Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01146-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01146-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01146-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01146-01 (2819-2025)
Demandante: Luis Edgardo Leal Blanco
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─
Tema: Marco normativo aplicable al reconocimiento de la asignación
mensual de retiro de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional. Retiro del servicio por destitución. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el veintisiete (27) de agosto de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Luis Edgardo Leal Blanco instauró demanda contra la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio Nro. 202021000041011 ID: 541905 del 18
de febrero de 2020, por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la
asignación mensual de retiro, por no haber cumplido el tiempo de servicio exigido.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la demandada
que le reconozca y pague la asignación mensual de retiro, con el reconocimiento de
las mesadas ordinarias y adicionales dejadas de percibir, con su debida indexación.
4. Que se le reconozca la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, por concepto de los perjuicios morales causados, al verse
sometido a las necesidades económicas y humillaciones que ha padecido.
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HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que prestó sus servicios a la Policía Nacional desde el 8 de abril de 2002 y hasta
el «6 de junio de 2019», fecha en la que fue retirado de la institución a través de la
Resolución Nro. 02898.
6. Señaló que radicó una petición ante CASUR en la que solicitó el reconocimiento
y pago de la asignación mensual de retiro, la cual se atendió, desfavorablemente,
mediante el acto que demanda.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Se indicaron como violados los artículos 1, 2, 5, 13, 29, 46 y 53 de la Constitución
Política; el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo; la Ley 180 de 1995; los
artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 244 de 1995; el artículo 33 de la Ley 734 de 2002;
el artículo 2 de la Ley 923 de 2004; los artículos 62, 66, 71, 89 y 214 del Decreto
1212 de 1990; el Decreto 132 de 1995; el Decreto 1791 de 2000; y los artículos 2 y
23 del Decreto 4433 de 2004.
8. En el concepto de violación manifestó que el acto administrativo demandado
vulneró sus derechos adquiridos como patrullero que se desempeñó al servicio de
la Policía Nacional por 16 años, especialmente, su derecho a la dignidad humana,
así como los fines esenciales del Estado, porque se ha visto forzado a desempeñar
labores informales para subsistir, lo que ha afectado su calidad de vida y estabilidad
socioeconómica.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
9. El 4 de agosto de 2021 se admitió la demanda1. La entidad se opuso a las
pretensiones bajo el argumento de que para reconocer la asignación mensual de
retiro a un miembro retirado de la Policía Nacional que desde su ingreso y
permanencia perteneció al nivel ejecutivo, es requisito indispensable el tiempo de
servicio que corresponde a lo establecido por los Decretos 1091 de 1995, 4433 de
2004 y 1858 de 2012. Que no le es aplicable lo establecido en los Decretos 1212 y
1213 de 1990, porque nunca perteneció al escalafón de oficiales o suboficiales.
10. Que la implementación del nivel ejecutivo contempló la posibilidad para los
suboficiales y agentes de incorporarse al nivel ejecutivo; sin embargo, dentro de
esos no se encuentra el demandante, porque su incorporación a la Policía Nacional
fue en forma directa al nivel ejecutivo y, por lo tanto, nunca tuvo una expectativa de
asignación de retiro con base en lo reglado en los Decretos 1212 y 1213 de 1990,
como sí ocurrió para quienes habían pertenecido al régimen de suboficiales y
agentes y luego se trasladaron voluntariamente al nivel ejecutivo.
11. Que el demandante no se encontraba cobijado por ninguna norma que le
reconociera el derecho a la asignación de retiro con menos de 20 años de servicio
1 Véase a índice 4 de SAMAI del Tribunal.
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en su condición particular. En consecuencia, insistió en la legalidad del acto
administrativo demandado y solicitó que se desestimen las pretensiones2.
12. Mediante auto del 11 de mayo de 2022 decidió impartirse el trámite de sentencia
anticipada, se fijó el litigio y se decretaron las pruebas3. El 27 de agosto de 2025 se
dictó sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
13. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del veintisiete (27) de
agosto de dos mil veinticinco (2025), negó las pretensiones. Expuso que las normas
aplicables son la Ley 923 de 2004 y el Decreto 754 de 2019, por cuanto el retiro del
servicio se produjo el 14 de junio de 2019, fecha para la cual ya estaba vigente la
norma reglamentaria, la cual, además, tiene aplicación retrospectiva.
14. Que no le asistía razón al demandante cuando solicitó la aplicación de las
normas contenidas en el Decreto 1212 de 1990 porque ese estatuto regula,
exclusivamente, lo concerniente a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional,
y no al personal del nivel ejecutivo.
