Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2021-02018-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2021-02018-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2021-02018-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de marzo de 2022
Demandante: Fundación Forjando Futuros
Demandados: Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín y otro
Radicado: 05001-23-33-000-2021-02018-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02018-01
Demandante: FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS
Demandados: JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – agotamiento de la
jurisdicción en acciones populares – confirma.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala las impugnaciones presentadas por Empresas Públicas de
Medellín E.S.P. – en adelante EPM – y la Alcaldía de Medellín en contra de la
sentencia proferida en primera instancia por la Sala Segunda de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia el 14 de diciembre de 2021, en la que se
tutelaron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la Fundación actora.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La Fundación Forjando Futuros, actuando por conducto de su representante
legal, presentó acción de tutela contra los Juzgados Veintiséis Administrativo
Oral del Circuito de Medellín y el Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito
de Medellín, en procura de la defensa de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. En sentir de la Fundación, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales se consolidó con los autos: (i) del 17 de septiembre de 2021
proferido por el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín1,
y, (ii) del 4 de noviembre de 2021 dictado por el Juzgado Treinta y Cinco
1 La demanda de acción popular en la que se emitieron estos autos se presentó por la Fundación actora
contra el municipio de Medellín y EPM, y se identificó con el radicado N. º 05001-33-33-026-2021-00176-
00.
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Demandante: Fundación Forjando Futuros
Demandados: Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín y otro
Radicado: 05001-23-33-000-2021-02018-01
Administrativo Oral del Circuito de Medellín2; en el marco de dos acciones
populares.
1.2. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia,
de la siguiente manera:
3. La Fundación Forjando Futuros presentó en mayo de 2021 una acción
popular contra el municipio de Medellín y EPM, con base en que el Convenio
Marco de Relaciones suscrito en 20073 entre las autoridades que accionó
vulneraba los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio
público, entre otros, porque resultaba contrario a los Acuerdos Municipales 058
de 19554, 069 de 19975 y 012 de 19986.
4. La anterior acción constitucional se identificó con el radicado N. º 05001-33-
33-026-2021-00176-00 y le correspondió por reparto al Juzgado Veintiséis
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el cual profirió auto admisorio el 25
de junio de 2021.
5. EPM y el municipio de Medellín presentaron recurso de reposición contra el
auto admisorio del 25 de junio de 2021, en el que solicitaron que se rechazara
la demanda con fundamento en que la acción popular no era el medio idóneo
para cuestionar la nulidad o el incumplimiento contractual del Convenio Marco
de Relaciones celebrado en 2007, aunado a que se debía declarar configurado
el agotamiento de la jurisdicción, ya que “el Juzgado 35 Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, mediante providencia del 6 de mayo de 2021, admitió la
demanda instaurada por el Sindicato de Industria de los Trabajadores
Profesionales de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios
Complementarios y Conexos (SINPRO), la que se funda en los mismos hechos
que la presente demanda (EPM)”.
6. En consecuencia, por auto del 18 de agosto de 2021 el Juzgado Veintiséis
Administrativo Oral del Circuito de Medellín resolvió reponer el auto del 25 de
junio de 2021 y rechazar la demanda promovida por la Fundación Forjando
2 La demanda de acción popular de la que provienen estos autos se impetró por el Sindicato de Industria
de los Trabajadores Profesionales de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios Complementarios y
Conexos – SINPRO -, contra el municipio de Medellín. Se identifica con el radicado N. º 05001-33-33-035-
2021-00124-00.
3 “Mediante el cual se definen las coordenadas en las cuales debe insertarse la relación
propietaria – empresa, los principios que han de regirla y las obligaciones específicas que de
ella se derivan…”.
4 Por medio del cual se organiza el Establecimiento Público Autónomo encargado de la
administración de los servicios públicos de Energía Eléctrica, Acueducto, Alcantarillado y
Teléfonos.
5 Por medio del cual se transforman las empresas públicas de Medellín y se dictan otras
disposiciones.
