Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00945-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-00945-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-00945-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-00945-01 (2330-2025)
Demandante: María Victoria Agudelo Rojo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Vinculado: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín
Temas: Reliquidación pensional - docente - Compatibilidad
pensional. Artículo 128 de la Constitución Política.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la entidad demandada
en contra de la sentencia del 30 de julio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión,1 que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2.1.1. Las pretensiones
2. La señora María Victoria Agudelo Rojo, por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo – CPACA-, solicitó la nulidad parcial de la
Resolución 203050029585 del 5 de junio de 2020 proferida por la entidad
demandada a través de la cual se le reconoció la pensión de jubilación.
1 Con ponencia del magistrado Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon.
2 Expediente digitalizado, archivo «4_ED_EXPEDIENTE_04DEMANDA.PDF», visible en el índice 2.
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3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad
demanda pagar la pensión sin condicionarla al retiro del servicio oficial docente;
reconocer la compatibilidad entre pensión y salario, que se le paguen las sumas
dejadas de percibir, debidamente reajustadas con el IPC, con inclusión de la
bonificación pedagógica como factor salarial. Así mismo que se condene al pago
de los intereses moratorios, el cumplimiento de la sentencia y que se condene en
costas a la entidad accionada en los términos de lo previsto en la Ley 1437 de
2011.
2.1.2. Hechos
4. Las pretensiones del libelo se sustentan en los siguientes hechos, que se
sintetizan a continuación:
5. La señora María Victoria Agudelo Rojo se desempeña como docente al servicio
público de educación del Distrito de Medellín desde antes de la expedición de la
Ley 812 de 2003.
6. Adquirió su estatus pensional de jubilación el 11 de agosto de 2018, por lo cual
solicitó el reconocimiento de la prestación el 8 de mayo de 2019, petición a la que
accedió la entidad a través del acto demandado, pero condicionando el pago
hasta el retiro del servicio.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
7. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 13,
23, 46 y 48 de la Constitución Nacional; las Leyes 91 de 1989 y 100 de 1993 y
los Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972, 1042 de 1978, 1045 de 1978 y 2277 de
1979.
8. El apoderado sostuvo que el acto administrativo demandado desconoció
normas constitucionales y legales al negar a la docente oficial el derecho de
recibir simultáneamente pensión y sueldo. Esto porque, según la Ley 91 de 1989
y la legislación especial del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio no es
obligatorio el retiro del servicio para acceder a la pensión, permitiendo así la
compatibilidad entre ambos ingresos para quienes cotizaron a dicho fondo.
9. Según lo indicó, el Decreto 224 de 1972 establece la incompatibilidad entre
docencia y pensión, salvo excepciones legales y el Decreto 2277 de 1979 permite
que los docentes oficiales continúen laborando tras pensionarse, bajo el régimen
especial.
10. Así mismo la Ley 60 de 1993, mantuvo ese régimen para docentes vinculados
antes de 1980 y la excepción del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 y el respaldo
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jurisprudencial del Consejo de Estado y la Corte Constitucional (Sentencia T-064
de 1995), permiten la compatibilidad entre sueldo y pensión para docentes
oficiales, quienes gozan de un régimen especial que no puede ser desconoció
por la entidad demandada, que equipara a los docentes con los demás
funcionarios públicos.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. La Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A. se opuso a las
pretensiones de la demanda3.
11. Al efecto manifestó que no es posible acceder a la solicitud de la demandante
para que se le pague el salario y la pensión de forma concomitante dada la
prohibición establecida en el artículo 128 constitucional. Así mismo no es
procedente que se realice ningún ajuste pensional, ni que se le paguen las demás
sumas de dinero solicitadas en la demanda.
12. Según lo indicó, como la demandante estaba vinculada como docente
territorial con recursos propios del municipio de Medellín, no se le aplicaba la
excepción de compatibilidad entre salario y pensión, debido a que ello solo aplica
a docentes nacionales o nacionalizados que se encuentren afiliados al FOMAG.
