Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00927-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00927-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-00927-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00927-01 (1752-2025)
Demandante: Alexander de Jesús Naranjo Jurado
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Tema: Retiro de soldado profesional por pérdida de la capacidad
psicofísica. Caducidad
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la
entidad demandada contra la sentencia del 22 de mayo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Alexander de Jesús Naranjo Jurado presentó demanda1 en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo en
orden a que se declarara la nulidad parcial de la orden administrativa de personal
1267 del 20 de marzo de 2013 emitida por el Ejército Nacional, que lo retiró del
servicio activo, y del acto ficto negativo configurado como consecuencia del silencio
de la administración respecto de los recursos de reposición y apelación interpuestos
contra la decisión anterior.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reintegro al cargo que tenía
1 Samai, índice 90.
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al momento del retiro o a otro de igual o superior categoría; ii) el pago de todos los
haberes dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta cuando sea
reintegrado al Ejército Nacional, sin solución de continuidad; iii) la indexación de
esas sumas; iv) el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con lo previsto en los
artículos 187 a 189 y 192 del CPACA; iv) la aplicación de la sentencia C-197 de
1999; y v) la condena en costas a su favor.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
3.1. Alexander de Jesús Naranjo Jurado prestó sus servicios como soldado
profesional en el Ejército Nacional desde el 1 de octubre de 2003.
3.2. El jefe de desarrollo humano del Ejército Nacional emitió la orden administrativa
de personal 1267 del 20 de marzo de 2013 mediante la cual ordenó el retiro del
demandante por disminución de la capacidad psicofísica, sin que esta hubiese sido
«notificada en debida forma», según el artículo 67 del CPACA.
3.3. El 27 de abril de 2013 el mayor Juan Miguel Flórez Buendía, ejecutivo y segundo
comandante del Batallón Atanasio Girardot, emitió un radiograma mediante el cual
solicitó la autorización para la salida del soldado profesional Alexander de Jesús
Naranjo Jurado, con el fin de realizar «reentrenamiento del Ejército, Actitud Positiva
para Vencer».
3.4. Mediante boleta de salida de 30 de abril de 2013 fue «desacuartelado».
3.5. El 21 de enero de 2015, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de
apelación contra la orden administrativa de personal 1267 del 20 de marzo de 2013.
«[h]asta la fecha no se ha notificado respuesta alguna de los recursos».
3.6. Fue retirado del Ejército Nacional cuando su esposa estaba embarazada.
«teniendo que soportar gravísimas penurias económicas».
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 47, 53, 54 y el preámbulo
de la Constitución Política; Convenio 159 de la OIT, aprobado mediante la Ley 82
de 1998; Ley 361 de 1997, Decreto Ley 1793 del 2000, Decreto ley 1796 de 2000.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
5.1. Su retiro del Ejército Nacional tuvo como motivo la «disminución de la capacidad
psicofísica», no obstante, la Ley 361 de 1997 señaló que en ningún caso la limitación
de una persona podría ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral.
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5.2. Asimismo, el artículo 7 del Decreto 1796 de 2000 dispuso que el concepto de la
capacidad psicofísica se consideraba válido para el personal por un término de 3
meses. En el presente caso el documento médico de soporte para el retiro no se
encontraba vigente pues se expidió el 20 de diciembre de 2010 y la orden
administrativa de personal fue emitida el 20 de marzo de 2013 esto es, 2 años y
tres meses después.
1.2. Contestación de la demanda
6. Mediante auto del 19 de noviembre de 2021 se dio por no contestada la
demanda porque el Ministerio de Defensa lo hizo de forma extemporánea, razón
por la cual no se tramitaron las excepciones formuladas2.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 22 de mayo de
2025 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
demandada con fundamento en lo siguiente3:
7.1. La entidad demandada profirió la orden administrativa de personal 1267 del 20
de marzo de 2013 por medio de la cual se retiró del servicio al exsoldado con
fundamento en las condiciones psicofísicas establecidas en las actas del 15 de
enero de 2008 y 20 de diciembre de 2010 expedidas por la Junta Médico Laboral y
el Tribunal Médico Laboral respectivamente. Sin embargo, no se acreditó que haya
adelantado actuación alguna para establecer si era apto para una reubicación en la
institución.
7.2. Si bien una de las causales para que pudiera ser retirado del servicio era por
la disminución de la capacidad psicofísica, esa facultad debía ir en armonía con los
derechos de estabilidad laboral, al trabajo y a la igualdad, y aplicarse solo en
aquellos casos en los cuales definitivamente no fuera viable la reubicación laboral.