6 Por medio del cual se adoptan los estatutos de la empresa industrial y comercial EMPRESAS
PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
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Demandante: Fundación Forjando Futuros
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Futuros.
7. Para arribar a la anterior decisión, el juez constitucional concluyó que ambas
demandas, la interpuesta por la parte actora y la de SINPRO, propendían por la
salvaguarda de los mismos derechos colectivos, los cuales consideraban
vulnerados por un hecho común “el Convenio de Gobernabilidad suscrito entre
el municipio de Medellín y EPM en el año 2007”, y aunque “ambos procesos
solicitan que se adopten medidas restaurativas opuestas -declaratoria de
incumplimiento del convenio de gobierno corporativo e inaplicación de ese
mismo convenio-, lo cierto es que el juez que conozca del proceso podrá
“adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o
vulneración de los derechos colectivos esto es, en aplicación del principio de
iura novit curia, puede adoptar otro tipo de medidas restaurativas para su
protección, así sean opuestas a las pedidas”.
8. La Fundación actora presentó recurso de reposición contra el auto del 18 de
agosto de 2021 que rechazó su acción popular, con fundamento en que su
demanda y la del sindicato se cimentaban en hechos y pretensiones opuestas,
y así, sus argumentos no podían coadyuvar ninguno de los extremos de la litis
planteada en el proceso de radicado N. º 05001-33-33-035-000-2021-00124-00.
9. El Juzgado 26 Administrativo del Circuito Oral de Medellín confirmó el auto
de rechazo en providencia del 17 de septiembre de 2021. Expuso que ambas
acciones populares estaban relacionadas con el Convenio Marco de Relaciones
o Convenio de Gobernabilidad suscrito en 2007 entre EPM y el municipio de
Medellín, las dos propenden por los derechos colectivos a la moralidad
administrativa o al patrimonio público, y así “debe existir un solo proceso en el
que se emita un pronunciamiento de fondo para la protección de los derechos
colectivos; de lo contrario, existiría la posibilidad (o probabilidad) de existencia
de sentencias contrarias (…) más aun cuando el juez de la acción popular
puede tomar las medidas que considere necesarias para la protección de los
derechos colectivos, sin que sea requisito la congruencia estricta con las
pretensiones de la demanda”.
10. De forma concomitante, en abril de 2021 el Sindicato de Industria de los
Trabajadores Profesionales de las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios Complementarios y Conexos – en adelante SINPRO – interpuso
una acción popular contra el municipio de Medellín, en la que alegó que el
alcalde del ente territorial vulneró “los acuerdos de Gobierno Corporativo,
autonomía empresarial y tecnocracia de la entidad” y desconoció el gobierno
corporativo de EPM por distintas cuestiones que han incidido en las
designaciones de la junta directiva y las finanzas de la entidad. Concretamente
solicitó:
PRIMERA Se declare que la falta de cumplimiento al Gobierno Corporativo de
EPM por parte del Señor DANIEL QUINTERO CALLE en su condición de Alcalde
de Medellín, ha deteriorado la imagen de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
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E.S.P. y su grupo empresarial.
SEGUNDA. Se declare que el deterioro de la imagen corporativa de EMPRESAS
PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. por causa de las actuaciones del Alcalde de
Medellín señaladas en la presente demanda, han conllevado un aumento
inusitado en el costo financiero de las obligaciones que EPM tiene con el sector
financiero y se pone en peligro la estabilidad financiera de la Compañía.
TERCERA. En virtud de lo estipulado en el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011,
se condene al Alcalde de Medellín, Sr, Daniel Quintero Calle, a que restituya los
mayores valores de costo financiero que ha tenido que pagar y reconocer EPM
en sus obligaciones ante el mercado financiero, por causa de la falta de apego al
Gobierno Corporativo de EPM.
11. La demanda presentada por SINPRO fue admitida por auto del 6 de mayo
de 2021, dentro del expediente de radicado N. ° 05001-33-33-035-2021-00124-
00, por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Oral de Medellín.