13. Se opuso igualmente a la inclusión de factores salariales en la liquidación
pensional, pues en su concepto solo deben tenerse en cuenta aquellos factores
sobre los que efectivamente se realizaron aportes, de acuerdo con el artículo 1.º
de la Ley 62 de 1985.
14. Propuso las excepciones «inexistencia de la obligación», «cobro de lo no
debido», «improcedencia de la indexación», «compensación por pagos
realizados» y «sostenibilidad financiera del Estado».
2.2.2. Entidad vinculada Distrito de Medellín4.
15. El Distrito de Medellín se opuso a las pretensiones de la demanda para lo
cual señaló que, la competencia frente a ellas recae exclusivamente sobre el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales pues así lo establecen las Leyes 91
de1 989, 962 de 2005 y finalmente el Decreto 2831 de 2005.
16. Según lo sostuvo, la señora Agudelo Rojo se vinculó como docente con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y como
consecuencia de ello se encuentra cobijada por el gimen de prima media
3 Índice 7. Expediente digital. Primera instancia. Aplicativo SAMAI.
4 Índice 9. Ibidem.
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regulado en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, con la excepción de la
edad requerida para el reconocimiento pensional.
17. La entidad precisó que solo es posible pagar la pensión a la docente una vez
se retire del servicio, debido a la incompatibilidad legal y constitucional entre
salario y pensión, conforme a la Constitución y las leyes 4 de 1992 y 344 de 1996
y permitir ambos pagos afectaría la sostenibilidad financiera del sistema
pensional y la equidad en el acceso a recursos públicos.
18. Adujo que los docentes de Medellín financiados con recursos propios tienen
un régimen diferente, sin compatibilidad entre pensión y salario según la
normativa local y el convenio de afiliación al FOMAG. Finalmente, propuso las
excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva» y la de
«inexistencia de causa para pedir».
2.3. Sentencia de primera instancia5
19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, mediante
sentencia proferida el 30 de julio de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda interpuesta.
20. Para arribar a esta decisión, se refirió al régimen legal aplicable a las
pensiones de los docentes oficiales y con ello a las Leyes 33 y 62 de 1985, 91 de
1989, 100 de 1993, 812 de 2003 y los Decretos 2277 de 1979, 3752 de 2003; de
ello y de las pruebas coligió que como la demandante se vinculó al municipio de
Medellín el 21 de marzo de 1995 en materia pensional se le aplicaba lo dispuesto
en la Ley 33 de 1985, por lo que debía acreditar 20 años de servicios y 55 de
edad y su pensión debía liquidarse en suma equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para la cotización al sistema
de seguridad social durante el último año de servicio.
21. En cuanto a los factores salariales a incluirse en la pensión señaló que se
debían tener en cuenta los señalados en la Ley 62 de 1985 siempre que hayan
servido de base para efectuar aportes, como se señaló en sentencia de 25 de
abril de 2019, esto para los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 y con los enlistados en el Decreto 1158 de 1994
para quienes se vinculen con posteridad.
22. Sin embargo, en cuanto a la compatibilidad pensional señaló que acogería el
criterio del Consejo de Estado plasmado en sentencia de 25 de septiembre de
20206, según la cual pensión de jubilación de los docentes vinculados al servicio
público desde antes de la expedición de la Ley 812 de 2003 se debe efectuar sin
5 Ibidem. Índice 33.
6 No indicó el número de proceso.
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necesidad de demostrar el retiro definitivo del servicio, esto, teniendo en cuenta
que el régimen especial docente lo permite y el artículo 19 de Ley 4ª de 1992 no
restringe dicha compatibilidad.
23. Luego se refirió al argumento del distrito de Medellín frente a la falta de
legitimidad por pasiva de esa entidad y señaló que los entes territoriales actúan
como unos meros facilitadores para que los docentes nacionalizados y
nacionales tramiten el reconocimiento y pago de su pensión, la cual, por ley, se
encuentra a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
como lo señala la Ley 962 de 2005 que en su artículo 56 le atribuye la función de
reconocer y pagar las prestaciones sociales a los docentes oficiales.
