Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01209-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01209-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01209-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 05001-23-33-000-2021-01209-02 (3657-2024)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandado : Alejandro Botero Botero
Tema : Reconocimiento diferencia pensional. Subrogación de la
entidad empleadora. Devolución de dineros. Decide
manifestación de impedimento.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, Alejandro
Botero Botero y la apelación adhesiva presentada por la parte demandante, Universidad
de Antioquia, contra la sentencia del 27 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. CUESTIÓN PREVIA.
1. Mediante auto del 19 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y la apelación adhesiva presentada por la
demandante contra la sentencia de primera instancia, conforme a lo previsto en el
parágrafo del artículo 243 y en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA. En dicha
providencia se dejó constancia de que el Despacho se pronunciaría en etapa posterior
sobre los documentos allegados con el escrito de apelación, con el fin de verificar si
podían ser tenidos como pruebas válidamente incorporadas al expediente.
2. Revisado el expediente, se advierte que la parte demandada no formuló solicitud
probatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del CPACA. En ese contexto, no se
desplegó ninguna actuación procesal idónea que habilitara la apertura de la etapa
probatoria en esta instancia. Por lo tanto, los documentos anexos al recurso no serán
valorados como medios de prueba, en tanto no fueron incorporados válidamente al
proceso ni se solicitó su decreto en la forma exigida por el ordenamiento procesal.
3. Cabe recordar que la práctica de pruebas en segunda instancia solo procede a
solicitud de parte presentada dentro del término de ejecutoria del auto que admite el
recurso de apelación, siempre que se configuren los supuestos taxativos previstos en el
artículo 212 del CPACA: que las pruebas hubieren sido indebidamente denegadas o no
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Demandante: Universidad de Antioquia
practicadas sin culpa del solicitante, que se refieran a hechos posteriores al cierre del
periodo probatorio en primera instancia o que no hubieren podido solicitarse
oportunamente por fuerza mayor, caso fortuito o maniobras de la contraparte.
4. En el presente caso, no se formuló solicitud probatoria expresa ni dentro del cuerpo
del recurso ni dentro del término legal previsto para ello, razón por la cual no resulta
necesario verificar si se satisfacen las condiciones previstas en la norma. En
consecuencia, y como ya se indicó, no se valorarán los documentos aportados con el
recurso. Esta conclusión no comporta la negación de pruebas en segunda instancia, pues
no se está resolviendo sobre una solicitud de decreto probatorio, sino constatando su
inexistencia. Por ello, no resulta procedente el recurso de apelación previsto en el
numeral 7 del artículo 243 del CPACA.
5. Como resultado de lo anterior, se procede a resolver de fondo el asunto mediante
sentencia, sin que haya lugar a considerar los mencionados anexos dentro del acervo
probatorio del proceso.
II. ANTECEDENTES.
Demanda
6. La Universidad de Antioquia, actuando por intermedio de apoderado, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anule el acto
administrativo por medio del cual se ordenó pagar a favor de Alejandro Botero Botero el
valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no hubiera sido reconocido por el
Instituto de Seguros Sociales (ISS), desde el 21 de octubre de 2002 hasta que dicha
entidad lo hiciera bien motu proprio o por orden judicial.
7. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la parte demandada
restituir a la Universidad de Antioquia, de manera indexada, las sumas pagadas con
ocasión de la expedición del acto acusado, esto es, desde el 21 de octubre de 2002 hasta
el 31 de mayo de 2021, que corresponden a $ 277.839.636, más los valores que se
generen hasta que la sentencia se encuentre en firme y la condena en costas.
8. Expuso los siguientes argumentos: Alejandro Botero Botero estuvo vinculado
como docente en la Universidad de Antioquia desde el 16 de febrero de 1970 hasta el 21
de octubre de 2002, fecha en la que le fue aceptada su renuncia. Previo a la expedición
de la Ley 100 de 1993, la Universidad reconocía directamente las pensiones de vejez a
su personal docente y administrativo, sin realizar ningún descuento por aportes
pensionales.
9. Que partir del 30 de junio de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100
de 1993, la Universidad afilió a sus empleados al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y
comenzó a realizar los aportes correspondientes.
