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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01203-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01203-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Segundo. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia para que profiera una sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia planteada de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. SSPS 18

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01203-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

7 de mayo de 2026

1

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Ángela Lucía Restrepo Restrepo

Tema: Caducidad

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se declaró de oficio la
excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Universidad de Antioquia presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución Administrativa 229 del 21 de mayo de 2002,
por medio de la cual se ordenó el pago a Ángela Lucía Restrepo Restrepo, del valor
que resultaba de la aplicación del ingreso base liquidación contenido en el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 19932.

1 En lo que sigue CPACA.
2 El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que

les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la restitución de las sumas de dinero pagadas como consecuencia de la
expedición del acto acusado, desde el 16 de septiembre de 2001 hasta el 31 de
mayo de 2021, y los valores que se generaran con posterioridad hasta que la
sentencia se encuentre en firme; y ii) la condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Ángela Lucía Restrepo Restrepo estuvo vinculada con la Universidad de
Antioquia desde el 1 de agosto de 1973 hasta el 16 de septiembre de 2001, fecha
en la que fue aceptada su renuncia.

3.2. Mediante la Resolución 00949 de 2002, el Instituto de Seguros Sociales3 le
reconoció una pensión en cuantía mensual de $2.055.754, a partir del 16 de
septiembre de 2001, sin tener en cuenta en su liquidación las primas de navidad,
«servicios» y de vacaciones.

3.3. La Universidad de Antioquia estuvo facultada para reconocer las pensiones de
su personal docente y administrativo con base en todo lo devengado, en virtud de
las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1996 y los Decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969,
hasta el 30 de junio de 1995, pues con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
tuvo que afiliar a todos sus empleados al extinto Instituto de Seguros Sociales4 y
efectuar los aportes correspondientes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

3.4. A partir de la expedición del Decreto 2337 de 1996 la entidad educativa perdió
competencia para continuar realizando el pago de pensiones.

3.5. Con el objeto de participar en la financiación de la pensión de vejez
de la
demandada, la Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono
pensional a su nombre por medio de la Resolución Administrativa 825 del 14 de
noviembre de 2001, por valor de $356.931.000, suma que consignó a la entidad
competente, esto es al ISS.

3.6. Comoquiera que el ISS no incluyó en la base de liquidación de la pensión de

el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
3 En lo que sigue ISS.
4 En la actualidad la Administradora de Pensiones, en adelante Colpensiones.

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

vejez las primas de navidad, de vacaciones y semestral, la Universidad de Antioquia
expidió la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la cual dispuso en sus
artículos 1 y 3 lo siguiente:

«Artículo primero: Subrogarse en la parte de la obligación que tenía y no reconoció el
Instituto con los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento
de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho,
de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que
el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma.

[…]

«Artículo Tercero: La Universidad continuará con las acciones administrativas y
judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de Seguros Sociales asuma debidamente
su obligación».

3.7. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue reglamentada por la Resolución
Administrativa 16628 de 1999, en la que se estableció como destinatarios a los
empleados públicos docentes y no docentes de la universidad, que al momento de
entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, les faltara menos de 10 años
para adquirir el derecho a la pensión y que esta no les fuera reconocida teniendo en
cuenta el promedio de lo devengado por el servidor, conforme lo ordena el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino que incluyera las primas de navidad,
servicios y vacaciones.

3.8. Con fundamento en lo anterior, la universidad emitió la Resolución Administrativa
229 del 21 de mayo de 2002, en la que ordenó pagar el valor que resultara de la
aplicación del Ingreso Base de Liquidación que señaló el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoció el ISS, a Ángela Lucía Restrepo Restrepo
a partir del 16 de septiembre de 2001 en la suma mensual de $601.589.

3.9. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue demandada por la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia
en sentencia del 10 de octubre de 20135 señaló que el acto no estaba creando una
discriminación, sino que ofrecía un tratamiento igualitario a un grupo de personas
que se encontraban en los supuestos fácticos establecidos en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, siendo justificable para la época en que se profirió la
resolución la interpretación de la universidad, providencia que fue confirmada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 16 de abril de 2015.

