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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2021-01819-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2021-01819-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia apelada, proferida el 13 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que quedará así: 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 05001-23-33-000-2021-01819-01 (29071) Demandante: Municipio de Itagüí Tercero: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada, las cuales serán liquidadas por la secretaría del tribunal. Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido (cuantía que sirvió para estimar la competencia), de conformidad con lo establecido en el acuerdo PCSJA25- 12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura, sin que superen el valor de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. 3. NO imponer condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2021-01819-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2021-01819-01 (29071)
Demandante MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
Demandada MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL
Temas Cobro coactivo. Obligación no tributaria. Excepción de falta
de título ejecutivo. Título ejecutivo complejo. Obligaciones de
dar y de hacer.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 13 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Primera de Decisión, que resolvió2:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de los autos proferidos por la Policía Nacional- Grupo de
Jurisdicción Coactiva, el 26 de agosto de 2021 y el 30 de septiembre de 2021, mediante los
cuales se resolvió sobre las excepciones y se dispuso seguir adelante la ejecución, dentro del
proceso de cobro coactivo N° 178/21, conforme las consideraciones de esta decisión.
SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la Nación-
Ministerio de Defensa- Policía Nacional- Grupo de Jurisdicción Coactiva, cesar la
ejecución en los términos planteados dentro del proceso de cobro coactivo N° 178/21, en
atención a las consideraciones aquí plasmadas.
TERCERO: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, se
condena en costas de primera instancia a la parte demandada, las cuales serán liquidadas
por la Secretaría de la Corporación.
Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido (cuantía que
sirvió para estimar la competencia), de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.
PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
[…].

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Policía Nacional y el municipio de Itagüí celebraron los convenios
interadministrativos SGM-214-2013 del 23 de julio de 2013, SGM-143-2015 del 2 de
junio de 2015 y SGM-155-2015 del 24 de junio de 2015, con el fin de aunar esfuerzos
para i) la implementación de 30 auxiliares de policía bachilleres que coadyuvarían
en la seguridad y bienestar de la comunidad, ii) la regulación y control del tránsito y
transporte de la ciudad y iii) la implementación del programa de auxiliares
bachilleres del departamento de Antioquia.

1
Aunque el expediente pasó al despacho sustanciador por reparto el 19 de julio de 2024 (Samai, índice 3), el expediente
fue devuelto al tribunal de origen mediante auto del 22 de noviembre del mismo año, por estar pendiente de decidir una
petición de corrección de la sentencia (Samai, índice 4). Una vez el a quo decidió sobre dicha solicitud, el expediente
ingresó al despacho sustanciador para decidir sobre la admisión de la apelación el 12 de febrero de 2025 (Samai, índice
13), por lo que el recurso fue efectivamente admitido en providencia del 12 de marzo del mismo año (Samai, índice 14).
2
Samai del tribunal, índice 20, páginas 24 a 25.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01819-01 (29071)
Demandante: Municipio de Itagüí

Al finalizar estos negocios jurídicos, las partes suscribieron tres actas bilaterales de
liquidación de los convenios, el 17 de febrero de 2017, el 25 de junio de 2018 y el
24 de febrero de 2017, respectivamente.

La Policía Nacional inició el proceso de cobro en contra del municipio, para lo cual
libró el mandamiento de pago (sin número) del 2 de junio de 2021, que, con
fundamento en los convenios y sus liquidaciones bilaterales, exigió el pago del valor
pendiente de ejecutar, más los intereses causados.

La entidad territorial formuló las excepciones de falta de título y de falta de
competencia. Sin embargo, la Policía Nacional las declaró improcedentes, en acto
administrativo (sin número) del 26 de agosto de 2021.

El municipio de Itagüí presentó recurso de reposición contra la anterior decisión,
pero la demandada la confirmó en el acto (sin número) del 30 de septiembre de
2021.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
PRIMERA:
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
A. Auto fechado el 26 de agosto de 2021 "Por medio de la cual se resuelven excepciones
contra el mandamiento de pago expedido mediante la Resolución Metropolitana del 2 de
junio de 2021 contra el Municipio de Itagüí-Antioquia, Nit […]"
B. Auto fechado el 30 de septiembre de 2021 "Por medio de la cual se resuelve un recurso
de reposición contra la Resolución Metropolitana fechada el 26 de agosto de 2021 y que
ordena seguir adelante con la ejecución”.
SEGUNDA:
Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad, se restablezca el derecho a
la entidad demandante, declarando que el Municipio de Itagüí no está obligado a cumplir con
el pago por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($456.574.039), por falta de título e incompetencia
del funcionario dentro de los actos demandados
TERCERA:
Que se ordene cesar cualquier acción de cobro por falta de título e incompetencia del
funcionario de cobro coactivo por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($456.574.039).

