,
al haber cumplido más de 20 años de servicio y contar con 55 años de edad, debe
reconocerse su derecho prestacional.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente3:
6.1. Noes procedente la solicitud de declaratoria de «nulidad parcial de […] la
Resolución que le reconoció la pensión de Jubilación» (sic) ni la de «re liquidar y pagar la
pensión con base en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios
incluyendo todos los emolumentos percibidos por la actora como retribución a su labor»
(sic), toda vez que para la liquidación de las pensiones solo se deben tener en cuenta
los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones, tal y
como lo ha establecido la jurisprudencia de Unificación del Consejo de Estado. En
tal sentido, la demanda carece de fundamento jurídico.
6.2. Debió integrarse el litisconsorcio4 con «la entidad de previsión a la cual realizo
2
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 2 a 22.
3
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «08ContestaciónFOMAG20210618».
4
En auto del 10 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró no probada
la excepción de indebida integración del litisconsorcio formulada por la demandada con fundamento
en que no era «necesaria la vinculación de la entidad de previsión donde la parte demandante
efectuó aportes pensionales, puesto que no es litisconsorte necesario, bajo el entendido de que el
demandante es un docente nacionalizado que pertenece al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
-Fonpremag- y es esta entidad quien reconoce la prestación porque estando el actor en dicho fondo
3
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
aportes el demandante entre los periodos comprendidos entre el 25 de abril de 1994 y el
30 septiembre de 2015, caja de previsión a la cual se realizó la mayor cantidad de aportes»
(sic).
6.3. El artículo 3 de la Ley 33 de 1985 modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de
ese año, señaló que las pensiones de los empleados oficiales serían liquidadas
sobre aquellos que hayan servido de base para calcular los aportes y, para tal
efecto, enlistó los factores que debían ser incluidos en el IBC pensional; sin
embargo, «la prima de navidad no se encuentra prevista en el artículo 3 de la ley 33 de
1985, por lo que la entidad al reconocer el derecho pensional se ajustó a derecho, sin que
sea procedente el cobro de la misma para incluirla en una reliquidación pensional» (sic).
1.3. La sentencia apelada
7. ElTribunal Administrativo de Antioquia Sala Tercera de Oralidad, profirió
sentencia el 30 de marzo de 2023, mediante la cual accedió a las pretensiones de
la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR se declarará la nulidad del acto ficto derivado de la petición
elevada por el señor Álvaro Darío Marulanda Mora, el día 17 de diciembre de 2020,
mediante la cual, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordenará el reconocimiento de la
pensión de jubilación a favor del señor Álvaro Darío Marulanda Mora identificado con la
cedula de ciudadanía No. 8.010.329, a partir del -16 de febrero de 2018- fecha de la
adquisición del estatus de pensionado, teniendo en cuenta el 75% de los factores
percibidos durante el período del 16 de febrero de 2017 al 16 de febrero de 2018,
siempre y cuando se encuentren establecidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
TERCERO: Se declara que el demandante tiene derecho a percibir las mesadas
correspondientes a la pensión de jubilación, sin que sea necesario renunciar al cargo de
docente.
CUARTO: Las sumas que resulten a favor de la demandante y los aportes que deban
deducirse, se ajustaran en la forma expresada en esta sentencia
QUINTO: ORDÉNASE a la Nación- Ministerio de Educación- Fondo de Prestaciones
cumplió los requisitos para obtener la pensión», y advirtió que otro aspecto es que el Fomag cobre
el bono a la entidad de previsión donde se efectuaron los otros aportes pensionales, pero que ello
no era objeto de este proceso; por lo que no se cumplían las exigencias del artículo 61 del CGP. De
manera que concluyó que no existía obstáculo alguno para que el juez emitiera pronunciamiento de
fondo frente a las pretensiones dirigidas a determinar el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación del demandante, a la edad de 55 años y los 20 años de servicio, sin exigir el retiro del
servicio del actor. Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf
«10Autodecideexcepciones-decreta pruebas».
4
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
Sociales del Magisterio a adelantar las gestiones necesarias para reclamar ante el
Municipio de Amalfi-Antioquia o entidad que haga sus veces, el bono pensional
correspondiente al tiempo de servicios prestados por el señor Álvaro Darío Marulanda
Mora en dicha entidad, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEXTO: La Nación- Ministerio de Educación- Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio-, debe hacer los descuentos por los aportes al sistema de salud, conforme a
lo indicado en la parte motiva de esta providencia
SÉPTIMO: No hay lugar a declarar prescripción.
OCTAVO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
NOVENO: NO SE CONDENA en costas en esta instancia, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva» (sic) [Resaltado del texto original].
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos5:
8.1. El Consejo de Estado se ha pronunciado6 sobre la posibilidad de computar el
tiempo de servicio a través de órdenes de prestación de servicios y al respecto ha
indicado que el legislador ha impuesto la obligatoriedad de realizar aportes
parafiscales a pensión a fin de que la entidad de previsión obligada pueda pagar sin
detrimento patrimonial las prestaciones que por ley debe reconocer, entre ellas, las
pensiones. Esto, en consonancia con los principios de sostenibilidad financiera del
sistema y de solidaridad, en consideración a los aportes a los que aquellos están
obligados. Esta situación ha sido reconocida también por la Corte Constitucional en
la sentencia C-110 de 2019, lo que hace improcedente tener en cuenta los tiempos
de servicio a través de OPS en la institución educativa Liborio Bataller de Segovia,
pues no obra prueba de la realización de los respectivos aportes a pensión.
8.2. Los tiempos laborados en el municipio de Amalfi (Antioquia) del 20 de enero al
3 de marzo de 1990, del 1 de marzo de 1993 al 30 de junio de 1995 y del 1 al 28 de
julio de 1995, de acuerdo con lo señalado en el bono pensional emitido por el
Ministerio de Hacienda, pueden ser tenidos en cuenta para reconocer la prestación,
toda vez que la Ley 33 de 1985 permite tener en cuenta todos los tiempos, continuos
o discontinuos, prestados por el empleado oficial al Estado, tal y como lo ha
considerado el Consejo de Estado7.