12. En octubre de 2021, los señores Gerardo Vega Medina y Nora Isabel
Saldarriaga, en calidad de representantes legales de la Fundación Forjando
Futuros radicaron una solicitud de coadyuvancia dentro de la acción popular de
radicado N. ° 05001-33-33-035-2021-00124-00, alegando su interés directo en
el resultado del proceso. En este escrito expusieron los mismos hechos,
fundamentos jurídicos y pretensiones, así como la solicitud de pruebas,
ventilados en la demanda 05001-33-33-026-2021-00176 que fue rechazada por
el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín.
13. En auto del 19 de octubre de 2021, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo Oral del Circuito de Medellín decidió tener como coadyuvantes a
los ciudadanos Gerardo Vega Medina y Nora Isabel Saldarriaga como
representantes legales de la Fundación Forjando Futuros, decretó algunas
pruebas y rechazó otras solicitadas.
14. Respecto a la coadyuvancia, indicó que más que apoyar alguno de los
extremos de la litis, en este escrito se propuso una nueva demanda “con
fundamentos fácticos, jurídico (sic) y probatorios diferentes a los contenidos en
la demanda inicial, además de contener unas pretensiones adicionales y
diferentes a las contenidas en aquella”. De ese modo, indicó que aceptaba la
coadyuvancia de la demanda ya impetrada, sin que ello implicara una
reformulación del asunto litigioso.
15. La Fundación Forjando Futuros interpuso recurso de reposición contra el
auto del 19 de octubre de 2021, para que se valoraran en su integridad los
hechos y pretensiones establecidos en su escrito de coadyuvancia y se
decretaran los medios de prueba que solicitó allí mismo.
16. Por auto del 4 de noviembre de 2021, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo Oral del Circuito de Medellín resolvió no reponer la providencia
del 19 de octubre de 2021. En esta oportunidad, precisó que tendrá en cuenta
todos los argumentos explicados por la Fundación “con el fin de tomar las
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mejores medidas para la protección de los derechos e intereses colectivos”,
pero que solo se pronunciaría respecto de las pretensiones relacionadas con la
demanda inicial del proceso 05001-33-33-035-2021-00124-00, “dejando
claridad que para todos los efectos no se analizará la legalidad o ilegalidad de
las normas de Gobierno Corporativo de EPM, por cuanto tal pretensión no fue
planteada en la demanda inicial”.
1.3. Sustento de la vulneración
17. A juicio de la parte actora, el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del
Circuito de Medellín aplicó de forma indebida la figura del agotamiento de la
jurisdicción, dado que no tuvo en cuenta que las pretensiones ventiladas en una
y otra acción popular son opuestas.
18. Indicó que en los dos casos expuestos, esto es, en las acciones populares
presentadas dentro de los radicados 05001-33-33-026-2021-00176 y 05001-33-
33-035-2021-00124 no hay identidad de hechos, pues aunque ambas se
refieren al gobierno corporativo de EPM, una se sustenta en el “deterioro de la
imagen corporativa de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., por
causa de las actuaciones del Alcalde de Medellín al no acatar el Código de
Gobierno Corporativo”, y la otra, “en la necesidad de realizar un control judicial
al Gobierno Corporativo en cuanto su proceso de estructuración, desde su
creación en el 23 de abril de 2007, esta (sic) afectando la moralidad
administrativa y deja en estado de vulnerabilidad el patrimonio público, al
permitir que la actuaciones de la administración de EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN E.S.P. y de los contratos que esta suscribe, se den en beneficios de
terceros y no en garantía del interés general y la protección del patrimonio
público”.
19. Respecto a las pretensiones, afirmó que van direccionadas en distintos
caminos, en la de radicado 05001-33-33-035-2021-00124 se solicita la
aplicación estricta de las normas sobre Gobierno Corporativo por parte del
alcalde de Medellín, mientras en la 05001-33-33-026-2021-00176 se solicitan
medidas de reestructuración del Convenio de Gobierno Corporativo.
