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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2021-01948-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2021-01948-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, por las razones expuestas en la parte motiva. 24 Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01 Accionante: José Alirio Fernández Gómez SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2021-01948-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

3 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionantes: JOSÉ ALIRIO FERNÁNDEZ GÓMEZ y MUNICIPIO DE BETULIA
Accionado: JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
CONFIRMA DECISIÓN IMPUGNADA. NIEGA EL AMPARO – NO
SE CONFIGURAN DEFECTOS DENUCNIADOS EN EL SUB
JUDICE

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el señor José Alirio Fernández
Gómez y por el municipio de Betulia en contra de la sentencia de 30 de
noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Tercera de Oralidad.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano José Alirio Fernández Gómez y el municipio de Betulia
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, cuya
vulneración le atribuyeron a los autos de 14 de septiembre y de 26 de octubre de
2021, proferidos por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de
Medellín en el interior del proceso de acción popular número 05001-33-33-033-
2018-00441-00, y mediante los cuales se negó la solicitud de terminación del amparo
de pobreza, se sancionó a los accionantes con multa de un salario mínimo
mensuales vigentes y se compulsaron copias para efectos de investigaciones
disciplinarias a la Procuraduría General de la Nación.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos y razones que
motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifiesta que ante el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de
Medellín se adelanta el proceso de acción popular número 05001-33-33-033-2018-
00441-00, promovido por el señor Rafael Ignacio Mejía Cardona en contra del
municipio de Betulia y de los señores Jhon Jairo Rodríguez Mejía y Viyaida
Urrego Vargas, con el objeto de que se protejan los derechos colectivos a la
seguridad y salubridad pública y a la «realización de las construcciones,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes», amenazados ante el riesgo de colapso de la construcción ubicada en el
inmueble de propiedad de los señores Jhon Jairo Rodríguez Mejía y Viyaida
Urrego Vargas (folio de matrícula número 035-22522).

2.2. Señalaque el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de
Medellín, a través del auto de 27 de octubre de 2020, concedió el amparo de
pobreza solicitado por los señores Jhon Jairo Rodríguez Mejía y Viyaida Urrego
Vargas, bajo el argumento de que: «no se hallaba(n) en capacidad de atender los
gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la
de las personas a quienes por ley debe alimentos. - art. 151 del C.G.P-.».

2.3. Sostiene que el municipio de Betulia, a través de su apoderado judicial, solicitó
la terminación del amparo de pobreza concedido y, para tal efecto, aportó copia de
los recibos de impuesto predial pagados por los señores Jhon Jairo Rodríguez
Mejía y Viyaida Urrego Vargas en su condición de propietario de algunos
inmuebles.

2.4. Indica que, a través del auto de 14 de septiembre de 2021, el Juzgado Treinta
y Tres Administrativo del Circuito de Medellín rechazó los recibos allegados
porque dichos documentos tenían reserva legal. Asimismo, mantuvo el amparo de
pobreza a los señores Jhon Jairo Rodríguez Mejía y Viyaida Urrego Vargas, y
sancionó al municipio de Betulia y al señor José Alirio Fernández Gómez -en su
condición de apoderado judicial del municipio de Betulia- con multa de un salario mínimo
mensual vigente para cada uno y, además, compulsó copias para investigaciones
disciplinarias a la Procuraduría General de la Nación.

2.5. Indica que en contra de la decisión referida presentaron recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación; y agregó que, mediante el auto de 26 de octubre de
2021, se confirmó la decisión recurrida y, además, se rechazó el recurso de
apelación, porque la Ley 472 de 1998 preveía que las únicas providencias
susceptibles de recurso de apelación en los procesos de acción popular eran: i) el
auto que decide sobre una medida cautelar, y ii) la sentencia.

2.6. Con base en lo anterior, sostiene que en los autos de 14 de septiembre y de 26
de octubre de 2021 se incurrió en un defecto fáctico, en un defecto sustantivo,
en un desconocimiento del precedente y en una violación directa de la
constitución.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló, en su demanda de tutela, las siguientes
pretensiones:

[…] 2.1. Ampárese nuestros derechos fundamentales al debido proceso, en la
modalidad de derecho de contradicción, defensa y a la prueba e igualdad ante

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

la ley, por haberse negado el decreto, practica-incorporación y valoración de
los recibos de impuesto predial como prueba documental destinada a
demostrar que la parte demandante dentro del proceso
05001333303320180044100, no tenía las condiciones exigidas para
mantenérsele el amparo de pobreza decretado a su favor.

2.2. Declárese la nulidad parcial de los autos del 14 de septiembre y 26 de
octubre de dos mil veintiuno 2021 dictados dentro del proceso de radicado
05001333303320180044100 mediante los cuales se negó el decreto, práctica
e incorporación de los recibos de impuesto predial como prueba documental
destinada a demostrar que la parte demandante no tenía las condiciones
exigidas para mantenérsele el ampao de pobreza decretado a su favor y
como consecuencia de ello, se decidió mantenérsele dicho amparo de
pobreza, pero más grave aún se nos impuso la multa de (1) salario mínimo
legal mensual vigente y se ordenó compulsar copias a Procuraduría General
de la Nación para que ejerza las funciones disciplinarias, incurriendo en
defecto fáctico, violación directa a la constitución, violación al precedente
judicial y defecto procedimental absoluto, por lo que solicito igualmente
dejarse sin efectos dichas sanciones y compulsas de copias.

2.3. Ordénese al Accionado dictar la providencia que se corresponda
respetando los derechos fundamentales invocados y donde se valore la
prueba documental aportada y peticionada, se exima de la imposición de las
multas y se omita la compulsa de copias a la Procuraduría General de la
Nación […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 17
de noviembre de 2021, admitió la acción de tutela promovida por la parte actora en
contra de los autos de 14 de septiembre y de 26 de octubre de 2021, proferidos
por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín, dentro
del proceso de acción popular número 05001-33-33-033-2018-00441-00.

5. Igualmente, en la referida providencia fueron vinculados, como terceros con
interés directo en los resultados del proceso: «los señores Viyaida Urrego, Jhon
Jairo Rodríguez y Rafael Ignacio Mejía Cardona». Aunado a lo anterior, se solicitó
en préstamo el expediente contentivo del proceso de acción popular número
05001-33-33-033-2018-00441-00.

