Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2021-00893-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2021-00893-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2021-00893-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2021-00893-01 (29773)
Demandante UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Demandada MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Temas Contribución especial de obra pública. Hecho generador.
Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 26 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que resolvió1:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas y agencias en derecho en primera instancia a la parte
demandante, de conformidad con lo previsto en las consideraciones expuestas»
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo emplazamiento para declarar, la Administración profirió las resoluciones
34739, 34740, 34741, 34742, 34743, 34744, 34745, 34746, 34747, 34748, 34749,
y 34750 de 2019, que imponen sanción a la sociedad UNE EPM
Telecomunicaciones S.A. (en adelante, UNE) por no presentar las declaraciones de
retención de la contribución especial sobre contratos de obra pública
correspondiente a los períodos de enero a diciembre del año gravable 2016, que
fue determinada en una suma equivalente a 5 veces el valor del tributo (artículo 244
del Acuerdo 066 de 2017).
UNE presentó recursos de reconsideración que fueron resueltos mediante las
Resoluciones 202050025324; 202050023259; 202050023262; 202050025240;
202050023253; 202050025171; 202050017296; 202050023224; 202050017414;
202050017496; 202050017371; 202050017348 de 2020, las cuales modificaron
parcialmente los actos sancionatorios en cuanto al valor de la sanción
determinándola en el 60% del impuesto anual de industria y comercio, en aplicación
de una disposición más favorable (artículo 195 Acuerdo 064 de 2012).
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
1
SAMAI Tribunal, índice 21.
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Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones2:
«A. PRINCIPAL.
1. A TÍTULO DE NULIDAD.
Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que se declare la Nulidad Absoluta
de las Resoluciones que resolvieron los Recursos de Reconsideración al haber sido proferidas
por un funcionario carente de competencia temporal para ello, configurando con ello la causal
de falta de competencia expresamente determinada en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dando nacimiento jurídico
con ello a un Silencio Administrativo Positivo en favor de mi representada en el presente caso.
La falta de competencia temporal se configuró en razón a que las Resoluciones que
resolvieron los Recursos de Reconsideración, fueron notificadas por fuera del término
preclusivo y perentorio de un (1) año con que contaba la Autoridad Municipal, de conformidad
con lo expresamente regulado en los artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario, y 144 y 146
del Decreto 350 de 2018.
2. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Respetuosamente solicito que se decrete como Restablecimiento del Derecho la
improcedencia de las sanciones por no declarar la Contribución Especial sobre Contratos de
Obra Pública, por los períodos de enero a diciembre de 2016, y que como consecuencia, la
Compañía no adeuda suma alguna por dichos conceptos, en razón a la falta de competencia
temporal de la Autoridad Municipal para resolver los Recursos de Reconsideración y de la
configuración del Silencio Administrativo Positivo, ambas consecuencias jurídicas derivadas
de la notificación la inexistencia (sic) de Resoluciones de los Recursos de Reconsideración
debidamente notificadas dentro del término perentorio y preclusivo de un (1) año contado a
partir de la presentación de los Recursos de Reconsideración.
Por lo tanto, insto respetuosamente a su Honorable Despacho a que declare que los Recursos
de Reconsideración presentados por mi poderdante deben tenerse fallado en favor de la
Demandante, en razón a la configuración del Silencio Administrativo Positivo acaecido en el
presente caso, lo cual generó una aceptación de todos y cada uno de los argumentos
desarrollados en los mencionados Recursos de Reconsideración.
En virtud de la aceptación al desarrollo jurídico, fáctico y probatorio incorporado en los
Recursos de Reconsideración, devienen revocadas las Resoluciones Sanción, lo cual insto
respetuosamente a su Honorable Despacho sea declarado.
B. SUBSIDIARIA.
1. A TÍTULO DE NULIDAD.
En subsidio solicito respetuosamente a los Honorables Magistrados del Despacho que, en
caso de considerar que en la presente discusión no se configuró la falta de competencia
temporal de la Autoridad Municipal para resolver los Recursos de Reconsideración, ni el
consecuencial Silencio Administrativo Positivo, se sirva declarar entonces la Nulidad Absoluta
de:
a. La Resolución No. 34739 del 25 de julio de 2019, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín, impuso una sanción por no declarar la Retención en la Fuente de
la Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública por el período de enero de
2016 (Anexo 3).
b. La Resolución No. 34740 del 25 de julio de 2019, por medio de la Secretaría de
Hacienda de Medellín, impuso una sanción por no declarar la Retención en la Fuente de
la Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública por el período de febrero de
2016 (Anexo 4).
c. La Resolución No. 34741 del 25 de julio de 2019, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín, impuso una sanción por no declarar la Retención en la Fuente de
la Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública por el período de marzo de
2016 (Anexo 5).
2
SAMAI del Tribunal, índice 28. PDF demanda.
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Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
d. La Resolución No. 34742 del 25 de julio de 2019, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín, impuso una sanción por no declarar la Retención en la Fuente de
la Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública por el período de abril de 2016
(Anexo 6).
e. La Resolución No. 34743 del 24 de julio de 2019, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín, impuso una sanción por no declarar la Retención en la Fuente de
la Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública por el período de mayo de 2016
(Anexo 7).
f. La Resolución No. 34744 del 25 de julio de 2019, por medio de la Secretaría de
Hacienda de Medellín, impuso una sanción por no declarar la Retención en la Fuente de
la Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública por el período de junio de 2016
(Anexo 8).
g. La Resolución No. 34745 del 25 de julio de 2019, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín, impuso una sanción por no declarar la Retención en la Fuente de
la Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública por el período de julio de 2016
(Anexo 9).
h. La Resolución No. 34746 del 25 de julio de 2019, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín, impuso una sanción por no declarar la Retención en la Fuente de
la Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública por el período de agosto de
2016 (Anexo 10).
i. La Resolución No. 34747 del 25 de julio de 2019, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín, impuso una sanción por no declarar la Retención en la Fuente de
la Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública por el período de septiembre
de 2016 (Anexo 11).
j. La Resolución No. 34748 del 25 de julio de 2019, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín, impuso una sanción por no declarar la Retención en la Fuente de
la Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública por el período de octubre de
2016 (Anexo 12).
k. La Resolución No. 34749 del 25 de julio de 2019, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín, impuso una sanción por no declarar la Retención en la Fuente de
la Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública por el período de noviembre
de 2016 (Anexo 13).
l. La Resolución No. 34750 del 25 de julio de 2019, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín, impuso una sanción por no declarar la Retención en la Fuente de
la Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública por el período de diciembre de
2016 (Anexo 14).
m. La Resolución No. 202050025324 de 2020, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por UNE
TELCO en contra de la Resolución No. 34739 del 25 de julio de 2019 (Anexo 15),
correspondiente al período de enero de 2016.
n. La Resolución No. 202050023259 de 2020, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por UNE
TELCO en contra de la Resolución No. 34740 del 25 de julio de 2019 (Anexo 16),
correspondiente al período de febrero de 2016.
o. La Resolución No. 202050023262 de 2020, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por UNE
TELCO en contra de la Resolución No. 34741 del 25 de julio de 2019 (Anexo 17),
correspondiente al período de marzo de 2016.
p. La Resolución No. 202050025240 de 2020, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por UNE
TELCO en contra de la Resolución No. 34742 del 25 de julio de 2019 (Anexo 18),
correspondiente al período de abril de 2016.
q. La Resolución No. 202050023253 de 2020, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por UNE
TELCO en contra de la Resolución No. 34743 del 24 de julio de 2019 (Anexo 19),
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correspondiente al período de mayo de 2016.
r. La Resolución No. 202050025171 de 2020, por medio de la Secretaría de Hacienda de
Medellín resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por UNE TELCO en contra
de la Resolución No. 34744 del 25 de julio de 2019 (Anexo 20), correspondiente al
período de junio de 2016.
s. La Resolución No. 202050017296 de 2020, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por UNE
TELCO en contra de la Resolución No. 34745 del 25 de julio de 2019 (Anexo 21),
correspondiente al período de julio de 2016.
t. La Resolución No. 202050023224 de 2020, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por UNE
TELCO en contra de la Resolución No. 34746 del 25 de julio de 2019 (Anexo 22),
correspondiente al período de agosto de 2016.
u. La Resolución No. 202050017414 de 2020, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por UNE
TELCO en contra de la Resolución No. 34747 del 25 de julio de 2019 (Anexo 23),
correspondiente al período de septiembre de 2016.
v. La Resolución No. 202050017496 de 2020, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por UNE
TELCO en contra de la Resolución No. 34748 del 25 de julio de 2019 (Anexo 24),
correspondiente al período de octubre de 2016.
w. La Resolución No. 202050017371 de 2020, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por UNE
TELCO en contra de la Resolución No. 34749 del 25 de julio de 2019 (Anexo 25),
correspondiente al período de noviembre de 2016.
x. La Resolución No. 202050017348 de 2020, por medio de la cual la Secretaría de
Hacienda de Medellín resolvió el Recurso de Reconsideración interpuesto por UNE
TELCO en contra de la Resolución No. 34750 del 25 de julio de 2019 (Anexo 26),
correspondiente al período de diciembre de 2016.
En caso de que se acepten parcialmente los argumentos desarrollados, expuestos y
debidamente acreditados en el presente Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho, solicito respetuosamente a su Honorable Despacho se sirva declarar la Nulidad
Parcial de los Actos Administrativos demandados, derivada de los fundamentos aceptados.
2. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Respetuosamente solicito a su Honorable Despacho que como consecuencia de la Nulidad
Absoluta de los Actos Administrativos demandados, se decrete como Restablecimiento del
Derecho, la improcedencia de las sanciones por no declarar la Retención en la Fuente de la
Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública, por los períodos de enero a diciembre
del año 2016, y sí mismo ruego se declare que la Compañía no adeuda suma alguna por
dichos conceptos.
En caso de que su Honorable Despacho declare la Nulidad Parcial de los Actos
Administrativos demandados, solicito subsidiariamente, se sirva determinar la base
sancionable y el monto de las sanciones por no declarar la Retención en la Fuente de la
Contribución Especial sobre Contratos de Obra Pública por los períodos de enero a diciembre
del año 2016 que le corresponde a mi poderdante.»
