Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01258-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01258-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01258-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01258-02 (3084-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Andrés Felipe de la Torre Gómez
Temas: No accede a declaración de caducidad del medio de control
de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Confirma decisión que accede parcialmente a las súplicas de
la demanda
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por las partes1 en contra
de la sentencia del 18 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante la cual se accedió parcialmente
a las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2.1.1. Las pretensiones
2. La Universidad de Antioquia, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA -, solicitó la nulidad de la Resolución 340 del 23 de julio
de 2004 que ordenó pagarle al señor Andrés Felipe de la Torre Gómez «[…] el
valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra
el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el Seguro
Social, […]».
1 La parte demandante presentó recurso de apelación adhesiva. Índice 32 de la primera instancia.
2Índice 42 Expediente digitalizado correspondiente al radicado 05001233300020210125801
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Demandante: Universidad de Antioquia
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al señor
Andrés Felipe de la Torre Gómez a restituir las sumas a él pagadas desde el 1.°
de diciembre de 2003 hasta el 31 de mayo de 2021, por valor de $277´775.047,
más los valores que se generen con posterioridad y hasta que la sentencia se
encuentre en firme; sumas que deberán ser indexadas.
4. Finalmente solicitó que se condene en costas al accionado.
2.1.2. Hechos
5. Con base en las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966 y los Decretos 1743 de 1966
y 1848 de 1969, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la
Universidad de Antioquia reconocía las pensiones de sus empleados con base
en todo lo devengado, sin efectuar deducción alguna.
6. Al entrar en vigor del sistema general de pensiones la Universidad de Antioquia
afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales y realizó los aportes
correspondientes ante esa entidad. En virtud del Decreto 2337 de 1996, la
Universidad perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las
pensiones.
7. El Instituto de Seguros Sociales reconoció al señor Andrés Felipe de la Torre
Gómez su pensión de jubilación mediante Resolución 006043 del 19 de abril de
2004, efectiva desde el 1.° de diciembre de 2003, sin incluir en la mesada las
primas de navidad, de servicios y de vacaciones.
8. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral 12094 de 1999 en
la que se «subroga» la parte de la obligación no reconocida por el Seguro Social
con los servidores de la Universidad.
9. Atendiendo a lo anterior, la Universidad emitió la Resolución Administrativa
340 del 23 de julio de 2004, en la que ordenó pagar temporalmente al señor
Andrés Felipe de la Torre Gómez el valor que resulta de la aplicación del ingreso
base de liquidación que consagra el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 no reconocido por el Seguro Social hasta que este último lo reconozca bien
motu proprio o por orden judicial.
10. La Universidad de Antioquia ha adelantado trámites ante el Seguro Social, y
posteriormente a Colpensiones, tendientes a que la administradora de pensiones
incluyera las primas de navidad, servicios y vacaciones para liquidar la pensión
de los docentes universitarios, con resultado desfavorable.
11. Mediante Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, fue derogada
la Resolución 12094 de 1999, ordenando a la Vicerrectoría resolver las
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Demandante: Universidad de Antioquia
situaciones de carácter individual y concreto, conforme a los principios, normas
jurídicas y jurisprudencia vigente en la materia.
12. La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 fue demandada por
la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, proceso que fue
conocido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, corporación judicial que en
sentencia del 17 de octubre de 2013 negó las pretensiones de la demanda,
argumentando que el ente universitario actuó con mera liberalidad al subrogarse
en un deber que no le correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener
en el tiempo el acto administrativo derogado.
13. La Universidad de Antioquia interpuso diversas demandas contra los actos
administrativos que reconocieron el pago temporal que consagró la Resolución
Rectoral 12094 de 1999, las cuales han generado que el Consejo de Estado se
pronuncie en el sentido de reconocer que el ente educativo no era la autoridad
competente para pronunciarse acerca de la adjudicación del derecho pensional,
por cuanto era obligación del ISS como entidad previsional.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
14. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 48
de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, 10 de
la Ley 4ª de 1992, 1.° del Decreto 1158 de 1994, 18 inciso 3.°, 131 y 151 de la
Ley 100 de 1993, el artículo 5.° del Decreto 1068 de 1995 y 4.° del Decreto 2337
de 1996.
15. En el concepto de violación explicó, en síntesis, que, si bien al demandado le
asiste el derecho a obtener la liquidación de su pensión de vejez, «con inclusión
de la totalidad de los factores devengados» y; la Universidad no es la autoridad
competente para ello.
16. Según lo indicó, si bien al momento de expedirse la Resolución Rectoral
12094 de 1999 y su reglamentaria 16628 de 1999, no se encontraba vigente el
Acto Legislativo 01 de 2005, éstas adolecen de inconstitucionalidad sobreviniente
por transgredir el contenido del artículo 1.° inciso 6.° de tal reforma constitucional
que dispone que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones.
17. Debe tenerse en cuenta el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, según el cual
todo régimen salarial y prestacional que se establezca en contravención de dicha
norma o los decretos que dicte el Gobierno Nacional carecerá de todo efecto y
no creará derechos adquiridos. Además, el Decreto 1158 de 1994 en su artículo
1.°, señala taxativamente los factores salariales que deben tenerse en cuenta
dentro del IBL, sin que se incluyan primas de navidad, servicios y vacaciones.
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18. Asimismo, en sentencia de 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado
rectificó la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de
indicar que el IBL no es un asunto sometido a transición, razón por la que sostiene
que el acto administrativo enjuiciado partió de una premisa equivocada cual era
el derecho a que los empleados de la Universidad adquirieran su derecho
pensional tomando como base todos los factores devengados en servicio.
19. Finalmente insistió en que, en caso de considerarse que los beneficiarios del
régimen de transición sí tienen derecho a que su liquidación pensional incluya
todos los factores, la competencia para su reconocimiento recae en la
administradora de pensiones a que se haya afiliado el empleado.
2.2. Contestación de la demanda
20. El señor Andrés Felipe de la Torre Gómez3, se opuso a las pretensiones
de la demanda.