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Demandante: Universidad de Antioquia
10. Que históricamente y sin efectuar descuentos, había reconocido la pensión con
base en todo lo devengado por sus empleados. De acuerdo con el inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Universidad interpretó que quienes se encontraran
en régimen de transición y les faltaran menos de diez años para adquirir la pensión al
momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, debían tener una
pensión liquidada por el ISS con base en todos los factores salariales devengados. Bajo
esa convicción, la Universidad realizó cotizaciones incluyendo todos los factores
salariales; sin embargo, estas fueron rechazadas.
11. El 21 de agosto de 2001 la Universidad solicitó formalmente al ISS que reconociera
y pagara las pensiones incluyendo todos los factores devengados como parte del IBL a
quienes cumplían las condiciones mencionadas. El ISS negó esta petición mediante
comunicación del 25 de febrero de 2002, indicando que los factores que integraban el IBL
eran taxativos y excluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.
12. Con ocasión de esta negativa, la Universidad expidió la Resolución 12094 de 1999,
adoptando la interpretación favorable del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Con esta resolución, decidió subrogarse provisionalmente en la obligación que
consideraba correspondía al ISS, mientras se agotaban las vías judiciales
correspondientes, con el fin de evitar perjuicios económicos a los beneficiarios.
Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999, precisó quiénes
serían los destinatarios de dicho beneficio.
13. El 9 de octubre de 2003 reconoció y autorizó el pago de un bono pensional a favor
de la parte demandada por $ 199.141.000, que fue consignado al ente previsional en
mención.
14. Que el ISS reconoció al demandado, mediante Resolución No. 00141 del 14 de
enero de 2004, pensión de vejez por valor mensual de $ 2.887.714, efectiva desde el 21
de octubre de 2002, excluyendo del ingreso base de liquidación (IBL) las primas de
navidad, servicios y vacaciones. Frente a dicha exclusión y con fundamento en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, la Universidad de Antioquia expidió la Resolución
107 del 24 de marzo de 2004, ordenando pagar al demandado la diferencia existente
entre la pensión otorgada por el ISS y la que resultaría de aplicar el IBL incluyendo todos
los factores salariales omitidos por la entidad previsional.
15. Señaló que aunque inicialmente había interpretado el inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 diferenciando los conceptos de lo «devengado» y lo «cotizado»,
con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 quedó establecido que las pensiones
deben liquidarse exclusivamente con base en lo efectivamente cotizado, poniendo en
cuestión la posibilidad anterior de incluir todos los factores devengados. En apoyo de esta
afirmación citó diversas providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal
Superior de Medellín que analizaron específicamente los factores salariales a considerar
en la liquidación pensional para los beneficiarios del régimen de transición.
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Demandante: Universidad de Antioquia
16. También que la Ley 100 de 1993 estableció para los empleadores de los sectores
público y privado la obligación de afiliar a su personal al Sistema General de Pensiones.
En consecuencia, con la expedición del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, todas
las personas con vínculo laboral vigente ya debían estar afiliadas al sistema desde el 1
de julio de 1995. De esta manera, solo continuaban a cargo de la Universidad aquellas
personas que, al 31 de diciembre de 1996, ya hubiesen cumplido tanto la edad como el
tiempo de servicios exigidos, o que en esa fecha se encontraran retiradas de la entidad
con el tiempo de servicios cumplido, en espera únicamente de alcanzar la edad requerida
para acceder a la pensión de vejez.
17. Finalmente, sostuvo que el demandado en este caso no se encontraba dentro de
los supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, que permitirían
considerar alguna obligación pensional en cabeza de la Universidad, dado que al 31 de
diciembre de 1996 contaba únicamente con 49 años, es decir, no cumplía aún con el
requisito de edad exigido para acceder a la pensión de vejez.
Contestación de la demanda.
18. El demandado se opuso a las pretensiones formuladas en la demanda y sostuvo
que el acto administrativo cuestionado se ajustó plenamente a lo dispuesto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 dado que la pensión de jubilación de los beneficiarios del
régimen de transición debe liquidarse tomando en cuenta el salario y todos los factores
salariales devengados.
19. Citó jurisprudencia que, a su juicio, obliga a los empleadores a asumir
temporalmente las obligaciones pensionales que las entidades administradoras (como el
ISS) incumplan, para evitar desproteger los derechos irrenunciables de los trabajadores
(Sentencias T-334/97, T-438/97 y T-357/98).