7.3. El Ejército Nacional no dio respuesta al requerimiento consistente en que se
allegara al proceso «el estudio del caso del señor Alexander de Jesús Naranjo Jurado,
donde se determinara las actividades que podía realizar teniendo en cuenta su grado de
disminución de la capacidad psicofísica dictaminada con el acta 3476-4470», el cual era
determinante para establecer si se encontraba apto para su reubicación en la
institución, para desarrollar actividades de instrucción, docencia o administrativa,
pues si bien, en el acta de la junta médica se indicó que no era apto para el servicio,
el aspecto en mención no fue objeto de estudio o de análisis, sin considerar que se
trataba de una persona con pérdida de capacidad del 10% como consecuencia de
2Samai, índice 61.
3 Samai, índice 90.
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«hallux valgus»4.
7.4. En la medida en que el expediente administrativo se allegó en forma incompleta,
no se pudo observar el grado de escolarización ni las destrezas que el actor poseía
en su momento para el desempeño de otra actividad en la institución, cuando era
una obligación de la demandada examinar esa situación previo a su retiro,
comoquiera que debía privilegiarse el derecho a la estabilidad laboral reforzada,
máxime si se tenía en cuenta que entre la fecha de la junta médica 3476-4470 del
20 de diciembre de 2010 y su retiro, transcurrió un término aproximado de 2 años
y 3 meses.
7.5. El acto de retiro era contrario a lo previsto en el artículo 7 del Decreto 1796 de
2000 que estableció un término de 3 meses de validez y vigencia de los exámenes
de capacidad psicofísica, lo que hacía presumir que el demandante durante 2 años
y 3 meses ejerció funciones en la institución sin inconveniente alguno, por lo que
se podía concluir que el acto acusado fue proferido sin apego a los presupuestos
de ley y en detrimento de los derechos y garantías que le asistían a quien «sufre
una merma en su capacidad laboral».
7.6. A pesar de que la entidad argumentó que había proferido el acto en virtud de
una facultad discrecional, de la revisión del acto demandado se desprende que el
único argumento para retirar de la actividad militar al demandante fue su condición
psicofísica, no obstante, si en gracia de discusión se aceptara la razón de que fue
en ejercicio de una facultad discrecional, el retiro no se ajustó a lo previsto en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado CE-SUJ-SII-26-2022 del 7 de abril
de 2022, en particular con las reglas 1 y 2, pues no se acreditó recomendación,
evaluación o clasificación alguna que le sirviera de sustento.
7.7. Comoquiera que el acto administrativo transgredió normas de rango legal y
constitucional, así como la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional, era
procedente el reconocimiento de las pretensiones. Por lo tanto, ordenó el reintegro
del demandante sin solución de continuidad al grado, cargo y antigüedad que
ostentaba al momento de su desvinculación y, en consideración a su disminución
de la capacidad laboral, dispuso volver a evaluar al soldado y determinar si era
viable su reubicación laboral en un cargo que pudiera desempeñar de acuerdo con
su preparación académica y capacitación. Asimismo, ordenó, a título de
indemnización, el pago de los emolumentos y prestaciones dejados de percibir
desde su desvinculación hasta su reintegro, de acuerdo con las reglas dispuestas
en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-354 de 2017.
7.8. La entidad demandada profirió la orden administrativa de personal 1267 del 20
de marzo de 2013 que retiró del servicio al demandante, no obstante, no se acreditó
4 Conocida comúnmente como juanete
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la notificación y/o comunicación del anterior acto, pues, no fue aportada la
constancia aun cuando se requirió en varias oportunidades a la demandada. Por lo
que se tomó como tal la fecha en que se presentó el recurso de reposición y, en
subsidio, el de apelación contra la orden administrativa en mención, esto es, el 21
de enero de 2015.
7.9. La demandante tenía 4 meses para demandar, de acuerdo con el artículo 64
del CPACA, término que corrió entre el 21 de enero de 2015 y el 21 de mayo de
2015, sin embargo, se suspendió el 10 de abril de ese año con la solicitud de
conciliación prejudicial, la cual fue declarada fallida el 20 de mayo de 2015 y la
demanda fue presentada el 29 de mayo del año en mención, esto es, dentro del
término legal para ello, por lo que no se configuró la caducidad del medio de control.
También se acreditó la configuración del silencio administrativo negativo frente al
recurso interpuesto contra el acto acusado.
