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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01215-02

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01215-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Segundo. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia para que 26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 16 Radicado: 05001-23-33-000-2021-01215-02 (0988-2025) Demandante: Universidad de Antioquia profiera una sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia planteada de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. SSPS 17

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01215-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01215-02 (0988-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Gerardo Gaviria Botero

Tema: Caducidad

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se declaró de oficio la
excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Universidad de Antioquia presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución Administrativa 433 del 22 de agosto de
2002, por medio de la cual se ordenó el pago a Gerardo Gaviria Botero del valor
que resultaba de la aplicación del ingreso base liquidación contenido en el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 19932.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la restitución de las sumas de dinero pagadas como consecuencia de la

1 En lo que sigue CPACA.
2 El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que

les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01215-02 (0988-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

expedición del acto acusado, desde el 26 de diciembre de 2001 hasta el 31 de mayo
de 2021, la suma de $312.223.416, más los valores que se generaran con
posterioridad hasta que la sentencia se encuentre en firme; y ii) la condena en
costas al demandado.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Gerardo Gaviria Botero estuvo vinculado con la Universidad de Antioquia desde
el 10 de febrero de 1972, como empleado público, hasta el 26 de diciembre de 2001,
fecha en que le fue aceptada su renuncia.

3.2. La Universidad de Antioquia estuvo facultada para reconocer las pensiones de
su personal docente y administrativo con base en todo lo devengado, en virtud de
las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1996 y los Decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969,
hasta el 30 de junio de 1995, pues con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
tuvo que afiliar a todos sus empleados al extinto Instituto de Seguros Sociales 3 y
efectuar los aportes correspondientes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

3.3. La Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono pensional a
su nombre por medio de la Resolución Administrativa 086 del 09 de abril del 2002,
por valor de $348.967.000, suma de dinero que consignó al Instituto de Seguros
Sociales 4.

3.4. A partir de la expedición del Decreto 2337 de 1996 la entidad educativa perdió
competencia para continuar con el pago de pensiones.

3.5. Comoquiera que el ISS no incluyó en la base de liquidación de la pensión de
vejez las primas de navidad, de vacaciones y semestral, la Universidad de Antioquia
expidió la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la cual dispuso en sus
artículos 1 y 3 lo siguiente:

«Artículo primero: Subrogarse en la parte de la obligación que tenía y no reconoció el
Instituto con los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento
de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho,
de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que
el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma.

[…]

3 En lo que sigue ISS.
4 En la actualidad la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones.

2

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Demandante: Universidad de Antioquia

«Artículo Tercero: La Universidad continuará con las acciones administrativas y
judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de Seguros Sociales asuma debidamente
su obligación».

3.6. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue reglamentada por la Resolución
Administrativa 16628 de 1999, en la que se estableció como destinatarios a los
empleados públicos docentes y no docentes de la universidad, que al momento de
entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, les faltara menos de 10 años
para adquirir el derecho a la pensión y que esta no les fuera reconocida teniendo en
cuenta el promedio de lo devengado por el servidor, conforme lo ordena el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino que, incluyera las primas de navidad,
servicios y vacaciones.

3.7. Con fundamento en lo anterior, la universidad emitió la Resolución Administrativa
433 del 22 de agosto de 20025, en la que ordenó pagar el valor que resultaba de la
aplicación del Ingreso Base de Liquidación previsto en el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, no reconocido por el ISS, a Gerardo Gaviria Botero, así:

A PARTIR DE SUBROGACIÓN RETROACTIVO
Diciembre 26 al 31 de 2001 $ 669.585 $ 111.598
Enero1 al 31 de agosto de $ 720.808 $ 6.487.272
2002

«Para un total de SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS $6.598.870, del cual se descuentan los aportes
por salud que equivalen a la suma de SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS $705.367, correspondientes al 12%, para un
desembolso neto de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS TRES PESOS $5.893.503 A partir del 1 de septiembre de 2002 se
pagará mensualmente la suma de $720.808, valor que se incrementará anualmente,
según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Seguro
Social lo reconozca, bien mutuo propio, o por orden judicial».

3.8. LaUniversidad adelantó diversos trámites ante el ISS, y posteriormente
Colpensiones, tendientes a que incluyeran las primas de navidad, servicios y
vacaciones en la liquidación de la pensión de servicios universitarios, sin que
prosperaran.