3.10. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 se derogó la

5 Proceso con radicado 5001-23-31-000-2009-01178-00.

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999 y se dispuso que la Vicerrectoría
Administrativa debía resolver las situaciones de carácter individual y concreto
creadas a partir de la Resolución 12094, de acuerdo con los principios, normas y
jurisprudencia vigentes en la materia.

3.11. Esta última resolución fue demandada por la Asociación de Profesores de la
Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del
17 de octubre de 20136, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en
que la universidad actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener en el tiempo las
disposiciones del acto administrativo.

3.12. La Universidad de Antioquia ha interpuesto diversas demandas contra los actos
administrativos individuales que reconocieron el pago temporal previsto en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, en cuyas decisiones se ha señalado en forma
pacífica que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del Decreto 1068 de
1995, los servidores públicos y en particular el personal docente de las
universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior debían estar
afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el 30 de junio de
1995, por lo que, a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones económicas
dispuestas en la Ley 100 de 1993 era la administradora de pensiones que recibiera
sus cotizaciones; y por ello, en el caso de la demandada, no era la Universidad de
Antioquia la autoridad competente para pronunciarse acerca de la adjudicación de
su derecho pensional y específicamente lo relacionado con el mayor valor en su
ingreso base de liquidación, sino que era obligación del ISS como entidad
previsional o administradora de las cotizaciones realizadas por la demandada, la
que debía asumir dicho reconocimiento.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 10 de la Ley
4ª de 1992; 18, inciso 3, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de
1994; 5 del Decreto 1068 de 1995; y 4 del Decreto 2337 de 1996.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente7:

6 Proceso con radicado 05001-23-33-000- 2021-01203-00.
7 Samai, índice 2. 4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_7420251zi(.zip). 02.DemandaAnexos.
Demanda.

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

5.1. La Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, mediante la cual fue
reglamentada la 16628 del 25 de junio de ese año, sirvió como fundamento de la
expedición del acto acusado a través del cual la Universidad de Antioquia ordenó el
pago de los factores excluidos por la administradora de pensiones; sin embargo, la
inconstitucionalidad sobreviniente de esa última decisión surgió con la entrada en
vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la
Constitución Política, por cuanto estableció que para la liquidación de las pensiones
solo se tendrían en cuenta los valores devengados respecto de los cuales se hayan
efectuado cotizaciones, determinó que el ingreso base de liquidación sería fijado
por el gobierno nacional y que los factores salariales corresponderían a los
taxativamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

5.2. Encuanto al reconocimiento por parte de la universidad de los factores
desconocidos por Colpensiones, la Corte Constitucional de manera reiterada ha
manifestado que las liquidaciones de los pensionados que resulten beneficiarios del
régimen de transición incluirán exclusivamente los valores respecto de los cuales
se hayan efectuado cotizaciones y que ese régimen conservó la edad, el tiempo y
el monto, pero no el IBL del anterior.

5.3. Con la creación del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos
a nivel departamental, municipal y distrital, todos los empleadores perdieron la
competencia para responder directamente por el pago de las pensiones o
prestaciones económicas de los trabajadores, entre ellos la Universidad de
Antioquia.

5.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 las entidades
de carácter oficial y las instituciones de educación superior en igual condición y de
naturaleza territorial debían constituir un fondo para el pago del pasivo pensional a
favor de los empleados públicos, trabajadores públicos y docentes .

5.5. El Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 dispuso que la Universidad de
Antioquia estaba en la obligación de responder por el reconocimiento de la pensión
de los trabajadores que al 31 de diciembre de 1996 hubieran cumplido la edad y el
tiempo de servicio o que ya estuvieran retirados por haber cumplido el tiempo
necesario y solo esperaran contar con la edad. El personal activo de la institución
debió afiliarse desde el 1º de julio de 1995, como en efecto le sucedió a la
demandada, al no contar con los requisitos previstos por el mencionado decreto,
pues nació el 21 de agosto de 1946.

1.2. Contestación de la demanda

6. Ángela Lucía Restrepo Restrepo, se opuso a las pretensiones de la demanda, con

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Demandante: Universidad de Antioquia

fundamento en los siguientes argumentos8:

6.1. La universidad comenzó a efectuar cotizaciones con las respectivas
deducciones antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, el
cual entró a regir el 30 de junio de 1995 para las entidades territoriales, por lo que
el Consejo Superior Universitario expidió la Resolución Superior 2035 del 26 de
enero de 1994, que obligó a todos sus servidores [dentro de los que se encontraba
ella] a realizar aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral.