15. Expresó que el accionante no cumplió con el tiempo de servicio requerido por
el Decreto 754 de 2019, porque se desempeñó al servicio de la institución por un
tiempo de 16 años, 11 meses y 5 días, esto es, inferior a los 20 años exigidos por
la norma aplicable al caso concreto.
16. Concluyó que no se evidenció vulneración de norma superior ni
desconocimiento del régimen aplicable, por lo que el acto acusado se encontró
ajustado a derecho, pues negó el reconocimiento de la asignación de retiro ante el
incumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente al momento del
retiro del servicio del demandante4.
RECURSO DE APELACIÓN
17. El demandante interpuso recurso de apelación, en el que indicó que el juez de
primera instancia debió inaplicar el artículo 1 del Decreto 754 de 2019, por haber
revivido el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, el cual se declaró nulo por el Consejo
de Estado, al ir en contravía de los derechos otorgados a los uniformados en la Ley
923 de 2004.
18. Que se desconoció el precedente horizontal y vertical, toda vez que no tuvo en
cuenta que otros jueces han inaplicado, por ilegal, el Decreto 754 de 2019 por ser
violatorio de la Ley 923 de 2004.
19. En esa medida, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se inaplique el Decreto 754 de 20125.
2 Véase a índice 9 de SAMAI del Tribunal.
3 Véase a índice 12 de SAMAI del Tribunal.
4 Véase a índice 22 de SAMAI del Tribunal.
5 Véase a índice 25 de SAMAI del Tribunal.
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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
20. El 6 de octubre de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a despacho para dictar sentencia6. Las
partes guardaron silencio.
21. La agente del Ministerio Público rindió concepto en el que manifestó que como
el demandante fue retirado del servicio el 14 de junio de 2019, la norma aplicable
es el Decreto 754 de 2019. Que si bien es cierto que el Consejo de Estado ha
considerado que tras la expulsión del ordenamiento jurídico de las disposiciones
que regulaban la asignación de retiro del nivel ejecutivo resulta procedente aplicar
el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, por ser un régimen sustantivamente
equiparable, dicha aplicación solo es posible cuando los hechos que originan el
retiro ocurrieron antes de la expedición del Decreto 754 de 2019 o cuando este no
resulta aplicable por razones temporales o materiales, circunstancias que no se
cumplen en el presente caso.
22. Que resulta improcedente la aplicación del Decreto 1212 de 1990, porque el
derecho cuya consolidación se reclama debe examinarse a la luz del régimen
vigente al momento del retiro, esto es, el Decreto 754 de 2019, el cual requiere que
quienes sean destituidos acrediten un mínimo de 20 años de servicio para acceder
a la asignación de retiro y tal exigencia no fue cumplida, porque el actor acumuló 16
años, 4 meses y 12 días de servicio efectivo en la institución7.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
23. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si el señor Luis Edgardo Leal
Blanco tiene derecho al reconocimiento y pago de la asignación mensual de retiro
conforme con lo previsto en el Decreto 1212 de 1990 o si, por el contrario, le aplica
el régimen establecido en el Decreto 754 de 2019.
Marco normativo aplicable al reconocimiento de la asignación mensual de
retiro de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional
24. La asignación de retiro es una prestación de naturaleza económica que surge
de la relación laboral administrativa existente entre el Estado y los miembros de la
fuerza pública —fuerzas militares y Policía Nacional—, quienes al cese definitivo de
la prestación de sus servicios se hacen acreedores, en tanto cumplan con los
requisitos legalmente determinados, del reconocimiento y pago en forma mensual y
vitalicia de una determinada suma de dinero que tiene como finalidad garantizar, al
menos, la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador retirado y las de
su familia.
6 Véase a índice 4 de SAMAI.
7 Véase a índice 8 de SAMAI.
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25. En esos términos, la asignación de retiro resulta ser la consagración de un
sistema pensional especial para la fuerza pública y, por lo tanto, una de las formas
en que se materializa el derecho a la seguridad social en este sector, lo que
determina que constituya un derecho fundamental irrenunciable de conformidad con
los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.
26. Dicha prestación fue creada para los oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional a través del Decreto 1212 de 11908, de la siguiente manera:
«ARTICULO 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente
Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados
del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar
servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5)
días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General
de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al
grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad
profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con
más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente
al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo
140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro
por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total
sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.
PARAGRAFO 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que
durante la vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años de
servicio, será equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas
fijadas en el artículo 140, liquidadas en la forma prevista en este Decreto.
PARAGRAFO 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de
diciembre de 1968 con treinta (30) o más años de servicio, continuarán
percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento
(95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva
asignación».
