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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01189-02

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01189-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta corporación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. TERCERO. NO CONDENAR en costas en segunda instancia, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01189-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicación : 05001-23-33-000-2021-01189-02 (0005-2023)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandada : Teresa Lucia Arias Arango
Tema : Reconocimiento diferencia pensional. Subrogación de la entidad
empleadora. Devolución de dineros. Decide manifestación de
impedimento.
Decisión : Se confirma la sentencia apelada. La Universidad carecía de
competencia para reconocer o reliquidar pensiones tras la Ley
100 de 1993 y no procede la devolución de dineros al no haberse
desvirtuado la presunción de buena fe.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada y la apelación
adhesiva presentada por la parte demandante contra la sentencia proferida el 12 de
octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La Universidad de Antioquia, actuando por intermedio de apoderado, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anule el acto
administrativo por medio del cual se ordenó pagar a favor de Teresa Lucia Arias Arango
el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no hubiera sido reconocido por el
Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS).

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la parte demandada restituir
a la Universidad de Antioquia, de manera indexada, las sumas pagadas con ocasión de
la expedición del acto acusado, esto es, desde el 28 de noviembre de 2005 hasta el 31
de mayo de 2021, que corresponden a $ 256.948.771, más los valores que se generen
hasta que la sentencia se encuentre en firme y la condena en costas.

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01189-02 (0005-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

3. Expuso los siguientes argumentos: Teresa Lucia Arias Arango estuvo vinculada como
docente en la Universidad de Antioquia. Previo a la expedición de la Ley 100 de 1993 la
Universidad reconocía directamente las pensiones de vejez a su personal docente y
administrativo, sin realizar ningún descuento por aportes pensionales.

4. Que a partir del 30 de junio de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, la Universidad afilió a sus empleados al ISS y comenzó a realizar los aportes
correspondientes.

5. Que históricamente y sin efectuar descuentos, había reconocido la pensión con base
en todo lo devengado por sus empleados. De acuerdo con el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, la Universidad interpretó que quienes se encontraran en
régimen de transición y les faltaran menos de diez años para adquirir la pensión al
momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, debían tener una
pensión liquidada por el ISS con base en todos los factores salariales devengados. Bajo
esa convicción, la Universidad realizó cotizaciones incluyendo todos los factores
salariales.

6. El 21 de agosto de 2001 la Universidad solicitó formalmente al ISS que reconociera y
pagara las pensiones incluyendo todos los factores devengados como parte del IBL a
quienes cumplían las condiciones mencionadas. El ISS negó esta petición mediante
comunicación del 25 de febrero de 2002, indicando que los factores que integraban el IBL
eran taxativos y excluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.

7. Con ocasión de esta negativa, la Universidad expidió la Resolución 12094 de 1999,
adoptando la interpretación favorable del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Con esta resolución, decidió subrogarse provisionalmente en la obligación que
consideraba correspondía al ISS, mientras se agotaban las vías judiciales
correspondientes, con el fin de evitar perjuicios económicos a los beneficiarios.
Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999, precisó quiénes
serían los destinatarios de dicho beneficio.

8. El 17 de junio de 2005 reconoció y autorizó el pago de un bono pensional a favor de la
parte demandada por $ 357.514.000, de los cuales consignó $ 209.560.000 al ente
previsional en mención.

9. Que el ISS reconoció a la demandada, mediante Resolución 016874 del 20 de
septiembre de 2005, pensión de vejez por valor mensual de $ 3.661.058, excluyendo del
ingreso base de liquidación (IBL) las primas de navidad, servicios y vacaciones. Frente a
dicha exclusión y con fundamento en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, la
Universidad de Antioquia expidió la Resolución 186 del 26 de abril de 2006, ordenando
pagar a la parte demandada la diferencia existente entre la pensión otorgada por el ISS
y la que resultaría de aplicar el IBL incluyendo todos los factores salariales omitidos por
la entidad previsional.

10. Señaló que, aunque inicialmente había interpretado el inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 diferenciando los conceptos de lo “devengado” y lo “cotizado”, con

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Demandante: Universidad de Antioquia

la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 quedó establecido que las pensiones deben
liquidarse exclusivamente con base en lo efectivamente cotizado, poniendo en cuestión
la posibilidad anterior de incluir todos los factores devengados. En apoyo de esta
afirmación citó diversas providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal
Superior de Medellín que analizaron específicamente los factores salariales a considerar
en la liquidación pensional para los beneficiarios del régimen de transición.