CUARTA:
Que se ordene al Ministerio de Defensa-Policía Nacional la devolución de lo cancelado, en el
evento en el cual el municipio de Itagüí se vea conminado a pagar algún valor en virtud del
proceso de cobro coactivo.
QUINTA:
Que se condene en costas al demandado de conformidad con lo establecido en el artículo 188
del СРАСА.
3
Samai, índice 12. Expediente digital. «01DemandaYPoder», páginas 9 a 10.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01819-01 (29071)
Demandante: Municipio de Itagüí

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 4, 6, 29, 121 y 123
de la Constitución Política; 297 de la Ley 1437 de 2011; 422 del Código General del
Proceso; y 826 y 828 del Estatuto Tributario.

El concepto de violación se resume así:

Indicó que en las actas de liquidación bilateral se acordó que los aportes dejados
de ejecutar serían incorporados en acuerdos posteriores. En consecuencia, la
demandada inició el procedimiento de cobro con fundamento en el incumplimiento
en la suscripción de los convenios interadministrativos a que se hizo alusión en las
actas de liquidación.

Señaló que todo funcionario público y entidad está en el deber de reconocer la
supremacía constitucional, y que, en todo caso, se debe garantizar el debido
proceso, y en particular la garantía de las formas propias de cada juicio4. Destacó
que los artículos 121 y 123 de la Constitución prevén que los servidores públicos no
pueden ejercer funciones distintas a las previstas en la ley.

Aseguró que el proceso de cobro coactivo no es el mecanismo adecuado para exigir
la obligación contenida en los convenios interadministrativos y sus liquidaciones,
pues estos comportan obligaciones de hacer, consistentes en suscribir nuevos
convenios, y no obligaciones de dar una suma de dinero. De modo que, a su juicio,
la prerrogativa exorbitante de la administración para adelantar procesos de cobro
coactivo no es procedente en este caso5.

Adujo, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado6, que las únicas
liquidaciones que sirven de fundamento para los procesos de cobro son las que
contienen obligaciones claras, expresas y exigibles. Pero, en este caso, la discusión
que propone la demandada debía tramitarse por la vía de la acción de controversias
contractuales, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (incompetencia
del funcionario que profiere el mandamiento de pago y demás actos del proceso de
cobro coactivo).

Manifestó que en el presente caso no hay un título que habilite a la demandada a
llevar a cabo el procedimiento de cobro coactivo7. Analizó el contenido de las
liquidaciones bilaterales de liquidación de los convenios interadministrativos, con lo
cual sostuvo que no contienen obligaciones expresas, claras y exigibles, sino
acuerdos bilaterales que condicionan la entrega de los recursos no ejecutados a la
celebración de convenios futuros. Insistió en que se trata de una obligación de
hacer, sujeta a la voluntad de ambas partes, lo que impide a la entidad territorial
realizar el pago de forma distinta a la acordada. De este modo, concluyó que la
Policía Nacional desconoció sus propios actos al contravenir lo acordado en las
actas de liquidación bilateral8.

En el acápite de hechos de la demanda, precisó que la Policía Nacional, mediante
oficios de cobro persuasivo del 15 de febrero de 2018 y del 13 de julio de 2020, se
limitó a solicitar el pago de los valores pendientes, pero no formuló una propuesta
para la suscripción de los convenios nuevos, lo que imposibilita jurídicamente a la
demandante para efectuar el pago.
4
Citó la sentencia C-496 de 2015 de la Corte Constitucional.
5
Citó la sentencia C-799 de 2003 de la Corte Constitucional.
6
Citó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicado 11001-03-06-000-2015-00067-00(2253)
7
Citó los artículos 297 de la Ley 1437 de 2011; 828 del Estatuto Tributario; y 422 del Código General del Proceso.
8
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 22 de julio de 2009, exp. 17552 (no identificó al magistrado
ponente).

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2021-01819-01 (29071)
Demandante: Municipio de Itagüí

Consideró que no hay lugar a liquidar intereses moratorios, en el entendido de que
operó la excepción de contrato no cumplido, pues la demandada faltó al deber de
suscribir los acuerdos que se refirieron en las actas ampliamente citadas9.