V. INTERVENCIONES

6. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas,
se produjeron las siguientes intervenciones:

6.1. Los señores Viyaida Urrego y Jhon Jairo Rodríguez, a través de escrito de
17 de noviembre de 2021, se opuso a la prosperidad de la presente acción de
amparo por las siguientes razones:

6.2. En primera medida, indició que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del
Circuito de Medellín había actuado con apego a las normas procesales y que en

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

ninguna de sus actuaciones había vulnerado el derecho fundamental del debido
proceso de las partes.

6.3. Ensegundo término, destacó que, tanto el municipio de Betulia como su
apoderado, el señor José Alirio Fernández Gómez, han hecho uso de los
recursos e instrumentos de defensa para desvirtuar el amparo de pobreza
reconocido por el juez de la acción popular; por lo tanto, consideran que no es
posible que se haya afectado su derecho a la defensa.

6.4. En concreto expusieron lo siguiente:

[…] 1. Dice el accionante que, el juzgado accionado le negó el recurso de
apelación interpuesto subsidiariamente con el de reposición, porque
tratándose de acciones populares únicamente tiene apelación la sentencia.
Dicho argumento del despacho es verdad, no se lo inventó, está en la Ley
472 de 1998 artículos 36 y 37. Ahora si el Municipio de Betulia consideraba
que, es procedente el recurso de apelación pese a los argumentos del
despacho y su decisión, bien pudo interponer recurso de queja para que se
evaluara dicha decisión de conceder o no recurso de apelación, pero no lo
hizo.

2. Dice el accionante, hoy luego de que se les ordena pagar del peritaje
ordenado, una parte que a nosotros nos hubiera correspondido pagar de
tener posibilidad económica para ello, que no hay lugar al amparo de pobreza
concedido, pero cuando nos lo concedieron nada dijo, no interpuso recurso
alguno y no empleo nuestros datos personales y de impuesto predial para
supuestamente desvirtuar nuestra deficiente situación económica que nos
tiene al borde de la desesperación, no solo por el covid-19 sino por tener un
edificio desocupado sin poder vender o arrendar, y pagando obligaciones
financieras para solicitar otras e ir sobreviviendo por nosotros y nuestras hijas
mejores de edad.

Solamente cuando se les ordena pagar una suma de dinero adicional, es que
vienen a decirle al juez accionado, sin fundamento alguno, que nosotros si
tenemos posibilidad económica para asumir dicho gasto y que nos deben dar
por terminado amparo de pobreza. Solicitud que se instaura sin fundamento
de derecho alguno, porque en ningún momento se cumple con el presupuesto
principal para la terminación del amparo de pobreza, que es “si se prueba que
han cesado los motivos para su concesión”. En ninguna parte de la solicitud
se prueba que los motivos por los cuales acertadamente nos concedieron
amparo de pobreza han cesado. Lo que hace el Municipio de Betulia es
aportar sin nuestra autorización y sin atender o prever la reserva de nuestra
información que es de carácter reservada, copias del impuesto predial de
inmuebles de nosotros en la acción popular.
(…)
4. Dice el Municipio de Betulia que no tiene carácter de serva nuestro
impuesto predial, porque son de acceso público, lo que no es verdad. La
factura de impuesto predial contine información confidencial que involucra la
privacidad e intimidad de nosotros, dado que allí se encuentra el número de
nuestra cédula, nuestro nombre completo, nuestra dirección, ficha catastral,
matricula inmobiliaria, valor catastral del inmueble, % de copropiedad y saldo
actual del impuesto. Tan es confidencial, que no cualquier ciudadano puede
acercarse a la alcaldía y solicitar la factura de impuesto predial de un bien
inmueble del cual no es propietario, sino que debe ser el titular o un tercero
con autorización del titular.

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Accionante: José Alirio Fernández Gómez

Indica el Municipio de Betulia, que a través del VUR se publican los datos de
las propiedades de las personas. Lo que no tiene en cuenta, es que, para
acceder a dicho portal, en el ítem consultas generales, para generar índice de
propietario y obtener información de las propiedades y sus característica, es
necesario digitar el nombre o número de cédula del consultado, y de no tener
dichos datos, la persona que hace la consulta, no obtiene ninguna
información de los inmuebles, situación que ha expuesto hoy el Municipio de
Betulia, dejando públicas las facturas de impuesto predial de nuestros
públicos donde se reitera está el nombre y número de cédula de nuestros
pupilos.

Aunado a lo anterior, si la persona que consulta el índice de propietarios de
un tercero tiene el número de cédula de ciudadanía de éste, el certificado
evidencia únicamente la dirección y matricula inmobiliaria de los bienes
inmuebles que sean de su propiedad, no la dirección del domicilio del titular
que aparece en la factura, ni valor catastral del inmueble, entre otros […].

6.5. El Juez Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín se limitó a
señalar que se remitía a lo que manifestó en las consideraciones de las
providencias objeto de tutela.

VI. FALLO IMPUGNADO

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, a través de
la sentencia de 30 de noviembre de 2021, negó las pretensiones de la presente
acción amparo porque, en su criterio, las decisiones enjuiciadas no incurrían en
ninguno de los defectos denunciados por el actor.

8. Así las cosas, el a quo, en relación con los argumentos asociados a que se
vulneró su derecho fundamental al debido proceso de los actores como
consecuencia del rechazó el recurso de apelación, señaló que: «los artículos 36 y
37 de la Ley 472 de 1998, determinan de forma expresa los recursos procedentes
contra las providencias que en este se dicten, estableciendo que contra los autos
procede el recurso de reposición y que procederá el recurso de apelación contra
la sentencia que se dicte en primera instancia».

9. Igualmente, trajo a colación el Tribunal Administrativo de Antioquia un conjunto
de pronunciamientos proferidos por esta Sección en los que se ha limitado, en
procesos de acción popular, el recurso de apelación, el cual solo resulta
procedente respecto de las providencias que resuelven medidas cautelares y se
dicta fallo.