6.2. La Universidad no dio cumplimiento al inciso segundo del parágrafo 1°, del
artículo 2° del Decreto 2337 de 19969, ya que no trasladó al Sistema General de
Pensiones, los aportes efectuados por la demandada, desde el 1 de enero de 1994,
que se realizaron sobre todo lo devengado, incluyendo las prestaciones sociales.

6.3. Si bien era cierto que la resolución acusada tenía la vocación de temporalidad,
al estar condicionada hasta tanto el ISS «motu proprio o por orden judicial» incluyera
las primas de servicios, navidad, y vacaciones en las liquidaciones de las pensiones
de vejez del personal universitario, también era cierto que la universidad no había
realizado las gestiones ni las acciones judiciales para lograr que la administradora
del régimen de prima media recibiera las doceavas de estas primas como aportes.

6.4. La institución expidió el acto administrativo acusado de conformidad con el
principio de legalidad y en concordancia con el artículo 53 de la Constitución, así
como con la normativa vigente en materia pensional. Igualmente, se ajustó al
precedente progresivo del Consejo de Estado por más de 25 años10 y generó
derechos adquiridos pensionales que deben ser respetados, independientemente
de la entidad pagadora que los asuma. Lo anterior, porque cumplió con los
requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición y en tal virtud se le
reconoció una mesada pensional que no podría dejársele de pagar o reducirse por
ser un derecho constitucional fundamental.

6.5. Ha obrado de buena fe, con el convencimiento de que la Resolución
Administrativa 229 del 21 de mayo de 2002, se presume legal, ya que no infringió
disposiciones legales y creó una situación jurídica consolidada en virtud de la cual
se recibió la subrogación pensional bajo el convencimiento y confianza legítima de

8 Samai, índice 2. 4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_7420251zi(.zip). 12.Memorial 03.11.2021
ContestaciónDemanda 2021 1203.
9 […]Con respecto al pago de las cotizaciones recibidas o causadas entre la fecha de entrada en

vigencia del sistema en la respectiva universidad o institución y la de afiliación a una de las
administradoras de pensiones, la modalidad de transferencia de los correspondientes recursos podrá
ser convenida entre la universidad o institución y la administradora seleccionada por el afiliado[…].
10 La demandada no aportó datos adicionales del precedente aludido.

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Demandante: Universidad de Antioquia

que el obrar de la entidad demandante era legítimo y que aquella actuaba en
cumplimiento de todos los fundamentos constitucionales y legales.

6.6. Propuso las siguientes excepciones: i) temeridad; ii) justo título y buena fe de la
parte demandada; iii) actuación de funcionario conforme a la ley; iv) firmeza,
ejecutoriedad y obligatoriedad de la resolución administrativa 229 del 21 de mayo
de 2002; v) inexistencia de fundamentos jurídicos que soporten la nulidad del acto
demandado; vi) presunción de legalidad del acto demandado; vii) incumplimiento
del procedimiento señalado por la demandante en el acto administrativo
demandado; viii) prescripción; ix) imposibilidad de condena en costas; y x)
excepción genérica.

6.7. Solicitó no conceder la medida cautelar toda vez que la universidad no probó el
perjuicio patrimonial causado con el pago de los factores prestacionales, además
de que los ha realizado desde el año 1995.

1.3. La medida cautelar

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad 11 decretó la
suspensión provisional de la Resolución No. 229 del 21 de mayo de 2002, con
fundamento en que después de la entrada en vigencia del Sistema General de
Seguridad Social12 los entes universitarios de carácter oficial perdieron competencia
para el reconocimiento de pensiones de sus servidores, la que ahora era de la
entidad administradora de pensiones que hubiere recibido las cotizaciones, en el
caso concreto el ISS.

7.1. Por lo anterior, la competencia para analizar si procedía o no la inclusión de las
primas de navidad, vacaciones y servicios en la liquidación de la pensión de vejez
de la demandada, estaba en cabeza del ISS, por tanto, cualquier disposición que
fuera opuesta a las disposiciones constitucionales y legales, no podía crear
situaciones particulares razón por la cual no podía alegarse la configuración de un
derecho adquirido.

