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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01677-02

Fecha
18 de julio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01677-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces el 10 de octubre de 2024, en cuanto accedió al reconocimiento de la prima especial y la reliquidación de la seguridad social desde el 10 de junio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020 a favor de Carlos Alberto Aranceta Guardia. SEGUNDO. Revocar la condena en costas impuesta en la primera instancia. TERCERO. No condenar en costas en esta instancia. CUARTO. En firme esta providencia, archivar el expediente. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01677-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

18 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01677-02 (0127-2025)
Demandante: Carlos Alberto Aranceta Guardia
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Fiscal delegado ante los
jueces penales. Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, el 10 de
octubre de 2024, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Carlos Alberto Aranceta Guardia, en condición de fiscal delegado ante los jueces
penales municipales y promiscuos, solicitó el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un factor
mensual adicional al salario básico, así como la reliquidación de la seguridad social en
pensiones sobre el 100% de su salario mensual, más el incremento del 30% a título
de prima especial, desde el 10 de junio de 2018 y hasta su desvinculación de la
entidad. La Fiscalía General de la Nación se opone al reconocimiento de la prima
especial con el argumento de que no fue reconocida para los fiscales. El Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, condena a la Fiscalía General de la
Nación a reconocer y pagar a la demandante la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como valor adicional a la remuneración mensual y ordena la
reliquidación de la seguridad social en pensiones sobre el 100% de su salario mensual
más el incremento del 30% a título de prima especial, ambas desde el 10 de junio de
2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020. La Fiscalía General de la Nación apela la
sentencia para que se modifique el fallo en el sentido de negarse la pretensión
relacionada con la condena a futuro de la prima especial del 30%, toda vez, que a
partir del 1 de enero de 2021 al demandante se le reconoce conforme al Decreto 272
de 2021. Además, pide revocar la condena en costas.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Carlos Alberto Aranceta Guardia, mediante apoderado judicial, presentó

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01677-02 (0127-2025)
Demandante: Carlos Alberto Aranceta Guardia
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, el 15 de septiembre de 2021, con las
siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(i) Que se declare la nulidad del Oficio DS-SRANOC-GSA-28 Nro. 001960 del 27
de julio de 2021, expedido por la Sección de Talento Humano de la Subdirección
Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación, por medio del
cual negó el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, así como la reliquidación de la seguridad social en pensiones
con el 100% del salario básico.

(ii) A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Fiscalía General
de la Nación, a reconocer, reliquidar y pagar al demandante desde el 10 de junio de
2018, y hasta el 31 de diciembre de 2020, el 30 % sobre el sueldo básico y que
corresponde a prima especial.

(iii) Condenar a la Nación, Fiscalía General de la Nación a reconocer, reliquidar y
pagar al accionante desde el 10 de junio de 2018, y hasta el 31 de diciembre de
2020, la seguridad social en salud, pensiones, teniendo como base para la
liquidación el 100 % del sueldo básico mensual, y sin tener en cuenta el sobresueldo
por concepto de prima especial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

(iv) Ordenar a la entidad demandada que actualice las sumas adeudadas de
acuerdo con IPC y que reconozca los intereses de conformidad con el artículo 192
del CPACA1.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo
siguiente2:

(i) En su condición de fiscal delegado ante los jueces penales municipales y
promiscuos municipales y en ejercicio del derecho petición, el 10 de junio de 2021
solicitó a la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General
de la Nación el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del 30%
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la reliquidación de la seguridad
social en pensiones con el sobresueldo del 30% de la prima especial adicional al
100% del salario básico.

(ii) La anterior petición obedeció a que los funcionarios vinculados a la Fiscalía
General de la Nación con posterioridad a 1993 fueron excluidos por la Ley 4 de
1992 de ser beneficiarios de la prima especial contemplada en el artículo 14 de la
referida norma, de manera que a esta solo podrían acceder los jueces de la

1
SAMAI de otras corporaciones, índice 02, ED_1DEMANDA(.pdf) NroActua 2.
2
SAMAI de otras corporaciones, índice 02, ED_1DEMANDA(.pdf) NroActua 2.

2

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República y los no acogidos al régimen salarial creado para los funcionarios que
se vincularan por primera vez a la entidad.

(iii) La prima especial, no se ha venido aplicando a favor de los fiscales
delegados bajo la modalidad de un sobresueldo. Precisamente, si la prima es un
adicional al ingreso salarial de los funcionarios, carece de sentido que no se
reconozca como un agregado al ingreso mensual.