1.4. El recurso de apelación
8. La entidad demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y lo sustentó así5:
8.1. Mediante la evaluación de las condiciones «psiquicofisicas» que realizó el
organismo competente se determinó que el demandante no se encontraba apto
para desarrollar la actividad militar, razón por la cual fue retirado del servicio de
conformidad con los artículos 100 y 106 del Decreto 1790 de 2000.
8.2. El juez de primera instancia se «equivocó» al: i) establecer que el tiempo de
validez y vigencia de los exámenes de capacidad psicofísicas era de 3 meses; y ii)
al «presumir» que el exsoldado ejerció su actividad en la institución sin ningún
inconveniente durante 2 años y 3 meses en los que permaneció en la entidad,
mientras se surtía el trámite administrativo de retiro, presunción que no se apoyó
en ningún elemento probatorio y «donde el juez, recurre a su imaginación para concluir
que Naranjo Jurado podía desarrollar su labor de manera normal desconociendo la
decisión de la Junta Médico Laboral, aunado, a que el concepto de los galenos continuaba
vigente posterior a los 3 meses» (sic).
8.3. En el artículo 7 del Decreto 1796 de 2000 no se estableció la imposibilidad de
desvincular al personal pasados los 3 meses a partir de la calificación médica. La
norma no «realizó» esa prohibición expresa, por lo que no se contrarió aquella
disposición normativa.
8.4. El retiro del servicio estaba sustentado en las normas y el contenido del acta de
la Junta Médica Laboral Militar, sin que con ello se desconociera que esas personas
con disminución de la capacidad laboral gozaban de estabilidad laboral reforzada.
5Samai, índice 90.
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Sin embargo, no podía aplicarse al caso concreto porque existía una
recomendación realizada por los «galenos» que se fundamentó en la actividad
militar.
8.5. En el concepto emitido por la Junta Médica Laboral se estableció que el
demandante tenía una patología llamada «HALLUX VALGUS» en pie derecho, que
dejaba como secuela una disminución de la pérdida de capacidad laboral del 10 %,
lo que le impedía realizar sus funciones militares por alteración parcial de la
funcionalidad de la marcha, lo cual «ponía en riesgo su salud».
8.6. El Ejército Nacional según la ley, gozaba de la facultad de retiro del servicio
activo sobre el personal subalterno de la institución, en beneficio de la misión
constitucional y legal del servicio público a su cargo; en el caso bajo estudio, la
desvinculación se originó en un acto discrecional plenamente justificado por
voluntad del Jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional para ese entonces y
por razones del servicio, las cuales se traducían en la incapacidad física del
demandante, que le «impedían» llevar a cabo su labor como soldado al servicio de
la patria.
8.7. El exsoldado no pudo ser reubicado en la entidad al no estar en condiciones
para ejercer la función militar como tampoco compartir en el entorno de la
mencionada actividad, por lo que el acto acusado se ajustó a derecho, de acuerdo
con lo previsto en el ordinal 2 del literal a) del artículo 8º y el artículo 10 del Decreto
Ley 1793 de 2000.
1.5. Trámite en segunda instancia
9. Mediante auto del 18 de noviembre de 2025 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada contra la sentencia del 22 de mayo de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia6.
10. El Ministerio Público no rindió concepto7.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
6 Samai, índice 10.
7 Samai, índice 14.
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sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
12. Se advierte que, de manera preliminar la sala deberá determinar ¿si en el caso
concreto operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho? y, solo en caso de que la respuesta sea negativa, se estudiará ¿si el retiro
del servicio activo del demandante estuvo debidamente justificado por la pérdida
de la capacidad laboral determinada por la Junta Médica Laboral Militar y al ser un
acto discrecional de la entidad?
13. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
de i) la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho;
y ii) del retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica de los
uniformados del Ejército Nacional; segundo, se expondrán los hechos probados; y
tercero, se resolverá el caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
14. La caducidad es aquel fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo
del principio de la seguridad jurídica, implica la extinción o pérdida del derecho a
promover acciones judiciales para reclamar los derechos individuales y subjetivos
como consecuencia del vencimiento del plazo establecido por la ley para su
ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una sanción y un límite
temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al aparato
jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía8.
15. En reciente oportunidad, esta Subsección señaló que la razón de ser del
fenómeno de la caducidad «(…) radica en el principio de seguridad jurídica, el cual exige
que los litigios sean resueltos en un tiempo razonable. Por ello, el legislador establece
plazos específicos para que cualquier persona acuda a la jurisdicción y obtenga una
decisión definitiva sobre sus pretensiones. Esta medida busca evitar la prolongación
indefinida de situaciones jurídicas inciertas, garantizando el equilibrio y la estabilidad en el
ordenamiento legal»9.
