RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2021-01243-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01243-02

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01243-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez. SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia de 17 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso promovido por la Universidad de Antioquia en contra del señor Julián Alberto Betancur Martínez, de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva. TERCERO.- CONDENAR en costas de segunda instancia al demandado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» y en esta providencia se decide el fondo del asunto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01243-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Julián Alberto Betancur Martínez
Tema: Subrogación pensional

Decisión: Confirma la sentencia que accedió parcialmente a las
pretensiones. Condena en costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada
en contra de la sentencia de 17 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión1, mediante la cual concedió
parcialmente las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

2.1.1. Las pretensiones

2. La Universidad de Antioquia, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA -, solicitó la nulidad de la Resolución 425 de 8 de agosto
de 2006 que ordenó pagarle al señor Julián Alberto Betancur Martínez «[…] el valor
que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]».

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al señor
Julián Alberto Betancur Martínez a restituir las sumas pagadas con base en la
Resolución 425 de 8 de agosto de 2006, «[…] desde el 30 de diciembre de 2005
hasta el 31 de mayo de 2021, que corresponden a la suma de $247.831.727, más

1 Con ponencia del magistrado Jhon Jairo Alzate López.
2 Primera instancia. Enlace archivo OneDrive. Índice 57, Archivo «001Demanda.pdf». Aplicativo SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

los valores que se generen con posterioridad y hasta que la sentencia se encuentre
en firme.».

4. Finalmente solicitó que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos

5. Señaló que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la
Universidad de Antioquia reconocía las pensiones de sus empleados con base en
todo lo devengado sin efectuar deducción alguna, lo anterior, de conformidad con
las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966 y los Decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969.

6. Al entrar en vigor del sistema general de pensiones la Universidad de
Antioquia afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales, y realizó
los aportes correspondientes ante esa entidad. En virtud del Decreto 2337 de 1996,
la Universidad perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las
pensiones.

7. El señor Julián Alberto Betancur Martínez, estuvo vinculado con la
Universidad de Antioquia desde el 2 de febrero de 1976, como empleado público,
hasta el 30 de diciembre de 2005 cuando le fue aceptada su renuncia.

8. El Instituto de Seguros Sociales le reconoció al señor Betancur Martínez su
pensión de jubilación a través de la Resolución 16156 de 8 de septiembre de 2005,
en cuantía mensual de $3´505.973, sin tener en cuenta en su liquidación las primas
de navidad, servicios y vacaciones.

9. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral 12094 de 1999
en la que se «subroga» la parte de la obligación no reconocida por el Seguro Social
con los servidores de la Universidad.

10. Atendiendo a lo anterior, la Universidad emitió la Resolución Administrativa
425 de 8 de agosto de 2006, en la que ordenó pagar temporalmente al señor
Betancur Martínez el valor que resulta de la aplicación del ingreso base de
liquidación que consagra el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no
reconocido por el Seguro Social hasta que este último lo reconozca bien motu
proprio o por orden judicial, a partir del 30 de diciembre de 2005, por valor $802.332
y a partir del 1.° de enero de 2006 por valor de $841.245 mensuales, hasta que el
Seguro Social lo reconozca, bien mutuo propio, o por orden judicial.

11. La Universidad de Antioquia ha adelantado trámites ante el Seguro Social,
y posteriormente a Colpensiones, tendientes a que la administradora de pensiones
incluyera las primas de navidad, servicios y vacaciones para liquidar la pensión de
los servidores universitarios, con resultado desfavorable.

12. Mediante Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, fue
derogada la Resolución 12094 de 1999, ordenando a la Vicerrectoría resolver las
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

situaciones de carácter individual y concreto, conforme a los principios, normas
jurídicas y jurisprudencia vigente en la materia.

13. La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 fue demandada
por la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, proceso que fue
conocido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, corporación judicial que en
sentencia del 17 de octubre de 2013 negó las pretensiones de la demanda,
argumentando que el ente universitario actuó con mera liberalidad al subrogarse en
un deber que no le correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener en el
tiempo el acto administrativo derogado.

14. La Universidad de Antioquia interpuso diversas demandas contra los actos
administrativos que reconocieron el pago temporal que consagró la Resolución
Rectoral 12094 de 1999, las cuales han generado que el Consejo de Estado se
pronuncie en el sentido de reconocer que el ente educativo no era la autoridad
competente para pronunciarse acerca de la adjudicación del derecho pensional, por
cuanto era obligación del ISS como entidad previsional.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

15. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 48
de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, 10 de la
Ley 4ª de 1992, 1. ° del Decreto 1158 de 1994, 18 inciso 3. °, 131 y 151 de la Ley
100 de 1993, el artículo 5. ° del Decreto 1068 de 1995 y 4. ° del Decreto 2337 de
1996.

