RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2021-01281-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01281-02

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01281-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda promovida por la Universidad de Antioquia en contra del señor Francisco Ovidio Velásquez Gallego, de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva. TERCERO: Sin condena en costas, según las consideraciones expresadas en este fallo. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» y en esta providencia se decide el fondo del asunto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01281-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Francisco Ovidio Velásquez Gallego
Temas: Confirma decisión que accede parcialmente a las súplicas de
la demanda

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por las partes 1 en contra
de la sentencia del 8 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión2, mediante la cual se
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda3

2.1.1. Las pretensiones

2. La Universidad de Antioquia, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA -, solicitó la nulidad de la Resolución 591 de 23 de agosto
de 2001 que ordenó cancelarle al señor Francisco Ovidio Velásquez Gallego
«[…] Pagar el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación
que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce
el Seguro Social, […]».

1 La parte demandante presentó recurso de apelación adhesiva. Índice 9 de la segunda instancia.
2 Con ponencia de la magistrada Beatriz Elena Jaramillo Muñoz.
3Índice2 del Expediente digitalizado. Segunda instancia Archivo «ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip)
NroActua 2».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al señor
Francisco Ovidio Velásquez Gallego a restituir las sumas pagadas con base en
la resolución demandada, desde el 16 de abril de 2001 hasta el 31 de mayo de
2021, que corresponden a la suma de $269´970.216, más los valores que se
generen con posterioridad y hasta que la sentencia se encuentre en firme, esto
es debidamente indexados.

4. Finalmente solicitó que se condene en costas al accionado.

2.1.2. Hechos.

5. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la Universidad de
Antioquia reconocía las pensiones de sus empleados con base en todo lo
devengado, sin efectuar deducción alguna, con base en las Leyes 6ª de 1945 y
4ª de 1966 y los Decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969.

6. Al entrar en vigor el sistema general de pensiones la Universidad de Antioquia
afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales y realizó los aportes
correspondientes ante esa entidad. En virtud del Decreto 2337 de 1996, la
Universidad perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las
pensiones.

7. El señor Francisco Ovidio Velásquez Gallego, estuvo vinculado con la
Universidad de Antioquia desde el 25 de agosto de 1975, como empleado público
hasta el 16 de abril de 2001, fecha en que le fue aceptada su renuncia.

8. El Instituto de Seguros Sociales reconoció al señor Francisco Ovidio Velásquez
Gallego su pensión de jubilación mediante Resolución 05569 el 23 de mayo de
2001, en cuantía mensual de $2´415.276 a partir del 16 de abril de 2001, sin tener
en cuenta en su liquidación las primas de navidad, servicios y vacaciones.

9. Con el objeto de participar en la financiación de la pensión a cargo del Instituto
de Seguros Sociales, la Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago
del bono pensional a su nombre, mediante la Resolución 18128 del 1.° de
diciembre de 2000, por valor de $353´853.000, de los cuales le correspondió a la
Universidad de Antioquia, la suma de $306´274.000, que consignó al ISS.

10. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución 12094 de 1999 en la que
se «subroga» la parte de la obligación no reconocida por el Seguro Social con
los servidores de la Universidad.

11. Atendiendo a lo anterior, la Universidad emitió la Resolución Administrativa
591 de 23 de agosto de 2001, en la que ordenó pagar temporalmente al señor
Francisco Ovidio Velásquez Gallego el valor que resulta de la aplicación del
ingreso base de liquidación que consagra el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

100 de 1993 no reconocido por el Seguro Social hasta que este último lo
reconozca bien motu proprio o por orden judicial.

12. La Universidad de Antioquia ha adelantado trámites ante el Seguro Social y
posteriormente a Colpensiones, tendientes a que la administradora de pensiones
incluyera las primas de navidad, servicios y vacaciones para liquidar la pensión
de los docentes universitarios, con resultado desfavorable.

13. Mediante Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, fue derogada
la Resolución 12094 de 1999, ordenando a la Vicerrectoría resolver las
situaciones de carácter individual y concreto, conforme a los principios, normas
jurídicas y jurisprudencia vigente en la materia.

14. La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 fue demandada por
la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, proceso que fue
conocido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en sentencia del 17 de
octubre de 2013 negó las pretensiones de la demanda, esto con base en que el
ente universitario actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no estaba obligado a mantener en el tiempo el acto
administrativo derogado.

15. La Universidad de Antioquia interpuso diversas demandas contra los actos
administrativos que reconocieron el pago temporal que consagró la Resolución
Rectoral 12094 de 1999, las cuales han generado que el Consejo de Estado se
pronuncie en el sentido de reconocer que el ente educativo no era la autoridad
competente para pronunciarse acerca de la adjudicación del derecho pensional,
por cuanto era obligación del ISS como entidad previsional.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

16. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 48
de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, 10 de
la Ley 4ª de 1992, 1.° del Decreto 1158 de 1994, 18 inciso 3.°, 131 y 151 de la
Ley 100 de 1993, el artículo 5.° del Decreto 1068 de 1995 y 4.° del Decreto 2337
de 1996.

17. En el concepto de violación explicó, en síntesis, que, si bien al demandado le
asiste el derecho a obtener la liquidación de su pensión de vejez, «con inclusión
de la totalidad de los factores devengados», la Universidad no es la autoridad
competente para ello.

