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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-01835-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-01835-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01835-01 (0313-2025)
Demandante: Juan Gabriel Úsuga Garcés
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Tema: asignación de retiro. Subtema 1: régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004
para el personal vinculado antes de la vigencia de dicha norma.

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
el 28 de octubre de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

Juan Gabriel Úsuga Garcés pretende la nulidad de los actos administrativos mediante
los cuales las entidades demandadas le negaron el reconocimiento de la asignación
de retiro por no reunir 20 años de servicio. La Sala confirmará la sentencia apelada
por la entidad demandada, al encontrar acreditado que el actor es beneficiario del
régimen de transición que le permite acceder a la asignación de retiro con 15 años de
servicio, aun cuando la desvinculación hubiera derivado de la acumulación de
sanciones disciplinarias impuestas en su contra.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Juan Gabriel Úsuga Garcés, mediante apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declare la nulidad de
los oficios 604653 y S-2020-047933-DITAH del 28 de octubre y 3 de noviembre de
2020, por medio de los cuales Casur y la Dirección General de la Policía Nacional,

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01835-01 (0313-2025)
Demandante: Juan Gabriel Úsuga Garcés
Demandado: Casur y otro

respectivamente, le negaron el reconocimiento de la asignación de retiro y el pago de
los 3 meses de alta al considerar que no acreditó el tiempo mínimo de servicio exigido.

2. Como consecuencia solicitó, a título de restablecimiento del derecho, el
reconocimiento de la asignación de retiro y el pago de los 3 meses de alta para la
conformación del expediente prestacional, de acuerdo con el tiempo de servicio
prestado en la Policía Nacional, de conformidad con los artículos 144, 145 y 155 del
Decreto 1212 de 1990; el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos
192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA) y condenar en costas a la entidad demandada1.

2.1.1. Hechos

3. El señor Juan Gabriel Úsuga Garcés ingresó a la Policía Nacional como alumno del
nivel ejecutivo, el 5 de agosto de 1996, e inició servicio como patrullero el 31 de julio
de 1997.

4. El demandante fue retirado del servicio por estar incurso en la causal de inhabilidad
prevista en el artículo 38.2 del Código Disciplinario Único mediante la Resolución
04286 del 11 de julio de 2016, época en la que contaba con 19 años, 10 meses y 2
días de servicio.

5.Casur, mediante Oficio 604653 del 28 de octubre de 2020, le negó el reconocimiento
de la asignación de retiro por no reunir el requisito de 20 años de servicio.

6. La Dirección General de la Policía Nacional, mediante Oficio S-2020-047933-DITAH
del 3 de noviembre de 2020, le negó el pago de los 3 meses de alta porque tenía
reconocida una pensión de invalidez mediante Resolución 00093 del 9 de febrero de
2018.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

7. El actor consideró que los actos administrativos demandados desconocieron los
artículos 2, 48, 53, 220 y 243 de la Constitución Política, 2.8 y 3.1 de la Ley 923 de
2004, 34 y 35 de la Ley 734 de 2004, 144 y 145 del Decreto 1212 de 1990 y 24 del
Decreto 4433 de 2004.

8. En el concepto de violación afirmó que los actos acusados fueron expedidos con
desconocimiento de la Ley 923 de 2004, porque dicha norma estableció un régimen
de transición para los miembros de la Fuerza Pública que se encontraban en servicio
activo al momento de su entrada en vigor, del cual es beneficiario, por tanto, no le es
exigible un tiempo mayor a los 15 años previsto en el Decreto 1212 de 1990.

9. Asimismo, expuso que las normas que regularon la asignación de retiro para el
nivel ejecutivo de la Policía Nacional fueron declaradas nulas. Finalmente, manifestó

1
Samai, índice 2, archivo 1ED_05001233300020210183(.zip), documento 01Demanda.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01835-01 (0313-2025)
Demandante: Juan Gabriel Úsuga Garcés
Demandado: Casur y otro

que el Decreto 754 de 2019 fue expedido con posterioridad al retiro, por lo que no es
aplicable a su caso.