16. En el concepto de violación explicó, en síntesis, que, si bien al momento de
expedirse la Resolución Rectoral 12094 de 1999 y su reglamentaria 16628 de 1999,
no se encontraba vigente el Acto Legislativo 01 de 2005, éstas adolecen de
inconstitucionalidad sobreviniente por transgredir el contenido del artículo 1.° inciso
6.° de tal reforma constitucional que dispone que para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales se hubiesen
efectuado cotizaciones.

17. Debe tenerse en cuenta el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, según el cual
todo régimen salarial y prestacional que se establezca en contravención de dicha
norma o los decretos que dicte el Gobierno Nacional carecerá de todo efecto y no
creará derechos adquiridos. Además, el Decreto 1158 de 1994 en su artículo 1. °,
señala taxativamente los factores salariales que deben tenerse en cuenta dentro
del IBL, sin que se incluyan primas de navidad, servicios y vacaciones.

18. Asimismo, en sentencia de 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado
rectificó la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de
indicar que el IBL no es un asunto sometido a transición, razón por la que sostiene
que el acto administrativo enjuiciado partió de una premisa equivocada cual era el

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

derecho a que los empleados de la Universidad adquirieran su prestación tomando
como base todos los factores devengados en servicio.

19. Explicó que el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 no
incluyó el ingreso base de liquidación, razón por la cual la liquidación de la pensión
de la parte demandada, beneficiaria de la citada transición, debía efectuarse
conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993- o, excepcionalmente y de cumplirse
con los supuestos allí establecidos, el inciso tercero del artículo 36 de la misma Ley
100 de 1993-, en virtud del cual tal liquidación se efectúa teniendo como base el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiese cotizado el afiliado en
los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión; teniéndose
entonces que el acto cuya nulidad se demanda no se ajusta a la interpretación que
actualmente rige respecto las normas superiores en que debían fundarse.

20. Finalmente insistió en que, en caso de considerarse que los beneficiarios del
régimen de transición sí tienen derecho a que su liquidación pensional incluya todos
los factores, la competencia para su reconocimiento recae en la administradora de
pensiones a que se haya afiliado el empleado.

2.2. Contestación de la demanda

21. El señor Julián Alberto Betancur Martínez, contestó la demanda3 a través
de apoderada judicial quien se opuso a las pretensiones de la demanda para lo cual
señaló que la Universidad de Antioquia reconoció esa subrogación pensional con
fundamento en el precedente del Consejo de Estado que se encontraba vigente en
ese momento.

21. La parte demandada explicó que tanto antes como después de la entrada en
vigencia del Sistema General de Pensiones, la Universidad de Antioquia realizó
aportes sobre todo lo devengado, desde el 1° de enero de 1994, tal como lo
estableció el artículo 2° de la Resolución Superior 2035 de enero 26 de 1994; y todo
lo contrario, la Universidad conservó este dinero en sus arcas, para nutrir el
Contrato Interadministrativo de Encargo Fiduciario, celebrado entre ella, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el departamento de Antioquia, con base
en el cual se ha venido financiando y cancelando su pasivo actuarial, entre ellos, la
subrogación a los pensionados.

22. De otra parte, manifestó que la actuación de la Universidad a través del acto
demandado no se trató de una liberalidad dado que actuó en su calidad de
empleadora y antigua entidad pagadora de pensiones, con base en el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, además de que la Resolución Rectoral núm.
12094 de 1999 y su reglamentación, por lo que tuvo la convicción jurídica de que
las pensiones debían liquidarse con todos los factores salariales y que dicha
postura fue soportada en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

3 Ibidem. Archivo «009 CONTESTACIÓN.pdf».

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

23. Para la apoderada es improcedente también la solicitud de devolución de las
sumas pagadas al pensionado comoquiera que este actuó de buena fe, toda vez
que las prestaciones fueron reconocidas y percibidas con fundamento en un acto
administrativo válido y vigente. Adicionalmente, la derogatoria posterior del acto
general que dio origen a la subrogación no podía afectar las situaciones jurídicas
consolidadas ni los derechos adquiridos, de conformidad con la jurisprudencia
contenciosa y el Acto Legislativo 01 de 2005, que prohíbe la reducción o supresión
de mesadas pensionales reconocidas conforme a derecho.

24. Finalmente indicó que en este caso debió vincularse a Colpensiones dado que
era la entidad administradora de la pensión.