21. Según lo indicó, la Universidad de Antioquia comenzó a efectuar cotizaciones
con las respectivas deducciones antes de la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones, pues a pesar que éste entró a regir el 30 de junio de 1995,
para las entidades territoriales, el Consejo Superior Universitario expidió la
Resolución Superior 2035 de enero 26 de 1994, obligando a todos sus servidores,
entre los cuales se encontraba el señor De la Torre Gómez, a realizar aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral.
22. Sostuvo que la Universidad no trasladó efectivamente estos aportes al ISS
como administradora de pensiones elegida el 30 de junio de 1995, aportes que
fueron realizados por el señor De la Torre Gómez desde el 1.° de enero de 1994,
sobre la base de todo lo devengado, incluyendo las prestaciones sociales, tal
como lo estableció el artículo 2.° de la Resolución Superior 2035 de enero 26 de
1994. Al contrario, la Universidad conservó este dinero en sus arcas, para
sustentar el encargo fiduciario, con base en el cual se ha venido pagando la
subrogación a los pensionados.
23. Adicional a lo anterior explicó que la Universidad de Antioquia siempre tuvo
la convicción que las pensiones deberían liquidarse teniendo en cuenta todo lo
devengado con base en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con
base en la postura anterior del Consejo de Estado, por lo que profirió la
Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, soporte del acto demandado
Resolución 340 del 23 de julio de 2004.
24. Para el abogado, debe mantenerse la legalidad del acto demandado
comoquiera que plasma derechos de carácter prestacional, se encuentra
3 Expediente digitalizado. Índice 7 Primera instancia.
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ajustado a la ley y la Constitución Política, por lo que se presume su legalidad,
está en firme y produce efectos jurídicos referidos a un derecho de carácter
prestacional para el pensionado demandado, quien goza de protección especial
constitucional toda vez que cuenta con más de 70 años y lleva percibiendo esa
mesada pensional, por más de 17 años, con lo cual, de accederse a las
pretensiones de la demanda se estaría afectando el ingreso que le permite
garantizar su mínimo vital móvil, que lleva percibiendo de buena fe y como
producto de su esfuerzo de trabajo durante toda su vida laboral en la Universidad
de Antioquia.
25. Finalmente propuso las excepciones de: indebida integración del
litisconsorcio, temeridad, justo título y buena fe por parte del demandado,
«actuación de funcionario conforme a las exigencias de ley», «firmeza,
ejecutoriedad y obligatoriedad de la Resolución Administrativa 340 del 23 de julio
de 2004», «inexistencia de fundamentos jurídicos que soporten la nulidad del
acto administrativo demandado», «presunción de legalidad del acto
administrativo demandado», «incumplimiento del procedimiento señalado por la
demandante en el acto administrativo demandado», prescripción e «imposibilidad
de condena en costas».
2.3. Medida cautelar
26. La entidad demandante solicitó como medida cautelar4, la suspensión de la
Resolución demandada 340 del 23 de julio de 2004, que fue denegada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia a través de providencia de 13 de agosto de
20215.
27. Al resolver el recurso de apelación formulado por la entidad demandante, esta
Subsección, a través de proveído de 21 de agosto de 2024 6 resolvió revocar el
auto de 13 de agosto de 2021 y decretar la medida cautelar consistente en la
«[…] suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 340 del 23 de
julio de 2004, expedida por la Universidad de Antioquia, que ordenó pagarle al
señor Andrés de la Torre Gómez el valor que resulta de la aplicación del ingreso
base de liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 […]».
4 Índice 42 Expediente digitalizado correspondiente al radicado 05001233300020210125801
5 Índice 6 del expediente digitalizado, primera instancia.
6 Radicado: 05001-23-33-000-2021-01258-01 (0275-2022).
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2.4. Sentencia de primera instancia7
28. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión en
sentencia proferida el 18 de marzo de 2024 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
29. Para ello analizó la Ley 100 de 1993, el Decreto 1068 del 23 de junio de 1995,
el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, las Leyes 30 de 1992 (artículo 77)
4ª de 1992, Ley 100 de 1993 (artículo 131), la sentencia C- 032 de 2008, el
Decreto 2337 de 1996, así como las pruebas allegadas; a partir de ello el Tribunal
precisó que la competencia radicada en las universidades para efectuar los
mencionados reconocimientos pensionales, cesó con la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, que creó el sistema general de pensiones con el fin de unificar
los diferentes regímenes pensionales existentes, a partir de su entrada en
vigencia, las universidades adquirieron varias obligaciones: i) debían afiliar a sus
empleados al régimen de ahorro individual o al régimen de prima media, según
elección de aquellos, ii) debían crear un fondo de pasivo pensional para aquellos
casos expresamente previstos en el Decreto 2337 de 1996 y iii) debían contribuir
a través de la emisión de bonos pensionales en los reconocimientos pensionales
que se efectuaran a partir de la aplicación de la Ley 100 de 1993.
30. En relación con la creación del Fondo de Pasivo Pensional, concluyó que éste
solo estará a cargo de reconocer y pagar las pensiones en favor de los
empleados de las universidades, en los siguientes eventos, i) en favor de los
pensionados a su cargo o quienes hubieren cumplido requisitos para obtener el
derecho a pensión con anterioridad al 23 de diciembre de 1993; ii) en favor de
quienes cumplieren requisitos pensionales entre el 23 de diciembre de 1993 y el
30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, o entre
esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996 y finalmente; iii) en favor de
quienes al 31 de diciembre de 1996 hubieren cumplido el requisito de tiempo de
servicio pero no hubieren alcanzado la edad necesaria para obtener el
reconocimiento pensional, siempre que no se hubieren afiliado al sistema general
de pensiones bien en el régimen de prima media con prestación definida o bien
en el régimen de ahorro individual.
31. Entonces, a partir de la afiliación del demandado al Sistema General de
Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, realizada a partir del 1.° de julio de
1995, la Universidad quedó subrogada en su obligación de efectuar el
reconocimiento pensional por la entidad a la cual aquel quedó afiliado, en este
caso el ISS, prestación a la cual solo debía contribuir mediante la emisión del
correspondiente bono pensional, a través del cual se efectúa el reconocimiento
de los tiempos servidos con anterioridad a la existencia de aquel régimen.
7Expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia. «Archivo 056Sentencia de
pr_0320160162000UGPPVSL.pdf »
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32. Bajo tal consideración la prestación estaba a cargo del Instituto de Seguros
Sociales, por lo que la Universidad no podía en todo o en parte, hacerse cargo
de tal reconocimiento, so pena de transgredir las normas que regulan el régimen
pensional de los empleados de las universidades.
33. Expuso que el régimen prestacional de los empleados de las Universidades
Públicas corresponde al que determine el Gobierno Nacional y el Congreso de la
República, razón por la que al disponer a su cargo una «subrogación» pensional
con base en una interpretación sobre la forma en que correspondía reconocer las
pensiones a su personal, constituía sin duda una actuación que excedía su
competencia, con lo que el acto cuestionado adolece de nulidad, por resultar
contrario a las normas superiores relativas a la determinación de la competencia
para el reconocimiento de la pensión sobre la que versa la subrogación dispuesta
por la demandante.
34. Esa Corporación concluyó entonces que, con la decisión contenida en el acto
administrativo enjuiciado, la entidad lo que hizo fue inmiscuirse en asuntos que
no resultaban de su competencia, disponiendo una interpretación respecto del
régimen pensional que no le correspondía por no tener a su cargo el
reconocimiento pensional, siendo improcedente mantener dicho reconocimiento
en el tiempo bajo la teoría de los derechos adquiridos.
35. Finalmente estableció que la parte demandante tenía la carga de brindar
elementos de convicción suficientes para demostrar sin lugar a duda que la parte
contra quien se adelanta ha incurrido en conductas de mala fe para lograr la
obtención del pago de beneficios prestacionales y como no lo hizo no ordenaría
la devolución de las sumas pues se presumía que habían sido percibidas de
buena fe.
36. Por lo anterior, declaró la nulidad del acto demandado, negó las demás
pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.
2.5. Recurso de apelación.
2.5.1. La apoderada del demandado Andrés Felipe de la Torre Gómez8
señaló, en síntesis, que la Universidad de Antioquia con la decisión de
reconocimiento y pago de la «subrogación», no creó un nuevo régimen
prestacional, ya que simplemente aplicó lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, tal
como lo venía haciendo antes de la Ley 100 de 1993, esto es, aplicando todos
los factores salariales devengados en el último año de servicios para efectos de
la liquidación de las pensiones y que se ajustaba a una línea jurisprudencial
consolidada del Consejo de Estado, condición que debió cumplir en su momento
8 Índice 28 primera instancia.
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el ISS, hoy Colpensiones, de conformidad con las Leyes 6ª de 1945, 33 de 1985
y el Decreto 3135 de 1958.
37. Según la apoderada, ese régimen prestacional fue respetado, garantizado y
aplicado a todas las personas que cumpliendo las condiciones del régimen de
transición pensional alcanzaron a ser pensionadas directamente por la
universidad, lo que indica, que fue la intención de ésta conservar los derechos
legales a todas las personas, independientemente de quien fuera el pagador de
pensiones.
38. En esta medida, la Universidad bajo su autonomía, no creó ningún régimen
prestacional adicional al margen de la ley sino que simplemente subrogó una
obligación legal que debía ser cumplida por otra entidad pública; radicando en su
cabeza, la competencia para efectuar el pago de la subrogación al conservar en
su patrimonio los aportes sobre las primas de servicios, de navidad y de
vacaciones de sus trabajadores, pues si dichos aportes se hubiesen
efectivamente destinado al Instituto de los Seguros Sociales hoy Colpensiones,
la entidad demandante hubiese perdido toda competencia en el pago aquí
discutido en los términos del acto administrativo aquí demandado, aunque
efectivamente, Colpensiones sí recibió los aportes de dichas primas en la
liquidación y pago de los respectivos bonos pensionales.
39. Insistió en que Colpensiones, antes Instituto de Seguros Sociales, recibió los
aportes y no reconoció la pensión con base en lo efectivamente cotizado,
situación que se debió analizar en la sentencia permitiendo la integración a la litis
del obligado al pago, esto es de Colpensiones.
40. Si bien en principio, se puede considerar que la obligación de liquidar la
pensión con el promedio de todo lo devengado de los servidores públicos
beneficiarios del régimen de transición es exclusiva de la administradora de
pensiones, en este caso Instituto de Seguros Sociales, la Universidad de
Antioquia entendió en la Resolución 12094 de 1999 (que es la Resolución
primigenia y no la Resolución demandada) que era una obligación compartida, lo
que los llevó al pleno convencimiento de que era deber la Universidad de
Antioquia asumir este pago, mientras la entidad de seguridad social lo hacía.
2.5.2. El apoderado de la Universidad de Antioquia9 presentó apelación
adhesiva en los siguientes términos:
41. Según lo indicó, pese a que se accedió a la pretensión principal de anulación
de los actos administrativos atacados en nulidad, el a quo denegó la pretensión
subsidiaria de restablecimiento de derecho consistente en el reintegro de parte
del demandado de las sumas de dinero percibidas en virtud de los actos
9 Índice 32 primera instancia.
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anulados; lo anterior por falta de pruebas acerca de la mala fe del demandado,
carga que le correspondía a la entidad.
42. Sin embargo, contrario a lo decidido en la sentencia de primera instancia
sobre la pretensión consecuencial de reintegro de sumas pagadas a partir de un
acto administrativo declarado ilegal, denegándola, dicha restitución es
procedente comoquiera que la resolución anulada era clara en establecer que el
reconocimiento que a través de la misma se efectuaba era temporal y, en
consecuencia, quedaba sujeto a que el antiguo seguro social lo reconociera por
voluntad propia o así lo decidiera una sentencia judicial.