20. Alegó que la universidad no invocó causales de nulidad y que la decisión de asumir
la diferencia pensional fue expedida por la autoridad competente en ejercicio de sus
atribuciones legales, pues en calidad de empleadora es responsable del pago de los
aportes de sus empleados.
21. Propuso las excepciones de falta de conformación de litisconsorcio necesario
respecto a Colpensiones, derecho adquirido, legalidad del acto impugnado, falta de causa
para pedir, falta de tipificación de causales de nulidad, inexistencia de la causa invocada,
falta de interés, buena fe del demandado, mala fe de la entidad demandante, violación al
principio de progresividad, derecho a la seguridad social, falta de legitimidad en la causa
y prescripción.
III. SENTENCIA APELADA.
22. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 107 de 2004 y negar
las demás pretensiones con condena en costas a cargo del demandado. Fundamentó su
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Demandante: Universidad de Antioquia
decisión en la falta de competencia de la Universidad de Antioquia para expedir actos de
reconocimiento pensional, pues, tras la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, las
universidades y empleadores perdieron la facultad para reconocer prestaciones,
competencia que fue asumida por la Administradora de Pensiones. La universidad
tampoco podía establecer factores adicionales para el IBL, como las primas de servicios,
vacaciones y navidad, ya que la ley define los emolumentos que integran el IBL.
23. Por otra parte, el Tribunal consideró que no se desvirtuó la buena fe de la parte
demandada, ya que el acto administrativo fue expedido de manera libre y voluntaria por
la universidad, lo que excluye la obligación de devolver lo pagado.
24. Finalmente, en cuanto a la condena en costas, la autoridad judicial consideró que
era procedente conforme a los artículos 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP, y la impuso
en el equivalente al 3% del valor de las pretensiones, conforme al Acuerdo PSAA16-
10554 del 5 de agosto de 2016.
IV. RECURSO DE APELACIÓN.
25. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación por
la parte demandada, y apelación adhesiva presentada por la parte demandante. Los
argumentos expuestos fueron los siguientes:
Parte demandada
26. El demandado argumentó que la Universidad de Antioquia nunca alegó tener
competencia para reconocer directamente pensiones después de la Ley 100 de 1993, ni
creó un régimen pensional propio. Por el contrario, asumió temporalmente el pago de la
obligación pensional del Instituto de Seguros Sociales (ISS), debido a la negativa de dicha
entidad a liquidar correctamente las pensiones de los empleados beneficiarios del
régimen de transición según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
27. Alegó que la obligación real de reconocer y pagar las pensiones era del ISS. Ante
su incumplimiento, la Universidad actuó legítimamente, subrogándose de manera
temporal y provisional, con base en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, hasta que el
ISS cumpliera voluntariamente o por orden judicial con dicha obligación.
28. Consideró ser titular de un derecho adquirido a que se le reconociera la pensión
conforme al régimen de transición, según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33
de 1985, incluyendo todos los factores salariales devengados. Este derecho había sido
reconocido por la Corte Constitucional en sentencia C-168/95.
29. Destacó que el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, precisó claramente que, para los beneficiarios del régimen de transición, el
ingreso base de liquidación (IBL) debe incluir todos los factores salariales devengados
en el período correspondiente, reafirmando la legalidad del actuar de la Universidad al
subrogarse en dicha obligación.
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Demandante: Universidad de Antioquia
30. Afirmó que la sentencia apelada no reconoció erróneamente la validez jurídica de
la subrogación, figura plenamente reconocida en el ordenamiento civil colombiano, con
la cual la Universidad buscaba proteger derechos fundamentales, y no actuó en forma
arbitraria ni fuera del marco legal y constitucional.
31. Señaló que desde la entrada en vigencia de la Ley 100, la Universidad tenía la
obligación de cotizar sobre todos los factores salariales, incluyendo las primas
rechazadas por el ISS, según lo establecieron los Decretos 691 y 1158 de 1994.
Consideró que, de haber incumplido este deber, la Universidad sería responsable por
dicha omisión, lo cual refuerza la legitimidad de su actuar provisional.
32. Concluyó señalando que la sentencia apelada desconoció el derecho fundamental
a la seguridad social en materia pensional, protegido constitucionalmente incluso en
estados de excepción (artículos 93 y 214, numeral 2, Constitución Política). Afirmó que
este derecho fundamental no puede ser afectado por discusiones administrativas entre
entidades públicas.