3.9. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue demandada por la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia
en sentencia del 10 de octubre de 2013 señaló que el acto no estaba creando una
discriminación, sino que ofrecía un tratamiento igualitario a un grupo de personas

5 Samai Tribunales y Juzgados. Índice 54. 46ED_05001233300020210121(.zip).
05001233300020210121500. C01principal. 002 RESOLUCIÓN 433. Folio 2.

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Demandante: Universidad de Antioquia

que se encontraban en los supuestos fácticos establecidos en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, siendo justificable para la época en que se profirió la
resolución la interpretación de la universidad, providencia que fue confirmada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 16 de abril de 2015.

3.10. La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 derogó la Resolución
12094 del 4 de mayo de 1999 y se dispuso que la Vicerrectoría Administrativa debía
resolver las situaciones de carácter individual y concreto creadas a partir de la
Resolución 12094, de acuerdo con los principios, normas y jurisprudencia vigentes
en la materia.

3.11. La Universidad de Antioquia ha interpuesto diversas demandas contra los actos
administrativos individuales que reconocieron el pago temporal previsto en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, en cuyas decisiones se ha señalado en forma
pacífica que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del Decreto 1068 de
1995, los servidores públicos y en particular el personal docente de las
universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior debían estar
afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el 30 de junio de
1995, por lo que, a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones económicas
dispuestas en la Ley 100 de 1993, era la administradora de pensiones que recibiera
las cotizaciones.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 10 de la Ley
4ª de 1992; 18, inciso 3, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de
1994; 5 del Decreto 1068 de 1995; y 4 del Decreto 2337 de 1996.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente6:

5.1. La Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, mediante la cual fue
reglamentada la 16628 del 25 de junio de ese año, presentó una inconstitucionalidad
sobrevenida al ser contraria a los artículos 1º, inciso 6 del Acto Legislativo 01 del

6 Samai Tribunales y Juzgados. Índice 54. 46ED_05001233300020210121(.zip).
05001233300020210121500. C01principal. 001DEMANDASUBROGACIÓN.

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Demandante: Universidad de Antioquia

20057, 10 de la Ley 4ª de 19928, 18, inciso 3 de la Ley 100 de 19939 y 1º del Decreto
1158 de 1994, que en palabras de la demandante «señala taxativamente los factores
salariales que se tienen en cuenta para obtener el ingreso base de liquidación, que no
incluye las primas de navidad, servicios y vacaciones».

5.2. En razón de lo anterior, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no incluía
el ingreso base de liquidación, pues la base era el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales hubiese cotizado el afiliado en los últimos 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión.

5.3. En cuanto a la competencia del pago de las obligaciones, el parágrafo del
artículo 151 de la Ley 100 de 199310 y la sentencia C-711 del 25 de noviembre de
1998, señalaron que, la afiliación de los empleados al Sistema General de
Pensiones era obligatoria, por lo que la universidad no tuvo facultad legal para
subrogarse en las obligaciones pensionales, ni para reconocer prestaciones
adicionales, pues el literal e) del parágrafo del artículo 150 de la Constitución Política
de Colombia11 estableció que la facultad de fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos era competencia exclusiva del Congreso, no del ente
universitario.

1.2. Contestación de la demanda

6. GerardoGaviria Botero se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos12:

6.1. La Universidad de Antioquia no demostró la violación de ninguna de las causales
taxativas de nulidad previstas en los artículos 137 y 138 del CPACA, al haberse
limitado únicamente a señalar que el acto atacado vulneró normas legales y
constitucionales, lo que constituyó un vicio argumentativo por lo que no era
procedente la pretensión de nulidad del acto demandado.

7 «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada

persona hubiere efectuado las cotizaciones».
8 «Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones

contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la
misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».
9 «El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale el

Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992».
10 «PARÁGRAFO. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel

departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha
que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.».
11 ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes

funciones: e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y la Fuerza Pública.
12 Samai Tribunales y Juzgados. Índice 54. 46ED_05001233300020210121(.zip).
05001233300020210121500. C01principal, 27.Memorial 28.03.2022 ContestaciónDemanda.

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Demandante: Universidad de Antioquia

6.2. Existió una presunción de legalidad de las Resoluciones Rectorales 12094 y
16628 de 1999 al ser expedidas por autoridad competente con suficiente motivación
jurídica y en aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 13,
que protegía los derechos adquiridos de los beneficiarios del régimen de transición,
pues el ingreso base de liquidación para los trabajadores a quienes les faltara
menos de diez años para pensionarse, sería el promedio de lo devengado en ese
tiempo, lo que comprendía las primas de navidad, de servicios y de vacaciones.