25. Propuso como excepciones las de: i) indebida integración del litisconsorcio, ii)
temeridad, iii) justo título y buena fe por parte del demandado,(iv) actuación de
funcionario conforme a las exigencias de ley; (v) firmeza, ejecutoriedad y
obligatoriedad de la Resolución Administrativa 425 de 8 de agosto de 2006; (vi)
inexistencia de fundamentos jurídicos que soporten la nulidad del acto
administrativo demandado; (vii) presunción de legalidad del acto administrativo
demandado; (viii) incumplimiento del procedimiento señalado por la demandante
en el acto demandado; (ix) prescripción; (x) imposibilidad de condena en costas y
genérica.

2.3. Medida cautelar

26. La entidad demandante solicitó como medida cautelar, la suspensión de la
Resolución 425 de 8 de agosto de 2006, que fue concedida por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia a través de providencia de 2 de agosto de 20224. Contra
la anterior decisión la demandada interpuso recurso de apelación.
27. A través de proveído de 7 de junio de 20245 la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado rechazó por extemporáneo el recurso de apelación
interpuesto.
2.4. Sentencia de primera instancia6

28. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión en sentencia
proferida el 17 de febrero de 2026, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda al declarar la nulidad de la Resolución 425 de 8 de agosto de 2006 “Por
la cual se ordena un pago”, proferida por la Universidad de Antioquia y negó las
demás pretensiones de la demanda.

29. Para ello explicó que la Corte Constitucional mediante auto núm. 841 de 2025
decidió suspender, la vigencia integral de la Ley 2381 de 2024, razón por la cual no

4 Ibidem. Archivo onedrive. Archivo «03 ResuelveMedida cautelar U de A.pdf»

5
Radicado 05001-23-33-000-2021-01243-01.
6 Primera instancia. Enlace archivo OneDrive. Índice 57, Archivo «024 Sentencia -taa.pdf». Aplicativo SAMAI

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

era posible declarar la ocurrencia de la caducidad de conformidad con su artículo
86, solicitada por la apoderada del demandado.

30. Señaló que la Universidad de Antioquia no tenía competencia para pronunciarse
frente al derecho pensional del señor Julián Alberto Betancur Martínez,
específicamente sobre el reconocimiento del mayor valor del ingreso base de
liquidación, ya que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tal situación
le correspondía solamente al ISS como entidad previsional o administradora de las
pensiones.

31. Indicó que la afiliación del docente demandado al ISS a partir de julio de 1995
desplazó por completo la competencia de la Universidad de Antioquia para
pronunciarse sobre el reconocimiento, reliquidación o incremento del derecho
pensional, por tratarse de materias propias del Sistema General de Pensiones que,
conforme a los artículos 14 del Decreto 692 de 1994, 2 del Decreto 1068 de 1995
y 4 del Decreto 2337 de 1996, corresponden exclusivamente a la administradora
que recibe las cotizaciones.

32. En consecuencia, al expedirse el acto administrativo demandado sin la
competencia legal para ello, no era posible predicar en favor del accionado la
existencia de un derecho adquirido y que por el contrario el reconocimiento carece
de sustento normativo y que contraviene el marco constitucional y legal vigente,
toda vez que la universidad demandante no ostenta facultad alguna para otorgar
reconocimientos pensionales ni para definir el régimen aplicable mediante actos
administrativos unilaterales.

33. De lo anterior coligió que la entidad demandante no cumplió con la carga que
le impone el ordenamiento jurídico para pretender el reembolso de lo pagado
supuestamente de forma indebida, que es, demostrar la mala fe de quien percibe
pagos adicionales a los que en derecho le corresponden, con lo que no resulta
procedente acceder a tal pretensión.

34. Finalmente impuso condena en costas en primera instancia a cargo del
demandado.

2.5. Recurso de apelación.

2.5.1. La apoderada del demandado presentó recurso de apelación en el que
indicó que en este caso se dan los supuestos de artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
Para la declaratoria del fenómeno de la caducidad ya que la Universidad
demandante ha interpuesto las acciones judiciales en contra del actor 20 años
después del reconocimiento pensional, cuando esta disposición claramente
establece un periodo razonable para un debate procesal de 5 años a partir del
reconocimiento pensional; además la demanda fue instaurada antes de la
expedición de la Ley 2381 de 2024, sin embargo al momento de dictar sentencia la
disposición normativa aludida se encuentra suspendida por la Corte Constitucional
mediante Auto 841 de 2025 por vicios de procedimiento en la Cámara de
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

Representantes, por ello un Juez de la República no puede pronunciarse respecto
a su exequibilidad.

35. Además, la caducidad ha sido decretada incluso, de manera oficiosa, como
ocurrió en providencia de 2 de octubre de 2024, Radicación: 25000-23-42-000-
2015-05734-01 (3936-2018).