1.4 La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión profirió sentencia
el 7 de noviembre de 2024 mediante la cual levantó la medida cautelar de

11
Samai, índice 2 4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_7420251zi(.zip). 02-1 Medida Cuatelar. 02
AutoConcedeMedidaCautelar.
12 Con la expedición de la Ley 100 de 1993; los decretos 691 de 199 y 1068 de 1995.

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Demandante: Universidad de Antioquia

suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado y, declaró
probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control.

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos13:

9.1. El artículo 138 del CPACA establece el término de 4 meses para demandar los
actos administrativos, a partir de su comunicación, publicación o ejecución, según
sea el caso, sin embargo, este término es para las personas que se consideren
afectadas por la decisión de la administración, sin especificar un plazo para este
mismo medio de control cuando es la propia administración la que pretende
demandar sus propios actos.

9.2. El artículo 164 del CPACA en el numeral 1°, literal c), establece la posibilidad
de demandar en cualquier tiempo cuando la acción «se dirija contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

9.3. La posibilidad de que con la decisión de la administración de demandar sus
propios actos se afecten derechos consolidados e incluso fundamentales de las
personas que fueron beneficiarias hace que la norma determine cuáles actuaciones
quedan dentro de la posibilidad de ser demandadas en cualquier tiempo y cuáles
no.

9.4. El artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 estableció que las acciones administrativas
y contencioso administrativas solo podrán ser ejercidas dentro de los 5 años
siguientes al reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
competentes, excepto en los casos de fraude o de ocurrencia de delito. Las
pensiones ya reconocidas sobre las que se haya iniciado acciones administrativas
y/o contencioso administrativas después de los 5 años de su reconocimiento, se les
aplicará la caducidad a partir de la vigencia de la presente ley. Respecto de los
procesos en los que ya exista decisión definitiva, son susceptibles de recurso
extraordinario de revisión dentro de los 5 años siguientes a la entrada en vigencia
de la ley.

9.5. El reconocimiento pensional se efectuó el 21 de febrero de 2002, por lo que la
parte actora tenía hasta el 22 de febrero de 2007 para ejercer su derecho de acción,
sin embargo, la demanda se presentó hasta el 1 de julio de 2021, por lo tanto, al
haber trascurrido más de los 5 años se configuró la caducidad del medio de control
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.

13 Samai, índice 2 4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_7420251zi(.zip). 24SentenciaPrimeraInstancia.

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Demandante: Universidad de Antioquia

1.4. El recurso de apelación

10. La Universidad de Antioquia interpuso recurso de apelación con fundamento en
los siguientes argumentos14:

10.1. Hubo una aplicación equivocada del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, y el a
quo erró al no hacer un análisis de la configuración de los supuestos de que trata
esta norma, pues se limitó a indicar la fecha de expedición del acto acusado y la de
la radicación de la demanda y concluyó que operó la caducidad.

10.2. La discusión debió ser desde una perspectiva material de la configuración de
los supuestos del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, pues se estableció que
«RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones y contencioso
administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del
reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello». Por lo
que, el ámbito material de aplicación es el de cuestionar las pensiones otorgadas
por las entidades competentes.

10.3. En el caso concreto, el acto atacado no reconoció la pensión de vejez de la
parte demandada, pues ello lo hizo el ISS, quien era la que contaba con la
competencia para reconocer las pensiones. La universidad emitió el acto
demandado en el cual se subrogó respecto del ISS, al pago de una suma de dinero
correspondiente a la diferencia causada en virtud de la no inclusión, por parte de tal
entidad, de las primas de servicio, navidad y vacaciones en la base de liquidación
pensional de la parte demandada. Dicho acto no constituyó un reconocimiento
pensional.

10.4. El acto administrativo que ordenó el pago de la subrogación pensional a la
demandada está viciado de falta de competencia y por tanto es nulo. Como
consecuencia de esa nulidad, la demandada deberá reintegrar todas las sumas de
dinero que recibió en virtud de ese acto, por considerar que fueron pagadas
indebidamente.

10.5. El pago realizado por la Universidad siempre tuvo carácter temporal, ya que
estaba sujeto a que el ISS lo reconociera voluntariamente o por orden judicial. Por
tanto, era responsabilidad de la propia pensionada adelantar los trámites ante el
fondo pensional para obtener ese reconocimiento, obligación que, nunca cumplió.

