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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01248-02

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01248-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 24 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la Universidad de Antioquia, por las razones expuestas en esta decisión. 52En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 29 Radicado: 05001-23-33-000-2021-01248-02 (3274-2023) Demandante: Universidad de Antioquia Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. SLVA 30

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01248-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01248-02 (3274-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandados: María Eumelia Galeano Marín

Temas: Pensión de vejez de los empleados de las universidades
oficiales. Pago de las prestaciones a cargo de los entes
universitarios. Presunción de buena fe

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 24 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Universidad de Antioquia presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución Administrativa 566 del 16 de noviembre de
2005, por medio de la cual ordenó pagarle a María Eumelia Galeano Marín el valor
que resultaba de la diferencia entre lo reconocido por el Instituto de Seguros

1 En lo que sigue CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01248-02 (3274-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

Sociales2 por concepto de pensión de vejez y lo que correspondía con la inclusión
de las primas de navidad, de vacaciones y de «servicios».

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que se condenara a la demandada i) a restituir las sumas de dinero pagadas
como consecuencia de la expedición del acto acusado, desde el 29 de noviembre
de 2004 hasta el 31 de mayo de 2021, y los valores que se generen con
posterioridad hasta que la sentencia se encuentre en firme; y ii) en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. María Eumelia Galeano Marín estuvo vinculada con la Universidad de Antioquia
en calidad de empleada pública desde el 22 de marzo de 1973 hasta el 28 de
noviembre de 2004, fecha en la que le fue aceptada su renuncia.

3.2. Cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, tramitó su
reconocimiento ante el ISS, que mediante la Resolución 12560 del 13 de julio de
2005, reconoció la prestación en cuantía mensual de $3.664.657, a partir del 29 de
noviembre de 2004, sin tener en cuenta en su liquidación las primas de navidad, «de
servicios» y de vacaciones.

3.3. La Universidad de Antioquia estuvo facultada para reconocer las pensiones de
su personal docente y administrativo con base en todo lo devengado, en virtud de
las leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1996 y los decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969. Lo
anterior sucedió hasta el 30 de junio de 1995, con la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, cuando tuvo que afiliar a todos sus empleados al extinto ISS 3 y
efectuar los aportes correspondientes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

3.4. Con
fundamento en el Decreto 2337 de 1996 la entidad educativa perdió
competencia para continuar realizando el pago de pensiones.

3.5. Con el objeto de participar en la financiación de la pensión de vejez de la
demandada, la Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono
pensional a su nombre, mediante la Resolución Administrativa 046 del 17 de febrero
de 2005, por valor de $412.185.000, de los cuales le correspondió a la Universidad
la totalidad de esa suma de dinero, que consignó a la entidad competente.

3.6. Comoquiera que el ISS no incluyó en la base de liquidación de la pensión de

2 En lo que sigue ISS.
3 En la actualidad la Administradora de Pensiones, en adelante Colpensiones.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01248-02 (3274-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

vejez las primas de navidad, de vacaciones y semestral, la Universidad de Antioquia
expidió la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la cual dispuso en sus
artículos 1 y 3 lo siguiente:

«Artículo primero: Subrogarse en la parte de la obligación que tenía y no reconoció el
Instituto con los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento
de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho,
de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que
el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma.

[…]

«Artículo Tercero: La Universidad continuará con las acciones administrativas y
judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de Seguros Sociales asuma debidamente
su obligación».

3.7. La Resolución Rectoral 12094 de 1999, fue reglamentada por la Resolución
Administrativa 16628 de 1999, en la que se estableció como destinatarios, a los
empleados públicos docentes y no docentes de la Universidad, que al momento de
entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho
a la pensión, y que esta no les fuera reconocida teniendo en cuenta el promedio de
lo devengado por el servidor, conforme lo ordena el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.

3.8. Con fundamento en lo anterior, la Universidad emitió la Resolución
Administrativa 566 del 16 de noviembre de 2005, en la que ordenó pagar
temporalmente a María Eumelia Galeano Marín el valor que resultaba de la
aplicación del ingreso base de liquidación que establece el inciso 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993 y no reconoció el Seguro Social.

3.9. La Resolución Rectoral 12094 de 1999, fue demandada por la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia
en sentencia del 10 de octubre de 20134 señaló que el acto no estaba creando una
discriminación, sino que ofrecía un tratamiento igualitario a un grupo de personas
que se encontraban en los supuestos fácticos establecidos en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, siendo justificable para la época en que se profirió la
resolución la interpretación de la Universidad, providencia que fue confirmada por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de sentencia del 16 de abril de
2015.

3.10. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, se derogó
la Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, y se dispuso que la Vicerrectoría

4 Proferida dentro del proceso con radicado 5001-23-31-000-2009-01178-00.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01248-02 (3274-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

Administrativa debía resolver las situaciones de carácter individual y concreto
creadas a partir de la Resolución 12094, de acuerdo con los principios, normas y
jurisprudencia vigentes en la materia.

3.11. Esta última resolución fue demandada por la Asociación de Profesores de la
Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del
17 de octubre de 20135, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en
que la Universidad actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener en el tiempo las
disposiciones del acto administrativo.

3.12. La Universidad de Antioquia ha interpuesto diversas demandas contra los actos
administrativos individuales que reconocieron el pago temporal previsto en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, en cuyas decisiones se ha señalado en forma
pacífica que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del Decreto 1068 de
1995, los servidores públicos y en particular el personal docente de las
universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior, debían estar
afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el 30 de junio de
1995, por lo que, a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones económicas
dispuestas en la Ley 100 de 1993, era la administradora de pensiones que recibiera
sus cotizaciones y por ello, en el caso de la demandada, no era la Universidad de
Antioquia la autoridad competente para pronunciarse acerca de la adjudicación de
su derecho pensional y específicamente, lo relacionado al mayor valor en su ingreso
base de liquidación, sino que era obligación del ISS como entidad previsional o
administradora de las cotizaciones realizadas por la demandada, la que debía
asumir dicho reconocimiento.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 10 de la Ley
4ª de 1992; 18, inciso 3, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de
1994; 5 del Decreto 1068 de 1995; y 4 del Decreto 2337 de 1996.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente6:

5.1. La
Resolución Rectoral 12094 del 4 mayo de 1999, mediante la cual fue
reglamentada la 16628 del 25 de junio de ese año, sirvió como fundamento de la
expedición del acto acusado a través del cual la Universidad de Antioquia ordenó el

5 Proceso con radicado 05001-23-33-000-2012-00945-00.
6 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «01DEMANDA
UNIVERSIDADANTIOQUIACONTRAMARÍAEUMELIAGALEANO».