36. La Universidad de Antioquia reconoció una subrogación de forma temporal el
pago de una obligación pensional del Instituto de Seguros Sociales frente a las
personas que fueron empleados de la Institución, lo hizo con base en las normas y
la jurisprudencia de esa época. Luego indicó que sí tenía competencia para asumir
ese «reconocimiento pensional»

37. Por ello, la subrogación concedida al accionado constituye un derecho individual
y concreto, que ya se ha radicado en su cabeza, e ingresado en su patrimonio; de
manera que se le desconoció la forma correcta de liquidarle su pensión de vejez y
por ello la Universidad de Antioquia, asumió el pago de la cuota restante, en forma
temporal y por la figura de la subrogación, además, si bien el 30 de junio de 1995
obligó a todos sus servidores, empleados públicos y trabajadores oficiales a
afiliarse al Sistema General de Pensiones, en el año 1979 si creo el Fondo de
Previsión Social, por lo que para esa época podía hacer ese reconocimiento.

38. Finalmente señaló que no se ha cumplido la condición prevista en la Resolución
Rectoral 12094 de 1994, que estableció «que reconocería dicho beneficio hasta
tanto el Instituto de Seguros Sociales reconociera motu propio o por decisión
judicial» la diferencia pensional pagada por ella, así mismo, insistió en que a quien
debió demandarse es a Colpensiones pues el pensionado no ha sido requerido por
ningún ente de control para la devolución de las sumas.

39. Finalmente señaló que no se debió imponer condena en costas en primera
instancia pues no es posible condenar a la parte vencida en el proceso por el mero
hecho de no tener un resultado favorable a sus intereses, sino que se debe verificar
la causación de gastos ordinarios y la conducta del apoderado durante el trámite
del proceso.

2.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

2.6.1. Los apoderados de las partes guardaron silencio en esta oportunidad.

2.6.3. El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado7 solicitó
confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, para lo cual explicó que no operó la caducidad alegada por el
demandado, toda vez que, en la actualidad se encuentran suspendidos los efectos
de la Ley 2381 de 2024, esto, por mandato expreso de la Corte Constitucional
mediante Auto 841 de 2025. Ahora bien, respecto de la competencia de la

7
Índice 10. Aplicativo SAMAI. Segunda instancia.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

Universidad de Antioquia, se tiene que, de conformidad con la reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado, así como, lo establecido en las disposiciones
normativas vigentes que regulan la materia pensional, dicho ente educativo no
ostentó la competencia para reconocer la prestación pensional objeto de debate,
en tanto, la responsabilidad recaía plenamente sobre el fondo de pensiones donde
el demandado efectuaba sus respectivas cotizaciones.

40. Respecto de la condena en costas, señaló que, tras el análisis de las
actuaciones procesales, no se observa la existencia de conducta temeraria o de
mala fe por parte del demandado; sino el legítimo ejercicio del derecho de defensa,
por lo que, no resulta procedente imponer la condena en costas, al no cumplirse
los requisitos legales exigidos para ello.

41. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

42. Es competente esta Subsección para decidir el recurso de apelación interpuesto
por el demandado en contra de la sentencia de 17 de febrero de 2026, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión dentro del
proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 1508 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.2. Impedimento
43. El consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta 9
encontrarse impedido para conocer del presente asunto, por estar incurso en la
causal prevista en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General del Proceso,
pues le asiste interés indirecto en las resultas del proceso, toda vez que ha suscrito
y celebrado contratos con la parte demandante, esto es, la Universidad de
Antioquia, «para dictar cátedra en la Especialización de Derecho Administrativo en
las materias Derecho Procesal Administrativo, Sujeto Jurídico Público y
Contextualización del Derecho Administrativo.»

44. Al respecto, el numeral 3.° del artículo 131 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece:

8«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo de

Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
9 Indice 12 de Samai

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

«3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el
artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a
quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se
fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o
subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra
fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva
sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de
conformidad con el reglamento interno».

45. A su turno, el artículo 141 numeral 1.° del Código General del Proceso consagra
como causal de recusación:

«Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.»

46. Es de resaltar que, dada la taxatividad y el carácter restrictivo de dichas
causales, nada excusa al juez para abstenerse de cumplir los deberes que la ley le
asigna. Por la misma razón, la motivación o los hechos que llevan al funcionario
judicial a declarar el impedimento deben enmarcarse con toda precisión en alguna
de ellas, lo cual obedece, además, a la especificidad con que se encuentran
definidas en la norma.

47. Ahora bien, analizada la causal esgrimida y los argumentos del impedimento
manifestado, esta Sala de decisión lo encuentra fundado, por cuanto se estima que
le asiste un interés indirecto en el resultado del proceso, comoquiera que la
explicación planteada frente a la relación de índole contractual que existe con la
parte demandante es razón suficiente para entender que el objeto del presente
litigio compromete su independencia y/o imparcialidad al momento de resolver el
asunto.