43. Sostuvo entonces que por tratarse el reconocido de un indebido derecho
pensional, estaba bajo la responsabilidad del demandado el trámite ante el fondo
pensional, pues en virtud de la naturaleza del derecho, era a él a quien
correspondía realizarlo. En este orden de ideas, el demandado incumplió con
esta carga y se limitó a permanecer en el tiempo recibiendo unas sumas que
claramente sabía que no le correspondían, lo que es denotativo de que su obrar
no se ajustó a los postulados de la buena fe, lo que torna precedente el reintegro
deprecado.
2.5. Alegatos en segunda instancia
2.5.1. Dentro de esta etapa procesal el apoderado de la entidad demandante10
insistió en los argumentos del recurso de apelación y agregó que la motivación
de la decisión del fallo de primera instancia en cuanto a que el acto debía ser
anulado por falta de competencia ha sido la posición que de manera uniforme y
pacífica ha sido sostenida en controversias semejantes a la que debe ser
desatada por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, como es el caso, entre
otras, de la sentencia de 31 de enero de 2018 dictada en el proceso radicado
05001233300020140005802, en el cual se buscaba la nulidad de una Resolución
de igual naturaleza a aquellas de las que se ocupa este litigio.
2.5.2. La apoderada del demandado11 solicitó declarar la ocurrencia del
fenómeno de la caducidad, tal como ocurrió en sentencia proferida por la Sala de
lo Contencioso Administrativo en su Sección Segunda - Subsección A, con
ponencia del doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez de 2 de octubre de 2024,
radicación: 25000-23-42-000-2015-05734-01 (3936-2018), al declarar probada
de oficio la excepción de caducidad de conformidad con el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.
10 Índice 8 de la segunda instancia.
11 Índice 10 de la segunda instancia.
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44. En este sentido, sostuvo que el nuevo estatuto de reforma pensional consagra
una caducidad sui generis, que señala que, en los casos de reconocimientos
pensionales, las acciones judiciales ejercidas por las entidades pagadoras de
estos sólo podrán hacerlo dentro del término máximo de 5 años contados a partir
del reconocimiento de las mismas y en el caso que nos ocupa, la Universidad de
Antioquia, como entidad empleadora y pagadora de pensiones el señor De la
Torre Gómez, reconoció mediante la Resolución Administrativa 340 del 23 de
julio de 2004 demandada, el pago de una prestación económica de carácter
pensional, denominada subrogación bajo los supuestos de hecho y fundamentos
de derecho ya relacionados en el presente proceso judicial, situación fáctica que
bajo los supuestos del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 antes citado, indica
que ha operado el fenómeno de la caducidad pues la demanda se interpuso 17
años después del reconocimiento pensional.
2.5.3. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio.
45. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Aclaración previa.
46. El consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta12
encontrarse impedido para conocer del presente asunto, por estar incurso en la
causal prevista en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General del Proceso,
pues le asiste interés indirecto en las resultas del proceso, toda vez que ha
suscrito y celebrado contratos con la parte demandante, esto es, la Universidad
de Antioquia, «para dictar cátedra en la Especialización de Derecho
Administrativo en las materias Derecho Procesal Administrativo, Sujeto Jurídico
Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»
47. Al respecto, el numeral 3.° del artículo 131 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece:
«3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el
artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a
quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se
fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o
subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra
fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva
sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de
conformidad con el reglamento interno.
12 Índice 16, aplicativo SAMAI, segunda instancia.
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48. A su turno, el artículo 141 numeral 1.° del Código General del Proceso
consagra como causal de recusación:
«Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.»
49. Es de resaltar que, dada la taxatividad y el carácter restrictivo de dichas
causales, nada excusa al juez para abstenerse de cumplir los deberes que la ley
le asigna. Por la misma razón, la motivación o los hechos que llevan al funcionario
judicial a declarar el impedimento deben enmarcarse con toda precisión en
alguna de ellas, lo cual obedece, además, a la especificidad con que se
encuentran definidas en la norma.
50. Ahora bien, analizada la causal esgrimida y los argumentos del impedimento
manifestado, esta Sala de decisión lo encuentra fundado, por cuanto se estima
que le asiste un interés indirecto en el resultado del proceso, comoquiera que la
explicación planteada frente a la relación de índole contractual que existe con la
parte demandante es razón suficiente para entender que el objeto del presente
litigio compromete su independencia y/o imparcialidad al momento de resolver el
asunto.
51. Así las cosas, se declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto de la
referencia
3.2. Competencia.
52. Es competente esta Subsección para decidir el recurso de apelación
interpuesto por las partes en contra de la sentencia de 18 de marzo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión,
dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 150 13
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
13«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
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3.3. Problemas Jurídicos.
53. Debe determinar esta Sala de Subsección si ¿en este caso, al tenor del
artículo 187 del CPACA, debe declararse la caducidad al tenor de lo dispuesto
por la Ley 2381 de 2024, «por medio de la cual se establece el sistema de
protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se
dictan otras disposiciones»?
54. Si no hay lugar a declarar la caducidad, la Sala verificará si ¿en este caso,
frente al reconocimiento de la pensión otorgada por el ISS al señor Andrés Felipe
De la Torre Gómez, servidor de la Universidad de Antioquia, ésta última era
competente para pagar la diferencia por los factores no incorporados por el ente
de previsión al determinar el IBL pensional respectivo?
55. Si la respuesta al anterior interrogante es negativa, deberá analizarse si ¿es
procedente acceder al reembolso de las sumas pagadas al señor De la Torre
Gómez en virtud del acto administrativo demandado?
3.3.1. Primer problema jurídico. ¿En este caso, al tenor del artículo 187 del
CPACA, debe declararse la caducidad al tenor de lo dispuesto por la Ley
2381 de 2024, «por medio de la cual se establece el sistema de protección
social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan
otras disposiciones»?
3.3.1.1. Del fenómeno de la caducidad en asuntos pensionales y las
modificaciones introducidas con la Ley 2381 de 16 de julio de 2024.
56. Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un
derecho en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un
medio de control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término
constituya un presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los
derechos individuales y subjetivos de los administrados para su reclamación
judicial, en desarrollo del principio de seguridad jurídica bajo criterios de
racionalidad y suficiencia temporal.
57. Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para
pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.