4

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01248-02 (3274-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

pago de los factores excluidos por la administradora de pensiones; sin embargo, la
ilegalidad de esa última decisión surgió con la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, por
cuanto estableció que para la liquidación de las pensiones solo se tendrían en
cuenta los valores devengados respecto de los cuales se hayan efectuado
cotizaciones, determinó que el ingreso base de liquidación sería fijado por el
gobierno nacional y que los factores salariales corresponderían a los taxativamente
dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

5.2. Encuanto al reconocimiento por parte de la Universidad de los factores
desconocidos por Colpensiones, la Corte Constitucional de manera reiterada ha
manifestado que las liquidaciones de los pensionados que resulten beneficiarios del
régimen de transición incluirán exclusivamente los valores respecto de los cuales
se hayan efectuado cotizaciones y que ese régimen conservó la edad, el tiempo y
el monto, pero no el IBL del anterior.

5.3. Con la creación del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos
a nivel departamental, municipal y distrital, todos los empleadores perdieron la
competencia para responder directamente por el pago de las pensiones o
prestaciones económicas de los trabajadores, entre ellos la Universidad de
Antioquia.

5.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 las entidades
de carácter oficial y las instituciones de educación superior en igual condición y de
naturaleza territorial deben constituir un fondo para el pago del pasivo pensional a
favor de los empleados públicos, trabajadores públicos y docentes.

5.5. El Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 dispuso que la Universidad de
Antioquia estaba en la obligación de responder por el reconocimiento de la pensión
de los trabajadores que al 31 de diciembre de 1996 hubieran cumplido la edad y el
tiempo de servicios o que ya estuvieran retirados por haber cumplido el tiempo
necesario y solo esperaran contar con la edad. El personal activo de la institución
debió afiliarse desde el 1º de julio de 1995, como en efecto le sucedió a la
demandada, al no contar con los requisitos previstos por el mencionado decreto,
pues nació el 7 de febrero de 1946.

1.2. Contestación de la demanda

6. María Eumelia Galeano Marín se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos7:

7 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «55ContestacionDda202101248».

5

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01248-02 (3274-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

6.1. La universidad no fundamentó su demanda en causal alguna de nulidad, lo que
evidencia el vacío argumentativo de su petición. Con todo, la decisión atacada fue
expedida por autoridad competente y se motivó y fundamentó en forma adecuada.
La conducta omisiva y arbitraria es del ISS por no liquidar las pensiones en los
términos del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

6.2. Con la expedición del acto acusado no se vulneró el artículo 48 de la Constitución
Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, pues allí no se desconoció
la existencia del derecho fundamental a la seguridad social. Al contrario, es clara en
exigir al ISS que liquide y pague correctamente la pensión de sus empleados,
quienes son beneficiarios de un derecho adquirido, en los términos expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-168 de 1995. En todo caso, el Acto
Legislativo 01 de 2005 es posterior a la entrada en vigencia de la resolución
acusada.

6.3. María Eumelia Galeano Marín nació el 9 de octubre de 1949 y se vinculó
laboralmente a la Universidad de Antioquia desde el 22 de marzo de 1973, como
empleado público docente hasta el 28 de noviembre de 2004. Para el 1° de julio de
1995, cuando empezó la vigencia de la Ley 100 de 1993 en la universidad, por ser
una entidad del orden departamental, ella tenía poco más de 46 años de edad, y
acumulaba más de 19 años de trabajo. Por tanto, le faltaban menos de 10 años para
adquirir el derecho a la pensión de vejez. Es decir, debía alcanzar la edad de 55
años, que se cumplieron el 7 de septiembre de 2004. Por lo tanto, es beneficiaria
del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

6.4. En virtud de lo dispuesto en la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999
se dispuso la entrega de la diferencia que no reconoció el ISS, hasta que éste lo
hiciera motu proprio o por decisión judicial, situación que aún no ha sucedido. Estas
condiciones resolutorias siguen vigentes, por eso, no puede aceptarse que tal
situación se encuentre agotada. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación,
mediante la Circular 54 de 2010, conminó al ISS a liquidar y pagar la pensión de
vejez con todos los factores salariales incluyendo las primas, a las personas
beneficiarias del régimen de transición. Dicho requerimiento lo acató «en forma
pasajera» a través del Memorando 13000-3884 del 23 de septiembre de 2011 y, en
el caso de los empleados públicos, ordenó que la liquidación se hiciera conforme
con lo dispuesto por la Ley 33 de 1985, es decir, con el 75% de lo devengado en el
último año, esto es, teniendo en cuenta todos los factores salariales que
corresponden a las 12 mesadas salariales y a las primas de servicio, de navidad y
de vacaciones. La liquidación en esos términos se realizó por poco tiempo y ahora,
Colpensiones no lo acata.

6

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01248-02 (3274-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

1.3. La sentencia apelada

7. ElTribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad profirió
sentencia el 24 de marzo de 2023 mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En tal sentido, declaró la nulidad de la Resolución 566
del 16 de noviembre de 2005; sin embargo, negó la pretensión relativa a la
devolución de las sumas de dinero percibidas en virtud del acto anulado.

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos8:

8.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, el Sistema
General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental,
municipal y distrital, entraría a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, y así lo
dispuso el Decreto 691 de 1994.

