Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01239-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01239-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01239-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 05001-23-33-000-2021-01239-02 (3830-2024)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandado : José de Jesús Osorno Fonnegra
Tema : Reconocimiento diferencia pensional. Subrogación de la
entidad empleadora. Caducidad artículo 86 de la Ley 2381 de
2024. Decide manifestación de impedimento.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, José de Jesús
Osorno Fonnegra, contra la sentencia del 11 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. CUESTIÓN PREVIA.
1. Mediante auto del 7 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, conforme a
lo previsto en el parágrafo del artículo 243 y en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA.
En dicha providencia se dejó constancia de que el Despacho se pronunciaría en etapa
posterior sobre los documentos allegados con el escrito de apelación, con el fin de
verificar si podían ser tenidos como pruebas válidamente incorporadas al expediente.
2. Revisado el expediente, se advierte que la parte demandada no formuló solicitud
probatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del CPACA. En ese contexto, no se
desplegó ninguna actuación procesal idónea que habilitara la apertura de la etapa
probatoria en esta instancia. Por lo tanto, los documentos anexos al recurso no serán
valorados como medios de prueba, en tanto no fueron incorporados válidamente al
proceso ni se solicitó su decreto en la forma exigida por el ordenamiento procesal.
3. Cabe recordar que la práctica de pruebas en segunda instancia solo procede a
solicitud de parte presentada dentro del término de ejecutoria del auto que admite el
recurso de apelación, siempre que se configuren los supuestos taxativos previstos en el
artículo 212 del CPACA: que las pruebas hubieren sido indebidamente denegadas o no
practicadas sin culpa del solicitante, que se refieran a hechos posteriores al cierre del
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Demandante: Universidad de Antioquia
periodo probatorio en primera instancia o que no hubieren podido solicitarse
oportunamente por fuerza mayor, caso fortuito o maniobras de la contraparte.
4. En el presente caso, no se formuló solicitud probatoria expresa ni dentro del cuerpo
del recurso ni dentro del término legal previsto para ello, razón por la cual no resulta
necesario verificar si se satisfacen las condiciones previstas en la norma. En
consecuencia, y como ya se indicó, no se valorarán los documentos aportados con el
recurso. Esta conclusión no comporta la negación de pruebas en segunda instancia, pues
no se está resolviendo sobre una solicitud de decreto probatorio, sino constatando su
inexistencia. Por ello, no resulta procedente el recurso de apelación previsto en el
numeral 7 del artículo 243 del CPACA.
5. Como resultado de lo anterior, se procede a resolver de fondo el asunto mediante
sentencia, sin que haya lugar a considerar los mencionados anexos dentro del acervo
probatorio del proceso.
II. ANTECEDENTES.
Demanda
6. La Universidad de Antioquia, actuando por intermedio de apoderado, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anule el acto
administrativo por medio del cual se ordenó pagar a favor de José de Jesús Osorno
Fonnegra el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en
el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no hubiera sido reconocido
por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), desde el 23 de diciembre de 2002 hasta que
dicha entidad lo hiciera bien motu proprio o por orden judicial.
7. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la parte demandada
restituir a la Universidad de Antioquia, de manera indexada, las sumas pagadas con
ocasión de la expedición del acto acusado, esto es, desde el 23 de diciembre de 2002
hasta el 31 de mayo de 2021, que corresponden a $ 270.738.797, más los valores que
se generen hasta que la sentencia se encuentre en firme y la condena en costas.
8. Expuso los siguientes argumentos: José de Jesús Osorno Fonnegra estuvo
vinculado como docente en la Universidad de Antioquia desde el 10 de febrero de 1971
hasta el 22 de diciembre de 2002, fecha en la que le fue aceptada su renuncia. Previo a
la expedición de la Ley 100 de 1993, la Universidad reconocía directamente las pensiones
de vejez a su personal docente y administrativo, sin realizar ningún descuento por aportes
pensionales.
9. Que partir del 30 de junio de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100
de 1993, la Universidad afilió a sus empleados al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y
comenzó a realizar los aportes correspondientes.
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10. Que históricamente y sin efectuar descuentos, había reconocido la pensión con
base en todo lo devengado por sus empleados. De acuerdo con el inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Universidad interpretó que quienes se encontraran
en régimen de transición y les faltaran menos de diez años para adquirir la pensión al
momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, debían tener una
pensión liquidada por el ISS con base en todos los factores salariales devengados. Bajo
esa convicción, la Universidad realizó cotizaciones incluyendo todos los factores
salariales.
