Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01291-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01291-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-01291-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
29 de octubre de 2025
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01291-02 (0993-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: Alba Lucía Serna Ángel
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01291-02 (0993-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: Alba Lucía Serna Ángel
Tema: Expresión «y que estén en curso», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024. Subtema: garantía de la doble instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, el 1 de noviembre
de 2024, que declaró probada la excepción de caducidad conforme con el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Universidad de Antioquia solicitó la declaración de nulidad del acto administrativo
por medio del cual asumió el pago de la diferencia en la mesada pensional reconocida
por el Instituto de Seguros Sociales1 —en adelante ISS— a la demandada, generada
por la inclusión de las primas de navidad, de vacaciones y semestral en el cálculo del
IBL, mientras la beneficiaria adelantaba las actuaciones administrativas y judiciales
pertinentes para que la administración reliquide la pensión teniendo en cuenta dichas
prestaciones. Según indicó, no tiene competencia para asumir una obligación
pensional que, en este caso, fue subrogada al ISS por la entrada en vigor del Sistema
General de Pensiones en el nivel territorial.
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda
1. La Universidad de Antioquia (en adelante la Universidad), mediante apoderado
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la parte accionada, con las siguientes
pretensiones2:
1
Hoy COLPENSIONES.
2
Escrito de demanda, visible en: Samai Tribunal, índice 74, contenido en la carpeta
«74ED_05001233300020210129(.zip)», documento «02DemandaAnexos-DEMANDA SUBROGACIÓN UDEA vs
ALBA LUCIA SERNA ANGEL».
1
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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: Alba Lucía Serna Ángel
(i) Que se declare la nulidad de la Resolución 67 del 18 de marzo de 2002, mediante
la cual la Universidad ordenó pagarle el mayor valor de la mesada pensional generada
por la inclusión de las primas de navidad, vacaciones y semestral en el cálculo del IBL
pensional liquidado por el ISS al reconocer la pensión de jubilación a la demandada.
(ii) Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la parte demandada a restituir el pago de la diferencia de las mesadas
pensionales que la Universidad asumió, «que corresponden a la suma de
$302.548.373, más los valores que se generen con posterioridad hasta que la
sentencia se encuentre en firme».
(iii) Se condene a su contraparte al pago de las costas procesales.
2.1.1. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, la Universidad expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:
(i) La señora Alba Lucía Serna Ángel estuvo vinculada como empleada pública en la
Universidad de Antioquia desde el 4 de agosto de 1976 hasta el 26 de diciembre de
2000, fecha a partir de la cual le fue aceptada la renuncia.
(ii) Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la Universidad
reconocía las pensiones de sus empleados conforme con los regímenes dispuestos
en las Leyes 6 de 1945 y 4 de 1966, y los Decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969, con
un ingreso base de liquidación que incluía «todos los factores efectivamente
devengados por el servidor».
(iii) Con ocasión de la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones en el nivel
territorial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 ¾30 de
junio de 1995¾, la Universidad afilió a todos los servidores al ISS, entidad que desde
ese momento asumió la carga pensional subrogada.
(iv) Posteriormente, mediante la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la
Universidad asumió el pago de una diferencia en la mesada pensional de sus
servidores, causada por la inclusión de factores adicionales a los tenidos en cuenta
por el ISS en el cálculo del IBL pensional, bajo la consideración de que la jurisprudencia
permitía la inclusión de todo lo devengado por el servidor. La institución educativa
asumió el pago de esta diferencia «mientras gestionaba las acciones administrativas
y judiciales necesarias para que el ISS» reliquidara las pensiones con la inclusión de
todo lo devengado por el trabajador. Este acto general fue reglamentado por la
Resolución núm. 16628 del mismo año, que estableció como destinatarios de la
subrogación a los empleados públicos docentes y no docentes de la Universidad.
(v) La Universidad de Antioquia reconoció y ordenó el pago de un bono pensional a
favor de la accionada, a través de la Resolución 151 del 16 de abril de 2001, por la
suma de $456.610.000, de los cuales correspondió a aquella el valor de $367.421.000,
que consignó al ISS.