La demandante invocó como normas violadas los artículos 29, 83, 243, 333, 338
y 363 de la Constitución Política; 5 de la Ley 57 de 1887; 4 de la Ley 169 de 1896;
32 de la Ley 80 de 1993; 59 de la Ley 788 de 2002; 6 de la Ley 1106 de 2006; 13 y
14 de la Ley 1150 de 2007; 2 y 55 de la Ley 1341 de 2009; 40, 42, 137 de la Ley
1437 de 2011; 7, 164, 165, 167, 176 del Código General del Proceso; 732, 743, 744
del Estatuto Tributario; 144 del Decreto 350 de 2018 de la Alcaldía de Medellín; 132
y 195 del Acuerdo 64 de 2012 y 329 del Acuerdo 66 de 2017 del Concejo de
Medellín. El concepto de la violación se resume, así:
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1. Falta de competencia y configuración del silencio administrativo positivo
Señaló que los actos administrativos que resolvieron los recursos de
reconsideración se notificaron de manera extemporánea, por fuera del término
perentorio y preclusivo de un año, previsto en los artículos 732 del Estatuto
Tributario Nacional3 y 144 del Decreto 350 de 2018 de la Alcaldía de Medellín; por
lo que se configuró la falta de competencia del funcionario respectivo4.
Precisó que, el 15 de octubre de 2019 fueron presentados los recursos de
reconsideración; de modo que, inicialmente el término de un año se cumpliría el 15
de octubre de 2020. Sin embargo, con ocasión de la emergencia sanitaria COVID
19, la Alcaldía de Medellín suspendió los términos de las actuaciones
administrativas por un total de 93 días5 (entre marzo y julio de 2020), y por tal motivo, el
plazo finalizaba el 16 de enero de 2021. Aclaró que, si bien ese día fue sábado,
atendiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, dicha circunstancia no extiende
el límite establecido por el legislador para que la Administración realice una
actuación6. Y dado que se tratan de tres fallos de la Corporación que deciden en el
mismo sentido, se deben valorar como doctrina probable.
Que, no obstante, los actos que resolvieron los recursos fueron notificados por
edicto desfijado el 18 de enero de 2021, cuando ya se encontraba vencido el
término. De manera que, se configuró el silencio administrativo positivo7.
2. Aplicación retroactiva de disposiciones tributarias
Señaló que los actos demandados imponen sanción por no declarar la retención de
la contribución especial sobre contratos de obra pública, de los periodos de enero a
diciembre del año 2016, con fundamento en el Acuerdo 66 de 2017, pese a que esa
norma no estaba vigente en ese año gravable, dado que fue publicada el 14 de
diciembre de 20178. En particular, la actuación determinó elementos sustanciales
de la sanción, como la condición de responsable de retención sobre UNE y el hecho
sancionable a partir del artículo 158 del citado acuerdo. Todo lo cual, vulnera los
artículos 338 y 363 de la Constitución Política.
3. Nulidad por falta de motivación
Cuestionó que, en las resoluciones sancionatorias, la Administración no motivó
fáctica, jurídica y probatoriamente la obligación de declarar la contribución especial
de obra pública a cargo de UNE, sino que se limitó a realizar apreciaciones
subjetivas y relacionar los contratos que tomaba como base para determinar la
sanción. Adicionó que la Administración no acreditó que se trataban de contratos
de obra pública y solo transcribió algunas disposiciones legales, sin desarrollar, ni
llevar a cabo un ejercicio argumentativo que contrastara dichas disposiciones con
los hechos probados. Todo lo cual vulneró el derecho de defensa de la sociedad.
a. Falta de aplicación del artículo 55 de la Ley 1341 de 2009
Advirtió que, los contratos suscritos por UNE se encuentran excluidos del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, conforme con lo establecido
3
Norma que señaló resultaba aplicable en virtud de la remisión efectuada mediante el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.
4
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 21 de octubre de 2011, exp. 17142; reiterada en la sentencia
del 05 de abril de 2018, exp. 21200.
5
Citó los Decretos 405, 472, 511, 543, 576, 598 y 723 de 2020.
6
Citó las sentencias del 30 de agosto de 2016, exp. 22028; del 05 de abril de 2018, exp. 21844; y del 25 de septiembre de
2019, exp. 22947.
7
Citó los artículos 734 del Estatuto Tributario Nacional, y 146 del Decreto 350 de 2018.
8
Gaceta Oficial del Municipio de Medellín nro. 4486.
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en el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, que regula el régimen jurídico de los
proveedores de redes y servicios de tecnologías de la información y de las
comunicaciones9, en el sentido de que los contratos que éstos celebren se rigen por
el derecho privado. Indicó que esta previsión normativa establece «un régimen propio
y excluyente aplicable subjetivamente a todos aquellos contribuyentes catalogados como
proveedores de tecnologías de la información y de las comunicaciones», aplicándoles las
normas del derecho privado, con independencia de las calidades del sujeto de
derecho, es decir si se trata de una entidad pública o privada; así como de otros
aspectos, como la composición del capital social.
Precisó que UNE tiene la condición de proveedor de redes y servicios de
tecnologías de la información, como se constata en su objeto social que consiste en
«la prestación de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las
comunicaciones, servicios de información y las actividades complementarias relacionadas y/o
conexas con ellos». Y cuenta con registro vigente ante el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
En virtud de lo expuesto, concluyó que no es posible catalogar los contratos
suscritos por UNE como modalidades de obra pública; de allí, que no se haya
realizado el hecho generador del tributo, y por tal motivo, tampoco se configura la
infracción que dio lugar a la imposición de la sanción.
b. Falta de aplicación de los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007
Señaló que los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007 reconocen la existencia de
regímenes excepcionales que sustraen a las entidades públicas de la aplicación de
la Ley 80 de 1993, manteniendo lo relativo a las inhabilidades e incompatibilidades,
y los principios de la función administrativa. Precisó que, al amparo del artículo 14
ibidem, lo anterior se predica incluso de las entidades públicas que desarrollen su
objeto social en mercados regulados, como es el caso de los proveedores de las
tecnologías de la información y las comunicaciones10. De manera que, UNE se rige
exclusivamente por las disposiciones legales que regulan su actividad económica,
es decir, la Ley 1341 de 2009, y que la remite a la normativa privada.
4. Falta de aplicación del artículo 5 de la Ley 57 de 1887
Con fundamento en lo descrito en los anteriores apartados, advirtió que la
Administración desconoce el artículo 5 de la Ley 57 de 1887, porque dio aplicación
prevalente a las normas generales frente a aquellas que establecen un régimen
especial de contratación sobre UNE.
5. Nulidad por haberse pretermitido los requisitos fijados en la sentencia C-
1153 de 2008, y falta de aplicación del artículo 243 constitucional
Cuestionó que, aunque la demandada reconoció que UNE estaba sujeta a un
régimen especial de contratación de derecho privado, al mismo tiempo determinó
que la compañía había suscrito contratos de obra pública. Que, con ello, se inaplicó
la sentencia C-1153 de 2008 de la Corte Constitucional, en la que se decidió sobre
la exequibilidad del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, que reguló la contribución
especial. Lo anterior, porque la providencia precisa que el tributo se causa sobre
9
Citó la definición contenida en el glosario de términos jurídicos del Ministerio de Tecnologías de la Información las
Comunicaciones, así: «Persona jurídica responsable de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de
telecomunicaciones a terceros. En consecuencia, todos aquellos proveedores habilitados bajo regímenes legales previos
se consideran cobijados por la presente definición.»
10
Citó el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1341 de 2009.
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todos los contratos de obra pública suscritos por entidades cobijadas por la Ley 80
de 1993; reconociéndose que existe un conjunto de entidades públicas que no se
someten a dicha regulación. De ahí que se deba entender que un contrato celebrado
por una entidad pública no sometida a la Ley 80 de 1993, no es estatal; y en esa
medida no causa la contribución especial.
Señaló que, al desconocerse la anterior decisión, se incurrió en la violación del
artículo 243 de la Constitución Política, que señala que las sentencias de
constitucionalidad son de obligatorio cumplimiento y hacen tránsito a cosa juzgada.
6. Violación al principio de confianza legítima
Expuso que, para el momento en que inició el procedimiento sancionatorio, la
jurisprudencia del Consejo de Estado11 indicó que no se configuraba el hecho
generador del tributo en aquellos contratos suscritos por las entidades públicas
exceptuadas de la Ley 80 de 1993, pues en esos eventos, los negocios jurídicos
llevados a cabo no son asimilables a los contratos de obra pública. Razonamiento
aplicable en el presente caso, pues también opera un régimen exceptivo que impide
calificar las operaciones desarrolladas por UNE como modalidades de obra pública.
Indicó, que las decisiones del Consejo de Estado, en su calidad de órgano de cierre
de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, es de carácter vinculante12; y,
además, constituye doctrina probable por cuanto existen más de tres decisiones en
el mismo sentido. Concluyó que, la actuación administrativa, al haber sido contraria
a la tesis expuesta, vulneró el principio de confianza legítima, pues la actora se
encontraba amparada en dicho precedente.
7. Indebida valoración del material probatorio
Destacó que los contratos suscritos por UNE, que dieron lugar al proceso
sancionatorio por no declarar, no tienen dentro de su objeto la realización de
actividades que puedan considerarse como modalidades de obra pública, pues no
recayeron sobre la construcción, mantenimiento, instalación o realización de
trabajos materiales sobre bienes inmuebles. Indicó que la Administración no valoró
el objeto de los contratos allegados por UNE, pese a constituir pruebas
conducentes, pertinentes y útiles. Para soportar su afirmación, la actora realizó una
relación de los contratos gravados en los actos demandados, discriminándolos por
cada período gravable y precisando su objeto.
8. Nulidad por interpretación errada y falsa motivación. Ausencia del hecho
sancionable
Dijo que la Administración realizó una interpretación errada de los artículos 32 de la
Ley 80 de 1993, 6 de la Ley 1106 de 2006, y 132 del Acuerdo 064 de 2012, pues
desconoce que, a partir de esas normas, el hecho generador del tributo se configura
únicamente sobre los contratos que se encuentren regulados por lo establecido en
el régimen de contratación estatal13. De manera que, los actos incurren en falsa
motivación.