10.6. La demandada se limitó a recibir durante años unas sumas que sabía que no le

14 Samai, índice 2 4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_7420251zi(.zip). 26ApelacionSentencia

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Demandante: Universidad de Antioquia

correspondían definitivamente, sin gestionar el traslado de esa obligación al fondo
pensional. Ese comportamiento omisivo, evidenció mala fe y falta de lealtad, lo que
justifica ordenar el reintegro de las sumas pagadas.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar15.

1.6. El Ministerio Público

12. El Procurador Delegado de Intervención Tercero ante el Consejo de Estado,
presentó su concepto de forma extemporánea16.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

13. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación17, los
problemas jurídicos consisten en determinar:

14. ¿Si es aplicable al presente asunto el término de caducidad de 5 años establecido
en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, para ejercer las acciones contencioso-
administrativas contra el acto administrativo mediante el cual la Universidad de
Antioquia se subrogó al pago de obligaciones de carácter pensional?

15. En caso de que la respuesta al anterior problema jurídico sea negativa se
verificará ¿si se debe emitir un pronunciamiento de fondo en esta instancia en
relación con las pretensiones de la demandante o si lo que corresponde es devolver
el expediente al tribunal de origen para que se pronuncie al respecto con el objeto
de garantizar los principios a la doble instancia y de acceso material a la
administración de justicia.

2.2. Análisis sustancial del caso en concreto

15 Tal y como se indicó en el auto del 20 de mayo de 2025. Índice 4 de Samai.
16 El proceso ingresó al despacho para sentencia el 23 de julio del 2025 (Samai índice 8) y el

concepto fue presentado el 25 de julio de 2025.
17 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

2.2.1. En torno al término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024

16. El Congreso de la República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por la
cual «se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones» y modificó el término de caducidad
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén en
curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».

17. En ese orden, en razón a que, de conformidad con lo dispuesto por el a quo, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
se procederá a verificar si es procedente proferir una sentencia que resuelva el
fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el contrario, hay lugar
a dar por terminado el asunto por falta de uno de los presupuestos procesales del
medio de control, este es, por caducidad.

18. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a « aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo
establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»18.

19. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
de la Ley 2381 de 202419, disposición según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,

proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
19
«Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».

11

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley» (Se resalta)

20. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo
el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
presente medio de control, puesto que la pensión de vejez de la demandada fue
reconocida por el ISS el 21 de febrero de 2002 y la Universidad de Antioquia expidió
el acto demandado el 21 de mayo de 2002, es decir, hace más de 5 años.

21. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional20 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general»
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho».

22. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:

«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»

23. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la

20
Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.

12

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.

24. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 debió regir a partir de la fecha de
su sanción [16 de julio de 2024]21 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]», se
considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un tránsito
legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 188722, según la cual:

«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» (Se resalta).

25. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la
seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado
para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que
se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en
ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen
o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derechos
fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia.
Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera
arbitraria y sin justificación alguna.

21
Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y
Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.
22
Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.

13

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

26. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas
disposiciones que se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los
términos.

27. Así las cosas, en situaciones como la del sub judice, en la que el término para
presentar la demanda inició y esta se presentó dentro de los términos procesales
que se encontraban vigentes en ese momento, se entiende que este presupuesto
procesal se debe analizar a la luz de las normas que se encontraban vigentes en
esa data, esto es, el artículo 164.c del CPACA, según el cual, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se pretenda la nulidad de los
actos con los que se reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse en
cualquier tiempo.

28. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la lectura
puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el reconocimiento
pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma procesal, pero la
demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto que, la Sala no
desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la cual, las «leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir».

29. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda y se adelantó el trámite pertinente, resultaría una vulneración del
debido proceso entender que el tránsito legislativo impactó en el asunto al punto de
desconocer que las puertas de la administración de justicia ya se habían abierto y se
había permitido que se adelantara el juicio de legalidad propuesto.

30. Ahora, si bien se profirió sentencia de primera instancia el 7 de noviembre de 2024
y se dio trámite al recurso de apelación el 28 de marzo de 2025, esto es en vigencia
de la mencionada ley, también lo es que al emitir la presente decisión se encuentran
suspendidos los efectos de la Ley 2381 de 2024, según el pronunciamiento adoptado
por la Corte Constitucional, a través del auto 841 del 17 de junio de 2025, en el cual
se dispuso:

14

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

«QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia
de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual
la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo
que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada
ley. El Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente,
podrá definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024».

