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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2021-01971-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2021-01971-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar la sentencia del 27 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, únicamente en lo que respecta al numeral segundo, el cual quedará así: "Segundo. Condenar en costas de primera instancia a la parte demandante en la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($7.800.000), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”. 2. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2021-01971-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-01971-01 (29810)
Demandante: Ángela María Londoño Vásquez y Olga Luz Londoño Vásquez
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -
CORANTIOQUIA.

Temas: Cobro Coactivo. Tasa retributiva. Falta de ejecutoria del título
ejecutivo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 27 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que resolvió1:

“Primero: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones
antes expuestas.

Segundo: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso,
se condena en costas de primera instancia a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas por la Secretaría de la Corporación.

Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido (cuantía
que sirvió para estimar la competencia), de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura. (…)”.

ANTECEDENTES

Según lo reportado en el estado de cuenta2 del sistema de facturación y cartera de la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (en adelante Corantioquia)3,
los señores Santiago Londoño Ramírez, Ángela María Londoño Vásquez y Olga Luz
Londoño Vásquez, en su calidad de titulares de la licencia ambiental4 deben la suma
de $260.222.757, más los intereses, por concepto de: (i) Tasa Retributiva por
vertimientos puntuales documento equivalente a las facturas HX-6263 de 20165, HX-
7116 de 20176 y HX-7594 de 20187 y, (ii) Tasa por Utilización de Agua documento
equivalente factura HX-6055 de 20168.

1
Samai, índice 2. 27Senencia.pdf.
2
Desde el 1 de enero de 1995 hasta el 27 de octubre 2020.
3
Samai, índice 2. 10AnexosPoder.rar. DemandaYAnexos P. 24.
4
Mediante Resolución 130HX-1308-6681 del 23 de agosto de 2013 la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
autorizó el traspaso de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 130HC-4506 del 3 de diciembre de 2009, a Pascual
de Jesús Londoño Restrepo, a favor de sus herederos Santiago Londoño Ramírez, Ángela María Londoño Vásquez y Olga Luz
Londoño Vásquez, para el proyecto de explotación de mina de materiales de construcción, específicamente arenas y gravas
naturales, localizada en el Sector Playón, Vereda Guaymaral del Municipio de Sopetrán, Departamento de Antioquia, en un área
de 8.81 hectáreas amparadas por el contrato de concesión minera 5041 del 14 de diciembre de 2007. Samai, índice 2.
11PRUEBAS Y EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 1. LICENCIA AMBIENTAL. y 2. AUTORIZA TRASPASO.
5
Samai, índice 2. 11PRUEBAS Y EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 26. FACTURA HX-6263.
6
Ibidem 27. FACTURA HX-7116.
7
Ibidem 29. FACTURA HX 7594.
8
Ibidem 28. FACTURA HX 6055.

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01971-01 (29810)
Demandantes: Ángela María Londoño Vásquez y Olga Luz Londoño Vásquez

Con fundamento en las anteriores facturas, el Subdirector Administrativo y Financiero
de Corantioquia, profirió la Resolución 190-RES2010-6128 de 30 de octubre de 2020,
por medio de la cual libró mandamiento de pago -de forma personal, solidaria e ilimitada-
por el total de las obligaciones en contra de Santiago Londoño Ramírez, Ángela María
Londoño Vásquez y Olga Luz Londoño Vásquez por $260.222.757 y ordenó el pago
de los intereses que se llegaren a causar hasta el pago total de la obligación y las
costas del proceso9.

Contra el anterior acto, Ángela María Londoño Vásquez y Olga Luz Londoño Vásquez,
propusieron las excepciones de falta de ejecutoria del título ejecutivo e indebida
tasación de la deuda. Mediante la Resolución 190-RES2012-7398 de 22 de diciembre
de 2020, el citado funcionario las declaró no probadas10.

Las referidas señoras interpusieron recurso de reposición contra la anterior resolución,
el cual fue resuelto el 25 de febrero de 2021, mediante la Resolución 190-RES2102-
1102, en el sentido de confirmar el acto recurrido11.

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), las demandantes
formularon las siguientes pretensiones:

“Primera principal. Que se declare la nulidad de la Resolución 190-RES2102-1102 del 25
de febrero del 2021 por medio de la cual “se resuelve un recurso de reposición” contra la
RESOLUCIÓN 190-RES2012-7398 del 22 de diciembre del 2020.

Segunda principal. Que se declare la nulidad de la Resolución 190-RES2012-7398 del 22
de diciembre del 2020, por medio de la cual “se resuelven las excepciones presentadas al
mandamiento de pago y se ordenó seguir adelante con la ejecución”.

Consecuencial. Que, en su lugar, declaren probadas las excepciones de mérito propuestas
vía cobro coactivo (sic) No continuar con el proceso de cobro coactivo teniendo en cuenta
que los títulos ejecutivos carecen de firmeza al no ser debidamente notificados.”

Invocaron como disposiciones violadas los artículos 29 de la Constitución Política
(CP); 2158 del Código Civil (CC), 733 del Código de Comercio (CCo) y 2.2.9.6.1.16,
2.2.9.7.5.7, 2.2.9.6.1.5, 2.2.9.7.2.5, 2.2.9.6.1.4 y 2.2.9.7.2.4 del Decreto 1076 de 2015.

Como conceptos de violación en síntesis señalaron:

Mediante la Resolución 160HX-1604-8182 de 26 de abril de 2016 Corantioquia
declaró sujetos pasivos de la tasa retributiva por la utilización de recursos hídricos en
virtud de una concesión de aguas, a las señoras Ángela María Londoño Vásquez y
Olga Luz Londoño Vásquez. Sin embargo, dicho acto administrativo le fue notificado
personalmente a la señora Fanny Restrepo Rivera, en calidad de ingeniera encargada
de experticia técnica, sin estar facultada para ello y, sin que la firma que reposa en el
acta de notificación sea reconocida por ella.

