RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2021-01271-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01271-02

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01271-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia. SEGUNDO. Adicionar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, el 11 de marzo de 2024, en el sentido de inaplicar por 53 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024) Demandante: Universidad de Antioquia Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria inconstitucional la Resolución rectoral núm. 12094 de 1999 expedida por la Universidad de Antioquia, por las razones expuesta en esta providencia. TERCERO. Confirmar en lo demás en fallo impugnado. CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01271-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de junio de 2025

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

Tema: Subrogación parcial de la mesada pensional –reiteración jurisprudencial–.
Subtema 1: competencia para el reconocimiento y liquidación de la pensión de
jubilación de los servidores públicos de las universidades a partir de la implementación
del Sistema General de Pensiones en el nivel territorial. Subtema 2: acto
administrativo por medio del cual la Universidad de Antioquia asumió la diferencia por
la inclusión de factores adicionales generada en el cálculo del IBL. Subtema 3:
improcedencia de la devolución de sumas recibidas de buena fe.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, el 11 de marzo de
2024, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Universidad de Antioquia solicitó la declaración de nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales asumió el pago de la diferencia en la mesada
pensional reconocida por el Instituto de Seguros Sociales1 —en adelante ISS— a favor
de la señora Luz Elena Henao de Gaviria, generada por la inclusión de las primas de
navidad, de vacaciones y semestral en el cálculo del IBL, mientras adelantaba las
actuaciones administrativas y judiciales pertinentes para que la administración
reliquidara la pensión teniendo en cuenta dichas prestaciones. Según indicó, no tiene
competencia para asumir una obligación pensional que, en este caso, fue subrogada
al ISS por la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones en el nivel territorial.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. La Universidad de Antioquia (en adelante la Universidad), mediante apoderada
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la señora Luz Elena Henao de Gaviria2, con

1
Hoy Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES.
2 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 02, contenido en la carpeta
«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210127(.zip) NroActua 2», documento «02Demanda.pdf».
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

las siguientes pretensiones:

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 166 del 19 de abril de 2006,
mediante la cual la Universidad ordenó pagarle a la señora Luz Elena Henao de Gaviria
el mayor valor de la mesada pensional generada por la inclusión de las primas de
navidad, vacaciones y semestral en el cálculo del IBL pensional liquidado por el ISS al
reconocer la pensión de jubilación.

(ii) Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la demandada a restituir el pago de la diferencia de las mesadas
pensionales que la Universidad asumió del 28 de noviembre de 2005 al 31 de mayo
de 2021, «que corresponden a […] $238.262.189, más los valores que se generen con
posterioridad hasta que la sentencia se encuentre en firme». También pidió que se
condene a la accionada al pago de las costas procesales.

2.1.1. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la Universidad expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

(i) La señora Luz Elena Henao de Gaviria estuvo vinculada como empleada pública
docente en la Universidad de Antioquia desde el 27 de agosto de 1976 hasta el 27 de
noviembre de 2005, fecha a partir de la cual le fue aceptada la renuncia.

(ii) Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la Universidad
reconocía las pensiones de sus empleados conforme a los regímenes dispuestos en
las leyes 6 de 1945 y 4 de 1966, así como los decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969,
con un ingreso base de liquidación que incluía todos los factores efectivamente
devengados por el servidor.

(iii) Con ocasión de la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones en el nivel
territorial, según el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 —30 de junio de 1995—, el ente
universitario afilió a todos los servidores al ISS, entidad que desde ese momento
asumió la carga pensional de la demandante.

(iv) Posteriormente, mediante la Resolución rectoral núm. 12094 del 4 de mayo de
1999, la Universidad asumió el pago de una diferencia en la mesada pensional de sus
servidores, causada por la inclusión de factores adicionales a los tenidos en cuenta
por el ISS en el cálculo del IBL pensional, bajo la consideración de que la jurisprudencia
de permitía la inclusión de todo lo devengado por el servidor. La institución educativa
asumió el pago de esta diferencia «mientras gestionaba las acciones administrativas
y judiciales necesarias para que el ISS» reliquidara las pensiones con la inclusión de
todo lo devengado por el trabajador. Este acto general fue reglamentado por la
Resolución núm. 16628 del mismo año, que estableció como destinatarios de la
subrogación a los empleados públicos docentes y no docentes de la Universidad.

(v) El ISS reconoció la pensión de vejez a la señora Luz Elena Henao de Gaviria
mediante la Resolución núm. 018143 del 2 de noviembre de 20053, en cuantía mensual
de $3.420.364, a partir del momento en el que allegara su renuncia ante la última
3
Resolución núm. 018143 del 2 de noviembre de 2005, visible en: Samai, índice 2, contenido en la carpeta
comprimida «5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210127(.zip) NroActua 2», documento «3. APARTES HOJA
DE VIDA LUZ ELENA HENAO ISAZA», páginas 6 a 9.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

entidad pública en la que laboró, sin incluir en el IBL las primas de vacaciones, navidad
y semestral.

(vi) Por su parte, la Universidad de Antioquia reconoció y ordenó el pago de un bono
pensional a favor de la accionada, a través de la Resolución núm. 047 del 17 de
febrero de 20054, por la suma de $ $436.435.000, de los cuales correspondió a aquella
el valor de $329.756.000, que consignó al ISS.

(vii) Mediante la Resolución núm. 166 del 19 de abril de 2006 5, la Universidad ordenó
pagar a la accionada la diferencia de la mesada pensional reconocida y pagada por el
ISS, generada por la inclusión de las primas de navidad, vacaciones y semestral en el
cálculo del IBL, mientras el citado instituto asumía la obligación en sede administrativa
o judicial.

(viii) Finalmente, por la Resolución núm. 35823 del 17 de octubre del 2012, la
Universidad derogó la Resolución rectoral por medio de la cual asumió el pago de la
diferencia en la mesada pensional de los empleados públicos del ente universitario,
causada por la inclusión de factores que, a su juicio, formaban parte del IBL pensional
calculado por el ISS.

2.1.2. Normas violadas y concepto de la violación

3. La Universidad de Antioquia citó, como normas vulneradas, los siguientes artículos:
(i) 48 de la Constitución Política; (ii) 10 de la Ley 4 de 1992; (iii) 18 (inciso 3), 131 y
151 de la Ley 100 de 1993; (iv) 5 del Decreto 1068 de 1995; y (v) 4 del Decreto 2337
de 1996.