20. Sostuvo que el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de
Medellín incurrió en defecto material o sustantivo, porque si bien es cierto que el
juez de la acción popular puede fallar ultra y extra petita y puede adoptar las
medidas que estime necesarias para proteger los derechos colectivos
vulnerados o amenazados, estará limitado “de forma primaria por los hechos
efectivos que se aleguen dentro del respectivo proceso”. Conforme a ello,
expuso que el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito de
Medellín no podrá decidir sobre las pretensiones ventiladas en la acción popular
de radicado 05001-33-33-026-2021-00176, porque las razones de hecho y de
derecho que solicita que se tengan en cuenta no fueron planteadas por los
actores de la acción popular promovida por SINPRO.
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21. Precisó que se le vulneró el derecho de acceso a la administración de
justicia, teniendo en cuenta que no puede tampoco actuar en calidad de
coadyuvante dentro del proceso en el que funge SINPRO como accionante, por
tratarse de pretensiones opuestas a las dos partes de la controversia.
22. Aludió que las medidas propuestas por los actores populares no tienen
carácter vinculante para el juez y que son los hechos probados por las partes, el
debate probatorio y la discusión procesal los que le ayuden al juez a determinar
las mejores medidas a implementar para salvaguardar los derechos colectivos
23. Aludió que mientras en la acción popular propuesta por su parte se alega
que el Convenio de Gobierno Corporativo celebrado en 2007, conlleva a la
vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al
patrimonio público y se solicita su inaplicación, en la otra se pretende ordenar al
alcalde de Medellín el obedecimiento de esas normas.
24. Respecto a las pruebas cuyo recaudo se le prohibió, explicó que se tornan
idóneas, adecuadas y necesarias para demostrar la posible afectación a los
intereses colectivos invocados.
25. Concluyó que de mantenerse incólumes los autos acusados se configuraría
la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia “en el
sentido que las consideraciones y medidas de protección propuestas por la
Fundación Forjando Futuros para la garantía de los intereses colectivos (…) en
relación con la institución del Gobierno Corporativo, no serían resueltas por las
autoridades judiciales competentes…”.
1.4. Pretensión constitucional
26. En concreto la parte actora solicitó:
Primero. Conceder el amparo constitucional invocado en favor de la
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS, identificada con NIT No. 811.034.746-4,
por concurrir los requisitos, en consecuencia TUTELAR los derechos
fundamentales acceso a la administración de justicia y debido proceso judicial
Segundo. DECLARAR la procedencia de la presente acción de tutela por
concurrir las causales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
contra el Auto Interlocutorio Nro. 71 del 17 de septiembre de 2021 del
Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, proceso
con radicado 0500133330262021–0017600.
Tercero. Declarar la vulneración de los derechos al acceso a la administración de
justicia y debido proceso judicial, de la que es titular la FUNDACIÓN FORJANDO
FUTUROS, identificada con NIT No. 811.034.746-4, dentro del proceso con
Radicado 0500133330262021–0017600 del Juzgado Veintiséis Administrativo
Oral del Circuito de Medellín.
Cuarto. Ordenar la protección a los derechos acceso a la administración de
justicia y debido proceso judicial de la FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS,
identificada con NIT No. 811.034.746-4, dentro del proceso con radicado
0500133330262021–0017600 del Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del
Circuito de Medellín.
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Quinto. Dejar sin efecto Auto Interlocutorio Nro. 71 del 17 de septiembre de
2021 del Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín,
proceso con radicado 0500133330262021–0017600, por incurrir en causal de
procedibilidad por defecto orgánico, material o sustantivo y violación directa de la
constitución.
Sexto. Se ordene al Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de
Medellín, expedir nueva providencia, con fundamento exclusivo en la ley 472 de
1998, en el entendido que no se ha configurado el fenómeno del agotamiento de
jurisdicción, concordados con los artículos 29, 229 y 230 de la Constitución
Política, artículos 8º y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos, y el numeral 1º del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y políticos, en cuanto Juez Natural de la Causa.