10. De otro lado, y en cuanto al carácter reservado de la copia de la factura del
impuesto predial, el Tribunal señaló que, a la luz del artículo 157 de la Resolución
número 070 de 2011, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -
IGAC -por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la
formación catastral y la conservación catastral- dicha información era de carácter
reservado porque su divulgación requiere de autorización expresa del del titular

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

de los datos, ya que contiene información personal de los propietarios y/o
poseedores del inmueble.

11. Por último, y en lo relacionado con la sanción de multa y la compulsa de copia
que se hizo a la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal indicó que esta
última determinación se adoptó en «cumplimiento del deber legal que tienen los
funcionarios judiciales de denunciar cuando consideren que se presenta alguna
conducta que debe ser investigada, se advierte que en el evento en que se halle
merito para iniciarla, será la entidad correspondiente, en este caso la
Procuraduría General de la Nación, quien deberá efectuar la investigación
respectiva». Y agregó que la multa se impuso en cumplimiento del artículo 158 del
CGP, que prevé que en caso de que no prospere la solicitud de terminación del
amparo de pobreza «al peticionario y a su apoderado se les impondrá sendas
multas de un salario mínimo mensual».

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

12. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia a través del escrito de
6 de diciembre de 2021 por medio del cual solicita que se revoque el fallo de
primera instancia luego de exponer los siguientes argumentos:

12.1. Indicó
que las autoridades judiciales se equivocaron al aplicar los artículos
583 y 593 del Estatuto Tributario porque dichas normas «no son aplicables a los
tributos municipales, ya que son específicos para los temas de la declaración de
renta, los impuestos sobre las ventas (IVA) o para efectos de determinar el
impuesto de industria y comercio y complementarios (Fiscalización tributaria),
donde se maneja información reservada del contribuyente quien tiene que aportar
información privada».

12.2. Aseguró que en la decisión de primera instancia incurrió en un error grave
porque el artículo 157 de la Resolución número 070 de 2011, norma que sirvió de
fundamento al juez de primera instancia para declarar el carácter reservado de las
facturas de impuesto predial, se encuentra derogado por disposición de la
Resolución número 1149 de 2021. Al respecto indicó:

[…] Además, de que no es la labor del juez en sede de tutela la de indicarle al
Accionado, cuál era la norma que debía aplicar, este nuevo artículo también
carece aplicabilidad porque: primero, como ya se ha indicado hasta la
saciedad, las limitaciones al acceso a la información solo lo puede establecer
el Legislador y como vemos esta norma está dictada por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi –IGAG que es un ente administrativo; en
segundo lugar, dicha norma ha sido derogada por la Resolución 1149 de
2021, del mismo IGAG que en su artículo 697 dispone que “ (e)n los procesos
de formación, actualización, conservación y difusión catastral, se dará estricto
cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales en materia de
protección de datos personales”; y, tercero, ninguna de ambas normas
cumplen con los requisitos jurisprudenciales de precisión y claridad al definir
qué parte de la información puede ser objeto de reserva, por lo que frente a la
expresión “bases de datos” ni se sabe si se refiere o no específicamente al

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Accionante: José Alirio Fernández Gómez

contenido de las facturas del impuesto predial, recordando que la
interpretación de estas normas es de carácter restrictivo. Y finalmente, se está
sorprendido a la entidad que apodero al momento de la resolución de la
acción de amparo, con una nueva disposición normativa o sustento legal en el
que no se sustentaron las decisiones objeto de la acción de amparo.

En consecuencia, la única norma realmente aplicable al caso concreto es el
ya citado el inc. 4° del artículo 354 de la ley 1819 de 2016, que dispone que
“(l)a notificación de la factura se realizará mediante inserción en la página
web de la Entidad y, simultáneamente, con la publicación en medios físicos
en el registro, cartelera o lugar visible de la entidad territorial competente para
la Administración del Tributo territorial. El envío que del acto se haga a la
dirección del contribuyente surte efecto de divulgación adicional sin que la
omisión de esta formalidad invalide la notificación efectuada”. Explicitándose
el carácter público de esta información.

Ahora, en gracia de discusión y bajo el supuesto de que el avalúo catastral
del inmueble y la liquidación del impuesto no sean públicos, entonces hay que
definir a qué tipo de información corresponde. Al respecto no cabe duda de
que al contrario a lo dicho por el Accionado, nada de esa información es
privada (ver #¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y 7.5. de la
demanda de tutela), ni mucho menos reservada o sensible por no haberse
encontrado en un ámbito privado, como por ejemplo, los libros de los
comerciantes, de los documentos privados, de las historias clínicas o de la
información extraída a partir de la inspección del domicilio, ni tiene estrecha
relación con los derechos fundamentales del titular - dignidad, intimidad y
libertad- como por ejemplo la información genética y datos o relacionados con
la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona, etc.; que según la
sentencia T-307 de 19998, directa o indirectamente, puede conducir a una
política de discriminación o marginación como, por ejemplo, la orientación
sexual de las personas, su filiación política o su credo religioso.

Como ya se explicó la información contenida en un recibo de impuesto
predial, a lo sumo y aun contrariando las reglas de jurisprudencia bajo la
interpretación analógica y no restrictiva como debe ser, nos entraríamos
frente a una información semiprivada porque para su acceso y conocimiento
presenta un grado mínimo de limitación, al igual que ocurre con los datos
relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social y al
comportamiento financiero de las personas. De tal forma que sólo puede ser
obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa en el cumplimiento
de sus funciones o en el marco de los principios de la administración de datos
personales. Lo acontecido en el asunto que nos convoca es que el Municipio
de Betulia en ejercicio de las funciones de defender judicialmente los
intereses de la municipalidad, procedió a prestar los recibos de impuesto
predial como la prueba documental, dentro de la correspondiente oportunidad
probatoria y dentro del trámite judicial adecuado […].

12.3. En lo relativo a la imposición de la sanción, señaló el impugnante que en la
sentencia C – 157 de 2013 la Corte Constitucional tuvo la ocasión de precisar
«que ninguna sanción se puede imponer de manera automática, ya que solo es
procedente cuando no se cumple con la respectiva carga procesal como
consecuencia de la temeridad, mala fe o negligencia». Por lo anterior, insistió en
que la sanción de multa contenida en el artículo 158 del C.G.P., no puede operar
en forma automática, sino que debe ser fruto de la conducta temeraria o de mala
fe del solicitante.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

12.4. Por
último, en lo relacionado con la orden de compulsar copias a la
Procuraduría General de la Nación señaló que dicha decisión es abiertamente
desproporcionada porque «lo único que se ha hecho es presentar las facturas de
impuesto predial para intentar demostrar la falta de requisitos para mantenerse el
amparo de pobreza concedido a la contraparte».