11. El 21 de agosto de 2001 la Universidad solicitó formalmente al ISS que reconociera
y pagara las pensiones incluyendo todos los factores devengados como parte del IBL a
quienes cumplían las condiciones mencionadas. El ISS negó esta petición mediante
comunicación del 25 de febrero de 2002, indicando que los factores que integraban el IBL
eran taxativos y excluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.
12. Con ocasión de esta negativa, la Universidad expidió la Resolución 12094 de 1999,
adoptando la interpretación favorable del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Con esta resolución, decidió subrogarse provisionalmente en la obligación que
consideraba correspondía al ISS, mientras se agotaban las vías judiciales
correspondientes, con el fin de evitar perjuicios económicos a los beneficiarios.
Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999, precisó quiénes
serían los destinatarios de dicho beneficio.
13. El 26 de julio de 2002 reconoció y autorizó el pago de un bono pensional a favor
de la parte demandada por $ 370.210.000, de los cuales la Universidad de Antioquia
asumió el valor de $ 325.979.000, que fue consignado al ente previsional en mención.
14. Que el ISS reconoció al demandado, mediante Resolución No. 5958 del 24 de
junio de 2003, pensión de vejez por valor mensual de $ 2.791.370, efectiva desde el 23
de diciembre de 2002, excluyendo del ingreso base de liquidación (IBL) las primas de
navidad, servicios y vacaciones. Frente a dicha exclusión y con fundamento en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, la Universidad de Antioquia expidió la Resolución
531 del 12 de noviembre de 2003, ordenando pagar al demandado la diferencia existente
entre la pensión otorgada por el ISS y la que resultaría de aplicar el IBL incluyendo todos
los factores salariales omitidos por la entidad previsional.
15. Señaló que aunque inicialmente había interpretado el inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 diferenciando los conceptos de lo «devengado» y lo «cotizado»,
con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 quedó establecido que las pensiones
deben liquidarse exclusivamente con base en lo efectivamente cotizado, poniendo en
cuestión la posibilidad anterior de incluir todos los factores devengados. En apoyo de esta
afirmación citó diversas providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal
Superior de Medellín que analizaron específicamente los factores salariales a considerar
en la liquidación pensional para los beneficiarios del régimen de transición.
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Demandante: Universidad de Antioquia
16. También que la Ley 100 de 1993 estableció para los empleadores de los sectores
público y privado la obligación de afiliar a su personal al Sistema General de Pensiones.
En consecuencia, con la expedición del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, todas
las personas con vínculo laboral vigente ya debían estar afiliadas al sistema desde el 1
de julio de 1995. De esta manera, solo continuaban a cargo de la Universidad aquellas
personas que, al 31 de diciembre de 1996, ya hubiesen cumplido tanto la edad como el
tiempo de servicios exigidos, o que en esa fecha se encontraran retiradas de la entidad
con el tiempo de servicios cumplido, en espera únicamente de alcanzar la edad requerida
para acceder a la pensión de vejez.
17. Finalmente, sostuvo que el demandado en este caso no se encontraba dentro de
los supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, que permitirían
considerar alguna obligación pensional en cabeza de la Universidad, dado que al 31 de
diciembre de 1996 contaba únicamente con 50 años, es decir, no cumplía aún con el
requisito de edad exigido para acceder a la pensión de vejez.
Contestación de la demanda.
18. El demandado se opuso a las pretensiones formuladas en la demanda y afirmó
que el acto administrativo cuestionado se ajustó plenamente a derecho. En
consecuencia, sostuvo que su derecho pensional debe permanecer incólume, al tratarse
de un derecho adquirido, ya que la pensión de jubilación de los beneficiarios del régimen
de transición debe liquidarse tomando en cuenta el salario y todos los factores salariales
devengados.
19. Citó jurisprudencia que, a su juicio, obliga a los empleadores a asumir
temporalmente las obligaciones pensionales que las entidades administradoras (como el
ISS) incumplan, para evitar desproteger los derechos irrenunciables de los trabajadores
(Sentencias T-334/97, T-438/97 y T-357/98).
20. Alegó que la universidad no invocó causales de nulidad y que la decisión de asumir
la diferencia pensional fue expedida por la autoridad competente en ejercicio de sus
atribuciones legales, pues en calidad de empleadora es responsable del pago de los
aportes de sus empleados.