8.2. El artículo 4 del Decreto 2337 de 1996 determinó que las siguientes serían las
únicas obligaciones de reconocimiento pensional que quedaban a cargo de los
entes universitarios oficiales a partir del 30 de junio de 1995 y para las cuales, se
creó un fondo de pasivo pensional:

8.2.1. Aquellas que las universidades tenían a su cargo, y el reconocimiento y pago
de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez
o jubilación, invalidez y sobrevivencia, de acuerdo con el régimen pensional vigente,
antes del 23 de diciembre de 1993;

8.2.2. Las de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de diciembre de 1993 y
el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones en el orden territorial o en la respectiva institución, según sea el caso, o
entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996;

8.2.3.Las de los empleados públicos, trabajadores oficiales y personal docente que
cumplió con el tiempo de servicios al 31 de diciembre de 1996 y no había llegado a
la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen
que los regulaba; siempre y cuando no se encontraran afiliados a algunas de las
administradoras del sistema; y

8.2.4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal
docente y trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de prima media con
prestación definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con
solidaridad, de conformidad con los artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993 y sus

8 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf
«77SentenciaPrimeraInstancia202101248».

7

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01248-02 (3274-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

decretos reglamentarios.

8.3. María Eumelia Galeano Marín nació el 9 de octubre de 1949, por lo que para el
31 de diciembre de 1996 contaba con 47 años de edad, y no había colmado los
requisitos para que el fondo de pasivos de la Universidad de Antioquia le
reconociera pensión de vejez. A través de la Resolución 12560 del 13 de julio de
2005, el ISS le reconoció la pensión de vejez.

8.4. LaResolución 566 del 16 de noviembre de 2005 por medio de la cual la
Universidad de Antioquia ordenó el pago de la diferencia que resultaba entre la
aplicación del IBL conforme con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el efectuado
con la inclusión de las primas de vacaciones, de navidad y semestral que no
reconoció el ISS a María Eumelia Galeano Marín, asumió una obligación que no
establece la ley, por cuanto efectivamente la entidad afilió a la demandada al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones a partir del 1° de julio de 2005 en
cumplimiento del mandato legal. Allí se indicó con claridad que el reconocimiento se
hizo a título de subrogación con fundamento en lo dispuesto en la Resolución
Rectoral 12094 de 1999, por la cual la Universidad asumió aquellas sumas de dinero
que no reconoció el ISS a sus servidores que al momento de entrar en vigencia el
Sistema les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho pensional; y lo hizo
con la convicción de que era una obligación que tenía el Instituto y que no había
cumplido.

8.5. La Universidad actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no está obligada a mantener la legalidad del acto
administrativo demandado. Por lo tanto, se incurrió en la causal de nulidad por
haberse expedido sin competencia. En tal sentido, no se puede considerar que la
demandada tenga un derecho adquirido, puesto que ese reconocimiento no tiene
fundamento jurídico. No hay norma que le atribuya a la Universidad de Antioquia la
facultad de realizar reconocimientos de carácter pensional, ni mucho menos
establecer el régimen de pensiones a través de actos administrativos, y cualquier
disposición que se tome en contravía de las prescripciones del Sistema General de
Pensiones no puede crear situaciones particulares amparables bajo la figura de los
derechos adquiridos9.

8.6. La Universidad de Antioquia no demostró que María Eumelia Galeano Marín
hubiera actuado de mala fe para obtener el pago de las sumas de dinero y el acto
administrativo se presumía legal, hasta el momento en que se profiere la decisión
en sede judicial. Por lo tanto, no es procedente ordenar la devolución de las sumas
de dinero que recibió mientras el acto acusado generó efectos jurídicos.

9 Así lo precisó el Consejo de Estado en la sentencia del 20 de noviembre de 2019, en el proceso

con radicado 05001 23 33 000 2014 00067 01 (4270-16) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

8

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01248-02 (3274-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

8.7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no procede la
condena en costas cuando se discuten intereses públicos. Comoquiera que «en este
caso se trata del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – Lesividad y
se involucra el patrimonio público, no procede la condena en costas».

1.4. Los recursos de apelación

9. María Eumelia Galeano Marín interpuso recurso de apelación con fundamento en
los siguientes argumentos10:

9.1. La Universidad de Antioquia asumió el pago de los factores excluidos del IBL de
manera temporal con el fin de garantizar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, por cuanto el ISS como entidad competente para ese reconocimiento,
optó por negarlo aun cuando era beneficiario de la Ley 33 de 1985 que establece
que la pensión se debía liquidar con la inclusión de todo lo devengado. Es así que
la institución académica se subrogó en el desembolso de una obligación de un
tercero sin desbordar sus facultades.

9.2. Con el acto acusado, la Universidad no alegó que estaba pagando una
obligación propia, pues expresamente reconoció que era del ISS, entidad que
desconoció que era beneficiario de un derecho cierto, adquirido, irrenunciable e
imprescriptible.

9.3. La sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por el Consejo
de Estado «ratificó la jurisprudencia sobre el régimen de transición, que, en este caso,
beneficia a la profesora MARÍA EUMELIA GALEANO MARÍN, a quien le faltaban menos de
diez años para adquirir su derecho pensional el 1 de julio de 1995, cuando empezó la
vigencia de la Ley 100 de 1993 en la Universidad de Antioquia».

9.4. Es válido el pago de la obligación por parte de un tercero. Al respecto la
Universidad no creó un régimen pensional ni una regulación que se exceda en sus
competencias, hizo uso de la figura de la subrogación, que tiene como fin tutelar los
derechos pensionales de quienes fueron sus servidores, cuando a ellos se les afecta
por la conducta irracional de quien tiene el deber legal de cumplir las leyes.

9.5. El artículo 6 del Decreto 691 de 1994 reiteró que debían incluirse todos los
factores salariales para cotizar y liquidar la pensión de vejez; de manera que no es
válida la excusa relativa a que el ISS se negó a recibir las cotizaciones por las primas
incluidas con posterioridad en el acto acusado. El Consejo Superior de la

10 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf
«80RecursoDeApelacionDemandada202101248».

9

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01248-02 (3274-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

Universidad de Antioquia ordenó que a partir del 1° de enero de 1994, se hicieran
los aportes para salud y pensión; para el efecto, expidió la Resolución Superior 2035
de 1994; sin embargo, «las cotizaciones de 1994 y el primer semestre de 1995 no eran
obligatorias legalmente y el dinero recaudado está en manos de la Universidad de Antioquia
que tendrá que responder, junto con las respectivas indexaciones». Este decreto también
mantuvo la vigencia del régimen de transición del artículo 4; la diferenciación de los
servidores públicos en los órdenes nacional y departamental; y en el artículo 2 se
refirió a la inscripción de los trabajadores de la universidad en el orden
departamental, con pleno derecho a cotizar por las primas de navidad, de
vacaciones y de servicio, según lo establecido en el artículo 45 del Decreto Ley 1045
de 1978.