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la impugnación presentada
por los accionantes en contra de la sentencia de 30 de noviembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de
Oralidad, en virtud de lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de
20172 y, en armonía, con el Acuerdo 80 de 20193, respecto de la distribución de
negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.

VI.2. Problema jurídico

14. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
carece de fundamento4, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

b) Si ello es así, determinar si las providencias de 14 de septiembre y de 26 de
octubre de 2021, proferidas por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo
del Circuito de Medellín, vulneraron el derecho constitucional fundamental
al debido proceso de los accionante, en tanto que negaron la solicitud de
terminación del amparo de pobreza elevado por los accionantes y, además,
ordenaron la sanción de multa y compulsar copias a la Procuraduría
General de la Nación.

15. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

9

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

16. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.

17. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución7.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales,
o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta
Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»

10

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión8” que se encaje en
dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

22. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

23. El ciudadano José Alirio Fernández Gómez y el municipio de Betulia
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, cuya
vulneración le atribuyeron a los autos de 14 de septiembre y de 26 de octubre de
2021, proferidos por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de
Medellín en el interior del proceso de acción popular número 05001-33-33-033-
2018-00441-00, y mediante los cuales se negó la solicitud de terminación del amparo
de pobreza, se sancionó a los accionantes con multa de un salario mínimo
mensuales vigentes y se compulsaron copias para investigación disciplinaria a la
Procuraduría General de la Nación.

24. El accionante señaló que la decisión judicial proferida por el juez contencioso
incurrió en un defecto fáctico, en un defecto sustantivo, en un
desconocimiento del precedente y en una violación directa de la Constitución
Política.

25. En este punto resulta pertinente precisar que si bien los actores dirigieron el
escrito de amparo en contra de las providencias de 14 de septiembre y de 26 de
octubre de 2021 -proferidas por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de
Medellín-; la Sala solo analizará si el auto de 26 de octubre de 2021 incurrió en los
defectos denunciados porque fue esta la providencia que puso fin a la solicitud de
terminación del amparo de pobreza e hizo tránsito a cosa juzgada.

26. Por último, la Sala destaca que en esta oportunidad se encuentra legitimado
para interponer la presente acción de tutela tanto el señor José Alirio Fernández
Gómez como el municipio de Betulia porque fueron sancionados conjuntamente

8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

en la providencia judicial objeto de tutela, tal como se puede apreciar del siguiente
aparte del auto de 14 de septiembre de 2021:

[…] 4. En atención a lo dispuesto en el artículo 158 del CGP, imponer
SANCIÓN de multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, al
municipio de Betulia y a su apoderado, abogado JOSÉ ALIRIO
FERNÁNDEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía (…) y
portador de la Tarjeta Profesional (…) del C.S. de la J., en atención a lo
expresado en la parte motiva de esta providencia. Suma que deberán
depositar, cada una de las personas sancionadas, dentro de los cinco (5)
días siguientes a aquél en que esta decisión quede en firme, en la cuenta
No. 30070000030-4 del Banco Agrario de Colombia, a favor del Consejo
Superior de la Judicatura.

VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela

27. Ahora bien, la Sala encuentra que, de acuerdo con los parámetros planteados,
se cumplen los requisitos generales de procedencia. Con base en los siguientes
argumentos:

27.1. En el escrito de tutela se invoca la vulneración de derechos de orden
fundamental como lo es el debido proceso. Además, los actores cumplieron con el
requisito de carga argumentativa de los defectos invocados en el sub examine.

27.2. La
acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, habida
cuenta de que la decisión judicial objeto de tutela fue notificada el 27 de octubre
de 2021, y esta solicitud de amparo se instauró el 16 de noviembre de 2021. Esto
quiere decir que la acción de tutela se promovió dentro del término de 6 meses
establecido como razonable por esta Corporación.

27.3. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.

27.4. No
se alega la existencia de una irregularidad procesal en el decurso del
proceso de tutela, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto.

27.5. La
acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de idéntica naturaleza y/o índole.

27.6. El accionante no cuenta con otro mecanismo judicial para que se protejan los
derechos que estiman como vulnerados, por lo que la acción de tutela se erige
como el único medio de defensa judicial a través del cual pueden obtener el
amparo de los derechos fundamentales que anuncian como vulnerados.

12

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

VI.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela

28. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la
presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados
por la parte accionante. La Sala pone de presente que en el caso sub examine se
señala en el escrito de tutela que la sentencia ordinaria incurrió en un en un
defecto fáctico, en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del
precedente y en una violación directa de Constitución.

VIII.4.2.1. Análisis del defecto fáctico y sustantivo

29. En relación con el defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-
008 de 2019, indicó que este se presenta cuando el operador jurídico decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su
arbitrio el asunto jurídico sometido a su consideración, o cuando aprecia una
prueba allegada al proceso que se encuentra viciada. También se configura
cuando la autoridad judicial a pesar de que en el proceso existen elementos
probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en
cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto
resulta evidente que, de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del
asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.

30. Por su parte, en lo relativo al defecto sustantivo9, esta Sección, siguiendo lo
establecido por la Corte Constitucional, ha sostenido que éste se presenta cuando
la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la
ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto, bien sea, entre otras, «porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó,
porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos
a los expresamente señalados por el legislador». (Negrillas de la Sala).

31. Asimismo, el juez constitucional debe tener en cuenta que, de acuerdo con el
artículo 230 de la Constitución Política10, los funcionarios judiciales gozan de
independencia y autonomía para elegir las normas jurídicas que resultan
pertinentes al resolver un caso concreto y determinar el alcance y aplicación de
tales normas de derecho, empero, esta función debe desempeñarse con sujeción
a la Constitución y a la ley, mediante un ejercicio hermenéutico que fundamente su
decisión.