Corantioquia emitió facturas y las notificó por correo electrónico el 22 de octubre de
2019 al señor Juan Santiago González Loaiza, apoderado de las demandantes, esto

9
Ibidem Pp. 27 a 33.
10
Ibidem Pp. 75 a 84.
11
Ibidem Pp. 49 a 69.

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es, con posterioridad a los plazos fijados por el Decreto 1076 de 201512 para efectuar
las reclamaciones correspondientes. Las demandantes presentaron oposición a las
mismas teniendo en cuenta que en el mes de julio de 2016 solicitaron la suspensión
temporal de actividades de explotación dentro del contrato de concesión minera 5041,
reiterando dicha solicitud el 31 de octubre de 2019, sin que la demandada emitiera
pronunciamiento al respecto y procediera a librar mandamiento de pago con
fundamento en dichas facturas.

Si bien las facturas que sirvieron de fundamento al cobro coactivo les fueron
comunicadas en octubre de 2019, estas correspondían a los períodos 2015, 2016 y
2017, por lo que fueron puestas en su conocimiento cuando ya habían vencido los
términos previstos en el Decreto 1076 de 2015 para formular reclamaciones,
impidiéndoseles con ello ejercer oportunamente su derecho de defensa, razón por la
cual las facturas no adquirieron firmeza ni podían servir de título ejecutivo dentro del
procedimiento de cobro coactivo.

Durante el trámite de cobro coactivo se propusieron las excepciones de falta de
ejecutoria del título ejecutivo e indebida tasación de la deuda, las cuales fueron
declaradas no probadas, reiterándose con ello la falsa motivación de los actos
administrativos.

Añaden que la entidad también vulneró el derecho de petición por cuanto nunca
resolvió la solicitud radicada por las demandantes el 31 de octubre de 2019, en donde
pretendían obtener información respecto del cobro de la suma de $23.706.206 en el
que se pasaba por alto que el título minero se encontraba suspendido y pendiente por
resolverse el otorgamiento de una concesión de ocupación de cauce.

Con fundamento en lo anterior y en atención a la jurisprudencia13, concluye que ante
la indebida notificación el título ejecutivo no se encuentra ejecutoriado.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Corantioquia contestó la demanda14, y se opuso a las pretensiones formuladas en la
misma, con fundamento en lo siguiente:

No existe falsa motivación de los actos acusados, la Resolución 160HX-1604-8182 de
26 de abril de 2016 a través de la cual se identificaron los sujetos pasivos de la tasa
retributiva no constituye título ejecutivo, y en todo caso la misma se notificó en forma
personal a la señora Fanny Restrepo Rivera atendiendo a la facultad que le fue
otorgada mediante el poder allegado. Al respecto, si la parte demandante consideraba
que la señora Restrepo Rivera no tenía poder para notificarse debió interponer una
tacha por la presunta suplantación, en la oportunidad procesal correspondiente. Sin
embargo, dicho aspecto no se cumple en el presente asunto.

El proceso de cobro coactivo se adelantó con fundamento en los siguientes títulos
ejecutivos:

12
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
13
Citó la sentencia de 12 de diciembre de 2018, exp. 23288, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
14
Samai, índice 2. 27Setencia.pdf.

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Vigencia
Fecha de
donde se Documento
expedición Fecha límite Valor
causa el equivalente Concepto
del de pago Capital
hecho a factura
documento
generador

Tasa Retributiva por
2015 HX-6263 27 Abril/2016 13 junio/2016 $80.503.730 Vertimientos
Puntuales
Tasa por Utilización
2015 HX-6055 16 Marzo/2016 06 Mayo/2016 $3.084.720
de Agua

Tasa Retributiva por
2016 HX-7116 28 Abril/2017 13 Junio/2017 $85.845.409 Vertimientos
Puntuales
Tasa Retributiva por
2017 HX-7594 27 Abril/2018 14 junio/2018 $96.065.074 Vertimientos
Puntuales

Las citadas facturas contienen una obligación clara, expresa y exigible, sujetas al
cobro, las cuales fueron notificadas así:

Factura HX-6263 de 27 de abril de 2016, fue enviada a través de la compañía
Interpostal SAS el 5 de mayo de 2016, sin embargo, fue devuelta por la causal CD -
cambio de dirección-, de allí que el 22 de octubre de 2019 la Oficina Territorial Hevéxicos
procediera a efectuar nuevamente el envío, pero mediante correo electrónico
certificado de 4/72.

Factura HX-6055 de 16 de marzo de 2016, se cumplió con la obligación de su entrega
cuando se remitió por correo electrónico certificado de 4/72, lo que evidencia que fue
entregada.

Factura HX-7116 de 28 de abril de 2017, el 11 de mayo de 2017 por medio de la
empresa 4/72 se intentó su entrega, sin embargo, en la guía consta como causal de
devolución “desconocido” y el comentario “no lo conocen”. Luego el 17 de mayo de
2017 la funcionaria Diana Correa Serna realizó llamada telefónica, donde tuvo
comunicación con la señora Sully Ramírez (“mamá”), dejando constancia de esto,
donde se indica la dirección a la cual se puede enviar la factura. Igualmente, se dejó
constancia de la entrega de documentos a Ruben Darío Piza (empleado del
destinatario) quien firmó el recibido y se comprometió a su entrega. Finalmente, el
anotado acto administrativo se entregó el 22 de octubre de 2019 con la remisión por
correo electrónico certificado de 4/72 anexando copia de la factura.

Factura HX-7594 de 27 de abril de 2018, se entregó el 25 de mayo de 2018, según
consta en la guía de la empresa 4/72 “guía cumplida”.

De acuerdo con el anterior, está demostrado que las facturas que constituyen el título
ejecutivo fueron entregadas, por ende, los obligados las conocieron y pudieron ejercer
su derecho de defensa. No obstante, al decidir no interponer el recurso de reposición,
las facturas quedaron en firme, al fenecer el término legal para demandar su legalidad
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En cuanto a la suspensión de la licencia, señala que, en el año 2018, el apoderado de
las demandantes informó a la Oficina Territorial la decisión de la Secretaría de Minas
de declarar la suspensión temporal de actividades de explotación dentro del contrato

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de concesión minera No. 5041. No obstante, la citada oficina indicó que existe una
clara diferencia entre la suspensión del título minero y la licencia ambiental, quedando
esta última vigente.