9.6. La Ley 33 de 1985 mantuvo los factores salariales válidos de cotización del
Decreto 691 de 1994 para los servidores del orden nacional. El Ministerio de
Hacienda y Crédito Público reconoció la validez de la categorización de los
servidores públicos de la Universidad como pertenecientes al orden departamental
y precisó que las obligaciones pensionales derivadas del reconocimiento de los
respectivos factores salariales válidos de cotización quedarían distribuidas en las
siguientes proporciones: la nación 78, 3 %; el departamento de Antioquia 11,5% y
la Universidad 10,2%. Por tanto, ese 21.7% (11.5% + 10,2%), se destina al pago de
la cuota de la pensión, correspondientes a las tres primas, ya que el ISS solo lo hizo
por las doce mesadas del año. Así las cosas, la Universidad sí es pagadora de la
cuota parte de la pensión compartida.

9.7. El contrato interadministrativo de concurrencia, firmado por la universidad el 12
de julio de 2002 permite evidenciar la obligación tendiente al pago de la pensión de
vejez completa, pero a partir del citado contrato la cuota parte pensional por las
primas, está a cargo del fondo del pasivo pensional establecido en la Ley 100 de
1993. Por tanto, es al fondo al cual debieron llegar las cotizaciones por pensiones
que hizo el trabajador y se negó a recibir el Seguro Social, para que, con sus
recursos, se pague completa de la pensión de los jubilados.

10. La Universidad de Antioquia presentó recurso de apelación con fundamento en
lo siguiente11:

10.1. El a quo negó la restitución de las mesadas consignadas sin tener en cuenta
que «en la respuesta a la demanda», se insistió en que es la Universidad quien debe
seguir pagando la diferencia, y que la demandada se abstuvo de iniciar acción
alguna contra su administradora de pensiones «generando que fuera la Universidad
quien continuara con el referido pago», lo cual pone en evidencia que no ha obrado de

11 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf
«84RecursoDeApelacionDemandante202101248».

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buena fe al recibir y disfrutar esas sumas de dinero.

10.2. Lainactividad de la demandada en el ejercicio de sus derechos frente a
Colpensiones mantuvo en el tiempo el pago de la Universidad sin que le asistiera
ningún interés en iniciar acción alguna contra el ISS o Colpensiones, pese a que era
única y exclusivamente él el titular del derecho.

10.3. La buena fe, en tratándose de prestaciones periódicas, no debe ser valorada
únicamente al momento de la expedición del acto administrativo, especialmente si
se tiene en cuenta que en este caso se requería la realización de diferentes
actuaciones de la demandada, por lo cual, su conducta debe ser valorada durante
todo el tiempo en que el acto ha surtido sus efectos.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. El Ministerio Público

12. En esta oportunidad no se pronunció13.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia14, se circunscriben a

12 Tal y como se indicó en el auto del 26 de octubre de 2023. Índice 5 de Samai.
13 Así se desprende del informe secretarial del 31 de enero de 2024. Índice 9 de Samai.
14 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

11

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establecer lo siguiente: ¿la Universidad de Antioquia se encontraba facultada para
subrogarse en el pago por concepto de los factores salariales excluidos del IBL
calculado en la resolución de reconocimiento pensional expedida por el ISS a favor
de María Eumelia Galeano Marín? y, en el evento de carecer de competencia,
¿habría lugar a la devolución de las sumas reconocidas a la demandada?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Competencia para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
de los servidores públicos en la Ley 100 de 1993

14. El Decreto 1848 de 1969 radicaba la obligación de reconocer y pagar la pensión
de jubilación a los servidores públicos en cabeza de la entidad de previsión a la que
se encontraba afiliado el servidor o, en su defecto, en la última entidad pública
empleadora.

15. Más adelante, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se creó el
Sistema General de Seguridad Social, que estableció la obligatoriedad de afiliar a
este a todas las personas vinculadas por contrato de trabajo o como servidores
públicos. Para estos últimos, el Decreto 691 del 29 de marzo de 1994 ordenó
incorporar al Sistema General de Pensiones a los siguientes servidores públicos:

«a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;

b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la
Contraloría General de la República».

16. Posteriormente, el Decreto 692 de 1994 precisó que la entidad competente para
el reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones del Sistema
General de Pensiones sería la administradora; y el Decreto 1068 de 1995 estableció
que a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los dos regímenes
previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de cotización a pensión.

17. Finalmente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 fijó el régimen general
para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las
instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial y ratificó lo
dispuesto en el Decreto 1068 de 1995.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

12

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18. En conclusión, para el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos debían
estar afiliados al Sistema General de Pensiones, por lo tanto y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, le corresponde a la
administradora de pensiones recibir las cotizaciones del período en el cual ocurre el
siniestro o hecho que da lugar al pago de la prestación correspondiente, y proceder
a su reconocimiento o reliquidación, según sea el caso.

2.2.2. Régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional de las
universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior
de naturaleza territorial

19. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 las instituciones de
educación superior oficiales, del nivel territorial, departamental, distrital, municipal,
tenían el deber de constituir un fondo para el pago del pasivo pensional contraído a
la fecha de entrada en vigor de esa norma.

20. Con el fin de reglamentar la mencionada disposición, el presidente de la
República expidió el Decreto 2337 de 1996 «[p]or el cual se reglamenta el artículo 131
y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1299 de 1994», en el cual estableció el
régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial. Las disposiciones allí contenidas tenían como destinatarios a estas
instituciones: i) que con anterioridad al 23 de diciembre de 1993, tenían a su cargo
el reconocimiento y pago de las pensiones en calidad de empleadoras y ii) aquellas
que a través de una caja con personería jurídica, reconocían y pagaban
directamente las obligaciones pensionales, de los servidores públicos, trabajadores
oficiales y personal docente, con vinculación contractual, legal o reglamentaria con
las universidades o instituciones de educación superior15.

