Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01289-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2021-01289-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01289-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01289-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
8 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 05001-23-33-000-2021-01289-02 (2725-2024)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandada : Genarina Martina Escovar Velásquez
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Subrogación de obligación
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana
demandada contra la sentencia del 18 de marzo de 20241, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1.1. Pretensiones
La Universidad de Antioquia, mediante apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
para solicitar la nulidad de la Resolución 567 del 3 de septiembre de 2007, por
medio de la cual ordenó pagar a la ciudadana demandada el valor de la
diferencia no reconocida por el Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS)
1
Sala conformada por los magistrados: Susana Nelly Acosta Prada, Jhon Jairo Álzate López y Jorge León Arango
Franco
2
Samai 00002
2
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
al determinar el ingreso base de liquidación de su pensión de vejez en
aplicación del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 17 de
agosto de 2004.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al accionado
restituir las sumas pagadas con ocasión del reconocimiento efectuado a través
del acto administrativo demandado, por valor de $233.904.201 desde el 17 de
agosto de 2004 y el 31 de mayo de 2021.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:
PRIMERO: La señora GENARINA MARTINA ESCOVAR VELÁSQUEZ, estuvo
vinculada con la Universidad de Antioquia interrumpidamente, desde el 31 de julio de
1972, como empleada pública, hasta el 26 de diciembre 2000, fecha en que le fue
aceptada su renuncia.
SEGUNDO: Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la Universidad de
Antioquia, sin efectuar deducción alguna, reconocía las pensiones de sus empleados
con base en todo lo devengado, teniendo como referentes normativos las Leyes 6ª de
1945 y 4ª de 1966 y los Decretos 1743 de 1966 (reglamentario de la Ley 4 de 1966) y
1848 de 1969.
TERCERO: Con la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, artículo 151
de la Ley 100 de 1993, la Universidad de Antioquia afilió a todos sus empleados al
Instituto de Seguros Sociales, por quienes realizó los aportes correspondientes a la
mencionada entidad en relación a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Así mismo,
en virtud del Decreto 2337 de 1996, mi poderdante perdió competencia para continuar
asumiendo el pago de las pensiones.
CUARTO: De conformidad con el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
la Universidad de Antioquia tenía la firme convicción que todo aquel que se encontrara
en régimen de transición y que a la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones le hiciera falta menos de diez (10) años para adquirir la pensión de vejez, el
Seguro Social le debía reconocer la prestación económica con base en todo lo
devengado, incluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones, lo cual entendía
como una excepción a la regla general contenida en el artículo 33 de la misma Ley,
según la cual las pensiones se liquidaban sobre los mismos factores que sirvieron de
base para calcular las cotizaciones.
QUINTO: Con el objeto de participar en la financiación de la pensión de vejez de la
señora GENARINA MARTINA ESCOVAR VELÁSQUEZ, a cargo del SEGURO SOCIAL,
ahora COLPENSIONES; la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA reconoció y autorizó el
pago del bono pensional a su nombre, mediante la Resolución Administrativa 022 del
24 de enero de 2001 por valor de $341.146.000, que consignó a la entidad
pensionadora, esto es, al Seguro Social.
SEXTO: El Instituto de Seguros Sociales como entidad competente para dicho efecto,
le reconoció la prestación económica de vejez a la señora GENARINA MARTINA
ESCOVAR VELÁSQUEZ mediante Resolución 15595 del 23 de noviembre de 2001, en
cuantía mensual de $2.185.033, a partir del 26 de diciembre de 2000, sin tener en
cuenta en su liquidación las primas de navidad, servicios y vacaciones
SÉPTIMO: Ante el desconocimiento del Seguro Social, de la inclusión en la liquidación
de la pensión de vejez de las primas de navidad, servicios y vacaciones, la Universidad
de Antioquia expidió la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la cual
dispuso en sus artículos 1º y 3°:
“ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad, en régimen de
3
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez
años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del
artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio,
o por orden judicial, asuma la misma.