Propone la excepción de legalidad de los actos demandados, por ausencia de
infracción a norma jurídica superior, motivación adecuada de los actos y cumplimiento
del debido proceso.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El tribunal negó las pretensiones de la demanda, condenó en costas a la parte
demandante 15, con fundamento en lo siguiente:

La Resolución 160HX-1604-8182 de 26 de abril de 2016, que impuso la obligación a
cargo de las demandantes de pagar la tasa retributiva, fue notificada a la señora Fanny
Restrepo Rivera quien tenía poder especial amplio y suficiente, conferido directamente
por Ángela y Olga Londoño Vásquez, para notificarse de cualquier expediente o
requerimiento realizado por parte de Corantioquia.

Si bien la parte actora afirma que desconoce la firma de la notificación de dicho acto,
tal situación no fue acreditada en el proceso. Contra la referida resolución no procedía
ningún recurso, de manera que adquirió firmeza una vez le fue notificada a la señora
Fanny Restrepo Rivera.

Respecto a las facturas mediante las cuales se efectuó el cobro de la tasa retributiva,
advierte que estas fueron notificadas, y si bien se presentó reclamación en escritos
del 24 y 31 de octubre de 2019, esto es, dentro del mes siguiente a su notificación, no
se indicaron motivos específicos para oponerse al pago, además se solicitó
explicación sobre su cobro, frente a lo cual la entidad dio respuesta el 26 de diciembre
de 2019, adjuntando los soportes de liquidación de las cuentas de cobro.

Comoquiera que el pago de las facturas por concepto de la tasa retributiva no fue
realizado dentro de los 30 días siguientes, la autoridad ambiental estaba facultada
para iniciar el proceso de cobro coactivo.

Teniendo en cuenta que el recurso de reposición contra las facturas no era obligatorio,
y que dichos actos no fueron demandados ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, los mismos cobraron firmeza, y por ende prestan mérito ejecutivo,
razón por la cual, es clara la existencia del título ejecutivo, en el que consta una
obligación clara, expresa y exigible a cargo de las demandantes.

No se desconoció el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de la
parte actora, por el contrario, las facturas que componen el título ejecutivo objeto de
cobro coactivo fueron notificadas, frente a las cuales no se interpusieron recursos, no
se demandaron y tampoco se acreditó el pago.

Finalmente, con fundamento en el artículo 365 del CGP, condenó en costas, con
inclusión de agencias en derecho para lo cual las fijó las en el 3% del valor pedido, de
acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016
del Consejo Superior de la Judicatura.

15
Ángela María Londoño Vásquez y Olga Luz Londoño Vásquez.

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RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante16 apeló la sentencia de primera instancia, y solicitó se revoque
el fallo impugnado y se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en
lo siguiente:

Invalidez de la notificación La notificación de la Resolución 160HX-1604-8182 de 26
de abril de 2016, se realizó a la señora Fanny Restrepo quien tenía un poder limitado
a aspectos netamente técnicos y, por ende, no tenía facultad para representar
legalmente a las demandantes en temas jurídicos ni notificarse respecto de títulos
ejecutivos. En este sentido, la notificación del acto no se efectuó conforme los
parámetros del artículo 67 del CPACA, esto es, de forma personal a las interesadas o
al representante debidamente autorizado para el proceso jurídico con la entrega de la
copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y
hora, los recursos procedentes y demás aspectos que señala la norma. Tales
argumentos fueron expuestos en los alegatos de conclusión, sin ser observados por
el a quo, omisión que ignora elementos procesales, y podría dar lugar a una nulidad
procesal porque afecta derechos fundamentales como lo son el de audiencia y
defensa.

Las facturas HX-6263 de 2016, HX7116 de 2017, HX 7594 de 2018 y HX6055 de
2016, no se notificaron de manera personal por lo que la entidad acudió a la
notificación por aviso definida en el artículo 69 del CPACA dirigiéndola al correo
electrónico de la ingeniera Fanny Restrepo, sin que ella remitiera respuesta alguna o
emitiera acuse de recibo, en tanto no estaba encargada ni autorizada para este tipo
de asuntos.

Por regla general, la notificación de los actos administrativos se debe surtir de manera
personal, aunque excepcionalmente las Administraciones puedan acudir a las demás
formas de notificación consagradas en el CGP y el CPACA. Sin embargo, en el
presente caso la entidad, sin justificación, dio aplicación a la regla excepcional de
notificación por aviso, desconociendo con ello las garantías mínimas de las
demandantes. Igualmente, envió la notificación a otras direcciones electrónicas sin
especificación, como por ejemplo, la remitida al correo empresarial del apoderado,
quien el 24 de octubre de 2019 precisó que no contaba con capacidad para aprobar
las facturas de acuerdo con lo definido en el artículo 733 del CCo.

El Decreto 1076 de 2015 dispuso que los reclamos y aclaraciones respecto a la tasa
por utilización de agua debía hacerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la
fecha de pago establecido en la factura de cobro, y frente a la tasa por vertimientos
puntuales definió que debía hacerse dentro del mes siguientes a la fecha límite de
pago establecida en el documento. No obstante, en el sub examine no hubo
cumplimiento de los términos allí establecidos, porque la notificación se surtió mucho
tiempo después al señalado. Precisa que, ante la existencia de una norma de carácter
especial, está debe prevalecer sobre las generales.

Falsa motivación. Los actos administrativos demandados se encuentran
fundamentados en hechos que no están probados, en particular, en lo relacionado con
la notificación de las actuaciones administrativas emitidas con anterioridad.

16
Samai, exp. Tribunal, índice 21.

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La notificación oportuna y de conformidad con la ley, tiene un máximo grado de
obligatoriedad para permitir al afectado ejercer los medios de defensa necesarios
dentro del trámite administrativo y así materializar su derecho de defensa y
contradicción.

Desconocimiento del derecho de defensa. La notificación fue inválida, motivo por
el cual las demandantes no tuvieron la oportunidad real de ejercer su derecho de
defensa. Las facturas nunca fueron debidamente notificadas a las personas
legalmente facultadas para recibirlas, y como consecuencia de esto las accionantes
no pudieron controvertirlas ni presentar excepciones dentro del plazo legal,
vulnerando el debido proceso.