10. Respecto al pago de los tres meses de alta, puso de presente que, según lo
dispuesto en el artículo 52 del Decreto 1091 de 2015, dicha prestación debe
reconocerse cuando el uniformado sea beneficiario de la pensión de invalidez o de la
asignación de retiro. Lo anterior, sin que pueda considerarse que se está frente a dos
asignaciones provenientes del tesoro público.

2.2. Contestación de la demanda

11. Casur se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que el
demandante ingresó de manera directa al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, por lo
que su situación debe resolverse con base en las normas que han regulado ese nivel,
lo que implica que «nunca tuvo una expectativa de asignación de retiro con base en lo
reglado en los Decretos 1212 y 1213 de 1990», aplicable a los oficiales, suboficiales y
agentes. De esta manera, el régimen de asignación de retiro aplicable al señor Úsuga
Garcés es el Decreto 714 de 2019, que aplica al personal del nivel ejecutivo y establece
un requisito de 20 años de servicios. Respecto al pago de los tres meses de alta,
manifestó que dicho reconocimiento le corresponde a la Policía Nacional2.

12. De otra parte, la Policía Nacional solicitó negar las pretensiones de la demanda,
en específico, los tres meses de alta, porque el retiro se dio por «inhabilidades» que
se «asemeja a destitución», la cual exige 20 años de servicios para acceder a la
asignación tal y como lo prevé el Decreto 754 de 2019. Por último, adujo que el
demandante es beneficiario de la pensión de invalidez desde 2018, circunstancia que
descarta el pago de los tres meses de alta, so pena de incurrir en la prohibición de
percibir doble asignación del tesoro público prevista en el artículo128 de la
Constitución3.

2.3. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda mediante sentencia del 28 de octubre de 2024, declaró la prescripción de
las mesadas causadas antes del 15 de octubre de 2016 y se abstuvo de condenar en
costas a las entidades demandadas4.

14. Precisó que el régimen aplicable al actor es el establecido en el Decreto 1212 de
1990, porque para la fecha del cambio legislativo previsto en la Ley 923 de 2004 se
encontraba en servicio activo, circunstancia que le permite acceder a la asignación de
retiro con el requisito de 15 años de servicios fijado en el artículo 144 del mencionado
decreto.

2 Samai, índice 2, archivo 1ED_05001233300020210183(.zip), documento 18ConsteatacionCASUR.
3 Samai, índice 2, archivo 1ED_05001233300020210183(.zip), documento 01Contestacion 2021-1835
INHABILIDAD SOBREVIVIENTE.
4
Samai, índice 2, archivo 1ED_05001233300020210183(.zip), documento 43Sentencia.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01835-01 (0313-2025)
Demandante: Juan Gabriel Úsuga Garcés
Demandado: Casur y otro

15. Al verificar el requisito del tiempo de labor, señaló que el demandante ingresó a la
Policía Nacional como alumno del nivel ejecutivo en el año 1996 y permaneció en
servicio activo durante más de 19 años, hasta el 14 de julio de 2016, fecha en la que
fue desvinculado por «haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en
los últimos cinco (5) años», la cual «se puede asemejar a la causal de mala conducta».

16. Respecto de los tres meses de alta, encontró que dicha prestación no se genera
en todos los eventos, como en el que se encuentra el actor en el que el retiro se generó
por estar incurso en la inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 38 del CDU. Por
tanto, su desvinculación le impide continuar «en la entidad como en servicio activo y
disfrutando de la asignación mensual».

17. En este orden, consideró que el demandante tiene derecho al reconocimiento de
la asignación de retiro a partir del 14 de julio de 2016, fecha de retiro, pero con efectos
ficales desde el 15 de octubre de 2016 conforme con la prescripción cuatrienal prevista
en el Decreto 4433 de 2004, porque la petición la presentó el 15 de otubre de 2020.