(iv) Esta situación se mantuvo hasta la expedición de la sentencia del 16 de
diciembre de 2020, expedida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la cual, precisó:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta.

[…]

3. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación
básica, es decir con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de
prima especial.

4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135
de 1998 y 1848 de 1969. […]»

(v) Mediante Oficio e Oficio DS-SRANOC-GSA-28 Nro. 001960 del 27 de
julio de 20213, expedido por la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental de
la Fiscalía General de la Nación, se negó la solicitud de reconocimiento y pago de
la prima especial y la reliquidación de la seguridad social en pensión. Contra dicho
acto administrativo sólo procedía el recurso de reposición, el cual no se interpuso
por no ser obligatorio.

(vi) Se encuentra vinculado a la entidad desde el año 1995 y ejerce hasta la
presentación de la demanda el cargo de fiscal delegado ante los jueces penales
municipales o promiscuos municipales.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política,
artículos 2, 4, 53, 58, 209 y 237; Ley 4 de 1992, artículos 2, 10 y 14; Ley 332 de 1996

3
SAMAI de otras corporaciones, índice 2, ED_ONEDRIVE_1_732022(.zip) NroActua 2, carpeta 02.DemandaAnexos, archivo 3.
ANEXO, PRUEBA DOCUMENTAL.

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y Ley 270 de 1996, artículo 152-7.

4. En el concepto de violación, el demandante expuso que el acto administrativo
que negó el reconocimiento y pago de la prima especial incurre en infracción de las
normas en que debía fundarse, sobre el particular afirma que la Fiscalía General de la
Nación al no reconocer y pagar unos emolumentos, sobre los cuales el Consejo de
Estado se pronunció determinando el reconocimiento de una prestación a favor de
estos funcionarios viola directamente la Constitución Política, se sustrae el carácter de
cosa juzgada y a la eficacia y carácter vinculante y obligatorio de las sentencias
judiciales.

5. Así mismo, consideró que la actual diferencia de regímenes atenta contra el
principio de equidad, el derecho a la igualdad y los criterios de progresividad,
favorabilidad y no regresividad de los derechos laborales, máxime cuando el
demandante automáticamente se encuentra vinculado a la escala de salarios que
anualmente regula el Gobierno nacional. En consecuencia, se debe reconocer a los
fiscales la prima especial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

2.2. Contestación de la demanda

6. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso
las excepciones de «Prescripción» y «Cobro de lo no debido». Advirtió que los artículos
que contenían la prima del 30 % en los decretos salariales de los años 1993 a 2002
fueron anulados, porque los fiscales de la Fiscalía General de la Nación no son
beneficiarios de dicha prima por voluntad del legislador, por lo que el Gobierno nacional
se excedió en su potestad reglamentaria al incluirlos como destinatarios de ese
emolumento.

7. Asimismo, señaló que prima especial constituye factor salarial sólo para
determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, toda vez que la
sentencia de unificación estableció una parametrización para la aplicación de esta
prima.

8. Afirmó que a partir del año 2003 los salarios y prestaciones sociales se han
liquidado en el caso concreto con base al 100% del salario, por lo cual carece de objeto
la petición. El desconocer las previsiones contenidas en la ley, implicaría
consecuencias fiscales y disciplinarias para el funcionario que así lo autorice, por
extralimitación en sus funciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6° de la
Constitución Política. Y es que no es factible proceder conforme a lo hace para el caso
de jueces y magistrados, ya que como bien señala el Consejo de Estado en la
sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de 2020, desde el 2003 para la
entidad no se reguló este emolumento.

9. Precisó que no es posible ningún reconocimiento desde el 1 de enero de 2021,
pues a partir del Decreto 272 de 2021 se estableció la prima especial equivalente al
30% del salario básico, de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, modificada por
el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 aclarada por el artículo 1 de la Ley 476 de 1998,
como adicional a la asignación básica correspondiente a cada empleo, la cual se paga
mensualmente y únicamente constituye factor salarial para efecto del ingreso base de

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cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003; de manera que no es
viable acceder a las pretensiones de la demanda.

10. Indicó que la prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, por lo tanto, no hay lugar al
reconocimiento de dicho emolumento como factor salarial para prestaciones
diferentes.