48. Así las cosas, se declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto de la
referencia

3.3. Problemas jurídicos
49. Corresponde a la Sala determinar si ¿en este caso es procedente aplicar la
figura de la caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 como
lo solicita la apoderada del demandado?
50. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea negativa deberá la Sala
establecer si ¿en este caso, frente al reconocimiento de la pensión otorgada por el
ISS al señor Julián Alberto Betancur Martínez, servidor de la Universidad de
Antioquia, ésta última era competente para pagar la diferencia por los factores no
incorporados por el ente de previsión al determinar el IBL pensional respectivo?
51. En caso de que la respuesta sea negativa, deberá analizarse si ¿era procedente
imponer condena en costas de primera instancia al demandado?
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

3.3. Fondo del asunto
3.3.1. Primer interrogante. ¿En este caso es procedente aplicar la figura de la
caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 por la cual se
establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y
Muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones?

52. Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un derecho
en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un medio de
control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término constituya un
presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los derechos
individuales y subjetivos de los administrados para su reclamación judicial, en
desarrollo del principio de seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y
suficiencia temporal.
53. Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para pronunciarse
sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.
54. De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra
actos administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
55. Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema
de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y
se dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispuso un término para interponer
las acciones administrativas y contencioso administrativas en lo que respecta a las
pensiones que han sido reconocidas; se destaca:
«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y Contencioso
Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.» (Subrayas fuera del
texto)
56. De otro lado, en torno a la vigencia del referido artículo 86, se tiene que en la
Ley 2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

«Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez,
Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley, entrará en vigor el
1° de julio de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento de
expedirse esta ley.»

57. Es de precisar que la Corte Constitucional admitió una demanda de
inconstitucionalidad en contra de la totalidad de la Ley 2381 de 2024, bajo el
expediente con radicado D-15.989, por la presunta vulneración del artículo 157 de
la Constitución Política de 1991 respecto del trámite legislativo para la aprobación
de la norma. En virtud de lo anterior, mediante auto 841 del 17 de junio de 2025
emitido por la Sala Plena de dicha corporación se resolvió, entre otras órdenes,
según el ordinal quinto de dicha providencia:
«[…] SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de
las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual
la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo
lo que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la
citada ley. El Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo
correspondiente, podrá definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de
la Ley 2381 de 2024. […]».
58. Si bien para el momento en que se dictó la sentencia objeto de apelación por
parte del Tribunal Administrativo de Antioquia – 22 de marzo de 2022- la Corte
Constitucional no había proferido el auto a través del cual se suspendió la entrada
en vigencia de la Ley 2381 de 2024, no obstante, esta Subsección en numerosas
ocasiones10 señaló que no era posible la aplicación de la caducidad establecida en
el artículo 86 de la norma en cita en casos como el que acá se analiza.
59. En efecto, en el sub lite la Universidad de Antioquia cuestiona el acto de
reconocimiento pensional sino la resolución a través de la cual se reconoció un
pago con el cual pretendió nivelar las pensiones al IBL que consideraba debía
aplicarse, tal como ocurrió con la Resolución 425 del 8 de agosto de 2006 mediante
la cual se ordenó pagar al señor Julián Alberto Betancur Martínez «[…] el valor que
resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]».
60. De acuerdo con lo anterior dada la naturaleza del acto administrativo
demandado no procedía la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y,
además, en la actualidad la vigencia de citada norma se encuentra en suspenso,
hasta tanto la Corte Constitucional decida sobre la exequibilidad o no de dicha ley.

3.3.2 Segundo problema jurídico. ¿En este caso, frente al reconocimiento de
la pensión otorgada por el ISS al señor Julián Alberto Betancur Martínez,
servidor de la Universidad de Antioquia, ésta última era competente para

10 Sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 en el proceso radicado 05001-23-33-000-2021-02204-02

(1238-2023).
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

pagar la diferencia por los factores no incorporados por el ente de previsión
al determinar el IBL pensional respectivo?

3.3.2.1 Del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de los
servidores públicos bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993.

61. De conformidad con lo señalado por el artículo 7511 del Decreto 1848 de 196912,
previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 quien tenía la obligación de reconocer y
de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos era la entidad de
previsión a la que estaba afiliado el servidor o en su defecto, la última entidad
pública empleadora.

62. A través de la expedición de la Ley 100 de 199313 se creó el Sistema General
de Seguridad Social, estableciéndose en la misma la obligatoriedad de afiliar al
sistema a todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos14.