24. Finalmente estimó que como la demandante prestó sus servicios como
docente al servicio oficial del municipio de Medellín, bajo vinculación territorial
recursos propios, desde el 21 de marzo de 1995, resultando acreedora del
derecho a disfrutar de una pensión de jubilación a la luz de la Ley 33 de 1985,
con lo que adquirió su derecho pensional el 11 de agosto de 2018, que fue
reconocido su derecho a través de la Resolución 202050029585 del 5 de junio
de 2020, pero no se podía condicionar el goce de la prestación al retiro del
servicio.
25. Indicó que de todos los factores percibidos por la demandante solo debían
incluirse la asignación básica mensual, la bonificación mensual y las horas extras
relacionadas en la Ley 62 de 1985, pero no se debía atender a la “Prima
profesional docente, Bonificación pedagógica, Prima de navidad, prima de
vacaciones, prima de servicios, subsidio de transporte y la bonificación Decreto
Nacional”. Por último, indicó que no era procedente el reconocimiento de los
intereses de conformidad con el articulo 141 de la Ley 100 de 1993 pues la
entidad había condicionado el pago al retiro del servicio, con lo que no se puede
incluir que incurrió en mora.
26. De acuerdo con anterior, declaró la falta de legitimación por pasiva frente al
distrito de Medellín; declaró la nulidad parcial del acto administrativo demandado
y ordenó el pago de la pensión a partir de la fecha de adquisición del estatus
pensional con el pago de las sumas adeudadas debidamente actualizadas
acorde con el IPC, finalmente negó las demás pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada.
2.5. Recurso de apelación.
2.5.1. La apoderada de FONPREMAG7 presentó recurso de apelación donde
solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la
demanda.
7 Índice 36. Expediente digitalizado. Primera Instancia. Aplicativo SAMAI.
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27. Al efecto señaló que la demandante no tiene derecho a que le sea reconocido
su derecho a la luz de la «Ley 71 de 1988» pues se vinculó a la docencia oficial
en le año 1995 y por ende no está amparada por el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, ni tampoco acredita 750 semanas como lo señala el Acto
Legislativo 01 de 2005. Por ende, le es aplicable el régimen de la ley 100 de 1993
y debe consolidarse su derecho al cumplimiento de 57 años de edad y 1350
semanas, y con una tasa de reemplazo entre el 65% y el 80%.
28. Además, que el contratista no se convierte automáticamente en empleado
público y que además se produjo el fenómeno de la solución de continuidad, por
más de 15 días hábiles tal como lo establece artículo 10.° del Decreto 1045 de
1978.
29. Precisó que la legislación colombiana proscribe la opción de acceder a la
pensión de jubilación concurrentemente con una pensión de vejez, toda vez que
su propósito es proveer de lo necesario para garantizar a la población colombiana
su subsistencia, con independencia de la contingencia que ampare y, en lo que
respecta al sector oficial docente, de conformidad con los artículos 4.° y 15 de la
Ley 91 de 1989, aquellas vinculaciones que se efectúen con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley, así como para los docentes nacionalizados
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, la normativa aplicable será la
correspondiente al régimen general del sector público, es decir, que las
disposiciones que regulan el reconocimiento de los distintos tipos de pensión
serán las contenidas en la Ley 33 de 1985 y en los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969.
30. Posteriormente indicó que la «[…] prestación que pretende el demandante es
totalmente incompatible con la Pensión de jubilación otorgada por el FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por medio de
la resolución No. 1290 del 19 de febrero de 2019, puesto que no es dable que el
docente perciba doble erogación con cargo al tesoro público».
31. Luego dijo los factores salariales que deben incluirse en la pensión, solo
deben incluirse en aquellos sobre los cuales se han realizado aportes, de acuerdo
con lo indicado en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 2018.