18. Así, dispuso que Casur puede «descontar del monto a reconocer» las sumas
pagadas por concepto de la pensión de invalidez reconocida al actor en virtud de la
Resolución No. 00093 de fecha 09 de febrero de 2018, por razón de la prohibición
prevista en el artículo 128 de la Constitución Política de percibir más de una asignación
proveniente del tesoro público y la incompatibilidad de la pensión de invalidez y la
asignación de retiro establecida en el artículo 156 del Decreto 1212 de 1990.

19. Por último, negó el pago de los tres meses de alta al no desvirtuarse la legalidad
del acto administrativo que respondió desfavorablemente dicha petición, pues el retiro
derivó de una causal de inhabilidad.

2.4. Recurso de apelación

20. Casur presentó inconformidad con la sentencia en lo relacionado con el
reconocimiento de la asignación de retiro, pues, a su juicio, se debe verificar el
cumplimiento del requisito del tiempo de servicio conforme con la causal de retiro, dado
que esta determina el periodo de servicio que permite acceder a la prestación.

21. Asimismo, manifestó que el actor es beneficiario de una pensión de invalidez, por
lo que es improcedente el reconocimiento de la asignación de retiro conforme a la
prohibición establecida en el artículo 128 de la Constitución Política, consistente en
percibir más de una asignación proveniente del erario.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

22. El despacho, mediante auto del 28 de abril de 2025, admitió el recurso de
apelación y prescindió del traslado a las partes para alegar de conclusión por no existir
peticiones probatorias para decretar5.

5
Samai, índice 4.

4

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Demandante: Juan Gabriel Úsuga Garcés
Demandado: Casur y otro

2.6. Ministerio Público

23. La Procuraduría Tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el que solicitó confirmar la sentencia apelada, al considerar que el demandante cumplió
con el requisito de 15 años de servicios previsto en el Decreto 1212 de 1990. Además,
explicó que «no hay motivo para negar el derecho», porque la causal de retiro del señor
Úsuga Garcés «puede ser enmarcada dentro de la causal de mala conducta»6.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

24. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

25. A la Sala le corresponde resolver el siguiente problema jurídico de acuerdo con los
argumentos expuestos por la entidad en el recurso de apelación:

26. ¿El actor tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro con 15 años
de servicio en los términos del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, conforme a la
causal de retiro por mala conducta?

27. Si la respuesta es afirmativa, la Sala determinará la procedencia del análisis sobre
la incompatibilidad de la pensión de invalidez y la asignación de retiro que el tribunal
consideró configurada.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

28. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 66 de 1989, expidió el Decreto Ley 1212 de 1990, por medio del
cual reglamentó el reconocimiento de la asignación de retiro, como una prestación
económica asimilable a la pensión de vejez7, para los oficiales y suboficiales de Policía
Nacional que fueran retirados del servicio activo después de quince (15) años, por las
siguientes causales (art. 144):

i) llamamiento a calificar servicios;
ii) voluntad del Gobierno o de los Comandos de Fuerza;
iii) sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado;
iv) disminución de la capacidad sicofísica;
v) incapacidad profesional;
vi) inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada;

6 Samai, índice 9.
7
Corte Constitucional, sentencia C-432 de 2004.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01835-01 (0313-2025)
Demandante: Juan Gabriel Úsuga Garcés
Demandado: Casur y otro

vii) mala conducta.

29. En el evento de retiro por solicitud propia, la norma citada previó que el tiempo
exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro sería de 20 años de servicio.

30. En lo atinente a la efectividad y el monto de la prestación, el Decreto 1212 de 1990
establece que surge a partir de la terminación de los 3 meses de alta y en cuantía
equivalente al 50 % de las partidas establecidas en el artículo 140, por los primeros 15
años de servicio, y un 4 % adicional por cada año que exceda del mínimo, sin que
sobrepase el 85 %.