63. Para la incorporación de los servidores públicos al sistema general de
pensiones, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 691 de marzo 29 de 1994 15,
mediante el cual se integró al referido sistema a los siguientes servidores: a) Los
servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o Distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y b) Los
servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el Ministerio
Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría
General de la República16.

64. A su vez el Decreto 692 del 29 de marzo de 199417 al reglamentar los temas
relacionados con afiliaciones, cotizaciones, administradoras de pensiones del
Sistema General de Pensiones, definió la entidad competente para el
reconocimiento y pago de las pensiones o demás prestaciones a que hubiere lugar
al señalar lo siguiente:

«Artículo 14. Efectos de la afiliación. La afiliación surtirá efectos a partir del
primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el diligenciamiento del
respectivo formulario.

11 «Artículo 75º.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará

al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida
para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos
de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión…»
12 Mediante el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
13 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
14 «Artículo 15.- Serán afiliados al sistema general de pensiones:

1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley. Así mismo, los grupos de población que por sus
características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a través del
fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales…»
15 Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras

disposiciones.
16 Ver artículo 1 del decreto citado.
17 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que
haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el monto
de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que da lugar
al pago de la pensión o prestación correspondiente».

65. Luego, con la expedición del Decreto 1068 del 23 de junio de 1995 18 se
estableció el límite temporal para que los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliaran para
los efectos de cotizaciones en pensión, señalando el parágrafo 2.º de su artículo
2.º, que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley 100 de
1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995. Señaló la referida norma
lo que sigue:

«Artículo 2º.- Selección de régimen pensional. Una vez entre a regir el sistema
general de pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los
servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima media
con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, ISS, y
el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las sociedades
administradoras de fondos de pensiones, AFP, autorizadas por la
Superintendencia Bancaria.

Los servidores públicos que elijan afiliarse o trasladarse al Instituto de Seguros
Sociales o al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán proceder de
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de este Decreto.

Parágrafo 1º.- Los servidores públicos que ingresen al servicio con posterioridad
a la vigencia del sistema general de pensiones y elijan el régimen solidario de
prima media con prestación definida, deben afiliarse al Instituto de Seguros
Sociales.

Parágrafo 2º.- Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y
pagadas por las entidades empleadoras, deberán afiliarse a cualquiera de los dos
regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 a más tardar el 30 de junio de 1995».

66. Ahora bien, es de recodar que el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 estableció
la creación de los fondos para pagar el pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial. Esto en los siguientes términos:

«ARTICULO 131.Fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades oficiales y
de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Cada una
de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial, departamental,
distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo pensional contraído a la
fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un monto igual al valor de dicho
pasivo que no esté constituido en reservas en las cajas de previsión, o fondos
autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras cotizaciones que las
instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar según lo previsto en
la presente Ley, en aquella parte que corresponda a funcionarios, empleados o
trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la vigencia de la presente Ley.

18 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles
departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la
declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel
territorial.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución.
Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que
aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la
respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el
promedio de los 5 últimos presupuestos anuales, anteriores al años de iniciación de la
vigencia de la presente Ley.

Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que se
redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales de
acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de
conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.

Dentro del años siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, las
universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo,
elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio de
Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que representen
los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los 2 primeros años
de la vigencia de la presente Ley.
[…]».

67. Posteriormente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 19 que tuvo por
objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior
de naturaleza territorial, fue específico en atender lo dispuesto en el Decreto 1068
de 1995, ya citado, respecto del marco temporal con que contaban los servidores
públicos en afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales contemplados en la
Ley 100 de 1993, al consagrar lo siguiente en el parágrafo 1.º del artículo 2.º del
referido decreto:

«Parágrafo 1º. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas instituciones que
reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de los dos
regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado a más
tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades territoriales, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995». (Negrillas fuera de texto).

68. El citado decreto estableció en su artículo 4. ° algunos eventos en que los
fondos de pasivo pensional, constituidos como una cuenta especial de las
universidades oficiales e instituciones de educación superior de carácter oficial y
naturaleza territorial, debían asumir el pago de las prestaciones allí descritas. Estos
son:
«1. El pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener
derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo
con el régimen pensional vigente, antes del 23 de diciembre de 1993.

2. El reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva institución,
según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996.

19 Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1299 de 1994.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

3. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía rigiendo,
siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las Administradoras
del Sistema General de Pensiones.

4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente y
trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad
administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con los
artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993, los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994 y sus
decretos reglamentarios.

La expedición de los bonos pensionales se hará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 119 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que el servidor público, trabajador
oficial y personal docente, únicamente haya tenido vinculación contractual, legal y
reglamentaria con la respectiva universidad o institución, tendrá derecho a que dicha
institución efectúe la emisión del bono pensional, de acuerdo con la reglamentación
para el efecto.

