Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01191-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01191-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01191-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 05001-23-33-000-2021-01191-02 (4711-2023)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandado : José Alirio Ibarra Restrepo
Tema : Reconocimiento diferencia pensional. Subrogación de la
entidad empleadora. Caducidad artículo 86 de la Ley 2381 de
: 2024.
Decisión Confirmar sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 24 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. La Universidad de Antioquia, actuando por intermedio de apoderado, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anule el acto
administrativo por medio del cual se ordenó pagar a favor de José Alirio Ibarra Restrepo
el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no hubiera sido reconocido por el
Instituto de Seguros Sociales (ISS), desde el 8 de noviembre de 2001 hasta que dicha
entidad lo hiciera bien motu proprio o por orden judicial.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la parte demandada restituir
a la Universidad de Antioquia, de manera indexada, las sumas pagadas con ocasión de
la expedición del acto acusado, esto es, desde el 8 de noviembre de 2001 hasta el 31 de
mayo de 2021, que corresponden a $ 259.141.830, más los valores que se generen hasta
que la sentencia se encuentre en firme y la condena en costas.
3. Expuso los siguientes argumentos: José Alirio Ibarra Restrepo estuvo vinculado como
docente en la Universidad de Antioquia. Previo a la expedición de la Ley 100 de 1993, la
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Demandante: Universidad de Antioquia
Universidad reconocía directamente las pensiones de vejez a su personal docente y
administrativo, sin realizar ningún descuento por aportes pensionales.
4. Que partir del 30 de junio de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, la Universidad afilió a sus empleados al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y
comenzó a realizar los aportes correspondientes.
5. Que históricamente y sin efectuar descuentos, había reconocido la pensión con base
en todo lo devengado por sus empleados. De acuerdo con el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, la Universidad interpretó que quienes se encontraran en
régimen de transición y les faltaran menos de diez años para adquirir la pensión al
momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, debían tener una
pensión liquidada por el ISS con base en todos los factores salariales devengados. Bajo
esa convicción, la Universidad realizó cotizaciones incluyendo todos los factores
salariales.
6. El 21 de agosto de 2001 la Universidad solicitó formalmente al ISS que reconociera y
pagara las pensiones incluyendo todos los factores devengados como parte del IBL a
quienes cumplían las condiciones mencionadas. El ISS negó esta petición mediante
comunicación del 25 de febrero de 2002, indicando que los factores que integraban el IBL
eran taxativos y excluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.
7. Con ocasión de esta negativa, la Universidad expidió la Resolución 12094 de 1999,
adoptando la interpretación favorable del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Con esta resolución, decidió subrogarse provisionalmente en la obligación que
consideraba correspondía al ISS, mientras se agotaban las vías judiciales
correspondientes, con el fin de evitar perjuicios económicos a los beneficiarios.
Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999, precisó quiénes
serían los destinatarios de dicho beneficio.
8. El 9 de abril de 2001 reconoció y autorizó el pago de un bono pensional a favor de la
parte demandada, que fue consignado al ente previsional en mención.
9. Que el ISS reconoció al demandado, mediante Resolución 04240 del 2 de abril de
2002, pensión de vejez por valor mensual de $ 2.459.905, excluyendo del ingreso base
de liquidación (IBL) las primas de navidad, servicios y vacaciones. Frente a dicha
exclusión y con fundamento en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, la Universidad de
Antioquia expidió la Resolución 434 del 22 de agosto de 2002, ordenando pagar a la parte
demandada la diferencia existente entre la pensión otorgada por el ISS y la que resultaría
de aplicar el IBL incluyendo todos los factores salariales omitidos por la entidad
previsional.
10. Señaló que aunque inicialmente había interpretado el inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 diferenciando los conceptos de lo «devengado» y lo «cotizado», con
la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 quedó establecido que las pensiones deben
liquidarse exclusivamente con base en lo efectivamente cotizado, poniendo en cuestión
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Demandante: Universidad de Antioquia
la posibilidad anterior de incluir todos los factores devengados. En apoyo de esta
afirmación citó diversas providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal
Superior de Medellín que analizaron específicamente los factores salariales a considerar
en la liquidación pensional para los beneficiarios del régimen de transición.
11. También que la Ley 100 de 1993 estableció para los empleadores de los sectores
público y privado la obligación de afiliar a su personal al Sistema General de Pensiones.