18. Según lo indicó, si bien al momento de expedirse la Resolución Rectoral
12094 de 1999 y su reglamentaria 16628 de 1999, no se encontraba vigente el
Acto Legislativo 01 de 2005, éstas adolecen de inconstitucionalidad sobreviniente
por transgredir el contenido del artículo 1.° inciso 6.° de tal reforma constitucional
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

que dispone que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones.

19. Debe tenerse en cuenta el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, según la cual
todo régimen salarial y prestacional que se establezca en contravención de dicha
norma o los Decretos que dicte el Gobierno Nacional carecerá de todo efecto y
no creará derechos adquiridos. Además, el Decreto 1158 de 1994 en su artículo
1.°, señala taxativamente los factores salariales que deben tenerse en cuenta
dentro del IBL, sin que se incluyan primas de navidad, servicios y vacaciones.

20. Asimismo, en sentencia del 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado
rectificó la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de
indicar que el IBL no es un asunto sometido a transición, razón por la que sostiene
que el acto administrativo enjuiciado partió de una premisa equivocada cual era
el derecho a que los empleados de la Universidad adquirieran su derecho
pensional tomando como base todos los factores devengados en servicio.

21. Finalmente insistió en que, en caso de considerarse que los beneficiarios del
régimen de transición sí tienen derecho a que su liquidación pensional incluya
todos los factores, la competencia para su reconocimiento recae en la
administradora de pensiones a que se haya afiliado el empleado.

2.2. Contestación de la demanda

22. El señor Francisco Ovidio Velásquez Gallego4, se opuso a las
pretensiones de la demanda.

23. Según lo indicó, la Universidad de Antioquia comenzó a efectuar cotizaciones
con las respectivas deducciones antes de la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones, pues a pesar que éste entró a regir el 30 de junio de 1995,
para las entidades territoriales, el Consejo Superior Universitario expidió la
Resolución Superior 2035 de enero 26 de 1994, obligando a todos sus servidores,
entre los cuales se encontraba el señor Velásquez Gallego, a realizar aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral.

24. Sostuvo que, si la Universidad de Antioquia no es la entidad competente para
el reconocimiento de las pensiones de quienes fueron sus empleados, sí tiene
obligaciones como empleador al ser el responsable del pago de su aporte y del
aporte de los trabajadores a su servicio, y trasladarlas a la entidad de seguridad
social escogida, como lo señala el artículo 22 de la Ley 100 de 1993. Pero,
además, el empleador es el garante de que aquella entidad, sí pague la pensión
de vejez, en forma correcta.

4 Expediente digitalizado. Índice 5 de la primera instancia.
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

25. Adicional a lo anterior explicó que la Universidad de Antioquia siempre tuvo
la convicción que las pensiones deberían liquidarse teniendo en cuenta todo lo
devengado atendiendo al inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con
base en la postura anterior del Consejo de Estado, por lo que profirió la
Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, soporte del acto demandado
Resolución 591 de 23 de agosto de 2001. Además, en sentencias como la C-
258 de 2013, que se refiere a la Ley 4 de 1992 analiza el régimen de transición
de altos funcionarios del Estado, además, la sentencia SU-210 de 2017 no es
aplicable al caso concreto.

26. Para el abogado, la Universidad de Antioquia veló porque el ISS pagara en
forma correcta la pensión de vejez, para lo cual recibió el dinero suficiente, y en
vista de que no lo hacía, y que se quedó con ese dinero, decidió subrogarse,
como consta en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, en dicha obligación en
forma temporal, hasta que tal entidad asumiera esa obligación por motu proprio
o por decisión judicial, lo que no ha ocurrido hasta ahora, sin que el acto de
subrogación signifique ni constituya un desconocimiento de la ley o
extralimitación de funciones por acción u omisión por el uso indebido de dineros
públicos, lo que, no ha ocurrido en esta oportunidad. Al contrario, lo que ocurrió
con la subrogación, es permitirle al jubilado, recibir su pensión completa, que es
un derecho fundamental.

27. Finalmente precisó que el pensionado actuó de buena fe, pues nunca usó
procedimientos fraudulentos o de naturaleza similar para obtener el pago, sino
que la Universidad de Antioquia, en forma unilateral, libre y consciente adoptó la
decisión de subrogarse en una obligación.

28. Propuso las excepciones de: «conformación del litisconsorcio», «derecho
adquirido», «legalidad del acto impugnado», «falta de causa para pedir», «falta
de tipificación de las causales de nulidad», «inexistencia de la causa invocada»,
«falta de interés», «buena fe del demandado», «mala fe del demandante»,
«violación al principio de progresividad en materia laboral», «violación al derecho
fundamental a la seguridad social» y «prescripción».

2.3. Medida cautelar

29. La entidad demandante solicitó como medida cautelar la suspensión de la
Resolución demandada 591 de 23 de agosto de 2001, que fue decretada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia a través de providencia de 27 de julio de
20215.

30. Al resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandada, esta
Subsección, a través de proveído de 22 de septiembre de 20226 resolvió
5 Índice 17 Expediente digitalizado Segunda instancia Archivo «ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip) NroActua

2».
6 Radicado : 05001-23-33-000-2021-01258-01 (0275-2022).
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

confirmar parcialmente el auto de 27 de julio de 2021, salvo su numeral tercero.
Para ello adoptó la siguiente determinación:

«SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero de la parte resolutiva del auto del 27
de julio de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad, en el que se dispuso: «TERCERO: Se ordena que los
efectos de la suspensión de la prestación pensional, no regirán de manera
inmediata, sino que los mismos entraran (sic) a regir luego de transcurridos seis
meses contados a partir de la notificación de la ejecutoria del presente auto.». En
consecuencia, por no haberse ordenado prestar caución a la parte demandante,
la medida cautelar decretada en el numeral primero de la parte resolutiva del auto
del 27 de julio de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad, se hará efectiva a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.»