Oposición de la demanda

La Policía Nacional controvirtió las pretensiones de la demanda al considerar que
los actos se expidieron en debida forma10.

Puso de presente que el municipio de Itagüí es deudor de la Policía Nacional, por
las obligaciones contenidas en los convenios interadministrativos que suscribieron
las partes, determinadas en las actas de liquidación bilateral que adquirieron
firmeza, y cuya cuantía asciende a $456.574.039.

Afirmó que el cobro era procedente, porque fue declarada fallida la audiencia de
conciliación extrajudicial adelantada antes de la expedición del mandamiento de
pago, citada para agotar el requisito previo del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012.

Señaló que las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago carecen de
fundamento, pues se configuró el título ejecutivo complejo, dadas las obligaciones
contenidas en los acuerdos de cooperación interadministrativa y sus actas de
liquidación bilateral, documentos que, a su juicio, contienen obligaciones claras,
expresas y exigibles. Indicó que dichos actos son legales y tienen fuerza ejecutoria11

Sobre la excepción de falta de competencia del funcionario que profirió el título
ejecutivo, manifestó que el director de la Policía Nacional y el alcalde de Itagüí
actuaron en el marco de sus competencias legales al suscribir los convenios
interadministrativos y las actas. Igualmente, destacó que el procedimiento de cobro
coactivo no tiene la finalidad de declarar la existencia de obligaciones, sino ejecutar
aquellas que consten en los títulos ejecutivos.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, declaró la nulidad
de los actos demandados, concedió el restablecimiento del derecho que consideró
procedente e impuso condena en costas a la demandada, por lo siguiente12:

Precisó que, con arreglo al artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y al Decreto 4473 de
2006, las entidades públicas dotadas de jurisdicción coactiva13 deben someterse al
procedimiento previsto en el Estatuto Tributario, aun cuando la naturaleza de la
obligación no sea tributaria.

Adujo que la Policía Nacional inició el proceso de cobro coactivo en contra de la
demandante con fundamento en los convenios interadministrativos SGM-214-2013,
SGM-143-2015 Y SGM-155-2015 y sus actas de liquidación bilateral. Igualmente, puso
de presente la suscripción del convenio interadministrativo SGM-293 de 2017, el cual
no cuenta con acta de liquidación.

9
Citó la sentencia T-537 de 2009 de la Corte Constitucional.
10
Samai del tribunal, índice 12.
11
Citó los artículos 89 y 91 de la Ley 1437 de 2011.
12
Se aclara que, en el recurso de apelación, la demandada solicitó la corrección de la parte resolutiva del fallo impugnado,
dado que contenía una enumeración errónea al pasar del ordinal tercero al octavo. Esta petición prosperó, por lo que el
a quo corrigió la providencia en el sentido que el ordinal octavo correspondía al cuarto, mediante auto del 27 de enero de
2025.
13
Citó la sentencia C-666 del 2000 de la Corte Constitucional.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01819-01 (29071)
Demandante: Municipio de Itagüí

Sobre las excepciones planteadas, indicó que únicamente son procedentes
aquellas listadas de manera taxativa en el artículo 831 del Estatuto Tributario14. Así,
destacó que la excepción sobre la «incompetencia del funcionario que profirió el mandamiento
de pago y los demás actos del proceso» no está prevista en la disposición citada, pues el
numeral 7 alude a la incompetencia del funcionario que emite el título ejecutivo 15.
En consecuencia, indicó que no está probada la excepción invocada por la
demandante.

En todo caso, afirmó que, aun de existir la excepción invocada, no es cierto que sea
improcedente exigir el cumplimiento de obligaciones de hacer mediante el
procedimiento de cobro coactivo. Para esto, aclaró que, conforme al artículo 98 de
la Ley 1437 de 2011, la prerrogativa de cobro coactivo no se limita a sumas de
dinero, sino que abarca las obligaciones a favor de la entidad que consten en títulos
ejecutivos, sin distinción del tipo de obligación.

En cuanto a la excepción de falta de título ejecutivo, consideró que los contratos
estatales, las actas de liquidación y todo acto administrativo proferido en virtud de
la actividad contractual, son documentos que prestan mérito ejecutivo16. De este
modo, afirmó que el título ejecutivo en este caso está conformado por los convenios
interadministrativos y las actas de liquidación bilateral.