(vi) El ISS reconoció la pensión de jubilación a la señora Alba Lucía Serna Ángel
mediante la Resolución 13416 del 22 de octubre de 2001, en cuantía mensual de
$2.415.590, a partir del 26 de diciembre de 2000, sin incluir en el IBL las primas de
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vacaciones, navidad y semestral.
(vii) Mediante la Resolución 67 del 18 de marzo de 2002, la Universidad ordenó pagar
a la accionada la diferencia de la mesada pensional reconocida y pagada por el ISS,
generada por la inclusión de las primas de navidad, vacaciones y semestral en el
cálculo del IBL, mientras el citado Instituto asumía la obligación en sede administrativa
o judicial.
(viii) Finalmente, por Resolución núm. 35823 del 17 de octubre del 2012, la
Universidad derogó la resolución rectoral por medio de la cual asumió el pago de la
diferencia en la mesada pensional de los empleados públicos del ente universitario,
causada por la inclusión de factores que, a su juicio, formaban parte del IBL pensional
calculado por el ISS.
2.1.2. Normas violadas y concepto de la violación
3.La parte demandante citó como normas vulneradas los siguientes artículos: (i) 48,
adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, de la Constitución Política; (ii) 10 de la
Ley 4 de 1992; (iii) 18 (inciso 3), 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; (iv) 5 del Decreto
1068 de 1995; y (v) 4 del Decreto 2337 de 1996.
4. En el concepto de violación, afirmó que la Resolución 12094 de 1999 desconoció
las normas constitucionales y legales que imponen la obligación de liquidar las
pensiones con base los factores sobre los cuales se realizaron cotizaciones. Además,
puso de presente que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado precisa que el régimen de transición no incluye entre sus beneficios la
determinación del IBL, razón por la cual, la liquidación de la pensión debe atender lo
dispuesto en los artículos 21 ¾factores de cotización¾ y 36 de la Ley 100 de 1993
¾régimen de transición¾.
5. Además, afirmó que el fondo de pensiones es el único competente para reconocer,
liquidar y pagar las pensiones de los empleados de la Universidad, tal y como lo ha
reiterado el Consejo de Estado en las sentencias proferidas en asuntos con supuestos
de hecho y de derecho semejantes al presente.
2.2. Contestación de la demanda
6.La parte demandada propuso las excepciones de «legalidad del acto impugnado»,
«buena fe» y «prescripción»3.
7.Frente a la legalidad del acto impugnado, argumentó que se ajusta plenamente a
derecho, puesto que se fundamentó en la Resolución Rectoral 12094 y en la
Resolución Administrativa 16628 de 1999, cuya validez no ha sido cuestionada. En
consecuencia, al mantenerse vigentes estas disposiciones, no procede la anulación
de la Resolución 067 de 2002.
8. Indicó que la liquidación pensional realizada por el Instituto de Seguros Sociales
resultó deficitaria, por haberse efectuado con base en el promedio de cotizaciones y
no en el salario promedio devengado, lo que justificó que la Universidad asumiera el
3
Samai Tribunal, índice 74, contenido en la carpeta «74ED_05001233300020210129(.zip)», documento
«7.Memorial 18.11.2021 ContestaciónDemanda».
3
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pago de la obligación insoluta mediante subrogación. Agregó que, mientras no exista
una decisión judicial que exonere a Colpensiones de la obligación de asumir la cuota
parte pensional de la beneficiaria, no puede considerarse extinguida la obligación
asumida por la Universidad.
9. Manifestó que la señora Alba Lucía Serna Ángel ha actuado siempre de buena fe,
confiando en la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Universidad,
sin haber inducido a error ni participado en su expedición.
10. Argumentó que, en caso de prosperar la nulidad del acto impugnado, la buena fe
impediría la restitución de las sumas percibidas, conforme al artículo 164 numeral 1
literal c) del CPACA, y excluiría la condena en costas, de acuerdo con la jurisprudencia
del Consejo de Estado, la cual reserva dicha condena para casos de abuso procesal,
temeridad o mala fe. Asevero que, tratándose de un proceso de lesividad promovido
por una entidad pública contra sus propios actos, no es posible considerar a la
beneficiaria como parte vencida, por lo cual no procede la imposición de costas en
ninguna instancia.