4. En el concepto de violación6, afirmó que la Resolución núm. 12094 de 1999, por
medio del cual la Universidad asumió el pago de la diferencia causada por la
«reliquidación» de la pensión de jubilación reconocida por el ISS, con la inclusión de
todos los factores devengados por el servidor, desconoció las normas constitucionales
y legales que imponen la obligación de liquidar las pensiones con los factores sobre
los cuales se realizaron cotizaciones. Además, puso de presente que la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado precisa que el régimen de
transición no incluye entre sus beneficios la determinación del IBL, razón por la cual,
la liquidación de la pensión debe atender lo dispuesto en los artículos 21 ⎯factores
de cotización⎯ y 36 de la Ley 100 de 1993 ⎯régimen de transición⎯.

5. Asimismo, indicó que, con la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones, el
respectivo fondo es el único competente para reconocer, liquidar y pagar las
pensiones de los empleados de la Universidad, tal y como lo ha reiterado el Consejo
de Estado en las sentencias proferidas en asuntos con supuestos de hecho y de
derecho semejantes al presente.

4 Resolución núm. 047 del 17 de febrero de 2005, visible en: Samai, índice 2, contenido en la carpeta comprimida

«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210127(.zip) NroActua 2», documento «3. APARTES HOJA DE VIDA LUZ
ELENA HENAO ISAZA», páginas 29 a 31.
5 Resolución núm. 166 del 19 de abril de 2006, visible en: Samai, índice 2, contenido en la carpeta comprimida

«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210127(.zip) NroActua 2», documento «1. RESOLUCION 166 DE 2006 -
SUBROGACION».
6 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 02, contenido en la carpeta
«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210127(.zip) NroActua 2», documento «02Demanda.pdf».
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

2.2. Contestación de la demanda

6. La parte demandada propuso las excepciones de «conformación del litisconsorcio»,
«derecho adquirido», «legalidad del acto impugnado», «falta de causa para pedir»,
«falta de tipificación de las causales de nulidad», «inexistencia de la causa invocada»,
«falta de interés», «buena fe del demandado», «mala fe del demandante», «violación
del principio de progresividad»; «violación al derecho fundamental a la seguridad
social»; «falta de legitimidad en la causa»; y «prescripción»7.

7. En su escrito, manifestó que el acto acusado se encontraba ajustado al
ordenamiento jurídico porque tuvo como sustento la Resolución rectoral núm. 12094
del 4 de mayo de 1999. Adujo que la Universidad de Antioquia no argumentó ni probó
las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del CPACA y que la resolución
acusada fue expedida por la autoridad competente y conforme al artículo 36 de la Ley
100 de 1993, que establece el régimen de transición pensional.

8. Indicó que, en cuanto al restablecimiento del derecho solicitado por la entidad
demandante, que recibió el pago de las mesadas pensionales subrogadas, estando
amparada por la buena fe, de modo que la Universidad no tiene derecho a recuperar
las sumas de dinero correspondientes, de conformidad con el numeral 1, literal c) del
artículo 164 del CPACA.

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 11 de marzo de 2024,
concedió parcialmente las pretensiones de la demanda8, en tanto declaró la nulidad
del acto demandado, pero negó la devolución de las sumas pagadas a favor de la
accionada. La mencionada autoridad judicial consideró que la institución educativa
«carecía de la competencia para decidir respecto del derecho pensional y en cuanto
al ingreso base de liquidación y, le correspondía al Instituto de Seguros Sociales definir
lo relativo a la pensión de [la] demandad[a]»9.

10. Concluyó que los actos mediante los cuales la Universidad asumió el pago de la
diferencia en la mesada pensional causada por la inclusión de las primas de
vacaciones, navidad y semestral en el IBL, hasta que el ISS realizara la reliquidación
de la prestación con los factores mencionados, son nulos por falta de competencia.

11. De otro lado, el Tribunal negó la pretensión de devolución de las sumas de dinero
pagadas a la parte demandada, al considerar que no hubo mala fe por parte de esta
al recibir los pagos, dado que fue la Universidad quien voluntariamente asumió una
obligación pensional que no estaba a su cargo. Además, se abstuvo de condenar en
costas al considerar que en el presente asunto no es procedente tal figura, ya que lo
que se discute es el patrimonio estatal y «tampoco es dable afirmar que el titular de la
prestación sea la parte vencida en el proceso».

7 Escrito de contestación de demanda, visible en: Samai, índice 2, contenido en la carpeta comprimida
«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210127(.zip) NroActua 2», documento
«20MemoDdoContestaciónDemanda».
8
Sentencia en primera instancia, visible en: Samai, índice 2, contenido en la carpeta comprimida
«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210127(.zip) NroActua 2», documento «52Sentencia».
9 Ibidem.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

2.4. Recursos de apelación

12. Luz Elena Henao de Gaviria apeló la sentencia de primera instancia, porque
consideró que no se configuró la causal de nulidad de falta de competencia 10. Según
afirmó, «la Universidad de Antioquia estaba cumpliendo la ley que le autoriza pagar
por un tercero, para garantizar el respeto de los derechos de quienes fueron sus
empleados»11. Para ello, hizo alusión a jurisprudencia en la cual se censuraba la
violación al derecho a la seguridad social en los casos en los que hay conflictos sobre
la entidad que debe asumir el pago de mesadas pensionales.

13. Indicó que el Tribunal no aceptó la validez de la figura de la subrogación que
proviene del derecho civil, que permite a quien tenga razones, pagar la obligación de
un tercero. Al respecto, precisó que la Universidad no afirmó tener competencia para
pagar las pensiones con posterioridad al 1 de enero de 1994, ni que el pago de la
subrogación fuese una obligación suya, por lo que fue consciente de sus actuaciones.

14. Adujo, que la mencionada institución educativa reconocía que estaba realizado el
pago de una obligación que correspondía a un tercero, específicamente al ISS, en la
medida en que este desconoció sus derechos al liquidar la pensión de vejez. Por otro
lado, afirmó que con lo anterior no se creó un régimen pensional, sino que estaba
tutelando los derechos conculcados por quien tenía la obligación de efectuar el pago
y no lo hizo.

15. Afirmó que, a partir de 1994, el ISS y la Universidad desde el año 2002 han realizado
una interpretación incorrecta al desconocer el Decreto 1158 de 1994 «que reiteró la
inclusión de todos los factores salariales para cotizar y para la liquidación de la pensión
de vejez». Por ende, no es de recibo el argumento de que el ISS se haya negado a
recibir las cotizaciones correspondientes a las primas y en razón a ello la Universidad
dejó de causarlas.