Puso de presente que los títulos ejecutivos deben contener obligaciones claras,
expresas y exigibles, y que estas pueden ser obligaciones de dar, hacer o no hacer.

Luego, aseguró que en las actas de liquidación bilateral quedó manifiesta la
obligación en cabeza del municipio de cancelar los aportes dejados de ejecutar
mediante la suscripción de otros convenios, en los cuales los recursos serían
independientes de los que destinara el municipio.

En concreto, las liquidaciones de los convenios SGM-214-2013 y SGM-155-2015
acordaron que la suscripción de un nuevo documento en el segundo trimestre del
año 2017, cumplido lo cual se entendería que la demandante quedaría a paz y salvo
con la Policía Nacional.

En todo caso, resaltó que no se contempló que las sumas dejadas de ejecutar serían
reconocidas en dinero, sino que en relación con estas se creó la obligación de hacer
consistente en la suscripción de convenios futuros. En ese sentido, encontró
configuradas las cualidades del título de ser claro, expreso y exigible, pero
únicamente frente a la obligación de hacer referida.

Teniendo en cuenta que la obligación referida no corresponde con la invocada para
iniciar el procedimiento de cobro coactivo (pago de una suma de dinero), la
demandada carece de título ejecutivo. De este modo, concluyó que era procedente
la declaratoria de nulidad de los actos acusados.

En cuanto al restablecimiento del derecho, señaló que no era posible ordenar la
devolución de lo pagado, pues no hay prueba de que efectivamente hubiera existido
un pago. Por lo tanto, lo limitó a que la demandada cesara la ejecución adelantada
en contra de la demandante.

14
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 08 de marzo de 2019, exp. 23392, reiterada en la providencia
del 11 de noviembre de 2021, exp. 25209.
15
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 18 de octubre de 2018, exp. 23164.
16
Citó el numeral 3) del artículo 99 de la Ley 1437 de 2011.

5
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Demandante: Municipio de Itagüí

Finalmente, impuso condena en costas a cargo de la demandada, para lo cual fijó
las agencias en derecho en el 3% del valor de lo pretendido como pago, conforme
lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, proferido por
el Consejo Superior de la Judicatura17.

Recurso de apelación

La Policía Nacional solicitó revocar la anterior decisión18, pues consideró que los
supuestos fácticos del caso no dan lugar a la declaratoria de nulidad de los actos,
ni a la imposición de la condena en costas.

Destacó que en la sentencia de primera instancia reconoció la existencia de un título
ejecutivo, lo que descarta la excepción propuesta de falta de él. Luego, precisó que
la demandante había contraído la obligación de suscribir convenios futuros con la
Policía Nacional, en los que se destinarían los aportes dejados de ejecutar en los
convenios interadministrativos referidos en el expediente.

Cuestionó la afirmación hecha por el a quo sobre la falta de correspondencia entre
la obligación contenida en el título ejecutivo con la exigida en el procedimiento de
cobro coactivo. Consideró que esta interpretación tiene como consecuencia la
afectación del patrimonio público19 y desconoce los principios de la función
administrativa contenidos en el artículo20, pues los daños patrimoniales al Estado
pueden derivar del menoscabo, disminución, detrimento o pérdida de los recursos
públicos, y las autoridades tienen el deber de recuperar los recursos afectados.

Indicó que, al haberse incumplido la obligación de suscripción de los acuerdos por
parte de la demandante, se afectó el equilibrio económico o financiero del contrato
estatal, pues la Policía Nacional cumplió todas sus obligaciones, frente a lo cual le
surgió el derecho de exigir el correspondiente restablecimiento de esos recursos.

Así mismo, arguyó que la liquidación final del contrato es el momento para definir
cuentas y formular reclamaciones, y no posteriormente, apoyándose en la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado21.

Frente a la condena en costas, manifestó que la misma no era procedente, ya que
no se advirtió temeridad procesal ni el desarrollo de una conducta impropia por parte
de la entidad. Además, aseguró que no puede imponerse esta condena al no estar
probada la causación de las costas procesales.

Oposición a la apelación

La demandante guardó silencio.

Intervención del ministerio público

El agente del ministerio público guardó silencio.