32. Finalmente precisó que debe atenderse al fenómeno de la prescripción y que
no debe condenarse en costas a cargo de la entidad.
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2.6. Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público
33. Dentro de esta etapa procesal el apoderado de la demandante presentó
alegatos de conclusión en el que señaló que la apoderada de la entidad tocó
temas en su apelación que no se trataron en la demanda. En cuanto a la
compatibilidad pensional señaló que la pensión de los docentes que se rige por
la Ley 91 de 1989 no exige retirarse del servicio para poder percibir la pensión
dada su compatibilidad con el salario y por ello debe confirmarse la decisión de
primera instancia.
34. Tanto la parte demandada como el agente del Ministerio Público guardaron
silencio.
35. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia.
36. Es competente esta Subsección para decidir el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia del 30 de julio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión,
dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 1508 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
3.2. Aclaración previa y problema jurídico
37. Como se aprecia del acápite anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y con ello, ordenó a la
entidad accionada realizar el pago de la pensión de la señora Agudelo Rojo desde
la fecha de adquisición del estatus pensional, sin condicionamiento al retiro del
servicio, y negó las pretensiones correspondientes a ordenar la reliquidación
pensional por inclusión de nuevos factores salariales.
38. En la apelación FONPREMAG trajo a colación varios temas que no hicieron
parte de la controversia tales como la reliquidación pensional a la luz de la Ley
71 de 1988, el desarrollo de labores docentes a través de contratos de prestación
8«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
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de servicios y finalmente, ignoró que el Tribunal no ordenó la reliquidación por
nuevos factores salariales. En consecuencia, dado que solamente la
compatibilidad pensional sí constituye unos de los puntos centrales de la
sentencia de primera instancia y de la apelación, la Sala se pronunciará sobre el
mismo.
39. De acuerdo con lo anterior, la Subsección asumirá el fondo del asunto y para
ello determinará si (i) la pensión de jubilación reconocida a favor de la señora
María Victoria Agudelo Rojo es compatible con el salario que devenga por su
labor docente. (ii) Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa deberá
verificarse si operó el fenómeno de la prescripción.
40. A efectos de solucionar los problemas jurídicos planteado la Sala analizará el
marco jurídico de la compatibilidad pensional, para luego, con base en el examen
del caso concreto, verificará si le asiste razón a la entidad apelante.
3.3. Marco normativo
3.5.1. Compatibilidad de la pensión de jubilación y el sueldo en el caso de
los docentes.
41. El artículo 64 de la Constitución Política de 1986 estableció la prohibición de
percibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de empresas o
instituciones en que tuviera parte el Estado con excepción de los casos
dispuestos por el legislador.
42. Luego, el Decreto 1317 del 18 de julio de 1960 ratificó esa prohibición, pero
consagró algunas excepciones, entre ellas, las asignaciones provenientes de
establecimientos educativos oficiales siempre que no se tratara de docentes que
cumplieran su labor de tiempo completo.
43. Asimismo, el artículo 32 del Decreto 1042 del 7 de junio de 1978 reiteró esta
prohibición así:
«ARTÍCULO 32. De la prohibición de recibir más de una asignación. De
conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún empleado
público podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro, o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, ya sea en razón
de contrato, de comisión o de honorarios.
Se exceptúan de la prohibición contenida en el presente artículo las asignaciones
que a continuación se determinan:
a. Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los
establecimientos educativos oficiales, siempre que no se trate de profesorado de
tiempo completo.
[…]».
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44. Posteriormente con la expedición de la Ley 91 de 1989, el legislador permitió
la compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación y la pensión gracia teniendo
en cuenta el carácter especial de esta última comprendida como una recompensa
por la labor docente.
45. La Constitución de 1991 en su artículo 128 mantuvo la prohibición de percibir
más de una asignación proveniente del tesoro público y prescribió la
imposibilidad de desempeñar dos empleos públicos simultáneamente, en los
siguientes términos:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado,
salvo los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas».