5
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf, «22Sentenciaprimerainstancia».
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencias del 9 de septiembre de 2021,
radicado: 54001-23-33-000-2013-00091-02, M.P. César Palomino Cortés; y radicado 54001-23-33-
000-2012-00182-02 (4134-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
7
Providencia del 7 de mayo de 2020, radicado 19001-23-33-000-2012-00710-01(0698-15), M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
5
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
8.3. El demandante cuenta con 7966 días laborados al servicio de la educación oficial
con vinculación nacional, los que divididos en 360 días que tiene el año, arroja un
total de 22 años y 12 días; lo que permite considerar que acreditó el requisito de los
20 años de servicio en el sector oficial establecido en la Ley 33 de 1985 para ser
beneficiario de la pensión de jubilación. Sin embargo, comoquiera que «el Ministerio
de Hacienda certificó el tiempo de servicios laborados por el demandante, del 20 de enero
de 1990 al 3 de marzo de 1990, del 1 de marzo de 1993 al 30 de junio de 1995 y del 1 de
julio de 1995 al 28 de julio de 1995, razón por la cual expidió el bono pensional, debido a
que con anterioridad a la Ley 100 de 1993, la entidad no efectuaba aportes pensionales a
favor de sus trabajadores, en consecuencia no le figuraban cotizaciones a pensión por el
periodo laborado en el Municipio de Amalfi»; el Fomag deberá adelantar las diligencias
tendientes a la reclamación del aludido bono pensional ante el municipio de Amalfi.
8.4. Para establecer la fecha en que el actor adquirió el estatus pensional no se
puede tener en cuenta aquella en que cumplió los 55 años de edad, porque al 6 de
diciembre de 2015 no contaba con los 20 años de servicio que exige la norma para
tener derecho a la pensión de jubilación, y esto ocurrió el 16 de febrero de 2018.
Para su liquidación se deben tener en cuenta las reglas establecidas en la sentencia
de unificación del 25 de abril de 20198.
8.5. Independientemente del régimen al que se acude para efectos de establecer los
requisitos relacionados con la edad, el tiempo de servicio y la liquidación de la
mesada, lo cierto es que se trata de un docente oficial que goza de un régimen
especial, pues así lo dispone el artículo 3 del Decreto Ley 2277 de 1979 y lo cierto
es que están exceptuados de la prohibición prevista en el artículo 128
Constitucional, en virtud de lo previsto en los artículos 5 del Decreto 224 de 1972;
31 del Decreto 2277 de 1979; 18, literal g), de la Ley 4ª de 1992; y 6 de la Ley 60
de 1993. Por lo tanto, el demandante tiene derecho a gozar de la prestación sin que
para ello deba renunciar al cargo docente.
8.6. Comoquiera que entre la fecha en que adquirió el estatus de pensionado (16 de
febrero de 2018) y aquella en la que solicitó el reconocimiento de la pensión (17 de
diciembre de 2020); y que entre esta última y la presentación de la demanda (3 de
mayo de 2021) no habían transcurrido más de 3 años, no hay lugar a declarar la
prescripción.
8.7. La entidad demandada deberá descontar lo equivalente al valor de las
cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud, con fundamento en que
«tal orden tiene un sustento legal y constitucional que obliga a todos los pensionados a
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
radicado 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017) M.P. César Palomino Cortés.
6
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
realizar los respectivos aportes al sistema, aun cuando no se haya recibido un servicio
específico por parte del mismo, toda vez dentro de los principios rectores de la ley de
seguridad social se encuentra el de solidaridad»9. El descuento de los factores para el
sistema de Seguridad Social en salud se debe realizar desde cuando el demandante
adquiere la pensión, pues «el aporte del 12% del valor de la mesada pensional no se
convierte en una carga excesiva y desproporcionada para el pensionado, pero si representa
un valioso aporte para los regímenes de subsidiados y contributivos en salud».
8.8. No se condenó en costas, pues conforme con lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en los procesos ante
esta jurisdicción, la condena en costas se rige por las reglas previstas el artículo
365 del Código General del Proceso10, y una de estas es la del numeral 8, según la
cual solo habrá lugar a tal condena cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación, requisito que no se cumplió en este
asunto.
1.4. El recurso de apelación
9. El Fomag presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente11:
9.1. El Decreto 2831 de 2005 estableció la participación de diferentes actores tanto
para la elaboración y expedición de los actos administrativos de reconocimiento de
las diferentes prestaciones, como para su pago; en tal sentido y teniendo en cuenta
lo dispuesto por el Consejo de Estado12, en concordancia con lo señalado en el
artículo 61 del CGP era imperiosa la necesidad de vincular a la Secretaría de
Educación del departamento de Antioquia como litisconsorte necesario por pasiva,
«en virtud del acto administrativo allegado con la demanda», pues fue esta entidad la que
«negó el derecho y quien realizó el estudio factico y jurídico a fin de determinar si le asistió
el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en compatibilidad con la pensión
de jubilación» (sic).
9.2. Si en gracia de discusión le asistiere derecho a lo reclamado, la que debe expedir
el acto administrativo de reconocimiento es la Secretaría del departamento de
Antioquia y no el Fomag o el Ministerio de Educación, pues el trámite implica la
elaboración y expedición del acto que debe ser remitido para el pago, pues si bien
conforme al precedente legal y jurisprudencial es el fondo el que debe asumir el
pago de las prestaciones sociales, lo cierto es que dicho pago solo se surte una vez
se expide y remite el acto administrativo; razón por la que el Fomag se encuentra
9
Al efecto citó la sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
10
En adelante CGP.
11
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf,
«24ApelacionSentenciaFIDUPREVISORA».
12
Al efecto citó: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, radicado
15321. M.P. Ricardo Hoyos Duque.
7
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
en una imposibilidad material de cumplir la orden impartida por el juez de primera
instancia.