21. Propuso las excepciones de falta de conformación de litisconsorcio necesario
respecto a Colpensiones, derecho adquirido, legalidad del acto impugnado, falta de causa
para pedir, falta de tipificación de causales de nulidad, inexistencia de la causa invocada,
falta de interés, buena fe del demandado, mala fe de la entidad demandante, violación al
principio de progresividad, derecho a la seguridad social, falta de legitimidad en la causa
y prescripción.
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III. SENTENCIA APELADA.
22. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 531 de 2003 y negar
las demás pretensiones sin condena en costas. Fundamentó su decisión en la falta de
competencia de la Universidad de Antioquia para expedir actos de reconocimiento
pensional, pues, tras la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, las universidades y
empleadores perdieron la facultad para reconocer prestaciones, competencia que fue
asumida por la Administradora de Pensiones. La universidad tampoco podía establecer
factores adicionales para el IBL, como las primas de servicios, vacaciones y navidad, ya
que la ley define los emolumentos que integran el IBL.
23. Por otra parte, el Tribunal consideró que no se desvirtuó la buena fe de la parte
demandada, ya que el acto administrativo fue expedido de manera voluntaria por la
universidad, lo que excluye la obligación de devolver lo pagado.
24. Finalmente, en cuanto a la condena en costas, la autoridad judicial consideró que
no era procedente por tratarse de un asunto en el que se involucra el patrimonio estatal.
IV. RECURSO DE APELACIÓN.
25. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación por
la parte demandada, quien argumentó que la Universidad de Antioquia nunca alegó tener
competencia para reconocer directamente pensiones después de la Ley 100 de 1993, ni
creó un régimen pensional propio. Por el contrario, asumió temporalmente el pago de la
obligación pensional del Instituto de Seguros Sociales (ISS), debido a la negativa de dicha
entidad a liquidar correctamente las pensiones de los empleados beneficiarios del
régimen de transición según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
26. Manifestó que la obligación real de reconocer y pagar las pensiones era del ISS.
Ante su incumplimiento, la Universidad actuó legítimamente, subrogándose de manera
temporal y provisional, con base en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, hasta que el
ISS cumpliera voluntariamente o por orden judicial con dicha obligación.
27. Consideró ser titular de un derecho adquirido a que se le reconociera la pensión
conforme al régimen de transición, según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33
de 1985, incluyendo todos los factores salariales devengados. Este derecho había sido
reconocido por la Corte Constitucional en sentencia C-168/95.
28. Destacó que el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, precisó claramente que, para los beneficiarios del régimen de transición, el
ingreso base de liquidación (IBL) debe incluir todos los factores salariales devengados
en el período correspondiente, reafirmando la legalidad del actuar de la Universidad al
subrogarse en dicha obligación.
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Demandante: Universidad de Antioquia
29. Afirmó que la sentencia apelada no reconoció erróneamente la validez jurídica de
la subrogación, figura plenamente reconocida en el ordenamiento civil colombiano, con
la cual la Universidad buscaba proteger derechos fundamentales, y no actuó en forma
arbitraria ni fuera del marco legal y constitucional.
30. Señaló que desde la entrada en vigencia de la Ley 100, la Universidad tenía la
obligación de cotizar sobre todos los factores salariales, incluyendo las primas
rechazadas por el ISS, según lo establecieron los Decretos 691 y 1158 de 1994.
Consideró que, de haber incumplido este deber, la Universidad sería responsable por
dicha omisión, lo cual refuerza la legitimidad de su actuar provisional.
31. Concluyó señalando que la sentencia apelada desconoció el derecho fundamental
a la seguridad social en materia pensional, protegido constitucionalmente incluso en
estados de excepción (artículos 93 y 214, numeral 2, Constitución Política). Afirmó que
este derecho fundamental no puede ser afectado por discusiones administrativas entre
entidades públicas.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
32. Mediante auto proferido el 7 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.
33. La parte demandante se pronunció de forma extemporánea respecto al recurso de
apelación interpuesto por el demandado y el agente del Ministerio Público no rindió
concepto.
34. El 22 de noviembre de 2024 la parte demandada solicitó la aplicación de la
caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
VI. CONSIDERACIONES.
Competencia.
35. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.