58. De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, artículo 164 numeral 1 literal c), la demanda contra
actos administrativos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas podrán presentarse en cualquier tiempo; empero, no
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habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
59. Ahora, la Ley 2381 de 16 de julio de 2024, por la cual se establece el Sistema
de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
y se dictan otras disposiciones, en el artículo 86 dispone el término con el que se
cuenta para interponer las acciones administrativas y contencioso administrativas
en lo que respecta a las pensiones que han sido reconocidas; se destaca:
«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y
Contencioso Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas.
Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser
ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y
cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años
de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual
se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»
(Subrayas fuera del texto)
60. A partir de lo anterior se puede concluir entonces que:
a- Las acciones administrativas y contencioso administrativas, se
deberán ejercer dentro del término de 5 años contados a partir del
reconocimiento de la pensión.
b- La única excepción a la anterior regla, es frente a las pensiones
reconocidas con fraude o con ocurrencia de algún delito.
c- En los casos de reconocimiento pensional respecto a los que se
hayan iniciado acciones administrativas o contencioso administrativas,
cuando hubiere expirado el término de 5 años, y que se encuentren en
curso, se les aplicará el fenómeno de la caducidad a partir de la vigencia de
la referida ley.
d- Finalmente, en relación con los casos en los que ya se hayan
decidido las acciones administrativas y/o contencioso administrativas
presentadas respecto a un reconocimiento pensional, se dispone que podrá
interponerse el Recurso Extraordinario de Revisión, dentro del término de 5
años contados a partir de la vigencia de dicha ley.
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61. El legislador dentro de los considerandos del proyecto de ley 14, optó por
acoger un término similar al que es aplicado para las causales de revisión de que
trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sustentando esta decisión en la
sentencia C-835 de 2003, por medio de la cual la Corte Constitucional analizó las
consecuencias de establecer un límite temporal para que la administración
solicite la revisión de decisiones que otorgaron derechos pensionales. Sobre el
particular destacó que reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha determinado que establecer un límite al tiempo en el que se puede acudir ante
la jurisdicción no vulnera el acceso a la administración de justicia, pues se debe
entender que la caducidad «es una especie de sanción para quien teniendo la
posibilidad de acudir a la justicia fue negligente y no lo hizo» y que con ella se
busca garantizar los principios de seguridad y certeza jurídica.15
62. De igual forma, revisada la exposición de motivos, se advierte también que la
finalidad de la norma es evitar que las pensiones reconocidas queden expuestas
de manera perpetua y sin límite, a una solicitud de revisión, lo que podría vulnerar
el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de los pensionados.
63. De otro lado, en torno a la vigencia del artículo 86 en estudio, se tiene que en
la Ley 2381 de 2024, se dispuso lo siguiente:
«Artículo 94. Vigencia. El Sistema de Protección Social Integral para la
Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley,
entrará en vigor el 1° de julio de 2025.
Artículo 95. Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas continuarán vigentes para atender el
Régimen de Transición y el régimen de aquellos ya pensionados al momento
de expedirse esta ley.»
64. Al tenor de las anteriores disposiciones, estima la Sala que el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente desde el momento en que se sancionó
dicha ley, esto es 16 de julio de 2024, fecha de publicación en el Diario Oficial
52.81916, pues, el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional,
únicamente difirió la entrada en vigencia de las disposiciones atinentes al
Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen
común, a partir del 1.° de julio de 2025.17
14 Visibles en las Gacetas del Congreso de la República Nos. 603 de 17 de mayo de 2024 y 700 de 29 de
mayo de 2024.
15 Corte Constitucional. Sentencia C – 418 de 1994.
16 http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml;jsessionid=55e8e6ab1125b768d5f05f27de9e
17 La Corte Constitucional en sentencia C-957 de 1997, se refirió a la vigencia de la ley, en el siguiente
sentido: “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos
jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario
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3.3.1.2. Caso concreto
65. En este caso la Universidad de Antioquia demanda la Resolución 340 del 23
de julio de 2004 que ordenó pagarle al señor Andrés Felipe de la Torre Gómez
«[…] el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que
consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el
Seguro Social, […]».
66. Al respecto estima la Sala que pese a que la demanda fue interpuesta el 1.°
de julio de 202118, el supuesto normativo establecido en el artículo 86 de la Ley
2381 de 16 de julio de 2024 no es aplicable en este caso, comoquiera que no
versa sobre un acto derivado de un reconocimiento pensional proveniente de una
entidad competente para ello, como tampoco se discute alguna de las aristas del
mismo, como fuese la reliquidación pensional, la compatibilidad pensional, la
compartibilidad pensional, entre otros.
67. Al contrario, como ya se verá en el siguiente acápite, el reconocimiento
pensional fue efectuado por parte del Instituto de Seguros Sociales mediante la
Resolución 006043 del 19 de abril de 2004, efectiva desde el 1.° de diciembre de
2003.
68. Sin embargo, lo que se discute en este caso es la obligación que se atribuyó
la Universidad de Antioquia a través de la Resolución 340 del 23 de julio de 2004,
donde ella misma afirma que se «subrogó» en el pago de una diferencia dineraria
correspondiente a un mayor valor pensional que le correspondería al señor De la
Torre Gómez, de haberse incluido en la pensión las primas de navidad, de
servicios y de vacaciones.
69. Como se verá más adelante, el acto administrativo de la Universidad de
Antioquia constituye una mera liberalidad del ente universitario para reconocer
un mayor valor al que considera tiene derecho el señor De la Torre Gómez, acto
que, en modo alguno encierra en sí mismo un aspecto derivado de un
reconocimiento pensional dado que el deber frente a la pensión de jubilación de
la parte demandada recae en Colpensiones.
70. Nótese que el mismo acto se basa en la Resolución Rectoral 12094 del 4 de
mayo de 1999, en la que se dispuso: «Subrogarse en la parte de la obligación
que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la
Universidad, en régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el
Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho, de liquidarles
Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de
los mismos.”
18 Como se indica en la página principal del proceso, en el aplicativo SAMAI, correspondiente a la primera
instancia.