27. El nivel ejecutivo de la Policía Nacional fue creado por el Congreso de la
República a través de la Ley 180 de 19959, cuyo artículo 7, numeral 1, le confirió
facultades extraordinarias al Gobierno nacional para desarrollar esa nueva
categoría al interior de la institución policial. Con tal propósito se expidió el Decreto
1091 de 199510, que en su artículo 51 reguló la asignación de retiro para este
personal.
28. Sin embargo, el citado artículo fue declarado nulo mediante la sentencia del 14
de febrero del 2007 proferida por esta corporación11, al considerar que el presidente
de la República no contaba con las facultades legales para modificar el régimen
8 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional».
8 «Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional
y se dictan otras disposiciones».
9 «Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la
República para desarrollar la Carrera Policial denominada "Nivel Ejecutivo", modificar normas sobre estructura
orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la Carrera Profesional
de Oficiales, Suboficiales y Agentes.».
10 «Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995».
11 Número interno 1240 – 2004.
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prestacional de los miembros de la fuerza pública, al ser un asunto con reserva de
ley.
29. Con posterioridad, se expidió el Decreto 1791 de 200012, que derogó el Decreto
41 de 1994, pero dejó vigente, entre otros, lo relacionado con las normas sobre
prestaciones sociales contempladas en el Título IV13 del Decreto 1212 de 1990,
dentro de las que se encuentran las relacionadas con la asignación de retiro, por lo
que continuó rigiéndose por esta última normativa.
30. En vigencia de la Constitución Política de 1991, se profirió la Ley 923 de 2004
en la cual se señalaron las normas, objetivos y criterios que debía observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro
de los miembros de la fuerza pública, de conformidad con el artículo 150, numeral
19, literal e. Para ello, la ley reguló así:
«ARTÍCULO 2o. OBJETIVOS Y CRITERIOS. Para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el
Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia,
universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y
solidaridad los siguientes objetivos y criterios:
2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán todos
los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos
conforme a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que
se expidan en desarrollo de la misma.
[…]
2.8. No podrá en ningún caso desconocerse el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro al miembro de la Fuerza Pública que hubiere adquirido el
derecho a su disfrute por llamamiento a calificar servicios, por retiro por solicitud
propia, o por haber sido retirado del servicio por cualquier causal.
ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que
sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública
se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de
servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de
asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se
exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro
se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se
produzca por cualquier otra causal.
Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la
Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación
de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad, es decir, 50
12 «Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y
Agentes de la Policía Nacional».
13 Artículo 95.
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años para las mujeres y 55 años para los hombres. […]» (subrayas fuera de
texto).
31. En desarrollo de la anterior disposición, se profirió el Decreto 4433 de 200414, y
el artículo 25 reguló lo referente a la asignación de retiro de los miembros de la
Policía Nacional y se distinguió entre el personal del nivel ejecutivo que ingresara a
la institución a partir de la fecha de entrada en vigor de la norma y aquel que ya
pertenecía al mismo. No obstante, mediante sentencia del 12 de abril de 201215, la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad del parágrafo 2 de dicha
norma, al estimar que representaba una violación a la ley marco.
32. De igual manera, el Consejo de Estado declaró la nulidad del parágrafo 2, del
artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, así como las expresiones acusadas de los
artículos 24, 25 ─parágrafo 2─ y 30 del Decreto 4433 de 2004, por haber
desbordado las facultades otorgadas en la Ley 923 de 2004. Así lo consideró la
corporación:
«[…] La nulidad de las normas acabadas de mencionar tiene como fundamento
común la invocación de violación de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, en
cuyo artículo 3° se establecieron los elementos mínimos que habrán de ser
incluidos en el régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus
sustituciones, la pensión de sobrevivientes y los reajustes de estas, elementos
entre los cuales se encuentra la regla establecida en el numeral 3.1 del artículo
citado en la cual se preceptúa que:
[…]
Como puede observarse, en la norma acaba (sic) de transcribir se hace la
distinción entre miembros de servicio de la Fuerza Pública en servicio activo a
la fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, y
quienes para entonces no se encontraran en servicio activo.
Respecto de quienes se encontraban en servicio activo a la iniciación de la
vigencia de la ley acabada de mencionar dispuso el legislador que “no se les
exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio
superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de expedición de
esta ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años
cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal”.
Es decir, el ámbito de competencia del Presidente de la República en cuanto al
contenido de los Decretos que expida para desarrollar esta Ley Marco quedó
así expresamente delimitado por el legislador. Ello significa, entonces, que si no
obra el Ejecutivo dentro de tales linderos competenciales, el decreto que se
dicte fuera de ellos será violatorio no sólo de la Ley Marco, sino también del
artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política.