9.3. De acuerdo con lo señalado en la sentencia de unificación del 25 de abril de
2019, los docentes no disfrutan de un régimen especial en materia pensional, sino
que se someten a las disposiciones que regían la materia para los demás servidores
públicos de régimen común, por lo cual procede la exigencia de acreditar el retiro
del servicio para entrar a disfrutar de la pensión, a riesgo de encontrarse incurso en
la prohibición constitucional según la cual se proscribe la percepción de más de una
asignación que provenga del erario, prohibición que solo admite una excepción en
el caso de los maestros, consistente en que «el docente puede disfrutar de la pensión
derecho y al mismo tiempo de la pensión gracia»; lo que resulta coherente en el marco
de una sociedad caracterizada por la falta de oportunidades de trabajo para las
personas más jóvenes.
9.4. Se pasó por alto, «como lo advirtió reiteradamente la entidad territorial, que el docente
accionante era un empleado de carácter territorial», quienes nunca han gozado del
derecho a disfrutar de la pensión y seguir percibiendo el salario. Aunado a que por
mandato legal expreso contenido en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, la
posibilidad que tuvieron algunos docentes nacionales de disfrutar de pensión sin
haberse retirado del servicio fue derogada, y lo cierto es que las leyes 91 de 1989,
60 de 1993, 115 de 1994, no habían establecido, antes de la expedición de la Ley
344 de 1996, el derecho en favor de los docentes a disfrutar simultáneamente de la
mesada pensional y del sueldo por el ejercicio del cargo. La única previsión en tal
sentido que es posible deducir de la Ley 91 de 1989 es la atinente a la compatibilidad
del disfrute de la pensión gracia y del sueldo, aspecto que tiene todo el sentido si
se tiene en cuenta que esa pensión es una dádiva del gobierno nacional.
9.5. Si bien el artículo 5 del Decreto 224 de 1972, señalaba que el ejercicio de la
docencia no era incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y
cuando el beneficiario estuviera mental y físicamente apto para la tarea docente, lo
cierto es que la Ley 344 de 1996 no mantuvo la vigencia de la aludida disposición
como tampoco lo ha hecho ninguna otra norma de las muchas que posteriormente
se han expedido y que al unísono han reiterado que es incompatible el disfrute de
la pensión y del sueldo, lo cual es coherente con la situación de desempleo que
afecta a economías estructuralmente deficitarias como la colombiana.
9.6. El Decreto224 de 1972 nunca cobijó a los docentes territoriales sino que
únicamente lo hacía a los de carácter nacional, pues lo dictó el presidente de la
República, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 2
de la Ley 14 de 1971 y las atribuciones del artículo 120 del ordinal 12 de la
Constitución Política, es decir, que se expidió en cumplimiento del mandato
8
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
contenido en el artículo 2 de la Ley 14 de 1971, y esta es clara al señalar que sus
destinatarios son solo los docentes dependientes directamente del Ministerio de
Educación Nacional, excluyendo a los de las entidades territoriales, en favor de los
cuales se había establecido ya la pensión gracia que se les niega aún hoy a los
docentes de carácter nacional. Por lo tanto, deben negarse «las súplicas de la
demanda en cuanto a la compatibilidad concedida por el despacho de primera instancia ».
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar13.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia14.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia15, se circunscriben a
establecer lo siguiente: ¿Álvaro Darío Marulanda Mora cumple con los requisitos
legales para ser beneficiario de una pensión de jubilación sin condicionarla al retiro
del servicio? y, ¿cuál es la entidad encargada de su pago?
13
Tal y como se indicó en el auto del 4 de marzo de 2024. Índice 4 de Samai.
14
Así se desprende del informe secretarial del 2 de mayo de 2024. Índice 8 de Samai.
15
Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
9
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
13. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala encuentra necesario
abordar la siguiente temática en el marco normativo de la decisión: i) el sistema de
seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el régimen exceptuado de los
docentes afiliados al Fomag; ii) la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005
y sus efectos sobre el régimen pensional de los docentes oficiales; iii) la posibilidad
de tener en cuenta las órdenes o contratos de prestación de servicios para efectos
del reconocimiento pensional; iv) la compatibilidad entre la pensión de jubilación y
el salario para el caso de los docentes; y v) las entidades que intervienen en el
reconocimiento de las prestaciones a favor de los docentes oficiales.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
14. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, la
invalidez, la enfermedad o la muerte16. La norma le otorgó en su inciso segundo la
calidad de «derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho
fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas17.
15. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción18. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social»19. El sistema quedó conformado
por 4 componentes o subsistemas: el Sistema General de Pensiones, el Sistema
General de Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales y los Servicios
Sociales Complementarios.
16. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
16
Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
17
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
18
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
19
Preámbulo y artículo 6.
10
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expuesto en sus antecedentes legislativos20. Está integrado por 2 regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: «Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
17. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes debían cotizar a sus
subsistemas.
18. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto
se expida». [Resalta la Sala].
19. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
20
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
11
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Policía Nacional; ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200321.
20. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
21. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Prestaciones sociales a
Tipo de vinculación Entidad responsable
docente cargo
Las causadas hasta
La extinta Cajanal y el Fondo
29/12/1989 y en adelante,
Vinculados por Nacional del Ahorro o las que
los reajustes y la sustitución
Nacional nombramiento del hicieren sus veces.
de pensiones
gobierno nacional
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las respectivas entidades
Las causadas hasta el territoriales o las cajas de
31/12/1975 y en adelante, previsión, o las entidades que
los reajustes y la sustitución hicieren sus veces, a las
de pensiones cuales venía vinculado este
personal
La nación o las respectivas
entidades territoriales o las
Las causadas en el período cajas de previsión, o las
de nacionalización (1/1/1976 entidades que hicieren sus
– 31/12/1980), los reajustes veces (estas entidades deben
Vinculados por y la sustitución de pensiones contribuir en los porcentajes
nombramiento de establecidos en el art. 3 de la
Nacionalizado entidad territorial Ley 43/75).
antes y después del
Las respectivas entidades
1/1/1976 (Ley 43/75)
territoriales o las cajas de
previsión social, o las
entidades que hicieren sus
Las causadas y no pagadas
veces, a las cuales estaba
entre el 1/1/1981 y el
vinculado dicho personal.