(…)
ARTÍCULO TERCERO: La Universidad continuará con las acciones administrativas y
judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de Seguros Sociales asuma debidamente
su obligación.”
OCTAVO: La Resolución Rectoral 12094 de 1999, fue reglamentada por la Resolución
Administrativa 16628 de 1999, la cual estableció como sus destinatarios, los empleados
públicos docente y no docentes de la Universidad, que al momento de entrar en vigencia
el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir el derecho a la pensión, y que
ésta no les fuera reconocida teniendo en cuenta el promedio de lo devengado por el
servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. NOVENO: Además, con sustento en la Resolución Rectoral 12094 y la Resolución
Administrativa 16628, ambos actos administrativos generales expedidos en 1999, la
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA emitió la Resolución Administrativa 567 del 3 de
septiembre de 2007 en la que ordenó: ARTÍCULO PRIMERO: Pagar temporalmente el valor que resulta de la aplicación del
Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y no reconoce el Seguro Social a la señora GENARINA MARTINA ESCOVAR
VELÁSQUEZ, identificada con la cédula de extranjería nro. 101.394, así:
…
DÉCIMO: Los pagos efectuados por la Universidad de Antioquia a la señora GENARINA
MARTINA ESCOVAR VELÁSQUEZ desde el 26 de diciembre de 2000 hasta el 31 de
mayo de 2021, ascienden a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS CUATRO
MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($233.904.201), tal como consta en el certificado
expedido por la Universidad de Antioquia el 1 de junio de 2021. UNDÉCIMO: La Universidad adelantó diversos trámites ante el Seguro Social, y
posteriormente ante Colpensiones, tendientes a que la administradora de pensiones
incluyera las primas de navidad, servicios y vacaciones en la liquidación de la pensión
de los servidores universitarios, que cumplían lo preceptuado en el artículo 36, inciso
tercero, de la Ley 100 de 1993; cuyo registro documental se relaciona a continuación:
…
DÉCIMO SEGUNDO: La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue demandada por la
Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, cuya demanda correspondió
por reparto al Tribunal Administrativo de Antioquia, con radicado 2009-01178, M.P. Juan
Guillermo Arbeláez Arbeláez, quien en sentencia del 10 de octubre de 2013 indicó que
la Resolución atacada no estaba creando discriminación, sino que ofrecía un
tratamiento igualitario a un grupo de personas que se encontraban en los supuestos
fácticos establecidos en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siendo
justificable para la época en que se profirió la Resolución, la interpretación de la
Universidad. La referida providencia fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda -
Subsección B, mediante sentencia del dieciséis (16) de abril de 2015, con ponencia de
la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez. DÉCIMO TERCERO: Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012,
se derogó su similar 12094 del 4 de mayo de 1.999, “por la cual la Universidad se
subroga en una obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1.993”, estableciendo
en su artículo segundo la orden a la Vicerrectoría Administrativa de resolver las
situaciones de carácter individual y concreto, creadas a partir de la Resolución 12094
antes mencionada, conforme a los principios, normas jurídicas y jurisprudencia vigentes
en la materia. DÉCIMO CUARTO:
La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, fue
demandada por la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, proceso
que fue de conocimiento del Tribunal Administrativo de Antioquia, con radicado 2012-
00945, M.P. Beatriz Elena Jaramillo, quien en sentencia del 17 de octubre de 2013 negó
las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la Universidad actuó con mera
4
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
liberalidad al subrogarse en un deber que no le correspondía, por lo que no está
obligada a mantener en el tiempo el acto administrativo.
[…]
1.2. Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política, artículo 48; adicionado por el Acto Legislativo 01
de 2005; Ley 4 de 1992, artículo 10; Decreto 1158 de 1994, artículo 1; Ley 100
de 1993, artículos 18, inciso 3º; 131 en concordancia con el Decreto 2337 del
1996, artículo 4º y 151, concordante con los Decretos 1068 de 1995, artículo
5, y el Acto Legislativo 01 de 2005.