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sus pensiones según el promedio devengado en el tiempo que les hiciera falta
para ello […]». Con base en la misma es que la Resolución 340 de 23 de julio de
2004 ordenó pagarle temporalmente al señor Andrés Felipe de la Torre Gómez
«[…] el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que
consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el
Seguro Social, […]».
71. Como se aprecia de todo lo anterior no puede darse aplicación a la previsión
del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, comoquiera que en este caso no se
configura el supuesto de hecho que consagra la norma, dado que el acto
administrativo cuestionado constituyó una liberalidad de la Universidad de
Antioquia que no versa sobre un derecho pensional ni fue proferido por la entidad
competente para ello.
3.3.2. Segundo problema jurídico. ¿En este caso, frente al reconocimiento
de la pensión otorgada por el ISS al señor Andrés Felipe De la Torre Gómez,
servidor de la Universidad de Antioquia, ésta última era competente para
pagar la diferencia por los factores no incorporados por el ente de previsión
al determinar el IBL pensional respectivo?
3.3.2.1. Del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de los
servidores públicos bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993.
72. De conformidad con lo señalado por el artículo 7519 del Decreto 1848 de
196920, previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 quien tenía la obligación de
reconocer y de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos era la
entidad de previsión a la que estaba afiliado el servidor o en su defecto, la última
entidad pública empleadora.
73. A través de la expedición de la Ley 100 de 199321 se creó el Sistema General
de Seguridad Social, estableciéndose en la misma la obligatoriedad de afiliar al
sistema a todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos22.
19
«Artículo 75º.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y
pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el
tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la
edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces
cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión…»
20 Mediante el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
21 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
22 «Artículo 15.- Serán afiliados al sistema general de pensiones:
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley. Así mismo, los grupos de población que
por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a
través del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales…»
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74. Para la incorporación de los servidores públicos al sistema general de
pensiones, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 691 de marzo 29 de 1994 23,
mediante el cual se integró al referido sistema a los siguientes servidores: a) Los
servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o Distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y b) Los
servidores públicos del Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio
Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría
General de la República24.
75. A su vez el Decreto 692 del 29 de marzo de 199425 al reglamentar los temas
relacionados con afiliaciones, cotizaciones, administradoras de pensiones del
Sistema General de Pensiones, definió la entidad competente para el
reconocimiento y pago de las pensiones o demás prestaciones a que hubiere
lugar al señalar lo siguiente:
«Artículo 14. Efectos de la afiliación. La afiliación surtirá efectos a partir del
primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el diligenciamiento
del respectivo formulario.
Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que
haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el
monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que
da lugar al pago de la pensión o prestación correspondiente».
76. Luego, con la expedición del Decreto 1068 del 23 de junio de 1995 26 se
estableció el límite temporal para que los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliaran
para los efectos de cotizaciones en pensión, señalando el parágrafo 2.º de su
artículo 2.º, que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la
Ley 100 de 1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995. Señaló la
referida norma lo que sigue:
«Artículo 2º.- Selección de régimen pensional. Una vez entre a regir el sistema
general de pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los
servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima
media con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros
Sociales, ISS, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado
por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, AFP, autorizadas
por la Superintendencia Bancaria.
23 Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras
disposiciones.
24 Ver artículo 1 del decreto citado.
25 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
26 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles
departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la
declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel
territorial.
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Los servidores públicos que elijan afiliarse o trasladarse al Instituto de Seguros
Sociales o al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán proceder de
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de este Decreto.
Parágrafo 1º.- Los servidores públicos que ingresen al servicio con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones y elijan el régimen
solidario de prima media con prestación definida, deben afiliarse al Instituto de
Seguros Sociales.
Parágrafo 2º.- Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y
pagadas por las entidades empleadoras, deberán afiliarse a cualquiera de los
dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 a más tardar el 30 de junio de
1995».
77. Ahora bien, es de recodar que el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 estableció
la creación de los fondos para pagar el pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial. Esto en los siguientes términos:
« ARTICULO 131.Fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial.
Cada una de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial,
departamental, distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo
pensional contraído a la fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un
monto igual al valor de dicho pasivo que no esté constituido en reservas en las cajas
de previsión, o fondos autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras
cotizaciones que las instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar
según lo previsto en la presente Ley, en aquella parte que corresponda a
funcionarios, empleados o trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la
vigencia de la presente Ley.
Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución.
Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que
aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la
respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el
promedio de los 5 últimos presupuestos anuales, anteriores al años (sic) de iniciación
de la vigencia de la presente Ley.
Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que
se redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales
de acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de
conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno
Nacional.
Dentro del años siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, las
universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo,
elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio
de Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que
representen los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los
2 primeros años de la vigencia de la presente Ley.
[…]».
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78. Posteriormente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 199627 que tuvo por
objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación
superior de naturaleza territorial, fue específico en atender lo dispuesto en el
Decreto 1068 de 1995, ya citado, respecto del marco temporal con que contaban
los servidores públicos en afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales
contemplados en la Ley 100 de 1993, al consagrar lo siguiente en el parágrafo
1.º del artículo 2.º del referido decreto:
«Parágrafo 1º. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas instituciones que
reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de los dos
regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado a más
tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades territoriales,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995». (Negrillas fuera de
texto).
79. El citado decreto estableció en su artículo 4.° algunos eventos en que los
fondos de pasivo pensional, constituidos como una cuenta especial de las
universidades oficiales e instituciones de educación superior de carácter
oficial y naturaleza territorial, debían asumir el pago de las prestaciones allí
descritas. Estos son:
« 1. El pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener
derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo
con el régimen pensional vigente, antes del 23 de diciembre de 1993.
2. El reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva
institución, según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de
1996.
3. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía
rigiendo, siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones.
4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente y
trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad
administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con
los artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993, los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994
y sus decretos reglamentarios.
27 Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1299 de 1994.