11. Finalmente, planteó la excepción de prescripción en el evento en que no prosperen
las excepciones anteriores, respecto de las mesadas pensionales cuya devolución se
reclama y que fueron percibidas por la demandada tres años antes de la presentación
de la demanda.
12. Con posterioridad, en atención al fallecimiento de la señora Alba Lucía Serna
Ángel4, el Tribunal dispuso vincular como sujetos procesales al señor Andrés Vélez
Sáenz y a la señora María Antonia Vélez Serna, en su calidad de herederos5. El
primero de ellos fue debidamente notificado del auto admisorio de la demanda, sin
embargo, guardó silencio y no presentó respuesta dentro del término legal6. Por su
parte, la señora Vélez Serna, actuando por intermedio de curador ad litem, contestó
la demanda, reiterando los argumentos expuestos por la señora Serna Ángel antes de
su fallecimiento7.
2.3. Sentencia de primera instancia
13. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia dictada el 1 de
noviembre de 2024, declaró probada la excepción de caducidad conforme con el
artículo 86 de la Ley 2381 de 20248. Al respecto, consideró que la norma es clara al
establecer que las acciones administrativas y contencioso-administrativas que buscan
controvertir pensiones reconocidas «deberán ser ejercidas dentro de los 5 años de
haberse efectuado su reconocimiento».
14. Concluyó que la Universidad tenía oportunidad para presentar la demanda hasta
4
Samai Tribunal, índice 74, contenido en la carpeta «74ED_05001233300020210129(.zip)», documento «HECHO
SOBREVINIENTE U DE A VS. ALBA LUCIA SERNA ANGEL».
5
Samai Tribunal, índice 74, contenido en la carpeta «74ED_05001233300020210129(.zip)», documento
«21.AutoDecretaSucesiónProcesal».
6
Samai Tribunal, índice 74, contenido en la carpeta «74ED_05001233300020210129(.zip)», documento
«25.ConstanciaNotificacionAutoAdmisorioAndrésVélezSaenz».
7
Samai Tribunal, índice 74, contenido en la carpeta «74ED_05001233300020210129(.zip)», documento
«37ContestaciónDemandaCurador».
8
Samai Tribunal, índice 74, contenido en la carpeta «74ED_05001233300020210129(.zip)», documento
«63SentenciaPrimeraInstancia».
4
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Demandada: Alba Lucía Serna Ángel
el 23 de octubre de 2006, teniendo en cuenta que el reconocimiento pensional en favor
de la señora Alba Lucía Serna Ángel se efectuó el 22 de octubre de 2001. En ese
orden de ideas declaró de oficio la excepción de caducidad, ya que la acción
contencioso-administrativa se ejerció el 1 de julio de 20219, después de transcurridos
los 5 años establecidos en la ley.
2.4. Recurso de apelación
15. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, porque consideró
que no se configuró la caducidad del medio de control10. A su juicio, el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024 hace referencia al término para ejercer acciones administrativas
y contencioso-administrativas que busquen controvertir pensiones ya reconocidas, sin
embargo, en el presente proceso no se controvierte el reconocimiento pensional
otorgado por el ISS mediante la Resolución 13416 del 22 de octubre de 2001.
16. En ese orden de ideas, sostuvo que el acto cuestionado por la Universidad versa
sobre la subrogación de un pago asumido de manera voluntaria, en tanto la Institución
no tiene la legitimación para realizar reconocimientos pensionales, por lo que la
demanda no busca afectar la pensión otorgada a la demandada. Por consiguiente, la
caducidad no aplicaría sobre la solicitud de nulidad de una resolución que únicamente
ordenó un pago temporal, «equivalente al monto resultante de la aplicación del Ingreso
Base de Liquidación, previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993».
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
17. Esta corporación, mediante auto del 19 de agosto de 2025, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante, conforme a lo previsto en el numeral 3
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, y ordenó notificar personalmente al Ministerio
Público. De igual forma, prescindió del traslado para alegar de conclusión, en
aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron pruebas en segunda
instancia11.