16. En consecuencia, la caducidad impone a los interesados la carga procesal de
8 Así lo indicó este despacho en auto del 12 de diciembre de 2023, proferido dentro del proceso con
radicado 25000-23-42-000-2014-02789-01 (0983-2017).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 6 de marzo de 2025, proferido
dentro del proceso con radicado 76001-23-33-000-2021-00856-01 (1626-2024).
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actuar con diligencia y eficiencia en la defensa de sus derechos, exigiéndoles que
interpongan sus acciones dentro del plazo legalmente establecido. Esta exigencia
responde no solo a una necesidad de orden procesal, sino también se orienta
a evitar la vulneración de principios constitucionales como el debido proceso y la
seguridad jurídica respecto de las decisiones de la administración, que podrían
verse afectadas por la incertidumbre derivada de reclamos tardíos ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Además, se trata de una figura
de orden público, lo que implica que sus efectos son de obligatorio
cumplimiento, no pueden ser modificados, renunciados ni suspendidos por acuerdo
entre las partes, ni tampoco por disposición del juez, por cuanto su finalidad
trasciende los intereses individuales y busca preservar el interés general y
la correcta regulación al acceso de la administración de justicia10.
17. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA prevé que, salvo las
excepciones señaladas en otras disposiciones legales, la demanda deberá
presentarse dentro de los 4 meses siguientes a la comunicación, notificación,
ejecución o publicación, según sea el caso, del acto administrativo que se pretende
declarar nulo, por lo cual, si se promueve luego de ese término, operará la
caducidad.
2.3.2. El retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica de los
uniformados del Ejército Nacional
18. El Decreto 094 de 198911 previó que la capacidad sicofísica era necesaria para
el ingreso y permanencia en el servicio, de acuerdo con la categoría y cargo
[artículo 2]. Esta se calificó con los siguientes conceptos: i) apto: el que presentara
condiciones psicofísicas que permitieran desarrollar normal y eficientemente la
actividad militar, policial o civil; ii) aplazado: quien presentara alguna enfermedad y
que, mediante tratamiento, pudiera recuperar su capacidad para el desempeño del
cargo, empleo o funciones; y iii) no apto: quien sufriera alguna alteración psicofísica
que no le permitiera desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial
o civil [artículo 3].
19. A su turno, en su artículo 19 dispuso que los organismos médico-laborales
militares y de policía serían la Junta Médica Laboral y el Tribunal de Revisión, los
cuales tendrían la función de «llevar a un diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y
secuelas, valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio y fijar los
10 En términos similares lo advirtió la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación en
la sentencia del 13 de junio de 2013, proferida en el proceso 07001-23-31-000-2001-01356-
01(25712).
11 «Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e
indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional».
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correspondientes índices para fines de indemnizaciones cuando a ello hubiere lugar» y
revisar las reclamaciones que se presentaran contra aquellas, respectivamente.
Asimismo, aquellas [las juntas] debían estar fundamentadas en la ficha de aptitud
psicofísica, el examen clínico general correctamente ejecutado, los antecedentes
remotos o próximos, diagnósticos, evolución o tratamiento y diagnóstico de las
lesiones o afecciones basados en conceptos escritos de especialistas [artículo 21].
20. Por su parte, el Decreto 1796 de 200012 definió la capacidad psicofísica como
el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y
psicológico que se debían reunir para ingresar y permanecer en el servicio, en
consideración al cargo, empleo o funciones [artículo 2].
21. Igualmente, estableció que serían organismos médico-laborales militares y de
policía la Junta y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía [artículo
14]. La primera, se encargaría de i) valorar y registrar las secuelas definitivas de las
lesiones o afecciones diagnosticadas; ii) clasificar el tipo de incapacidad y aptitud
para el servicio, «pudiendo recomendar la reubicación laboral cuando así lo amerite»; iii)
determinar la disminución de la capacidad psicofísica; iv) calificar la enfermedad
según sea profesional o común; v) registrar la imputabilidad al servicio; y vi) fijar los
correspondientes índices de lesión. El segundo, conocería en última instancia de
las reclamaciones que se presentaran contra las decisiones de la junta y, en
consecuencia, podría ratificarlas, modificarlas o revocarlas.
22. Y, en el artículo 22, se dispuso que «[l]as decisiones del Tribunal Médico-Laboral
de Revisión Militar y de Policía son irrevocables y obligatorias y contra ellas sólo proceden
las acciones jurisdiccionales pertinentes».