29/12/1989
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
22. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
21
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
12
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
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que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1 de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
23. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1 de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
24. La Ley 60 de 199322 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
25. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de
200623, sobre el tema objeto de análisis, precisó:
«[…] De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
22
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,
radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
13
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pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es
de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la
citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades
locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas
disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por
autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las
situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de
protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91
de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en
materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley
60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace.
Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional
en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’,
dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen
especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley
no hizo otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el
momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable
para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes
reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras
de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’». [Se resalta].
26. Ahora bien, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados. Esta norma dispone que los empleados oficiales que
sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y lleguen a la edad de 55
años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al 75% del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
2.2.2. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
27. El Acto Legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta.
Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).
14
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28. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200324, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad
de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para
salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del
monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y
pensiones».
29. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201925, precisó:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres».
30. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
24
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
25
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
15
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público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 ‘Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones’. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del
1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por
las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
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extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.».
[Se resalta]
31. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en ese fallo
se sostuvo:
«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó
para hombres y mujeres en 57 años26. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben
incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».
32. Asílas cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida por esta
Subsección27, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto legislativo 1 de
2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de si la
fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812
del 2003, así:
32.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que tratan las normas aplicables al sector público; y
32.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
26
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17
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1158 de 199428.
2.2.3. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional
33. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores29. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
34. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.
35. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 199330, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación31 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.
28
Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
29
Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
30
Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
31
Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
18
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
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36. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1632 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.
37. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199433 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.
38. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley
solo se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
39. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y
reglamentaria, pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los
derechos laborales de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de
vinculación que no tiene justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo
expuesto en la sentencia citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
33
«Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
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Ley 60 de 199334 y luego en el artículo 105 de la Ley 115 de 199435; y el hecho de
que los docentes contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los
empleados públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los
derechos laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales
que históricamente se han pretendido eliminar36. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.
40. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»
41. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un
obstáculo para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las
normas prevén. Una interpretación contraria conllevaría a mantener las
condiciones de desigualdad e inequidad en detrimento de la dignidad humana, como
principio fundante del Estado social de derecho, de un grupo importante de la
población, que desarrolla una labor trascendental para la sociedad.
34
El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
35 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
36
En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
20
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42. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado37, sino lo que se evidencia de esa relación, en
armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«[l]os convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».
43. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»38. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»39.
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «[h]a sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Álvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
38
Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
39
Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:
05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
21
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44. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.
45. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.
46. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.
47. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación40, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
48. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200341 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
41
«Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
22
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cual se efectuaron las cotizaciones. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
49. En efecto, el artículo 2342 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2443 y 5744 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
50. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
2.2.4. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de
los docentes
51. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las
leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran
excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron «determinadas» por el
42
«Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
43
«Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
44
«Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
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presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió
el Decreto-ley 1317 de 196045, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que
provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de
profesorado de tiempo completo46». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197247
señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco
(65) años de edad».
52. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas» [Se resalta].
53. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes
asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].
54. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó48:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
45
Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
46
Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
47
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
48
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado
05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
24
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
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pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].
55. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:
55.1. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: «a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
55.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que «[e]l régimen prestacional aplicable
a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y
55.3. El artículo 19 de Ley 344 de 199649 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»
56. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con
el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
49
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
25
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beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes
oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al
Fomag.
57. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.
58. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el
derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar
por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla
la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo
hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.
[…]
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se resalta].
59. Resulta claro entonces que los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión
solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; no obstante, la Ley 344 de 1996
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dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente.
60. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
200250 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación,
vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o
directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por
obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.
61. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones
de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales
deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales
como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno» [Se resalta].
62. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración
de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles
de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial
para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley
4ª de 1992»51.
63. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso
de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la
regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales
expuestas.
50
«Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»
51
Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
27
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2.2.5. Entidades que intervienen en el reconocimiento de las prestaciones a
favor de los docentes oficiales
64. El artículo 352 de la Ley 91 de 198953 dispuso la creación del Fomag, como una
cuenta especial de la nación sin personería jurídica, con independencia patrimonial,
contable y estadística, cuyos recursos deberían ser manejados por una entidad
fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90 % del
capital.
65. Respecto de los docentes afiliados al Fomag, la norma en cita determinó que los
docentes nacionales y nacionalizados vinculados a la fecha de su promulgación
quedarían automáticamente afiliados a este, asimismo, el personal vinculado con
posterioridad, siempre que cumplieran con los requisitos de afiliación de naturaleza
formal o normativa y económica.
66. En relación con la finalidad del Fomag, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de
1989, determinó que esta entidad se encargaría de realizar el pago de las prestaciones
sociales de sus afiliados; sin embargo, dejó en cabeza de la nación el reconocimiento
de dichas prestaciones, es decir que el fondo únicamente las pagaría54.
67. Ahora bien, a propósito de los fondos especiales sin personería jurídica creados por
el legislador para el manejo de recursos públicos, la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado, con ocasión de una consulta elevada por el gobierno nacional
a través del Ministerio de Educación Nacional en el concepto 1423 de 200255
determinó que estos se administran en la forma que establezca la disposición legal
que los creó y por regla general «no son un patrimonio autónomo del organismo o entidad
pública al cual están adscritos, por cuanto son una cuenta de aquel o aquella instituida para
cumplir el objetivo específico al cual se destinan los recursos que ingresen al fondo
respectivo; en forma excepcional pueden llegar a constituir patrimonios autónomos».
52
«Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica,
cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual
el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el
correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para
el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en
los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el
Ministro de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de
los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad».
53
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
54
Según el artículo 9 de la Ley 91 de 1989.
55
Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, consulta del 23 de mayo de 2002,
expediente 1423. M.P. César Hoyos Salazar.
28
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
68. Posteriormente, el gobierno nacional mediante Decreto 1775 de 199056,
reglamentó el funcionamiento del Fomag, para lo cual, en relación con el
reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de los docentes, precisó
que las solicitudes debían ser radicadas ante la oficina de prestaciones sociales del
respectivo fondo educativo regional, el que procedería a realizar el estudio de la
documentación, con el visto bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir la
correspondiente resolución de reconocimiento.