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La expedición de los bonos pensionales se hará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 119 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que el servidor público, trabajador
oficial y personal docente, únicamente haya tenido vinculación contractual, legal y
reglamentaria con la respectiva universidad o institución, tendrá derecho a que dicha
institución efectúe la emisión del bono pensional, de acuerdo con la reglamentación
para el efecto.
5. El pago de la cuota parte correspondiente de conformidad con lo establecido en
los Decretos 1299 y 1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación
superior a la cual hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para
contribuir a la entidad emisora del bono.
6. El pago de las obligaciones pensionales extralegales, válidamente definidas o
pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993,
así como el pago de las obligaciones correspondientes a la pensión compartida con
el ISS cuando a ella haya lugar.
[…]». (Negrilla de la Sala).
80. En este orden de ideas, después de la entrada en vigencia de los regímenes
pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993, los entes universitarios de
carácter oficial perdieron competencia para el reconocimiento de pensiones de
sus servidores y, por virtud de la afiliación obligatoria de los servidores públicos
al Sistema General de Pensiones y de acuerdo con lo consagrado en el artículo
14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, quien debe efectuar el
reconocimiento respectivo es la administradora de pensiones que hubiere
recibido o le correspondiese recibir las cotizaciones del período en el cual
ocurriere el siniestro o hecho que diera lugar al pago de la prestación
correspondiente, esto es, sin perjuicio de los escenarios descritos en el artículo
4.° del Decreto 2337 de 24 de diciembre de 1996, norma que sólo en los casos
allí descritos impone la obligación a cargo del fondo pensional.
3.3.2.2. Caso concreto
81. En este caso se encuentra demostrado lo siguiente:
• A través de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la
Universidad de Antioquia decidió «[s]ubrogarse en la parte de la
obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con
los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al
momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años
para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al
inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de
Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la
misma». En su artículo segundo el citado acto dispuso:
«En consecuencia, se reajustarán las pensiones que ha reconocido el Instituto
de Seguros Sociales a los servidores referidos y a los que a partir de la fecha
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les reconozca la pensión, en el porcentaje que dicha Entidad no cancela
conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, sobre
el derecho que tienen, con base en las primas de navidad, de vacaciones y
semestral, que constituyen factor salarial.»28.
• Por medio de la Resolución Administrativa 16628 del 11 de julio de 1999,
se reglamentó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo del mismo
año29.
• Al señor Andrés Felipe de la Torre Gómez nació el 1.° de mayo de 1948
según da cuenta el registro civil de nacimiento aportado a al proceso 30.
• De igual manera laboró en la Universidad de Antioquia como docente
desde el 18 de junio de 1970 como da cuenta el acta de posesión
allegada31, y hasta el 1.° de diciembre de 200332.
• Le fue reconocida la pensión de jubilación por parte del ISS mediante
Resolución 6043 de 19 de abril de 200433 en cuantía mensual de
$3´179.377, con efectividad a partir del 1.° de diciembre de 2003, acto en
el que se indicó que era beneficiario del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.
• De igual manera se advierte que la Universidad de Antioquia mediante la
Resolución 340 de 23 de julio de 200434 ordenó pagarle temporalmente al
señor De la Torre Gómez el valor que resulta de la aplicación del ingreso
base de liquidación del inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
que dijo, no reconoció el ISS, por la no inclusión de las primas de navidad,
vacaciones y servicios; esto en cumplimiento de la Resolución 12094 del
4 de mayo de 199935, proferida por el ente educativo, a través de la cual
se subrogó en parte de dicha obligación:
«ARTÍCULO PRIMERO: Pagar temporalmente el valor que resulta de la aplicación del
Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y no reconoce el Seguro Social, al señor ANDRES FELIPE DE LA TORRE
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 8.284.650, de SETECIENTOS
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($733.637) a
partir del 01 de diciembre de 2003, la suma de. SETECIENTOS OCHENTA Y UN
MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($781.250) a partir del 1° de enero de 2004,
hasta que el Seguro Social lo reconozca bien motu proprio o por orden judicial, valor
que se incrementara anualmente según lo establecido en los Arts. 21 y 36 de la Ley 100
de 1993.
28 Índice 6 de la segunda instancia, archivo 1.
29 Ibidem. Archivo 2.
30 Link del expediente en el índice 36 de primera instancia. Oficio de remisión del proceso al Consejo de
Estado. Carpeta «Pruebas» Archivo «Apartes hoja de vida». Folio 5.
31 Ibidem. Folio 2.
32 Renuncia al cargo aportada a folio 3 ibidem.
33 Folios 23 y s.s. del índice 6 de la segunda instancia, archivo 4 «apartes hoja de vida»-
34 Ibidem. Folios 19 y s.s. ibidem.
35 Ibidem. Archivo 1.
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[…]».
• Finalmente, a través de la Resolución Rectoral 35823 de 17 de octubre de
201236, la Universidad de Antioquia decidió derogar la Resolución 12094
de 4 de mayo de 1999 y ordenó a la Vicerrectoría Administrativa resolver
las situaciones jurídicas de carácter individual y concreto creadas a partir
de la expedición de la Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999.
82. Las pruebas allegadas demuestran que el señor De la Torre Gómez cumplió
la edad pensional (55 años exigidos en la Ley 33 de 1985) el 1.° de mayo de 2003
y a 31 de diciembre de 1996 contaba con 48 años.
83. Ahora bien, el numeral 3.° del artículo 4.° del Decreto 2337 del 24 de
diciembre de 1996 señala que el fondo de pasivo pensional cuenta con la
obligación de reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados
públicos, trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el
tiempo de servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad
señalada para adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que
los venía rigiendo, escenario en el cual se encontraría el señor De la Torre Gómez
pues cumplió 20 años de servicios el 18 de junio de 1990. Sin embargo, la norma
exige al docente no estar afiliado a alguna de las Administradoras del Sistema
General de Pensiones, evento que no se cumple en el sub lite comoquiera que
fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales desde agosto de 1995, como se
aprecia en la planilla aportada a folios 6 y 737, fecha desde que empezó a realizar
sus aportes pensionales
84. Las pruebas allegadas demuestran que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para reconocer a favor del señor Andrés Felipe de la Torre Gómez
un mayor valor en su ingreso base de liquidación, como lo hizo a través de la
Resolución 340 del 23 de julio de 2004, al ser obligación del ISS, asumir dicho
reconocimiento, como entidad administradora de las cotizaciones realizadas por
la demandada y en atención a lo dispuesto en el parágrafo 2.° del artículo 2.º del
Decreto 1068 de 1995, norma que exigía que el docente, en su condición de
servidor público de la Universidad de Antioquia, fuese afiliado al Sistema General
de Seguridad Social en junio de 1995.