46. Se entiende que esta prohibición incluye no solo más de una asignación
proveniente de varios empleos públicos sino la de otras remuneraciones como
ocurre con las pensiones.
47. Esta norma fue desarrollada por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, que
consagró:
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir
más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las
siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a
más de ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.» Destacado fuera
del texto.
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48. La excepción resaltada es aplicable tanto a los docentes pensionados
como a los que posteriormente adquieran la calidad de pensionados en los
términos señalados por esta Corporación en sentencia del 14 de agosto de
2009 donde estudió un caso similar al que aquí se discute9:
«Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19
de la Ley 4 de 199210 no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la
pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es precisamente su
condición de pensionados la que les permite acceder a los beneficios
consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería incompatible
con el goce de la pensión de jubilación”.
La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad
demandada al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia, sino que debe entenderse con respecto a
los beneficios que, para la fecha de su entrada en vigencia, 18 de mayo de 1992,
cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados.»
Destacado fuera del texto.
49. A propósito, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación indicó11:
«Teniendo en cuenta este antecedente, así como la legislación expedida con
posterioridad a la ley 4ª de 1992, la Sala considera que si bien es cierto ella estableció
como criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores aludidos, el
respeto a los derechos adquiridos por los servidores del Estado tanto de régimen
general "como de los regímenes especiales" 8, como era natural -, también lo es que
el literal g) no estableció una excepción a la prohibición, atendiendo un criterio
subjetivo, derivado de la locución "beneficien a los servidores oficiales docentes
pensionados", sino uno de carácter objetivo supeditado a la expresión "exceptuanse
las siguientes asignaciones", que remite a las disposiciones de la legislación anterior
que consagraban las excepciones ya mencionadas, esto es, la compatibilidad de
devengar pensión y sueldo, o dos pensiones -ordinaria y gracia.
Así, las locuciones citadas entre comillas se remiten a las normas que beneficiaban a
los docentes pensionados, es decir, aquéllas que permiten al docente que disfruta de
una pensión recibir otra asignación del tesoro público, y no a los docentes que se
hallaban pensionados al momento de la vigencia de la ley 4ª de 1992, pues la
excepción apunta es a las "asignaciones" y no a los sujetos "docentes pensionados"
De esta manera, un docente se beneficia de la excepción dicha, cuando al cumplir las
exigencias legales accede a la pensión y simultáneamente tiene la posibilidad jurídica
de devengar sueldo u otra pensión, en los términos ya señalados, […]».
50. En ese sentido el artículo 5.° del Decreto 224 de 1972 señaló:
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Radicado Núm. 050012331000200403824 01.
10 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.
11 Concepto No. 1.305 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce, reiterado en
concepto No. 1459 de 29 de agosto de 2002.
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Demandante: María Victoria Agudelo Rojo
«El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario de esté mental y físicamente apto
para la tarea docente, pero no se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir
sesenta y cinco (65) años de edad.» Destacado fuera del texto.
51. Es decir, para los docentes la pensión de jubilación es compatible con el
ejercicio de la docencia de tal manera que pueden recibir la prestación social y
el salario, en consecuencia, la pensión no debe estar sujeta al retiro del servicio.
52. Lo anterior no obsta para señalar que, en su momento, con la entrada en
vigencia del Decreto 1278 de 2002, el Gobierno Nacional consideró necesario
contemplar un régimen de incompatibilidades para los educadores oficiales, el
cual se desarrolló a través del artículo 45 de la siguiente forma:
«Artículo 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución
y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el
sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
53. No obstante, la Corte Constitucional a través de sentencia C-1157 de 2003
declaró inexequible dicha norma al indicar que el legislador en el marco de sus
potestades había contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo
128 Superior en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser
modificada por el Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de
la Ley 4ª de 1992, se pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores
de percibir el salario y la pensión de jubilación de manera concomitante, ello para
nivelar sus condiciones remunerativas y la especialidad diferenciadora de su
labor dentro de la Función Pública12.