2.4. Sentencia de primera instancia7

31. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, en
sentencia proferida el 8 de noviembre de 2022 accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

32. Para ello, se refirió al Decreto 1068 del 23 de junio de 1995, la Ley 30 de
1992 artículo 77, la Ley 4ª de 1992, el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, la
sentencia C- 032 de 2008, el Decreto 2337 de 1996, así como las pruebas
allegadas.

33. A partir de ello, el Tribunal precisó que la competencia radicada en las
universidades para efectuar los mencionados reconocimientos pensionales, cesó
con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que creó el sistema general de
pensiones con el fin de unificar los diferentes regímenes pensionales existentes
y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 151 de la referida Ley 100 de 1993,
el Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel
departamental, municipal y distrital, entró a regir a más tardar, el 30 de junio de
1995.

34. Así mismo, el artículo 4.° del Decreto No 2337 de 1996 determinó las únicas
obligaciones de reconocimiento pensional que quedaban a cargo de los entes
universitarios oficiales, a partir del 30 de junio de 1995 y para el cual se creó un
fondo de pasivo pensional, que solo estará a cargo de reconocer y pagar las
pensiones en favor de los empleados de las universidades, en los siguientes
eventos: i) en favor de los pensionados a su cargo o quienes hubieren cumplido
requisitos para obtener el derecho a pensión con anterioridad al 23 de diciembre
de 1993; ii) en favor de quienes cumplieren requisitos pensionales entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996 y
finalmente; iii) en favor de quienes al 31 de diciembre de 1996 hubieren cumplido
7 Índice 42 Expediente digitalizado Segunda instancia Archivo «ED_ONEDRIVE_1_3112023(.zip) NroActua

2».
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

el requisito de tiempo de servicio pero no hubieren alcanzado la edad necesaria
para obtener el reconocimiento pensional, siempre que no se hubieren afiliado al
sistema general de pensiones bien en el régimen de prima media con prestación
definida o bien en el régimen de ahorro individual. Eventos respecto de los cuales,
habrá de aclararse que no se enmarca la situación particular del demandado.

35. Entonces, a partir de la afiliación del demandado al Sistema General de
Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, realizada a partir del 1.° de julio de
1995, la Universidad quedó subrogada en su obligación de efectuar el
reconocimiento pensional por la entidad a la cual aquel quedó afiliado, en este
caso el ISS, prestación a la cual solo debía contribuir mediante la emisión del
correspondiente bono pensional, a través del cual se efectúa el reconocimiento
de los tiempos servidos con anterioridad a la existencia de aquel régimen.

36. Bajo tal consideración estimó que dada la constitución del Fondo de Pasivo
Pensional señalado en el artículo 4° del Decreto 2337 del 24 de diciembre de
1996, a cargo de la Universidad, solo se encontraban aquellas pensiones de los
servidores que al 31 de diciembre de 1996, hubieran cumplido con los requisitos
para gozar de la pensión de vejez, por lo que, el señor Francisco Ovidio
Velásquez Gallego, no se encontraba bajo alguno de los supuestos señalados
en el artículo 4 .° del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 para considerarse
que le asistía a la Universidad de Antioquia una obligación, comoquiera que nació
el 14 de mayo de 1945 y a 31 de diciembre de 1996 contaba con 51 años, es
decir, no se encontraba dentro de los requisitos para que el fondo de pasivos de
la Universidad de Antioquia le reconociera pensión alguna.

37. En consecuencia, tal prestación estaba a cargo del Instituto de Seguros
Sociales, siendo que la Universidad no podía en todo o en parte, hacerse cargo
de tal reconocimiento, so pena de transgredir las normas que regulan el sistema
general de pensiones.

38. Por tanto, la Universidad de Antioquia, al disponer a su cargo una
«subrogación» pensional con base en una interpretación sobre la forma en que
correspondía reconocer las pensiones a su personal, constituía sin duda una
actuación que excedía su competencia, de tal forma que se logró acreditar que
el acto administrativo demandado adolecía de nulidad, por resultar contrario a las
normas superiores relativas a la determinación de la competencia para el
reconocimiento de la pensión sobre la que versa la subrogación dispuesta por la
resolución demandada.

39. Esa Corporación concluyó entonces que, con la decisión contenida en el acto
administrativo enjuiciado, la entidad lo que hizo fue inmiscuirse en asuntos que
no resultaban de su competencia, disponiendo una interpretación respecto del
régimen pensional a que tenía derecho el docente que no le correspondía por no

835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

tener a su cargo el reconocimiento pensional, por lo que no era dable mantener
dicho reconocimiento.

40. Finalmente estableció que la parte demandante tenía la carga de brindar
elementos de convicción suficientes para demostrar, sin lugar a duda, que la
parte contra quien se adelanta ha incurrido en conductas de mala fe para lograr
la obtención del pago de beneficios prestacionales y como no lo hizo no ordenaría
la devolución de las sumas pues se presumía que habían sido percibidas de
buena fe.