85. En este sentido a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación era el ISS, que finalmente,
reconoció la pensión de jubilación a través de la Resolución 6043 de 19 de abril
de 2004, por lo que, era dicha entidad ante quien debió la pensionada reclamar
eventuales reajustes pensionales conforme al régimen pensional aplicable, por lo
que no era plausible que la Universidad de Antioquia asumiera los pagos
36 Ibidem Archivo 3.
37 Archivo «apartes hoja de vida» ibidem.
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señalados, ante el erróneo convencimiento de que asumía una obligación del
ISS.
86. Así entonces advierte la Sala que le asistió razón al Tribunal Administrativo
de Antioquia al declarar la nulidad de la Resolución demandada.
3.3.3. Tercer problema jurídico. ¿Es procedente acceder al reembolso de las
sumas pagadas al señor De la Torre Gómez en virtud del acto administrativo
demandado?
87. Dado que en la apelación adhesiva se pidió la devolución de las mesadas
pagadas al demandado, es necesario analizar la normativa relativa a esta
pretensión.
88. En el literal c, del numeral 1, del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se estableció lo siguiente:
«[…]
c) (…) Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe; […]».
89. En relación con el principio de buena fe, es preciso tener en cuenta que fue
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes
términos:
«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
90. En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional
Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales:
91. El primer elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe, lo
que implica un límite a los derechos de los particulares, quienes no pueden
abusar del ejercicio de las prerrogativas que el ordenamiento les reconoce y,
además, sirve de barrera para evitar la desviación de poder de las autoridades.
92. El segundo elemento, se encuentra en la presunción de buena fe en la
actuación de los particulares, la cual se justificó en los siguientes términos:
«Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia
ha sido sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta
concepción negativa ha permeado todo el sistema burocrático
colombiano, el cual, so pretexto de defenderse del asalto siempre mal
intencionado de los particulares, se ha convertido en una fortaleza
inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones privadas,
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enredadas en una maraña de requisitos y procedimientos que terminan
por aniquilar los derechos sustanciales que las autoridades están
obligadas a proteger»38.
93. En relación con este principio la Corte Constitucional ha señalado:
«[…] bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el
Constituyente que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo
mismo, mientras no obre prueba en contrario, la presunción de la buena fe
que protege las actuaciones de los particulares se mantiene incólume. En
cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la
mala fe. Sencillamente, que el margen de la presunción que favorece a los
particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y el principio de legalidad
que nutre la producción de los actos administrativos. Por consiguiente,
podría decirse entonces que la presunción de buena fe que milita a favor de
los particulares, en la balanza Estado-administración hace las veces de
contrapeso institucional de cara a los principios de constitucionalidad y
legalidad que amparan en su orden a la ley y a los actos administrativos»39.
94. Esta Subsección considera que el argumento de la entidad apelante no goza
de vocación de prosperidad ya que, se entiende que, para los efectos de la
devolución de prestaciones pagadas de buena fe, no basta con que el particular
haya recibido unas sumas que no encuentran fundamento en una norma jurídica,
pues es necesario que haya acudido a una maniobra fraudulenta o deshonesta
con la cual se haya inducido en error a la administración40.
95. Significa lo anterior, conforme al desarrollo del principio de buena fe, no basta
con que el pago no sea acorde con el ordenamiento jurídico, sino que es
necesario que medie una maniobra deshonesta o con falta de lealtad respecto
del Estado.
96. Dado que en este caso no se discute que el señor De la Torre Gómez actuó
en los citados términos, sino la falta de competencia de la Universidad para
asumir una obligación que no le correspondía, se estima que el señor De la Torre
Gómez no debe hacer devolución de las sumas percibidas en virtud del acto
demandado, como bien lo estimó el Tribunal.
97. Finalmente es de señalar que la apoderada del demandante señaló que en
este caso debió analizarse el tema de los aportes efectuados por el docente sobre
38Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe.
Autores: Álvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 19, marzo 11
de 1991. p. 3.
39 Corte Constitucional, sentencia C – 840 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Jaime Araújo
Rentería.
40 En este sentido véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 14 de febrero de 2019, expediente 3096-16, magistrado ponente: William Hernández Gómez;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de marzo de
2000, expediente 12.971, magistrado ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda.
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todos los fatores salariales percibidos y que fueron debidamente trasladados por
la Universidad de Antioquia al Instituto de Seguros Sociales cuando emitió el
bono pensional para el cubrimiento de la pensión de jubilación. Sin embargo, es
de señalar que nos encontramos en el marco de un proceso de lesividad
promovido por la Universidad de Antioquia, quien cuestionó la legalidad del acto
administrativo que ella misma profirió y donde asumió una obligación que
consideró le correspondía al ISS.
98. En ese sentido realizar un pronunciamiento al respecto, como lo solicita la
apoderada del señor De la Torre Gómez, escapa de la competencia que le asiste
a la segunda instancia, que debe ir en conjunción con el marco de la demanda y
la naturaleza del asunto que se discute.
3.4. De la condena en costas en segunda instancia
99. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de
fundamentación jurídica para su imposición, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por la entidad, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones jurídicas que
respaldan los intereses de las partes y, por ende, no se condenará en costas.
100. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de marzo de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante la
cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda promovida por la
Universidad de Antioquia en contra del señor Andrés Felipe de la Torre Gómez,
de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva.
TERCERO: Sin condena en costas, según las consideraciones expresadas en
este fallo.
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Demandante: Universidad de Antioquia
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Impedido
JORGEN IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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