Cuestión previa
36. En el presente caso, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto,
basándose en las siguientes razones:
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Demandante: Universidad de Antioquia
37. El XX de mayo de 2025,1 el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante de
esta Subsección manifestó impedimento para conocer del asunto de la referencia, con
fundamento en la causal señalada en el numeral 1° del artículo 141 del Código General
del Proceso. Para ello, indicó que le asiste interés directo en las resultas del proceso,
dado que ha celebrado contratos con la Universidad de Antioquia «para dictar cátedra en
la Especialización de Derecho Administrativo en las materias Derecho Procesal
Administrativo, Sujeto Jurídico Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»
38. El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la
imparcialidad del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que
pueden comprometer su criterio en la toma de decisiones.
39. Las causales de impedimento establecidas en la ley son taxativas y de aplicación
restrictiva, constituyendo una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que
no puede ampliarse discrecionalmente conforme al criterio del juez o de las partes.
40. La causal de impedimento invocada por el consejero de Estado se encuentra
enunciada en el numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso, así:
Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.
[...]
41. En ese contexto, y habiéndose confrontado la causal invocada con las razones
expuestas, la Sala considera procedente aceptar el impedimento formulado, toda vez que
se entiende que la relación contractual del magistrado con la parte demandante genera
un interés indirecto en el resultado del proceso, lo cual resulta suficiente para
comprometer su imparcialidad en la resolución del litigio.
Problema jurídico.
42. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de primera instancia
incurrió en error al declarar la nulidad del acto administrativo mediante el cual la
Universidad de Antioquia asumió obligaciones pensionales que competían al ISS.
43. Para resolver el problema jurídico planteado, se abordará el análisis en tres
aspectos específicos: (i) Aplicación de la regla de caducidad establecida en el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024, (ii) Régimen jurídico aplicable al reconocimiento pensional de
empleados públicos universitarios, y (iii) Caso concreto.
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Índice 14 SAMAI, segunda instancia.
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Demandante: Universidad de Antioquia
Análisis
(i) Aplicación de la regla de caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024
44. La caducidad es un presupuesto procesal de orden público que limita
temporalmente el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Su finalidad es
garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de los actos administrativos, lo que justifica
su carácter irrenunciable y su eventual declaratoria de oficio por parte del juez, conforme
al artículo 187 del CPACA.
45. El literal c del numeral 1.° del artículo 164 del CPACA establece como regla general
que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier
tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 20242 prevé como regla especial de caducidad que «Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.»
46. En consonancia con lo anterior, salta a la vista que la norma en mención no resulta
aplicable al caso particular, dado que el acto administrativo aquí censurado no se deriva
del reconocimiento de una pensión otorgada por una entidad facultada para ello. Por el
contrario, la controversia se centra en discutir la legalidad de un acto administrativo
mediante el cual la Universidad de Antioquia ordenó pagar, a favor de José de Jesús
Osorno Fonnegra, el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación
previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que no fue reconocido
por el Instituto de Seguros Sociales (ISS).
47. Cabe precisar que el extinto ISS fue la entidad de previsión que le reconoció al
demandado una pensión de jubilación mediante la Resolución 5958 del 24 de junio de
2003, acto administrativo que no es objeto de demanda en el presente proceso.
(ii) Régimen jurídico aplicable al reconocimiento pensional de empleados públicos
universitarios
48. El Decreto 1848 de 1969 estableció que las pensiones de jubilación de los
empleados oficiales serían asumidas por la última entidad pública empleadora si no
existía afiliación a una entidad de previsión social. Posteriormente, con la expedición de
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios (691 y 692 de 1994, y 2337 de 1996),
se creó el Sistema General de Seguridad Social Integral, ordenando la afiliación
obligatoria de los servidores públicos, incluidos los empleados de universidades
estatales, al nuevo sistema de pensiones. A partir del 30 de junio de 1995, la competencia
para reconocer y pagar pensiones de estos servidores quedó radicada en la
2 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte Común, y se dictan
otras disposiciones”.
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Demandante: Universidad de Antioquia
administradora que hubiera recibido las respectivas cotizaciones, cesando así la
competencia directa de las universidades estatales.
49. En consecuencia, tras la entrada en vigencia de los regímenes pensionales
establecidos en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales perdieron competencia
para el reconocimiento de pensiones de sus servidores, por lo que esta responsabilidad
quedó en cabeza de la administradora de pensiones que recibió o debía recibir las
cotizaciones3.