Frente al concepto de violación, señaló que, existe el derecho a obtener en la
liquidación de la pensión de vejez, la inclusión de las primas de navidad,
servicios y vacaciones. Así, si al momento de expedirse la Resolución rectoral
12094 del 4 de mayo de 1999, por la cual la Universidad se subroga en una
obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1.993,
estableciendo en su artículo segundo la orden a la Vicerrectoría Administrativa
de resolver las situaciones de carácter individual y concreta, creadas a partir
de la Resolución 12094 antes mencionada, conforme a los principios, normas
jurídicas y jurisprudencia vigentes en la materia.
De este modo, los pronunciamientos judiciales emitidos hasta la fecha han
dejado claro que la Universidad de Antioquia no está obligada a cubrir esa
parte de la pensión en la que inicialmente se subrogó temporalmente y, por
ende, está legitimada para demandar la nulidad de la Resolución
Administrativa que ordenó pagar temporalmente el valor que resulta de la
aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del
artículo 36 de la ley 100 de 1993.
1.3. Suspensión provisional3
La parte actora solicitó la suspensión provisional de la resolución acusada al
considerar que vulneraba el artículo 48 de la Constitución Política, modificado
3
Samai 00002
5
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
por el artículo 1 numeral 6, el Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 4ª de 1992,
artículo 10, Ley 30 de 1992, artículo 77, Ley 100 de 1993, artículos 18 inciso 3
y 228, Decreto 1158 de 1994, artículo 1; al interpretar de manera errónea el
contenido del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Sostuvo que, no es la entidad competente para el reconocimiento realizado
por la Resolución 567 del 3 de septiembre de 2007, pues de conformidad con
los artículos 5, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el
Decreto 1068 de 1995, y el Decreto 2337 de 1996, que asignan la competencia
para el reconocimiento de las pensiones, la misma le corresponde a la
administradora de pensiones, a la que se encontrara afiliado el empleado, en
este caso el Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 6 de julio de 2021,
negó la suspensión provisional del acto administrativo censurado.
Esta providencia fue revocada por esta Subsección mediante providencia del
22 de junio de 2023.
1.4 Contestación de la demanda4
La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda. Enrostró que no le asiste razón jurídica procesal para reclamar la
nulidad de su propio acto administrativo, el cual se expidió conforme al
principio de legalidad en vía administrativa, estando el reconocimiento del
derecho y los pagos que se derivaron del mismo acorde y en consonancia con
lo estipulado en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, en la ley
vigente en la materia, la cual además de ser especialísima, es de orden público
y de estricto cumplimiento, tanto para los particulares como para las entidades
y empleados públicos.
Propuso como excepciones: indebida integración del litisconsorcio, temeridad,
justo título y buena fe por parte de la demandada, actuación de funcionario
conforme a las exigencias de Ley, firmeza, ejecutoriedad y obligatoriedad de
4
Samai 00002
6
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
la Resolución 567 del 3 de septiembre de 2007, inexistencia de fundamentos
jurídicos que soporten la nulidad del acto administrativo demandado,
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, incumplimiento
del procedimiento señalado por la demandante en el acto administrativo
demandado, prescripción, imposibilidad de condena en costas y genérica.
1.5 La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 18 de marzo
de 2024, decidió:
[…]
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución N° 567 del 3 de
septiembre de 2007 a través de la cual se ordenó un pago en favor de la
señora Genarina Martina Escovar Velásquez, conforme las consideraciones de
esta decisión.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: En firme esta providencia archívese el expediente. […]
Los argumentos expresados por el tribunal fueron los siguientes:
Endilgó que la entidad demandante se inmiscuyó en asuntos que no
resultaban de su competencia, disponiendo una interpretación respecto del
régimen pensional a que tenía derecho la demandante que no le correspondía
por no tener a su cargo el reconocimiento pensional, no es dable mantener
dicho reconocimiento en el tiempo bajo la teoría de los derechos adquiridos.