69. No obstante, más adelante, el artículo 56 de la Ley 962 de 200557, dispuso que
las prestaciones sociales pagaderas por el Fomag serían reconocidas «mediante la
aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe
ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de
Educación de la entidad territorial», trámite que fue reglamentado por los artículos 2,
3, 4 y 5 del Decreto 2831 de 200558, los cuales establecen lo siguiente:
«Artículo 2°. Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la
dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada
a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de
acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada
de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
La sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, implementará
un sistema de radicación único, que registre las solicitudes de reconocimiento de
prestaciones económicas que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en forma simultánea en la respectiva entidad territorial certificada y en la
sociedad fiduciaria y que permita a los solicitantes conocer electrónicamente el estado
de su trámite.
Artículo 3°. Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005,
la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las
secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que
haga sus veces.
Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:
1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
56
«Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio de que trata la Ley 91 de 1989».
57
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos».
58
«por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91
de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».
29
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria
encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.
2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos
del Fondo y conforme a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo
de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente,
de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria
encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación
descrita en el numeral anterior del presente artículo.
4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y
administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones
económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de
2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a
que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley.
5. Remitir, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos de
reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de este, junto con la respectiva
constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que
estos se encuentren en firme.
Parágrafo 1°. Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos
contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido
y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto
del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y
penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la autoridad
territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria
encargada del manejo y administración de los recursos de tal Fondo, carecerán de
efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.
Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo de
reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la entidad que
haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o
haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue
del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación.
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la
sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las
razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría de
educación.
Artículo 5°. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por el
secretario de educación del ente territorial certificado y notificado en los términos y con
las formalidades y efectos previstos en la ley».
70. Así las cosas, esta Subsección concluyó que los actos a través de los cuales se
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Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
dispone el reconocimiento y la orden de pago de una prestación social a favor de
los afiliados del Fomag, son actos administrativos complejos59, pues para su
formación intervienen varias voluntades jurídicas (secretaría de educación, o la
dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial
certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente y la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de
los recursos de tal fondo).
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
71. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
71.1. Álvaro Darío Marulanda Mora nació el 6 de diciembre de 1960, según consta
en el registro civil de nacimiento y en su cédula de ciudadanía60.
71.2. El Ministerio de Hacienda certificó que prestó sus servicios al municipio de
Amalfi así61:
Desde Hasta Tipo de vinculación Cargo
20 de enero de 1990 3 de marzo de 1990 Laboral Celador
1 de marzo de 1993 30 de junio de 1995 Laboral Auxiliar administrativo
1 de julio de 1995 28 de julio de 1995 Laboral Auxiliar administrativo
71.3. La directora de talento humano de la Secretaría de Educación del departamento
de Antioquia emitió un certificado el 11 de marzo de 2020, según el cual, a la fecha
de expedición del documento se encontraba vinculado y había prestado sus
servicios en esa entidad territorial así62:
Novedad Acto administrativo Desde Hasta
Nombramiento Colegio Cristo Rey del Decreto 4260 del 22 de 30 de agosto de 8 de diciembre de
municipio de Maceo agosto de 1996 1996 1996
Traslado al liceo Liborio Bataller del Decreto 5916 del 9 de 9 de diciembre 30 de septiembre
municipio de Segovia diciembre de 1996 de 1996 de 2000
Nombramiento provisional IE Liborio Decreto 1273 del 11 de 17 de agosto de 10 de abril de
Bataller del municipio de Segovia agosto de 2004 2004 2007
59
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,
radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
60
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 27 y 29.
61
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 32 a 35.
62
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 30 y 31.
31
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Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
Traslado al CER Risaralda del municipio Decreto 838 del 11 de 11 de abril de 24 de abril de
de Amalfi abril de 2007 2007 2007
Traslado al CER Matías Trujillo del Decreto municipal 103 25 de abril de 13 de julio de
municipio de Amalfi del 25 de abril de 2007 2007 2008
Nombramiento en periodo de prueba en la Decreto 1659 del 8 de 14 de julio de 14 de enero de
IE Pueblo Nuevo del municipio de Amalfi julio de 2008 2008 2009
Nombramiento en la IE Pueblo Nuevo del Decreto 905 del 1 de abril 15 de enero de 29 de febrero de
municipio de Amalfi de 2009 2009 2020
71.4. La directora de talento humano de la Secretaría de Educación de Antioquia
certificó que Álvaro Darío Marulanda Mora laboró como docente por el sistema de
orden de prestación de servicios en el municipio de Segovia, así63:
Contrato Institución Educativa Desde Hasta
01-260 IE Liborio Bataller 15 de enero de 2001 10 de junio de 2001
0963-02-01 IE Liborio Bataller 12 de julio de 2001 25 de noviembre de 2001
1489-01-02 IE Liborio Bataller 4 de febrero de 2002 16 de junio de 2002
2032.-02-02 IE Liborio Bataller 8 de julio de 2002 6 de diciembre de 2002
2158.-01-03 IE Liborio Bataller 29 de enero de 2003 20 de junio de 2003
2048.-02-03 IE Liborio Bataller 14 de julio de 2003 14 de diciembre de 2003
1601.-01-04 IE Liborio Bataller 19 de enero de 2004 11 de junio de 2004
71.5. En cumplimiento de lo ordenado en auto del 31 de enero de 202364, proferido
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la Fiduprevisora certificó que «[u]na vez
efectuada la validación en los aplicativos oficiales de la entidad NO SE REGISTRA
RECONOCIMIENTO de la pensión de jubilación al docente Álvaro Darío Marulanda
Mora»65.
71.6. El 17 de diciembre de 2020 solicitó al Fomag el reconocimiento de una pensión
de jubilación66.
2.3.2. Análisis sustancial
72. Si bien tal y como se advirtió en el planteamiento del problema jurídico, el
pronunciamiento de esta Sala se limitará a los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, la Subsección encuentra necesario precisar si el demandante tiene o
no derecho al reconocimiento pensional pretendido, a efectos de determinar, a partir
63
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», página 38.