Séptimo. Subsidiariamente, en el evento de no acoger las anteriores
pretensiones, DECLARAR la procedencia de la presente acción de tutela por
concurrir las causales de procedencia contra providencias judiciales, contra el
Auto del 4 de noviembre de 2021 del Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito de Medellín, proceso con radicado
050013333035202100124-00.
Octavo. Declarar la vulneración de los derechos al acceso a la administración de
justicia y debido proceso judicial, de la que es titular la FUNDACIÓN FORJANDO
FUTUROS, identificada con NIT No. 811.034.746-4, dentro del proceso con
Radicado 050013333035202100124-00 del Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito de Medellín.
Noveno. Ordenar la protección a los derechos acceso a la administración de
justicia y debido proceso judicial de la FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS,
identificada con NIT No. 811.034.746-4, dentro del proceso con radicado
050013333035202100124-00 del Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito de Medellín.
Décimo. Dejar sin efecto Auto del 4 de noviembre de 2021 del Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, proceso con
radicado 050013333035202100124-00, por incurrir en causal de procedibilidad
por defecto orgánico, material o sustantivo y violación directa de la constitución.
Undécimo. Se ordene al Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito
de Medellín, expedir nueva providencia, con fundamento exclusivo en la ley 472
de 1998, en el entendido que la acción popular representada por la FUNDACIÓN
FORJANDO FUTUROS, identificada con NIT No. 811.034.746-4, será valorada
en la integridad de los hechos, pretensiones y medios de prueba aportados y
solicitados, y con plena capacidad para actuar dentro del proceso en su condición
de parte, lo anterior, concordado con los artículos 29, 229 y 230 de la
Constitución Política, artículos 8º y 25 de la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos, y el numeral 1º del artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y políticos, en cuanto Juez Natural de la Causa.
1.5. Trámite de primera instancia
27. En auto del 30 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió la presente acción constitucional. En consecuencia, ordenó
notificar en calidad de accionados a los Juzgados Veintiséis y Treinta y Cinco
Administrativos Orales del Circuito Judicial de Medellín.
28. Efectuadas las respectivas notificaciones, se presentaron las siguientes:
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1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín
29. Expuso los mismo hechos en los que se funda esta acción constitucional,
para explicar que ambas demandas – las acciones populares de SINPRO y la
Fundación Forjando Futuros – solicitan la protección de los derechos colectivos
a la moralidad administrativa y al patrimonio público y se “fundan en un
elemento común: el convenio de gobierno corporativo suscrito entre EPM y el
municipio de Medellín, aunque las medidas para protección de dichos derechos
son opuestas”.
30. Con base en ello, expuso que se debe emitir un solo pronunciamiento de
fondo en el que se defina la forma en cómo se deben proteger los derechos
invocados. Expresó que dos sentencias contrarias vulnerarían el debido
proceso, la cosa juzgada y la seguridad jurídica, “más aún cuando el juez de la
acción popular puede tomar las medidas que considere necesarias para la
protección de los derechos colectivos, sin que sea requisito la congruencia
estricta de las pretensiones de la demanda”.
31. Añadió que en el auto de rechazo de la demanda le indicó a la Fundación
que podía actuar como coadyuvante “por pasiva” (sic) en el proceso que cursa
ante el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín.
32. De conformidad con lo esbozado, aseveró que no le ha vulnerado a la parte
actora los derechos sobre los que solicita la protección, pero que estaría sujeto
a lo que se decidiera en esta acción de tutela.
1.6.2. Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín
33. Aclaró que las demandas 05001-33-33-026-2021-00176 y 05001-33-33-035-
2021-00124 difieren sustancialmente tanto en los hechos como en el objeto.
34. Aceptó que era notorio que el escrito de coadyuvancia había sido una
demanda independiente “y, por tales razones se aceptó su intervención, bajo el
entendido de que ello no implicaba una reformulación de la demanda”.