Por estos aspectos se declarará la nulidad del acto demandado contenido en
la Resolución N° 567 del 3 de septiembre de 2007 y se negará la pretensión
relativa al restablecimiento del derecho.
1.6. El recurso de apelación5
La ciudadana demandada interpuso el recurso de apelación pues alega que:
<< en el contexto del precedente jurisprudencial progresivo de esta Alta
Corporación Judicial contexto del derecho pensional adquirido por la persona
5
Samai 00060 otras corporaciones
7
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
demandada desde hace 20 años, revoque la sentencia de primera instancia
en lo desfavorable para mi representada y en su lugar, se declare la Legalidad
de la Resolución Administrativa 567 del 3 de septiembre de 2007 y se ordene
a la Universidad de Antioquia continuar cancelando la subrogación a la
profesora GENARINA MARTINA ESCOVAR VELASQUEZ en razón a su
derecho pensional adquirido de buena fe.>>
Por lo anterior, solicita que se revoque el fallo impugnado.
1.7 Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021
Con auto de 18 de junio de 20246, el consejero sustanciador admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
La Sala se pronunciará sobre los argumentos expuestos con el recurso de
apelación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar (i) si la Universidad de
Antioquia carecía de competencia para reconocer en favor de la ciudadana
demandada la diferencia resultante entre lo pagado por Colpensiones por
concepto de pensión de jubilación y lo calculado por aquella si esta
administradora de pensiones hubiese tenido en cuenta en el ingreso base de
liquidación pensional la totalidad de los factores salariales devengados por su
6
Índice 00004 SAMAI
8
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
trabajadora.
Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos
2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2.; Hechos probados; y 2.3. Solución
al caso concreto.
2.3. Marco normativo
2.3.1. Competencia para el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación de los servidores públicos en la Ley 100 de 1993
El Decreto 1848 de 1969 radicaba la obligación de reconocer y pagar la
pensión de jubilación a los servidores públicos en cabeza de la entidad de
previsión a la que se encontraba afiliado el servidor o, en su defecto, la última
entidad pública empleadora.
Más adelante, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se creó el
Sistema General de Seguridad Social, que estableció la obligatoriedad de
afiliar a este a todas las personas vinculadas por contrato de trabajo o como
servidores públicos. Para estos últimos, el Decreto 691 del 29 de marzo de
1994 dispuso incorporar al Sistema General de Pensiones a los siguientes
servidores públicos:
«a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;
b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el Ministerio
Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría General
de la República».
Posteriormente, el Decreto 692 de 1994 precisó que la entidad competente
para el reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones del
Sistema General de Pensiones sería la administradora; y el Decreto 1068 de
1995 estableció que a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos
del orden departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los
dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de
cotización a pensión.
9
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
Finalmente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 fijó el régimen
general para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial y ratificó lo dispuesto en el Decreto 1068 de 1995.
En conclusión, para el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos debían
estar afiliados al Sistema General de Pensiones, por lo tanto y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, le corresponde a la
administradora de pensiones recibir las cotizaciones del período en el cual
ocurre el siniestro o hecho que da lugar al pago de la prestación
correspondiente, y reconocerla o reliquidarla según sea el caso.
2.4. De lo probado en el proceso7
Obran en el expediente los siguientes documentos:
1. Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999, expedida por la institución
universitaria que se subrogó en una obligación del ISS en relación con la parte
que le correspondía asumir en favor de los servidores de la entidad
beneficiarios del régimen de transición que al momento de entrada en vigor el
Sistema General del Pensiones les faltaba menos de diez (10) años para
adquirir el derecho; y que, por tanto, debía habérseles liquidado las pensiones
de vejez con el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
conforme lo indica el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
«ordenó el ajuste de las pensiones que ya habían sido reconocidas por el
Instituto de Seguros Sociales a los servidores que se encontraban en la
situación descrita y a quienes les fuera otorgado el derecho a partir de la fecha
de emisión de la resolución rectoral, de ahí que se consideraran las primas de
navidad, vacaciones y semestral como factor computable en la base de
liquidación».