31. Con posterioridad, la Ley 923 de 20048, por medio de la cual se fijó el régimen
pensional y de asignación de retiro del personal de oficiales y suboficiales de la Fuerza
Pública, estableció que el tiempo válido para acceder a la prestación es el laborado
durante la «formación, el de servicio y/o el aportado», por lo menos durante 18 años,
sin que en ningún caso se exija «como requisito para reconocer el derecho un tiempo
superior a 25 años» (art. 3.1.).

32. Ante la transición normativa citada, el inciso 2 del artículo 3 de dicha ley previó que
los miembros de la fuerza pública que se encontraban activos a la fecha de entrada en
vigor de la Ley 923 de 2004 accederían a la asignación de retiro en los términos
descritos en el régimen anterior, esto es, con un mínimo de 15 años de servicio en los
casos dispuestos en el Decreto 1212 de 1990, o 20 años en el evento de solicitud
propia9.

33. El Gobierno nacional reglamentó la Ley 923 de 2004 mediante el Decreto 4433 de
2004, que previó el derecho a la asignación de retiro para los miembros del nivel
ejecutivo cuando contaran con 20 años o más de servicio, por las causales
determinadas en dicha normativa o con 25 años en los casos de solicitud propia o
separación absoluta.

34. Frente al régimen de transición, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 12 de abril de 201210, declaró la nulidad del parágrafo 2 del
artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, por exceder la potestad reglamentaria y vulnerar
la reserva de ley, bajo la consideración de que el Gobierno nacional no podía exigir al
personal que se encontraba en servicio activo al entrar en vigor la Ley 923 de 2004 un
tiempo superior al previsto en el régimen anterior.

35. En este orden, concluyó que la exigencia de 20 años de servicio prevista en el
Decreto 4433 de 2004 para acceder a la asignación de retiro, que el régimen anterior
preveía con 15 años a favor de los uniformados en ejercicio, quebrantó la Ley 923 de
2004 y, con ello, el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.

8 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
9 Entró en vigor el 30 de diciembre de 2004.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2012, radicado 11001-03-25 000-2006-00016-

00 (0290-06), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01835-01 (0313-2025)
Demandante: Juan Gabriel Úsuga Garcés
Demandado: Casur y otro

36. En síntesis, consideró que el legislador podía hacer más exigente el requisito de
tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro, pero la Ley 923 de 2004
dispuso, de manera expresa, que tal cambio normativo no resultaba exigible a quienes
se encontraban en ejercicio activo cuando entró a regir dicha norma.

37. Por tanto, el parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, que extendió el
cambio normativo al personal en actividad, incurrió en exceso de la facultad
reglamentaria al inobservar el régimen de transición con desconocimiento de las
expectativas legítimas de los servidores en servicio activo.

38.En aplicación de las consideraciones expuestas en la sentencia de nulidad, la
Subsección consideró lo siguiente11:

En conclusión de esta primera disquisición, la Sala encuentra que por remisión expresa
de la Ley 923 de 2004, a los miembros de la Policía Nacional, entre los cuales se hallan
los que integran el nivel ejecutivo, que se encontraran activos al momento de la
expedición de la Ley, esto es, al 31 de diciembre de 2004, no se les puede exigir un
tiempo de servicio, para efectos de acceder a la asignación de retiro, superior al
establecido en los Decretos 1212 y 1213 de 1990, por ser esta la normativa que se
encontraba vigente para dicho momento, cuando quiera que la causal de retiro invocada
sea la de solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando la desvinculación se produzca por
cualquier otra causal.

39. Así, con ocasión de la declaración de nulidad del parágrafo 2 del artículo 25 del
Decreto 4433 de 2004, esta corporación ha señalado que se debe acudir al principio
de reviviscencia para llenar el vacío normativo generado con motivo del
pronunciamiento judicial y dar aplicación al artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, que
prevé el derecho a la asignación de retiro con 15 años, en cuantía mínima equivalente
al 50 % del monto de las partidas descritas en el artículo 140 de dicha normativa12.