64
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «16Pruebadeoficio».
65
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf
«19FIDUPREVISORA_RespondeExhorto BEJM 061».
66
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01Demanda», páginas 39 y 40 a
48.
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
de lo anterior, si la prestación debe condicionarse al retiro del servicio y cuál es la
entidad llamada a responder por el pago.
2.3.2.1. Sobre la aptitud legal para el reconocimiento de la pensión de
jubilación
73. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, Álvaro Darío Marulanda
Mora prestó sus servicios al Estado así:
Total tiempo
Entidad Modalidad Cargo Desde Hasta Años Meses Días
de servicios
20 de enero 3 de marzo de
Celador 1 mes, 11 días 0 1 11
de 1990 1990
Municipio de Auxiliar 1 de marzo 30 de junio de 2 años, 3
Laboral 2 3 29
Amalfi administrativo de 1993 1995 meses, 29 días
Auxiliar 1 de julio de 28 de julio de
27 días 0 0 27
administrativo 1995 1995
15 de enero 10 de junio de 4 meses, 26
docente 0 4 26
de 2001 2001 días
12 de julio de 25 de noviembre 4 meses, 13
docente 0 4 13
2001 de 2001 días
4 de febrero 16 de junio de 4 meses, 12
docente 0 4 12
de 2002 2002 días
8 de julio de 6 de diciembre de 4 meses, 28
IE Liborio Bataller OPS docente 0 4 28
2002 2002 días
29 de enero 20 de junio de 4 meses, 22
docente 0 2 22
de 2003 2003 días
14 de julio de 14 de diciembre
docente 5 meses 0 5 0
2003 de 2003
19 de enero 11 de junio de 4 meses, 23
docente 0 4 23
de 2004 2004 días
Colegio Cristo Rey
30 de agosto 8 de diciembre de
del municipio de docente 3 meses, 8 días 0 3 8
de 1996 1996
Maceo
Laboral
Liceo Liborio
9 de
Bataller del 30 de septiembre 3 años, 9
docente diciembre de 3 9 21
municipio de de 2000 meses, 21 días
1996
Segovia
33
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
Institución
educativa Liborio
17 de agosto 10 de abril de 2 años, 7
Bataller del docente 2 7 24
de 2004 2007 meses, 24 días
municipio de
Segovia
CER Risaralda del
11 de abril de 24 de abril de
municipio de docente 13 días 0 0 13
2007 2007
Amalfi
CER Matías
Trujillo del 25 de abril de 13 de julio de 1 año, 2 meses,
docente 1 2 18
municipio de 2007 2008 18 días
Amalfi
IE Pueblo Nuevo
14 de julio de 14 de enero de
del municipio de docente 6 meses 0 6 0
2008 2009
Amalfi
IE Pueblo Nuevo
15 de enero 29 de febrero de 11 años, 1 mes,
del municipio de docente 11 1 14
de 2009 2020 14 días
Amalfi
19 59 289
5 9 /30
24 68 9,63
/12 19
5,7
8
74. De acuerdo con lo anterior, acreditó 24 años, 8 meses y 19 días de servicio al
Estado, por lo que completó los 20 años de servicio oficial de que trata el artículo 1
de la Ley 33 de 1985.
75. Además, cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, por cuanto estuvo vinculado al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, de manera que tal y como lo dispuso
el a quo resulta beneficiario del régimen de transición fijado en ese aparte normativo.
76. Al respecto, es necesario precisar que contrario a lo señalado por el Tribunal, es
irrelevante que algunos tiempos de servicio hubieran sido en virtud de órdenes de
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
prestación de servicios y no a través de una vinculación legal y reglamentaria o que
no se hubiesen acreditado los aportes a pensión, por cuanto el beneficio del régimen
de transición de la norma antes mencionada no establece condición alguna
adicional al de haber tenido un vínculo al servicio público.
77. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario»67.
78. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal
de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.
79. De esta manera, aun cuando por más de 3 años, Álvaro Darío Marulanda Mora
estuviera vinculado a través de una relación contractual, esa situación desconocía
las disposiciones del legislador y desatendían las interpretaciones judiciales según
las cuales la diferenciación entre los docentes de planta y los contratistas no tenía
justificación constitucional en la medida en que realizaban igual actividad y, en
contraste vulneraba los derechos laborales irrenunciables de aquellos a quienes
tenían previsto un régimen o unas prerrogativas particulares, esto es aquellas
contenidas en la ley y no en el contrato
80. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que a su vez, impide hallar la razón al juez de
primera instancia al considerar que la única experiencia docente útil para obtener la
prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria por
tener acreditados los aportes a pensión, pues lo cierto es que el Fomag podría
adelantar las gestiones administrativas necesarias para obtener el traslado del bono
pensional [como lo ordenó el a quo] e incluso ante las entidades territoriales en las
que el demandante prestó sus servicios a efectos de que estas asumieran los
aportes que debieron realizarse en virtud de esas vinculaciones contractuales y así
67
Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
35
Radicado: 05001-23-33-000-2021-00796-01 (3720-2023)
Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
garantizar la financiación de la prestación. Lo anterior es así, toda vez que se
constituye en un deber de la entidad acudir a los mecanismos legales para recaudar
esas sumas de dinero, pues así se desprende de la lectura de los artículos 2 de la
Ley 33 de 1985 y 24 y 57 de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 2003; cuyo trámite no puede afectar el
reconocimiento prestacional, de conformidad con el inciso final del parágrafo 1 del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
81. Sin embargo, comoquiera que este aspecto no fue objeto de reproche en sede
de apelación, y por virtud del principio de non reformatio in pejus, no se modificará
la decisión en ese sentido, a efectos de no perjudicar al apelante único, que en este
caso fue el Fomag.
82. Con todo, tal y como lo dispuso el Tribunal, el régimen aplicable a su caso es el
contenido en la Ley 33 de 1985 que señala que el empleado oficial debe completar
55 años de edad y 20 de servicio continuos o discontinuos; los que, como se expuso
acreditó al completar ambos requisitos.