6.3. La universidad actuó como garante del derecho pensional de sus empleados,
mas no como entidad pensional y se subrogó temporalmente al pago no incluido por
el ISS, condicionado a que la entidad pensional reconociera dichas primas motu
proprio o por orden judicial.

6.4. La entidad demandante no demostró causal de nulidad alguna, ni ilegalidad del
acto demandado, por lo tanto, no procedía la restitución de las sumas recibidas de
buena fe.

6.5. Propuso como excepciones las siguientes: i) conformación del litisconsorcio; ii)
derecho adquirido, legalidad del acto impugnado; iii) falta de causa para pedir; iv)
falta de tipificación de las causales de nulidad; v) inexistencia de la causa invocada;
vi) falta de interés; vii) buena fe del demandado; viii) mala fe del demandante; ix)
violación al principio de progresividad en materia laboral; x) violación al derecho
fundamental a la seguridad social; xi) falta de legitimidad en la causa; y xii)
prescripción.

1.3. La medida cautelar

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad 14 decretó la
suspensión provisional de la Resolución 433 del 22 de agosto de 2002, con
fundamento en que después de la entrada en vigencia del Sistema General de
Seguridad Social15 los entes universitarios de carácter oficial perdieron la
competencia para el reconocimiento de pensiones de sus servidores, la que ahora
era de la entidad administradora de pensiones que hubiere recibido las cotizaciones,
en el caso concreto el ISS.

13 El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que

les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
14 Samai Tribunales, índice 23. 18_AUTODECRETAMEDIDASCAUTELARES(.pdf).
15 Con la expedición de la Ley 100 de 1993; los decretos 691 de 199 y 1068 de 1995.

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8. Por lo anterior, la competencia para analizar si procedía o no la inclusión de las
primas de navidad, vacaciones y servicios en la liquidación de la pensión de vejez
de la demandada, estaba en cabeza del ISS. Cualquier disposición que fuese
opuesta a las disposiciones constitucionales y legales, no podía crear situaciones
particulares por lo que, no era procedente alegar la configuración de un derecho
adquirido.

1.4 La sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión profirió sentencia
el 7 de noviembre de 2024 mediante la cual levantó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado y, declaró
probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control.

10. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos16:

10.1. El artículo 138 del CPACA estableció el término de 4 meses para demandar los
actos administrativos, a partir de su comunicación publicación o ejecución, según
sea el caso, sin embargo, este término era para las personas que se consideraron
afectadas por la decisión de la administración, sin especificar un plazo para este
mismo medio de control cuando es la propia administración la que pretende
demandar sus propios actos.

10.2. Por su parte el artículo 164 del CPACA en el numeral 1°, literal c), estableció
la posibilidad de demandar en cualquier tiempo y que solo la ley determinará en qué
casos puede demandar sus propios actos u otros que considere necesarios.

10.3. Elartículo 86 de la Ley 2381 de 2024 estableció que las acciones
administrativas y contencioso administrativas solo podrán ser ejercidas dentro de
los 5 años siguientes al reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades competentes, excepto en los casos de fraude o de ocurrencia de delito.
Asimismo, que a las pensiones ya reconocidas sobre las que se haya iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de los 5 años de
su reconocimiento, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esa ley y
que respecto de los procesos en los que ya exista decisión definitiva, son
susceptibles de recurso extraordinario de revisión dentro de los 5 años siguientes a
la entrada en vigencia de la ley.

10.4. En ese entendido, en tanto el reconocimiento pensional se efectuó el 24 de junio
de 2002, la parte actora tenía hasta el 25 de junio de 2007 para ejercer el derecho

16 Samai Tribunales y Juzgados. índice 51. 41Sentencia_00020210121500LESIVI(.pdf)

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de acción, sin embargo, la demanda fue radicada hasta el 1 de julio de 2021.

10.5. En el caso concreto, transcurrieron más de los 5 años de que trata el inciso 2º
del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por lo que era procedente declarar probada
de oficio la excepción de caducidad del medio de control.

1.4. El recurso de apelación

11. La Universidad de Antioquia interpuso recurso de apelación con fundamento en
los siguientes argumentos17:

11.1. El tribunal se limitó a revisar la vigencia de la Ley 2381 de 2024 pero no su
aplicación. Aunque la universidad se había subrogado en el pago de una obligación
que correspondía al ISS, desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 esta
perdió toda competencia para el reconocimiento y pago de pensiones, así como
para asumir este tipo de obligaciones ya que solo sería la ex empleadora y no la
entidad “pensionadora”.