23. Para el caso de los soldados profesionales, el Decreto 1793 de 2000 13 en su
artículo 8 dispuso que una de las causales de retiro temporal con pase a la reserva
sería la disminución de la capacidad psicofísica, esto es, según el artículo 10,
cuando no reuniera «las condiciones de capacidad y aptitud [...] determinadas por las
disposiciones legales vigentes [...]».
24. Este último canon fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-068 de 2018, bajo el entendido de que «el retiro por disminución de la
capacidad psicofísica de los soldados profesionales del Ejército Nacional sólo procede
cuando el concepto de la Junta Médica Laboral sobre reubicación no sea favorable y sus
capacidades no puedan ser aprovechadas en otras actividades administrativas, de
12 «[P]or el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad
laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes
administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de
Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de
Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional
vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993».
13 «[P]or el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto de Personal de Soldados Profesionales
de las Fuerzas Militares».
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mantenimiento o de instrucción, entre otras».
25. Del mismo modo, en el artículo 37 se previó que los soldados profesionales
quedaban sometidos al Código Penal Militar, el Reglamento Disciplinario de las
Fuerzas Militares, a las normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades,
invalideces e indemnizaciones del personal de las Fuerzas Militares y a las normas
que regulan el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
2.4. Hechos probados
26. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
26.1. Alexander de Jesús Naranjo Jurado ingresó como soldado regular al Ejército
Nacional el 16 de agosto de 2001 y al momento del retiro se desempeñaba como
soldado profesional. Prestó sus servicios en esa entidad demandada por 11 años,
9 meses y 11 días14.
26.2. El exsoldado contrajo matrimonio con Aidenia Arango Borja el 31 de marzo de
2004 y tuvieron 1 hijo el 2 de agosto de 201315.
26.3. Mediante el acta de la Junta Médico Laboral 22384 del 15 de enero de 2008
se dispuso una disminución de la capacidad laboral del exsoldado, con base en los
siguientes conceptos médicos16:
«IV. CONCEPTOS DE LOS ESPECIALISTAS
(AFECCION POR EVALUAR- DIAGNOSTICO- ETIOLOGIA- TRATAMIENTOS
VERIFICADOS- ESTADO ACTUAL- PRONOSTICO- FIRMA MEDICO)
FECHA: 28/11/2007 SERVICIO: ORTOPEDIA
DIAGNOSTICO: POSTOPERATORIO TARDIO, CORRECCIÓN HALLUX VALGUS
DERECHO RECIDIVADO. ESTADO ACTUAL: BUENO; MARCHA ANTALGICA PIE
DERECHO, CON EDEMA METATARSO FALANGICO Y TENDENCIA A LA FLEXIÓN.
HERIDAS QUIRÚRGICAS BIEN. CONCEPTO: DOLOR EPISÓDICO PIE DERECHO
CON MARCHAS O BIPEDESTACIONES PROLONGADAS DR. MIGUEL ANGEL RITA
TIRADO.
FECHA: 19/11/2007 SERVICIO: DERMATOLOGÍA
FEBRERO 2007 INICIO PLACA ALOPÉCICA Y CUERO CABELLUDO MÚLTIPLE.
DIAGNOSTICO ALOPECIA AREATA. ESTADO ACTUAL PRESENTA DOS
PEQUEÑOS PARCHES DE 0.5CMS X 0.5 CMS EN CUERO CABELLUDO.
CONCEPTO PACIENTE CON EVOLUCIÓN FAVORABLE DE SU CUADRO. DR.
LEONARDO MEDINA ALVIS
14 Samai, índice 90, archivo «41CopiaExpedientePrestacional» páginas 3 y 4.
15 Samai, índice 90, archivo «01ProcesoEscaneado» páginas 23 y 25.
16 Samai, índice 90, archivo « 57RespuestaEjercito» páginas 1 a 9.
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Demandante: Alexander de Jesús Naranjo Jurado
FECHA: 09/01/2008 SERVICIO: FISIATRÍA
DIAGNOSTICO: HALLUX DERECHO RÍGIDO Y CON DEFORMIDAD,
POSQUIRÚRGICAS (2) PARA CORRECCIÓN DE HALLUX VALGUS. ESTADO
ACTUAL DEFORMIDAD DEL HALLUX DERECHO RECIDIVANTE, POCO
MOVIMIENTO DEL PRIMER ARTEJO Y DOLOR DE APOYO. CONCEPTO PIE
DOLOROSO POSQUIRÚRGICO CORRECCIÓN DE HALLUX VAGOS DERECHO,
INTOLERANCIA MARCHA PROLONGADA. DRA IRMA RAIGOZA
NOTA: EL PACIENTE TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LOS CONCEPTOS
EMITIDOS POR LOS ESPECIALISTAS.