16. Manifestó que, el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, por medio de la
Resolución núm. 2035 de 1994, ordenó que la institución hiciera los aportes a salud y
pensión. Sin embargo, las cotizaciones de 1994 y el primer semestre de 1995 «no eran
obligatorias legalmente y el dinero recaudado está en manos de la Universidad de
Antioquia». Asimismo, que el Decreto 691 de 1994 mantuvo la categoría de los
empleados de la Universidad en el orden departamental, con el derecho de cotizar por
las primas de vacaciones y servicio, conforme al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

17. Adujo que la Ley 33 de 1985 mantuvo los factores salariales objeto de cotización
del Decreto 691 de 1994, para los servidores públicos del orden nacional. Luego, la
Ley 100 de 1993 en el inciso 3 del artículo 36 estableció el régimen de transición
aplicable a los profesores y empleados de la Universidad de Antioquia; por ende, antes
de la entrada en vigor de dicha ley, reconocía a sus empleados todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios, situación que los beneficiaba.

18. Indicó que el 12 de julio de 2002 la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el Departamento de Antioquia y la Universidad de Antioquia, suscribieron un contrato
interadministrativo de concurrencia para el pago del pasivo pensional de la institución

10
Escrito de apelación presentado por la parte demandada, visible en: Samai, índice 2, contenido en la carpeta
comprimida «5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210127(.zip) NroActua 2», documento «54ApelacionDda
11 Ibidem.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

educativa en los términos del artículo 131 de la Ley 100 de 1993, que demuestra que
aquella ha cumplido con el deber de pagar de manera completa las pensiones de vejez,
mediante la figura de la subrogación. Agregó que, de acuerdo con el referido contrato,
la cuota parte pensional por «las primas» está a cargo del fondo del pasivo pensional
establecido en la Ley 100 de 1993. En ese sentido, se debe acudir los recursos de
dicho fondo para que con estos se pague la pensión de los jubilados.

19. Resaltó que en el mismo acuerdo de voluntades se estableció la financiación de las
obligaciones correspondientes al reconocimiento de los factores salariales que
sirvieron de base de cotización, que quedó distribuida en la siguiente proporción:
78,3% la Nación; 11,5% el departamento de Antioquia; y 10,2% la Universidad de
Antioquia. Así, el «21,7% (11,5% + 10,2%), se destina al pago de la cuota de la
pensión, correspondientes a las tres primas, ya que el Instituto de Seguros Sociales
solo lo hizo por las doce mesadas del año». A su juicio, lo anterior demostraba que la
Universidad sí es la pagadora de la cuota parte de las pensiones, conforme lo hizo en
la Resolución núm. 12094 de 1999.

20. Manifestó que la sentencia de primera instancia desconoció lo regulado en el
Decreto 2337 de 1996 y el contrato interadministrativo de concurrencia, por lo que
existe una vulneración de su derecho fundamental a la seguridad social protegido en
los artículos 93 y 214 de la Constitución.

21. La Universidad de Antioquia presentó recurso de apelación de forma adhesiva.
En su escrito, argumentó que las sumas pagadas a la demandada se entregaron en
virtud de un indebido reconocimiento pensional, y que la demandada actuó de mala
fe al lucrarse de dineros que no le correspondían, por dichos motivos estas sumas
debían ser restituidas. Por consiguiente, solicitó que se revocara el numeral cuarto de
la parte resolutiva de la sentencia, y, en su lugar, se accediera al restablecimiento del
derecho requerido12.

22. La parte demandada allegó memorial13 en el que solicitó que se declare la
caducidad del medio de control, con fundamento en el término previsto en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024.

23. En relación con esta última petición, la Universidad de Antioquia manifestó que
en el presente asunto no se cuestionó el acto de reconocimiento pensional en favor
de la señora Henao de Gaviria que fue expedido por el ISS, sino la resolución de
subrogación emitida por la institución educativa. En ese orden, argumentó que el
término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 no aplica en
el caso concreto14.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

24. Esta corporación, mediante auto del 26 de marzo de 202515, admitió los recursos
de apelación presentados por las partes y prescindió de la etapa de alegatos de
conclusión al advertir que no existían pruebas por decretar, de acuerdo con el numeral

12 Recurso de apelación presentado por la Universidad de Antioquia, visible en: Samai, índice 2, contenido en la

carpeta comprimida «5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210127(.zip) NroActua 2», documento
«55ApelacionDte».
13
Samai, índice 5, archivo «5_MemorialWeb_Alegatos-LuzElenaHenaodeG(.pdf) NroActua 5».
14 Samai, índice 8, archivo «6_MemorialWeb_Otro-20241114PRONUNCIA(.pdf) NroActua 8».
15 Samai, índice 10, archivo «9Autoqueadmite_38832024pdf(.pdf) NroActua 10».

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar por estado a las
partes y al Ministerio Público. Sin embargo, este último y la señora Luz Elena Henao
de Gaviria guardaron silencio.

25. La Universidad de Antioquia, mediante memorial radicado por medio de su
apoderada judicial, solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia en
relación con la nulidad del acto demandado, y que se revoque frente a la decisión de
negar el restablecimiento del derecho. De igual forma, reiteró que el término de
caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 no es aplicable en el
presente caso16.

III. CONSIDERACIONES

3.1 . Competencia

26. Corresponde al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero
del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

3.2. Cuestión previa

27. La parte demandada, en memorial radicado el 7 de noviembre de 202417, solicitó
que se declare la caducidad del medio de control en los términos del artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024. Según afirmó, se excedió el término de 5 años previsto en la norma
mencionada, para ejercer las acciones administrativas y contencioso-administrativas
respecto de pensiones reconocidas.

28. Por su parte, la Universidad de Antioquia también allegó memorial 18 el 14 de
noviembre de 202419, en el que argumentó que la anterior petición es improcedente.
Al respecto, precisó que el término de caducidad establecido en el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2004 tiene como objeto las pensiones reconocidas, y que en el caso bajo
estudio, no se controvierte el acto de reconocimiento pensional proferido en favor de
la señora Henao de Gaviria.