2. Resolución 16628 de 25 de junio de 1999, a través de la cual la institución
demandante reglamentó la resolución anterior.
7
Samai 00002
10
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
3. Resolución 35823 de 17 de octubre de 2012, de la accionante que derogó
la 12094 de 04 de mayo de 1999, “por haber emergido varias decisiones
judiciales en las que se declaró la inexistencia de la obligación de parte del
Instituto de Seguros Sociales para liquidar las pensiones de vejez con inclusión
de todo lo devengado por los servidores públicos beneficiados con el régimen
de transición que les faltaren menos de diez (10) años para pensionarse”.
4. Certificado de pagos emanado de la Universidad de Antioquia del 2 de junio
de 2021, en donde certifica que la señora Genarina Martina Escovar
Velásquez, recibió por concepto de subrogación entre el 17 de agosto de 2004
y el 31 de mayo de 2021, la suma de $ 233.904.201.00.
5. Resolución 567 del 3 de septiembre de 2007 emitida por la Vicerrectoría
Administrativa de la Universidad de Antioquia, por medio de la cual dispuso el
pago temporal que resultaba de la aplicación del IBL que consagra el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que no fue reconocido por el
ISS a la demandada a partir del 17 de agosto de 2004, hasta que éste lo
asumiera muto propio o por orden judicial.
6. Solicitud del 21 de agosto de 2001 del Vicerrector administrativo de la
universidad al ISS, para que se reconociera y pagara a los empleados públicos
docentes y no docentes de la universidad la pensión en los términos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
7. Respuesta del ISS, por Oficio DNC 01148 del 25 de febrero de 2002.
8. Solicitud del rector de la Universidad a Colpensiones para que reliquidara a
los empleados públicos de la institución del 19 de noviembre de 2012.
9. Respuesta de Colpensiones sobre la solicitud de reliquidación de pensiones
a los funcionarios de la universidad, de fecha 4 de febrero de 2013.
10. Acta de reunión del 12 de mayo de 2015 entre la gerencia de Colpensiones
y la rectoría de la Universidad de Antioquia, con el fin de definir la reliquidación
11
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
de las pensiones del personal de la universidad, que se encontraba en régimen
de transición y le hacía falta menos de 10 años para pensionarse.
11. Hoja de vida de la ciudadana demandada con fotocopia de los siguientes
documentos: certificado de nacimiento; examen médico; Resolución 567 del 3
de septiembre de 2007.
2.5. Solución al caso concreto
La parte actora solicita la nulidad del acto administrativo por medio del cual
ordenó pagarle a Genarina Martina Escovar Velásquez el valor de la diferencia
no reconocida por el ISS, hoy Colpensiones, al determinar el ingreso base de
liquidación de su pensión de vejez en aplicación del inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a partir del 17 de agosto de 2004.
El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del acto acusado al
considerar que la Universidad se inmiscuyó en asuntos que no resultaban de
su competencia, disponiendo una interpretación respecto del régimen
pensional a que tenía derecho la demandante que no le correspondía por no
tener a su cargo el reconocimiento pensional, no es dable mantener dicho
reconocimiento en el tiempo bajo la teoría de los derechos adquiridos.
La ciudadana demandada interpone recurso de apelación al estimar que en la
medida que se ordenó pagarle a la señora Genarina Martina Escovar
Velásquez, el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de
Liquidación que consagra el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a
partir de principios de orden superior como el de favorabilidad y derechos
adquiridos, refrendados a través del precedente obligatorio unificado por el
Consejo de Estado.