40. Por otra parte, cabe anotar que el presidente de la República dictó el Decreto 1858
de 2012, en el que reguló la asignación de retiro para los suboficiales y agentes que
se homologaron y el personal que ingresó por incorporación directa al nivel ejecutivo
de la Policía Nacional antes del 1º de enero de 2005 «con veinte (20) años o más de
servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la
Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se
retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos
después de veinticinco (25) años de servicio» (art. 2).

41. El Consejo de Estado anuló el artículo 2 de la normativa mencionada, con efectos
ex tunc, «es decir, desde entonces, y se retrotraen al momento en que nació el acto, y
como consecuencia de ello, las cosas se vuelven al estado en que se encontraban
antes de la expedición del mismo, por lo que las situaciones no consolidadas entre el
momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria del mismo, son afectadas
por la decisión que en esta última se tome».

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2018, proceso con

radicado 10001-03-25-000-2013-00543-00 (1060-13), M.P. César Palomino Cortés.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2018, proceso con radicado

25000-23-42-000-2015-01949-01(5126-16), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01835-01 (0313-2025)
Demandante: Juan Gabriel Úsuga Garcés
Demandado: Casur y otro

42. Lo anterior, al estimar que tal norma reglamentaria desconoció las previsiones de
la Ley 923 de 2004, toda vez que impuso al personal vinculado al nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, incorporado directamente y en servicio activo al 31 de diciembre de
2004, condiciones superiores y más exigentes para acceder al derecho de la
asignación de retiro, esto es, tiempos mínimos y máximos de servicio entre veinte (20)
y veinticinco (25) años, cuando estaba restringido a quince (15) y veinte (20).

43. Finalmente, el Gobierno nacional emitió el Decreto 754 de 2019, por el cual se fijó
el régimen de asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, que ingresó por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, «con
quince (15) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad
del Director General de la Policía, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los
que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o
destituidos después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la
fecha en que terminen los tres (3) meses de alta».

44. Al respecto, resulta importante precisar que las condiciones aplicables para
efectos del reconocimiento de la asignación de retiro a favor de los integrantes del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, incorporados directamente antes de la entrada en
vigor de la Ley 923 de 2004, que fueron retirados del servicio antes de la entrada en
vigor del Decreto 754 de 2019, son las previstas en el Decreto 1212 de 199013.

45. En conclusión, el personal en actividad de la Fuerza Pública vinculado antes de la
entrada en vigor de la Ley 923 de 2004 goza de un régimen de transición que le
confiere el beneficio de acceder a la asignación de retiro en los términos previstos en
el artículo 144 del Decreto 1212 de 199014.

3.4. Caso concreto

46. La sentencia apelada consideró que el demandante es beneficiario del régimen de
transición previsto en la Ley 923 de 2004, por consiguiente, no le era exigible un tiempo
de servicio superior al fijado por las disposiciones vigentes al momento de expedición
de dicha ley —30 de diciembre de 2004—. En ese sentido, el tribunal aplicó el
Decreto 1212 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro con 15 años
de servicio bajo la consideración de que la inhabilidad15 que dio origen a su retiro se
puede asemejar a la causal de «mala conducta» prevista en el artículo 144 ibidem para
la procedencia de la prestación.

47. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior
con el argumento de que el actor no cumplió todos los requisitos para el reconocimiento

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2026, expediente 63001-

23-33-000-2017-00469-01 (2349-2019).
14 En este mismo sentido, ver los fallos de la Sección Segunda del 12 de agosto de 2021, expediente 15001-23-33-

000-2018-00678-01 (1157-20), M.P. Gabriel Valbuena Hernández; 28 de octubre de 2021, expediente 52001-23-
33-000-2015-00060-01 (3330-19), M.P. William Hernández Gómez; 25 de agosto de 2022, expediente 19001-23-
33-000-2018-00222-01 (0353-2021), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15 «Ley 734 de 2002. Artículo 38. Otras inhabilidades […] 2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más

veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una
duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción».