21. Estos fondos que asumieron el pasivo pensional de estas entidades de
educación superior se constituyeron como cuentas especiales, sin personería
jurídica, de la respectiva universidad o institución de educación superior, cuyos
recursos serían administrados en forma independiente mediante encargo fiduciario,
en el cual se mantendrán debidamente separados los recursos correspondientes a
cada subcuenta, con las características previstas en la Ley 100 de 199316.

22. Ahora bien, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 2337 de
1996, estos fondos deberán pagar de las pensiones que las instituciones de
educación superior tenían a su cargo. Asimismo, tendrán la competencia de
reconocer y pagar las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de

15
Artículo 2 del Decreto 2337 de 1996.
16
Artículos 3 y 5 del Decreto 2337 de 1993.

13

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sobrevivencia o sustitución a quienes: i) acreditaron los requisitos antes del 23 de
diciembre de 1993; y ii) entre el 23 de diciembre de 1993 y el 31 de diciembre de
1996 cumplieron con el requisito de tiempo de servicio, pero no habían llegado a la
edad exigida para adquirir el derecho a la pensión.

23. De otra parte, ostentan la obligación de pagar: i) los bonos pensionales de los
empleados públicos, personal docente y trabajadores oficiales que se afiliaron al
régimen de prima media con prestación definida o al régimen de ahorro individual
con solidaridad, de conformidad con los artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993,
los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994 y sus decretos reglamentarios; ii) la cuota
parte correspondiente de conformidad con lo establecido en los Decretos 1299 y
1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación superior a la cual
hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para contribuir a la
entidad emisora del bono; y iii) las obligaciones pensionales extralegales,
válidamente definidas o pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al
23 de diciembre de 1993, así como el pago de las obligaciones correspondientes a
la pensión compartida con el ISS cuando a ella haya lugar.

24. Así las cosas, con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales y las
instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial, únicamente
conservaron la competencia de reconocer y pagar las pensiones de vejez o
jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o sustitución frente a quienes adquirieron
el estatus pensional antes del 23 de diciembre de 1993 y a quienes entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 31 de diciembre de 1996 acreditaron el tiempo de servicios
exigido por el régimen pensional del cual eran beneficiarios.

25. Finalmente, en relación con quienes no se encontraban dentro del grupo referido
en el párrafo anterior, la competencia para el reconocimiento y pago de la pensión
la ostenta la administradora del sistema general de pensiones a la cual se encuentre
afiliada el trabajador, bajo el entendido de que, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 1068 de 1995, a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos
del orden departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los dos
regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de cotización
a pensión.

2.2.3. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para
devolución de prestaciones periódicas

26. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el crédito
personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides hacía
referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre cuando

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había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y entre las
partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la palabra al estar
ligado a su propia declaración17.

27. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos18, «[l]a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes
interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio de
probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española19, como honradez.

28. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199520, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».

29. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció21:

«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.

En todos los otros, la mala fe deberá probarse».

30. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.

31. A su turno, el Código Contencioso Administrativo22 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». [Resaltado

17 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
18Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
19 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
20 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
21 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23

de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
22 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.

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del texto original].

32. El desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro ordenamiento
jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, el cual
dispuso:

«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».

33. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional23 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».

34. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:

«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos tipificados
legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar elementos
ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas
ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según las
circunstancias jurídicas y fácticas del caso». [Se resalta].

35. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que se
espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.

23 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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36. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200424, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:

«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más
congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos
intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso
concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha
producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las
facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del
sistema jurídico». [Se resalta].

37. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas a la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que
tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional,
tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función
administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros25.

38. En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que
tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas
como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.

39. De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la expresión
de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en criterios
sólidos «que indu[cen] racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de
legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera

24 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.
25 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.

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subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»26, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la convicción
en que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el ordenamiento
colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones pagadas a particulares
de buena fe.

40. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario de
una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho, es
decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la expedición
del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto en que el
beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de acceder al
derecho.

41. Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200827, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la
alega. En este fallo se dijo lo siguiente:

«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que “Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya
que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para
obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue
pagado por este concepto28».

42. Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 29, la corporación
indicó:

«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir30 la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de mala
fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para
desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el
desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el

26 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre

de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
27 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo

Gómez Aranguren.
28 Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita Olaya

Forero.
29 Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).

Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
30 «El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro Valdemar

Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de vista que a mi
poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por parte de CAJANAL
unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios (…)» (F. 309)».

18

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recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de
marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).

Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: (…)31

Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que
sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba
en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción que favorece
a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad que nutre la
producción de los actos administrativos (…)

(…)

Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las prestaciones
que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c), del CPACA».

43. En pronunciamiento del 18 de marzo de 2021 32, sostuvo:

«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos
probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la
administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no
puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un
dinero que fue recibido por una persona de buena fe».

44. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.

45. En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el pensionado
incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la actuación
administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.

31 «Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».
32 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia

de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).

19

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46. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la devolución de los dineros
recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de la prestación33.

47. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.

48. Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les ha
reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones
tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta protección no
acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas con la finalidad
de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace necesario que se
demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas o fraudulentas que
llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda la devolución de
esas sumas de dinero pagadas.

2.4. Caso en concreto

2.4.1. Hechos probados

49. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

49.1. Pormedio de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la
Universidad de Antioquia, se subrogó en una obligación del ISS en relación con la
parte que le correspondía asumir en favor de los servidores de la entidad
beneficiados con el régimen de transición pensional que al momento de entrada en

33 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada

Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original).».

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vigencia el Sistema General del Pensiones les faltaba menos de 10 años para
adquirir el derecho y que, por tanto, debía habérseles liquidado las pensiones de
vejez con el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta conforme
lo indica el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, subrogación que se
asumió hasta que el instituto reconociera esa obligación por decisión propia o por
orden judicial. Como consecuencia de lo anterior, ordenó el ajuste de las pensiones
que ya habían sido reconocidas por el ISS a los servidores que se encontraban en
la situación descrita y a quienes les fuera otorgado el derecho a partir de la fecha
de expedición de la resolución rectoral, de ahí que se consideraran las primas de
navidad, vacaciones y semestral como factor computable en la base de
liquidación34.