En virtud de lo dicho si el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, establece que
el personal de la Policía en servicio activo que a la fecha de entrada en vigor de
ese Decreto sea retirado “después de dieciocho (18) años de servicio, por
llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad sicofísica o
por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional
según corresponda y los que se retiren o sean retirados o sean separados en
forma absoluta con mas de veinte (20) años de servicio” tendrán derecho al
pago de la asignación mensual de retiro como allí se determina, es evidente que
14 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública».
15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 12 de abril de 2012. Rad. 11001-03-25-000-2006-
00016-00.
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se está exigiendo para poder ser asignatario de la misma el cumplimiento como
mínimo de dieciocho (18) años de servicio en unos casos y veinte (20) años de
servicio en otros, lo cual resulta superior a lo establecido para el personal de
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, por el artículo 115 del Decreto
1212 de 8 de junio de 1990, cuando sean llamados a calificar servicios, o por
voluntad del Gobierno, o de la Dirección General de la Policía y, de la misma
manera ocurre con respecto a la asignación de retiro a que tendrían derecho
con 15 años de servicio en las hipótesis contempladas en el artículo 144 del
mismo Decreto mencionado»16.
33. Con el propósito de suplir el vacío normativo que dejó esa declaratoria, se
expidió el Decreto Reglamentario 1858 de 2012 que reguló el régimen pensional y
de asignación de retiro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional; sin embargo, su
artículo 2 fue declarado nulo mediante sentencia del 3 de septiembre de 2018 17,
puesto que la normativa desconoció las previsiones contenidas en la Ley 923 de
2004 al exigir al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, incorporado
directamente y en servicio activo al 31 de diciembre de 2004, requisitos más
gravosos para acceder al derecho de la asignación de retiro (tiempos mínimos y
máximos de retiro entre 20 y 25 años), lo que contravenía los términos señalados
en la normativa superior que se restringen a los mínimos y máximos de 15 y 20 años
de servicio.
34. En dicha providencia se explicó que la decisión tendría efectos ex tunc, es
decir:
«[…] desde entonces, y se retrotraen al momento en que nació el acto, y como
consecuencia de ello, las cosas se vuelven al estado en que se encontraban
antes de la expedición del mismo, por lo que las situaciones no consolidadas
entre el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria del mismo,
son afectadas por la decisión que en esta última se tome18. En tal sentido,
respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas, las sentencias de nulidad
de actos de carácter general tienen efecto inmediato, es decir, sobre aquellas
que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de
debatirse ante las autoridades administrativas o ante esta jurisdicción; por lo
tanto, las “afecta”, de manera inmediata19»20.
35. Finalmente, se profirió el Decreto 754 de 2019 «por el cual se fija el régimen de
asignación de retiro de personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, que
ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004»,
en el cual se estableció:
«Artículo 1°. Régimen de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta
el 31 de diciembre de 2004. Fíjase el régimen de asignación de retiro para el
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó al escalafón por
incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán
derecho cuando sean retirados de la institución con quince (15) años o más de
servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General
16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 28 de febrero de 2013. Rad. 11001-03-25-000-2007-
00061-00 (1238-2007). C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 3 de septiembre de 2018. Rad. 11001-
03-25-000-2013-00543-00.
18 Consejo de Estado. expediente No 4614 del 21 de enero de 1994. Consejo de Estado. Sección Cuarta.
Sentencia del 24 de marzo de 2000. Radicación 9551.
19 Sentencia del 13 de junio de 2013, radicado No. 25000232700020080012501 (18828). M.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez (E).
20 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 3 de septiembre de 2018. Op. cit.
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de la Policía, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren
a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos
después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en
que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro
equivalente […]» (subrayas de la Sala).
36. Nótese que la citada normativa diferenció dos categorías de causales de retiro
frente a la exigencia de tiempos de servicio para el reconocimiento de la asignación
a los miembros del nivel ejecutivo incorporados de manera directa antes del 31 de
diciembre de 2004, a saber:
i) Para quienes sean retirados de la institución con 15 o más años de
servicio por llamamiento a calificar servicios, por voluntad del director
general de la Policía o por disminución de la capacidad psicofísica.
ii) Los que se retiren a solicitud propia, sean retirados o separados en forma
absoluta o destituidos después de 20 años de servicio.
Resolución al caso concreto
37. Se encuentra acreditado que el señor Luis Edgardo Leal Blanco se desempeñó
en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional del 8 de abril de 2002 al 14 de junio de
2019, es decir, por el lapso de 16 años,11 meses y 5 días, según el extracto de hoja
de vida21.