29. En vista del planteamiento sobre la supuesta caducidad de medio de control de la
referencia, antes de abordar el fondo del asunto resulta necesario establecer si aquella
se configuró o no, en especial cuando como excepción perentoria que es, puede
analizarse en dos momentos a saber: (i) en cualquier estado del proceso, por medio
de sentencia anticipada, siempre que el juzgador la encuentre probada (artículos 175,
inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral 3 del CPACA20); y (ii) en la sentencia de fondo
(artículo 187 del CPACA21), oportunidad en la que el juez decidirá sobre las excepciones

16 Samai, índice 15, archivo «11_MemorialWeb_Alegatos-20250407PRONUNCIA(.pdf) NroActua 15».
17 Samai, índice 5, archivo «5_MemorialWeb_Alegatos-LuzElenaHenaodeG(.pdf) NroActua 5».
18 Samai, índice 8, archivo «6_MemorialWeb_Otro-20241114PRONUNCIA(.pdf) NroActua 8».
19 Samai, índice 8, archivo «7_MemorialWeb_Otro-20241114COMUNICAC(.pdf) NroActua 8».
20 CPACA, artículo182A. «Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: […] // 3. En cualquier estado

del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación,
la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»
21 CPACA, artículo 187. «Contenido de la sentencia. […] // En la sentencia se decidirá sobre las excepciones

propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada22.

30. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley 2381
de 2024 se introdujo una significativa modificación, por la cual se establece un término
de caducidad frente a las demandas que la administración presenta contra sus propios
actos de reconocimiento pensional.

31. En tal sentido, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció
un término de caducidad de 5 años «para ejercer acciones administrativas y
contencioso-administrativas respecto de las pensiones reconocidas», contado a partir
del reconocimiento de la referida prestación. Así se observa en el texto del citado
artículo 86 ibidem:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas
y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años
a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito. A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido
reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán
ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá́ un término
de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley» [destacado por fuera del texto].

32. En ese orden de ideas, corresponde a la Sala en este momento procesal,
pronunciarse sobre la caducidad, comoquiera que el proceso se encuentra al
despacho para dictar sentencia. Esto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 187
y 207 del CPACA, que prevén la facultad de resolver cualquier excepción propuesta y
las que el juez eventualmente encuentre probadas, entre ellas, la de caducidad del
medio de control y, a su vez, ejercer el control de legalidad y saneamiento del proceso.

33. Ahora bien, en el presente asunto, la Universidad de Antioquia solicitó la
declaración de nulidad de Resolución núm. 166 del 19 de abril de 2006, razón por la
que es necesario definir si hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad,
sin perder de vista las reglas previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de
tránsito legislativo, tratándose de leyes que regulan la sustanciación y las ritualidades
propias de los juicios.

superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
[…]».
22 Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-

2019-02462-01 (2648-2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que
el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró
que las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la
causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos
en el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado
del proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem
señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada. // En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones
perentorias nominadas, no pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia
judicial, sino que solo se declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos
precisados en el numeral tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se
encuentren probadas o demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina
de fondo las pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA.» [destacado fuera del texto].
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

34. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas», se considera de aquellas
normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades
propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación, en el tránsito legislativo
anunciado, es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 23.

35. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

36. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun frente a
cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación
y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a contabilizarse
términos como el establecido para la caducidad de los medios de control.

37. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron
la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX,
siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los
artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 8324. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153
de 1887 en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las
reglas previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que contribuye
a la interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran el
ordenamiento jurídico vigente.

38. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del numeral 1, literal c, del artículo
164 del CPACA, dado que, a la fecha en que se presentó la demanda, 2 de julio de
202125, era la disposición que en materia de oportunidad para presentar la demanda
se encontraba vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término

23 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y

ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [destacado fuera del texto].
24 «La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado

que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
25 Acta individual de reparto, visible en: Samai, índice 02, contenido en la carpeta comprimida

«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210127(.zip) NroActua 2», documento «07ActaReparto».
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

de caducidad alguno.

39. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.

40. En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar
sus propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que la titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.

41. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en sentencia
C-1049 de 200426, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

42. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigor de
la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
ejercidas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.

43. En estos términos, la expresión «[…] y que estén en curso […]», prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la Constitución Política y los principios constitucionales de confianza legítima
y seguridad jurídica27, motivo por el cual la Sala con fundamento en el artículo 4 de la
Constitución Política28 dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad.

44. En consecuencia, se procederá con el estudio del recurso de apelación presentado
contra la sentencia proferida el 11 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

26 En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista

en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
27 En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso

debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política». (Destacado fuera
del texto)
28 «ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la

ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

3.3. Problema jurídico

45. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala procede a resolver los
siguientes problemas jurídicos:

(i) ¿La Universidad de Antioquia tenía competencia para asumir el pago de la
diferencia en la mesada pensional reconocida por el ISS a Luz Elena Henao de Gaviria,
generada por la inclusión de las primas de vacaciones, navidad y semestral en el
cálculo del IBL, que el ente educativo consideró procedente mientras el beneficiario
iniciaba las actuaciones administrativas y judiciales ante el Instituto encargado del
pago de la obligación?

46. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
el reconocimiento y pago de la pensión de los servidores públicos; (ii) el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993; y (iii) la subrogación asumida por la Universidad de
Antioquia.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial

3.4.1. Reconocimiento y pago de la pensión de los servidores públicos

47. Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 29, la obligación de reconocer y
de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos concernía a la entidad de
previsión a la que estuviesen afiliados, esto es, la última entidad pública empleadora,
según lo disponía el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969.

48. La Ley 100 de 1993 que creó el Sistema de Seguridad Social Integral, previó en el
numeral 1 del artículo 15, la obligatoriedad de afiliar a dicho sistema a todas las
personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.
Disposición en virtud de la cual se expidió el Decreto 691 de marzo 29 de 199430, que
incorporó (artículo 1) a estos últimos, clasificándolos así: a) los servidores públicos de
la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como de
sus entidades descentralizadas; y b) los servidores públicos del Congreso de la
República, de la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación,
la organización electoral y la Contraloría General de la República.

49. En cuanto a los efectos de la afiliación al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, el artículo 14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994 31 precisó que el
responsable del pago de las pensiones sería la administradora que hubiese recibido o
le corresponda recibir las cotizaciones del período en el cual ocurrió el siniestro o
hecho que dio lugar al pago de la pensión, y el Decreto 1068 del 23 de junio de 199532
fijó el límite temporal para que los servidores públicos del orden departamental,
municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliarían, esto es, prima media
con prestación definida o ahorro individual con solidaridad, señalando en el parágrafo
2 del artículo 2 que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley

29 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.
30 Por el cual se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Pensiones y se dictan otras disposiciones.
31 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
32
Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en los niveles departamental,
municipal y distrital, la constitución de los Fondos de Pensiones del Nivel Territorial y la declaratoria de solvencia
de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

100 de 1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995.