41. Por lo anterior, declaró fundado el impedimento manifestado por la
magistrada Gloria María Gómez Montoya, declaró la nulidad del acto
demandado, negó la pretensión de devolución de las sumas de dinero y se
abstuvo de imponer condena en costas.

2.5. Recurso de apelación.

2.5.1. La apoderada del demandado Francisco Ovidio Velásquez Gallego8
señaló, en síntesis, que tanto en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, por la
cual la Universidad de Antioquia asumió en forma temporal el pago de una
obligación pensional del Instituto de Seguros Sociales como en la Resolución 591
del 23 de agosto de 2001, la universidad no alegó que tiene competencia para
pagar las pensiones a las personas, después del 1.º de enero de 1997, ni
tampoco creó un sistema pensional en la Institución, sino, lo que sucedió es que
ante una situación coyuntural por la negativa del ISS de liquidar correctamente
las pensiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, asumió en forma
temporal la cuota parte faltante que tiene que ver con la inclusión de las primas
en la liquidación de la pensión de vejez.

42. Para el abogado, la Universidad de Antioquia estaba cumpliendo la ley que
le autorizaba pagar por un tercero, para garantizar el respeto de los derechos de
quienes fueron sus empleados, esto porque el tercero se había negado a recibir
las cotizaciones por las primas.

43. Según lo indicó, el ISS le desconoció al pensionado sus derechos para
liquidarle correctamente su pensión de vejez y, por eso, la Universidad de
Antioquia, asumió el pago de la cuota restante, en forma temporal y por la figura
de la subrogación, que se lo permite, jurídicamente. Además, la sentencia de
unificación jurisprudencial del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018,
ratificó la jurisprudencia sobre el régimen de transición, que, en este caso,
beneficia al profesor Francisco Ovidio Velásquez Gallego, a quien le faltaban
menos de diez años para adquirir su derecho pensional el 1.° de julio de 1995,
cuando empezó la vigencia de la Ley 100 de 1993 en la Universidad de Antioquia,
y que según dijo, no se tuvo en cuenta en esta sentencia.

8 Índice 45 correspondiente a la primera instancia.
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

44. Según lo indicó la subrogación permite a quien tenga razones, el pago de la
obligación de un tercero y por ello pese a que la Universidad de Antioquia no
tiene la competencia para pagar pensiones después del 1.º de enero de 1997, el
pago no es una mera liberalidad, cuando en tal circunstancia estaría violando el
artículo 355 de la Constitución Política y posiblemente, incurriendo en una
conducta punible.

45. Por ello, consciente de sus actuaciones el Consejo Superior de la Universidad
de Antioquia, ordenó que, a partir del 1.° de enero de 1994, se hicieran los aportes
para salud y pensión, dictando la Resolución 2035 de 1994, aclarando que las
cotizaciones de 1994 y el primer semestre de 1995 no eran obligatorias
legalmente y el dinero recaudado estaba en manos de la Universidad de
Antioquia.

46. Precisó que la Ley 33 de 1985, para los servidores públicos inscritos en el
orden nacional mantuvo los factores salariales válidos de cotización del Decreto
691 de 1994. Luego, la Ley 100 de 1993, en su inciso tercero del artículo 36,
estableció el régimen de transición, aplicable a los profesores y empleados de la
Universidad de Antioquia. Por eso, la Universidad de Antioquia, antes de la Ley
100 de 1993, jubilaba a sus empleados con todos los factores salariales
devengados el último año de trabajo.

47. Según lo expuso, en un contrato interadministrativo de concurrencia, firmado
por la universidad el 12 de julio de 2002 se pueden apreciar los deberes que ha
cumplido la Universidad de Antioquia para el pago de la pensión de vejez
completa, mediante la figura de la subrogación pero que, a partir del citado
contrato interadministrativo de concurrencia, la cuota parte pensional por las
primas, está a cargo del Fondo del pasivo pensional establecido en la Ley 100
de 1993.

2.5.2. El apoderado de la Universidad de Antioquia 9 presentó apelación
adhesiva en los siguientes términos:

48. Pese a que se accedió a la pretensión principal de anulación de los actos
administrativos atacados en nulidad, el a quo denegó la pretensión subsidiaria de
restablecimiento de derecho consistente en el reintegro de parte del demandado
de las sumas de dinero percibidas en virtud del acto anulado; lo anterior por falta
de pruebas acerca de la mala fe del demandado, carga que le correspondía a la
entidad.

49. Sin embargo, contrario a lo decidido en la sentencia de primera instancia
sobre la pretensión consecuencial de reintegro de sumas pagadas a partir de un
acto administrativo declarado ilegal, denegándola, dicha restitución es

9 Índice 9 de la segunda instancia.
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

procedente comoquiera que la resolución anulada era clara en establecer que el
reconocimiento que a través de la misma se efectuaba era temporal y, en
consecuencia, quedaba sujeto a que el antiguo Instituto del Seguro Social lo
reconociera por voluntad propia o así lo decidiera una sentencia judicial.

50. Téngase en cuenta que la actuación del particular frente a la administración
tratándose de prestaciones periódicas, específicamente su buena fe, no debe ser
valorada únicamente al momento de la expedición del acto administrativo,
máxime si se tiene en cuenta que en este caso, sui generis, se requería la
realización de diferentes actuaciones del demandado, para dar continuidad o no,
al referido pago, por lo cual, su conducta debe ser valorada durante todo el tiempo
en que el acto ha surtido sus efectos.