11
Hizo referencia a las sentencias del 22 de febrero de 2018, exp. 22536, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 19 de
abril de 2018, exp. 22939, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 25 de abril de 2018, exp. 22940, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto; del 03 de mayo de 2018, exp. 23378, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 24 de mayo de 2018, exp.
23362, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 31 de mayo de 2018, exp. 22388, C.P. Milton Chaves García; y del 14
de junio de 2018, exp. 23319, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12
Citó la sentencia C – 634 de 2011 de la Corte Constitucional.
13
Hizo referencia al Concepto del 19 de junio de 2008, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que
concluyó que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no aplica ante la existencia de regímenes
especiales. El actor no identificó el número del proceso.
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-00893-01 (29773)
Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Insistió en la aplicación del régimen exceptivo conforme con lo dispuesto en los
artículos 55 de la Ley 1341 de 2009, 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007. Y, como
elemento adicional, señaló que en los acuerdos objeto de revisión se liquidó el IVA,
el cual es un tributo que no opera respecto de los contratos de obra pública, en
virtud de la exclusión prevista en el artículo 100 de la Ley 21 de 1992. Que, por lo
expuesto, no se cumple con el presupuesto consagrado en el artículo 195 del
Acuerdo 64 de 2012, porque se encuentra acreditada la ausencia de hecho
sancionable, toda vez que UNE no estaba obligada a cumplir con la mencionada
obligación formal.
9. Restricción a la libertad de empresa
Aludió que la indebida interpretación de la Administración que sustenta la sanción
por no declarar la contribución especial genera un efecto distorsivo en la
competencia que tienen las entidades públicas y privadas en el sector de
telecomunicaciones, al exigírseles únicamente a las públicas la presentación de las
declaraciones de retención del tributo. Que para el caso de UNE exigiría incrementar
el valor del contrato en el porcentaje que corresponda a la contribución, para poder
obtener la misma utilidad de una entidad privada, y los proveedores le aumentarían
el valor del servicio para cubrir el tributo. Con lo cual, concluyó: «el infundado
cuestionamiento abocado por la Autoridad Municipal en los Actos Administrativos demandados,
conlleva a concluir que es más provechoso ejercer una actividad económica en el sector de las
telecomunicaciones a través de una entidad privada, cuyos contratos no se encuentran sometidos a
la contribución especial sobre contratos de obra pública, que como una entidad pública con un
régimen especial».
Oposición de la demanda
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín14 solicitó negar
las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente.
Puso de presente que UNE es una sociedad de economía mixta cuyo capital social
es mayoritariamente público15, que se organizó bajo la figura de sociedad anónima,
y pertenece al sector descentralizado16. Explicó que conforme al artículo 73 de la
Ley 489 de 1998, el régimen de tributación de las sociedades de economía mixta
dedicadas a la prestación de servicios de telecomunicaciones, como UNE, no se
encuentra sujeto a algún tipo de tratamiento especial. En tal sentido, la entidad
estaba obligada a recaudar la contribución de obra pública regulada en el artículo 6
de la Ley 1106 de 2006.
Relató los antecedentes legislativos del tributo, y que la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-1153 de 2008, declaró la exequibilidad del artículo 6 de la Ley
1106 de 2006. Posteriormente refirió las normas del acuerdo 064 de 2012 que
adoptó la contribución en el Distrito de Medellín, y resaltó que conforme al artículo
132 se impuso la condición de agentes de recaudo de la contribución especial a las
entidades de derecho público del nivel municipal que actúen como contratantes o
concedentes en operaciones que realicen el hecho generador del tributo. Y que
mediante el artículo 195 del Acuerdo 064 de 2012 se reguló la sanción por no
declarar. Normativa que se reprodujo en el Acuerdo 66 de 2017.
14
SAMAI del Tribunal, índice 28. PDF Contestación. La ciudad de Medellín se organizó como Distrito CTI desde el año
2021, en virtud del Acto Legislativo 01 de 2021.
15
Informó que UNE cuenta con una participación del Distrito de Medellín de 50,000012%.
16
Citó los artículos 189 (numerales 15 y 16) de la Constitución Política; 38, 49, 68, 69 y 97 de la Ley 489 de 1998; y 461 del
Código de Comercio.
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-00893-01 (29773)
Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Señaló que el hecho generador del tributo se integra a partir de un elemento material
que consiste en la suscripción de contratos de obra pública; y de un elemento
subjetivo, relativo a que una entidad de derecho público participe de dicho
acuerdo17. Sobre la definición del contrato de obra, sostuvo que la interpretación
dada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado18 lo caracterizó
como cualquier acuerdo que tenga por objeto la construcción, mantenimiento,
instalación y en general, la realización de cualquier trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución o pago.
Frente a la sentencia C-1153 de 2008, precisó que, la Corte Constitucional
consideró que el hecho generador del tributo recaía sobre los contratos regulados
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Añadió que esta última disposición no
contiene un listado taxativo de modalidades de los contratos de obra pública, pues
prevé una cláusula general que abarca cualquier intervención material sobre bienes
inmuebles. Con fundamento en ello, señaló que los contratos referidos por UNE en
el escrito de la demanda tienen por objeto el mantenimiento preventivo y correctivo,
reformas a la infraestructura física, remodelación, adecuación y mantenimiento de
obras civiles, así como el suministro y servicios asociados. De manera que, estos
acuerdos encuadran en la definición del contrato de obra pública gravado con la
contribución.
Advirtió que en la sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de febrero de
202019 se precisó el alcance del hecho generador de la contribución especial en
relación con los contratos de obra pública suscritos por entidades sujetas a un
régimen especial de contratación, fijándose como regla de interpretación la
siguiente: «Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los contratos de
obra pública no es determinante el régimen contractual de la entidad que celebre el contrato de obra
pública, sea el general de la Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la obligación
tributaria se define en función del contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la
entidad de derecho público».
Por otro lado, sostuvo que no hubo una aplicación retroactiva de las normas
tributarias, puesto que las disposiciones procedimentales tienen efecto inmediato.
Que, en todo caso, los elementos sustanciales del tributo son los mismos en los
Acuerdos 64 de 2012 y 66 de 2017.
Señaló que los actos sancionatorios están debidamente motivados, pues se
fundamentan en las normas que regulan la contribución especial y realizan un
análisis integral de los contratos que dieron lugar a la causación del tributo, así como
de la naturaleza jurídica de UNE.
Manifestó que las resoluciones que resolvieron los recursos de
reconsideración se notificaron de manera oportuna, teniendo en cuenta que los
recursos se interpusieron el 15 de octubre de 2019, los términos se suspendieron
por un total de 94 días con ocasión de la emergencia sanitaria causada por el COVID
201920, de modo que el plazo de notificación operó hasta el 17 de enero de 2021,
sin embargo, como ese día fue domingo, el mismo se extendió hasta el día hábil
siguiente21, el 18 de enero de 2021, fecha en la que se desfijó el edicto. Con lo cual
17
Citó la sentencia del 14 de junio de 2018, exp. 23319, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
18
Citó el concepto del 05 de septiembre de 2018, exp. 2386, C.P. Edgar González López.
19
2020-CE-SUJ-SP-001 del 25 de febrero de 2020, exp. 22473.
20
Hizo referencia a los Decretos 405 de marzo 25 de 2020, 472 de abril 13 de 2020, 511 del 27 de abril de 2020, 543 del
11 de mayo de 2020, 576 del 26 de mayo de 2020, 598 del 01 de junio de 2020 y 723 del 16 de julio de 2020; expedidos
por la Alcaldía de Medellín.
21
Citó el artículo 62 de la Ley 4 de 1913; la sentencia del 12 de febrero de 2020 expediente 23000-23-37-000-2014-01166-
01 del Consejo de Estado; y la sentencia T – 809 de 2008 de la Corte Constitucional.
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no se presentó la falta de competencia del funcionario que los expidió, ni el silencio
administrativo positivo.
Por otro lado, consideró que el precedente jurisprudencial traído a colación por
la demandante no es vinculante, pues las situaciones de hecho y de derecho que
se analizan en esas sentencias no tienen identidad con las del presente asunto.
Principalmente porque se analiza el caso de Ecopetrol S.A., que es una empresa
estatal con un objeto diferente al de UNE, y el análisis jurisprudencial recayó sobre
las actividades de exploración y explotación, en el marco del artículo 76 de la Ley
80 de 1993.
Finalmente propuso como “excepciones” la de la legalidad de los actos administrativos
censurados; que los contratos celebrados por UNE corresponden a contratos de
obra sometidos a la contribución especial: la ausencia de violación de normas
constitucionales y legales; inexistencia de causal de nulidad; y buena fe; en las
cuales reiteró los argumentos de defensa expuestos.
Sentencia apelada
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas, con base
en lo siguiente:
Inició por señalar el marco normativo de la contribución especial de obra pública,
destacando que el hecho generador consiste en la suscripción de contratos de obra
pública y de concesión, para la construcción, mantenimiento y operaciones de vías
de comunicaciones, terrestres, fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales con
cualquier entidad de derecho público, incluidas las sociedades de economía mixta.
Y, precisó que la contribución especial se adoptó en el Municipio de Medellín
mediante el Acuerdo 64 de 2012.
Señaló que en la sentencia de unificación 2020-CE-SUJ-SP-001, el Consejo de
Estado fijó como regla de interpretación que no es el régimen contractual de la
entidad de derecho público el factor relevante para identificar la causación de la
contribución especial, sino que una de las partes sea una entidad de derecho
público y que el objeto del contrato comprenda las actividades descritas en el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Con fundamento en lo anterior, estudió los acuerdos de UNE obrantes en el
expediente, frente a los cuales precisó que en efecto corresponden a contratos de
obra pública en los términos del artículo 32 ibidem; pues implican trabajos
materiales sobre bienes inmuebles (reformas a la infraestructura eléctrica, aire acondicionado y civil;
construcción y mantenimiento de redes de telecomunicaciones y de circuitos cerrados de televisión;
construcción y adecuaciones de obras civiles, instalaciones eléctricas y estructuras de apoyo; instalación de
puntos de datos y puntos de cableado; e instalación de piso falso). Aclaró que las actividades de
mantenimiento de infraestructura se enmarcan en la categoría de obra pública, por
tratarse de bienes que se adhieren o destinan permanentemente al inmueble22. Y
que al no estar en duda la calidad de entidad pública de la demandante, se
configuran los elementos para la causación de la contribución especial.