3.6. Análisis del caso concreto
54. Como lo advirtió el Tribunal, en este caso se tiene que la demandante se
encuentra cobijada por las previsiones de las Leyes 33 y 62 de 1985, dado que
se vinculó a la docencia oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, acorde con lo señalado en la sentencia de unificación de la Sección
Segunda del Consejo de Estado del 25 de abril de 201913. En efecto:
12 Sentencia de 22 de junio de 2023 dictada por esta Subsección con ponencia del consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez dentro del proceso 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
13Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.
Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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Demandante: María Victoria Agudelo Rojo
a) La señora María Victoria Agudelo Rojo nació el 11 de agosto de 1963
según la copia de la cédula de ciudadanía aportada con la demanda14.
b) Según certificado que obra en el documento «Certificado de tiempos y
salarios.pdf» aportado con la contestación del distrito de Medellín, se advierte
que fue nombrada como docente de tiempo completo desde el 13 de abril de
1995 y continuaba vinculada el 24 de enero de 2021. En la entidad de previsión
a la cual aportaba el docente se señaló: municipio de Medellín – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
55. Ahora bien, en el acto demandado Resolución 202050029585 de 5 de junio
de 2020 se le reconoció la pensión de jubilación a la demandante con base en la
Ley 33 de 1985, y con ello en el 75% del salario promedio percibido en le ultimo
año de servicios, con inclusión de la asignación básica, la bonificación mensual
y las horas extras, percibidos con anterioridad al 11 de agosto de 2018 (fecha de
adquisición del estatus) por valor de $ 5´122.716, efectiva a partir del retiro del
servicio.
56. Como lo determinó el Tribunal, al vincularse al servicio oficial docente antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, como lo exige el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003, adquirir la edad pensional prevista en la Ley 33 de 1985,
resulta contrario al ordenamiento jurídico desconocer que la accionante había
laborado como profesora en el sector público antes de la entrada en vigor de la
mencionada norma, se evidencia por tanto, que la demandante se encuentra
cobijada por la excepción consagrada en el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª
de 1992 y por consiguiente es beneficiaria de la compatibilidad entre la pensión
de jubilación y el salario en los términos del artículo 5.° del Decreto 224 de 1972.
57. En efecto como el vínculo inició antes del 27 de junio de 2003 (como es el
presente caso), para reconocer la pensión se debe acudir a la Ley 91 de 1989,
por lo que sí tenía derecho a devengar la aludida prestación y a la vez continuar
en ejercicio de su cargo docente hasta el cumplimiento de los 70 años de edad,
considerados como la edad de retiro forzoso en virtud de la Ley 1821 de 2016.
58. Adicional a lo anterior, se colige que no ocurrió el fenómeno de la prescripción
dado que el estatus se adquirió el 11 de agosto de 2018 al cumplimiento de la
edad y de la petición de reconocimiento se elevó el 8 de mayo de 2019, como se
indica en el acto administrativo demandado y la demanda fue radicada el día 25
de mayo de 202115.
59. En ese orden de ideas de acuerdo con la línea jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación citada en párrafos que anteceden, y dado que los demás
tópicos del reconocimiento pensional ordenado por el a quo no fueron objeto de
14 Expediente digitalizado, archivo «4_ED_EXPEDIENTE_04DEMANDA.PDF», visible en el índice 2.
15 Expediente digitalizado, primera instancia. Archivo « 04RecepcionDda».
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apelación, corresponde a la Sala confirmar parcialmente la decisión de primera
instancia.
3.5. De la condena en costas en segunda instancia
60. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
61. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
62. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
63. En consecuencia, se impondrán costas a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
64. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de julio de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por la señora María Victoria Agudelo Rojo contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
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Magisterio, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: Se condena en costas en esta instancia a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con lo señalado en precedencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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