51. Es así como por tratarse de un indebido reconocimiento de un derecho
pensional, estaba bajo la responsabilidad del demandado el trámite ante el fondo
pensional, pues en virtud de la naturaleza del derecho, era a él a quien
correspondía realizarlo. En este orden de ideas, el demandado incumplió con
esta carga y se limitó a permanecer en el tiempo recibiendo unas sumas que
claramente sabía que no le correspondían.

2.6. Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público.

52. Dentro de esta etapa procesal tanto las partes como el agente del Ministerio
Público guardaron silencio.

53. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Aclaración previa.

54. El consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta10
encontrarse impedido para conocer del presente asunto, por estar incurso en la
causal prevista en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General del Proceso,
pues le asiste interés indirecto en las resultas del proceso, toda vez que ha
suscrito y celebrado contratos con la parte demandante, esto es, la Universidad
de Antioquia, «para dictar cátedra en la Especialización de Derecho
Administrativo en las materias Derecho Procesal Administrativo, Sujeto Jurídico
Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»

55. Al respecto, el numeral 3.° del artículo 131 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece:

10 Índice 18, aplicativo SAMAI, segunda instancia.
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

«3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el
artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a
quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se
fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o
subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra
fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva
sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de
conformidad con el reglamento interno.

56. A su turno, el artículo 141 numeral 1.° del Código General del Proceso
consagra como causal de recusación:

«Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.»

57. Es de resaltar que, dada la taxatividad y el carácter restrictivo de dichas
causales, nada excusa al juez para abstenerse de cumplir los deberes que la ley
le asigna. Por la misma razón, la motivación o los hechos que llevan al funcionario
judicial a declarar el impedimento deben enmarcarse con toda precisión en
alguna de ellas, lo cual obedece, además, a la especificidad con que se
encuentran definidas en la norma.

58. Ahora bien, analizada la causal esgrimida y los argumentos del impedimento
manifestado, esta Sala de decisión lo encuentra fundado, por cuanto se estima
que le asiste un interés indirecto en el resultado del proceso, comoquiera que la
explicación planteada frente a la relación de índole contractual que existe con la
parte demandante es razón suficiente para entender que el objeto del presente
litigio compromete su independencia y/o imparcialidad al momento de resolver el
asunto.

59. Así las cosas, se declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto de la
referencia

3.2. Competencia.

60. Es competente esta Subsección para decidir el recurso de apelación
interpuesto por las partes en contra de la sentencia de 8 de noviembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión,
dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 15011

11«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).

3.3. Problemas Jurídicos.

61. Debe determinar esta Sala de Subsección si ¿en este caso, frente al
reconocimiento de la pensión otorgada por el ISS al señor Francisco Ovidio
Velásquez Gallego, servidor de la Universidad de Antioquia, ésta última era
competente para pagar la diferencia por los factores no incorporados por el ente
de previsión al determinar el IBL pensional respectivo?

62. Si la respuesta al anterior interrogante es negativa, deberá analizarse ¿si es
procedente acceder al reembolso de las sumas pagadas al señor Velásquez
Gallego en virtud del acto administrativo demandado?

3.3.1. Primer problema jurídico. ¿En este caso, frente al reconocimiento de
la pensión otorgada por el ISS al señor Francisco Ovidio Velásquez Gallego,
servidor de la Universidad de Antioquia, ésta última era competente para
pagar la diferencia por los factores no incorporados por el ente de previsión
al determinar el IBL pensional respectivo?

3.3.1.1. Del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de los
servidores públicos bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993.

63. De conformidad con lo señalado por el artículo 7512 del Decreto 1848 de
196913, previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 quien tenía la obligación de
reconocer y de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos era la
entidad de previsión a la que estaba afiliado el servidor o en su defecto, la última
entidad pública empleadora.

64. A través de la expedición de la Ley 100 de 199314 se creó el Sistema General
de Seguridad Social, estableciéndose en la misma la obligatoriedad de afiliar al
sistema a todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos15.

12
«Artículo 75º.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y
pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el
tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la
edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces
cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión […]».
13 Mediante el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
14 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
15 «Artículo 15.- Serán afiliados al sistema general de pensiones:

1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley. Así mismo, los grupos de población que
por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a
través del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales[…]».
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

65. Para la incorporación de los servidores públicos al sistema general de
pensiones, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 691 de marzo 29 de 1994 16,
mediante el cual se integró al referido sistema a los siguientes servidores: a) Los
servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o Distrital, así como de sus entidades descentralizadas; y b) Los
servidores públicos del Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio
Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría
General de la República17.

66. A su vez el Decreto 692 del 29 de marzo de 199418 al reglamentar los temas
relacionados con afiliaciones, cotizaciones, administradoras de pensiones del
Sistema General de Pensiones, definió la entidad competente para el
reconocimiento y pago de las pensiones o demás prestaciones a que hubiere
lugar al señalar lo siguiente:

«Artículo 14. Efectos de la afiliación. La afiliación surtirá efectos a partir del
primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el diligenciamiento
del respectivo formulario.

Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que
haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el
monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que
da lugar al pago de la pensión o prestación correspondiente».