Falta de firmeza del acto administrativo. La Resolución 160HX-1604-8182 de 26 de
abril de 2016 y las facturas no gozan de firmeza, ya que no cumplieron con la
notificación válida, lo que impidió que el acto administrativo adquiriera ejecutoria
conforme lo establecen los artículos 87 del CPACA y 831 del ET, de allí que la entidad
no estuviera facultada para librar mandamiento de pago.

Improcedencia en la condena en costas. Dado que esta debe basarse en la
verificación de la existencia de gastos procesales ordinarios y el comportamiento
procesal del apoderado es claro que, en el presente caso la misma no resulta
procedente, en tanto la conducta desplegada se encuentra ajustada a los lineamientos
legales, bajo los parámetros de buena fe y con la única intención de resolver un litigio
ante la jurisdicción Contencioso - Administrativa. Adicionalmente, no se puede pasar
por alto que las demandantes ya han tenido que soportar el pago de dichas tasas con
intereses de mora por lo que el pago adicional de un 3% por concepto de agencias en
derecho, agrava su situación.

PRONUNCIAMIENTOS EN SEGUNDA INSTANCIA

La parte demandada guardó silencio.

El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos demandados, por medio de los cuales se
declararon no probadas las excepciones presentadas por Ángela María Londoño
Vásquez y Olga Luz Londoño Vásquez, contra el mandamiento de pago librado, con
el fin de obtener el pago de la tasa retributiva por vertimientos puntuales y por
utilización de agua, facturadas respecto de los años 2015, 2016 y 2017.

El debate jurídico se centra en determinar, conforme a los argumentos de apelación
formulados por la parte demandante -apelante única- si: (i) se encuentra probada la
excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo, por indebida notificación del título
ejecutivo y (ii) si es improcedente la condena en costas impuesta en primera instancia.

Según la sentencia impugnada, la Resolución 160HX-1604-8182 de 26 de abril de
2016, que impuso la obligación a cargo de las demandantes de pagar la tasa
retributiva, fue notificada a Fanny Restrepo Rivera quien tenía poder especial amplio
y suficiente, para notificarse de cualquier expediente o requerimiento realizado por

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parte de Corantioquia y las facturas mediante las cuales se efectuó el cobro de la tasa
retributiva, por lo que se presentó reclamación en escritos del 24 y 31 de octubre de
2019, esto es, dentro del mes siguiente a su notificación, sin que se indicaran motivos
específicos para oponerse al pago, frente a lo cual la entidad dio respuesta el 26 de
diciembre de 2019.

La parte demandante insiste en que la Resolución 160HX-1604-8182 de 26 de abril
de 2016, no podía ser notificada a la señora Fanny Restrepo en la medida en que ella
tenía un poder limitado a aspectos técnicos, y no para representarlas legalmente en
temas jurídicos o para notificarse de los títulos ejecutivos, destacándose que la
notificación no se efectuó conforme los parámetros impartidos en el artículo 67 del
CPACA. Así mismo, reitera que las facturas HX-6263 de 2016, HX7116 de 2017, HX
7594 de 2018 y HX6055 de 2016, no se notificaron de manera personal, como en
efecto correspondía acudiéndose a la notificación por aviso17 dirigido al correo
electrónico de la ingeniera Fanny Restrepo, de quien la entidad no recibió respuesta
alguna ni acuse de recibo, porque no estaba encargada ni autorizada para este tipo
de asuntos. Agrega que, respecto de las facturas, tampoco son válidas las
notificaciones enviadas a otras direcciones electrónicas sin especificación, como por
ejemplo, la remitida al correo empresarial del apoderado, quien el 24 de octubre de
2019 indicó que no contaba con capacidad para aprobar las facturas de acuerdo con
lo señalado en el artículo 733 del CCo.

Previo abordar el estudio de los cargos de apelación, se precisa que no es un punto
de discusión entre las partes el régimen jurídico aplicable al procedimiento de cobro
coactivo objeto de controversia, en el presente asunto a los actos que sirvieron de
fundamento determinaron como aplicable el procedimiento de cobro establecido en
las normas del Estatuto Tributario18, en concordancia con el Reglamento Interno de
Cartera de Corantioquia contenido en la Resolución 040 1401-19098 de 13 de enero
de 201419.

El procedimiento de cobro coactivo implica necesariamente la preexistencia de un
título que preste mérito ejecutivo, esto es, que contenga una obligación clara, expresa
y actualmente exigible.

El artículo 828 ibidem señala los documentos que prestan mérito ejecutivo para el
cobro coactivo, que sirven de soporte jurídico para que la administración proceda a
iniciar el proceso mediante la expedición del correspondiente mandamiento de pago,
entre otros «los demás actos de la administración de impuestos debidamente ejecutoriados en los
cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional».
En cuanto a la ejecutoria de los actos el artículo 829 ib, dispone que los actos
administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entienden
ejecutoriados: «1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno; 2, Cuando vencido el término
para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma; 3. Cuando
se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos; y 4. Cuando los recursos interpuestos
en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se

17
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
18
La naturaleza tributaria de la tasa retributiva fue precisada por la Corte Constitucional en la sentencia C-495 de 1996, así: “las
contribuciones previstas en los artículos 42 y 43 de la Ley 99 tienen el carácter de tasas nacionales con destinación específica,
pues en efecto, tales contribuciones procuran la recuperación total o parcial de los costos que generan la prestación por parte de
las autoridades ambientales de los siguientes servicios (...) observa esta Corte que el legislador no se apartó de los elementos
básicos de la legalidad en materia de tasas, en efecto, estima la Corporación que los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993,
cumplen a cabalidad, con el respeto al principio de legalidad en el tributo que exige la carta política”. En ese sentido, las
sentencias del 1 de diciembre de 2022, exp. 26768, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, 8 de febrero de 2024, exp. 27830, MP.
Wilson Ramos Girón y 2 de mayo de 2024, exp. 27865, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
19
Que establece las normas del Estatuto Tributario como las aplicables en los procesos de cobro que realiza la entidad y, de
manera subsidiaria, las nomas del CPACA y el CGP ante vacíos normativos.