18. La Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante el Consejo de Estado
emitió el Concepto N.º 513-202512, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, en el cual consideró que el problema jurídico consistía en establecer si
operó la caducidad del medio de control bajo los parámetros de dicha ley.
19. Tras analizar la normativa y la jurisprudencia, la entidad concluyó que, aunque la
Ley 2381 de 2024 introdujo un término de cinco años para demandar actos de
reconocimiento pensional, sus efectos fueron suspendidos por la Corte Constitucional
mediante el Auto 841 de 2025. En consecuencia, el Ministerio Público solicitó revocar
la sentencia de primera instancia que había declarado la caducidad, al considerar que
los efectos de la ley invocada se encuentran suspendidos hasta que la Corte decida
definitivamente sobre su constitucionalidad.
9
Samai Tribunal, índice 74, contenido en la carpeta «74ED_05001233300020210129(.zip)», documento
«03.ConstanciaCorreoReparto».
10
Samai Tribunal, índice 74, contenido en la carpeta «74ED_05001233300020210129(.zip)», documento
«65RecursoApelacionSentencia».
11
Samai, índice 4, archivo «4Autoqueadmite_09932025(.pdf)».
12 Samai, índice 8, archivo « Memorial_FLF_7Concepto(.pdf)».
5
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III. CONSIDERACIONES
3.1 . Competencia
20. Corresponde al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero
del artículo 150 del CPACA le confiere para resolver los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
21. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala procede a resolver los
siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿Al momento de dictarse el fallo impugnado y para la resolución del caso en
concreto, resultaba aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un
término de caducidad de 5 años para ejercer las acciones contencioso-administrativas
contra los actos que reconocen pensiones?
(ii) En caso de que la respuesta sea negativa, y por consiguiente no opere la caducidad
en el proceso de la referencia, ¿qué medidas debe adoptar la Sala para garantizar los
principios de acceso material a la administración de justicia y doble instancia, debido
a que en primera no se analizó el fondo del asunto?
3.3. Análisis del caso concreto
3.3.1. Sobre el término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
22. En primer lugar debe precisarse que la Ley 2381 de 2024 entró en vigor el 16 de
julio de 2024, por lo que, para la fecha en que se profirió el fallo de primera instancia
por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, esto es, el 1 de noviembre de 2024,
dicha normativa se encontraba produciendo efectos jurídicos.
23. No obstante, la Corte Constitucional, mediante Auto 841 de 202513, suspendió los
efectos de la Ley 2381 de 2024, al disponer expresamente lo siguiente:
QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las
normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala
Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se
refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El
Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá
definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024.
24. De lo anterior se desprende que la referida suspensión tuvo lugar con posterioridad
al fallo impugnado. Dicho de otro modo, al momento en que dicha providencia fue
13
Según constancia expedida por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 21 de agosto de 2025, el Auto
841 de 2022 fue notificado y publicado el 14 de agosto de 2025 en la página web de la institución. Asimismo, el
término de ejecutoria transcurrió los días 15, 19 y 20 de agosto de 2025. La constancia puede consultarse en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=1&expediente=D0015989, consultar la
pestaña de archivos.
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emitida, la Ley 2381 de 2024 se encontraba vigente, de allí que el Tribunal
razonablemente la considerara para adoptar la decisión correspondiente.
25. Así las cosas, aunque actualmente la norma está suspendida hasta tanto la Sala
Plena de la Corte Constitucional decida de manera definitiva sobre su
constitucionalidad, resulta procedente y necesario estudiar el fallo de primera instancia
bajo el marco jurídico existente al momento de su expedición, lo que implica considerar
si resultaba o no aplicable al caso de autos el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, en
especial, cuando el recurso de apelación interpuesto reprochó el análisis que hizo el
juez de primera instancia frente al anterior precepto cuando no había duda de su
vigencia, por lo que corresponde a la Sala determinar si el Tribunal para ese instante
adoptó o no una decisión conforme a derecho.
26. Hecha la anterior precisión, se recuerda que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta, mediante sentencia dictada el 1 de noviembre de 2024,
declaró probada la excepción de caducidad conforme con el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, al concluir que la Universidad no cumplió con el término de 5 años que
establece la norma para ejercer la acción contencioso-administrativa de la referencia.