50. Posteriormente, se profirió el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 que tuvo
por objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de
naturaleza territorial. Esta normativa fue enfática en atender el límite temporal con que
contaban los servidores públicos para afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales
establecidos en la Ley 100 de 1993, según el Decreto 1068 de 1995.

51. De acuerdo con lo anterior, se concluye que, para el 30 de junio de 1995, todos los
servidores públicos que prestaban sus servicios en las universidades oficiales e
instituciones oficiales de educación superior debían estar afiliados al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, comoquiera que estos hacían parte de la categoría
de afiliados obligatorios en los términos del artículo 15 de la referida Ley 100 de 1993.

52. Así, y siguiendo los pronunciamientos de esta Sección sobre el tema33, se precisa
que después de la entrada en vigencia de los dos regímenes pensionales de la Ley
100 de 1993, las universidades de carácter oficial perdieron competencia para el
reconocimiento de pensiones de sus servidores y, en virtud de la afiliación obligatoria
de los servidores públicos al Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, es la
administradora de pensiones que hubiese recibido las cotizaciones quien debe
efectuar el reconocimiento respectivo o proceder a la reliquidación de ser el caso.

3.4.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

53. El Sistema General de Pensiones, en virtud del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, permitió a quienes estaban próximos a pensionarse
mantener las condiciones previstas en el régimen anterior, siempre que reunieran los
requisitos de edad o tiempo de servicio exigidos para la fecha de entrada en vigencia
de la nueva normativa, con la precisión de que los beneficios de esa transición solo
salvaguardaban las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto o tasa de
reemplazo establecidos en la norma con la que el servidor tenía la expectativa de
pensionarse.

54. La norma citada establece que, para los beneficiarios del régimen de transición, el
ingreso base de liquidación será, si faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho a la pensión, (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según
certificación que expida el DANE.

55. Al respecto, el Decreto 1158 de 1994, por medio del cual se modificó el Decreto 658
de 1994 que incorporó a los servidores públicos al Sistema General de Pensiones,
dispone lo siguiente:

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21

de abril de 2017, Rad. 05001233300020140019401(0804-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia del 22
de octubre de 2018, Rad. 05001-23-33-000-2014-00063-02(1074-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia
del 29 de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-00556-01(1601-19), M.P. César Palomino Cortés; Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2014-01418-02(5945-19), M.P.
William Hernández Gómez.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

«ARTÍCULO 1. Base de cotización. El salario mensual base para calcular las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos
incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de
salario;
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados».

56. El Acto Legislativo 01 de 2005, al adicionar el artículo 48 de la Constitución Política,
determinó de manera expresa que «para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
cotizaciones», precepto que se encontraba incluido en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, conforme con el cual se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones
«el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado».

57. En este orden, es válido afirmar que los beneficiarios del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tenían derecho al reconocimiento de
la pensión conforme con los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto o tasa de
reemplazo prevista en el régimen anterior, sin incluir el IBL, pues este debe calcularse
con los factores salariales que sirvieron de base para los aportes, devengados en el
lapso fijado en la transición, esto es, durante los últimos 10 años de servicio o todo el
tiempo que le hiciera falta al beneficiario para pensionarse cuando fuera inferior a este
periodo.

58. Ahora bien, la Corte Constitucional, en el primer análisis de constitucionalidad del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consideró que la salvaguarda de los derechos
pensionales derivada de una transición normativa constituye «[…] una plausible
política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que
ordena dar especial protección al trabajo». En este marco, afirmó que la regla de
liquidación del IBL aplicable a los beneficiarios de la transición es el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para pensionarse, siempre que fuera
menor de diez años o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior;
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor34.
En sentencias posteriores de constitucionalidad, la Corte decidió estarse a lo resuelto
en la providencia que declaró parcialmente exequible el artículo 36 de la Ley 100 de
199335.

59. Por otra parte, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, al
establecer el alcance del régimen de transición, fijó como primera tesis interpretativa
que los servidores públicos que cumplieran los requisitos del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 podían pensionarse al cumplir los presupuestos de edad, tiempo de servicio
y monto previstos en el régimen pensional general anterior ⎯Ley 33 de 1985⎯, con
la precisión de que el último elemento protegido por la transición (monto) incluía el
beneficio de calcular el IBL con los factores y el periodo de liquidación previstos en la

34 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 20 de abril de 1995.
35 Corte Constitucional, sentencias C-058 de 1998 y C-146 de 1998.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

norma precedente, no con los señalados en el régimen general.

60. En este orden, la Sección Segunda, mediante sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, dispuso que el régimen de transición debía aplicar el principio de
inescindibilidad normativa, en el entendido de que el «monto», salvaguardado en virtud
del cambio legislativo, constituía una unidad con el período de liquidación y los factores
enunciativos, no taxativos, previstos en el régimen pensional anterior36.

61. En un segundo momento, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, por
medio de sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, replanteó la tesis aplicada
por las subsecciones de la Sección Segunda y, en su lugar, consideró que la transición
establecida en el artículo 36 de la Ley 100 solo preservó los presupuestos de edad,
tiempo de servicio y porcentaje o tasa de reemplazo dispuestos en el régimen anterior
para quienes estaban próximos a pensionarse, sin que se pueda entender que el último
elemento incluye la aplicación del periodo y factores previstos en ese régimen, por no
formar parte del beneficio de la transición. En el anterior fallo se indicó lo siguiente:

«Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen [de] transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993»37.

62. La Sala Plena de esta corporación indicó en esta sentencia que las reglas de
unificación «son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial (…) De igual manera, debe precisarse que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. Las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley».

63. Sobre el particular, es oportuno precisar que el marco normativo y jurisprudencial
citado resultaba aplicable a los servidores de la Universidad de Antioquia que por virtud
del parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 fueron vinculados al Sistema General
de Pensiones a partir del 30 de junio de 1995, con la afiliación al ISS (actual
COLPENSIONES), entidad que asumió la obligación pensional con cargo al bono que
expidió el ente demandante en cada caso38. La competencia para reconocer y pagar
las pensiones de los servidores de la Universidad está a cargo del fondo de pensiones

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, exp. 0112-2009.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia 00143 de 28 de agosto de 2018, exp.

2012-00143-01.
38 ARTICULO 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:

1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o
empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad
de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o
condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad
Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.
También serán afiliados en forma obligatoria al Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, y se
regirán por todas las disposiciones contenidas en esta ley para todos los efectos, los servidores públicos que
ingresen a Ecopetrol, a partir de la vigencia de la presente ley.
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

al que se afiliaron en forma obligatoria desde esa fecha39.