49.2. A través de la Resolución Administrativa 16628 del 25 de junio de 1999, la
vicerrectoría administrativa de la Universidad de Antioquia reglamentó la resolución
rectoral antes citada y, en consecuencia, fijó aspectos como35: i) los destinatarios
de la decisión: los jubilados, entendidos como empleados docentes y no docentes
de la universidad que se encontraran en régimen de transición y que al momento de
entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, les faltaban menos de 10 años para adquirir
el derecho y cuya pensión fuera reconocida, liquidada y pagada por el ISS sin tener
en cuenta el promedio de lo devengado por ellos; ii) el monto, que correspondería
a la diferencia que resultara de aplicar el 75% al promedio de lo devengado durante
el último año de servicios, liquidadas las doceavas de las primas de navidad, de
vacaciones, de servicios y la bonificación cuando a esta hubiere lugar y el valor de
la pensión que liquidaría el instituto; iii) los requisitos: que el instituto hubiere
proferido resolución de reconocimiento de la pensión y la concediera sin dar
aplicación al inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que diligenciaran petición
de reliquidación del monto de la pensión ante el instituto; y que entregaran la
solicitud en la universidad con constancia de recibido en éste; iv) el término de
duración del pago de la subrogación que se previó a partir de la fecha en que le
instituto reconociera la pensión y hasta que por decisión propia o judicial, asumiera
la obligación de reliquidación; v) el pago que sería mensual; vi) la retroactividad para
los jubilados que les hubiere sido reconocida la pensión con anterioridad al 4 de
mayo de 1999.

49.3. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, el rector de
la Universidad de Antioquia derogó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de
1999, con fundamento en la expedición de varias decisiones judiciales en las que
se declaró la inexistencia de la obligación de parte del ISS para liquidar las

34 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «08.AnexoRESOLUCION
RECTORAL 12094 DE 1999».
35 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «09.AnexoRESOLUCION

RECTORAL 16628 DE 1999».

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pensiones de vejez con inclusión de todo lo devengado por los servidores públicos
beneficiados del régimen de transición que les faltaren menos de 10 años para
pensionarse36.

49.4. María Eumelia Galeano Marín nació el 9 de octubre de 1949 según da cuenta
la copia de su registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía37, y se afilió
al ISS el 30 de junio de 199538.

49.5. Mediantela Resolución Administrativa 046 del 17 de febrero de 2005 la
Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono pensional a su
nombre por valor de $412.185.00039.

49.6. Mediante la Resolución 12560 del 13 de julio del 2005, el ISS le reconoció una
pensión de vejez a partir del 29 de noviembre de 2004, de acuerdo con la Ley 33 de
1985, en virtud de la aplicación del régimen de transición establecido en la Ley 100
de 1993 del que es beneficiaria40.

49.7. A través de la Resolución 566 del 16 de noviembre de 2005, el vicerrector
administrativo de la Universidad de Antioquia ordenó el pago temporal del valor que
resultaba de la aplicación del ingreso base de liquidación que establece el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no fue reconocido por el ISS, a partir del
29 de noviembre de 200441. Al respecto señaló que el Instituto no había aplicado en
debida forma el IBL, toda vez que no incluyó las primas de navidad, de vacaciones
y «semestral»; de manera que procedía el pago en atención a lo dispuesto en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, por la cual la Universidad resolvió subrogarse
la parte de la obligación que tenía, pero no reconocía el ISS. Con todo, señaló que
María Eumelia Galeano Marín debía allegar constancia de la demanda en contra
del ISS «en un término no superior a 2 meses, contados a partir del agotamiento de la vía
gubernativa o de la configuración del silencio administrativo […] so pena de operar la
suspensión automática del pago».

49.8. El gestor administrativo de gestión de la información laboral de la Universidad
de Antioquia certificó que María Eumelia Galeano Marín recibió por concepto de
subrogación entre el 29 de noviembre de 2004 y el 31 de mayo de 2021 la suma

36 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «10. AnexoRESOLUCION
RECTORAL 35823 DE 2012».
37 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «07AnexoApartes de la hoja de vida

– Eumelia Galeano» Páginas 3 y 33.
38 Tal y como se señala en la Resolución 046 del 17 de febrero de 2005.
39 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «07AnexoApartes de la hoja de vida

– Eumelia Galeano» Páginas 13, 38 y 39.
40 40 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «07AnexoApartes de la hoja de

vida – Eumelia Galeano» Páginas 18 a 21.
41 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «05. AnexoResolucion 566 de 16 de

noviembre de 2005».

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total de $ 269.822.31942.

2.4.2. Análisis sustancial

50. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la Sala encuentra que
mediante la Resolución 12560 del 13 de julio de 2005 el ISS le concedió una pensión
de vejez a María Eumelia Galeano Marín a partir del 29 de noviembre de 2004; sin
embargo, la Universidad de Antioquia al considerar que no se aplicó al ingreso base
de liquidación lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se
subrogó en parte la obligación que, a su juicio, desconoció la entidad pensional y
ordenó pagarle la diferencia a la demandada, a través de la Resolución 566 del 16
de noviembre de 2005, con fundamento en unos factores que consideró, debieron
ser incluidos en ella.

51. Empero, tal y como se ha señalado en esta decisión, el parágrafo 2 del artículo
2 del Decreto 1068 de 1995 estableció que los servidores públicos, entre ellos, el
personal docente de las universidades oficiales e instituciones oficiales de
educación superior, debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social
a más tardar el 30 de junio de 1995, de modo que, a partir de ese momento, la
entidad competente para el reconocimiento y pago de las pensiones y demás
prestaciones económicas dispuestas en la Ley 100 de 1993, era la administradora
de pensiones43.

52. En efecto, tal y como se advirtió en la Resolución Administrativa 046 del 17 de
febrero de 2005 María Eumelia Galeano Marín se afilió al ISS el 30 de junio de 1995.
Así las cosas, la Universidad de Antioquia carecía de competencia para
pronunciarse en cuanto a su derecho pensional y a los factores que hicieron parte
de su ingreso base de liquidación, por cuanto ello le correspondía ahora a
Colpensiones, como entidad previsional o administradora de las cotizaciones, esto
es, era la que debía asumir el pago de la totalidad de la prestación.