(iii) Caso concreto
50. En el presente caso, la Sala confirmará la decisión de primera instancia al verificar
que la Universidad de Antioquia carecía de competencia para asumir una obligación que
correspondía al ISS, lo que evidencia la ilegalidad del acto administrativo demandado, tal
como lo consideró el a quo, con fundamento en las siguientes razones:
51. El demandado prestó sus servicios como docente en la Universidad de Antioquia.
El 14 de mayo de 1999, el ente educativo expidió la Resolución rectoral 120944 mediante
la cual se subrogó en una «obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
En su artículo primero dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de
transición, y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de diez
años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu propio, o
por orden judicial, asuma la misma.» (Resaltado original del texto)
52. Posteriormente, por medio de la Resolución 16628 el 25 de junio de 1999 el
vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia reglamentó la Resolución
rectoral 12094, precisando que sus destinatarios «son los jubilados: empleados públicos
docentes y los empleados no docentes de la Universidad de Antioquia, que se encuentren
en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de diez años para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y
pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta lo devengado por el
servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993». De
igual manera estableció el monto, los requisitos, la duración y el pago de lo reconocido
en el mentado acto administrativo.
53. El 26 de julio de 2002, la Universidad de Antioquia expidió la Resolución 369
mediante la cual reconoció a favor del señor José de Jesús Osorno Fonnegra un bono
pensional por la suma de $ 370.210.000.
3 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de
2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.
4 La totalidad de las pruebas obran el expediente digital.
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Demandante: Universidad de Antioquia
54. El 24 de junio de 2003, por medio de la Resolución 5958 el extinto ISS reconoció
una pensión de jubilación al señor Osorno Fonnegra, a partir del 23 de diciembre de 2002,
en cuantía de $ 2.791.370.
55. El 12 de noviembre de 2003, la Universidad de Antioquia profirió la Resolución 531
a través de la cual ordenó pagar a la parte demandada la diferencia entre lo reconocido
por el ISS y lo que resultaría de incluir las primas de navidad, vacaciones y semestral en
el IBL. Esta actuación se sustentó en el supuesto cumplimiento del inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
56. La Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 fue derogada posteriormente
mediante la Resolución rectoral 35823 17 de octubre de 2012.
57. Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del parágrafo 2° del Decreto
1068 de 1995, los docentes de las universidades oficiales e instituciones oficiales de
educación superior debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más
tardar el 30 de junio de 1995. Desde esa fecha, la competencia para reconocer y pagar
pensiones recaía en la administradora de pensiones que hubiera recibido las cotizaciones
de esos servidores públicos, que en este caso era el ISS.
58. Por tanto, no era competencia de la Universidad de Antioquia pronunciarse sobre
el derecho pensional del accionado, ni respecto a lo relacionado al mayor valor del IBL,
ya que tales aspectos correspondían al ISS como administradora de las cotizaciones
realizadas por el demandado.
59. En línea con lo anterior, esta Subsección5 ha señalado en casos similares que las
universidades públicas no tienen competencia para ordenar el reconocimiento o
reliquidación de pensiones después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Específicamente, ha afirmado:
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional en
favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho que le
asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de factores
salariales devengados por el docente no computados por la administradora de pensiones,
facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales por tratarse del ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.
[…] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3 de
abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal de
expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la encargada
de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue declarado por el a quo.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 15 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-000-2014-01330-02 (5286-19).
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01239-02 (3830-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
60. En consecuencia, se confirmará la declaratoria de nulidad del acto administrativo
demandado, en tanto fue expedido por una autoridad sin competencia legal para disponer
el pago de sumas relacionadas con el reconocimiento pensional al demandado.
Condena en costas.
61. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se condenará
en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal de
conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley 2080 de 2021. De lo
anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear las reglas
establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la demanda
carecía de fundamento legal o no.
62. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la disposición de
condena en costas, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio objetivo
– valorativo según el cual deben encontrarse probados ambos elementos para que la
condena resulte procedente:
“b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas,
es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse,
según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración
no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.”6
63. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio solamente se tenían en cuenta
las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su análisis
impone también el estudio de la regla introducida por la Ley 2080 de 2021 en el artículo
188 del CPACA relativa a si la demanda carecía o no de fundamento legal.
64. En el caso concreto, se considera que el recurso de apelación presentado por la
parte demandada no configura el elemento objetivo exigido para la imposición de costas,
dado que los argumentos expuestos en el recurso no carecen de razonabilidad jurídica.
Aunque el recurso de alzada no prosperó, las razones de inconformidad fungieron como
un ejercicio legítimo del derecho de defensa y un esfuerzo argumentativo encaminado a
cuestionar la decisión de primera instancia. En consecuencia, no se condenará en costas
al demandado en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01239-02 (3830-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta corporación,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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