Consideró que los actos demandados no adolecieron de indebida motivación por
cuanto cumplen con los requisitos previstos en los artículos 712 y 719 del Estatuto
Tributario, y observan los artículos 29 constitucional, 6 de la Ley 1106 de 2006, 32
22
Citó el concepto Nro. 2386 del 05 de septiembre de 2018, C.P. Edgar González López, de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado.
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de la Ley 80 de 1983, así como los Acuerdos 064 de 2012 y 066 de 2017.
No encontró que la Administración hubiere incurrido en la aplicación retroactiva
de las normas, pues el Acuerdo 066 de 2017 era el vigente para el momento de la
expedición de los actos sancionatorios, y en la parte considerativa se precisó que la
contribución estaba regulada por el Acuerdo 064 de 2012, en vigor al momento de
la configuración del hecho generador. A partir de esto, concluyó que la obligación
tributaria relativa a la contribución no se determinó a partir del Acuerdo 066 de 2017.
Frente a los cargos de falta de competencia y configuración del silencio
administrativo positivo, indicó que el plazo para resolver los recursos de
reconsideración se suspendió por 94 días23, y por tanto, finalizó el 18 de enero de
2021, fecha en que la Administración desfijó el edicto. Es decir, que se surtió la
notificación de manera oportuna.
Finalmente, ordenó condenar en costas conforme lo previsto en los artículos 188
de la Ley 1437 de 2011, 365 y 366 del Código General del Proceso, y en el Acuerdo
PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
Fijó las agencias en derecho en el 3% de las pretensiones.
Recurso de apelación
La parte demandante24 apeló la sentencia de primera instancia con fundamento en
lo siguiente:
Sobre la falta de competencia de la Administración y la configuración del
silencio administrativo positivo, manifestó que la suspensión del término por 94
días genera que su vencimiento sea el domingo 17 de enero de 2021, y no el lunes
18 de enero de 2021, como de manera errada lo sostiene el Tribunal. Insistió en la
aplicación del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado 25 vigente al
momento de la interposición de los recursos, en el que se concluyó que el límite
establecido por el legislador para la notificación de los actos, no se extiende por el
hecho de que el último día del término previsto en la ley sea inhábil. Por tanto, la
notificación por edicto desfijado el 18 de enero de 2021 es extemporánea.
Repitió que la Administración incurrió en la aplicación retroactiva del Acuerdo 066
de 2017, norma que no estaba vigente en los periodos de retención del tributo
correspondientes al año 2016, y por tanto, resulta improcedente que sirva de
sustento para imponer las sanciones. Aclaró que, contrario a lo considerado por el
a quo, la única referencia que se hizo al Acuerdo 064 de 2012 fue para contextualizar
los antecedentes normativos de la contribución especial.
Consideró que el cargo de indebida motivación no fue abordado por el a quo, pues
éste se limitó a señalar que las resoluciones cumplieron con los requisitos previstos
en los artículos 712 y 719 del Estatuto Tributario, normas que no son aplicables a
las resoluciones que imponen sanciones. Por lo anterior, insistió en los argumentos
expuestos en la demanda.
Sobre la aplicación de la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020,
advirtió que la misma se expidió con posterioridad a los hechos cuestionados (año
gravable 2016), y por tanto, se vulnera el principio de irretroactividad tributaria, buena
23
Hizo referencia a los Decretos 0405, 0472, 0511, 0543, 0576, 0598 y 0723 de 2020, expedidos por la Alcaldía de Medellín.
24
SAMAI del Tribunal, índice 28. PDF Apelación.
25
Aludió a las sentencias del 30 de agosto de 2016, exp. 22028; del 05 de abril de 2018, exp. 21844; y del 25 de septiembre
de 2019, exp. 22947.
11
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fe, confianza legitima, respeto por los actos propios y seguridad jurídica. Explicó que
las sentencias de unificación constituyen ley en sentido material26 y, en tal sentido,
no es posible su aplicación retroactiva en asuntos tributarios, pues de otro modo se
contravendría el mandato de los artículos 338 y 363 de la Constitución Política.
Precisó que esta providencia establece una nueva posición que modifica el
precedente jurisprudencial vigente en el momento en que se inició el procedimiento
sancionatorio, el cual otorgaba la razón a la actora. Y, ante una controversia
sustentada en un precedente previamente existente, no es posible aplicar los
cambios de jurisprudencia sobre discusiones que estén en marcha.
Discutió que el Tribunal desconoció el mencionado precedente judicial, el cual fue
aducido en la demanda27, y que establecía que no se configuraba el hecho
generador de la contribución especial de obra pública cuando la entidad pública
estuviera amparada en un régimen especial. A partir de esta posición jurídica, UNE
no estaba obligada a declarar la retención del tributo, pues en virtud de los artículos
55 de la Ley 1431 de 2009, 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, y en su condición de
operadora de telecomunicaciones, tenía un régimen exceptivo de la aplicación del
estatuto general de contratación de la administración pública.
Cuestionó la valoración probatoria efectuada por el a quo, pues además de que no
tuvo en cuenta que la Administración pretermitió el análisis de los contratos, resolvió
únicamente a partir de los objetos de estos acuerdos, sin tener en cuenta las demás
cláusulas y las reglas de interpretación de los mismos. Adicionó que no se valoraron
las pruebas de los anexos 51 a 71, 79 y 80 de la demanda. También censuró que el
a quo hubiere considerado como contratos de obra pública, actividades como el
mantenimiento de aires acondicionados, suministro de bienes y servicios, suministro
de mobiliario, entre otros. De manera que, omitió determinar que los pagos se
realizaron por trabajos materiales sobre inmuebles.
Sostuvo que el Tribunal desconoció que la imposición de las sanciones vulnera el
derecho de libertad de empresa de UNE, para lo cual insistió en los argumentos de
la demanda.
Consideró que no se configuró el hecho sancionable, aspecto que no fue abordado
por el Tribunal, con lo cual se vulneró el derecho de defensa, acceso a la
administración de justicia, congruencia y tutela judicial efectiva. Explicó que para
que se materializara la obligación de presentar la declaración de la contribución
especial sobre contratos de obra pública, se tiene que configurar el hecho generador
del mencionado tributo; aspecto que como se indicó en los anteriores cargos, no
ocurrió.
Finalmente, cuestionó la condena en costas, pues esa decisión excedió el ámbito
del debate, en tanto las mismas no fueron solicitadas por la parte demandada. Y, en
todo caso, las costas no fueron probadas, como lo exige el artículo 365 del Código
General del Proceso.
26
Citó la sentencia C – 893 de 1999 de la Corte Constitucional.
27
Sentencias del 22 de febrero de 2018, exp. 22536, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 19 de abril de 2018, exp.
22939, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 25 de abril de 2018, exp. 22940, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
del 03 de mayo de 2018, exp. 23378, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 24 de mayo de 2018, exp. 23362, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto; del 31 de mayo de 2018, exp. 22388, C.P. Milton Chaves García; y del 14 de junio de
2018, exp. 23319, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12
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Oposición a la apelación
La parte demandada guardó silencio.
La parte demandante presentó alegatos de conclusión, reiterando los argumentos
expuestos en el recurso de apelación28.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público29 rindió concepto solicitando que se confirme la
sentencia, al considerar que los actos se encuentran motivados de forma sumaria;
y que no operó el silencio administrativo positivo, toda vez que los términos fueron
suspendidos conforme con la normativa aplicable. Que, además, no hubo una
aplicación retroactiva del Acuerdo Municipal 066 de 2017, pues los actos también
se sustentan en el Acuerdo 064 de 2012, y en todo caso, ambas normas tienen los
mismos presupuestos que fundamentan la actuación administrativa. Y, que los
contratos constituyen una modalidad de obra pública conforme con la sentencia de
unificación 2020-CE-SUJ-SP-001 y la Ley 80 de 1993.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Problema jurídico
La Sala juzga la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales el
Distrito de Medellín impuso sanción a UNE por no declarar la retención de la
contribución especial de obra pública en relación con los 12 periodos del 2016.
En los términos del recurso de apelación, corresponde establecer si: i) las
resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración se expidieron de
forma extemporánea y, como consecuencia de ello, operó el silencio administrativo
positivo; ii) las resoluciones sancionatorias incurren en indebida motivación; iii) los
actos aplicaron de forma retroactiva el acuerdo 066 de 2017; iv) la sentencia de
unificación del 25 de febrero de 202030 supone una aplicación retroactiva de la ley
tributaria en el caso analizado; v) procede la sanción por no declarar la contribución
especial respecto de UNE en su condición de operador de telecomunicaciones y los
contratos suscritos en la vigencia cuestionada; vi) la sanción impuesta vulnera la
libertad de empresa de UNE; y vii) el a quo podía imponer condena en costas.
Al respecto, se advierte que, en la sentencia del 24 de agosto de 2023, exp. 26922,
C.P. Milton Chaves García, la Sala negó las pretensiones de nulidad contra los actos
administrativos de aforo expedidos por el Distrito de Medellín a la sociedad UNE por
no presentar las declaraciones de retención de la contribución especial de obra
pública por los 12 períodos del año 2016, esto es, en relación con las mismas partes,
tributo y vigencias por las cuales se expidieron los actos sancionatorios acusados.
Por esa razón, en lo pertinente, se reiterará el criterio de decisión expuesto en esa
providencia.
28
SAMAI, índice 12. Se pone de presente que aunque la demandante presentó alegatos de conclusión en segunda instancia,
debe tenerse en cuenta que el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021),
solo contempla estos escritos cuando el superior practique pruebas, y cuando ello no ocurre, como en el caso analizado,
solo se prevé la presentación de «escritos que se pronuncien en relación con el recurso de apelación formulado por los
demás intervinientes», supuesto en el que no se encuentra la actora pues es la apelante única en este proceso. De
manera que, no tienen lugar los alegatos de conclusión allegados por la demandante.