32. Eneste contexto, la Corte11 ha estudiado en numerosas oportunidades los
alcances del defecto sustantivo, sobre el cual ha dicho:

9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10
Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.
11
En el mismo sentido consultar la sentencia T – 1054 de 2008, en la cual se dice: “(…) la autonomía funcional del juez
protege la aplicación razonable del derecho y “no puede convertirse en patente de corso para aplicar cualquier
interpretación posible”, ya que “el sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones

13

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

[…] una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida
en cuenta por el fallador,

(ii). Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente,

(iii). Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva […]12.

33. En el sub examine la parte actora sostiene que se incurrió en un defecto
fáctico y en un defecto sustantivo con ocasión de: i) la aplicación indebida de
los artículos 583 y s.s. del Estatuto Tributario, y ii) la omisión de valorar las
facturas del impuesto predial allegadas al expediente, documentos que
demostraban la capacidad económica de los señores Viyaida Urrego y Jhon
Jairo Rodríguez y, por ende, debía darse por terminado el amparo de pobreza.

34. En relación con este aspecto de la discusión se observa que los accionantes
pusieron de presente que en el proceso de acción popular número 05001-33-33-
033-2018-00441-00, los señores Viyaida Urrego y Jhon Jairo Rodríguez
solicitaron el amparo de pobreza, el cual les fue otorgado por el Juzgado Treinta
y Tres Administrativo del Circuito de Medellín, a través del auto de 27 de
octubre de 2020.

35. Asimismo, el municipio de Betulia, por conducto de su apoderado y a través de
escrito de 28 de junio de 2021, solicitó que se terminara el amparo de pobreza
concedido a los señores Viyaida Urrego y Jhon Jairo Rodríguez y, como prueba
de la capacidad económica de estos, allegó al proceso los certificados de
impuesto predial en cabeza de la señora Urrego y del señor Rodríguez.

36. En el auto de 14 de septiembre de 2021, la autoridad judicial accionada negó la
solicitud de terminación del amparo de pobreza por las siguientes razones:

36.1. En primer lugar, adujo el juzgado accionado que, a la luz del numeral 3° del
artículo 24 de la Ley estatutaria número 1755 de 2015, tendrá carácter reservado
posibles, de suerte que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho
requerimiento”. La autonomía judicial no equivale, entonces, “a la libertad absoluta de los jueces para interpretar el
derecho”, puesto que “de la Constitución surgen tres restricciones igualmente fuertes: el respeto por la corrección dentro del
sistema jurídico y la realización de los principios, derechos y deberes constitucionales; la jurisprudencia de unificación
dictada por las altas Cortes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.
Así las cosas, “cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales,
la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada)”, se configura un
defecto sustantivo que, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, torna procedente la acción de tutela en contra
de la decisión judicial (…)”.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU 918 de 2013. MP. Jorge Ignacio Pretelt Ch.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

la información y los documentos que «involucren derechos a la privacidad e
intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los
expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos
de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica».

36.2. Ensegundo lugar, precisó que el artículo 583 y 693 del Estatuto Tributario
prescriben el carácter reservado de «la información tributaria respecto de las
bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las
declaraciones tributarias». Específicamente, adujo que los certificados del
impuesto predial aportados por el municipio de Betulia eran información pública
reservada -para tal efecto citó el literal d del artículo 6 de la Ley 1712 de 2014-, y para su
publicación se requería -a la luz del literal a) del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012- de una
orden judicial o que la información hubiese sido suministrada por una entidad
pública o administrativa en el ejercicio de sus funciones. Al respecto se indicó:

[…] En vista del anterior recuento normativo y jurisprudencial, se concluye en
primer lugar, que las facturas y estado de cuenta del impuesto predial
aportadas por el municipio de Betulia, son documentos tributarios con reserva
legal. En segundo lugar, es necesario precisar que las Secretarías de
Hacienda territoriales tienen competencias otorgadas por la ley a fin de
administrar y resguardar los datos contenidos en la información tributaria de
los administrados, motivo por el cual, dichas dependencias hacen parte de las
autoridades administrativas exceptuadas de la reserva y a las que puede ser
inoponible la misma.

Sin embargo, como lo expresa la Corte Constitucional, las entidades que
tienen la facultad legal de administrar la información sometida a reserva y,
que por ende podrían exceptuarse de la restricción legal para su tratamiento,
divulgación y uso, deben solicitarla y usarla para un fin relacionado con el
ejercicio de sus funciones.

En este orden, considera el despacho que si bien, en principio, en tanto la
Secretaría de Hacienda del municipio de Betulia es un ente que podría estar
exceptuado de la reserva legal y que, además, se trata de una dependencia
de la entidad territorial, lo cierto es que no fue directamente dicha
dependencia la que aportó los documentos que pretenden ser tenidos como
prueba de la revocatoria del amparo de pobreza, sino que fue el municipio
directamente, a través de su apoderado, quien los aportó, sin señalar el
carácter de reserva que los mismos tienen.
(…)
Incluso, en caso de entenderse que, siendo la Secretaría de Hacienda una
dependencia del municipio de Betulia, este último estaría facultado para
aportar los documentos reservados como prueba dentro de un proceso
judicial, debe recordarse lo dispuesto en el artículo 27 la mencionada Ley
1755 de 2015, que determina que es deber de las autoridades administrativas
a las que les es aplicable la excepción del carácter reservado de los
documentos, “asegurar la reserva de las informaciones y documentos que
llegan a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo”.

De este modo, el defecto para allegar los documentos tributarios reservados,
lo encuentra el despacho en el procedimiento seguido para aportarlos al
proceso, toda vez que se debió no solo manifestar que se trataba de
documentos sometidos a reserva, sino que la autoridad administrativa debió
solicitar que se trataran como tal dentro del expediente y que fuera el juez,

15

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

quien determinara, previo a su publicidad y divulgación, si era dable tenerlos
como prueba y que el acceso fuera restringido dentro del expediente
electrónico.

Teniendo en cuenta que no se aseguró la reserva de los documentos
tributarios de la señora Viyaida Urrego y del señor Jhon Jairo Rodríguez, el
despacho no tendrá como pruebas tales documentos aportados por el
apoderado del municipio de Betulia. Asimismo, se dispondrá que los mismos
sean retirados de forma inmediata del expediente electrónico público, con el
fin de asegurar su reserva y evitar la divulgación de la información sensible
allí contenida.