11.2. La declaratoria de caducidad dio lugar a una aplicación contraria a los artículos
58 y 229 de la Constitución Política, y 17 a 49 de la Ley 153 de 1887, en la medida
en que las leyes rigen hacia el futuro y, en este caso, se otorgó efecto retroactivo al
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Ello, porque la universidad contaba con la
posibilidad de acudir ante la jurisdicción en cualquier tiempo, conforme con el literal
c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, razón por la cual debía prevalecer la
aplicación del artículo 4 de la Constitución Política.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

12. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar18.

1.6. El Ministerio Público

13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

17 Samai Tribunales y Juzgados. índice 53. 43_MemorialWeb_Recurso-ApelacionUDEAvsGE(.pdf).
18 Tal y como se indicó en el auto del 20 de mayo de 2025. Índice 4 de Samai.

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2.1. Los problemas jurídicos

14. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación19, los
problemas jurídicos consisten en determinar:

15. ¿Si es aplicable al presente asunto el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 que
estableció un término de caducidad de 5 años para ejercer las acciones
contencioso-administrativas contra el acto administrativo mediante el cual la
Universidad de Antioquia se subrogó al pago de obligaciones de carácter pensional?

16. En caso de que la respuesta al anterior problema jurídico sea negativa se
verificará ¿si se debe emitir un pronunciamiento de fondo en esta instancia en
relación con las pretensiones de la demandante o si lo que corresponde es devolver
el expediente al tribunal de origen para que se pronuncie al respecto con el objeto
de garantizar los principios a la doble instancia y de acceso material a la
administración de justicia?

2.2. Análisis sustancial del caso en concreto

2.2.1. En torno al término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024

17. El Congreso de la República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por la
cual «se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones» y modificó el término de caducidad
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén en
curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».

18. En ese orden, en razón a que, de conformidad con lo dispuesto por el a quo, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
se procederá a verificar si es procedente proferir una sentencia que resuelva el
fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el contrario, hay lugar
a dar por terminado el asunto por falta de uno de los presupuestos procesales del
medio de control, este es, por caducidad.

19. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a « aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo

19 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»20.

20. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.1.C del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
de la Ley 2381 de 202421, disposición según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley» (Se resalta)

21. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo
el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
presente medio de control, puesto que la pensión de vejez del demandado fue
reconocida por el ISS el 24 de junio de 2002 y la Universidad de Antioquia expidió el
acto acusado el 22 de agosto de 2002, es decir, hace más de 5 años.

22. Al
respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,

proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
21
«Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».

10

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Demandante: Universidad de Antioquia

Constitucional22 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general»
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho».

23. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:

«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»

24. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.

25. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 debió regir a partir de la fecha de
su sanción [16 de julio de 2024]23 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]», se
considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un tránsito
legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 188724, según la cual:

22
Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.
23
Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y
Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.
24
Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.

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Demandante: Universidad de Antioquia

«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» (Se resalta).

26. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la
seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado
para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que
se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en
ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen
o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derechos
fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia.
Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera
arbitraria y sin justificación alguna.

27. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas
disposiciones que se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los
términos.

28. Así las cosas, en situaciones como la del sub judice, en la que el término para
presentar la demanda inició y esta se presentó dentro de los términos procesales
que se encontraban vigentes en ese momento, se entiende que este presupuesto
procesal se debe analizar a la luz de las normas que se encontraban vigentes en
esa data, esto es, el artículo 164.1.C del CPACA, según el cual, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se pretenda la nulidad de los
actos con los que se reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse en
cualquier tiempo.

29. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la lectura
puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el reconocimiento

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Demandante: Universidad de Antioquia

pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma procesal, pero la
demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto que, la Sala no
desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la cual, las «leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir».

30. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda y se adelantó el trámite pertinente, resultaría una vulneración del
debido proceso entender que el tránsito legislativo impactó en el asunto al punto de
desconocer que las puertas de la administración de justicia ya se habían abierto y se
había permitido que se adelantara el juicio de legalidad propuesto.

31. Ahora, si bien se profirió sentencia de primera instancia el 7 de noviembre de 2024
y se dio trámite al recurso de apelación el 20 de mayo de 2025, esto es en vigencia de
la mencionada ley, también lo es que al emitir la presente decisión se encuentran
suspendidos los efectos de la Ley 2381 de 2024, según el pronunciamiento adoptado
por la Corte Constitucional, a través del auto 841 del 17 de junio de 2025, en el cual
se dispuso:

«QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia
de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual
la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo
que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada
ley. El Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente,
podrá definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024».