29
SAMAI, índice 14.
30
2020-CE-SUJ-SP-001 del 25 de febrero de 2020, exp. 22473.
13
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Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2. Sobre la extemporaneidad de las resoluciones que resuelven los
recursos de reconsideración y la configuración del silencio
administrativo positivo
El Tribunal consideró que los actos que resolvieron los recursos de reconsideración
se expidieron dentro del término legal, pues por causa de la pandemia, el plazo se
suspendió por 94 días, y por tanto, finalizó el 18 de enero de 2021, fecha en que la
Administración desfijó el edicto.
Sin embargo, para el apelante, la suspensión del término por 94 días genera que su
vencimiento sea el domingo 17 de enero de 2021, y no el lunes 18 de enero de
2021, como de manera errada lo sostiene el Tribunal. A partir de esto, insistió en la
aplicación del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado 31 vigente al
momento de la interposición de los recursos, en el que se concluyó que el límite
establecido por el legislador para la notificación de los actos, no se extiende por el
hecho de que el último día del término previsto en la ley sea inhábil.
Para resolver, la Sala observa que en esta instancia no es materia de debate los
días en los que operó la suspensión del término de notificación con ocasión de la
emergencia sanitaria del COVID 2019, pues en la apelación el actor no cuestiona
los 94 días determinados por el a quo, sino, si el hecho de que el plazo haya
finalizado en un día inhábil conlleva a extender su vencimiento al día hábil siguiente.
Al respecto, se encuentra que, las sentencias que invoca el apelante, como
precedente judicial, sostienen la tesis de que cuando la Administración deba
desarrollar alguna actuación dentro de un término en particular, y el último día sea
inhábil, no es posible extender el plazo al día hábil siguiente. Sin embargo, esa
posición jurisprudencial fue modificada por la Sección, mediante la sentencia del 27
de mayo de 2021, exp. 23455, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, en la cual se
sostuvo que:
«Con la sentencia del 18 de junio de 2014, exp 18820 C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, esta Sección fijó una postura frente al artículo 62 antes citado, según la cual los
plazos establecidos para la Administración no pueden extenderse hasta el día hábil siguiente
por tratarse de una norma que establece una garantía a favor de los contribuyentes (…).Según
esta posición, la aplicación literal de la norma podría terminar perjudicando en algunos casos
al administrado, toda vez que se ampliaría el plazo que le fue fijado a la administración, lo cual
es ajeno al propósito de la norma (sentencia del 30 de agosto de 2016, exp. 22028 y
sentencia del 5 de abril de 2018, exp. 21844 CP: Martha Teresa Briceño de Valencia y
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, respectivamente). (…)
Ahora bien, con la presente decisión se precisa dicho precedente jurisprudencial por las
razones que pasan a exponerse:
La norma analizada, esto es el artículo 62 de la Ley 4ª de 1913, no es una norma que consagre
de forma específica la forma de contabilizar los términos en materia tributaria. Se trata de una
disposición del Código de Régimen Político y Municipal y, por tanto, no es una norma que
regula una materia del derecho en particular, por el contrario, hace referencia a todos
los plazos a los que se haga mención legal. (…) Se tiene que la norma indica cómo deben
contabilizarse los días, meses y años, estableciendo una excepción para estos dos últimos
cuando el plazo dispuesto en la ley termine en un día feriado o de vacante. Sin embargo, de
la misma no se desprende que exista algún sujeto que no pueda hacer uso de la excepción.
(…)
Se tiene entonces, que no existe un fundamento legal para realizar un trato diferenciador entre
31
Aludió a las sentencias del 30 de agosto de 2016, exp. 22028, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 05 de abril de
2018, exp. 21844, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y del 25 de septiembre de 2019, exp. 22947, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
14
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el administrado y la administración y, por tanto, no es de recibo que solo el administrado pueda
hacer uso de esta excepción – extendiendo así el término legal – y que cuando sea la
administración la que realice algún tipo de actuación no pueda acogerse a la norma, lo que
implica que los términos se vean disminuidos, términos que en su mayoría también tienen el
carácter de preclusivos.
Las anteriores razones dan lugar a modificar la postura de la Sala relacionada con la
interpretación dada al artículo 62 de la Ley 4ª de 1913, en el entendido que cuando los
términos en meses y años finalizan en un día no hábil se extenderá ese término hasta
el día hábil siguiente sin hacer distinción si el término corre para el administrado o para
la administración». (Énfasis propio)
Si bien, las sentencias invocadas por el apelante estaban vigentes al momento de
la interposición de los recursos (15 de octubre de 201932), debe aclararse que versan
sobre una diferente situación fáctica y jurídica (notificación de actos de revisión del tributo
y su regulación), en ese entendido, solo sería aplicable la interpretación jurisprudencial
que realizan sobre la ampliación de los términos procesales que vencen en día
inhábil, es decir, la regla jurídica que sustenta las providencias.
Sin embargo, como se expuso, esa posición jurídica fue modificada por la Sección,
de manera que, le corresponde al fallador aplicar este último criterio jurídico, por ser
el actual y vigente al momento de resolver la controversia puesta en su
consideración, dado que no puede desconocerse los cambios en las reglas de
derecho cuando se profiere una sentencia.
En efecto, esta Sala ha precisado que: “el precedente aplicable para los operadores jurídicos,
por regla general, es aquél que se encuentra vigente al momento de la expedición de la sentencia
que resuelve el asunto (con excepción de los casos en que el precedente establezca su vigencia),
en tanto corresponde a la última posición jurisprudencial del juez emitida sobre la materia, y en ese
entendido, tiene efectos inmediatos y es de obligatorio cumplimiento, pues el fallador debe dar el
mismo trato a situaciones similares, para garantizar el derecho a la igualdad y seguridad jurídica de
los sujetos procesales33”.
Sumado a que, el apelante no alegó ni justificó que ese cambio de jurisprudencia le
hubiere vulnerado el principio de seguridad jurídica, mucho menos cuando la
sociedad no realizó una actuación bajo la posición anterior, en tanto el trámite de
notificación de los recursos de reconsideración fue practicado por la Administración,
y la nueva interpretación de la Sala no le representaba una afectación al acceso a
la administración de justicia, pues la demanda fue presentada dentro del término
legal.
Así, según la posición actual de la Sala, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 62 del Régimen Político y Municipal, está permitido extender los términos
que finalizan en día inhábil -incluyendo los dispuestos en materia tributaria- al
siguiente día hábil.
De manera que, en este caso, al haber finalizado el término de notificación de las
resoluciones que resolvieron los recursos en un día inhábil -17 de enero de 2021-,
este se extiende al día hábil siguiente, esto es, el lunes 18 de enero de 2021, fecha
en que se desfijaron los edictos34. Por tanto, la notificación por edicto no fue
extemporánea y, en tal sentido, no operó el silencio administrativo positivo.
En consecuencia, no prospera este aspecto de la apelación.
32
Samai Tribunal, índice 28. Anexos de la demanda nros. 39 a 50.
33
Sentencia del 9 de mayo de 2024, exp. 27038, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. De forma similar, se había
pronunciado la Sección en sentencia del 1 de junio de 2023, exp.27248, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
34
Ibidem. Anexos de la demanda nros. 29 a 38.
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3. Sobre la motivación de los actos sancionatorios
La apelante cuestionó que el cargo de indebida motivación no fue abordado por el
a quo, por lo que insistió en que los actos sancionatorios omiten sustentar fáctica,
jurídica y probatoriamente la obligación de declarar la contribución especial, y
tampoco acreditan que los contratos son de obra pública.
Para resolver, la Sala precisa que la causa o motivo es el elemento del acto
administrativo que se estructura en razón del conocimiento, consideración y
valoración que la Administración realiza de los hechos y fundamentos de derecho
que inducen a su expedición.
Así, al verificarse las resoluciones sancionatorias35 se observa que tienen un
contenido similar, por lo que su motivación se analizará en conjunto. De esta forma,
se encuentra que, contrario a lo señalado por el apelante, los actos exponen el
marco normativo, a partir del cual, se concluyó que UNE, en su condición de entidad
de derecho público, tenía la calidad de agente retenedor de la contribución de
contratos de obra pública, en particular, se citaron los artículos 24, 77 y 78 del
Decreto Municipal 0350 de 2018, los Decretos Legislativos 2009 de 1992 y 255 de
1993, la Ley 1106 de 2006 de 2017, y los Acuerdos 064 de 2012 y 066 de 2017.
También precisan que, en virtud de una inspección tributaria, se practicó una
auditoría a la empresa, de la cual se obtuvo una relación de contratos suscritos en
el año 2016 y los soportes de sus pagos.
Con fundamento en ello, la Administración determinó que la empresa omitió
presentar la declaración del tributo respecto de ciertos contratos de obra, lo que
soportó en una relación que discrimina: el contratista, NIT, número y objeto de cada
acuerdo, factura y documento de pago. En consecuencia, impuso la sanción por no
declarar realizando el cálculo de la misma.
En ese entendido, la Sala encuentra que los actos sancionatorios están
debidamente motivados, pues señalan los fundamentos de hecho y de derecho, así
como las pruebas, que sustentan la sanción y que llevaron a determinar que UNE
omitió su obligación de declarar en su condición de agente de retención de la
contribución especial de obra pública por los doce periodos del año 2016, para lo
cual, en particular la actuación se soportó en el objeto de los contratos celebrados
por la empresa.
En consecuencia, no prospera este aspecto de la apelación.
4. Sobre la aplicación retroactiva del acuerdo 066 de 2017
La apelante discute que la Administración sustentó la condición de responsable del
tributo y la imposición de la sanción en el acuerdo 066 de 2017, norma que no
estaba vigente en los periodos de retención del tributo del año 2016. Y que, contrario
a lo considerado por el a quo, la única referencia que se hizo al Acuerdo 064 de 2012
(vigente en la época de los hechos) fue para contextualizar los antecedentes normativos
de la contribución especial.