2.3.2.2. En torno a la compatibilidad entre el salario y la pensión
83. Al respecto, la Sala se permite reiterar que el propósito del legislador ha sido
permitir que aquellas personas con derecho a una pensión de vejez y que se
desempeñen como docentes oficiales, puedan seguir ejerciendo el empleo, sin que
por ello deba restringirse la efectividad de la pensión. Por tal razón no es dable
condicionar el reconocimiento de la prestación a la desvinculación del servicio.
84. A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
señalado68 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las
asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con
posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa
época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable
condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio,
máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»69.
85. En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta
68
En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019,
expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
69
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado
05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
36
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corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión
ordinaria y/o gracia con posterioridad»70 [Se resalta].
86. Lo anterior guarda correspondencia con lo expuesto en esta decisión, de manera
que el disfrute de la prestación no debe condicionarse al retiro del servicio «dado
que es precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce
de la pensión de jubilación’»71.
87. Así, contrario a lo señalado por el recurrente, la prerrogativa de que gozan los
docentes no solo tiene que ver con el reconocimiento de la pensión gracia y la de
jubilación pues cuando la Ley 100 de 1993 exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [excepción que se mantuvo
hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003] y que les permitió acudir al régimen
contenido en la Ley 91 de 1989 precisó que las prestaciones de los afiliados al
Fomag, «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración» [se
resalta].
88. Ahora bien, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 determinó que «[e]l régimen
prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las
nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas
reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de
remuneraciones». De manera que no es acertado el argumento según el cual la
única previsión en torno a la referida compatibilidad se deriva de la Ley 91 de 1989
en torno a la pensión gracia y del sueldo.
89. En este punto resulta necesario precisar que el artículo 15, numeral 3, literal b),
de la aludida Ley 91 dispuso que i) a los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que habían gozado en cada
entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; y ii) aquellos que
ingresaron a partir del 1° de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, tendrían
derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de
pensiones del sector público nacional, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley 6ª
de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de
la Ley 33 de 1985.
70
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009,
radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
71
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado
05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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90. Además, el artículo 6 de la Ley 60 de 199372 dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado
fondo. Sobre el particular, el Consejo de Estado73 precisó que «los docentes
nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales
de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en
cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a
la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales
no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones
dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales
resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-
1 de la Ley 100/93».
91. Ahora bien, la Ley 344 de 1996 sí mantuvo la vigencia de la aludida
compatibilidad pues aun cuando ordenó que la asignación pensional se pagara
después de haberse producido la terminación de los servicios, advirtió que esto se
daría «[s]in perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994»
que, como se dijo, permiten la compatibilidad entre el salario y la pensión; y de
acuerdo con la Real Academia Española, la expresión sin perjuicio de significa
«dejando a salvo»74.
92. En tal medida, el demandante tiene derecho a que se reconozca el derecho
pensional con efectividad desde el momento en que adquirió el estatus jurídico, sin
condicionarlo a su retiro del servicio por no ser incompatible con el ejercicio de la
docencia.
72
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
73
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,
radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
74
https://dle.rae.es/perjuicio#31keUjC
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2.3.2.3. Sobre la entidad encargada del pago de la prestación reconocida
93. A juicio de la entidad recurrente era imperiosa la necesidad de vincular a la
Secretaría de Educación del departamento de Antioquia pues el Fomag se
encuentra en una imposibilidad material de cumplir la orden de reconocimiento
pensional. Al respecto señaló que «en virtud del acto administrativo allegado con la
demanda», pues fue esta entidad la que «negó el derecho y quien realizó el estudio
factico y jurídico a fin de determinar si le asistió el derecho al reconocimiento de la pensión
de jubilación en compatibilidad con la pensión de jubilación», y que es la entidad territorial
la que debe expedir el acto administrativo de reconocimiento pues el pago solo se
surte una vez se expide y remite el acto correspondiente.
94. Al respecto, lo primero que advierte la Sala es que en el auto del 10 de septiembre
de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró no probada la excepción
de indebida integración del litisconsorcio formulada por la demandada con
fundamento en que no era «necesaria la vinculación de la entidad de previsión donde la
parte demandante efectuó aportes pensionales, puesto que no es litisconsorte necesario,
bajo el entendido de que el demandante es un docente nacionalizado que pertenece al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales -Fonpremag- y es esta entidad quien reconoce
la prestación porque estando el actor en dicho fondo cumplió los requisitos para obtener la
pensión»; de manera que concluyó que no existía obstáculo alguno para que el juez
emitiera pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones dirigidas a determinar
el reconocimiento y pago de la prestación.
95. Aunado a lo anterior, se encuentra que en el presente medio de control se solicitó
la declaratoria de nulidad de un acto ficto producto del silencio administrativo en que
incurrió el Fomag al no dar respuesta a la petición presentada el 17 de diciembre de
2020 [pues fue en aquella entidad en que se radicó la solicitud]; de forma que
contrario a lo señalado por la entidad recurrente, no hubo ningún acto administrativo
que negara el derecho, o que realizara un estudio fáctico y jurídico a fin de
determinar si le asistió el derecho a la prestación reclamada y fue a esta entidad a
la que se le reclamó el derecho en sede administrativa.
96. Ahora bien, el Consejo de Estado75 venía señalando que la entidad encargada
del reconocimiento y pago de las prestaciones de los docentes es el Fomag, pues
así se desprendía de lo dispuesto el artículo 5 de la Ley 91 de 1989 que indica que
«[e]l Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá los siguientes
objetivos: 1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado». Que de
75
Entre otros se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 14 de febrero de 2013, radicado 25000-23-25-000-2010-01073-01 (1048 de 2012), M.P. Gerardo
Arenas Monsalve; Subsección A, auto del 18 de julio de 2019, radicado 25000-23-42-000-2015-
01243-01 (2620-2017), M.P. William Hernández Gómez.