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hayan decidido en forma definitiva, según el caso».

Así las cosas, para hacer efectiva la obligación a favor de la administración, es
indispensable que esta conste en un título ejecutivo que se encuentre debidamente
ejecutoriado. La ejecutoria del acto depende de la firmeza de este, la que se adquiere
en la medida en que la decisión le resulta oponible al deudor, lo que implica que sea
conocida por este a través de los mecanismos de notificación previstos en la ley o
cuando se dé por notificado por conducta concluyente.

El artículo 831 ídem señala que contra el mandamiento de pago procede, entre otras,
la excepción de Falta de ejecutoria del título ejecutivo, respecto de la cual la Sala20 ha
precisado que, en el procedimiento de cobro coactivo es posible juzgar la debida
notificación del acto administrativo que constituiría el título ejecutivo, en tanto se trata
de un aspecto relacionado con su ejecutoria, destacando que: «para que se pueda predicar
la ejecutoria de un acto administrativo, necesariamente se parte del entendido de que dicho acto se
notificó en debida forma al interesado y, por ende, se dio la oportunidad para que ejerciera el derecho
de defensa y de contradicción interponiendo los recursos procedentes o los medios de control ante esta
jurisdicción, para debatir la legalidad de dichos actos administrativos» 21.

En el presente asunto, el fundamento del Mandamiento de Pago contenido en la
Resolución 190-RES2010-6128 de 30 de octubre de 2020, es el siguiente:

“Que por medio de la resolución con radicado interno 130HX-1308-6681 del 23 de agosto
de 2013 se resolvió

“Autorizar el traspaso de la licencia ambiental otorgada mediante la resolución N° 130HX-4506 del
03 de diciembre de 2019 (sic),al señor Licencia Ambiental al señor Pascual de Jesús Londoño
Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía (...), a favor de sus herederos, las señoras Angela
María Londoño Vasquez identificada (...), Olga Luz Londoño Vasquez identificada (...), y el señor
Santiago Londoño Ramírez identificado (...), para el proyecto de explotación de mina de materiales
de construcción, específicamente arenas y gravas naturales, localizada en el Sector El Playón,
Vereda Guaymaral del Municipio de Sopetrán, Departamento de Antioquia, en un área de 8.81
hectáreas amparadas por el contrato de concesión minera 5041 del 14 de diciembre de 2007, bajo
las siguientes coordenadas (…)

Que de acuerdo a lo anterior, se tienen como titulares de la licencia el señor Santiago
Londoño Ramírez y las señoras Ángela María Londoño Vásquez y Olga Luz Londoño
Vásquez, lo que implica que ellos son los sujetos pasivos de las obligaciones, siendo
deudores solidarios, pues es un efecto derivado del traspaso de la licencia.

Que según el Estado de Cuenta por cliente, del Sistema de Facturación y Cartera de la
Corporación impreso el día 27 de octubre de 2020, respecto del señor Santiago Londoño
Ramírez Identificado (...) y las señoras Ángela María Londoño Vásquez identificada (...) y
Olga Luz Londoño Vásquez identificada (...) poseen una suma de capital debida de (...)
($260.222.757), más los respectivos intereses que se generen desde la fecha límite de
pago hasta el pago total de sus obligaciones.

Que la deuda anterior obedece a Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales,
documentos equivalentes a factura HX-6263 del año 2016, HX-7116 del año 2017, HX-
7594 del año 2018 y Tasa por Utilización de Agua, documento equivalente a factura HX-
6055 del año 2016. Estos constituyen título ejecutivo y cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 99 de la ley 1437 de 2011.

20
Sentencias del 12 de diciembre de 2018, exp. 23288, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 7 de abril de 2022, exp. 25785,
MP. Julio Roberto Piza Rodríguez, y del 4 de julio de 2024, Exp. 28568, MP. Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
21
Sentencia de 30 de agosto de 2016, exp. 20541, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterada en sentencias de 16 de julio
de 2020, exp. 24409, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto; de 28 de septiembre de 2023, exp. 27401, MP. Wilson Ramos Girón
y 28 de noviembre de 2024, exp. 29139, MP. Wilson Ramos Girón (E).

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Documento equivalente Valor capital adeudado
a factura
HX-6263 $80.503.730
HX-7116 $85.845.409
HX-7594 $96.065.074
HX-6055 $3.084.720

En ese orden, se advierte que el citado mandamiento de pago está fundamentado en
el título ejecutivo conformado por las relacionadas facturas en las que se liquidó el
valor de la tasa retributiva por vertimientos puntuales y por utilización de aguas, las
que según la Sección Primera de esta Corporación son actos administrativos
definitivos22 que deben ser notificadas a los interesados.

Cabe advertir que la Resolución 160HX-1604-8182 de 26 de abril de 2016, mediante
la cual se identifican a Santiago Londoño Ramírez, Ángela María Londoño Vásquez y
Olga Luz Londoño Vásquez, como sujetos pasivos de la tasa retributiva, no constituye
título ejecutivo, pues en la misma solo se determinaron los obligados al pago de la
tasa sin definir expresamente el valor o las fechas de pago, es decir, sin concretar una
obligación clara, expresa y exigible a su cargo, razón por la cual esta Sala no
considera procedente generar pronunciamiento alguno respecto del trámite de
notificación adelantado respecto de esta, sino únicamente frente a las facturas que
fueron identificadas en el mandamiento de pago, como el título ejecutivo de la
obligación.

Notificación del título ejecutivo

La notificación de los actos administrativos es un elemento esencial del debido
proceso, pues busca proteger el derecho de defensa y contradicción, además de
garantizar que las actuaciones administrativas sean conocidas por los administrados
para que puedan controvertirlas a través de los recursos en vía administrativa y
judicial.