35. Por último, solicitó que se deniegue el amparo deprecado.
1.6.3. Actuaciones posteriores
36. Por auto del 10 de diciembre de 2021 el Tribunal Administrativo de
Antioquia vinculó como terceros con interés a EPM, al municipio de Medellín y a
SINPRO. Razón por la cual se presentaron las intervenciones que se exponen a
continuación.
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1.6.3.1. Municipio de Medellín
37. Alegó que luego del análisis efectuado al material probatorio obrante en
este proceso comparte los autos del Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, en tanto que las dos demandas populares en cuestión
“versan sobre las reglas que gobiernan relaciones entre el municipio de
Medellín y EPM (Acuerdo Marco) y el Gobierno Corporativo, se dirigen contra
las mismas accionadas, también se busca la protección de los derechos e
intereses colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, por tal
motivo, y en procura de salvaguardar los principio (sic) de congruencia y a la
seguridad jurídica, debe tramitarse una sola acción constitucional”.
38. Precisó que las pretensiones ventiladas por las partes en el marco de una
acción popular no son camisa de fuerza para el juez, porque este tiene la
libertad de adoptar las decisiones que considere pertinentes en procura de la
salvaguarda de los derechos e intereses colectivos.
39. Agregó que los coadyuvantes se adhieren a los procesos en el estado en
que se encuentren y que no pueden plantear nuevos hechos y pretensiones,
siendo su marco de actuación la demanda inicialmente presentada.
40. Mencionó que se debe negar el amparo invocado.
1.6.4. Sindicato de los Trabajadores Profesionales de las Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios Complementarios y Conexos – SINPRO –
41. Manifestó que los hechos narrados y los derechos reclamados en la
presente acción de tutela no tienen ninguna relación con SINPRO, tampoco
logra establecer que en la acción popular 05001-33-33-026-2021-00176 se
hayan vulnerado derechos fundamentales a los coadyuvantes.
42. Aludió que no son claras las pretensiones que en sede de tutela persigue la
parte actora, máxime cuando la coadyuvancia está diseñada para apoyar los
hechos y pretensiones planteados en la demanda inicial.
43. Concluyó que si lo pretendido por la Fundación es que se modifiquen las
condiciones en las que le fue reconocida la coadyuvancia, la acción de tutela no
resulta idónea
1.7. Sentencia de primera instancia
44. En proveído del 14 de diciembre de 2021, la Sala Segunda de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia amparó los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la Fundación
accionante. En consecuencia, dejó sin efectos el auto del 17 de septiembre de
2021 del Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín y le
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ordenó dictar una nueva decisión en la que tuviera en cuenta “las pautas
determinadas en esta providencia acerca de la aplicación de la figura de origen
jurisprudencial, consistente en el agotamiento de jurisdicción en la acción
popular con radicado No. 05001-33-33-026-2021-00176-00”.
45. Para arribar a tal conclusión, realizó un comparativo entre los hechos y las
pretensiones de las demandas presentadas dentro de los procesos 05001-33-
33-026-2021-00176 y 05001-33-33-035-2021-00124 e indicó que, aunque
ambas estaban dirigidas contra el municipio de Medellín, no hay una identidad
de objeto y causa petendi entre las dos, pese a que ambas se refieren al
gobierno corporativo.
46. Explicó que la acción popular interpuesta por la actora se dirige a inaplicar y
suspender el Convenio de Gobernabilidad “con la finalidad de evitar que la
empresa favorezca a terceros y dilapide el patrimonio”. Entre otras cosas, se
solicita que se prohíba contratar con empresas en las que hayan trabajado
gerentes o miembros de la junta directiva de EPM y que se introduzca la matriz
de iniciar procesos sancionatorios contra los contratistas incumplidos.
47. Por otro lado, la demanda impetrada por SINPRO, las pretensiones tienen
como fin declarar el incumplimiento del alcalde de Medellín de las normas de
Gobierno Corporativo de EPM. Dentro de los hechos, se narran las actuaciones
y declaraciones hechas por este mandatario en desmedro de la entidad, las
cuales “se traducen en la disminución de la confianza de los tenedores de los
bonos y otros prestamistas de EPM y que ponen en riesgo al proyecto
Hidroituango”.