64. En este orden, se observa que la parte demandante asumió el pago temporal de la
diferencia en la mesada pensional de sus servidores como tercero interviniente en la
obligación pensional que el ISS tenía a su cargo a partir de la afiliación de los
empleados del nivel territorial al régimen general de pensiones, arguyendo la
necesidad de «procurar la efectividad de los derechos y principios constitucionales»
de sus empleados y bajo la condición de que los pensionados surtieran las actuaciones
administrativas y judiciales necesarias para que el fondo de pensiones asumiera la
mesada por el valor que el ente demandante consideraba ajustado a la legalidad.

3.4.3. Subrogación asumida por la Universidad de Antioquia

65. La Universidad de Antioquia, mediante la Resolución rectoral núm. 12094 del 4 de
mayo de 1999, asumió el pago de la diferencia de la mesada pensional de los
servidores docentes y no docentes de la institución educativa, generada por la
inclusión de las primas de navidad, vacaciones y semestral que, a su juicio, formaban
parte del IBL pensional calculado por el ISS en el acto de reconocimiento por medio del
cual ordenó el pago de la prestación a su cargo, por motivo de la afiliación de los
empleados del orden territorial al Sistema General de Pensiones dispuesta en el
artículo 151 de la Ley 100 de 1993.

66. En las consideraciones del acto general, la Universidad afirmó que, si bien el ISS
asumió el reconocimiento y pago de las pensiones, aquella debía proteger los
derechos de sus servidores para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual el ingreso base de liquidación
de las pensiones de jubilación de los beneficiarios de la transición a quienes les faltaba
menos de diez (10) años para adquirir el derecho, debía computarse con el promedio
de «todo lo devengado» en ese periodo.

67. Para la Universidad el ISS desconoció la norma referida al calcular el IBL pensional
con los factores sobre los cuales el pensionado hubiera realizado cotizaciones, dado
que, en su opinión, constituía «certeza jurídica» la fórmula de liquidación según la cual
el cálculo debía incluir todo lo devengado, inclusive, las primas de navidad, vacaciones
y semestral. Bajo esta consideración, la institución educativa afirmó que «no se podía
negar o complicar el acceso a los derechos conseguidos por servicios prestados al
Estado, más aún cuando la pensión era un salario diferido». Asimismo, afirmó que
realizó diferentes gestiones ante el ISS para que liquidara las pensiones según el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin lograr una respuesta positiva.

68. En este orden, la Universidad dispuso en el acto general de subrogación que debía
darle cumplimiento a la ley, en el sentido de cubrir la diferencia causada por motivo de
la liquidación de la pensión, mientras el ISS asumía esta obligación con la inclusión de
todos los factores devengados por el pensionado. Así, dispuso que se «subrogaría en
la cuota parte de la obligación» que el ISS no reconocía, para «procurar la efectividad
de los derechos y principios constitucionales de sus servidores».

69. Este acto fue reglamentado por la Resolución 16628 del 25 de junio de 1999, en el

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 21 de abril de 2017, exp. 05001233300020140019401

(0804-2016); del 27 de abril de 2017, exp. 05001233300020140157301(0802-2016) y 050012333000201500110
01 (2366-2016); del 31 de enero de 2018, exp. 05001-23-33-000-2014-00058-02 (0341-17), y del 23 de octubre de
2020, exp. 05001-23-33-000-2014-00061-01(1088-17).
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

sentido de determinar que los destinatarios de esta subrogación serían los empleados
públicos docentes y no docentes beneficiarios del régimen de transición, que les faltara
menos de diez años para adquirir el derecho al momento de entrar en vigor la Ley 100
de 1993. La Universidad pagaría a los jubilados la obligación de reliquidación que se
encontraba a cargo del ISS con las consecuencias previstas en el artículo 1670 del
Código Civil40. En este orden, asumió el pago de la diferencia que resultó de aplicar el
75% al promedio de todo lo devengado durante el último año de servicio y el valor de
la pensión que liquidó el ISS, solo por el tiempo que tardara el instituto en asumir la
obligación en el trámite administrativo o en cumplimiento de una orden judicial.

70. El acto de subrogación general fue derogado por la Resolución rectoral núm. 35823
del 17 de octubre de 2012, al considerar que la Universidad partió del supuesto
equivocado de que existía certeza jurídica sobre el derecho a la reliquidación pensional
con la inclusión de todo lo devengado por sus servidores, sin tener en cuenta que la
obligación estaba a cargo del ISS, en forma exclusiva, y que la tesis referida fue objeto
de modificaciones jurisprudenciales que desvirtuaron esa afirmación.

71. El acto revocatorio de la «subrogación» puso de presente que el pago asumido por
la Universidad fue temporal, pues era el ISS el obligado a asumir la obligación
reclamada en las actuaciones administrativas y judiciales.

3.5. Análisis del caso concreto

72. El ISS reconoció una «pensión de vejez» a la señora Luz Elena Henao de Gaviria,
mediante la Resolución núm. 018143 del 2 de noviembre de 200541, en cuantía
equivalente a la suma mensual de $3.420.364 a partir de la fecha en que allegara la
aceptación de su renuncia en la última entidad donde laboró.

73. La Universidad de Antioquia, mediante la Resolución núm. 166 del 19 de abril de
200642, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución rectoral núm. 12094 del 4 de
mayo de 199943, ordenó pagar a favor de la demandada, el valor del resultado de la
aplicación del IBL establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por la suma de
(i) $765.978 a partir del 28 de noviembre de 2005 y (ii) de $803.128 a partir del 1 de
enero de 2006, «hasta que el Seguro Social lo reconozca motu proprio o por orden
judicial». Esto como consecuencia de considerar que las primas de vacaciones,
navidad y semestral debían incluirse para calcular el monto de la pensión.