11. También que la Ley 100 de 1993 estableció para los empleadores de los sectores
público y privado la obligación de afiliar a su personal al Sistema General de Pensiones.
En consecuencia, con la expedición del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, todas
las personas con vínculo laboral vigente ya debían estar afiliadas al sistema desde el 1.°
de julio de 1995. De esta manera, solo continuaban a cargo de la Universidad aquellas
personas que, al 31 de diciembre de 1996, ya hubiesen cumplido tanto la edad como el
tiempo de servicios exigidos, o que en esa fecha se encontraran retiradas de la entidad
con el tiempo de servicios cumplido, en espera únicamente de alcanzar la edad requerida
para acceder a la pensión de vejez.

12. Finalmente, sostuvo que la demandada en este caso no se encontraba dentro de los
supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, que permitirían considerar
alguna obligación pensional en cabeza de la Universidad, dado que al 31 de diciembre
de 1996 contaba únicamente con 47 años, es decir, no cumplía aún con el requisito de
edad exigido para acceder a la pensión de vejez.

Contestación de la demanda

13. La demandada se opuso a las pretensiones formuladas en la demanda y en resumen
sostuvo que el acto administrativo cuestionado se ajustó plenamente a derecho. En
consecuencia, manifestó que su derecho pensional debe permanecer incólume, al
tratarse de un derecho adquirido, ya que la pensión de jubilación de los beneficiarios del
régimen de transición debe liquidarse tomando en cuenta el salario y todos los factores
salariales devengados.

14. Citó jurisprudencia que, a su juicio, obliga a los empleadores a asumir temporalmente
las obligaciones pensionales que las entidades administradoras (como el ISS) incumplan,
para evitar desproteger los derechos irrenunciables de los trabajadores (sentencias T-
334/97, T-438/97 y T-357/98).

15. Alegó que la universidad no invocó causales de nulidad y que la decisión de asumir
la diferencia pensional fue expedida por la autoridad competente en ejercicio de sus
atribuciones legales, pues en calidad de empleadora es responsable del pago de los
aportes de sus empleados.

16. Propuso las excepciones de falta de conformación de litisconsorcio necesario
respecto de Colpensiones, derecho adquirido, legalidad del acto impugnado, falta de
causa para pedir, falta de tipificación de causales de nulidad, inexistencia de la causa
invocada, falta de interés, buena fe de la demandada, mala fe de la entidad demandante,

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Demandante: Universidad de Antioquia

violación al principio de progresividad, derecho a la seguridad social, falta de legitimidad
en la causa y prescripción.

Decisión de las excepciones previas

17. Mediante auto del 25 de noviembre de 2022, el Tribunal declaró no probada la
excepción de indebida integración del litisconsorcio necesario, al considerar que no era
indispensable vincular a Colpensiones al proceso. Concluyó que no existía una relación
jurídica sustancial que exigiera una decisión respecto de Colpensiones, ni se acreditaba
que dicha entidad tuviera un interés directo en el litigio, dado que la decisión sobre la
legalidad del acto demandado no le generaba beneficio ni perjuicio, al recaer
exclusivamente sobre la nulidad del acto por el cual la Universidad se subrogó en el pago
reconocido a favor de la señora Teresa Lucia Arias Arango.

Sentencia apelada

18. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda al declarar la nulidad de la Resolución 186 del 26 de abril de 2006 y negar la
devolución de los dineros solicitados, sin imponer condena en costas. Sustentó su
decisión en que la Universidad carecía de competencia para expedir el acto acusado,
mediante el cual se subrogó en el pago de las primas de navidad, vacaciones y semestral
no reconocidas por el extinto ISS (hoy Colpensiones) a favor de la demandada, dado que
aquella se encontraba afiliada al sistema general de pensiones y, al 31 de diciembre de
1996, no cumplía con los supuestos que permitían imputar esa obligación a la Universidad
de Antioquia.

19. El Tribunal concluyó que la entidad actora asumió dicha subrogación por mera
liberalidad y que tal actuación no podía generar derechos adquiridos, razón por la cual
estimó configurada la causal de nulidad por falta de competencia, al tratarse de un
reconocimiento sin sustento legal.