31. Luego, aunque la decisión adoptada por el tribunal resultaría razonable, en
principio, el recurso de apelación interpuesto reprochó el análisis por este efectuado
frente al alcance otorgado al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y, según el criterio
expuesto, al caso concreto le es aplicable la regulación en materia de caducidad
prevista en el texto original del artículo 164.c del CPACA, comoquiera que, a la fecha
en que se presentó la demanda, el 1 de julio de 2021, era la disposición que en materia
de oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente y la cual no tenía
previsto término de caducidad alguno.

32. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye en
la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la
jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar tal conducta negligente
frente a reglas que no existían en el momento de esta, es decir que se expidieron con
posterioridad.

33. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024, se
advierte que la demanda presentada por la Universidad de Antioquia tendiente a la
declaratoria de nulidad del acto demandado, se presentó dentro del término previsto
por las normas procesales que regían los presupuestos del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para ese momento, según las cuales, cuando
este se dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.

34. En esas condiciones, aplicar el artículo 86 ejusdem, contraría los principios de
acceso material a la administración de justicia y debido proceso, así como de
confianza legítima y seguridad jurídica. En igual sentido se ha pronunciado esta Sala
en anteriores oportunidades23. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en
estudio no hay lugar a aplicar el término de caducidad citado y se procederá al estudio

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de septiembre de 2025,

radicación: 23001-23-33-000-2021-00067-02 (1932-2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera y del 29 de octubre de 2025, radicación: 05001-23-33-000-2021-01273-02 (0990-2025),
C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.

15

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

del segundo problema jurídico.

2.2.2. En relación con el segundo problema jurídico

35. Sobre el particular, la Sala observa que las partes se pronunciaron en las
oportunidades procesales para exponer sus argumentos y para que a través de la
sentencia de primera instancia se definiera si se encontraba ajustada a derecho o
no la Resolución 229 del 21 de mayo de 2002, por medio de la cual la Universidad
de Antioquia se subrogó al pago de factores prestacionales no reconocidos por el
ISS en la Resolución 00949 del 21 de febrero de 2002, mediante la cual se le
reconoció una pensión de vejez a Ángela Lucía Restrepo Restrepo.

36. Sin embargo, el anterior análisis no se realizó, porque el tribunal declaró de oficio
la caducidad del medio de control en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.

37. En ese sentido y de acuerdo con lo resuelto en el primer problema jurídico, se
tiene que, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Antioquia no estudió de
fondo la controversia planteada, la Sala estima necesario devolver el expediente a
la referida autoridad, con el objeto de que se analice de fondo el debate suscitado,
pues resolver directamente el fondo del asunto en sede de apelación, sin que los
reproches hubieran sido analizados en primera instancia, implicaría privar a las
partes del doble escrutinio judicial que exige el debido proceso, garantía reconocida
tanto en la Constitución Política como en el artículo 8 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

38. En ese escenario, un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación
conllevaría una desventaja procesal injustificada para las partes, en la medida en
que los argumentos planteados solo serían objeto de control judicial en una única
instancia, pese a que, por la naturaleza del asunto, el ordenamiento jurídico
reconoce la garantía de la doble instancia.

39. En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada, para que el Tribunal
Administrativo de Antioquia profiera una nueva decisión en la que analice los cargos
formulados en la demanda.

2.2.3. Costas

40. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

16

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

41. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

42. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma24.

43. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

44. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

45. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no
era aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un término de
caducidad de 5 años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra
los actos de reconocimiento pensional, toda vez que resulta aplicable el artículo 164
C. del CPACA, comoquiera que, a la fecha en la que se presentó la demanda, era
la disposición que regía lo relativo a la oportunidad para su interposición, la que no
tenía previsto un término de caducidad.

46. Asimismo, para garantizar los principios de acceso material a la administración
de justicia y doble instancia se devolverá el expediente al Tribunal Administrativo de
Antioquia para que se pronuncie en torno a la controversia jurídica expuesta por las

24En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

17

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01203-01 (0987-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

partes procesales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se declaró
de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Segundo. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia para que
profiera una sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia
planteada de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

SSPS

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