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acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5 a 8 del Decreto 1775 del 3 de agosto de
1990, se reglamentó el funcionamiento del Fomag y se precisó el trámite relativo a
la recepción de solicitudes, su estudio, liquidación y reconocimiento; y que de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2831 de 2005 es el fondo a través de la
fiduciaria que administra sus recursos, el que debe pagar las sumas y emolumentos
que se reconocen a los docentes afiliados al Fondo y no a las entidades territoriales
certificadas a las cuales pertenece dicho personal.
97. De acuerdo con lo anterior, la corporación concluía que la obligación de
reconocimiento y pago de las prestaciones docentes le correspondía al Fomag y no
a las entidades territoriales, las que únicamente tienen a su cargo el deber de
elaborar el proyecto de resolución de reconocimiento, en virtud de los artículos 2 a
4 del Decreto 2831 de 2005, para que sea aprobado o improbado por la entidad
fiduciaria. De manera que el legitimado en la causa por pasiva en un litigio en el que
se reclamaba el pago de una pensión era el Fomag, por ser el obligado a efectuar
o materializar el pago que de la suscripción del acto emanara.
98. Incluso se señaló que en los procesos judiciales de nulidad y restablecimiento
del derecho, promovidos ante esta jurisdicción contra el Fomag, en los que se
discutiera el reconocimiento de prestaciones sociales, no era procedente la
vinculación de las entidades territoriales76 pues, además, las consecuencias
económicas que se derivaran de los actos administrativos proferidos en virtud de la
desconcentración administrativa de las secretarías de educación en los entes
certificados, radican única y exclusivamente en la nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fomag77.
99. Sin embargo, recientemente esta Subsección concluyó que los actos a través de
los cuales se dispone el reconocimiento y la orden de pago de una prestación social
a favor de los afiliados del Fomag, son actos administrativos complejos78, pues
para su formación intervienen varias voluntades jurídicas (secretaría de educación,
o la dependencia o entidad que haga sus veces, la respectiva entidad territorial
76
Ver entre otras las siguientes providencias: i) de la Subsección A: auto del 26 de abril de 2018
radicado: 68001-23-33-000-2015-00739-01 (0743-2016) MP William Hernández Gómez; sentencia
del 2 de julio de 2015, radicado 25000-23-25-000-2012-00262-01(0836-13). M.P. Rafael Vergara
Quintero; sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicado 66001-23-33-000-2013-00190-01 (1520-
2014) CP William Hernández Gómez; sentencia del 12 de julio de 2017, radicado 08001-23-33-000-
2012-00400-01(1874-14) M.P. William Hernández Gómez; ii) de la Subsección B sentencia del 5
de diciembre de 2013, radicado 25000-23-25-000-2009-00467-01(2769-12), M.P. Gerardo Arenas
Monsalve; radicado 05001-23-31-000-2005-04218-01 (2713-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve;
sentencia del 8 de septiembre de 2016, radicado 15001-23-33-000-2013-00082-01(1530-14) M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez; y radicado 41001-23-33-000-2015-00686-01(4155-16) M.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
77
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 18 de julio de 2019, radicado 25000-
23-42-000-2015-01243-01 (2620-2017), M.P. William Hernández Gómez.
78
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,
radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente y la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de
los recursos de tal fondo), lo que permite considerar que estas entidades están
todas legitimadas en la causa cuando se discute el derecho a una prestación.
100. Ahora, la Ley 962 de 2005 establece un procedimiento complejo en la
elaboración de los actos administrativos mediante los cuales se reconocen
prestaciones sociales a los docentes oficiales en el que, como se ha señalado
reiteradamente, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial al cual
pertenece el docente peticionario, y la respectiva sociedad fiduciaria; no obstante,
el artículo 56 de la citada ley establece que «las prestaciones sociales que pagará el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado
Fondo»; de forma que la condena impuesta al Fomag no escapa de las funciones
legalmente atribuidas a esa entidad.
101. Además, lo que no puede pasarse por alto es que los servidores públicos deben
cumplir su tarea con un alto compromiso de responsabilidad, eficiencia y eficacia, y
en el desarrollo de sus labores deben atender principios como el de coordinación,
que impone garantizar que sus funciones se cumplan, para lo cual deben facilitar lo
necesario con ese fin y evitar impedir o estorbar su cumplimiento, pues la
administración es una sola.
102. Bajo dicho entendimiento, ninguna de las entidades que participan en la
conformación del acto pueden excusarse en trámites o plazos administrativos
internos, ni pretender que por virtud de ellos se impida el reconocimiento del
derecho reclamado y reconocido. «Aceptar aquello sería tanto como convalidar la
ineficiencia de la administración en el cumplimiento de sus funciones, y equivaldría a admitir
que le es dable a la entidad desplazar hacia el administrado la carga de soportar las
consecuencias de su mal funcionamiento y que, en definitiva, le está permitido alegar la
propia culpa en su beneficio, en directa contravía del principio nema auditur propiam
turpitudinem allegans» y en detrimento de los derechos del trabajador como extremo
débil de la relación laboral, lo que resulta inadmisible79.
103. En ese orden de ideas, para esta Subsección, el Fomag sí está legitimado en la
causa por pasiva, le corresponde efectuar el pago de la prestación, y los trámites
administrativos que se requieren adelantar a efectos de dar cumplimiento a esta
decisión, no pueden ser un obstáculo para reconocer el derecho al que tiene Álvaro
Darío Marulanda Mora.
79
Sentencia del 26 de noviembre de 2020, radicado 73001-23-33-000-2016-00743-01 (4822-2017),
M.P. William Hernández Gómez.
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2.4. Costas
104. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
105. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
106. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma80.
107. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
108. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
109. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Álvaro Darío Marulanda
Mora cumple con los requisitos legales para ser beneficiario de una pensión de
jubilación sin condicionarla al retiro del servicio y comoquiera que el Fomag es la
entidad encargada de su pago está legitimada en la causa por pasiva.
80
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Álvaro Darío Marulanda Mora
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, mediante la cual se accedió
a las pretensiones de la demanda presentada por Álvaro Darío Marulanda Mora
contra la nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en esta decisión.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA
43
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