En consecuencia, al no existir otros medios de acreencia para revocar el
amparo de pobreza de las mencionadas personas naturales y, existiendo por
el contrario, documentación que da cuenta de pasivos que tienen dichas
personas, los cuales fueron aportados por sus apoderados, junto con la
certificación de la seguridad social sobre la dependencia en esta materia de
dos de sus hijas, el despacho no encuentra razones suficientes para terminar
el amparo de pobreza concedido mediante auto del 27 de julio de 2021 a la
señora Viyaida Urrego y al señor Jhon Jairo Rodríguez […].

37. En atención al panorama descrito con antelación, se pone de relieve que el
derecho fundamental de habeas data se encuentra instituido en el artículo 15
constitucional, norma cuyo tenor literal prevé que «[t]odas las personas tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas».

38. La Corte Constitucional, a través de la sentencia T - 657 de 2005, definió que el
núcleo esencial del derecho fundamental de habeas data «está integrado por el
derecho a la autodeterminación informática y por la libertad, en general, y en
especial económica». Esta autodeterminación informática, ha dicho la Corte,
consiste en «la facultad que tienen las personas a las cuales se refieren los
datos, de autorizar su conservación, uso y circulación, de conformidad con
las regulaciones legales. De igual forma, dispone que la libertad económica,
puede ser vulnerada al restringirse indebidamente en virtud de la circulación de
datos que no sean veraces, o que no hayan sido autorizados por la persona
concernida o por la ley»13.

39. Al tenor de lo anterior, el artículo 74 constitucional que «[t]odas las personas
tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley».

40. Elmarco jurídico del derecho de habeas data y el derecho al acceso de la
información pública se ha desarrollado, entre otras, en las leyes estatutarias
números 1266 de 2008, 1581 de 2012, 1621 de 2013 y 1712 de 2014.

41. En este entramado normativo el legislador ha señalado, a través del artículo 6°
de la Ley estatutaria 1712 de 2014, que la información se puede clasificar en: i)

13
Corte Constitucional. Sentencia T – 657 de 2005. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.

16

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

información pública, ii) información pública reservada, y en iii) información pública
clasificada.

42. La norma prevé que la información pública es «toda información que un sujeto
obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal». La
información pública clasificada «es aquella información que estando en poder
o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito
propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica
por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de
las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados
consagrados en el artículo 18 de esta ley». Por su parte la información pública
reservada «es aquella información que (…) es exceptuada de acceso a la
ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de
los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley».

43. Por su parte, en el artículo 3° la Ley estatutaria 1266 de 2008 se definen que
son los datos personales, público, privado y semiprivado:

[…] e) Dato personal. Es cualquier pieza de información vinculada a una o
varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con
una persona natural o jurídica. Los datos impersonales no se sujetan al
régimen de protección de datos de la presente ley. Cuando en la presente ley
se haga referencia a un dato, se presume que se trata de uso personal. Los
datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados;

f) Dato público. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o
de la Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o
privados, de conformidad con la presente ley. Son públicos, entre otros, los
datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente
ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil
de las personas;

g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima,
reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no
sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en
general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de
servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley.

h) Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es
relevante para el titular […].

44. En este contexto, el artículo 24 de la Ley estatutaria
número 1755 de 2015,
prevé que los siguientes documentos e información tienen carácter reservado:

[…] Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en
especial:

1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.

2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones
reservadas.

17

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las
personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los
expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en
los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la
historia clínica.

4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito
público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de
valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones
estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a
partir de la realización de la respectiva operación.

5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los
términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.

6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes
estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.

7. Los amparados por el secreto profesional.

8. Los datos genéticos humanos […].

45. Por último, la Sala destaca el tenor literal del artículo 583 del Estatuto Tributario,
norma que explícitamente prevé «la información tributaria respecto de las bases
gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las
declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada».

46. Bajo el esquema normativo ilustrado con antelación, la Sala considera que la
conclusión a la que arribó el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito
de Medellín, relacionada con que los recibos de impuesto predial aportados al
proceso de acción popular eran de carácter reservado, resulta razonable y deriva
de una interpretación sistemática e integral de las normas que regulan los
derechos fundamentales de habeas data y acceso a la información pública.

47. En estas normas se establece, explícitamente, que tendrá carácter público
reservado la información y los documentos que «involucren el derecho a la
privacidad e intimidad de las personas». Igualmente, las normas tributarias
contemplan el carácter reservado la información tributaria «respecto de las bases
gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las
declaraciones».

48. Todo lo anterior pone de relieve que se puede inferir, tal como lo hizo la
autoridad accionada, que una parte de la información contenida en facturas del
impuesto predial era de carácter reservado -este es el caso de la identificación de los
datos de identificación y dirección del sujeto pasivo del impuesto- y dicha reserva no podía
violarse por parte del apoderado judicial del municipio de Betulia, quien fue la
persona que aportó dicha información al proceso judicial.

49. Aunado a lo anterior, y pese a que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo
del Circuito de Medellín no hizo alusión a esta norma, en la Resolución número

18

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

388 de 2020, expedida por el Instituto Colombiano Agustí Codazzi, se estipula
la obligación del gestor de información catastral de «garantizar el cumplimiento de
las leyes de Protección de Datos Personales».

50. Ante estas circunstancias, para la Sala es claro que la autoridad judicial no
incurrió en el defecto sustantivo denunciado cuando concluyó que las facturas del
impuesto predial contenían información reservada porque la naturaleza reservada
de la información no se extrajo exclusivamente del artículo 583 del Estatuto
Tributario, sino que -como se ilustró con anterioridad- el juez de la acción popular infirió
dicha naturaleza a partir de las distintas disposiciones que regulan sobre los
derechos al habeas data, al acceso a la información pública y derecho de petición.

51. Ahora bien, como una consecuencia directa de la conclusión anterior, el juez de
la acción popular rechazó las facturas del impuesto predial.

52. El
accionante aduce, tal como se expuso con anterioridad, que ocasión del
rechazo de las pruebas, el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito
de Medellín incurrió en un defecto fáctico.

53. Sobre lo anterior, hay que destacar que el artículo 168 del Código General del
Proceso «[e]l juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas
ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente
superfluas o inútiles».