33. Finalmente, deprecó revocar la condena en costas al considerar que no realizó
actividad alguna con carácter de fraudulenta, temeraria o de mala fe para que la parte
demandante le concediera la subrogación, ya que la Universidad de Antioquia lo hizo en
forma unilateral y voluntaria, por lo que fue recibida de buena fe.
Parte demandante
34. En su recurso de apelación adhesivo, la demandante manifestó inconformidad con
la negativa del Tribunal a ordenar el reintegro de los dineros pagados al demandado,
señalando que la resolución anulada tenía un carácter claramente temporal y
condicionado a la actuación del ISS (hoy Colpensiones), situación conocida plenamente
por el beneficiario. Por ende, sostuvo que el demandado era consciente de que los pagos
recibidos eran provisionales y dependían del reconocimiento definitivo por parte del fondo
pensional correspondiente.
35. Añadió que era responsabilidad exclusiva del demandado gestionar la reclamación
definitiva de su derecho ante la Administradora del Fondo de Pensiones, obligación que
incumplió mediante una actitud omisiva y pasiva, incompatible con los principios de buena
fe y lealtad procesal. En consecuencia, solicitó revocar parcialmente la sentencia apelada
para que, como restablecimiento del derecho, se ordene al demandado restituir a la
Universidad todas las sumas recibidas en virtud del acto administrativo declarado nulo.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
36. Mediante auto proferido el 19 de septiembre de 2024 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada y la apelación adhesiva presentada por la
demandante.
37. Durante la oportunidad procesal correspondiente, la parte demandante se
pronunció respecto al recurso de apelación interpuesto por la demandada, reiterando las
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razones por las cuales considera que debe confirmarse la nulidad del acto censurado.
Asimismo, insistió en que debe ordenarse la devolución de las sumas pagadas a la
accionada.
38. La agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones. Para ello,
sostuvo que la Universidad de Antioquia reconoció una prestación que, por mandato
legal, no le correspondía, subrogándose en un deber que no era de su competencia. En
cuanto a la devolución de las sumas pagadas a la accionada, consideró que no se
encuentra desvirtuada la buena fe, razón por la cual no resulta procedente acceder a
dicha pretensión.
VI. CONSIDERACIONES.
Competencia.
39. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.
Impedimento
40. En el presente caso, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto,
basándose en las siguientes razones:
41. El 5 de mayo de 2025,1 el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante de
esta Subsección manifestó impedimento para conocer del asunto de la referencia, con
fundamento en la causal señalada en el numeral 1° del artículo 141 del Código General
del Proceso. Para ello, indicó que le asiste interés directo en las resultas del proceso,
dado que ha celebrado contratos con la Universidad de Antioquia «para dictar cátedra en
la Especialización de Derecho Administrativo en las materias Derecho Procesal
Administrativo, Sujeto Jurídico Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»
42. El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la
imparcialidad del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que
pueden comprometer su criterio en la toma de decisiones.
43. Las causales de impedimento establecidas en la ley son taxativas y de aplicación
restrictiva, constituyendo una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que
no puede ampliarse discrecionalmente conforme al criterio del juez o de las partes.
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Índice 14 SAMAI, segunda instancia.
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Demandante: Universidad de Antioquia
44. La causal de impedimento invocada por el consejero de Estado se encuentra
enunciada en el numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso, así:
Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.
[...]
45. En ese contexto, y habiéndose confrontado la causal invocada con las razones
expuestas, la Sala considera procedente aceptar el impedimento formulado, toda vez que
se entiende que la relación contractual del magistrado con la parte demandante genera
un interés indirecto en el resultado del proceso, lo cual resulta suficiente para
comprometer su imparcialidad en la resolución del litigio.
Problema jurídico.
46. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de primera instancia
incurrió en error al declarar la nulidad del acto administrativo mediante el cual la
Universidad de Antioquia asumió obligaciones pensionales que competían al ISS, así
como al negar la devolución de las sumas percibidas por el beneficiario bajo la presunción
de buena fe.
47. Para resolver el problema jurídico planteado, se abordará el análisis en tres
aspectos específicos: (i) régimen jurídico aplicable al reconocimiento pensional de
empleados públicos universitarios, (ii) procedencia de la devolución de prestaciones
periódicas en el marco del principio constitucional de buena fe, y (iii) análisis del caso
concreto.