20. No obstante, negó la pretensión de restitución de las sumas pagadas, al aplicar el
literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, según el cual en actos relativos a
prestaciones periódicas no procede recuperar lo pagado a particulares de buena fe. En
ese sentido, advirtió que la Universidad no demostró mala fe de la beneficiaria, y que el
acto administrativo demandado gozó de presunción de legalidad mientras estuvo vigente,
de modo que no era procedente exigir la devolución de las mesadas percibidas.

Recursos de apelación

21. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación por la
parte demandada, y apelación adhesiva presentada por la parte demandante. Los
argumentos expuestos fueron los siguientes:

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Demandante: Universidad de Antioquia

Parte demandada

22. Manifestó su inconformidad con el fallo al considerar que el Tribunal partió de una
premisa equivocada al concluir que la Universidad actuó sin competencia y por mera
liberalidad. Afirmó que, tanto en la Resolución Rectoral 12094 de 1999 como en el acto
demandado, la Universidad nunca alegó ser entidad competente para reconocer
pensiones ni creó un régimen pensional, sino que afrontó una situación coyuntural
generada por la negativa del ISS de liquidar correctamente las prestaciones de quienes
estaban amparados por el régimen de transición. En esa línea, explicó que la subrogación
correspondió a un mecanismo temporal para garantizar el pago íntegro de la prestación
mientras el ISS asumía la obligación, conforme a la Ley 33 de 1985, al artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y a la sentencia C-168 de 1995, que reconoció el carácter de derecho
adquirido.

23. Además, insistió en que la Universidad no desconoció quién era el verdadero
obligado, pues dejó expresamente establecido que la obligación era del ISS y que el pago
se mantendría hasta que este la asumiera, bien por decisión propia o por orden judicial.
Sostuvo que el Tribunal omitió valorar la validez jurídica del pago por tercero y desconoció
la normativa aplicable sobre el régimen de transición, en particular la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018. Finalmente, alegó que en el
fallo apelado se ignoró el marco normativo y contractual relacionado con el pasivo
pensional (incluido el contrato interadministrativo de concurrencia y el Decreto 2337 de
1996), lo que generaba una colisión injustificada con el derecho fundamental a la
seguridad social, por lo cual solicitó revocar íntegramente la decisión.

Parte demandante

24. En su recurso de apelación adhesivo, la parte demandante manifestó inconformidad
con la decisión del Tribunal de negar el restablecimiento del derecho consistente en
ordenar el reintegro de los dineros pagados en virtud del acto anulado. Señaló que,
aunque se declaró la nulidad de la Resolución 186 del 26 de abril de 2006 por falta de
competencia, el a quo erró al concluir que la sola presunción de buena fe impedía la
restitución de sumas reconocidas con fundamento en un acto declarado ilegal.

25. Sostuvo que dicho reconocimiento fue temporal y condicionado, pues únicamente se
mantendría mientras la beneficiaria adelantaba ante el entonces ISS (hoy Colpensiones)
las actuaciones administrativas o judiciales tendientes a que esa entidad asumiera la
obligación correspondiente. A su juicio, la omisión de promover tales gestiones durante
un lapso prolongado desvirtúa la buena fe, comoquiera que implicó trasladar a la
Universidad por más de 15 años una obligación que no le correspondía. Con fundamento
en lo anterior, solicitó la revocatoria parcial de la sentencia para que se ordene el reintegro
de las sumas pagadas.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

26. Mediante autos proferidos el 4 de mayo de 2023 y el 12 de octubre del mismo año,
se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la apelación

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adhesiva presentada por la demandante, respectivamente. Durante la oportunidad
procesal, las partes no hicieron manifestación alguna frente a los recursos.

27. El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que señaló que la Universidad
de Antioquia carecía de competencia para reconocer o subrogar obligaciones
pensionales, razón por la cual el acto debía anularse.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

28. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

Cuestión previa

29. En el presente caso, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto,
basándose en las siguientes razones:

30. El 23 de febrero de 20261, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante de
esta Subsección manifestó impedimento para conocer del asunto de la referencia, con
fundamento en la causal señalada en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General
del Proceso. Para ello, indicó que le asiste interés directo en las resultas del proceso,
dado que ha celebrado contratos con la Universidad de Antioquia “para dictar cátedra en
la Especialización de Derecho Administrativo en las materias Derecho Procesal
Administrativo, Sujeto Jurídico Público y Contextualización del Derecho Administrativo.”