67. Luego, con la expedición del Decreto 1068 del 23 de junio de 1995 19 se
estableció el límite temporal para que los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliaran
para los efectos de cotizaciones en pensión, señalando el parágrafo 2.º de su
artículo 2.º, que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la
Ley 100 de 1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995. Señaló la
referida norma lo que sigue:

«Artículo 2º.- Selección de régimen pensional. Una vez entre a regir el sistema
general de pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los
servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima
media con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros
Sociales, ISS, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado
por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, AFP, autorizadas
por la Superintendencia Bancaria.

Los servidores públicos que elijan afiliarse o trasladarse al Instituto de Seguros
Sociales o al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán proceder de
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de este Decreto.

16 Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras

disposiciones.
17 Ver artículo 1 del decreto citado.
18 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
19 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles

departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la
declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel
territorial.
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

Parágrafo 1º.- Los servidores públicos que ingresen al servicio con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones y elijan el régimen
solidario de prima media con prestación definida, deben afiliarse al Instituto de
Seguros Sociales.

Parágrafo 2º.- Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y
pagadas por las entidades empleadoras, deberán afiliarse a cualquiera de los
dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 a más tardar el 30 de junio de
1995».

68. Ahora bien, es de recodar que el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 estableció
la creación de los fondos para pagar el pasivo pensional universidades oficiales
y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Esto
en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 131.Fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades oficiales
y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Cada
una de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial,
departamental, distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo
pensional contraído a la fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un
monto igual al valor de dicho pasivo que no esté constituido en reservas en las cajas
de previsión, o fondos autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras
cotizaciones que las instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar
según lo previsto en la presente Ley, en aquella parte que corresponda a
funcionarios, empleados o trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la
vigencia de la presente Ley.

Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución.
Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que
aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la
respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el
promedio de los 5 últimos presupuestos anuales, anteriores al años de iniciación de
la vigencia de la presente Ley.

Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que
se redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales
de acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de
conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno
Nacional.

Dentro del años siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, las
universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo,
elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio
de Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que
representen los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los
2 primeros años de la vigencia de la presente Ley.
[…]».

69. Posteriormente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 199620 que tuvo por
objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación
superior de naturaleza territorial, fue específico en atender lo dispuesto en el

20 Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1299 de 1994.
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

Decreto 1068 de 1995, ya citado, respecto del marco temporal con que contaban
los servidores públicos en afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales
contemplados en la Ley 100 de 1993, al consagrar lo siguiente en el parágrafo
1.º del artículo 2.º del referido decreto:

«Parágrafo 1º. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas instituciones que
reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de los dos
regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado a más
tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades territoriales,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995». (Negrillas fuera de
texto).

70. El citado decreto estableció en su artículo 4.° algunos eventos en que los
fondos de pasivo pensional, constituidos como una cuenta especial de las
universidades oficiales e instituciones de educación superior de carácter
oficial y naturaleza territorial, debían asumir el pago de las prestaciones allí
descritas. Estos son:

« 1. El pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener
derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo
con el régimen pensional vigente, antes del 23 de diciembre de 1993.

2. El reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva
institución, según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de
1996.

3. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía
rigiendo, siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones.

4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente y
trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad
administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con
los artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993, los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994
y sus decretos reglamentarios.

La expedición de los bonos pensionales se hará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 119 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que el servidor público, trabajador
oficial y personal docente, únicamente haya tenido vinculación contractual, legal y
reglamentaria con la respectiva universidad o institución, tendrá derecho a que dicha
institución efectúe la emisión del bono pensional, de acuerdo con la reglamentación
para el efecto.

835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

5. El pago de la cuota parte correspondiente de conformidad con lo establecido en
los Decretos 1299 y 1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación
superior a la cual hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para
contribuir a la entidad emisora del bono.

6. El pago de las obligaciones pensionales extralegales, válidamente definidas o
pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993,
así como el pago de las obligaciones correspondientes a la pensión compartida con
el ISS cuando a ella haya lugar.
[…]». (Negrilla de la Sala).

71. En este orden de ideas, después de la entrada en vigencia de los regímenes
pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993, los entes universitarios de
carácter oficial perdieron competencia para el reconocimiento de pensiones de
sus servidores y, por virtud de la afiliación obligatoria de los servidores públicos
al Sistema General de Pensiones y de acuerdo con lo consagrado en el artículo
14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, quien debe efectuar el
reconocimiento respectivo es la administradora de pensiones que hubiere
recibido o le correspondiese recibir las cotizaciones del período en el cual
ocurriere el siniestro o hecho que diera lugar al pago de la prestación
correspondiente, esto es, sin perjuicio de los escenarios descritos en el artículo
4.° del Decreto 2337 de 24 de diciembre de 1996, norma que sólo en los casos
allí descritos impone la obligación a cargo del fondo pensional.

3.3.1.2. Caso concreto

72. En el sub lite se encuentra demostrado lo siguiente:

• A través de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la
Universidad de Antioquia decidió «[s]ubrogarse en la parte de la
obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con
los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al
momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años
para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al
inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de
Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la
misma». En su artículo segundo el citado acto dispuso:

«En consecuencia, se reajustarán las pensiones que ha reconocido el Instituto
de Seguros Sociales a los servidores referidos y a los que a partir de la fecha
les reconozca la pensión, en el porcentaje que dicha Entidad no cancela
conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, sobre
el derecho que tienen, con base en las primas de navidad, de vacaciones y
semestral, que constituyen factor salarial.»21.