11. Por último, manifestó que la Fiscalía General de la Nación no debe superar el
límite fijado en el ordenamiento jurídico para las remuneraciones, de manera que, al
reconocer la prima especial establecida, no se puede superar el límite previsto en el
artículo 4 de la Ley 4 de 19924.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, mediante sentencia
dictada el 10 de octubre de 20245, resolvió:

PRIMERO. SE DECLARA la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No.
DS-SRANOC-GSA-28 No. 001960 del 27 de julio de 2021 (radicación
20210380020571) de la Sección de Talento Humano de la Subdirección Regional de
Apoyo Noroccidental de la fiscalía general de la Nación por la cual la demandada en
primera instancia negó la petición hecha.

SEGUNDO. En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho SE CONDENA
a la Nación - Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar al demandante
CARLOS ALBERTO ARANCETA GUARDIA la prima del 30% prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 como un valor adicional a la remuneración mensual desde el día
10 de junio de 2018 y hasta el día 31 de diciembre de 2020.

TERCERO. SE CONDENA a la Nación - Fiscalía General de la Nación a la reliquidación
de la seguridad social en pensiones del demandante CARLOS ALBERTO ARANCETA
GUARDIA sobre el 100% de su salario mensual más el incremento del 30% a título de
prima especial, desde el día 10 de junio de 2018 y hasta el día 31 de diciembre de
2020.

CUARTO. Las sumas que resulten a favor del demandante se indexarán de
conformidad con el artículo 137 del CPACA hasta la ejecutoria de la presente sentencia
y a partir de dicho momento y hasta la fecha de su pago devengará los intereses
moratorios previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO. SE DECLARA impróspera la excepción de COBRO DE LO NO DEBIDO.

4
SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 20.
5
SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 39.
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SEXTO. SE CONDENA en COSTAS a la parte demandada las cuales serán liquidadas
por la secretaria teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16- 10554 de 5
de agosto de 2016.

SÉPTIMO. Désele cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos por los
artículos 189, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
OCTAVO. Notifíquese esta sentencia a las partes de conformidad con el artículo 203
del CPACA.

NOVENO. En firme la presente providencia procédase al archivo del expediente, previo
a las anotaciones a que haya lugar.

13. Al realizar el análisis de legalidad del acto demandado, el tribunal citó apartes
de las sentencias de «unificación» del 2 de septiembre de 2019 y el 15 de diciembre
de 2020, en las que esta Sección estableció que la prima especial de servicios es un
incremento del salario básico de los servidores beneficiarios, por lo que resulta
procedente el pago de las diferencias de lo dejado de pagar por ese concepto.

14. En atención a dicho precedente, consideró que el demandante tiene derecho a
lo solicitado en las pretensiones de la demanda y, por tanto, accedió al
restablecimiento del carácter salarial del 30% de la asignación básica del demandante
y la respectiva reliquidación de la pensión a través de su Fondo de Pensiones.

15. Señaló que es claro que los derechos reclamados por el accionante no se
encuentran prescritos, toda vez que las pretensiones de la demanda son a partir del 3
de marzo de 2018 y la reclamación administrativa fue el 3 de marzo de 2021.

16. Finalmente, en relación con las costas, citó la sentencia del Consejo de Estado
del 11 de febrero de 20216 y el artículo 365 del CGP, según los cuales, consideró que
se debía condenar en costas a la parte vencida, en este caso la entidad demandada.

2.4. Recurso de apelación

17. La apoderada7 de la entidad demandada afirmó que no existen elementos de
prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas en esta
instancia, como tampoco se evidencia conducta que amerite la condena por ese
concepto, razonamientos estos que son los que han manifestado las diferentes
secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en punto
a costas, en las cuales la regla general ha sido la negativa a la condena por tal
concepto.

18. Finalmente, solicitó que se modifique el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia con relación a la pretensión relacionada con la condena a
futuro del pago de la prima y revocar la condena en costas.

6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente 63001 23 33 000 2017 00308 01 (2967-18) de 11 de febrero de 2021.
7
SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia, índice 41.
6

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2.5. Trámite procesal en segunda instancia

19. El recurso de apelación fue admitido por el despacho sustanciador a través de
auto del 23 de abril de 20258 y conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20219, no se dio traslado a las partes
para alegar porque no fue necesario el decreto de pruebas.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

21. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación interpuesto
por la apoderada de la Fiscalía General de la Nación10, la Sala procede a resolver los
siguientes problemas jurídicos:

22. ¿El pago de la prima especial reconocida a favor del demandante procede hasta
el año 2021, fecha en la que la Fiscalía General de la Nación presuntamente empezó
a pagar dicho factor como una adición o agregado a la remuneración básica mensual?