32. Luego, aunque la decisión adoptada por el tribunal resultaría razonable, en
principio, el recurso de apelación interpuesto reprochó el análisis por este efectuado
frente al alcance otorgado al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y, según el criterio
expuesto, al caso concreto le es aplicable la regulación en materia de caducidad
prevista en el texto original del artículo 164.1.C del CPACA, comoquiera que, a la
fecha en que se presentó la demanda, el 1 de julio de 2021, era la disposición que
en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente y la
cual no tenía previsto término de caducidad alguno.

33. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye en
la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la
jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en

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Demandante: Universidad de Antioquia

una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar tal conducta negligente
frente a reglas que no existían en el momento de esta, es decir que se expidieron con
posterioridad.

34. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024, se
advierte que la demanda presentada por la Universidad de Antioquia tendiente a la
declaratoria de nulidad del acto demandado, se presentó dentro del término previsto
por las normas procesales que regían los presupuestos del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para ese momento, según las cuales, cuando
este se dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.

35. En esas condiciones, aplicar el artículo 86 ejusdem, contraría los principios de
acceso material a la administración de justicia y debido proceso, así como de
confianza legítima y seguridad jurídica. En igual sentido se ha pronunciado esta Sala
en anteriores oportunidades25. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en
estudio no hay lugar a aplicar el término de caducidad citado y se procederá al estudio
del segundo problema jurídico.

2.2.2. En relación con el segundo problema jurídico

36. Sobre el particular, la Sala observa que las partes se pronunciaron en las
oportunidades procesales para exponer sus argumentos y para que a través de la
sentencia de primera instancia se definiera si se encontraba ajustada a derecho o
no la Resolución Administrativa 433 del 22 de agosto de 2002, por medio de la cual
la Universidad de Antioquia se subrogó al pago de factores prestacionales no
reconocidos por el ISS en la Resolución 08207 del 24 de junio de 2002, mediante la
cual se le reconoció una pensión de vejez a Gerardo Gaviria Botero.

37. Sin embargo, el anterior análisis no se realizó, porque el tribunal declaró de oficio
la caducidad del medio de control en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.

38. En ese sentido y de acuerdo con lo resuelto en el primer problema jurídico, se
tiene que, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Antioquia no estudió de
fondo la controversia planteada, la Sala estima necesario devolver el expediente a
la referida autoridad, con el objeto de que se analice de fondo el debate suscitado,
pues resolver directamente el fondo del asunto en sede de apelación, sin que los

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de septiembre de 2025,

radicación: 23001-23-33-000-2021-00067-02 (1932-2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera y del 29 de octubre de 2025, radicación: 05001-23-33-000-2021-01273-02 (0990-2025),
C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.

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Demandante: Universidad de Antioquia

reproches hubieran sido analizados en primera instancia, implicaría privar a las
partes del doble escrutinio judicial que exige el debido proceso, garantía reconocida
tanto en la Constitución Política como en el artículo 8 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

39. En ese escenario, un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación
conllevaría una desventaja procesal injustificada para las partes, en la medida en
que los argumentos planteados solo serían objeto de control judicial en una única
instancia, pese a que, por la naturaleza del asunto, el ordenamiento jurídico
reconoce la garantía de la doble instancia.

40. En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada, para que el Tribunal
Administrativo de Antioquia profiera una nueva decisión en la que analice los cargos
formulados en la demanda.

41. En relación con la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de
acto acusado, decretada por el tribunal mediante providencia del 5 de abril de 2022
y confirmada por esta Subsección en auto del 21 de julio de 2023, se advierte que,
en atención a que la presente decisión revoca la sentencia apelada y devuelve el
asunto al tribunal para que profiera una sentencia de reemplazo, dicha medida
cautelar conserva su vigencia hasta tanto se resuelva de fondo la controversia.

2.2.3. Costas

42. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

43. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

44. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una

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Demandante: Universidad de Antioquia

aplicación razonable de la norma26.

45. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

46. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

47. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no
era aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un término de
caducidad de 5 años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra
los actos de reconocimiento pensional, toda vez que resulta aplicable el artículo
164.1.C del CPACA, comoquiera que, a la fecha en la que se presentó la demanda,
era la disposición que regía lo relativo a la oportunidad para su interposición, la que
no tenía previsto un término de caducidad.

48. Asimismo, para garantizar los principios de acceso material a la administración
de justicia y doble instancia se devolverá el expediente al Tribunal Administrativo de
Antioquia para que se pronuncie en torno a la controversia jurídica expuesta por las
partes procesales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se declaró
de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Segundo. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia para que

26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Universidad de Antioquia

profiera una sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia
planteada de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

SSPS

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