27. Por su parte, la Universidad de Antioquia, mediante el recurso de apelación expuso
que, a su juicio, no se configuró la excepción de caducidad, porque el artículo antes
señalado aplica frente actos que reconocen una pensión, situación que no
corresponde al caso de autos, en el que se cuestiona la subrogación de un pago que
fue asumido de manera voluntaria por la institución educativa.
28. En vista del planteamiento sobre la supuesta caducidad del medio de control de la
referencia, resulta necesario establecer si aquella se configuró o no, en especial
cuando como excepción perentoria que es, puede analizarse en dos momentos a
saber: (i) en cualquier estado del proceso, por medio de sentencia anticipada, siempre
que el juzgador la encuentre probada (artículos 175, parágrafo 2, inciso 4 y 182A,
numeral 3 del CPACA14); y (ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA15),
oportunidad en la que el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que encuentre probada16.
14
CPACA, artículo182A. «Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: […] // 3. En cualquier estado
del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación,
la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»
15
CPACA, artículo 187. «Contenido de la sentencia. […] // En la sentencia se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el
superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
[…]».
16
Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-
2019-02462-01 (2648-2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que
el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró que
las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa
y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el
numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado del
proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem
señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada. // En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones
perentorias nominadas, no pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia
judicial, sino que solo se declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos
precisados en el numeral tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se
encuentren probadas o demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina
de fondo las pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA.» [destacado fuera del texto].
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29. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley
2381 de 2024 se introdujo una significativa modificación, por la cual se establece un
término de caducidad frente a las demandas que la administración presenta contra
sus propios actos de reconocimiento pensional.
30. En tal sentido, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció
un término de caducidad de 5 años «para ejercer acciones administrativas y
contencioso-administrativas respecto de las pensiones reconocidas», contado a partir
del reconocimiento de la referida prestación. Así se observa en el texto del citado
artículo 86 ibidem:
«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas
y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años
a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido
reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán
ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá́ un término
de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley» [destacado por fuera del texto].
31. Ahora bien, en el presente asunto, la Universidad de Antioquia solicitó la
declaración de nulidad de la Resolución 67 del 18 de marzo de 2002, razón por la que
es necesario definir si para el instante en que se dictó el fallo impugnado había lugar
a aplicar el nuevo término de caducidad, sin perder de vista las reglas previstas en el
ordenamiento jurídico, en materia de tránsito legislativo, tratándose de leyes que
regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los juicios.
32.En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto prescribe un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso-
administrativas respecto de las pensiones reconocidas», se considera de aquellas
normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades
propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación, en el tránsito legislativo
anunciado, es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 188717.
33. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
17
«Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá́ por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [destacado fuera del texto].
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administración de justicia.
34. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun frente a
cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación
y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a
contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de
control.
35. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron
la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX,
siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los
artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 8318. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153
de 1887 en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las
reglas previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que contribuye
a la interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran el
ordenamiento jurídico vigente.
36. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del numeral 1, literal c), del artículo
164 del CPACA, dado que, a la fecha en que se presentó la demanda, 1 de julio de
202119, era la disposición que en materia de oportunidad para presentar la demanda
se encontraba vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término
de caducidad alguno.
37. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.
38.En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar
sus propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que el titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.
39.Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en sentencia
C-1049 de 200420, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
18
«La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado
que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
19
Samai Tribunal, índice 74, contenido en la carpeta «74ED_05001233300020210129(.zip)», documento
«03.ConstanciaCorreoReparto».
20
En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista
en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso-Administrativo.
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régimen general de la caducidad no vulnera por sí sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».
40. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigor de
la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
ejercidas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
corresponde al juez de lo contencioso - administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.
41. En estos términos, la expresión «[…] y que estén en curso […]», prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la Constitución Política y los principios constitucionales de confianza legítima
y seguridad jurídica21, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la
Constitución Política22, estima que el juez de primera instancia no debió aplicar la
referida disposición.