53. En efecto, y en atención a esa competencia en el presente asunto se acreditó
que el ISS expidió la Resolución 12560 del 13 de julio del 2005 por la cual reconoció
la pensión de vejez de la demandada; de manera que cualquier diferencia en cuanto
a los valores reconocidos, o a las particularidades en que se ordenó el pago, debía
ser puesta en consideración de esa entidad a efectos de que analizara la

42 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «06.AnexoCertificado sobre los
valores pagados – Eumelia Galeano».
43 En este sentido se pronunció la Sección Segunda, en las sentencias del 21 de abril de 2017,

radicado 05001233300020140019401 (0804-2016); del 27 de abril de 2017, radicado
05001233300020140157301(0802-2016) y 050012333000201500110 01 (2366-2016); y del 31 de
enero de 2018, radicado 05001-23-33-000-2014-00058-02 (0341-17) y del 23 de octubre de 2020,
radicado 05001-23-33-000-2014-00061-01(1088-17).

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procedencia o no de la reliquidación.

54. Como consecuencia de lo expuesto no le asiste razón a la demandada al
argumentar que el pago a su favor resultaba «válido» por tratarse de derechos
adquiridos, pues lo cierto es que el beneficio de la transición protegía una
expectativa legítima de pensionarse, pero el derecho adquirido se predica de la
posibilidad de acceder al beneficio pensional por completar todos los requisitos para
ello. Con todo, el beneficio pensional encuentra garantizado con el reconocimiento
que hizo el ISS a través de la Resolución 12560 del 13 de julio del 2005, y las
particularidades en las que se otorgó tal prestación no eran del resorte de la
institución educativa pues, se insiste, carecía de competencia para ello, de modo
que al haberlo dispuesto una autoridad que no gozaba de la facultad para ello, esa
y cualquier otra orden contenida allí no debió expedirse.

55. En efecto, en la sentencia C-168 de 1995, en control abstracto de
constitucionalidad, la Corte Constitucional declaró exequibles los incisos 2 y 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, salvo el aparte final del inciso tercero que fue
declarado inexequible44. La declaratoria de exequibilidad se fundamentó en que no
violaban el artículo 53 de la Constitución Política, porque el legislador al establecer
las reglas de transición fijadas en ellos fue más allá de la protección de los derechos
adquiridos y salvaguardó las expectativas de quienes estaban próximos por edad,
tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la
pensión de vejez, lo que mostraba «una plausible política social» que se adecuaba
al artículo 25 constitucional, que garantiza una especial protección al trabajo.

56. Al respecto, la Corte consideró que la situación de las personas que se acercan
por edad o tiempo de servicio a las condiciones señaladas en la ley para acceder a
la pensión de vejez, no es igual a la de aquellas que apenas inician una vida laboral,
llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a
pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, sus condiciones, por
ser distintas, justifican un trato diferente.

57. Al respecto, en sentencia C-789 de 2002 la Corte advirtió que «el derecho a
obtener una pensión de acuerdo con el régimen de transición no es un derecho adquirido
sino ‘apenas una expectativa legítima», argumento que reiteró en la sentencia SU-395
de 2017, al señalar que el régimen de transición protege una expectativa legítima:

«8.17. Vistas así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de
transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse

44 La norma señalaba: «Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a
dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será
el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y
de un (1) año para los servidores públicos».

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afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho beneficio
consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el
peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios
o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo
anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con
fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar
la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión.

[…]

8.19. Con todo, no sobra agregar que la Ley 100 de 1993, al regular el régimen de
transición, no estableció un derecho autónomo. Por el contrario, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional45 (i) la estabilidad del régimen pensional, si bien no da
lugar a un derecho adquirido, sí protege una expectativa legítima, (ii) esa especial
protección se deriva no sólo de la confianza legítima a la estabilidad de las reglas
pensionales, sino también del carácter progresivo de los derechos sociales, y, por
consiguiente, (iii) el Legislador solo puede reformar ese régimen, cuando la modificación
se encuentre suficientemente justificada y respete criterios de razonabilidad y
proporcionalidad46. Es por estos motivos que el propio constituyente derivado reformó
(Acto Legislativo 01 de 2005) el artículo 48 Superior, debido a que el régimen de
transición no es, en sí mismo, indefinido en el tiempo47“» [Se resalta].

58. En el mismo sentido se ha pronunciado al Consejo de Estado al señalar que
«aunque [la actora] fuera beneficiaria del régimen de transición, no tenía una situación
jurídica consolidada sino una mera expectativa para pensionarse manteniendo algunas
condiciones del régimen anterior al cual se encontraba afiliada»48.

59. De esta forma, es claro que los beneficiarios del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no tienen un derecho adquirido, sino una
expectativa a pensionarse en los términos de la normativa anterior a la entrada del
Sistema General Pensiones.

60. De acuerdo con esto, y contrario a lo señalado por la demandada, en la sentencia

45 «Consultar, entre otras, las Sentencias C-789 de 2002, C-1011 de 2008 y C-258 de 2013».
46 «En la Sentencia C-754 de 2004, este Tribunal, reiteró la Sentencia C-789 de 2002, y señaló que

aunque el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 protegía las expectativas legítimas de las personas
próximas a pensionarse, la consagración de tal tipo de régimen generó un derecho a continuar en el
régimen de transición para quienes ya ingresaron a él, por lo que los cambios normativos posteriores
que afecten ese derecho resultan inconstitucionales. Con todo, la Corte explicó que ello no implica
la imposibilidad del legislador de hacer modificaciones al sistema pensional, pero ellas siempre
deberían respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la toma de decisiones del
legislador. En igual sentido, consultar la sentencia C-789 de 2002».
47 «Mediante el Acto Legislativo 01 de 2005 se dispuso que “el régimen de transición establecido en

la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá
del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia
del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Los
requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen.”»
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de marzo de 2015,

expediente 868-2009.

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de unificación del 28 de agosto de 201849 se indicó que el periodo para liquidar la
pensión «[s]i faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE» y que «[l]os factores salariales que se deben incluir en
el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones» [Se resalta].