En consecuencia, con la expedición del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, todas
las personas con vínculo laboral vigente ya debían estar afiliadas al sistema desde el 1.°
de julio de 1995. De esta manera, solo continuaban a cargo de la Universidad aquellas
personas que, al 31 de diciembre de 1996, ya hubiesen cumplido tanto la edad como el
tiempo de servicios exigidos, o que en esa fecha se encontraran retiradas de la entidad
con el tiempo de servicios cumplido, en espera únicamente de alcanzar la edad requerida
para acceder a la pensión de vejez.
12. Finalmente, sostuvo que el demandado en este caso no se encontraba dentro de los
supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, que permitirían considerar
alguna obligación pensional en cabeza de la Universidad, dado que al 31 de diciembre
de 1996 contaba únicamente con 51 años, es decir, no cumplía aún con el requisito de
edad exigido para acceder a la pensión de vejez.
Contestación de la demanda.
13. El demandado se opuso a las pretensiones formuladas en la demanda y afirmó que
el acto administrativo cuestionado se ajustó plenamente a derecho. En consecuencia,
sostuvo que su derecho pensional debe permanecer incólume, al tratarse de un derecho
adquirido, cierto, irrenunciable e imprescriptible, ya que la pensión de jubilación de los
beneficiarios del régimen de transición debe liquidarse tomando en cuenta el salario y
todos los factores salariales devengados.
14. Citó jurisprudencia que, a su juicio, obliga a los empleadores a asumir temporalmente
las obligaciones pensionales que las entidades administradoras (como el ISS) incumplan,
para evitar desproteger los derechos irrenunciables de los trabajadores (Sentencias T-
334/97, T-438/97 y T-357/98).
15. Alegó que la universidad no invocó causales de nulidad y que la decisión de asumir
la diferencia pensional fue expedida por la autoridad competente en ejercicio de sus
atribuciones legales, pues en calidad de empleadora es responsable del pago de los
aportes de sus empleados.
16. Propuso las excepciones de falta de conformación de litisconsorcio necesario
respecto a Colpensiones, derecho adquirido, legalidad del acto impugnado, falta de causa
para pedir, falta de tipificación de causales de nulidad, inexistencia de la causa invocada,
falta de interés, buena fe de la demandada, mala fe de la entidad demandante, violación
al principio de progresividad, derecho a la seguridad social, falta de legitimidad en la
causa y prescripción.
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Demandante: Universidad de Antioquia
II. SENTENCIA APELADA.
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en cuanto declaró la nulidad de la Resolución 434 de 2002 y negó las demás
pretensiones, con imposición de costas a cargo de la parte demandada. Fundamentó su
decisión en la falta de competencia de la Universidad de Antioquia para expedir actos de
reconocimiento pensional, pues, tras la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, las
universidades y empleadores perdieron la facultad para reconocer prestaciones,
competencia que fue asumida por la Administradora de Pensiones. La universidad
tampoco podía establecer factores adicionales para el IBL, como las primas de servicios,
vacaciones y navidad, ya que el Decreto 1158 de 1994 define los emolumentos que
integran el IBL.
18. Por otra parte, el Tribunal consideró que no se desvirtuó la buena fe de la parte
demandada, ya que el acto administrativo fue expedido de manera voluntaria por la
universidad, lo que excluye la obligación de devolver lo pagado.
19. Finalmente, en cuanto a la condena en costas, la autoridad judicial consideró que era
procedente en el equivalente al 3% del valor de las pretensiones, conforme al Acuerdo
PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.
III. RECURSO DE APELACIÓN.
20. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación por la
parte demandada, quien argumentó que la Universidad de Antioquia nunca alegó tener
competencia para reconocer directamente pensiones después de la Ley 100 de 1993, ni
creó un régimen pensional propio. Por el contrario, asumió temporalmente el pago de la
obligación pensional del Instituto de Seguros Sociales (ISS), debido a la negativa de dicha
entidad a liquidar correctamente las pensiones de los empleados beneficiarios del
régimen de transición según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
21. Manifestó que la obligación real de reconocer y pagar las pensiones era del ISS. Ante
su incumplimiento, la Universidad actuó legítimamente, subrogándose de manera
temporal y provisional, con base en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, hasta que el
ISS cumpliera voluntariamente o por orden judicial con dicha obligación.
22. Consideró ser titular de un derecho adquirido a que se le reconociera la pensión
conforme al régimen de transición, según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33
de 1985, incluyendo todos los factores salariales devengados. Este derecho había sido
reconocido por la Corte Constitucional en sentencia C-168/95.
23. Destacó que el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, precisó claramente que, para los beneficiarios del régimen de transición, el ingreso
base de liquidación (IBL) debe incluir todos los factores salariales devengados en el
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Demandante: Universidad de Antioquia
período correspondiente, reafirmando la legalidad del actuar de la Universidad al
subrogarse en dicha obligación.