V. SITUACION ACTUAL
A. ANAMNESIS
"PRESENTA INICIOS SÍNTOMAS 09 DE OCTUBRE DEL 2007, HALLUX VALGUS
DERECHO CORREGIDO, QUIRÚRGICAMENTE Y ALOPECIA AREATA VALORADOS
POR ESPECIALISTAS.
B. EXAMEN FISICO
MARCHA ANTALGICA, HALLUX DERECHO RÍGIDO CON DEFORMIDAD AL
EXAMEN FÍSICO, RESTO NORMAL.
VI. CONCLUSIONES
A- DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:
«1).HALLUX VALGUS EN PIE DERECHO EL CUAL FUE CORREGIDO
QUIRÚGICAMENTE, EN SU POSTOPERATORIO TARDIO VALORADO Y TRATADO
POR EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y FISIATRIA QUE DEJA COMO SECUELA: A.)
AFECCIÓN DOLOROSA EN PIE DERECHO, 2) PRESENTO PARCHES ALOPECICOS
MULTIPLES EN CUERO CABELLUDOS POR ALOPECIA AREATA TRATADO Y
VALORADO POR EL SERVICIO DE DERMATOLOGIA CON EVOLUCIÓN
FAVORABLE ASINTOMATICO.
B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad
psicofísica para el servicio.
INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL
NO APTO - PARA ACTIVIDAD MILITAR
C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.
LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL DIEZ POR
CIENTO (10%)
D. Imputabilidad del Servicio
AFECCION -1 SE CONSIDERA ENFERMEDAD COMUN LITERAL A (EC) AFECCION-
2 SE CONSIDERA ENFERMEDAD COMUN A (EC)
E. Fijación de los correspondientes índices.
DE ACUERDO AL ARTICULO 15 DEL DECRETO 1796 DEL 14-SEP-2000, LE
CORRESPONDE POR: 1A). NUMERAL 1 -206, LITERAL (A) ORDINAL 1 ÍNDICE 3 2-
). NUMERAL NO HAY LUGAR A FIJAR ÍNDICE DE LESIÓN […]» [Sic] [Resaltado del
original]
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26.4. El 4 de marzo de 2008, el demandante solicitó la revisión del acta antes
referida al Tribunal Médico Laboral, toda vez que consideró que sus limitaciones
físicas no se correspondían con lo conceptuado por la junta, por lo que pidió que se
le evaluara nuevamente por ortopedia, dermatología y fisiatría17.
26.5. El 20 de diciembre de 2010 mediante acta 34764470 (1) MDNSG-TML-41 el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía señaló lo siguiente18:
«IV. ANALISIS DE LA SITUACION
Se revisan antecedentes, Junta Médico Laboral N° 22384 DEL 15 DE ENERO DE 2008,
Historia Clínica, conceptos aportados y demás documentación del paciente. Los
miembros del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, examinan al
paciente evidenciando: Buenas condiciones generales, no se evidencia alopecia areata,
a nivel de barba presenta pequeña zona de 2X2 cm alopecico hipopigmentado. En pie
derecho presenta cicatriz quirúrgica en borde interno de grueso artejo con protrusión a
nivel de metatarpofalange del primer dedo anquilosada en flexión. Realiza marcha
antálgica. Se solicita concepto de Ortopedia con el fin de definir tratamiento con
artrodesis o establecer plan de manejo. El 18 de Noviembre de 2009 se revisa el caso,
no fue enviado el concepto ni el paciente se ha pronunciado al respecto a este. Se oficia
al calificado solicitándole informar que paso con el concepto solicitado, se recuerda
artículo 34. El 04 de Marzo de 2010 asiste paciente personalmente manifestando que
ya le autorizaron la cirugía de hallux valgus. Anexa fotocopia de historia clínica y orden
de cirugía. El día 16 de Noviembre de 2010 se fija edicto mediante el cual se llama, cita
y emplaza a un personal del Ejército Nacional entre ellos al SLP Naranjo Jurado para
que en un lapso no mayor a 30 días informe sobre su situación médico laboral.