54. LaCorte Constitucional, a través de la sentencia T – 916 de 2008, dijo lo
siguiente:

[…] Como manifestación de la dimensión positiva en materia probatoria, el
inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, señala que “[e]s nula, de
pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, mandato
que por su generalidad, permite colegir sin lugar a dudas, que su aplicabilidad
no plantea ningún tipo de restricción o limitación, razón por la cual “la regla de
exclusión en materia probatoria”, como ha sido denominada por esta
Corporación, es un “remedio constitucional para evitar que los derechos de
quienes participan en actuaciones judiciales o administrativas, sean afectados
por la admisión de pruebas practicadas de manera contraria al debido
proceso.”

Ahora bien, respecto del alcance de este principio constitucional, la Corte ha
establecido que no toda irregularidad procesal que involucre la obtención,
recaudo y valoración de una prueba, implica per se afectación del debido
proceso, pues al tratarse de irregularidades incipientes, no quedan cobijadas
por la previsión del inciso final del artículo 29 del ordenamiento Superior.

De otra parte, ha dispuesto una distinción entre la prueba ilegal, entendida
como aquella que afecta el debido proceso desde el punto de vista procesal
formal (incompatibilidad con las formas propias de cada juicio), y la prueba
inconstitucional, que es aquella que transgrede igualmente el debido
proceso, pero desde una perspectiva sustancial, en tanto es obtenida
vulnerando derechos fundamentales […].

19

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

55. En ese orden de ideas, y como quiera que la forma en la que fue allegada la
prueba aportada por el apoderado judicial del municipio de Betulia vulnera los
derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data de los señores Viyaida
Urrego Vargas y del señor Jhon Jairo Rodríguez Mejía, la Sala considera que el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín no incurrió en
el defecto fáctico denunciado en el sub lite.

56. Con base en lo anterior, la Sala concluye que el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito de Medellín no incurrió en los defectos sustantivo y
fáctico invocados en el escrito de tutela. En ese orden de ideas, se estima que la
valoración probatoria efectuada por el juez contencioso resulta: (i) razonable y
ajustada al principio probatorio de la sana crítica y necesidad de la prueba, y, por
ende, (ii) está cobijada por los principios de autonomía e independencia
característicos de la labor de administrar justicia.

VIII.4.2.2. Análisis del desconocimiento del precedente y de la violación
directa de la Constitución

57. Se tiene que la jurisprudencia14 ha entendido por precedente, la sentencia o el
conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse
que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de i)
patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha
fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el
nuevo caso.

58. Sedebe distinguir entre el precedente horizontal y el vertical, teniendo en
cuenta la autoridad que profiere la providencia. Así, el primero hace referencia a
aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo
operador judicial y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las
instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la
respectiva jurisdicción.

59. Un juez -individual o colegiado- no puede separarse, sin una explicación
suficientemente y sustentada del precedente fijado en sus propias sentencias, ni
tampoco del precedente establecido por las autoridades superiores,
específicamente del emanado de las Altas Cortes.

60. En este contexto, se destaca que el desconocimiento del precedente puede ser
alegado de dos formas, a saber: i) como causal autónoma, cuando la providencia
judicial enjuiciada se aparta de un precedente contenido en sentencias proferida
por la Corte Constitucional, y ii) como defecto sustantivo, el cual se configura

14
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan
el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de
2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Accionante: José Alirio Fernández Gómez

cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical
fijado por la jurisdicción contenciosa y sin justificación suficiente, lo cual conduce a
concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo15.

61. La
jurisprudencia constitucional también ha diferenciado los conceptos de
antecedente y precedente, así16:

[…] El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de
derecho (e.g. conceptos, interpretaciones, preceptos legales, etc.) que guían
al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes
tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos
en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad […]17”.
(…)
Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto
de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en
las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso […]18.

62. En cuanto a estos defectos, el actor sostuvo que la multa de un salario mínimo
que le fue impuesta viola el precedente jurisprudencial contendido en la sentencia
C – 157 de 2013, a través del cual la Corte Constitucional creó una regla
jurisprudencial según la cual «en el ámbito del estatuto civil, ninguna sanción
puede ser impuesta de forma automática por el simple resultado de la
improsperidad de lo pedido sin que se demuestre la mala fe, temeridad o
negligencia del petente».

63. Esta regla, a juicio de los actores, fue desconocida porque el el Juzgado
Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín les impuso la sanción
contenida en el artículo 158 del CGP por la simple circunstancia de haber negado
la solicitud de terminación del amparo de pobreza, sin valorar que los solicitantes
hubiesen actuado con temeridad o mala fe. Al respecto indicó:

[…] En síntesis de su decisión ratificó que, aunque el legislador goza de
una amplia libertad de configuración en materia de procedimientos
puede asignarles cargas a los intervinientes para ejercer sus derechos,
pero lo que no pueden es imponer sanciones cuando la decisión de
negar las pretensiones obedece a hechos o motivos ajenos a la voluntad

15
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan
el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de
2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16
T-102 de 25 de febrero de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17
T-292 de 6 de abril de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Vargas.
18
Texto tomado de la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Accionante: José Alirio Fernández Gómez

de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y
esmerado, lo cual resultaría desproporcionado. Y aplicado los
parámetros de las sentencias C-662 de 2004 y C-227 de 2009, para
establecer si una norma prevé sanción excesiva o desproporcionada, se
definió que la finalidad de desestimular la presentación de pretensiones
sobreestimadas o temerarias es acorde con el ordenamiento
constitucional, pero se prohíbe la imposición de sanciones cuando la
causa para no satisfacer la carga de la prueba sea imputable a hechos o
motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar
haya sido diligente y esmerado, pues la sanción resultaría excesiva o
desproporcionada frente al principio de la buena fe y a los derechos a acceder
a la justicia y a un debido proceso, no en vano conforme el art. 83 de la Ley
Fundamental la buena fe se presume.

64. Por último, y en el aspecto asociado a la orden de compulsar copias a la
Procuraduría General de la Nación, los actores sostuvieron que dicha medida,
pese a ser discrecional, resulta desproporcional y viola el artículo 29 superior
«porque lo único que se ha hecho es presentar las facturas de impuesto predial
para intentar demostrar la falta de requisitos para mantenerse el amparo de
pobreza concedido a la contraparte. Pero ordenarse la compulsa de copias
constituye una intimidación al acceso a la administración de justicia y de paso al
ejercicio profesional como litigante».