21 Índice 2 de la segunda instancia, archivo one drive, carpeta 5 pruebas.

835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

• Por medio de la Resolución Administrativa 16628 del 11 de julio de 1999,
se reglamentó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo del mismo
año22.
• Según copia de la cédula de ciudadanía23 del señor Francisco Ovidio
Velásquez Gallego nació el 17 de mayo de 1945, por lo que cumplió los
55 años de edad el 17 de mayo de 2000.
• Según acta de posesión aportada24, el señor Velásquez Gallego se
posesionó como docente de la Universidad de Antioquia el 19 de
septiembre de 1975 y presentó su renuncia25 a la entidad a partir del 16
de abril de 2001.
• Al señor Francisco Ovidio Velásquez Gallego le fue reconocida la pensión
de jubilación por parte del ISS mediante Resolución 05569 de 23 de mayo
de 200126, por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, con efectividad a partir del 16 de abril de 2001, en cuantía de
2´415276, con base en 1300 semanas y con un 75% sobre el ingreso
base de liquidación correspondiente a $3´220.367. No se indicaron los
factores salariales incluidos en la liquidación pensional.

• De igual manera se advierte que la Universidad de Antioquia mediante la
Resolución 591 de 23 de agosto de 200127 ordenó pagarle temporalmente
al señor Velásquez Gallego el valor que resulta de la aplicación del ingreso
base de liquidación del inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
que dijo, no reconoció el ISS, por la no inclusión de las primas de navidad,
vacaciones y servicios:
«[…]

[…]».
Esto en cumplimiento de la Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999,
proferida por el ente educativo, a través de la cual se subrogó en parte de
dicha obligación:

«ARTICULO PRIMERO: Pagar el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de
liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no

22 Ibidem.
23 Ibidem. Folio 15.
24 Folio 5 ibidem.
25 Folio 7 ibidem.
26 No se allegó la Resolución 05569 de 23 de mayo de 2001. Esta información se extrae de la Resolución

00680 de 31 de enero de 2002 visible en el folio 20, ibidem.
27 Ibidem. Archivo «06CertificadoFranciscoGallego.pdf», folios 3 y 4.
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

reconoce el Seguro Social, al señor FRANCISCO OVIDIO VELÁSQUEZ GALLEGO,
identificado con cédula de ciudadanía 8.257.529, así:

Para un total de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS $2.548.881, del cual se descuentan los
aportes por salud equivalentes a la suma de TRESCIENTOS CINCO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS $305.866, correspondientes al 12%, para un
desembolso neto de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINCE
PESOS $2.243.015
EL valor de la subrogación e incrementará anualmente, según lo establecido en la Ley
100 de 1993, hasta que el Seguro Social lo reconozca, bien motu proprio, o por orden
judicial
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario deberá diligenciar y presentar la petición de
reliquidación del monto de la pensión ante el Instituto de Seguros Sociales y acreditar
copia de dicha presentación y de los recursos ante la Universidad como condición para
hacer efectivo el reconocimiento.
[…]».

• Finalmente, a través de la Resolución Rectoral 35823 de 17 de octubre de
201228, la Universidad de Antioquia decidió derogar la Resolución 12094
de 4 de mayo de 1999 y ordenó a la Vicerrectoría Administrativa resolver
las situaciones jurídicas de carácter individual y concreto creadas a partir
de la expedición de la Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999.

73. Las pruebas allegadas demuestran que el señor Francisco Ovidio Velásquez
Gallego cumplió la edad pensional (55 años exigidos en la Ley 33 de 1985), por
lo que, para el 31 de diciembre de 1996 contaba con 51 años.

74. Ahora bien, el numeral 3.° del artículo 4.° del Decreto 2337 del 24 de
diciembre de 1996 señala que el fondo de pasivo pensional cuenta con la
obligación de reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados
públicos, trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el
tiempo de servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad
señalada para adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que
los venía rigiendo, escenario en el cual se encontraría el señor Velásquez Gallego
pues cumplió 20 años de servicios el 19 de septiembre de 1995. Sin embargo, la
norma exige al docente no estar afiliado a alguna de las Administradoras del
Sistema General de Pensiones, evento que no se cumple en el sub lite
comoquiera que fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales desde julio de 1995,
como se aprecia en la planilla aportada a folio 1629, fecha desde que empezó a
realizar sus aportes pensionales.

75. Es decir, no se encontraba dentro de los requisitos para que el fondo de
pasivos de la Universidad de Antioquia le reconociera pensión alguna y por tanto,
la Universidad de Antioquia no tenía competencia para reconocer a favor del

28 Índice 2 de la segunda instancia, archivo one drive, carpeta 5 pruebas.
29 Índice 2 de la segunda instancia, archivo one drive, Archivo «06CertificadoFranciscoGallego.pdf»
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

señor Francisco Ovidio Velásquez Gallego un mayor valor en su ingreso base de
liquidación, como lo hizo a través de la Resolución 591 de 23 de agosto de 2001,
al ser obligación del ISS asumir dicho reconocimiento, como entidad
administradora de las cotizaciones realizadas por el demandado y en atención a
lo dispuesto en el parágrafo 2.° del artículo 2.º del Decreto 1068 de 1995, norma
que exigía que el docente, en su condición de servidor público de la Universidad
de Antioquia, fuese afiliado al Sistema General de Seguridad Social en junio de
1995.