Al respecto, la Sala pone de presente que, en efecto las normas aplicables al caso
eran las vigentes al momento en que se cometió la infracción. De modo que, para
la época en que se realizó la conducta sancionada en los actos acusados, esto es,
35
Ibidem. Anexos de demanda 3 a 14.
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la omisión en la declaración de la retención de la contribución especial en el año
2016, la norma aplicable era el Estatuto Tributario de Medellín contenido en el
Acuerdo 064 de 2012, y no su modificación posterior, el Acuerdo 066 de 2017.
No obstante, se advierte que estas normativas tienen una regulación similar en
cuanto a los elementos que estructuran el hecho sancionable determinado en los
actos acusados, esto es, la responsabilidad de declarar la retención de la
contribución especial de contratos de obra pública y los presupuestos de
configuración de la sanción por no declarar, así:
Acuerdo 064 de 2012 Acuerdo 066 de 2017
ARTÍCULO 158. ELEMENTOS DE LA
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. Los elementos
que integran la contribución especial, son: (…)
ARTÍCULO 132: ELEMENTOS DE LA RESPONSABLES. Actuarán como
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. Los elementos responsables de la retención, recaudo,
que integran la contribución especial, son: (…) declaración y pago de la contribución
Responsabilidad de Actuará como responsable del recaudo y especial, las entidades de derecho público
declarar el tributo pago de la contribución especial, la entidad del nivel municipal, aquellas en que el
de derecho público del nivel municipal que Municipio de Medellín tenga algún porcentaje
actué como contratante o concedente en los de participación y en general, todas las
hechos sobre los que recae la contribución. entidades públicas adscritas o vinculadas al
Municipio sin importar su naturaleza o régimen
jurídico, que actúen como contratante,
mandante o concedente en los hechos sobre
los que recae la contribución
ARTÍCULO 244. SANCIÓN POR NO
DECLARAR. La falta absoluta de
declaración acarreará una sanción que
ARTÍCULO 195: SANCIÓN POR NO dependerá del tributo respecto del cual no se
DECLARAR: La falta absoluta de la presentó la declaración, así: (…)
Sanción por no declaración acarreará una sanción
declarar d. En el caso de que la omisión se refiera a
equivalente al sesenta por ciento (60%) del
otras declaraciones tributarias, la sanción por
total del impuesto anual a cargo de industria y
no declarar
comercio y avisos y tableros.
será equivalente a cinco (5) veces el valor del
impuesto, tasa, contribución o autorretención
que ha debido pagarse.
Como se observa, en ambos acuerdos, la condición de responsable recae sobre la
entidad de derecho público que suscriba los contratos gravados con la contribución,
y la sanción por no declarar se impone ante la falta absoluta de la declaración,
siendo diferente la determinación de su valor.
Verificados los actos sancionatorios36, se observa que, la Administración hizo
mención del Acuerdo 064 de 2012 cuando relaciona las normas que regulan el cobro
de la contribución especial, y en otros apartes, trascribió las normas del Acuerdo
066 de 2017 sobre la responsabilidad de declarar la contribución especial y la
sanción por no declarar. A partir de lo anterior, el Distrito sancionó a UNE por
cometer la infracción de omisión de la presentación de las declaraciones de
retención de la contribución especial de contratos de obra pública y liquidó el valor
de la sanción.
Contra esas actuaciones, UNE interpuso recursos de reconsideración37 en los que
cuestionó la sanción, porque, en términos generales, no tenía la obligación de
declarar la contribución de obra pública por estar sometida a un régimen contractual
especial, como se constata en el precedente existente al momento de imponer la
sanción; y que por tanto, la Administración realizó una interpretación errónea de la
36
Ibidem. Anexos de la demanda 3 a 14.
37
Ibidem. Anexos de la demanda 39 a 50.
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normativa que regula el tributo y valoró de forma indebida los contratos, vulneró los
principios de libertad de empresa y justicia, además generó un enriquecimiento sin
justa causa; y en esa medida, la sanción por no declarar era improcedente.
Posteriormente, en las resoluciones que resolvieron los recursos de
reconsideración38, se aclaró que: «[t]eniendo en cuenta que la ocurrencia de los hechos que
generaron la aplicación del régimen sancionatorio acaecieron en vigencia del compendio sustancial
tributario, Acuerdo Municipal 064 de 2012, se analizará el caso sub examine a la luz de esta
normativa»39, con fundamento en ello, insistió en la configuración del hecho
sancionable concerniente a la omisión de declarar la contribución especial por la
suscripción de contratos de obra pública, y modificó el valor de la sanción conforme
con el Acuerdo 064 por ser la norma más favorable para el contribuyente.
Finalmente, UNE presentó demanda ante la jurisdicción en la que reiteró los
argumentos expuestos en la vía gubernativa.
Así las cosas, la Sala encuentra que si bien, los actos sancionatorios hicieron
referencia a los acuerdos 064 de 2012 y 066 de 2017, esa inconsistencia no invalida
la actuación, en la medida que no conllevó a la modificación del hecho sancionable
ni del tipo de sanción que estaba prevista en la normativa vigente al momento de la
comisión de la conducta. De modo que, la penalidad fue determinada bajo los
mismos presupuestos que dan lugar a la responsabilidad para declarar el tributo y
la configuración de la sanción por no declarar previstos en el Acuerdo 064 de 2012.
Sumado a que, dicha discordancia en la mención de las normas no afectó el derecho
de defensa de UNE, pues en el recurso de reconsideración controvirtió su
responsabilidad para presentar la declaración del tributo -en tanto no suscribió
contratos de obra pública por estar amparada en un régimen especial- y el hecho
de que su conducta no se subsumía dentro de la infracción sancionada en los actos.
En tal sentido, tuvo la oportunidad de cuestionar los presupuestos de la sanción
previstos en el acuerdo aplicable.
Con todo, se advierte que, en las resoluciones que resolvió el recurso de
reconsideración, el Distrito no solo dio claridad en cuanto a la normativa que
regulaba la sanción, sino que modificó su valor de acuerdo con lo previsto en el
Acuerdo 064 de 2012, por ser la norma más favorable para el sancionado.
Debe tenerse en cuenta que la Sala40 ha precisado que no toda irregularidad
conlleva a la anulación de las actuaciones administrativas, sino solo las de índole
sustancial, esto es, las que vulneran el debido proceso y defensa de los
administrados; lo cual no se configura en la inconsistencia advertida en los actos
sancionatorios, pues estos cumplieron la finalidad de poner en conocimiento de
UNE los supuestos en que se estructuró la sanción por no declarar, y que
corresponden a los mismos previstos en la normativa aplicable.
En consecuencia, no prospera este cargo de la apelación.
5. Sobre la aplicación de la sentencia de unificación, el desconocimiento
del precedente judicial, y la violación al principio de confianza legítima
La apelante señaló que las sentencias de unificación jurisprudencial tienen el
carácter de ley en sentido material, motivo por el cual deben aplicarse sobre las
38
Ibidem. Anexos de la demanda 15 a 26.
39
SAMAI del Tribunal, índice 28. Expediente digital. Anexo 15. Pág. 8.
40
Sentencia del 16 de octubre de 2014, exp. 19611, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 6 de mayo de 2021, exp.
24308, C.P. Milton Chaves García; y del 22 de agosto de 2024, exp. 27280, Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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situaciones que ocurran con posterioridad a estas; y que si se desconoce tal
mandato, se contrariaría el principio de irretroactividad de la ley en materia tributaria.
Que por tanto, en el caso debatido, se debe aplicar las sentencias que se invocaron
como precedente judicial41, que estaban vigentes cuando se inició el procedimiento
sancionatorio, las cuales reconocen que las entidades públicas sujetas a un régimen
exceptivo de la Ley 80 de 1993, no suscriben contratos que puedan ser calificados
como de obra pública.
Las reglas de interpretación señaladas en la sentencia de unificación del 25 de
febrero de 202042, proferida por la Sala Plena de esta Corporación, fueron las
siguientes:
«1. Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los contratos de
obra pública no es determinante el régimen contractual de la entidad que celebre el
contrato de obra pública, sea el general de la Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado.
El elemento de la obligación tributaria se define en función del contrato celebrado, y no
de la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho público.
2. Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo 76 de la Ley 80 de
1993 –contratos de exploración y explotación de recursos naturales, y las actividades
comerciales e industriales, son dos categorías de contratos diferentes, en tanto tienen
características y finalidades propias, que impiden que se trate de un mismo contrato.
3. La contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993,
por cuanto no corresponden a los contratos de obra pública que son objeto de gravamen
en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006».
Como se puso de presente en la sentencia que se reitera en esta providencia, que
estudió un cargo similar, «El fallo de unificación de 25 de febrero de 2020, proferido por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado advirtió en su parte resolutiva que los
casos respecto de los cuales ya había operado la cosa juzgada resultaban inmodificables. Si bien
los efectos de la sentencia de unificación no fueron objeto expreso de modulación, se entiende que,
por regla general y salvo que se disponga algo diferente, los efectos son hacia el futuro 43. De acuerdo
con lo anterior, las reglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia de unificación se aplican de forma
retrospectiva a los casos pendientes por decidir tanto en las controversias que se estudian después
de su ejecutoria».
Esta sentencia también aclaró que «las providencias judiciales no constituyen ley en sentido
material (artículo 230 de la Constitución Política), como lo sugiere la demandante para justificar la
aplicación del principio de irretroactividad de la ley en materia tributaria, aspecto sustancialmente
distinto a los efectos en el tiempo de las providencias judiciales».
A su vez, no puede perderse de vista que la sentencia de unificación tiene una
especial fuerza vinculante y obligatoria44, en la medida que su finalidad es la
aplicación uniforme de la jurisprudencia para garantizar los principios de igualdad y
seguridad jurídica. De ahí que la sentencia de unificación debe ser acatada de
manera preferente respecto de otros precedentes, como los invocados por la actora,
pues estos no tienen esa índole.
Así, teniendo en cuenta que este asunto está pendiente por decidir en la vía judicial
debe aplicarse la sentencia de unificación.
41
Sentencias del 22 de febrero de 2018, exp. 22536, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 19 de abril de 2018, exp.