El artículo 24 del Decreto 2667 de 2012 «por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la
utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras
determinaciones», compilado por el Decreto 1076 de 2015 «Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible» , en el artículo
2.2.9.7.5.7., dispone: «[…] Forma de Cobro. La tasa retributiva deberá ser cobrada por la autoridad
ambiental competente, por la carga contaminante total vertida en el período objeto de cobro, mediante
factura, cuenta de cobro o cualquier otro documento de conformidad con las normas tributarias y
contables, con la periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser superior a un (1) año, y deberá
contemplar un corte de facturación a diciembre 31 de cada año. En todo caso, el documento de cobro
especificará el valor correspondiente a las cargas de elementos, sustancias y parámetros
contaminantes mensuales vertidos. […]» (Subraya fuera de texto).

De acuerdo con la anterior norma las facturas por medio de las cuales se realiza el
cobro de la tasa retributiva deben ser expedidas y notificadas conforme a las normas
tributarias, de allí que, contrario a lo que alega la parte demandante, las normas de
notificación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo no son aplicables a este asunto, para el efecto, el artículo 565 del ET,
vigente para la época de los hechos, disponía lo siguiente:

22
Así lo ha considerado el Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 05001-23-33-000-
2018-00558-01, MP. Oswaldo Giraldo López., y en Auto de 13 de mayo de 2021, exp. 63001-23-33-000-2018-00239-01, MP.
Roberto Augurso Serrato Valdés.

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“Artículo 565. Formas de notificación de las actuaciones de la administración de impuestos.
Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias,
emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones
oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse de manera electrónica,
personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería
especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.

Parágrafo 1o. La notificación por correo de las actuaciones de la administración, en materia
tributaria, aduanera o cambiaria se practicará mediante entrega de una copia del acto
correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante en el Registro Único Tributario (RUT). En estos eventos también
procederá la notificación electrónica.

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere
informado una dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa
correspondiente se podrá notificar a la que establezca la administración mediante
verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general
de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya sido posible establecer la
dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de
los medios señalados, los actos de la administración le serán notificados por medio de
publicación en un periódico de circulación nacional.

Cuando la notificación se efectúe a una dirección distinta a la informada en el Registro
Único Tributario (RUT), habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la
notificación del acto.

Parágrafo 2o. Cuando durante los procesos que se adelanten ante la administración
tributaria, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, actúe a través de
apoderado, la notificación se surtirá a la última dirección que dicho apoderado tenga
registrada en el Registro Único Tributario, RUT. (…)”

La norma transcrita prevé como modalidades de notificación la electrónica, personal
o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería
especializada.

En cuanto a la notificación por correo, el acto objeto de notificación debe enviarse a la
última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o
declarante en el RUT. Si la empresa oficial de correos o la empresa de mensajería
especializada devuelve el correo por cualquier razón, distinta de haber sido enviado
el acto a dirección errada, el artículo 568 del ET, dispone que la autoridad tributaria
debe hacer la notificación por aviso.

Además, es criterio de la Sala23 que «cuando el contribuyente actúa a través de apoderado en
el curso de las actuaciones administrativas, la notificación de los actos debe efectuarse a la dirección
informada por éste (en el RUT o la dirección procesal), que prima sobre la del poderdante. Por esa
razón, la omisión en la notificación al apoderado no se subsana mediante la notificación al
contribuyente, porque sobre aquél recae la representación y defensa técnica del administrado.»

De acuerdo con las anteriores consideraciones y, para decidir el cargo formulado
sobre la indebida notificación de las facturas que le impidió ejercer oportunamente el
derecho de reclamación afectándose con ello su firmeza, la Sala advierte que en el
expediente está probado lo siguiente:

No. De Factura Detalles del proceso de notificación
HX-6055 de 16 de marzo de Fue remitida por correo certificado 4/72 el 30 de septiembre de
2016 2019 mediante el número de guía RA184834812CO, incluyendo

23
Sentencias del 4 de diciembre de 2025, exp. 29882, MP. Luis Antonio Rodríguez Montaño, del 16 de diciembre de 2023, exp.
26867, del 18 de agosto de 2022, xp. 25557, del 26 de agosto de 2021, exp. 25501, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 6
de septiembre de 2017, Exp. 21282. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 5 de noviembre de 2020, Exp. 24341, CP: Stella
Jeannette Carvajal Basto; y del 2 de agosto de 2012, Exp. 18577, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia.

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como receptores al señor Santiago Londoño y otras, con destino a
la Carrera 46A No. 52-96 Interior 1601 en Medellín. No obstante,
el envío fue devuelto bajo la causal NO que corresponde a «No
existe».

El 22 de octubre de 2019 fue remitida nuevamente por correo
electrónico certificado de 4/72 al apoderado de las demandantes,
es decir al doctor Juan Santiago González Loaiza24, a las
siguientes direcciones electrónicas: info@grupolegalcont.com
santiago@grupolegalcont.com siendo recibida en la misma fecha
de envió25.

HX-6263 de 27 de abril de Fue introducida al correo de Interpostal S.A.S. el 5 de mayo de
2016 2016 con el número de guía 15721435, incluyendo como
receptores al señor Santiago Londoño y otras, con destino a la
Calle 4 Sur 43A-198 Oficina 135 y la Carrera 46A 52-96 interior
1601 en el Municipio de Medellín. Dicho envió fue devuelto por la
causal CD que corresponde a «cambio de dirección».

Posteriormente, el 22 de octubre de 2019 la Administración efectuó
el envió por correo electrónico certificado de 4/72 al apoderado de
las demandantes, es decir al doctor Juan Santiago González
Loaiza, a las siguientes direcciones electrónicas:
info@grupolegalcont.com santiago@grupolegalcont.com siendo
recibida en la misma fecha de envió26.

HX-7116 de 28 de abril de Se introdujo en el correo certificado 4/72 el 11 de mayo de 2017
2017 mediante la guía número RN755960602CO, incluyendo como
receptores al señor Santiago Londoño y otras, con destino a la
Calle 4 Sur 43A-198 Oficina 135 y la Carrera 46A 52-96 interior
1601 en el Municipio de Medellín, sin embargo, el envío fue
devuelto bajo la causal DE que corresponde a «desconocido».