Análisis
(i) Régimen jurídico aplicable al reconocimiento pensional de empleados públicos
universitarios
48. El Decreto 1848 de 1969 estableció que las pensiones de jubilación de los
empleados oficiales serían asumidas por la última entidad pública empleadora si no
existía afiliación a una entidad de previsión social. Posteriormente, con la expedición de
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios (691 y 692 de 1994, y 2337 de 1996),
se creó el Sistema General de Seguridad Social Integral, ordenando la afiliación
obligatoria de los servidores públicos, incluidos los empleados de universidades
estatales, al nuevo sistema de pensiones. A partir del 30 de junio de 1995, la competencia
para reconocer y pagar pensiones de estos servidores quedó radicada en la
administradora que hubiera recibido las respectivas cotizaciones, cesando así la
competencia directa de las universidades estatales.
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Demandante: Universidad de Antioquia
49. En consecuencia, tras la entrada en vigencia de los regímenes pensionales
establecidos en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales perdieron competencia
para el reconocimiento de pensiones de sus servidores, por lo que esta responsabilidad
quedó en cabeza de la administradora de pensiones que recibió o debía recibir las
cotizaciones2.
(ii) Procedencia de la devolución de prestaciones periódicas en el marco del
principio constitucional de buena fe
50. Conforme al artículo 83 de la Constitución Política, la buena fe se presume en
todas las actuaciones administrativas. El numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA
dispone que no procederá la devolución de prestaciones periódicas pagadas a
particulares de buena fe.
51. La Sección Segunda del Consejo de Estado3 ha precisado que, para desvirtuar
esta presunción, la entidad estatal debe acreditar que el beneficiario incurrió en
conductas deshonestas, fraudulentas o dolosas.
52. En consecuencia, aun cuando una entidad pública carezca de competencia para
el pago de ciertas prestaciones, la devolución de los montos percibidos solo será exigible
si se prueba la mala fe del beneficiario.
(iii) Caso concreto
53. En el presente caso, la Sala confirmará la decisión de primera instancia al verificar
que la Universidad de Antioquia carecía de competencia para asumir una obligación que
correspondía al ISS, lo que evidencia la ilegalidad del acto administrativo demandado, tal
como lo consideró el a quo. Igualmente, se mantendrá la negativa de ordenar la
devolución de las sumas de dinero reclamadas por la parte actora, al no haberse
desvirtuado la presunción de buena fe del accionado. Sin embargo, se revocará lo
concerniente a la condena en costas impuesta en primera instancia, con fundamento en
las siguientes razones:
54. El demandado prestó sus servicios como docente en la Universidad de Antioquia.
El 14 de mayo de 1999, el ente educativo expidió la Resolución rectoral 120944 mediante
la cual se subrogó en una «obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
En su artículo primero dispuso lo siguiente:
2 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de
2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 27 de agosto de 2020, expediente 76001-23-31-000-2010-01578-01 (3388-14), M.P., César Palomino
Cortés.
4 La totalidad de las pruebas obran el expediente digital.
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Demandante: Universidad de Antioquia
«ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de
transición, y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de diez
años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu propio, o
por orden judicial, asuma la misma.» (Resaltado original del texto)
55. Posteriormente, por medio de la Resolución 16628 el 25 de junio de 1999 el
vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia reglamentó la Resolución
rectoral 12094, precisando que sus destinatarios «son los jubilados: empleados públicos
docentes y los empleados no docentes de la Universidad de Antioquia, que se encuentren
en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de diez años para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y
pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta lo devengado por el
servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993». De
igual manera estableció el monto, los requisitos, la duración y el pago de lo reconocido
en el mentado acto administrativo.
56. El 9 de octubre de 2003, la Universidad de Antioquia expidió la Resolución 480
mediante la cual reconoció a favor del señor Alejandro Botero Botero un bono pensional
por la suma de $ 199.141.000. El 14 de enero de 2004, por medio de la Resolución
00141 el extinto ISS se le reconoció, a partir del 21 de octubre de 2002, en cuantía de $
2.887.714.