5. El pago de la cuota parte correspondiente de conformidad con lo establecido en los
Decretos 1299 y 1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación
superior a la cual hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para
contribuir a la entidad emisora del bono.

6. El pago de las obligaciones pensionales extralegales, válidamente definidas o
pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993, así
como el pago de las obligaciones correspondientes a la pensión compartida con el ISS
cuando a ella haya lugar.
[…]». (Negrilla de la Sala).

69. En este orden de ideas, después de la entrada en vigencia de los regímenes
pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993, los entes universitarios de
carácter oficial perdieron competencia para el reconocimiento de pensiones de sus
servidores y, por virtud de la afiliación obligatoria de los servidores públicos al
Sistema General de Pensiones y de acuerdo con lo consagrado en el artículo 14
del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, quien debe efectuar el reconocimiento
respectivo es la administradora de pensiones que hubiere recibido o le
correspondiese recibir las cotizaciones del período en el cual ocurriere el siniestro
o hecho que diera lugar al pago de la prestación correspondiente, esto es, sin
perjuicio de los escenarios definidos en el artículo 4.° del Decreto 2337 de 24 de
diciembre de 1996, norma que sólo en los casos allí descritos impone la obligación
a cargo del fondo pensional.

3.3.2.2 Caso concreto

3.4.2.2.2. De las pruebas.

70. En el sub-lite se encuentra demostrado lo siguiente20:

20
Primera instancia. Enlace archivo OneDrive. Índice 57, Archivo «000Anexos Demanda». Aplicativo SAMAI.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

• A través de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la
Universidad de Antioquia decidió «[s]ubrogarse en la parte de la obligación
que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con los servidores
de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento de entrar en
vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho,
de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo
36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu
proprio, o por orden judicial, asuma la misma». En su artículo segundo el
citado acto dispuso:

«En consecuencia, se reajustarán las pensiones que ha reconocido el Instituto de
Seguros Sociales a los servidores referidos y a los que a partir de la fecha les
reconozca la pensión, en el porcentaje que dicha Entidad no cancela conforme al
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, sobre el derecho que
tienen, con base en las primas de navidad, de vacaciones y semestral, que
constituyen factor salarial.».

• Por medio de la Resolución Administrativa 16628 del 11 de julio de 1999,
se reglamentó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo del mismo año.

• EL señor Julián Alberto Betancur Martínez nació el 2 de enero de 1948
según da cuenta la copia de la cédula de ciudadanía aportada al proceso21.

• Se allegó copia del acta 2317 de 2 de febrero de 1976 a través de la cual
se posesionó a Julián Alberto Betancur Martínez como subjefe del
Departamento de Educación Médica de Tiempo Completo de la Universidad
de Antioquia22. De igual manera mediante Oficio 1010-1094 de 23 de
noviembre de 200523 suscrito por la Secretaría General de la Universidad
se le aceptó su renuncia a partir del 30 de diciembre de 2005.

• A través de Resolución 607 de 13 de diciembre de 200524, en la que
reconoció bono pensional a cargo de la Universidad de Antioquia se
reportaron como tiempos laborados los siguientes:

• Mediante Resolución 16156 de 8 de septiembre de 200525 dictada por la
Instituto de Seguros Sociales se le reconoció la pensión de jubilación al
demandado, donde igualmente se reportaron los siguientes tiempos de
servicios:

21 Ibidem, archivo: «3. DOCS HOJA DE VIDA BETANCUR MARTÍNEZ JULIÁN ALBERTO.pdf». Folio 18.
22 Ibidem. Folio 3
23
Ibidem. Folios 17 y s.s.
24 Ibidem, folio 30 y s.s. del archivo pdf.
25
Ibidem, folio 41 y s.s.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

[…]

• Lo anterior da cuenta que, pese a la concurrencia de tiempos con la
Dirección Seccional de Salud de Antioquia, laboró en la Universidad de
Antioquia desde el 2 de febrero de 1976 hasta el 30 de diciembre de 2005,
por 29 años, 10 meses y 28 días, con lo cual antes del 30 de junio de 1995
laboró en 19 años, 4 mes y 28 días.

• Según la Resolución 16156 de 8 de septiembre de 200526, el demandado
fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales en el mes de julio de 1995. Allí
se le reconoció la pensión de jubilación, con una tasa de reemplazo del 75%,
en cuantía mensual de $3´505.973 a partir del año 2005 al acreditar retiro
definitivo del servicio. Esto, de conformidad con las Leyes 100 de 1993 y 33
de 1985, sin indicar los factores salariales que se tuvieron en cuenta para
tales efectos.