17
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 07 de abril de 2016, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01.
18
Samai, índice 12. Expediente digital. «40RecursoApelacion».
19
Citó el artículo 6 de la Ley 610 del 2000. Citó la sentencia del Consejo de Estado identificada con el número de radicado
25000234100020130179901 del 03 de enero de 2016; no suministró datos adicionales.
20
Invocó el artículo 209 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley 80 de 1993.
21
Invocó las sentencias del 10 de abril de 1997, exp. 10608; y del 9 de marzo de 1998, exp. 11101 (no identificó a los
ponentes).

6
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Demandante: Municipio de Itagüí

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Le corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de los actos (sin número) del
26 de agosto y del 30 de septiembre de 2021, proferidos por la Policía Nacional,
que negaron las excepciones propuestas por el municipio de Itagüí en contra del
mandamiento de pago expedido en su contra.
Para esto, la sala advierte que la demanda se fundamentó en que fueron
demostradas dos excepciones: i) la falta de competencia del funcionario que expidió
el mandamiento de pago y ii) la falta de título ejecutivo. El a quo concluyó que la
primera de ellas no fue demostrada, pese a lo cual, la demandante no presentó
recurso de apelación. Además, la Policía Nacional, como apelante única, tampoco
propuso algún reparo sobre este aspecto. En consecuencia, este punto no será
objeto de análisis, en virtud del principio de congruencia, previsto en los artículos
320 y 328 del Código General del Proceso.
Análisis del caso concreto
La demandada afirmó que el a quo cometió un error, porque reconoció que existe
un título ejecutivo, pero encontró probada la excepción de falta de él. Reprochó que
el tribunal considerara que no había correspondencia entre la obligación contenida
en el título ejecutivo y la deuda cobrada, pues esa interpretación afecta el patrimonio
público y los principios de la función administrativa, considerando que el
incumplimiento de la demandante de los convenios interadministrativos rompió el
equilibrio económico del contrato, siendo la liquidación final el momento oportuno
para reclamaciones.
Para resolver, se pone de presente que el presupuesto para iniciar el procedimiento
de cobro coactivo es la existencia de un título ejecutivo, pues su objetivo no es
constituir obligaciones, sino hacerlas efectivas.
A estos efectos, la sala22 ha entendido que «la obligación es expresa porque se encuentra
especificada en el título ejecutivo, en cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer.
Es clara cuando sus elementos están determinados o pueden inferirse de una simple revisión del
título ejecutivo y es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar
pendiente de un plazo o condición».

Sumado a ello, se ha manifestado que el título ejecutivo en el cual consta la
obligación puede ser singular o complejo. En el primero, la obligación consta en un
solo documento; mientras que, en el segundo, la deuda obra en varios de ellos, que
constituyen una unidad jurídica, en cuanto no pueden hacerse valer como título
ejecutivo por separado23.
En concordancia, y comoquiera que el litigio no es de naturaleza tributaria, se debe
tener en cuenta que el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo establece que prestan mérito ejecutivo, entre otros,
los contratos y las actas de liquidación de ellos, siempre y cuando dicha obligación
sea expresa, clara y exigible.
22
Sentencia del 15 de octubre de 2020, exp. 24765, M.P. Milton Chaves García, que reiteró el fallo del 11 de mayo de 2017,
exp. 20337, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En este mismo sentido, la sentencia del 21 de mayo de 2020, exp.
24228, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; reiterada en el fallo del 28 de septiembre de 2023, exp. 26562, M.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.
23
Sentencia del 12 de diciembre de 2018, exp. 23385, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, tema reiterado en sentencias
del 15 de septiembre de 2022, exp. 26026, y del 11 de noviembre de 2021, exp. 25209, M.P. Milton Chaves García.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01819-01 (29071)
Demandante: Municipio de Itagüí

Teniendo esto presente, la sala encuentra probado lo siguiente:

• La Policía Nacional y el municipio de Itagüí suscribieron el convenio
interadministrativo SGM-214-2013 del 23 de julio del 2013, con el objeto de destinar
«un grupo de 30 auxiliares de policía bachilleres que coadyuvaran en la seguridad y bienestar de la
comunidad Itagüiseña»24. En la cláusula cuarta, la entidad territorial se obligó a realizar un
aporte de $93.708.704, que según la cláusula quinta sería ejecutado mediante otro
convenio interadministrativo celebrado con una empresa de capacidad y experiencia
suficiente para la contratación de bienes y servicios.
Este convenio fue objeto de tres adendas. En lo relevante para este caso, con la
adición 0225, se pactó un nuevo aporte a cargo del municipio, de $46.854.352.
Las partes suscribieron el acta de liquidación del 15 de febrero de 201726, en la que
consta que, del total de aportes pactados ($140.563.056), después del pago de
honorarios a la empresa subcontratada, se administraron $127.784.597, del cual
fueron ejecutados $116.975.566, por lo que quedó un saldo pendiente de
$10.809.031.
En los acuerdos finales, las partes dieron por liquidado el convenio y acordaron «que
los aportes dejados de ejecutar (recursos a administrar) por parte del Municipio de Itagüí en el convenio
SGM-214-213, serán asumidas [sic] por el Municipio en los términos y condiciones que se estipulen en el
convenio de la vigencia del 2017, aclarando que los recursos aquí enunciados serán independientes de
los que el Municipio comprometa en virtud del nuevo convenio que suscriba, entendiendo que los costos
fueron asumidos por los aportes del convenio»27. Por lo anterior, señalaron que la suscripción
de un nuevo convenio se realizaría durante el segundo semestre del año 2017, y
manifestaron que, una vez cumplido lo anterior, «las partes declaran quedar a paz y salvo en
los compromisos originados en el presente convenio».

• El 2 de junio de 2015, la Policía Nacional y el municipio de Itagüí suscribieron el
convenio interadministrativo de cooperación SGM-143-201528, con la finalidad de
aunar esfuerzos en la regulación y control de tránsito y transporte en el municipio.
Con este fin, en la cláusula cuarta, la entidad territorial se obligó a realizar aportes por
cuantía de $929.857.828, que también sería ejecutado a través de una empresa con
experiencia y capacidad en la contratación de bienes y servicios.
Según consta en el acta de liquidación del 25 de junio de 201829, del total de aportes
pactados, y después del pago de comisiones e IVA la empresa ejecutante, se
administraron recursos por $841.957.468, de los cuales se ejecutaron $549.563.460,
por lo que quedó pendiente un saldo de $292.394.008.
Al igual que en el convenio anterior, las partes dieron por liquidado el acuerdo y
pactaron que, «los aportes no ejecutados con ocasión del Convenio SGM-143-2015, serán asumidos
por el Municipio en los términos y condiciones que se estipulen en los convenios que se suscriban entre
ambas entidades en próximas vigencias, […] aclarando que los recursos aquí enunciados serán
independientes de los que el Municipio comprometa en virtud del nuevo convenio que suscriba con La
Policía Nacional»30. Debido a lo anterior, señalaron que, una vez cumplido lo acordado,
«las partes declaran quedar a paz y salvo en los compromisos originados en el presente convenio».

• El 24 de junio de 2015, las partes suscribieron el convenio SGM-155-201531, que tenía
por objeto aunar esfuerzos para la implementación y desarrollo del programa de
auxiliares bachilleres. Para esto, el municipio se comprometió a aportar recursos por
cuantía de $153.371.000.
En el acta de liquidación del 24 de febrero de 201732, las partes dejaron constancia
que no se ejecutó ningún monto. Y, al igual que en los casos anteriores, decidieron
24
Samai, índice 2. Expediente digital. «06CONVENIODECOOPERAIONNSGM-2014-2013.pdf». Pág. 1.
25
Ibídem, Pág. 9 a 11.
26
Ibídem, Pág. 17 a 22.
27
Ibídem. Pág. 22.
28
Samai, índice 2. Expediente digital. «07CONVENION143-2015.pdf». Pág. 2 a 4.
29
Ibídem. Pág. 5 a 22.
30
Ibídem. Pág. 21.
31
Samai, índice 2. Expediente digital. «08CONVENIONSGM-155-2015.pdf». Pág. 1 a 4.
32
Ibídem. Pág. 5 a 13.

8
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Demandante: Municipio de Itagüí

que «los aportes dejados de ejecutar por parte del Municipio de Itagüí en el convenio SGM-155-2015,
serán asumidas [sic] por el Municipio en los términos y condiciones que se estipulen en el convenio de
la vigencia 2017 […]»33. Igualmente, afirmaron que el convenio referido sería suscrito en
el segundo trimestre de 2017 y que, una vez cumplido lo anterior, «las partes declaran
quedar a paz y salvo en los compromisos originados en el presente convenio».