22939, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 25 de abril de 2018, exp. 22940, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
del 03 de mayo de 2018, exp. 23378, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 24 de mayo de 2018, exp. 23362, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto; del 31 de mayo de 2018, exp. 22388, C.P. Milton Chaves García; y del 14 de junio de
2018, exp. 23319, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
42
2020-CE-SUJ-SP-001 del 25 de febrero de 2020, exp. 22473.
43
Sentencia de tutela del Consejo de Estado, Sección Tercer, Subsección B, del 4 de octubre de 2021, Radicación número:
11001-03-15-000-2021-05922-00(AC), C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
44
Sentencia de 10 de agosto de 2023, exp 25642 C.P, Stella Jeannette Carvajal Basto. En esta providencia se citó la
sentencia de la Corte Constitucional C-634 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Por consiguiente, no prospera este aspecto de la apelación.
6. Sobre la imposición de la sanción por no declarar. Configuración del
hecho sancionable
La apelante debatió la procedencia de la sanción, por considerar que no cometió la
infracción determinada en los actos, en la medida que UNE no tenía la obligación
de presentar la declaración de retención de la contribución especial en el año 2016,
debido a que la empresa tenía un régimen contractual especial (artículos 55 de la Ley
1341 de 2009, 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007), bajo el cual no celebraba acuerdos en la
modalidad de obra pública.
También cuestionó que la Administración omitió realizar una debida valoración
probatoria de los contratos y de las demás pruebas allegadas al expediente (anexos
de la demanda 51 a 71, 79 y 80), que demuestran que dichos acuerdos no tienen por
objeto la realización de actividades de obra pública, mucho menos los relativos al
mantenimiento de aires acondicionados, suministro de bienes y servicios, suministro
de mobiliario, entre otros.
Sobre el particular, se observa que, en el proceso en el que se profirió la sentencia
con radicado 26922 -que analizó los actos de aforo frente a las mismas partes,
tributo y período de los actos sancionatorios acusados-, no fueron objeto de
pronunciamiento todos los contratos que son materia de las resoluciones por no
declarar.
Debe tenerse en cuenta que, si bien, el procedimiento de aforo y el relativo a la
sanción por no declarar son independientes, también lo es que se relacionan entre
sí45. En este asunto, el juicio de legalidad de los actos de aforo tiene incidencia en
este proceso, en la medida que, respecto de la omisión de declarar el tributo que
fue sancionada en los actos demandados, en aquel se analizó la misma situación
jurídica, fáctica y probatoria sobre algunos contratos, y que, en todo caso, es similar
frente a los demás acuerdos aquí cuestionados. En tal sentido, se reiterará en lo
pertinente el criterio jurisprudencial expuesto en la providencia con radicado 26922.
Así las cosas, se encuentra que los contratos debatidos en este proceso son los
siguientes:
Sentencia
Contrato Objeto
exp. 26922
Contrato nro. 4220000731
Mantenimiento preventivo y correctivo, además de las reformas a la
celebrado con Ingeniería de
infraestructura eléctrica, aire acondicionado y civil, ubicadas en las Si
Telecomunicaciones IDT
zonas de influencia de UNE EPM TELCO S.A.
S.A.S.
Contrato nro. 4220000732 Mantenimiento preventivo y correctivo, además de las reformas a la
celebrado con Metalandes infraestructura eléctrica, aire acondicionado y civil, ubicadas en las Si
S.A.S. zonas de influencia de UNE TELCO S.A.
Contrato nro. 4220000736 Mantenimiento preventivo y correctivo, además de las adecuaciones y
celebrado con Aire Ambiente reformas a la infraestructura eléctrica nacional, incluido el suministro de No
S.A.S. bienes y servicios conexos que se requieran para estas actividades.
Mantenimiento preventivo y correctivo, además de las adecuaciones y
Contrato nro. 4220000737
reformas a la infraestructura eléctrica nacional, incluido el suministro de Si
celebrado con Furel S.A.
bienes y servicios conexos que se requieran para estas actividades.
Contrato nro. 4220000738 Mantenimiento preventivo y correctivo, además de las reformas a la
celebrado con Vertiv Colombia infraestructura eléctrica, aire acondicionado y civil, ubicados en las No
S.A.S. zonas de influencia de UNE EPM TELCO S.A., a nivel nacional.
Contrato nro. 4220000893 Construcción y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así
celebrado con Redes y como el suministro de elementos y servicios asociados necesarios para Si
Edificaciones S.A. construcción de redes de acceso Telco.
45
Sentencias del 30 de agosto de 2016, exp. 20833, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y del 15 de septiembre de 2016,
exp. 20181, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
20
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Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Sentencia
Contrato Objeto
exp. 26922
Construcción y adecuaciones de obras civiles, instalaciones eléctricas y
Contrato nro. 4220000946,
estructuras de apoyo, en instalaciones locativas y/o sitios de servicios Si
celebrado con Furel S.A.
asociados conexos y/o complementarios. Contrato nro. 4220000947 Construcción y adecuaciones de obras civiles, instalaciones eléctricas y
celebrado con Ingeléctrica estructuras de apoyo, en instalaciones locativas y/o sitios de servicios Si
S.A. asociados conexos y/o complementarios. Diseño, implementación, mantenimiento preventivo y correctivo,
adecuaciones y reformas a la infraestructura eléctrica y civil,
Contrato nro. 4220000627 infraestructura de telecomunicaciones, aire acondicionado, soluciones
Si
celebrado con Furel S.A. de seguridad física, mobiliario y los servicios conexos y
complementarios para su correcta operación para UNE TELCO S.A. y
sus clientes finales, dentro y fuera de Colombia. Mantenimiento preventivo, correctivo, adecuaciones y reformas a la
Contrato nro. 4220001171
infraestructura eléctrica, aire acondicionado y civil ubicadas en las zonas Si
celebrado con Furel S.A.
de influencia de UNE EPM TELCO. Contrato nro. 4223006905/ Suministro, instalación, montaje, prueba, puesta en funcionamiento,
422000627 celebrado con garantía y mantenimiento preventivo y correctivo de circuitos cerrados No
Furel S.A. de televisión con video y control en tiempo real. Instalación de los bienes para el mejoramiento de la red eléctrica y de
Contrato nro. 4223006966
comunicaciones con las respectivas garantías y soporte para el cliente No
celebrado con Furel S.A.
final de UNE EPM telecomunicaciones. Contrato nro. 4223006970 Suministro de los elementos necesarios y conexos de infraestructura e
/4220000004 celebrado con instalación de fibra para las adecuaciones del cliente final de une EPM No
Furel S.A. telecomunicaciones
Mantenimiento preventivo y correctivo, además de las reformas a la
Contrato nro. 4220000734
infraestructura eléctrica, aire acondicionado y civil, ubicados en las
celebrado con Aire Ambiente Si
zonas de influencia de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. a nivel
S.A.S.
nacional. Grupo 4. Contrato nro. 4220000894 Construcción y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así
celebrado con Ingeniería y como el suministro de elementos y servicios asociados necesarios para Si
Montajes S.A.S. construcción de redes acceso Telco. Construcción y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así
Contrato nro. 4220000895,
como el suministro de elementos y servicios asociados necesarios para Si
celebrado con Ingelel S.A.S.
construcción de redes acceso Telco. Construcción y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así
Contrato nro. 4220000896,
como el suministro de elementos y servicios asociados necesarios para Si
celebrado con Enecon S.A.
construcción de redes acceso Telco. Diseño, implementación, mantenimiento preventivo y correctivo,
Contrato nro. 4220000628, adecuaciones y reformas a la infraestructura eléctrica y civil,
celebrado con Energizando infraestructura de telecomunicaciones, aire acondicionado, soluciones
Si
Ingeniería y Construcción de seguridad física, mobiliario y los servicios conexos y
S.A.S. complementarios para su correcta operación, para UNE EPM TELCO
S.A., y sus clientes finales, dentro y fuera de Colombia. Suministro e instalación de puntos de datos para distribución de acuerdo
Contrato nro. 4223006874
a anexo de centro de cableado y puntos de cableado por piso para los
celebrado con UP Sistemas Si
edificios administrativos, edificio hospitalizados, edificio consulta
S.A.S.
externa, y edificio medicina nuclear, en el INC. Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento
Contrato nro. 4210000724
de obras civiles para los centros de experiencia (CDE) y sedes
celebrado con Constructora Si
administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones y Colombia Móvil
Landa S.A.S. S.A. E.S.P.
Diseño, implementación, mantenimiento preventivo y correctivo,
adecuaciones y reformas, a la infraestructura eléctrica y civil,
infraestructura de telecomunicaciones, aire acondicionado, soluciones
Contrato nro. 4223006944 de seguridad física, mobiliario y los servicios conexos y
/422000627 celebrado con complementarios para su correcta operación para UNE TELCO y sus No
Furel S.A. clientes finales, dentro y fuera de Colombia. Suministro, instalación,
montaje, prueba, puesta en funcionamiento, garantía y mantenimiento
preventivo y correctivo de circuitos cerrados de televisión con video y
control en tiempo real. Diseño, implementación, mantenimiento preventivo y correctivo,
adecuaciones y reformas a la infraestructura eléctrica y civil,
Contrato nro. 4220000629,
infraestructura de telecomunicaciones, aire acondicionado, soluciones
celebrado con Unión Eléctrica Si
de seguridad física, mobiliario y los servicios conexos y
S.A.
complementarios para su correcta operación, para UNE TELCO, y sus
clientes finales, dentro y fuera de Colombia. Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento
Contrato nro. 4210000696
de obras civiles para los centros de experiencia (CDE) y sedes
celebrado con Compuredes Si
administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones y Colombia Móvil
S.A. S.A. E.S.P. Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento
Contrato nro. 4210000725
de obras civiles para los centros de experiencia (CDE) y sedes
celebrado con Construcciones Si
administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones y Colombia Móvil
Pubenza S.A.S. S.A. E.S.P.
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Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Sentencia
Contrato Objeto
exp. 26922
Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento
Contrato nro. 4210000726
de obras civiles para los centros de experiencia (CDE) y sedes
celebrado con Metalreyes Si
administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones y Colombia Móvil
S.A.S.