61. En este punto debe precisarse que lo que se discute en el presente asunto es la
legalidad de la Resolución 566 del 16 de noviembre de 2005 expedida por la
Universidad de Antioquia mediante la cual esta asumió el pago de los valores que
a su juicio no había reconocido el ISS, y lo cierto es que el Decreto 1158 de 1994,
por el cual se modificó el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, no incluyó en la
base de cotización de los servidores públicos, las primas de navidad, de vacaciones
y semestral, razón que explica que el ISS no recibiera las cotizaciones por esos
factores.

62. Lo anterior releva a la Sala de pronunciarse en relación con la inconformidad
según la cual de acuerdo con el contrato interadministrativo de concurrencia del 12
de julio de 2002 está a cargo del fondo del pasivo pensional establecido en la Ley
100 de 1993 quien debe concurrir en el pago de las diferencias reclamadas por la
demandada por la no inclusión de las referidas primas, pues se insiste, no hacen
parte del ingreso base de cotización y, por lo tanto, no deben incluirse en la
liquidación pensional.

63. Así las cosas, la Sala comparte la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad en cuanto a que el acto demandado fue
proferido sin competencia por parte de la entidad administrativa que los expidió, de
suerte que debe declararse su nulidad.

64. Ahora bien, la Sala pasa a definir la procedencia de la solicitud del
restablecimiento del derecho en los términos propuestos en la apelación presentada
por la parte actora.

65. Sobre el particular, es preciso señalar que la consecuencia de la nulidad del acto
particular, por regla general, es retrotraer las cosas al estado inicial, de manera que
se entienda que la decisión extinguida del ordenamiento positivo por ilegal o
inconstitucional, nunca existió. Empero, en los casos en los que se discuten

49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28

de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), M.P. César Palomino Cortés.

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prestaciones periódicas, y principalmente cuando la pretensión de restablecimiento
es la devolución de sumas de dinero pagadas y no debidas, la ley se ha encargado
de cualificar la manera en que ello es posible.

66. Es así que el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA determinó que
«no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». Por su
parte el artículo 83 de la Constitución Política indicó que «[l]as actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas»; de suerte
que la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de las
autoridades, constituyéndose en fundamento de las relaciones entre la
administración y los ciudadanos.

67. Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado de manera
reiterada, en el entendido de que el principio de la buena fe es un contrapeso de la
posición de superioridad de la cual gozan las autoridades públicas, con ocasión de
las prerrogativas propias de sus funciones. Por ejemplo, en el caso de la presunción
de legalidad de los actos administrativos que estas profieren, de ahí que el texto
constitucional delimite el ámbito de aplicación de este principio y no incluya las
relaciones jurídicas entre particulares. Así entonces este principio se equipara a una
medida de protección de las personas frente a la autoridades que implica la
prohibición de exigir en los trámites y procedimientos administrativos, declaraciones
juramentadas o documentos autenticados ya que de esto le adjudicaría la carga de
demostrar el buen proceder en su gestión50.

68. De acuerdo con lo anterior, tal y como lo ha señalado esta Corporación 51, el
principio de la buena fe incorpora una presunción legal, que admite prueba en
contrario, por lo que le corresponde a quien alega una conducta contraria, probar el
actuar de mala fe. En ese sentido, cuando se trata del error de la administración al
conceder una pretensión, la entidad no puede alegar a su favor su propia culpa para
tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe, le
corresponde a esta demostrar fehacientemente una actitud del beneficiario por fuera
de estos postulados.

69. De lo expuesto se concluye que para ordenar el reembolso de los montos
percibidos por María Eumelia Galeano Marín a título de restablecimiento del
derecho como consecuencia de las órdenes contenidas en el acto demandado, la
Universidad de Antioquia debió acreditar la conducta fraudulenta o dolosa dirigida a
defraudar a la administración, lo cual no ocurrió, por cuanto lo que se advierte es

50 Sentencias C-255 de 2017, C-527 de 2013 y C-1194 de 2008.
51Sentencia de 1.º de septiembre de 2014. Expediente 3130-13. Consejero ponente: Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren.

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que el pago se realizó por disposición de la entidad educativa bajo la salvedad de
ser temporal mientras el ISS o Colpensiones reconocía los factores pretendidos,
pero esta temporalidad que luego se prolongó en el tiempo no puede ser atribuida
a un hecho reprochable del beneficiario sin prueba que así lo acredite.

70. Lo anterior, cobra mayor relevancia, si se tiene en cuenta que la Resolución
Administrativa 16628 del 25 de junio de 1999, reglamentó la Resolución Rectoral
12094 del 4 de mayo de 1999, por la cual la Universidad de Antioquia se subrogó la
«obligación del ISS» y estableció como requisito para su reconocimiento, que el
beneficiario diligenciara la petición de reliquidación del monto de la pensión ante el
ISS y entregara copia de ello a la universidad, lo que supone que era deber de la
institución educativa verificar el cumplimiento de ese requisito, so pena de perder el
derecho.

71. En efecto, así se advierte del acto acusado, en el que se exigió que se allegara
constancia de la demanda en contra del ISS «en un término no superior a 2 meses,
contados a partir del agotamiento de la vía gubernativa o de la configuración del silencio
administrativo […] so pena de operar la suspensión automática del pago»; de manera que
el incumplimiento de ese requisito a la postre daría lugar a la pérdida del beneficio,
lo que hubiese redundado en beneficio de las finanzas de la universidad, ahora
defendidas.

72. Así las cosas, como en el plenario no existen pruebas que evidencien la mala fe
de la pensionada, resulta improcedente ordenar la devolución de las sumas
pagadas a su favor por virtud del acto demandado.

73. Corolario de lo expuesto, se confirmará en este aspecto la sentencia apelada.

2.4. Costas

74. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

75. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales

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del procedimiento para su liquidación y ejecución.

76. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma52.

77. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

78. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

79. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el acto administrativo
mediante el cual se ordenó el pago de los factores salariales que no fueron
liquidados en el IBL de la pensión reconocida por el ISS a María Eumelia Galeano
Marín es nulo por falta de competencia de la Universidad de Antioquia para efectuar
dicho reconocimiento. En ese orden, se confirmará en este aspecto la sentencia del
24 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad que declaró la nulidad del acto acusado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 24 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la Universidad de
Antioquia, por las razones expuestas en esta decisión.

52En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

29

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01248-02 (3274-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA

30

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