• La Policía Nacional profirió el mandamiento de pago del 2 de junio de 202134, en el
cual pretende el pago de $456.574.039, valor que determinó por los recursos no
ejecutados de los convenios interadministrativos antes enunciados, junto con los
intereses moratorios establecidos en el Estatuto Tributario.
Para estos efectos, la entidad acreedora afirmó que las tres actas de liquidación
bilateral quedaron ejecutoriadas y en firme, por lo que cada una de ellas «se hizo
exigible»35.

• En la resolución del 26 de agosto de 202136, que declaró improcedentes las
excepciones propuestas por la demandante, la demandada señaló que se adelanta el
cobro coactivo del título ejecutivo complejo, compuesto por los tres convenios
interadministrativos que fueron analizados y las actas de liquidación bilateral, de los
cuales deriva, a su juicio, que el municipio de Itagüí «es deudor de la NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL-METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, de la suma de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE
($456.574.039,00)». Además, arguyó que dichos documentos son actos administrativos
que se presumen legales y tienen fuerza ejecutoria, y contienen una obligación
expresa, clara y exigible.
• Las anteriores consideraciones fueron reiteradas en el acto del 30 de septiembre de
2021, que decidió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión inicial
decisión37.
• Con la demanda, se allegó copia del convenio interadministrativo SGM-293-201738,
suscrito el 9 de noviembre de 2017, en el que consta que la entidad territorial se
obligaba a realizar un aporte de $131.000.000.

Del análisis conjunto de las pruebas allegadas, la Sección evidencia que la
obligación cuyo cumplimiento se pretende por el mandamiento de pago es de dar
una suma de dinero ($456.574.039), para lo cual se invocó como título ejecutivo
complejo a los convenios interadministrativos SGM-214-2013 del 23 de julio de 2013,
SGM-143-2015 del 02 de junio de 2015 y SGM-155-2015 del 24 de junio de 2015,
junto con las correspondientes actas de liquidación bilateral.

Ahora, si bien dichos negocios jurídicos contienen un compromiso de realizar
aportes monetarios para su cumplimiento, lo cierto es que las actas de liquidación
no determinaron que se efectuaría un pago inmediato o en un plazo a la Policía
Nacional. En cambio, se evidencia que se acordó una condición para efectuar dicho
pago: la celebración de un convenio interadministrativo, dentro del cual serían
efectuados los aportes pendientes para el momento de la liquidación.

Conforme a lo expuesto, aunque los documentos referidos identifican el monto de
los aportes a cargo de la entidad territorial que no fueron ejecutados, la obligación
no es expresa, ya que no se acordó algún pago monetario, ni exigible, pues la
ejecución de los saldos quedó sometida a la condición de celebrar un convenio
interadministrativo.

33
Ibídem. Pág. 12.
34
Samai, índice 2. Expediente digital. «04MANDAMIENTODEPAGO.pdf».
35
Ibídem. Pág. 7 y 8.
36
Samai, índice 2. Expediente digital. «02AUTORESUELVEEXCEPCIONES».
37
Samai, índice 2. Expediente digital. «03AUTORESUELVERECURSODEREPOSICION».
38
Samai, índice 2. Expediente digital. «5ED_CONTRATOS_05CONTRATONSGM293201(.pdf) NroActua 2»

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Demandante: Municipio de Itagüí

La Sección destaca que la condición referida no se cumplió con la suscripción del
convenio interadministrativo SGM-293-201739, dado que en él no se incorporó la
obligación de ejecutar los saldos pendientes de convenios anteriores e, incluso, se
pactó una cifra menor a lo cobrado, de $131.000.000. Además, al expediente no se
allegó el acta de liquidación de dicho acuerdo, de modo que no hay prueba de cuáles
podrían ser las obligaciones pendientes de cumplimiento derivados de ese negocio
jurídico.

Debe tenerse presente que, si bien el tribunal consideró que los convenios
interadministrativos SGM-214-2013 del 23 de julio de 2013, SGM-143-2015 del 02 de
junio de 2015 y SGM-155-2015 del 24 de junio de 2015, junto con las
correspondientes actas de liquidación bilateral, conformaban un título ejecutivo
complejo, a su juicio, solo contenía una obligación de hacer. De este modo, contrario
a lo afirmado por la apelante, esta conclusión del a quo no sería suficiente para que
prospere su recurso de apelación, pues se insiste en que el mandamiento de pago
pretende que sea entregada una suma de dinero, no de hacer. Así las cosas, no
existió un error en la sentencia impugnada al concluir que estaba probada la
excepción de falta de título ejecutivo.