HOJA N° 03 CONTINUACION ACTA TRIBUNAL MEDICO LABORAL N° 3476-4470(1)
FOLIO N° 200-357 REALIZADA AL SEÑOR SLP. NARANJO JURADO ALEXANDER
DE JESUS
V. CONSIDERACIONES
Paciente que el 15 de Octubre de 2008 fue aplazado para valoración por ortopedia con
oficio de referencia No. F24401 y se oficia al paciente mediante escrito No. 003 del 07
de Enero de 2010 para solicitar el concepto y recordar artículo 34 del Decreto 094 de
1989, nuevamente se hace oficio No. 10393 del 10 de Noviembre de 2010 recordando
dicho artículo. Se fija edicto el 16 de Noviembre de 2010 y se desfija el 15 de diciembre
de 2010 por haber transcurrido un término de 30 (treinta) días para dar cumplimiento al
artículo 30 del Decreto 094 de 1989. Teniendo en cuenta que ha transcurrido un término
de 2 años y 2 meses, tiempo más que suficiente, sin que el paciente se hubiera
pronunciado al respecto, se decide por unanimidad aplicar el ARTÍCULO 34 del Decreto
094 de 1989, el cual textualmente señala:
"INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EXÁMENES Y PRUEBAS. Cuando el proceso
de exámenes y pruebas, ordenados para efectos de junta y Tribunal Médico, se viere
interrumpido por más de treinta (30) días sin causa justificada, por parte del interesado,
se entenderá que renuncia a los derechos que pretendía defender y se procederá a
archivar el expediente, previa constancia en el mismo sobre tal incumplimiento."
17 Samai, índice 90, archivo « 57RespuestaEjercito» páginas 17.
18 Samai, índice 90, archivo «60AnexoRespuesta» páginas 1 a 5.
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VI. DECISIONES
Los miembros del Tribunal Medico Laboral por unanimidad deciden dar aplicación al
ARTÍCULO 34 del Decreto 094 de 1989, el cual textualmente señala:
INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EXÁMENES Y PRUEBAS. Cuando el proceso
de exámenes y pruebas, ordenados para efectos de junta y Tribunal Médico, se viere
interrumpido por más de treinta (30) días sin causa justificada, por parte del interesado,
se entenderá que renuncia a los derechos que pretendía defender y se procederá a
archivar el expediente, previa constancia en el mismo sobre tal incumplimiento. […] »
[sic]
26.6. Mediante orden administrativa de personal 1267 del 20 de marzo de 2013 se
retiró del servicio, entre otros, al demandante, de conformidad con el acta médico
laboral 3476-4470 del 20 de diciembre de 2010 y los artículos 10 a 14 del Decreto
1793 de 200019.
26.7. El 27 de abril de 2013 la entidad demandada expidió un documento con el fin
de surtir la notificación personal del acto antes mencionado, no obstante, no tenía
recibo por parte del exsoldado20.
26.8. El 1 de mayo de 2013 se expidió paz y salvo por parte del Ejército Nacional,
en el que se indicó «Ante la oficina del régimen interno […] hace presentación el señor
PF NARANJO JURADO ALEXANDER […] el cual le llega el retiro de la institución por
incapacidad física como novedad fiscal 30 de marzo del 2013[…]», la cual tiene recibido
por parte del demandante21.
26.9. El 21 de enero de 2015 el demandante presentó recurso de reposición y, en
subsidio, el de apelación contra la orden administrativa 1267 del 20 de marzo de
2013, emitida por el jefe de desarrollo humano del Ejército Nacional mediante el
cual fue retirado del servicio activo22.
26.10. El 10 de abril de 2015 el demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría Cuarta Judicial II para Asuntos Administrativos, la
cual fue declarada fallida el 20 de mayo de 201523.
2.5. Caso concreto
27.El Tribunal Administrativo de Antioquia, accedió a las pretensiones de la
demanda con fundamento en que encontró acreditado que Alexander de Jesús
Naranjo Jurado fue retirado del servicio porque no era apto para la actividad militar
19 Samai, índice 90, archivo «01ProcesoEscaneado» página 5.
20 Samai, índice 90, archivo «01ProcesoEscaneado» páginas 1 a 4.
21 Samai, índice 90, archivo «01ProcesoEscaneado» página 11.
22 Samai, índice 90, archivo «01ProcesoEscaneado» páginas 15 a 21.
23 Samai, índice 90, archivo «01ProcesoEscaneado» páginas 31 a 33.
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por una disminución del 10% de su capacidad laboral. No obstante, la entidad no
acreditó haber realizado actuación alguna para establecer si era posible una
reubicación en la institución. Asimismo, el acto administrativo de retiro se profirió
con desconocimiento de lo previsto en el artículo 7 del Decreto 1796 de 2000 que
estableció un término de 3 meses de validez y vigencia de los exámenes de
capacidad psicofísica.
28. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la decisión
anterior en atención a que: i) el retiro del demandante se realizó de conformidad
con los artículos 100 y 106 del Decreto 1790 de 2000; ii) el a quo se «equivocó» al
establecer que el tiempo de validez y vigencia de los exámenes de capacidad
psicofísica era de 3 meses y, al presumir que el demandante permaneció en la
entidad, mientras se surtía el trámite administrativo de retiro; iii) el retiro del servicio
se fundamentó en las normas pertinentes y en el contenido del acta de la Junta
Médico Militar puesto que la disminución de la capacidad laboral establecida le
«impedía» realizar sus funciones militares por alteración parcial de la funcionalidad
de la marcha; y iv) la desvinculación se originó en un acto discrecional plenamente
justificado por voluntad del Jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional y por
razones del servicio.
29. Ahora bien, como se indicó previamente, antes de entrar en el fondo del asunto,
esta Sala verificará si operó la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho frente a la pretensión de reintegro al cargo que
desempeñó el demandante y/o a otro de igual categoría en el Ejército Nacional.
30. Al respecto debe precisarse que la Sala no desconoce que la competencia del
juez de segunda instancia se define, en principio, por los reparos expuestos en el
recurso de apelación, los cuales no incluyen la discusión del ejercicio oportuno del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho del caso bajo examen,
no obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA el juez
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que encuentre
probada en la sentencia.
31.A su vez, el artículo 328 del Código General del Proceso estableció en las
competencias del juez de segunda instancia que «deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.». Por lo anterior se procederá a
revisar oficiosamente si operó el fenómeno jurídico-procesal de la caducidad.
32. En ese entendido, aunque el demandante afirmó que tuvo conocimiento de la
resolución que lo retiró del servicio únicamente al presentar los recursos de
reposición y, en subsidio, el de apelación el 21 de enero de 2015, lo cierto es que
de conformidad con lo indicado en la hoja de servicios aportada, trabajó como
soldado profesional hasta el 30 de marzo de 2013, lo cual fue ratificado en el
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documento de paz y salvo de fecha de 1 de mayo de 2013 en el que se dejó
constancia de que «Ante la oficina del régimen interno […] hace presentación el
señor PF NARANJO JURADO ALEXANDER […] el cual le llega el retiro de la
institución por incapacidad física como novedad fiscal 30 de marzo del 2013.(Se
resalta).
33. Así las cosas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del CPACA,
los actos administrativos quedan en firme desde el día siguiente al de su
notificación, comunicación o publicación, según sea el caso y, aunque en el
presente asunto no se tiene certeza de la fecha exacta de notificación del acto
enjuiciado, el demandante conoció de aquel acto, al menos, desde que se ejecutó
el retiro del servicio, que según se indicó en el párrafo anterior, fue el 30 de marzo
de 2013.
34. De conformidad con lo anterior, se encuentra probado que desde el 30 de
marzo de 2013 Alexander de Jesús Naranjo Jurado tuvo conocimiento del acto que
lo desvinculó del servicio y que la demanda fue presentada ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 29 de mayo de 2015, es decir, que pasaron más
de 2 años sin que ejerciera oportunamente su derecho a promover el medio de
control de la referencia, el cual debió presentarse dentro del término de 4 meses
contados a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto que lo retiró
por disminución de la capacidad psicofísica, según lo establecido en el artículo 164
del CPACA24. Por lo tanto, la Sala se aparta de lo decidido en primera instancia en
relación con la caducidad.
35. En estas condiciones, al encontrarse acreditado que operó la caducidad del
presente medio de control, la sala se relevará de efectuar un pronunciamiento sobre
el retiro del servicio activo del demandante por disminución de la capacidad
psicofísica.
36. En consecuencia, se declarará probada la excepción de caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual se revocará
la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda.
2.6. Conclusión
37. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala revocará la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones
«ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
24
presentada: […] c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del
derecho de los actos previos a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o
publicación, según el caso; [...]»
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de la demanda comoquiera que operó la caducidad respecto del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.7. Costas
38.La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
39. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
40. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma25.
41. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
42. En el caso concreto, como no se evidenció que, la parte demandada actuara
con temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite de este proceso judicial, la sala revocará la condena en
costas de primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
25En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
el 22 de mayo de 2025, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada
por Alexander de Jesús Naranjo Jurado, contra el Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Declarar probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control.
Tercero. Revocar la condena en costas de la primera instancia.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV
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