42. Esto quiere decir que la Sala se aparta de la conclusión a la que llegó el juez de
primera instancia al declarar la caducidad del medio de control a partir de la aplicación
del artículo 86 ibidem, pues tal decisión se soportó en una disposición que por las
razones expuestas no está en consonancia con el ordenamiento jurídico superior.
Dicho de otro modo, no había lugar a aplicar el referido término de caducidad frente a
una decisión que surgió con anterioridad.
43. En ese orden de ideas, al no operar la excepción que estimó probada el Tribunal
Administrativo de Antioquia, se procederá al estudio del segundo problema jurídico,
que gira en torno a las medidas que debe adoptar la Sala para garantizar los principios
de acceso material a la administración de justicia y doble instancia, teniendo en cuenta
que la declaratoria de la caducidad en primera, significó que no se analizaran de fondo
los argumentos propuestos por las partes sobre la competencia de la Universidad de
Antioquia para proferir el acto acusado.
3.3.2. Resolución al segundo problema jurídico
44. Sobre el particular, la Sala observa que, en el transcurso del proceso, las partes
expusieron oportunamente sus argumentos para que, por medio de sentencia de
primera instancia, se definiera la competencia de la Universidad de Antioquia para
asumir el pago de la diferencia en la mesada pensional reconocida por el ISS a la
señora Alba Lucía Serna Ángel, y resolviera la solicitud de devolución de las sumas
presuntamente pagadas de más a la demandada, en virtud del acto cuya nulidad
solicitó. No obstante, el anterior análisis no se surtió dentro de la actuación de la
21
En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso
debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política». (Destacado fuera
del texto)
22
«ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
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referencia, dado que, el Tribunal se limitó a realizar el estudio de la excepción de
caducidad según el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que consideró probada.
45. Por consiguiente, desvirtuada la circunstancia por la que el Tribunal Administrativo
de Antioquia no estudió el fondo de la controversia, en aplicación de los principios de
acceso material a la administración de justicia, doble instancia y debido proceso, la
Sala estima necesario que el expediente retorne a la referida autoridad, con el fin de
que se analicen de fondo los argumentos de hecho y derecho expuestos por las partes,
así como sus pretensiones y excepciones perentorias, so pena que estos solo se
estudien ante el Consejo de Estado; aunque el ordenamiento jurídico prevé que la
discusión puede adelantarse en dos instancias, lo que implica que en ambas, no solo
en una de ellas, se efectúe el análisis integral de las principales razones de los sujetos
procesales.
46. Este criterio de administración de justicia y garantía de la doble instancia ha sido
aplicado con anterioridad por esta Subsección, por ejemplo, en sentencia del 25 de
mayo de 202323, en la que dispuso revocar el fallo inhibitorio proferido en primera
instancia y, en su lugar, que el a quo se pronunciara de fondo; en dicha oportunidad
se indicó:
«Ahora bien, al desvirtuarse el impedimento para emitir decisión de fondo,
correspondería examinar los cargos propuestos en la demanda. No obstante, se
encuentra que no es posible emitir pronunciamiento sobre los reproches de nulidad
presentados por la parte actora, habida cuenta que aquellos no fueron analizados por
el Tribunal de primera instancia, autoridad a la que le correspondía adelantar dicho
examen.
Efectivamente en el caso sub-lite, se debe devolver el expediente al a quo para que
estudie los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la controversia
en segunda instancia, equivaldría a convertirla en única instancia, privando de esta
manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su
defensa y contradicción, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia».
47. Así las cosas, en garantía de los principios invocados se revocará la sentencia
proferida el 1 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a
quien se devolverá el expediente para que dicte un nuevo fallo sobre la controversia
24
.
4. Costas
48.La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario25 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
23
Expediente núm. 18001-23-33-000-2014-00002-01. M.P. Cesár Palomino Cortés.
24
Por ejemplo, en el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de junio de 2025,
rad. 05001-23-33-000-2021-01294-03 (6689-2024), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
25
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Revocar la sentencia del 1 de noviembre de 2024 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, mediante la cual se declaró probada la
excepción de caducidad conforme con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las
razones expuesta en esta providencia.
SEGUNDO. Devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que
resuelva de fondo y dicte sentencia sobre el presente asunto.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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