• De igual manera se advierte que la Universidad de Antioquia mediante la
Resolución 425 de 8 de agosto de 200627 ordenó pagarle al señor Julián
Alberto Betancur Martínez, el valor que «resulta de la aplicación del Ingreso
Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 […]» y que dijo, no reconoció el ISS, por la no inclusión de las
primas de navidad, vacaciones y servicios; esto en cumplimiento de la
Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, proferida por el ente educativo, a
través de la cual se subrogó en parte de dicha obligación. Esto así:

26 Ibidem, folio 41y s.s. del archivo pdf.
27
Ibidem. Folios 31y s.s.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

• Finalmente, a través de la Resolución Rectoral 35823 de 17 de octubre de
2012, la Universidad de Antioquia decidió derogar la Resolución 12094 de 4
de mayo de 1999 y ordenó a la Vicerrectoría Administrativa resolver las
situaciones jurídicas de carácter individual y concreto creadas a partir de la
expedición de la Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999.

3.5. Análisis de la Sala

71. Las pruebas allegadas demuestran que el señor Julián Alberto Betancur
Martínez cumplió la edad pensional (55 años exigidos en la Ley 33 de 1985) el 2 de
enero de 2003 y a 31 de diciembre de 1996 contaba con 49 años.

72. Ahora bien, el numeral 3.° del artículo 4.° del Decreto 2337 del 24 de diciembre
de 1996 señala que el fondo de pasivo pensional cuenta con la obligación de
reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía rigiendo.

73. El señor Betancur Martínez para el 30 de junio de 1995 contaba con un poco
más de 19 años de labor, y a 31 de diciembre de 1996 había acreditado 20 años,
10 meses y 29 días, con lo que si bien tenía el tiempo de servicio no acreditaba la
edad. Así mismo, la norma exige al docente no estar afiliado a alguna de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones, evento que tampoco se
cumple en el sub lite comoquiera que, fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales.
Incluso en el formato de autoliquidación de aportes visible folio 7 ibidem28 aparece
afiliado de desde enero de 1995.

74. Las pruebas allegadas demuestran que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para reconocer a favor del señor Julián Alberto Betancur Martínez un
mayor valor en su ingreso base de liquidación, como lo hizo a través de la
Resolución 425 de 8 de agosto de 2006, al ser obligación del ISS, asumir dicho
reconocimiento, como entidad administradora de las cotizaciones realizadas por la
demandada y en atención a lo dispuesto en el parágrafo 2.° del artículo 2.º del
Decreto 1068 de 1995, norma que exigía que, en su condición de servidor público

28
Primera instancia. Enlace archivo OneDrive. Índice 57, Archivo «000Anexos Demanda». archivo: «3. DOCS
HOJA DE VIDA BETANCUR MARTÍNEZ JULIÁN ALBERTO.pdf». Aplicativo SAMAI.

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

de la Universidad de Antioquia, fuese afiliado al Sistema General de Seguridad
Social en julio de 1995, esto aunque aparece afiliado desde enero de 1995.

75. En este sentido a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación era el ISS, que finalmente,
reconoció la citada prestación a través de la Resolución 16156 de 8 de septiembre
de 2005, por lo que, era dicha entidad ante quien debió la pensionada reclamar
eventuales reajustes pensionales conforme al régimen pensional aplicable, por lo
que no era plausible que la Universidad de Antioquia asumiera los pagos
señalados, ante el erróneo convencimiento de que ejercía una obligación del ISS.

76. Así entonces advierte la Sala que era procedente declarar la nulidad de la
resolución demandada, como en efecto lo hizo el Tribunal.

3.3.3. Tercer problema jurídico. ¿Era procedente que se impusiera condena
en costas al demandado en primera instancia?
77. Finalmente es de señalar que en la apelación la apoderada del demandado
señaló que no debió imponérsele condena en costas en primera instancia, dado
que estas no proceden por la simple condena en su contra.

78. Al respecto es de señalar que la modificación del artículo 188 del CPACA,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se
colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o
alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
79. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

80. En tal virtud, la eventual condena se impone a la parte vencida; en
consecuencia, de acuerdo con lo señalado por el artículo 365 del CGP era
procedente que el Tribunal impusiera la condena en costas a cargo del demandado
quien resultó vencido en el juicio.

3.4. Condena en costas de segunda instancia.

81. Con las mismas consideraciones realizadas en precedencia se impondrá
condena en costas en esta instancia a cargo del apelante, comoquiera que se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01243-02 (0905-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia

el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero
de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia de 17 de febrero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso
promovido por la Universidad de Antioquia en contra del señor Julián Alberto
Betancur Martínez, de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva.

TERCERO.- CONDENAR en costas de segunda instancia al demandado. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI
del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.