31. El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la
imparcialidad del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que
pueden comprometer su criterio en la toma de decisiones.

32. Las causales de impedimento establecidas en la ley son taxativas y de aplicación
restrictiva, constituyendo una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que
no puede ampliarse discrecionalmente conforme al criterio del juez o de las partes.

33. La causal de impedimento invocada por el consejero de Estado se encuentra
enunciada en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General del Proceso, así:

“Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes:

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Índice 19 SAMAI, segunda instancia.

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Demandante: Universidad de Antioquia

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.

[...]”

34. En ese contexto, y habiéndose confrontado la causal invocada con las razones
expuestas, la Sala considera procedente aceptar el impedimento formulado, toda vez que
se entiende que la relación contractual del magistrado con la parte demandante genera
un interés indirecto en el resultado del proceso, lo cual resulta suficiente para
comprometer su imparcialidad en la resolución del litigio.

Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en yerros jurídicos al declarar la nulidad de la Resolución 186 del 26 de abril de 2006,
con fundamento en la supuesta incompetencia de la Universidad de Antioquia para
subrogarse temporalmente en el cumplimiento de obligaciones pensionales a cargo del
ISS, a favor de empleados beneficiarios del régimen de transición; así como al negar la
devolución de las sumas pagadas a la beneficiaria, argumentando la existencia de buena
fe en su actuar, a pesar del conocimiento del carácter provisional del reconocimiento
pensional.

Análisis

36. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, dado que se encuentra
desvirtuada la legalidad del acto administrativo demandado, en tanto que su expedición
no obedeció a una obligación legalmente atribuible a la Universidad de Antioquia, ni se
fundamentó en una competencia que le fuera reconocida para asumir el pago de la
obligación cuestionada. Asimismo, se confirmará la negativa de ordenar la devolución de
las sumas percibidas por la demandada, toda vez que no se logró desvirtuar la presunción
de buena fe, conforme a las razones que se expondrán a continuación.

37. La demandada prestó sus servicios como docente en la Universidad de Antioquia. El
14 de mayo de 1999, el ente educativo expidió la Resolución rectoral 120942 mediante la
cual se subrogó en una “obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.
En su artículo primero dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce el
Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de transición,
y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de diez años para
adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu propio, o por orden
judicial, asuma la misma.”

2 La totalidad de las pruebas obran el expediente digital.

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38. Posteriormente, por medio de la Resolución 16628 el 25 de junio de 1999 el
vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia reglamentó la Resolución
Rectoral 12094, precisando que sus destinatarios “son los jubilados: empleados públicos
docentes y los empleados no docentes de la Universidad de Antioquia, que se encuentren
en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de diez años para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y
pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta lo devengado por el
servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993”. De
igual manera estableció el monto, los requisitos, la duración y el pago de lo reconocido
en el mentado acto administrativo.

39. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución 250 del 17 de junio de 2005
mediante la cual reconoció a favor de la señora Teresa Lucia Arias Arango un bono
pensional por la suma de $ 357.514.000.

40. El 20 de septiembre de 2005, por medio de la Resolución 016874, el extinto ISS
reconoció una pensión de jubilación a la señora Arias Arango, en cuantía de $ 3.661.058.

41. El 26 de abril de 2006 la Universidad de Antioquia profirió la Resolución 186, a través
de la cual ordenó pagar a la parte demandada la diferencia entre lo reconocido por el ISS
y lo que resultaría de incluir las primas de navidad, vacaciones y semestral en el IBL. Esta
actuación se sustentó en el supuesto cumplimiento del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.

42. La Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 fue derogada posteriormente
mediante la Resolución Rectoral 35823 17 de octubre de 2012.

43. Ahora, el Decreto 1848 de 1969 estableció que las pensiones de jubilación de los
empleados oficiales serían asumidas por la última entidad pública empleadora si no
existía afiliación a una entidad de previsión social. Posteriormente, con la expedición de
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios (691 y 692 de 1994, y 2337 de 1996),
se creó el Sistema General de Seguridad Social Integral, ordenando la afiliación
obligatoria de los servidores públicos, incluidos los empleados de universidades
estatales, al nuevo sistema de pensiones. A partir del 30 de junio de 1995, la competencia
para reconocer y pagar pensiones de estos servidores quedó radicada en la
administradora que hubiera recibido las respectivas cotizaciones, cesando así la
competencia directa de las universidades estatales.