24. Afirmó que la sentencia apelada no reconoció erróneamente la validez jurídica de la
subrogación, figura plenamente reconocida en el ordenamiento civil colombiano, con la
cual la Universidad buscaba proteger derechos fundamentales, y no actuó en forma
arbitraria ni fuera del marco legal y constitucional.
25. Señaló que desde la entrada en vigor de la Ley 100, la Universidad tenía la obligación
de cotizar sobre todos los factores salariales, incluyendo las primas rechazadas por el
ISS, según lo establecieron los Decretos 691 y 1158 de 1994. Consideró que, de haber
incumplido este deber, la Universidad sería responsable por dicha omisión, lo cual
refuerza la legitimidad de su actuar provisional.
26. Concluyó señalando que la sentencia apelada desconoció el derecho fundamental a
la seguridad social en materia pensional, protegido constitucionalmente incluso en
estados de excepción (artículos 93 y 214, numeral 2, Constitución Política). Afirmó que
este derecho fundamental no puede ser afectado por discusiones administrativas entre
entidades públicas.
27. Finalmente, deprecó revocar la condena en costas sin exponer argumentos al
respecto.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
28. Mediante auto proferido el 4 de abril de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente,
la parte demandante guardó silencio respecto al recurso.
29. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones. Para ello, sostuvo que la
Universidad de Antioquia no tenía facultades para efectuar reconocimientos pensionales
ni para fijar un régimen de pensiones mediante actos administrativos, razón por la cual el
acto censurado se encuentra viciado de nulidad.
30. La parte demandada solicitó la aplicación de la caducidad prevista en el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024.
V. CONSIDERACIONES.
Competencia.
31. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
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sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico.
32. Corresponde a la Sala establecer si resulta aplicable la caducidad prevista por el
legislador en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. En caso negativo, debe determinarse
si el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en yerros jurídicos al declarar la nulidad
de la Resolución 434 del 22 de agosto de 2002, con fundamento en la supuesta
incompetencia de la Universidad de Antioquia para subrogarse temporalmente en el
cumplimiento de obligaciones pensionales a cargo del Instituto de Seguros Sociales, a
favor de empleados beneficiarios del régimen de transición.
33. Para resolver este asunto, la Sala abordará tres ejes temáticos: (i) Aplicación de la
regla de caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, (ii) Régimen
jurídico aplicable al reconocimiento pensional de empleados públicos universitarios, y (iii)
Caso concreto.
(i) Aplicación de la regla de caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024
34. La caducidad es un presupuesto procesal de orden público que limita temporalmente
el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Su finalidad es garantizar la
seguridad jurídica y la estabilidad de los actos administrativos, lo que justifica su carácter
irrenunciable y su eventual declaratoria de oficio por parte del juez, conforme al artículo
187 del CPACA.
35. El literal c del numeral 1.° del artículo 164 del CPACA establece como regla general
que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier
tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 20241 prevé como regla especial de caducidad que «Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.»
36. En consonancia con lo anterior, salta a la vista que la norma en mención no resulta
aplicable al caso particular, dado que el acto administrativo aquí censurado no se deriva
del reconocimiento de una pensión otorgada por una entidad facultada para ello. Por el
contrario, la controversia se centra en discutir la legalidad de un acto administrativo
mediante el cual la Universidad de Antioquia ordenó pagar, a favor de José Alirio Ibarra
Restrepo, el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en
1 «Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y
Muerte Común, y se dictan otras disposiciones».
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el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que no fue reconocido por el
Instituto de Seguros Sociales (ISS).
37. Cabe precisar que el extinto ISS fue la entidad de previsión que le reconoció al
demandado una pensión de jubilación mediante la Resolución 04240 del 2 de abril de
2002, acto administrativo que no es objeto de demanda en el presente proceso.
(ii) Régimen jurídico aplicable al reconocimiento pensional de empleados públicos
universitarios
38. El Decreto 1848 de 1969 estableció que las pensiones de jubilación de los empleados
oficiales serían asumidas por la última entidad pública empleadora si no existía afiliación
a una entidad de previsión social. Posteriormente, con la expedición de la Ley 100 de
1993 y sus decretos reglamentarios (691 y 692 de 1994, y 2337 de 1996), se creó el
Sistema General de Seguridad Social Integral, ordenando la afiliación obligatoria de los
servidores públicos, incluidos los empleados de universidades estatales, al nuevo
sistema de pensiones. A partir del 30 de junio de 1995, la competencia para reconocer y
pagar pensiones de estos servidores quedó radicada en la administradora que hubiera
recibido las respectivas cotizaciones, cesando así la competencia directa de las
universidades estatales.