74. El cálculo de la diferencia pensional que la Universidad de Antioquia asumió de
manera temporal por la inclusión de las primas de vacaciones, navidad y semestral
devengadas por la demandada durante el periodo que le hacía faltaba para
pensionarse, fue realizado por la institución universitaria conforme con lo previsto en

40 «La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y

privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera terceros,
obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda».
41 Resolución 018143 del 2 de noviembre de 2005, visible en: Samai, índice 2, contenido en la carpeta comprimida

«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210127(.zip) NroActua 2», documento «3. APARTES HOJA DE VIDA LUZ
ELENA HENAO ISAZA», páginas 6 a 9.
42 Resolución 166 del 19 de abril de 2006, visible en: Samai, índice 2, contenido en la carpeta comprimida

«5ED_EXPEDIENTE_05001233300020210127(.zip) NroActua 2», documento «3. APARTES HOJA DE VIDA LUZ
ELENA HENAO ISAZA», páginas 10 a 12.
43
Resolución mediante la cual la Universidad de Antioquia asumió el pago de la diferencia de la mesada pensional
de los servidores docentes y no docentes de la institución educativa, generada por la inclusión de las primas de
vacaciones, navidad y semestral que, a su juicio, formaban parte del IBL pensional calculado por el ISS.
16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así:

Acto de reconocimiento pensional Acto de subrogación
ISS Universidad de Antioquia – caso en
concreto
Resolución núm. 018143 del 2 de noviembre Resolución núm. 166 del 19 de abril de 2005
de 2005

Monto: 79,89% Monto: 75%
IBL: $4.281.342 (factores de cotización) IBL: $1.021.304 (primas semestral, vacaciones
y de navidad)
Cuantía de la prestación:
$3.420.364 a partir de la fecha en que Diferencia que se subrogó la Universidad:
presentara «el acto administrativo mediante $765.978 (del 28 de noviembre al 31 de
el cual se ACEPTA su RENUNCIA a la última diciembre de 2005).
entidad pública donde laboró, que en este $803.128 (a partir del 1 de enero de 2006).
caso es UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA».

75. Ahora bien, según se analizó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
sentencia, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 1068 de 1995, a
más tardar el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos, incluido el personal
de las universidades oficiales e instituciones de educación superior, debían estar
afiliados a uno de los dos regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993. Por
ende, a partir de esa fecha, la entidad competente para reconocer y pagar las
pensiones, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 692 de 1994 era la administradora
de pensiones que recibiera las cotizaciones de dichos servidores, ya fuera el ISS como
administrador del régimen de prima media o los fondos privados que hacían lo propio
con el régimen de ahorro individual.

76. En este orden de ideas, se advierte que la Universidad de Antioquia carecía de
competencia para pronunciarse acerca del reconocimiento del derecho pensional de
la demandada y específicamente, en lo relacionado con el presunto derecho que le
asistía a una mesada mayor a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de
factores salariales devengados por el docente no computados por la administradora
de pensiones. Ello, en tanto la obligación concernía al ISS, como ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.

77. Al respecto, se destaca que esta última entidad fue la que reconoció a favor de la
accionada una pensión de jubilación, a través de la Resolución núm. 018143 del 2 de
noviembre de 2005. Por consiguiente, era el ISS quien tenía la competencia para definir
si a la demandada se le debía incluir en el IBL lo correspondiente a las primas de
navidad, de vacaciones y semestral, en los términos de la Ley 100 de 1993 y la
normativa anterior a esta, aplicable en virtud del régimen de transición del artículo 36
ibidem

78. Por otra parte, en cuanto a los efectos de la Resolución rectoral núm. 12094 de
1999 expedida por la Universidad de Antioquia, sobre la subrogación parcial en la
obligación pensional a cargo del ISS, y en la cual se fundamenta acto acusado, se
advierte que, aun cuando esta no fue objeto de declaratoria de nulidad en el presente
caso, así como tampoco ha sido anulada por la jurisdicción de lo contencioso-

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

administrativo, esta Subsección en sentencia del 22 de octubre de 2018 44 decidió
inaplicarla por inconstitucional en un asunto similar, al señalar que:

«[…] pese a que el acto administrativo, que aquí se demanda, tuvo además como
fundamento la Resolución rectoral 12094 de 4 de mayo de 1999 de la misma Universidad
de Antioquia, la cual, como lo aduce el accionado, no fue objeto del presente medio de
control ni ha sido anulada por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cierto
es que en virtud de la excepción de inconstitucionalidad resulta dable inaplicarla para el
caso concreto, conforme al artículo 4º superior, («En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»), comoquiera que la función de establecer el régimen prestacional de
los servidores públicos está reservada al Congreso de la República y al Gobierno
Nacional, pero este último bajo los lineamientos del legislador, por lo que el ente
universitario carecía de atribución para asumir una obligación de carácter pensional motu
proprio, sin que mediara norma emitida por la autoridad constitucionalmente competente
frente a la materia, que así lo determinara. […]».

79. Al respecto, la Constitución Política de 1991 prevé en el artículo 150 numeral 19,
literal e), que el Congreso de la República tiene la competencia de dictar normas
generales en relación con la fijación de los regímenes salariales y prestacionales de
los servidores públicos, entre otros, y en ejercicio de dicha potestad expidió la Ley 4
de 199245, que reglamentó en sus artículos 10 y 12 lo siguiente:

«Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos.

Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades
territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y
objetivos contenidos en la presente Ley. // En consecuencia, no podrán las
corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. // Parágrafo. El Gobierno
señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con
cargos similares en el orden nacional.

80. Por su parte, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la
última norma, «[…] siempre que se entienda que las facultades conferidas al gobierno
se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de los empleados
públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales
territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades
territoriales […]»46.

81. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la Resolución rectoral núm.
12094 de 1999 expedida por la Universidad de Antioquia es inconstitucional, por
cuanto se expidió con desconocimiento de las competencias que la Constitución
Política le confiere al Congreso de la República y al Gobierno nacional en materia de

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22

de octubre de 2018, Rad. 05001233300020140006302 (1074-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
45 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.
46 Sentencia C-315 de 1995.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

prestaciones sociales de los servidores públicos del orden territorial. Por tal motivo, al
haberse expedido en contravía de lo dispuesto en la Carta Política, resulta procedente
su inaplicación, como se declarará en la parte resolutiva de esta providencia, a efectos
de adicionar la sentencia de primera instancia sobre el particular.

82. La anterior precisión es relevante en la medida en que, cuando se profirió el acto
acusado, la referida resolución rectoral, que era su fundamento, estaba vigente, en
tanto solo fue derogada en el año 2012, como se expuso en el marco normativo de
esta providencia.

83. Por último, en cuanto al argumento de la parte recurrente, respecto a que el Tribunal
desconoció el contrato interadministrativo de concurrencia para el pago del pasivo
pensional de la Universidad de Antioquia, se estima que él, así como las actuaciones
que pudo adelantar la Universidad con el fin de justificar y/o asumir obligaciones
pensionales que no le correspondía después de entrar en vigor la Ley 100 de 1993,
por ejemplo, la Resolución núm. 2035 de 1994, no son objeto de control judicial en
esta oportunidad. En todo caso, sin perjuicio de lo que se decida sobre estos en los
escenarios correspondientes, no puede considerarse que tienen la virtualidad de
asignarle facultades a la Universidad en un asunto que por voluntad de legislador le
concierne a otras entidades o personas y, mucho menos, de subsanar o rectificar la
decisión de asumir el pago de prestaciones respecto de la cuales carece de
competencia.