23. ¿Determinar si hay lugar a condenar en costas a la parte vencida?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

24. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la rama judicial y para los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, «excepto los
que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación», con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.

25. El Decreto 53 de 1993, expedido por el gobierno en virtud de la competencia
atribuida por la Ley 4 de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los
servidores de la Fiscalía General de la Nación, y previó a favor de las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993, la posibilidad de optar por el régimen
salarial y prestacional establecido en dicho decreto, con la excepción establecida en
8
Índice 6 del expediente electrónico de SAMAI.
9
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de
2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
10
CGP, artículo 320.
7

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el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que excluía del beneficio de la prima especial a
quienes optaran por esa escala salarial.

26. La Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la
prima especial prevista en el artículo 14 de dicha ley para los funcionarios
mencionados en la norma y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con
la excepción allí establecida, formaría parte del ingreso base, solo para la liquidación
de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes.

27. La norma citada fue aclarada por la Ley 476 de 1998, para establecer que la
excepción prevista en la Ley 4 de 1992 «no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía
General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto
53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 6° del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo
adicionan, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de
liquidación de la pensión de jubilación».

28. De acuerdo con este marco normativo, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda, mediante sentencia SUJ-023-CE-S2 del 15 de diciembre de 2020, fijó las
siguientes reglas frente a la prima especial de que trata el artículo 14 de la ley 4 de
1992 y su reconocimiento a aquellos fiscales que se acogieron al régimen salarial del
Decreto 53 de 1993 y a quienes se vincularon con posterioridad, en los siguientes
términos11:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión
del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

11
Expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
8

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Demandante: Carlos Alberto Aranceta Guardia
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

29. La sentencia citada que le confiere a la prima especial del artículo 14 de la Ley 4
de 1992 el carácter de factor adicional, añadido o sumado al salario básico sustentó
las reglas en las siguientes razones:

La ley 4ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al gobierno
nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo
caso no puede ser inferior al 30%;

La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002 para los funcionarios de la
Fiscalía que se acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se
estableció que debía pagarse el 30% del salario básico;

Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía
reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio
de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto,
aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral (…) [N]o sólo las
leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998 consagran el derecho, sino que el mismo fue previsto
por el Gobierno Nacional anualmente hasta el año 2002. Ante esta realidad resulta
indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de protección conseguido, aspecto
que no sólo es un mandato reconocido en el artículo 53 de la Constitución sino además
en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

30. En línea con lo expuesto, la Sala de Conjueces, mediante sentencia del 21 de
septiembre de 202212, declaró la nulidad de los decretos anuales que establecían el
régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de
la Nación, dictados en los años 2003 a 2017, al considerar que el 30% del salario
básico mensual de los servidores de esa entidad «no puede ser considerado como
prima especial de servicios, como lo disponen las normas sub judice (…), no puede
ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste»,
sobre el particular, precisó:

Ahora bien, la norma superior violada en este caso es el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, que en su inciso primero establece lo siguiente: ARTÍCULO 14. La prima
especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, para los
funcionarios allí mencionados y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación,
con la excepción allí consagrada, que se jubilen en el futuro, o que teniendo reconocida
la pensión de jubilación aún se encuentren vinculados al servicio, harán (sic) parte del
ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación,
para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecidas por la ley (…).

Como se advierte, la prima especial de servicios hace parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, o sea que,
expresado al revés, dicha prima no hace parte del salario básico mensual de una
persona que aún trabaja, sino que lo adiciona. Es un plus a dicho ingreso, que no una
parte del mismo, como se anotó.

También se desconoce la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en sus artículos 10, 102 y 269,
porque no se acoge la jurisprudencia contenciosa, para el caso las sentencias citadas,

12
Exp. 110010325000201801101-00 (3974-2018). Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50
de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625
de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219
de 2016 y 989 de 2017.
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Demandante: Carlos Alberto Aranceta Guardia
Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación

en especial las de unificación. Desde luego, estas sentencias son posteriores en el
tiempo a los decretos sub judice, pero de todos modos su ratio decidendi aplica de
manera sobreviniente.

3.4. Caso concreto

31. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia,
como juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por la parte demandada.

32. El tribunal consideró que la prima especial «no había sido correctamente
liquidada en sus ingresos mensuales al desatender la jurisprudencia que para la época
ya existía y aplicar de manera incorrecta el artículo 14 de la Ley 4 de 1992», por lo que
ordenó, a título de restablecimiento del derecho, entre otros, reconocer y pagar al
demandante la prima del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 «como un
valor adicional a la remuneración mensual desde el 10 de junio de 2018 y hasta el día
31 de diciembre de 2020», y la reliquidación de la seguridad social en pensiones
«sobre el 100% de su salario mensual más el incremento del 30% a título de prima
especial», en igual lapso de tiempo y la condena en costas a la parte vencida.