S.A. E.S.P.
Contrato nro. 4220001354
Suministro e instalación de piso falso en acero de alta resistencia con
celebrado con Fundival y Si
acabado laminado de alta presión.
Compañía Ltda.
Contrato nro. 4220001363 Construcción, operación y mantenimiento de redes de
celebrado con Huawei telecomunicaciones, así como el suministro de bienes Si
Technologies Colombia S.A.S. y servicios asociados.
Como se expuso en la citada sentencia 26922, a partir de lo dispuesto en el artículo
6 de la Ley 1106 de 200646, en concordancia con la norma local vigente, los artículos
132, 133 y 134 del Acuerdo 064 de 201247, el hecho generador de la contribución
especial se configura por la suscripción de contratos de obra pública con entidades
de derecho público (contratante o cedente), radicándose sobre estos sujetos la
responsabilidad de recaudar, declarar y pagar el tributo en el Distrito de Medellín.
Mediante la sentencia de unificación del 25 de febrero de 202048, esta Corporación
estableció las reglas de interpretación de la configuración del hecho generador de
la contribución de obra pública respecto de las entidades de derecho público que
tengan un régimen contractual especial o exceptuado de la Ley 80 de 1993. Así, de
acuerdo con la primera regla de unificación, para determinar el hecho generador del
tributo, resulta indiferente si la actora, que es una entidad de derecho público, está
sujeta o no al régimen general de contratación, pues «El elemento de la obligación
tributaria se define en función del contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la
entidad de derecho público». En esta providencia, también se precisó que «en términos
generales, el contrato de obra pública es el celebrado con entidades de derecho público para la
realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles».
Al aplicar estos conceptos en el caso analizado, se encuentra que, según el objeto
de los acuerdos, estos corresponden a actividades materiales propias de un
contrato de obra pública, como lo son, la construcción, reparación y mantenimiento
de bienes inmuebles. A igual conclusión se llegó en la sentencia 26922.
La Sala observa que, si bien, algunos contratos aluden a actividades de
mantenimiento de aires acondicionados, suministros de bienes y servicios, y
suministro de mobiliario, no puede perderse de vista que estos trabajos se realizan
46
Ley 1106 de 2006. ARTÍCULO 6o. DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O CONCESIÓN
DE OBRA PÚBLICA Y OTRAS CONCESIONES. El artículo 37 de la Ley 782 de 2002, quedará así: Todas las personas
naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de
adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual
pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
correspondiente contrato o de la respectiva adición.
47
“Artículo 132. Elementos de la Contribución Especial. Los elementos que integran la contribución especial, son: (…)
2. Sujeto pasivo: persona natural o jurídica y las asociaciones público privadas que suscriban contratos de obra pública
o sus adiciones con entidad de derecho público del nivel municipal o sea concesionario de construcción, mantenimiento
y operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales o en las concesiones que
ceden el recaudo de impuestos o contribuciones y, los subcontratistas que con ocasión de convenios de cooperación con
organismos multilaterales, realicen construcción de obras o su mantenimiento.
(…) Actuará como responsable del recaudo y pago de la contribución especial, la entidad de derecho público del nivel
municipal que actúe como contratante o concedente en los hechos sobre los que recae la contribución.
3. Hecho generador: Son hechos generadores de la contribución especial: a. La suscripción de contratos de obra pública
y sus adiciones (…)
Artículo 133. Causación del pago. La contribución especial debe ser descontada del valor del anticipo y de cada cuenta
cancelada al contratista.
Artículo 134. Declaración y pago de la contribución especial. Las entidades recaudadoras tienen la obligación de
presentar la declaración de la contribución especial en forma mensual dentro de los diez (10) primeros días hábiles del
mes siguiente al que se efectuó la retención (…). El incumplimiento en el pago de la contribución especial acarrea interés
moratorio, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional y sin perjuicio de la configuración y
aplicación de otras sanciones. (…)”
48
2020-CE-SUJ-SP-001 del 25 de febrero de 2020, exp. 22473.
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sobre inmuebles, hecho no desvirtuado por la actora, y en tal sentido, encuadran
dentro de una de las modalidades del contrato de obra pública relativo a las
operaciones de reparación y/o mantenimiento de ese tipo bienes.
Lo anterior, no se desvirtúa con las pruebas aducidas por el apelante (anexos de la
demanda 51 a 71, 79 y 80, relativos a documentos del proceso de contratación que derivó en los
acuerdos gravados, y los contratos marco 49), pues los objetos de los contratos permiten
determinar las prestaciones pactadas por las partes, y en tal sentido, dan alcance a
la materia o propósito del acuerdo, que llevaron a verificar los presupuestos del
hecho generador del tributo, esto es, la suscripción de contratos de obra pública.
Así, conforme la sentencia de unificación, y dado que los contratos gravados
corresponden a contratos de obra y la demandante es una entidad de derecho
público, se configuran los supuestos del hecho generador de la contribución de obra
pública previstos en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, y la condición de
responsable del recaudo, declaración y pago del tributo sobre la actora.
De manera que, se encuentra demostrado que UNE incurrió en la conducta
sancionable impuesta en los actos acusados, en tanto omitió la presentación de la
declaración de retención de la contribución especial de obra pública respecto de los
contratos analizados y durante los periodos del año 2016.
En consecuencia, no prospera este cargo de la apelación.
7. Sobre la violación a la libertad de empresa
Para el apelante, la sanción impuesta genera un efecto distorsivo en la competencia
que tienen las entidades públicas y privadas en el sector de telecomunicaciones, al
exigírseles únicamente a las públicas la presentación de la declaración del tributo.
Y que para el caso de UNE exigiría incrementar el valor del contrato en el porcentaje
que corresponda a la contribución, para poder obtener la misma utilidad de una
entidad privada, y los proveedores le aumentarían el valor del servicio para cubrir el
tributo.
Al respecto, la Sala precisa que la responsabilidad de retener y declarar la
contribución de obra pública corresponde a una obligación tributaria impuesta en la
normativa distrital, en virtud de la autonomía territorial, y en concordancia con lo
previsto en la ley que creó el tributo. Debe tenerse en cuenta que el hecho generador
del impuesto se configura con la suscripción del contrato de obra con entidades de
derecho público, y en esa medida, se justifica que se imponga la responsabilidad de
recaudo y declaración sobre estos sujetos.
En cuanto a la supuesta afectación de los costos de la operación por el pago del
tributo, debe tenerse en cuenta que en la sentencia C-1153 de 2008, que declaró la
exequibilidad del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, la Corte Constitucional aclaró
que:
«Ahora bien, la norma tampoco introduce una discriminación inconstitucional entre contratistas
que hayan celebrado contratos de obra pública con entidades públicas que presten servicios
públicos, de un lado, y contratistas privados que celebren contratos de obra con entidades
privadas dedicadas a la misma actividad, de otro. Lo anterior, por cuanto los contratistas
privados no están en la misma situación jurídica que los contratistas públicos, en cuanto no
celebran contratos para la construcción de “obras públicas”. Además, tampoco están en la
49
Samai Tribunal, índice 28. Anexos de la demanda.
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misma situación fáctica, puesto que la posibilidad que tienen los particulares de contratar con
entidades públicas configura un verdadero privilegio económico para dichos contratistas, que
no resulta equiparable con la contratación común entre particulares regida por el derecho
privado. Este beneficio económico derivado de la contratación pública permite presumir una
capacidad contributiva que no necesariamente puede deducirse en cabeza de los particulares
por el sólo hecho de la contratación privada. (…)
En efecto, el tenor literal del inciso 1° del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, ahora bajo
examen, es suficientemente claro al indicar que el sujeto pasivo de la obligación tributaria es
el contratista, o sea la persona natural o jurídica que celebra el contrato de obra, por lo cual
no es cierto que la disposición demandada obligue a las entidades de derecho público a cubrir
el valor del impuesto, o a incluirlo como un costo a su cargo de la obra que contratan. Por tal
razón, el presente cargo de inconstitucionalidad carece de un fundamento jurídico cierto,
porque el legislador no ha dado un trato distinto a las empresas pública frente a las privadas,
obligando sólo a las primeras al pago de un tributo. En realidad, ninguna de las dos está
obligada al pago del impuesto, porque es el contratista de obra pública y no la empresa
pública contratante, el sujeto activo de la obligación tributaria».
De modo que, esta obligación tributaria no implica un desequilibrio económico ni el
desconocimiento de la libre competencia, y en consecuencia, tampoco la sanción
que se deriva de esta; lo cual además, no fue desvirtuado por la actora, quien se
limitó afirmar la existencia de dicha vulneración, sin acreditar la grave afectación de
sus actividades comerciales, ni la presunta desventaja competitiva con otros
agentes del mercado.
Finalmente, se precisa que la garantía de la libre competencia50, en modo alguno
impide a las autoridades ejercer sus competencias de regulación normativa ni
establecer exigencias en pro del interés general y el bien común. En consecuencia,
no prospera este aspecto de la apelación.
8. Sobre la condena en costas
La Sala revoca la condena en costas impuesta por el Tribunal y apelada por la
demandante, porque conforme con el artículo 188 del CPACA, en los procesos ante
esta jurisdicción, la condena en costas, que según el artículo 361 del C.G.P. incluye
las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas el artículo 365 ibidem, y
una de estas reglas es la del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que,
como lo alegó la actora, no se cumple en este asunto. Por las mismas razones no
se condena en costas en esta instancia.
9. Decisión
En suma, se revoca el numeral segundo del fallo apelado y en su lugar, no se
condena en costas a la actora en primera instancia. En lo demás, se confirma la
sentencia apelada. Y, en segunda instancia no se condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar el ordinal segundo de la sentencia apelada, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, el 26 de noviembre de
2024. En su lugar se dispone:
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Demandante: UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
«Segundo: no se condena en costas ni agencias en derecho en primera instancia.»
2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
4. Reconocer personería jurídica a la abogada Marta Elena Mosquera Ramírez,
como apoderada de la parte demandada, de conformidad con el poder obrante
en el índice 17 de SAMAI.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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