Obra Constancia de la llamada realizada por la funcionaria de
Corantioquia, Diana Correa, el 17 de mayo de 2017, al número de
teléfono 3137976729, atendida por la señora Suly Ramírez, quien
confirmó que la dirección en la cual se podía entregar la factura era
la Carrera 46 No. 52-96 interior 1601.

Obra constancia de entrega personal del documento el 18 de mayo
de 2017, recibido por el señor Rubén Darío Piza, en calidad de
empleado.

Finalmente, se acredita que la factura fue enviada el 22 de octubre
de 2019 por correo electrónico certificado de 4/72 al apoderado de
las demandantes, es decir al doctor Juan Santiago González
Loaiza, a las siguientes direcciones electrónicas:
info@grupolegalcont.com santiago@grupolegalcont.com siendo
recibida en la misma fecha de envió27.

De acuerdo con la anterior relación se advierte que frente a las facturas: HX-6055 de
16 de marzo de 2016, HX-6263 de 27 de abril de 2016 y HX-7116 de 28 de abril de
2017, la entidad acudió a la notificación personal y posteriormente, a la notificación
electrónica del acto administrativo, sin embargo, revisado el expediente administrativo
no se encuentra prueba alguna que permita validar que la fuente tomada para obtener

24
Índice SAMAI 2. 11PRUEBAS Y EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 30. 160HX-COE1705-14700 PODER JUAN SANTIAGO
GONZALEZ.
25
Índice SAMAI 2. 11PRUEBAS Y EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 27. FACTURA HX-6055.PDF.
26
Índice SAMAI 2. 11PRUEBAS Y EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 26. FACTURA HX-6263.PDF
27
Índice SAMAI 2. 11PRUEBAS Y EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 27. FACTURA HX-7116.PDF.

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dichas direcciones de notificación fuera el registro único tributario -RUT- conforme los
parámetros definidos en el artículo 565 del Estatuto Tributario.

No obstante, obra prueba en el expediente administrativo de la respuesta remitida
desde el correo electrónico santiago@grupolegalconst.com el 24 de octubre de 2019,
con firma digital del señor Juan Santiago González Loaiza en calidad de apoderado
especial de las señoras Angela María Londoño Vásquez y Olga Luz Londoño Vásquez
respecto de las facturas HX-6055, HX-6263 y HX-7116 remitidas por la entidad el 22
de octubre de 2019, en los siguientes términos:

Si bien la respuesta remitida por el apoderado estuvo encaminada a señalar que
conforme lo dispuesto en el artículo 733 del Código de Comercio no podía generar la
aceptación de las facturas que le fueron remitidas, lo cierto es que, con ella quedó
claro que el profesional del derecho recibió y conoció plenamente los títulos
ejecutivos expedidos en contra de sus poderdantes desde el 24 de octubre de 2019,
configurándose así la notificación por conducta concluyente28, a partir de la cual pudo
ejercer todas las acciones en sede administrativa y judicial para generar reparos
respecto de las obligaciones tributarias determinadas a cargo de las señoras Angela
María Londoño Vásquez y Olga Luz Londoño Vásquez.

Se debe resaltar que conforme al poder especial que obra en el expediente29, el
abogado Juan Santiago González Loaiza contaba con facultades amplias para actuar
en representación de las señoras Angela María Londoño Vásquez y Olga Luz Londoño
Vásquez dentro de las actuaciones adelantadas ante Corantioquia, pues gozaba de

28
Artículo 301 del Código General del Proceso. Cuando una parte o un tercero manifiesten que conoce determinada providencia
o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se
considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la
manifestación verbal.
29
Índice SAMAI 2. 11PRUEBAS Y EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 30. 160HX-COE1705-14700 PODER JUAN SANTIAGO
GONZALEZ.

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facultad expresa para notificarse, presentar respuesta a requerimientos y efectuar las
demás actuaciones necesarias para el desarrollo del mandato, en los siguientes
términos:

“(…) para que en su calidad de abogado, se encargue de adelantar ante su corporación, las
diligencias pertinentes, en virtud de las licencias ambientales de la referencia y demás
expedientes, licencias o requerimientos que se lleguen a surtir por parte de su
corporación, a nuestro nombre.

Nuestro apoderado queda facultado para notificarse, conciliar, recibir, sustituir, desistir,
reasumir, transigir, allanarse, responder, requerimientos, aportar y firmar formularios y demás,
facultades para el desempeño de su función, y conforme la ley prevea en la realización de este
mandato”. (Resalta y subraya la Sala)

En esas condiciones, la notificación electrónica de las facturas efectuada al referido
apoderado produjo todos sus efectos jurídicos respecto de las poderdantes siendo esa
la legitima oportunidad para que se presentaran todos los reparos frente a los títulos
ejecutivos que hoy son objeto de cobro.

Sobre el alcance jurídico del poder, la Corte Constitucional ha precisado que el poder
especial adquiere plena validez una vez cumple las formalidades legales y que, desde
el momento en que el mandatario ejecuta el encargo conferido, las actuaciones
realizadas dentro del ámbito de sus facultades producen todos sus efectos jurídicos
respecto del mandante, sin que sea necesario que el poder detalle cada una de las
actuaciones específicas que puedan desarrollarse durante el trámite correspondiente.
Basta que determine el asunto y las facultades generales encomendadas al
apoderado para que este pueda ejercer eficazmente la representación de quien le
otorgó el mandato30.

De tal manera, en el asunto concreto, no se evidencia un desconocimiento del derecho
de defensa, el expediente da cuenta que recibidas las facturas, el apoderado
respondió el 24 de octubre de 2019 manifestando expresamente que actuaba "en
calidad de apoderado especial" de las hoy demandantes, indicó que el poder ya
obraba en el expediente, expresó su desacuerdo con las facturas, manifestó que “no
las aceptaba” y solicitó información adicional sobre el fundamento del cobro, fijando
además las direcciones electrónicas para recibir notificaciones posteriores. Esa
actuación evidencia que el mandatario tuvo conocimiento efectivo de los actos
administrativos y ejerció, en representación de sus poderdantes, las facultades
propias de la defensa de sus intereses.