39. En consecuencia, tras la entrada en vigor de los regímenes pensionales establecidos
en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales perdieron competencia para el
reconocimiento de pensiones de sus servidores, por lo que esta responsabilidad quedó
en cabeza de la administradora de pensiones que recibió o debía recibir las cotizaciones2.
(iii) Caso concreto
40. El demandado prestó sus servicios como docente en la Universidad de Antioquia. El
14 de mayo de 1999, el ente educativo expidió la Resolución rectoral 120943 mediante la
cual se subrogó en una «obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
En su artículo primero dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de
transición, y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de diez
años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu propio, o
por orden judicial, asuma la misma.»
41. Posteriormente, por medio de la Resolución 16628 el 25 de junio de 1999 el
vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia reglamentó la Resolución
2 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de
2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.
3 La totalidad de las pruebas obran el expediente digital.
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Demandante: Universidad de Antioquia
rectoral 12094, precisando que sus destinatarios «son los jubilados: empleados públicos
docentes y los empleados no docentes de la Universidad de Antioquia, que se encuentren
en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de diez años para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y
pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta lo devengado por el
servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993». De
igual manera estableció el monto, los requisitos, la duración y el pago de lo reconocido
en el mentado acto administrativo.
42. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución 149 de 2001 mediante la cual
reconoció a favor del señor José Alirio Ibarra Restrepo un bono pensional por la suma de
$ 249.583.000.
43. El 2 de abril de 2002, por medio de la Resolución 04240 el extinto ISS reconoció una
pensión de jubilación al señor Ibarra Restrepo, en cuantía de $ 2.459.905.
44. El 22 de agosto de 2002 la Universidad de Antioquia profirió la Resolución 434, a
través de la cual ordenó pagar a la parte demandada la diferencia entre lo reconocido por
el ISS y lo que resultaría de incluir las primas de navidad, vacaciones y semestral en el
IBL. Esta actuación se sustentó en el supuesto cumplimiento del inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.
45. La Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 fue derogada posteriormente
mediante la Resolución rectoral 35823 17 de octubre de 2012.
46. Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del parágrafo 2° del Decreto 1068
de 1995, los docentes de las universidades oficiales e instituciones oficiales de educación
superior debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el
30 de junio de 1995. Desde esa fecha, la competencia para reconocer y pagar pensiones
recaía en la administradora de pensiones que hubiera recibido las cotizaciones de esos
servidores públicos, que en este caso era el ISS.
47. Por tanto, no era competencia de la Universidad de Antioquia pronunciarse sobre el
derecho pensional del accionado, ni respecto a lo relacionado al mayor valor del IBL, ya
que tales aspectos correspondían al ISS como administradora de las cotizaciones
realizadas por la demandada.
48. En línea con lo anterior, esta Subsección4 ha señalado en casos similares que las
universidades públicas no tienen competencia para ordenar el reconocimiento o
reliquidación de pensiones después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Específicamente, ha afirmado:
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional en
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 15 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-000-2014-01330-02 (5286-19).
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Demandante: Universidad de Antioquia
favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho que le
asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de factores
salariales devengados por el docente no computados por la administradora de pensiones,
facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales por tratarse del ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.
[…] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3 de
abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal de
expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la encargada
de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue declarado por el a quo.
49. En consecuencia, se confirmará la nulidad del acto administrativo demandado, dado
que fue expedido por una autoridad sin competencia legal para ordenar el pago de sumas
relacionadas con el reconocimiento pensional de la parte accionada. No se emitirá
pronunciamiento sobre la imposición de costas en primera instancia, toda vez que no se
presentaron argumentos de inconformidad al respecto.
Condena en costas.
50. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se condenará
en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal de
conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley 2080 de 2021. De lo
anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear las reglas
establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la demanda
carecía de fundamento legal o no.
51. En el caso concreto, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la parte
accionada en el recurso de apelación no carecen de razonabilidad jurídica. Aunque sus
argumentos no prosperaron, las razones de inconformidad fungieron como un ejercicio
legítimo del derecho de defensa y un esfuerzo argumentativo encaminado a cuestionar
la decisión adoptada en primera instancia. En consecuencia, no se condenará en costas
al demandado en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de abril de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
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Demandante: Universidad de Antioquia
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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