33. Sobre el particular, la entidad demandada afirma que liquidó y pagó las
prestaciones sociales sobre el 100 % del salario básico, comoquiera que desde el año
2003 no se pagaba ese factor prestacional, aunado al hecho de que con la expedición
del Decreto 272 de 2021, a partir del 1 de enero del mismo año paga la prima especial
como una adición de la remuneración mensual.

34. Frente al argumento de la entidad apelante, resulta oportuno señalar que la
sentencia de la Sala de Conjueces SUJ-023-CE-S2-2020 consideró que los
«empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado
en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen
derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de
su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había
sido excluido a título de prima especial».

35. De acuerdo con el marco legal y jurisprudencial citado, la Sala procede a
verificar el extremo temporal hasta el que debió ordenarse el reconocimiento y pago
de la prima especial y determinar si se debió o no condenar en costas a la parte
vencida.

36. Según «CONSTANCIA DE SERVICIOS PRESTADOS (CARGOS –
ENCARGOS)» del 23 de julio de 202113, expedida por la Subdirección Regional de
Apoyo Noroccidental, está demostrado que el accionante ingresó a laborar en la
Fiscalía General de la Nación el 10 de julio de 1995, y, que desempeñó el cargo de
asistente de fiscal lII del 1 de enero de 2018 al 17 de junio de 2018, como fiscal
delegado ante los juzgados penales municipales y promiscuos en encargo del 18 de
junio de 2018 al 12 de julio de 2018, y del 6 de septiembre de 2018 al 28 de septiembre
de 2018, como fiscal delegado ante los jueces penales municipales y promiscuos del
2 de enero de 2020 al 8 de diciembre de 2020, como fiscal delegado ante los jueces

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SAMAI de otras corporaciones, índice 02, ED_3ANEXOSPRUEBADOC(.pdf) NroActua 2.
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penales de circuito en encargo del 9 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020,
del 1 de enero de 2021 al 9 de marzo de 2021 y del 5 de mayo de 2021 al 31 de
diciembre de 2021. Para la época de expedición del documento permanecía activa.

37. En cuanto a la información salarial, mediante «CONSTANCIA KARDEX
DEVENGADOS Y DEDUCIDOS» del 3 de mayo de 202114, la Subdirección Regional
de Apoyo Noroccidental de la Fiscalía General de la Nación acredita los salarios
correspondientes a las vigencias 2018 a 2021, en los que discrimina las sumas
pagadas por concepto de sueldo y gastos de representación. Además de los conceptos
referidos se incluyeron unas sumas de dinero por concepto de prima especial, así:

Fecha Sueldo Gastos de Prima especial Total pagado
representación
2018-01-01 $ 2.897.748 $ 0.00 $ 0.00 $ 2.897.748
2019-01-01 $ 3.028.147 $ 0.00 $ 0.00 $ 3.028.147
2020-01-01 $ 4.936.954 $ 1.645.651 $ 0.00 $ 6.582.605
2021-01-01 $ 4.936.954 $ 1.645.651 $ 1.974.782 $ 8.557.387

38. De estos documentos es posible concluir que i) para los años 2018, 2019 y 2020
no se pagó la prima especial conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y ii) para la
vigencia 2021 se pagó la prima especial de servicios como una adición a la
remuneración.

39. Ahora bien, la confrontación de las cifras devengadas por el actor por concepto
de remuneración mensual en los años 2018 a 2021 y los decretos anuales que fijan la
remuneración mensual de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación
expedidos por el Gobierno nacional en esas vigencias15, evidencia la coincidencia del
valor pagado al demandante por concepto de remuneración mensual, así:

Año No. Decreto Remuneración Total: pagado
mensual
2018 343 de 2018 $ 2.897.748 $ 2.897.748
2019 996 de 2019 $ 3.028.147 $ 3.028.147
2020 300 de 2020 $ 6.582.605 $ 6.582.605

40. Así, la Sala concluye que el reconocimiento y pago de la prima especial como
una adición de la remuneración mensual desde el 2018 y hasta el 2020 no se pagó.
Solo aparecen listados en los años 2018 y 2019 el salario y en el año 2020 el salario
y los gastos de representación, sin señalar cifra alguna por concepto de la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, modificado por la Ley 332 de
1996, aclarada por la Ley 476 de 1998, en favor de los fiscales delegados ante los
juzgados penales municipales y promiscuos, último cago desempeñado al momento
de la demanda.