La anterior conclusión también encuentra respaldo en la jurisprudencia emitida por
esta corporación31 cuando al estudiar el alcance del poder conferido dentro de un
proceso judicial, precisó que el mandato no se agota con una actuación específica ni
resulta necesario exigir un nuevo poder para las actuaciones posteriores derivadas
del mismo asunto, pues el ordenamiento procesal dispone que el poder comprende
también las actuaciones que sean consecuencia de la decisión adoptada.

Ahora bien, respecto a la notificación de la factura HX-7594 de 27 de abril de 2018 se
verifica que fue introducida en el correo certificado 4/72 el 22 de mayo de 2018,
incluyendo como receptores al señor Santiago Londoño y otras, con destino a la
Carrera. 46A No. 52-96 interior 1601 en el municipio de Medellín, dirección física de

30
T-1033 de 2005 y T-998 de 2006.
31
Sentencia de 11 de marzo de 1994. NI. 2432. Consejo de Estado - Sección Primera. CP Libardo Rodríguez Rodríguez.

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correspondencia informada por los demandantes, obrando constancia de recibido del
25 de mayo de 2018 con firma del señor Jhon Fredy Correa32.

Por lo expuesto, se concluye que las facturas que sirvieron de soporte al mandamiento
de pago contenido en la Resolución 190-RES2010-6128 de 30 de octubre de 2020,
fueron efectivamente notificadas, razón por la cual se encuentran ejecutoriadas y
constituyen título idóneo para ser exigible a través del proceso administrativo de cobro
coactivo y, por ello, no prospera la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo.

En cuanto al argumento del apelante referido a que no se cumplieron los términos
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, para efectuar los reclamos y aclaración
respecto a la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales y Tasa por Utilización de
Agua, luego de la fecha de pago establecidas en las facturas de cobro, se advierte
que tales argumentos no desvirtúan la notificación de las facturas.

Se advierte que con dicho argumento la apelante pretende que en sede de cobro
coactivo se resuelvan cuestiones que no constituyen excepciones contra el
mandamiento de pago, sino buscan controvertir la legalidad del título ejecutivo lo cual
no es posible en esta etapa, en tanto ello debió ser objeto de planteamiento en sede
administrativa y, de igual manera, en debate judicial para su control de legalidad, en
donde pudo formular las posibles irregularidades advertidas, sin que obre en los
antecedentes actuación alguna de esta naturaleza.

Por todo lo anterior, procede confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

Condena en costas

El Tribunal con fundamento en el artículo 365 del CGP condenó en costas a la parte
demandante, con inclusión de agencias en derecho para lo cual las fijó en el 3% del
valor pedido, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5
de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

La parte demandante en el recurso de apelación sostiene que, dado que la condena
en costas debe basarse en la verificación de la existencia de gastos procesales
ordinarios y el comportamiento procesal del apoderado, en el presente caso la misma
no resulta procedente, en tanto la conducta desplegada se encuentra ajustada a los
lineamientos legales, bajo los parámetros de buena fe y con la única intención de
resolver un litigio ante la jurisdicción Contencioso - Administrativa. Agrega que no se
puede pasar por alto que las demandantes ya han tenido que soportar el pago de
dichas tasas con intereses de mora por lo que el pago adicional de un 3% por concepto
de agencias en derecho, agrava su situación.

En efecto, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia33 se
encontraba vigente el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura, el cual establecía las tarifas aplicables para la
fijación de agencias en derecho. Conforme a dicha regulación, la conducta asumida
por las partes durante el trámite judicial no constituía un criterio determinante para
establecer la procedencia ni para fijar el monto de la condena en costas, razón por la
cual las consideraciones de la demandante relativas a su comportamiento procesal
carecen de incidencia para efectos de desvirtuar la decisión adoptada por el a quo.

32
Samai, Índice 2. 11PRUEBAS Y EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 29. FACTURA HX-7594.pdf.
33
27 de agosto de 2024.

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01971-01 (29810)
Demandantes: Ángela María Londoño Vásquez y Olga Luz Londoño Vásquez

Tampoco resulta atendible el argumento según el cual la condena impuesta agrava la
situación económica de las demandantes en consideración a que ya habían asumido
el pago de las sumas discutidas junto con los respectivos intereses de mora. Lo
anterior, por cuanto las agencias en derecho corresponden a una de las expensas que
integran la condena en costas y su fijación debe sujetarse a los parámetros objetivos
previstos en la normativa aplicable, sin que la situación económica de la parte vencida
constituya un criterio legal para exonerarla de dicha carga procesal.

No obstante, de acuerdo con la liquidación efectuada por esta Sala de Decisión, el
porcentaje del 3% fijado por el Tribunal corresponde a la suma de $7.806.68334, el
cual supera el límite máximo previsto en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura, modificado por el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28
de noviembre de 2025, para los procesos de única y primera instancia vigente para el
momento en que se expidió la providencia, correspondiente a seis (6) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, que para el año 2024 equivalían a $7.800.000. En
consecuencia, se modificará el numeral correspondiente de la sentencia apelada
únicamente para ajustar la condena al tope máximo permitido, esto es, a la suma de
$7.800.000 atendiendo a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que orientan
la fijación de costas.

En cuanto a la condena en costas en segunda instancia, se advierte que de acuerdo
con lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP 13, aplicable por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA14, y teniendo en cuenta lo dispuesto en
el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, procede la condena en
costas en esta instancia teniendo en cuenta que a la parte demandante se le resolvió
desfavorablemente el recurso de apelación y se confirmó la sentencia de primera
instancia15. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1) smmlv, por lo que
se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación de la condena en
costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar la sentencia del 27 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, únicamente en lo que respecta al numeral segundo, el
cual quedará así:

"Segundo. Condenar en costas de primera instancia a la parte demandante en la suma
de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($7.800.000), de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

2. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En
consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Devuélvase al tribunal de origen.

34
Teniendo en cuenta que el valor en discusión es de $260.222.757.

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Radicado: 05001-23-33-000-2021-01971-01 (29810)
Demandantes: Ángela María Londoño Vásquez y Olga Luz Londoño Vásquez

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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