8

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01835-01 (0313-2025)
Demandante: Juan Gabriel Úsuga Garcés
Demandado: Casur y otro

de la asignación de retiro, esto es, el tiempo de servicios y que el retiro sea por una de
las causales previstas en la norma.

3.4.1. Hechos probados

48. En el caso bajo estudio, se encuentran acreditados los siguientes hechos atinentes
al tiempo de servicio activo:

49. El actor ingresó a la Policía Nacional como alumno del nivel ejecutivo desde el 5
de agosto de 1996 hasta el 31 de julio de 199716.

50. Prestó servicios como miembro del nivel ejecutivo desde el 1 de agosto de 1997
hasta el 14 de julio de 201617.

51. Fue retirado del servicio de mediante Resolución 04286 del 11 de julio de 2016,
por haber incurrido en la inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 38 del CDU18.

52. La Subdirección General de la Policía Nacional, mediante Resolución número
00093 del 9 de febrero de 2018, le reconoció la pensión de invalidez desde el 14 de
julio de 2016, por acreditar una pérdida de capacidad laboral del 63.94 %.

53. La entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro
mediante el Oficio 604653 del 28 de octubre de 2020, al considerar que el tiempo de
servicio para acceder a dicha prestación es de 20 años cuando la desvinculación
ocurre por destitución, en aplicación del régimen dispuesto en el Decreto 754 de
201919.

3.4.2. Análisis del caso

54. Los hechos probados referidos acreditan, en primer lugar, que el actor se
encontraba en servicio activo a la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004, de tal
manera que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 3.1., según
el cual a los uniformados en servicio activo «no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley» —30 de diciembre
de 2004—. En segundo lugar, que al señor Úsuga Garcés le fue otorgada una pensión
de invalidez con ocasión de la pérdida 63.94 % de su capacidad laboral.

55. En este orden, el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante se rige
por el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, que establece los siguientes requisitos:

Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía
Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por
llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más

16 Samai, índice 2, archivo 1ED_05001233300020210183(.zip), documento 19AntecedentesAdministrativo, pág. 2.
17 Ibidem.
18 Samai, índice 2, archivo 1ED_05001233300020210183(.zip), documento 19AntecedentesAdministrativos, págs.

20 y 21.
19 Samai, índice 2, archivo 1ED_05001233300020210183(.zip), documento 19AntecedentesAdministrativos, págs.

57 y 58.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01835-01 (0313-2025)
Demandante: Juan Gabriel Úsuga Garcés
Demandado: Casur y otro

de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección
General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al
grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por
conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años
de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de
alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una
asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las
partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años
de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15),
sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de
actividad.

56. En lo atinente a la causal de retiro y la incidencia de esta en el régimen aplicable
para el reconocimiento de la asignación, como se vio anteriormente, el actor fue
desvinculado por «estar incurso en la causal de inhabilidad» establecida en el inciso 2
de artículo 38 del CDU, derivada de haber sido sancionado disciplinariamente tres o
más veces en los últimos 5 años por faltas graves y/o leves dolosas.

57. Al respecto, la jurisprudencia de esta Subsección ha considerado en casos
similares a este, que la causal de retiro del servicio por mala conducta prevista en el
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 «debe comprenderse como un tipo en blanco,
en el cual se incluyen aquellos eventos cuestionados a nivel disciplinario, penal o fiscal
que conllevan a la separación de la institución policial»20. Por tanto, es evidente que el
retiro del señor Úsuga Garcés se dio por una mala conducta expresada en la
acumulación de sanciones disciplinarias que le fueron impuestas.

58. En este orden, la Sala desestima los cargos de la apelación respecto a la exigencia
de un tiempo de servicio superior a 15 años de servicio para acceder a la asignación,
pues se encuentra demostrado que el demandante es beneficiario del régimen de
transición que le permite acceder a la prestación en los términos del artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990, aun cuando la desvinculación haya tenido como causa la
sanción disciplinaria derivada de la inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 38
del CDU (acumulación de sanciones disciplinarias), pues esta se equipara a los
eventos de mala conducta previstos en dicha normativa.