44. En consecuencia, tras la entrada en vigor de los regímenes pensionales establecidos
en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales perdieron competencia para el
reconocimiento de pensiones de sus servidores, por lo que esta responsabilidad quedó
en cabeza de la administradora de pensiones que recibió o debía recibir las cotizaciones3.

45. Por tanto, no era competencia de la Universidad de Antioquia pronunciarse sobre el
derecho pensional de la accionada, ni respecto de lo relacionado al mayor valor del IBL,

3 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de

2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.

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ya que tales aspectos correspondían al ISS como administradora de las cotizaciones
realizadas por la parte demandada.

46. En línea con lo anterior, esta Subsección4 ha señalado en casos similares que las
universidades públicas no tienen competencia para ordenar el reconocimiento o
reliquidación de pensiones después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Específicamente, ha afirmado:

“De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional en
favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho que le
asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de factores
salariales devengados por el docente no computados por la administradora de pensiones,
facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales por tratarse del ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.

[…] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3 de
abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal de
expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la encargada
de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue declarado por el a quo.”

47. En consideración a lo expuesto, no le asiste razón a la demandada en sus reparos.
El hecho de que la Universidad de Antioquia se hubiera subrogado en una obligación
pensional que no le correspondía legalmente, no implica que esté llamada a asumir
indefinidamente un pago que compromete recursos públicos, máxime cuando se ha
desvirtuado la legalidad del acto administrativo que dio origen a dicha obligación.

48. En consecuencia, se configura la nulidad del acto administrativo demandado, por
cuanto fue expedido por una autoridad manifiestamente incompetente para reconocer o
asumir obligaciones derivadas del sistema general de pensiones. La Universidad de
Antioquia carecía de atribuciones legales para pronunciarse sobre aspectos relativos al
ingreso base de liquidación de la señora Arias Arango o para subrogarse en obligaciones
propias del extinto ISS, hoy Colpensiones, como administradora de las cotizaciones
efectuadas.

49. Ahora, en cuanto al problema jurídico relacionado con la devolución de los dineros
recibidos por la demandada, la Sala precisa que, conforme al artículo 83 de la
Constitución Política, la buena fe se presume en todas las actuaciones administrativas.
Además, según el numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA no procede la
devolución de prestaciones periódicas pagadas a particulares de buena fe. Sobre el
particular, la Sección Segunda5 de esta corporación ha reiterado que, para desvirtuar
dicha presunción, corresponde a la entidad estatal acreditar que el beneficiario incurrió
en conductas deshonestas, fraudulentas o dolosas.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 15 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-000-2014-01330-02 (5286-19).
5 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de

2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.

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Demandante: Universidad de Antioquia

50. En consecuencia, la Sala advierte que para que prosperara esa pretensión, la
Universidad de Antioquia debió probar no solo la ilegalidad del acto censurado, sino
también que aquellos se obtuvieron en contravía del principio de la buena fe, cuya
presunción rige en el ámbito administrativo. Sin embargo, no se allegaron al expediente
elementos de juicio que acreditaran la existencia de actuaciones fraudulentas o
deshonestas por parte de la demandada.

51. Aunque la entidad sostiene que la accionada debía agotar acciones ante el ISS para
exigir la reliquidación de su pensión, tal omisión, por sí sola, no es demostrativa del
quebrantamiento al principio constitucional de buena fe.

52. Así las cosas, se confirmará la negativa de ordenar el reintegro de las sumas pagadas
al demandado.

Condena en costas

53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

55. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia impondrá condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo
366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo
188 del CPACA.

56. En ese contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez que
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación de la demandada y de la
apelación adhesiva de la demandante, por manera que no puede predicarse que alguna
de las partes haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

10

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01189-02 (0005-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta corporación,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, de conformidad con lo expuesto
en esta providencia.

TERCERO. NO CONDENAR en costas en segunda instancia, de acuerdo con lo
señalado en la parte motiva.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AMCL

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