Que lo precedente, en el contexto normativo y jurisprudencial actual, ha
indicado que la Universidad de Antioquia no se ha equivocado al velar por el
bienestar de sus trabajadores, hoy pensionados del Instituto de Seguros
Sociales y de COLPENSIONES, pues, así como lo indicó en la Resolución
12
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
Administrativa 567 del 3 de septiembre de 2007, lo interpretó el Consejo de
Estado en sus reiterativos fallos por más de 25 años, al señalar “el
entendimiento que para todos aquellos beneficiarios de Ley 33 de 1985, sus
pensiones deben ser liquidadas con el promedio de TODO LO DEVENGADO
en el último año de servicios”, imponiendo como obligación correlativa a las
entidades públicas pagar los aportes por los factores no tenidos en cuenta, y
a las entidades administradoras del Régimen de Prima Media recibir los
mismos, procediendo a la liquidación de las mesadas pensionales de los
beneficiarios del Régimen de Transición Pensional.
En esas condiciones, dice que no se puede concluir que la Resolución
Administrativa 567 del 3 de septiembre de 2007, esté viciada de nulidad, pues
si llegare a dudar sobre su legalidad, además de vulnerarse derechos legales
y constitucionales de los cuales hace parte la interpretación del Consejo de
Estado por más de 25 años, se violarían normas internacionales que hacen
parte del bloque de constitucionalidad en Colombia, en tanto el operador
judicial debe comparar el peso total de los intereses en conflicto advirtiendo
que los derechos fundamentales del beneficiario vinculados a la prestación
económica, tales como, el mínimo vital, la vida digna y la seguridad social
derivados de un derecho prestacional por tantos años reconocido y adquirido,
tienen un peso mayor que el del principio de sostenibilidad fiscal (que incluso
es una regla y no un principio) facilitando este, el cumplimiento y satisfacción
de aquellas garantías ius fundamentales que le asisten al beneficiario de la
pensión. Ponderación de derechos y subreglas que tampoco llevó a cabo el
respetado Despacho de conocimiento en primera instancia. Derechos
prestacionales que, reconocidos conforme a derecho, además son derechos
humanos de la población trabajadora y por ende de los respectivos
pensionados como la señora GENARINA MARTINA ESCOVAR VELASQUEZ
contenidos en Convenios internacionales que, ratificados por Colombia, hacen
parte del ordenamiento jurídico interno y que, soportan que esta Alta
Corporación Judicial los haga efectivos, revocando la sentencia aquí apelada
y dejando incólume la Resolución Administrativa 567 del 3 de septiembre de
2007, en tanto ella NO infringe el ordenamiento legal y la Universidad
demandante está obligada a garantizar en los términos argumentados. Dicha
13
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
normatividad internacional entre otras, son los Convenios 95 de la
Organización Internacional del Trabajo ratificada por la Ley 54 de 2002, que
ordena la aplicación del principio de favorabilidad, cuando el operador jurídico
tiene duda en la aplicación o interpretación de una norma vigente, válida y
obligatoria, y el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social ratificado por
Colombia mediante la Ley 516 de 1999, que establece que el derecho a la
seguridad social es de raigambre constitucional y fundamental.
Conforme se probó en el proceso, por medio de la Resolución 15595 del 23 de
noviembre de 2001, en cuantía mensual de $2.185.033, el ISS le reconoció la
prestación económica a partir del 26 de diciembre de 2000 a Genarina Martina
Escovar Velásquez. Sin embargo, la Universidad de Antioquia al considerar
que no se dio aplicación al ingreso base de liquidación que establece el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se subrogó en parte de la
obligación y ordenó pagarle la diferencia a la demandada por la Resolución
567 del 3 de septiembre de 2007, que no reconoció el ISS, hoy Colpensiones.
Ahora bien, la Sala destaca que de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 2,
artículo 2 del Decreto 1068 de 1995, los servidores públicos en el orden
departamental, municipal, distrital; y por supuesto, el personal docente de las
universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior, debían
estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el 30 de
junio de 1995; por lo que, a partir de esa fecha, la entidad competente del
reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones económicas
establecidas en la Ley 100 de 1993, es la administradora de pensiones que
recibiera las cotizaciones de dichos servidores públicos .