57. El 24 de marzo de 2004, la Universidad de Antioquia profirió la Resolución 107 a
través de la cual ordenó pagar a la parte demandada la diferencia entre lo reconocido por
el ISS y lo que resultaría de incluir las primas de navidad, vacaciones y semestral en el
IBL. Esta actuación se sustentó en el supuesto cumplimiento del inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.
58. La Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 fue derogada posteriormente
mediante la Resolución rectoral 35823 17 de octubre de 2012.
59. Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del parágrafo 2° del Decreto
1068 de 1995, los docentes de las universidades oficiales e instituciones oficiales de
educación superior debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más
tardar el 30 de junio de 1995. Desde esa fecha, la competencia para reconocer y pagar
pensiones recaía en la administradora de pensiones que hubiera recibido las cotizaciones
de esos servidores públicos, que en este caso era el ISS.
60. Por tanto, no era competencia de la Universidad de Antioquia pronunciarse sobre
el derecho pensional del accionado, ni respecto a lo relacionado al mayor valor del IBL,
ya que tales aspectos correspondían al ISS como administradora de las cotizaciones
realizadas por el demandado.
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61. En línea con lo anterior, esta Subsección5 ha señalado en casos similares que las
universidades públicas no tienen competencia para ordenar el reconocimiento o
reliquidación de pensiones después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Específicamente, ha afirmado:
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional en
favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho que le
asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de factores
salariales devengados por el docente no computados por la administradora de pensiones,
facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales por tratarse del ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.
[…] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3 de
abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal de
expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la encargada
de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue declarado por el a quo.
62. En consecuencia, se confirmará la declaratoria de nulidad del acto administrativo
demandado, en tanto fue expedido por una autoridad sin competencia legal para disponer
el pago de sumas relacionadas con el reconocimiento pensional al demandado.
63. En cuanto al problema jurídico relacionado con la devolución de los dineros
recibidos por el demandado, la Sala advierte que para que prosperara esa pretensión, la
Universidad de Antioquia debió probar no solo la ilegalidad del acto censurado, sino
también que aquellos se obtuvieron en contravía del principio de la buena fe, cuya
presunción rige en el ámbito administrativo.6 Sin embargo, no se allegaron al expediente
elementos de juicio que acreditaran la existencia de actuaciones fraudulentas o
deshonestas por parte de la demandada.
64. Aunque la entidad sostiene que el accionado debía agotar acciones ante el ISS
para exigir la reliquidación de su pensión, tal omisión, por sí sola, no es demostrativa del
quebrantamiento al principio constitucional de buena fe.
65. Así las cosas, se confirmará la negativa de ordenar el reintegro de las sumas
pagadas al demandado.
Condena en costas.
66. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se condenará
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 15 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-000-2014-01330-02 (5286-19).
6
Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencias de fechas 9 de mayo de 2022, radicado 66001 23 33 000 2018 00137 01 (3122-2020) y 6 de
octubre de 2022, radicado 25000 23 42 000 2018 00884 01 (3057-2021).
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en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal de
conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley 2080 de 2021. De lo
anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear las reglas
establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la demanda
carecía de fundamento legal o no.
67. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la disposición de
condena en costas, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio objetivo
– valorativo según el cual deben encontrarse probados ambos elementos para que la
condena resulte procedente:
“b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas,
es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse,
según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración
no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.”7
68. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio solamente se tenían en cuenta
las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su análisis
impone también el estudio de la regla introducida por la Ley 2080 de 2021 en el artículo
188 del CPACA relativa a si la demanda carecía o no de fundamento legal.
69. En el caso concreto, se considera que la actuación desplegada por las partes,
tanto en primera como en segunda instancia, no configura el elemento objetivo exigido
para la imposición de costas, dado que los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda y en los recursos de apelación no carecen de razonabilidad jurídica. Aunque
sus argumentos no prosperaron, las razones de inconformidad fungieron como un
ejercicio legítimo del derecho de defensa y un esfuerzo argumentativo encaminado a
cuestionar las pretensiones y la decisión adoptada en primera instancia. En
consecuencia, no se condenará en costas al demandado en esta instancia y por las
mismas razones, se revocará la condena impuesta en primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta corporación,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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SEGUNDO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 27 de noviembre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, en cuanto
condenó en costas al demandado. En su lugar, no condenar en costas al señor Alejandro
Botero Botero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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