41. Aunado a lo anterior, se encuentra demostrado con la «CONSTANCIA KARDEX
DEVENGADOS Y DEDUCIDOS» del 3 de mayo de 2021 citada con antelación, que
para el año 2021 la Fiscalía General de la Nación reconoció y pagó al demandante

14 SAMAI de otras corporaciones, índice 02, ED_3ANEXOSPRUEBADOC(.pdf) NroActua 2.
15 Decreto 1035 de 2013, Decreto 019 de 2014, Decreto 1087 de 2015, Decreto 219 de 2016 y Decreto 989 de

2017.
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durante el tiempo que ejerció como fiscal delegado ante los jueces penales
municipales y promiscuos, la prima especial como un factor adicional a la
remuneración mensual conforme con lo establecido en el Decreto 272 de 2021 16,
expedido con fundamento en las sentencias dictadas por el Consejo de Estado, en los
siguientes términos:

Que ante la declaratoria de nulidad de los decretos que crearon la prima especial de
que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se establecerá la prima especial para los
servidores de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, acatando las sentencias de
unificación antes citadas.

Que se debe tener en cuenta que la Ley 332 de 1996, establece que la prima especial
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, constituye factor salarial para cotizar
al Sistema General de Pensiones y el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, consagra
que la base de cotización al Sistema General de Salud es la misma que la del Sistema
general de Pensiones, razón por la cual la prima especial que se crea en el presente
Decreto constituirá factor salarial para cotizar a ambos sistemas. Que para los fines de
este Decreto se cuenta con la viabilidad presupuestal de la Dirección General de
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Que el
presente Decreto tendrá efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2021.

42. Por tanto, es claro que el reconocimiento y pago de la prima especial ordenado
en la sentencia de primera instancia procede por el tiempo en que el demandante
permanezca en el cargo de fiscal, por tratarse de una prestación reconocida por la ley
a favor del servidor que mantiene activo el vínculo legal y reglamentario que le concede
el derecho. Comoquiera que el a quo le reconoció y ordenó pagar a favor del
accionante la prima especial desde el 10 de junio de 2018 y hasta el 31 de diciembre
de 2020 y la reliquidación de la seguridad social en pensiones sobre el 100% de su
salario mensual más el incremento del 30% a título de prima especial por el mismo
periodo, Por lo anterior, se niega el reparo en cuanto al límite temporal de la condena
a futuro, toda vez que no le asiste razón al recurrente en el motivo de inconformidad,
dado que el tribunal limitó el pago de la prima hasta el 31 de diciembre de 2020.

43. Se precisa, que la entidad deberá verificar que, en el periodo de tiempo
reconocido, el accionante haya ejercido como fiscal.

44. Ahora bien, frente al reparo de la condena en costas, la presente providencia
acoge el criterio interpretativo mayoritario17 de la Subsección sobre el artículo 188 del

16
Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
17
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo
valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de
costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el
artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP,
con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en
los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen
de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la
conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su
causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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CPACA, según el cual la norma en cita no presupone la causación automática de costas
contra la parte que pierda el litigio, sino que es necesario realizar un juicio de
ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las
partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera
temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en
costas, porque no se advierte que la parte demandada, y en esta instancia recurrente,
haya incurrido en las anteriores conductas. En consecuencia, se revocará la condena
en primera instancia.

3.5. Conclusión

45. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que el demandante tiene derecho
al reconocimiento y pago de la prima del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 como un valor adicional a la remuneración mensual desde el día 10 de junio de
2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020. Finalmente, en relación con la condena en
costas, al no advertirse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o
dilatoria, etc., no hay lugar a condena alguna.

46. En este orden, la sentencia apelada que accedió al reconocimiento de la prima
especial y la reliquidación de la seguridad social en pensión será confirmada
parcialmente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces el 10 de octubre de 2024, en cuanto
accedió al reconocimiento de la prima especial y la reliquidación de la seguridad social
desde el 10 de junio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020 a favor de Carlos
Alberto Aranceta Guardia.

SEGUNDO. Revocar la condena en costas impuesta en la primera instancia.

TERCERO. No condenar en costas en esta instancia.

CUARTO. En firme esta providencia, archivar el expediente.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Demandante: Carlos Alberto Aranceta Guardia
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ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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