Así las cosas, se considera que en el caso en comento la Universidad de
Antioquia carecía de competencia para pronunciarse acerca del derecho
pensional de Genarina Martina Escovar Velásquez; y específicamente, en lo
relacionado al reconocimiento del mayor valor en su ingreso base de
liquidación, (por cuanto que correspondía legalmente al ISS, como entidad
previsional o administradora de las cotizaciones realizadas por ésta), asumir
el pago de la totalidad de la prestación, máxime cuando tal fondo de previsión
14
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
fue el que le reconoció la pensión de vejez por Resolución 15595 del 23 de
noviembre de 2001.
Por consiguiente, se considera que la ciudadana demandada debió acudir ante
el ISS, hoy Colpensiones, para efectos de discutir o reclamar la aplicación de
su ingreso base de liquidación en los términos señalados en el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin que la Universidad de Antioquia se
subrogara para el cumplimiento de la mencionada obligación.
En ese sentido, las razones expuestas por la ciudadana demandada, en el
fondo no demeritan lo concluido ut supra, al no existir dentro del ordenamiento
jurídico colombiano la posibilidad que una entidad supla, así sea de manera
parcial, en el pago de una pensión, cuando con la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, lo que se buscó fue que esta función estuviera
exclusivamente en cabeza de las entidades que recibían las cotizaciones.
Por lo tanto, mantener el valor sufragado a partir de la Resolución 567 del 3
de septiembre de 2007, se traduce en consentir que, pese al ostensible vicio
de competencia, se desconocería el Decreto8 23379 de 1996, en especial el
artículo 2 que se cita en su integridad:
“Reconocimiento del pasivo pensional. El presente Decreto, se aplicará a
aquellas universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior,
que con anterioridad al 23 de diciembre de 1993, tenían a su cargo el
reconocimiento y pago de las pensiones en calidad de empleadoras y así
mismo a aquellas que a través de una caja con personería jurídica, reconocían
y pagaban directamente las obligaciones pensionales, de los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente, con vinculación contractual,
legal o reglamentaria con las universidades o instituciones de educación
superior.
Parágrafo 1º. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas instituciones
que reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de
los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado
a más tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades
territoriales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995.
Con respecto al pago de las cotizaciones recibidas o causadas entre la fecha
de entrada en vigencia del sistema en la respectiva universidad o institución y
la de afiliación a una de las administradoras de pensiones, la modalidad de
8
Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1299 de 1994
9
Compilado por el Decreto 1068 de 2015
15
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
transferencia de los correspondientes recursos, podrá ser convenida entre la
universidad o institución y la administradora seleccionada por el afiliado.
Parágrafo 2º. Las cajas con personería jurídica, declaradas solventes y
autorizadas por la autoridad competente para administrar el régimen solidario
de Prima Media con prestación definida, lo harán mientras subsistan y con
respecto a los afiliados que tenían a 30 de junio de 1995 o en la fecha en la
cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones en la respectiva
universidad o institución oficial de naturaleza territorial y se regirán por lo
dispuesto en el Decreto 1888 de 1994 y disposiciones que lo modifiquen,
adicionen o reformen.”
En otras palabras, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el
reconocimiento y pago de una pensión de los servidores públicos de las
universidades está a cargo del sistema general de pensiones, y como en este
caso, la prestación periódica fue reconocida por el ISS hoy Colpensiones,
cualquier carga adicional de ese talante equivale a mantener una competencia
con la que ya no contaba la universidad de Antioquia de modo que las razones
expuestas por la ciudadana demandada deben ser desestimadas.
En consecuencia, la Sala comparte la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia en cuanto a que el acto administrativo demandado fue proferido sin
competencia por parte de la entidad administrativa que lo expidió y, por tanto,
estaba llamado a ser declarado nulo.
2.6. Sobre la condena en costas
Es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y como
se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,
«[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación […]». Siendo así, teniendo en
cuenta que en el trámite del proceso no se observa su causación, esta Sala
no condenará en costas.
III. DECISIÓN
Vistas las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia proferida
el 18 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
16
Numero interno: 2725-2024
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Genarina Martina Escovar Velásquez
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de marzo de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.