38. Mediante Resolución Nro. 02898 del 6 de junio de 2019, notificada al
demandante el 14 de junio de 2019, el director general de la Policía Nacional lo
retiró del servicio al haber sido destituido e inhabilitado por el término de 10 años
para desempeñar funciones públicas.
39. El demandante solicitó ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
el reconocimiento y pago de la asignación mensual de retiro. Petición que se
atendió, desfavorablemente, a través del Oficio Nro. 202021000041011 ID: 541905
del 18 de febrero de 2020, luego de que se estimara que no cumplió con el tiempo
de servicio exigido.
40. En este punto, se precisa que esta Sección, en casos similares, accedió a las
pretensiones de la demanda en virtud de la aplicación del artículo 144 del Decreto
1212 de 1990, el cual señalaba un tiempo de servicio de 15 años para el
reconocimiento de la asignación mensual, cuando el retiro se produjera por
causa distinta a la voluntad propia22. Ello, en atención a los efectos ex tunc de la
declaratoria de nulidad del parágrafo 2, del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y
del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, lo que suponía aplicar la transición
señalada en el artículo 3, numeral 3.1 de la Ley 923 de 2004, porque el único
21 Se pone de presente que la vinculación del demandante a la Policía Nacional corresponde, en total, a 17
años, 2 meses y 6 días. Sin embargo, como la suspensión penal operó por 5 meses y 23 días, y se hicieron
ajustes a la diferencia del año laboral, quedó registrado que el tiempo de servicios realmente prestado fue al
que ya se aludió.
22 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 20 de marzo de 2018. Rad. 11001-03-
15-000-2018-00521-00. C.P. César Palomino Cortés; Sentencia del 24 de abril de 2018. Rad. 11001-03-15-000-
2017-01997-01. C.P. César Palomino Cortés; Sentencia del 11 de abril de 2018. Rad. 25000-23-42-000-2015-
01949-01. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01146-01 (2819-2025)
condicionamiento era que al momento de la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004,
la persona estuviera en servicio activo de la fuerza pública.
41. Sin embargo, en este caso no es posible aplicar artículo 144 del Decreto 1212
de 1990 que exige 15 años de servicio cuando el retiro se produzca por causa
distinta a la voluntad propia, porque la norma vigente para el momento del retiro es
el Decreto 754 de 2019, que trae como requisito para acceder a la asignación de
retiro, que se acrediten 20 años de servicio cuando el retiro se produzca por
destitución. Si bien el señor Luis Edgardo Leal Blanco hace parte del personal que
ingresó al nivel ejecutivo por incorporación directa antes del 31 de diciembre de
2004, su causal de retiro exige un determinado número de años de servicio para
acceder al reconocimiento prestacional.
42. Así las cosas, como el demandante acreditó 16 años, 11 meses y 5 días de
servicio, es evidente que no reunió todos los supuestos de hecho que exige la
normativa para obtener el reconocimiento prestacional reclamado. Se insiste, su
causal de retiro exige un tiempo de servicios superior al acreditado, esto es, 20
años.
43. Por consiguiente, la Sala estima que el Tribunal Administrativo de Antioquia
aplicó en debida forma la normativa que rige el estudio del caso. Además de que no
era procedente la inaplicación del artículo 1 del Decreto 754 de 2019, en la medida
que, preliminarmente, no se advierte que sea contrario a la Constitución o a la ley,
máxime si se tiene en cuenta que así lo concluyó esta corporación en el auto que
negó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de dicha norma23.
44. Finalmente, en cuanto al argumento del recurrente tendiente a sostener que el
Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el precedente horizontal, toda vez
que no tuvo en cuenta que otras autoridades judiciales han inaplicado, por ilegal, el
Decreto 754 de 2019 por ser violatorio de la Ley 923 de 2004, se pone de presente
que los jueces gozan de autonomía e independencia funcional para interpretar las
normas que hacen parte del ordenamiento jurídico, razón por la que pueden
apartarse del precedente de sus homólogos e, incluso, del de sus superiores,
siempre y cuando lo justifiquen y garanticen el respeto a la igualdad, a la seguridad
jurídica y a la consistencia del sistema normativo; aspectos que no se vislumbran
desconocidos por el fallador de primera instancia en este caso.
45. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el veintisiete (27) de
agosto de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.
Condena en costas de segunda instancia
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
23 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 26 de julio de 2021. Rad. 11001-03-25-000-
2019-00394-00 (2750–2019). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01146-01 (2819-2025)
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
47. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
49. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de agosto de dos
mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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