59. Al respecto, resulta oportuno precisar que, conforme el artículo 144 del Decreto
1212, la exigencia de 20 años para acceder a la asignación de retiro solo aplica en los
casos de desvinculación por solicitud propia o por separación absoluta causada
«cuando el oficial o suboficial de la Policía Nacional sea condenado a la pena principal
de prisión (...) o cuando así determine el Reglamento de Disciplina para la Policía
Nacional (art.175)», eventos que no se configuran en este caso en el que la causa del
retiro se debió a la inhabilidad generada por «haber sido sancionado disciplinariamente
tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por
ambas».

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2025, radicado 50001-23-33-

000-2016-00347-01 (1300-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, que reitera lo dicho por la Subsección B en
la sentencia del 25 de agosto de 2022, radicado 19001-23-33-000-2018-00222-01 (0353-2021); Subsección A,
sentencia del 17 de febrero de 2022, radicado 76001-23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021).

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Demandante: Juan Gabriel Úsuga Garcés
Demandado: Casur y otro

60. En lo atinente a la improcedencia del reconocimiento de la asignación de retiro por
la incompatibilidad con la pensión de invalidez, se observa que dicha consideración no
constituye una verdadera réplica frente a lo decidido en la sentencia apelada, porque
en dicha providencia se determinó que la concurrencia de las dos prestaciones
desconoce lo previsto en el artículo 128 de la Constitución Política, en cuanto a la
imposibilidad de devengar más de una asignación del tesoro público.

61. Además, se dispuso claramente la incompatibilidad de las dos prestaciones por
disposición expresa del artículo 156 del Decreto 1212 de 1990, según el cual «las
asignaciones de retiro y las pensiones policiales son incompatibles entre sí y no son
reajustables por servicios prestados a entidades de derecho público; igualmente son
incompatibles con las pensiones de invalidez o de retiro por vejez, pero el interesado
puede optar por las más favorable». En este caso, la manifestación del actor por la
opción más favorable se encuentra en la solicitud de reconocimiento de la asignación
de retiro, presentada el 15 de octubre de 2020, al expresar que la solicitud implica el
cambio o «sustitución de la pensión de invalidez».

62. En lo relativo a la prescripción, el tribunal realizó el cómputo desde la petición de
reconocimiento de la asignación de retiro presentada el 15 de octubre de 2020,
aspecto que no fue cuestionado en el recurso interpuesto por la entidad demandada,
motivo por el cual la Sala se releva de pronunciarse sobre este punto, más aún cuando
la demanda fue radicada el 4 de agosto de 2021.

63. En consecuencia, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
será confirmada, toda vez que el señor Úsuga Garcés es beneficiario del régimen de
transición de la Ley 923 de 2004 y la norma aplicable para el reconocimiento de la
asignación de retiro es el Decreto 1212 de 1990 que permite acceder al derecho con
15 años de servicio.

3.5. Conclusión

64. El demandante es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 923 de
2004 por encontrarse en servicio activo al momento de la entrada en vigor de dicha
normativa. En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro
con 15 años o más de servicio, en los términos previstos en el artículo 144 del Decreto
1212 de 1990. Ello, porque la desvinculación por la inhabilidad derivada de la
acumulación de sanciones disciplinarias se entiende incluida en la causal de retiro por
mala conducta establecida en dicha normativa. En este orden, la sentencia apelada
que accedió a las pretensiones será confirmada.

3.6. Costas

65.La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 21 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, consistente en que para decretar la

21 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente

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Demandante: Juan Gabriel Úsuga Garcés
Demandado: Casur y otro

condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o
de mala fe.

66. Así, en atención a que en este caso no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas, no hay lugar a imponer dicha condena.

67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
el 28 de octubre de 2024, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Magistrada
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Magistrado
Firmado electrónicamente

aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01835-01 (0313-2025)
Demandante: Juan Gabriel Úsuga Garcés
Demandado: Casur y otro

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Magistrado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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