65. La Sala estima que estos cargos tampoco tienen vocación de prosperidad, en
tanto no se advierte que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito
de Medellín hubiese desconocido el precedente jurisprudencial aludido y el
artículo 29 superior, con ocasión de la multa de un salario mínimo que se impuso y
por la orden de compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación.

66. En primera medida, resulta pertinente traer a colación el aparte normativo del
artículo 158 del CGP, el cual estipula lo siguiente: «[a] solicitud de parte, en
cualquier estado del proceso podrá declararse terminado el amparo de pobreza, si
se prueba que han cesado los motivos para su concesión. (…) En caso de que la
solicitud no prospere, al peticionario y a su apoderado se les impondrá
sendas multas de un salario mínimo mensual».

67. Asimismo, se observa que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del
Circuito de Medellín en las providencias enjuiciadas justificó la multa impuesta en
los siguientes argumentos:

[…] Sobre este asunto, indica el apoderado del ente territorial que debió
realizarse un análisis de imputación para la imposición de la sanción de multa
en su contra y del municipio de Betulia. Estudio que implica analizar la
existencia de mala fe probada, temeridad o conducta abiertamente infundada.

No obstante, debe aclararse que para la sanción impuesta en este caso, la
norma no exige un estudio en el que se compruebe la mala fe, temeridad o la
conducta infundada del sujeto pasivo de la misma. Como indica, el artículo
158 del Código General del Proceso, basta con que se niegue el amparo para
proceder con la imposición de la sanción:

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Accionante: José Alirio Fernández Gómez

(…)

Si bien la imposición de esta sanción podría catalogarse dentro de los
poderes correccionales del juez señalados en el artículo 44 del CGP, y
respecto de los eventos dispuestos en los cinco primero numerales se debe
seguir el procedimiento establecido en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de
la Administración de Justicia, la sanción del citado artículo 158 del CGP,
estaría contenida en el numeral 7, relativo a “los demás que consagre la Ley”,
respecto de los cuales no se exige tal procedimiento.

En vista de lo anterior y, dado que no se accedió a la solicitud de revocatoria
del amparo de pobreza, debe mantenerse la orden relativa a la imposición de
multas dispuestas en la mencionada norma […].

68. Por su parte, y en cuanto a la compulsa de copias la Procuraduría General de la
Nación, la autoridad judicial justificó dicha medida en lo siguiente «en atención a lo
establecido en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1581 de 2012, al advertir un
presunto incumplimiento del tratamiento de la información sometida a reserva, se
ordenará compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que
adelante la investigación respectiva».

69. El precedente judicial que los accionantes estiman desconocido se encuentra
recogido en la sentencia de constitucionalidad C – 157 de 2013, a través de la cual
la Corte Constitucional estudió la demanda de inconstitucionalidad dirigida e
contra del parágrafo del artículo 206 del Código general del Proceso, norma que
regula el juramento estimatorio.

70. En aquella oportunidad la Corte analizó la razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad de las medidas sancionatorias contenidas en el parágrafo del
artículo 206 del CGP que señala que «habrá lugar a la condena a la que se refiere
este artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se
nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios».

71. Sostuvola Corte que la sanción en cuestión, en determinados eventos,
resultaba desproporcional cuando «la decisión de negar las pretensiones
obedece a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a
pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado». Es decir, consideró la
Corte que la sanción contenida en dicha norma violaba la Constitución si se
acreditaba que las partes actuaron en forma diligente en relación con la
demostración del monto de la indemnización.

72. A partir de la argumentación anterior, la Corte formuló la siguiente regla
jurisprudencial: «si bien el legislador goza de una amplia libertad para configurar
los procedimientos, no puede prever sanciones para una persona, a partir de
un resultado, como el de que se nieguen las pretensiones por no haber
demostrado los perjuicios, cuya causa sea imputable a hechos o motivos
ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido
diligente y esmerado».

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73. En este sentido, la regla jurisprudencial en comento no puede apreciarse como
desatendida en el sub lite porque la misma no se construyó sobre el asunto de
controversia en esta oportunidad, el cual corresponde a la sanción prevista en el
artículo 158 del CGP, norma que regula una figura procesal y atiende a un fin
constitucional legítimo distinto al del artículo 206.

74. De manera que aunque no se desconoce la relación o coincidencia que existe
entre la sanción contemplada en el inciso final del artículo 158 y la consagrada en
el parágrafo del artículo 206, ya que ambas normas contienen correctivos, lo cierto
es que la regla jurisprudencia establecida en la sentencia C – 157 de 2013 de la
Corte Constitucional hace alusión específica y particularmente a la sanción
contemplada en el artículo 206 del CGP, por lo que no es posible concluir que
dicha regla debía entenderse como de obligatorio cumplimiento cuando el juzgado
accionado aplicó el artículo 158 del CGP.

75. Así
las cosas, para la Sala no es cierto que se hubiese incurrido en un
desconocimiento del precedente fijado en la sentencia C – 157 de 2013.

76. Aunado a lo anterior, la Sala tampoco vislumbra que la decisión del juez de
compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación suponga una conducta
desproporcionada, ya que, en primer lugar, dicha orden no es una sanción, sino
que corresponde a un mecanismo a través de la cual los funcionarios judiciales
ponen en conocimiento de los órganos de vigilancia y control la eventual comisión
de una falta disciplinaria.

77. En el sub examine, el juez consideró que la forma en que se allegaron los
documentos al proceso de acción podía constituir un desconocimiento del
parágrafo del artículo 23 de la Ley 1581 de 2012, por lo cual compulsó copias a la
Procuraduría General de la Nación, para que sea esta última entidad la que
investigue dicha conducta, dando cumplimiento así a un deber funcional a cargo
de todos los servidores públicos, en los términos del Código Disciplinario Único.

78. Por todolo anterior, la Sala confirmará la sentencia de 30 de noviembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de
Oralidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de noviembre de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, por las
razones expuestas en la parte motiva.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01948-01
Accionante: José Alirio Fernández Gómez

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

P (15)

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