84. Lo anterior, toda vez que la potestad para reconocer y pagar la pensión en el caso
particular era del ISS, en calidad de administradora de pensiones que recibió las
cotizaciones del accionado, por virtud de la Ley 100 de 1993, conforme se estudió en
párrafos precedentes.

85. Así las cosas, le asiste razón al Tribunal al haber declarado la nulidad del acto
acusado, toda vez que se profirió sin competencia, comoquiera que, la Universidad de
Antioquia no tenía la facultad legal ni constitucional para reconocer, en todo o en parte,
pensión alguna a sus empleados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, ni asumir obligación alguna en forma de subrogación; máxime cuando adoptó
tal decisión con sustento en unos actos administrativos contrarios a la Carta Política,
como se ha indicado, por esta Sala, en anteriores oportunidades.

3.6. Devolución de sumas recibidas bajo la presunción de buena fe

86. Por su parte, la Universidad de Antioquia al recurrir la sentencia de primera
instancia, insistió en solicitar la devolución de las sumas pagadas con ocasión del acto
acusado, en razón a que la parte demandada no adelantó las gestiones necesarias
para lograr la reliquidación de su pensión ante el ISS, en los términos en los que la
institución educativa lo consideraba acorde con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
esto es, con la inclusión de las primas de vacaciones, navidad y semestral. En su
criterio, el incumplimiento de dicha carga demostró la mala fe.

87. Para analizar el cargo anterior, en primer lugar, se precisa que la sentencia que
anula un acto administrativo, como la presente, tiene efectos ex tunc, es decir, hacia
el pasado. Al respecto, conforme a la jurisprudencia de esta corporación, la declaración
de nulidad conlleva una consecuencia restitutoria por la cual, las partes tienen derecho
de «ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

o contrato nulo»47. Así, cuando el acto ilegal es retirado del ordenamiento jurídico, las
situaciones particulares deberían retrotraerse48.

88. Al margen de lo anterior, la Sala considera que en casos como el presente se debe
realizar una interpretación armónica con el artículo 164 numeral 1 literal c) del CPACA,
que prevé que cuando la demanda «[s]e dirija contra actos que reconozcan o nieguen
total o parcialmente prestaciones periódicas […] no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

89. Ahora bien, la Corte Constitucional ha definido el principio de buena fe establecido
en el artículo 83 superior, «como aquel que exige a los particulares y a las autoridades
públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las
actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”49»50, razón
por la que «la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga
la palabra dada”51»52.

90. En este orden de ideas, en el caso bajo estudio, se encuentra que el pago de las
sumas que la Universidad pretende recobrar obedeció al acto particular que ella
expidió para subrogarse voluntariamente en el pago de la diferencia de la mesada
pensional reconocida por el ISS a la señora Luz Elena Henao de Gaviria, sin que
mediara una obligación legal para ello. Tal circunstancia impide considerar que el
mencionado pago ocurrió por una conducta fraudulenta o deliberada de la demandada,
puesto que fue la institución educativa quien asumió la inclusión de las primas de
vacaciones, navidad y semestral en el IBL de la mesada, por medio de la Resolución
núm. 166 del 19 de abril 2006.

91. Sobre el particular, se señala que la Universidad de Antioquia tenía la carga de
acreditar los hechos en virtud de los cuales afirma que la conducta de la accionada
ante la administración fue contraria a los postulados de la buena fe; carga que no fue
atendida por la institución educativa en la medida en que se limitó a reprochar la
inactividad de la parte demandada en solicitar la reliquidación de la pensión, aunque
el mayor valor reconocido obedece a una circunstancia imputable a aquella, cuya
responsabilidad no puede ahora trasladarle a la demandada.

92. Por consiguiente, no se logró desvirtuar la presunción de buena fe que ampara a la
demandada; más aún cuando no se advierte que en el expediente existan elementos
de juicio que acrediten un actuar fraudulento o deliberado por su parte ante la
administración, con el que pretendiera el pago que le fue reconocido.

47 Código Civil, artículo 1746. «La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las

partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato
nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. // […].»
48 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia

del 5 de mayo de 2020, proceso con radicado 08001-33-31-006-2007-00010-01(AP)REV. En el mismo sentido, ver
fallo del 13 de agosto de 2021, Sala Novena Especial de Decisión, proceso con radicado 66001-33-33-001-2012-
00141-01 (AG) REV.
49 Ver sentencia T-475 de 1992.
50
Corte Constitucional, sentencia C-1194 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
51 Ibidem.
52 Corte Constitucional, sentencia C-1194 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

93. Así las cosas, en consonancia con el numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA
y la interpretación armónica referida, la Sala considera que no hay lugar a ordenar la
devolución de las sumas pagadas a la demandada con ocasión del acto administrativo
acusado. Por tal razón, no se accederá a lo solicitado por la parte accionante y se
mantendrá en ese aspecto incólume la sentencia de primera instancia.

3.6. Conclusión

94. A partir del régimen pensional de los servidores públicos con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se concluye que la Universidad de Antioquia
carecía de competencia para asumir el pago de las diferencias de las mesadas
pensionales a favor de la accionada, entre lo que consideraba la institución de
educación superior debía pagarse al pensionado de incluirse todos los factores
salariales devengados en el IBL, y lo que pagaba el ISS por dicho concepto.

95. Por tal motivo se confirmará la sentencia que acertadamente accedió a las
pretensiones de la demanda, aunque se adicionará en el sentido de inaplicar por
inconstitucional la Resolución rectoral núm. 12094 de 1999 expedida por la
Universidad de Antioquia, debido a que el Tribunal no se efectuó un pronunciamiento
expreso sobre el particular.

4. Costas

96. Lapresente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 53 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Inaplicar por inconstitucionalidad la expresión, «[…] y que estén en curso
[…]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en
las consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO. Adicionar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Oralidad, el 11 de marzo de 2024, en el sentido de inaplicar por

53 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son

21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01271-02 (3883-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Luz Elena Henao de Gaviria

inconstitucional la Resolución rectoral núm. 12094 de 1999 expedida por la
Universidad de Antioquia, por las razones expuesta en esta providencia.

TERCERO. Confirmar en lo demás en fallo impugnado.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.