En cuanto a que el incumplimiento por parte del municipio de Itagüí constituye una
afectación patrimonial y da lugar a un desequilibrio económico de los convenios
interadministrativos, la sala precisa que estos argumentos no están relacionados
con la debida conformación del título ejecutivo complejo, sino a los perjuicios
derivados de un incumplimiento contractual, por lo que escapa al objeto del litigio
que se resuelve. Así, aun de ser ciertas esas afirmaciones, no habilitarían a la
demandada a adelantar un cobro coactivo sin haber constituido en debida forma un
título ejecutivo que contenga una obligación expresa, clara y exigible a cargo del
deudor, lo cual no se acreditó en este caso.

Por lo expuesto, no prospera el recurso de apelación, motivo por el cual será
confirmada la declaratoria de nulidad de los actos acusados. Además, en aplicación
del principio de congruencia, no se analizará el restablecimiento del derecho
ordenado en primera instancia pues no fue objeto de reproche; por ende, este
aspecto también será confirmado.

Costas

La apelante cuestionó la condena en costas en primera instancia, señalando que no
era procedente su imposición, porque no actuó con temeridad ni mala fe, y porque
no se demostró su causación.

Al respecto, el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece que, salvo en los procesos que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código
General del Proceso).

En concordancia, el artículo 365 del Código General del Proceso prevé, en el
numeral 1, que se impondrá condena en costas a la parte vencida en el proceso.
Por su parte, el numeral 8 precisa que «Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». Igualmente, el numeral 4 del

39
Samai, índice 2. Expediente digital. «5ED_CONTRATOS_05CONTRATONSGM293201(.pdf) NroActua 2»

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Demandante: Municipio de Itagüí

artículo 366 ibídem prevé que las agencias en derecho deben fijarse de acuerdo
con las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

De las normas expuestas, y contrario a lo dicho por la apelante, la Sala advierte, por
un lado, que no se está discutiendo un asunto de interés público, dado que el litigio
versa sobre la existencia de un título ejecutivo que habilite a la Policía Nacional para
adelantar un cobro coactivo frente al municipio de Itagüí, con relación a recursos no
ejecutados en diversos convenios interadministrativos que aunaron esfuerzos para
prestar los servicios de seguridad y de control del tránsito en la ciudad y, por el otro,
que la fijación de las agencias en derecho no depende de la actuación de las partes
(mala fe o temeridad). En cambio, para su determinación, basta con que la parte
haya sido vencida en el juicio.

Dicho esto, para el caso concreto se observa que el a quo aplicó el acuerdo PSAA16-
10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura; no obstante,
dicha norma fue adicionada por el acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de
2025, estableciendo nuevas reglas aplicables a, entre otros, los procesos
relacionados con cobros coactivos. De este modo, se deberá aplicar la modificación
prevista en esta última disposición, por estar vigente al momento de proferir esta
providencia.

Así, el acuerdo reseñado establece que, para los procesos en que se discutan
asuntos de cobro coactivo, y en los que sean competentes en primera instancia los
tribunales administrativos, se deberá fijar las agencias en derecho entre el 3% y el
7.5% del valor de las pretensiones, sin llegar a superar nunca los 6 salario mínimos
legales mensuales vigentes (SMLMV), por ende, si bien no hay lugar a modificar el
porcentaje de las agencias en derecho que determinó el tribunal (3%), la sala
considera necesario modificar la condena en costas impuesta en primera instancia,
con el fin de precisar que ella está limitada a los 6 SMLMV.

Por lo tanto, este cargo de la apelación prospera, pero solo parcialmente, dado que
no será revocada la condena en costas impuesta en primera instancia, sino solo
monto.

En cuanto a la condena en costas en segunda instancia, debe tenerse presente que
el numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso establece que, en la
providencia que el superior confirme «en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda». Empero, como se expuso, en este
caso no habrá una confirmación total, dado que será modificada la orden referente
a la condena en costas de primera instancia. Por lo tanto, no procede su imposición
en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia apelada, proferida el 13 de junio
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión,
que quedará así:

11
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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01819-01 (29071)
Demandante: Municipio de Itagüí

Tercero: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso,
CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada, las cuales serán liquidadas
por la secretaría del tribunal.
Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido (cuantía que
sirvió para estimar la competencia), de conformidad con lo establecido en el acuerdo PCSJA25-
12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura, sin que superen
el valor de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

3. NO imponer condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Con salvamento parcial y aclaración de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

12
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