76. En este sentido a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación era el ISS, que finalmente,
reconoció la pensión de jubilación a través de la Resolución 05569 de 23 de mayo
de 2001, por lo que, era dicha entidad ante quien debió el pensionado reclamar
eventuales reajustes pensionales conforme al régimen pensional aplicable, por lo
que no era plausible que la Universidad de Antioquia asumiera los pagos
señalados, ante el erróneo convencimiento de que asumía una obligación del
ISS.

77. Así entonces advierte la Sala que le asistió razón al Tribunal Administrativo
de Antioquia al declarar la nulidad de la Resolución demandada.

3.3.2. Segundo problema jurídico. ¿Es procedente acceder al reembolso de
las sumas pagadas al señor Velásquez Gallego en virtud del acto
administrativo demandado?

78. Dado que en la apelación adhesiva se pidió la devolución de las mesadas
pagadas al demandado, es necesario analizar la normativa relativa a esta
pretensión.

79. En el literal c, del numeral 1, del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se estableció lo siguiente:

«[…]
c) (…) Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe; […]».

80. En relación con el principio de buena fe, es preciso tener en cuenta que fue
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes
términos:

«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

81. En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional
Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales:
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 19
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

82. El primer elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe, lo
que implica un límite a los derechos de los particulares, quienes no pueden
abusar del ejercicio de las prerrogativas que el ordenamiento les reconoce, y
además, sirve de barrera para evitar la desviación de poder de las autoridades.

83. El segundo elemento, se encuentra en la presunción de buena fe en la
actuación de los particulares, la cual se justificó en los siguientes términos:

«Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia
ha sido sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta
concepción negativa ha permeado todo el sistema burocrático
colombiano, el cual, so pretexto de defenderse del asalto siempre mal
intencionado de los particulares, se ha convertido en una fortaleza
inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones privadas,
enredadas en una maraña de requisitos y procedimientos que terminan
por aniquilar los derechos sustanciales que las autoridades están
obligadas a proteger»30.

84. En relación con este principio la Corte Constitucional ha señalado:

«[…] bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el
Constituyente que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo
mismo, mientras no obre prueba en contrario, la presunción de la buena fe
que protege las actuaciones de los particulares se mantiene incólume. En
cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la
mala fe. Sencillamente, que el margen de la presunción que favorece a los
particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y el principio de legalidad
que nutre la producción de los actos administrativos. Por consiguiente,
podría decirse entonces que la presunción de buena fe que milita a favor de
los particulares, en la balanza Estado-administración hace las veces de
contrapeso institucional de cara a los principios de constitucionalidad y
legalidad que amparan en su orden a la ley y a los actos administrativos»31.

85. Esta Subsección considera que el argumento de la entidad apelante no goza
de vocación de prosperidad ya que, se entiende que, para los efectos de la
devolución de prestaciones pagadas de buena fe, no basta con que el particular
haya recibido unas sumas que no encuentran fundamento en una norma jurídica,
pues es necesario que haya acudido a una maniobra fraudulenta o deshonesta
con la cual se haya inducido en error a la administración32.

30Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe.

Autores: Alvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 19, marzo 11
de 1991. p. 3.
31 Corte Constitucional, sentencia C – 840 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Jaime Araújo

Rentería.
32 En este sentido véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 14 de febrero de 2019, expediente 3096-16, magistrado ponente: William Hernández Gómez;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de marzo de
2000, expediente 12.971, magistrado ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda.
835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 20
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

86. Significa lo anterior, conforme al desarrollo del principio de buena fe, no basta
con que el pago no sea acorde con el ordenamiento jurídico, sino que es
necesario que medie una maniobra deshonesta o con falta de lealtad respecto
del Estado.

87. Dado que en este caso no se discute que el señor Velásquez Gallego actuó
en los citados términos, sino la falta de competencia de la Universidad para
asumir una obligación que no le correspondía, se estima que el señor Velásquez
Gallego no debe hacer devolución de las sumas percibidas en virtud del acto
demandado, como bien lo estimó el Tribunal.

88. Finalmente es de señalar que el apoderado del demandado señaló que en
este caso debió analizarse el tema de los aportes efectuados por el docente sobre
todos los fatores salariales percibidos y que fueron debidamente trasladados por
la Universidad de Antioquia al Instituto de Seguros Sociales. Sin embargo, es de
señalar que nos encontramos en el marco de un proceso de lesividad promovido
por la Universidad de Antioquia, quien cuestionó la legalidad del acto
administrativo que ella misma profirió y donde asumió una obligación que
consideró le correspondía al ISS.

89. En ese sentido realizar un pronunciamiento al respecto, como lo solicita la
apoderada del señor Velásquez Gallego, escapa de la competencia que le asiste
a la segunda instancia, que debe ir en conjunción con el marco de la demanda y
la naturaleza del asunto que se discute.

3.4. De la condena en costas en segunda instancia

90. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de
fundamentación jurídica para imponerlas, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones jurídicas que
respaldan sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.

91. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 21
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01281-02 (0805-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de noviembre de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, mediante
la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda promovida por la
Universidad de Antioquia en contra del señor Francisco Ovidio Velásquez
Gallego, de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva.

TERCERO: Sin condena en costas, según las consideraciones expresadas en
este fallo.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Impedido
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

835

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 22
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.