48. Con relación a los reparos contra el auto del 4 de noviembre de 2021 del
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín, precisó
que las pretensiones sobre este proveído se presentaron de forma subsidiaria,
en caso de no prosperar los cargos contra el proveído que rechazó la demanda.
1.8. Impugnaciones
1.8.1. Alcaldía de Medellín
49. Solicitó que se revoque la sentencia del a quo, porque del escrito de tutela
no se advierte la vulneración constitucional sobre la que se cimentó el amparo.
50. Reiteró que “las pretensiones que se invocan en la acción popular no se
constituyen en una camisa de fuerza para el Juez Constitucional, pues en este
caso, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín,
que tramita la acción popular promovida por el sindicato de EPM- SINPRO,
tiene la libertad de adoptar las decisiones que considere necesarias para la
protección de los derechos e intereses colectivos presuntamente agraviados, y
que se relacionan con las normas contenidas en el Acuerdo Marco y el Código
de Gobierno Corporativo”.
10
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1.8.2. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. – EPM -
51. Contrario a lo fallado en primera instancia, estimó que resultaron satisfechos
los criterios definidos por el Consejo de Estado en la providencia de unificación
del 11 de septiembre de 2012 sobre el agotamiento de la jurisdicción, los cuales
explicó así:
a) Identidad de hechos. Ambas acciones populares están relacionadas con el
Gobierno Corporativo de EPM, específicamente con el Convenio Marco de
Relaciones o “Convenio de Gobernabilidad”, suscrito entre EPM y el Municipio de
Medellín.
b) Identidad de accionados. Ambas acciones se dirigen en contra del
Municipio de Medellín y EPM, esta última en calidad de vinculada en la acción
popular con radicado 2021-00124.
c) Identidad de causa petendi. Ambas acciones buscan la protección del
derecho colectivo a la moralidad administrativa y el patrimonio público.
52. Arguyó que la identidad de causa petendi no debe entenderse bajo la
modalidad de idénticas pretensiones, sino que se refiere a que sea el mismo
derecho colectivo sobre el que recae presuntamente la amenaza.
53. Insistió en que el juez popular puede adoptar las medidas que considere
pertinentes, convenientes y necesarias, así desborden las pretensiones y
hechos de la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
472 de 1988. Expuso que estas pueden ser contrarias a las solicitadas y que el
juez de este tipo de acciones estudia los hechos planteados en la demanda y
los que vayan aconteciendo a lo largo del proceso, a partir de lo cual decreta
todo aquello que estime adecuado y necesario para lograr la salvaguarda del
derecho colectivo.
54. Finalizó con que el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito
de Medellín debe adoptar las medidas restaurativas necesarias para lograr la
garantía de los derechos colectivos invocados, con independencia de lo que
tanto SINPRO como la Fundación actora hayan planteado en sus demandas, y
que, por ende, se debe revocar el fallo impugnado y denegarse el amparo.
1.9. Trámite de segunda instancia
55. Por auto del 20 de enero de 2022 el magistrado ponente ordenó que se
vinculara en calidad de terceros con interés a todos los coadyuvantes de la
acción popular de radicado N. ° 05001-33-33-035-2021-00124-007.
7 Los sujetos vinculados fueron: SINPRO, María Alejandra Ulloa Jurado, Juan Carlos Mejía
Osorio, Alejandro Arango Escobar, Luz Estela Pérez Tobón, María Paula Echavarría Uribe,
Ricardo José Arango Restrepo, Edgar Fernando Buitrago López, Luz Elena Montoya Medina,
Patricia Medina Montoya, Luz Adriana Villada Castrillón, Luis Alfonso García Carmona, Oscar
Hernán Herrera Restrepo, José Suárez, Jazmín Amezquita Delgado, Patricia Eugenia Atehortúa
11
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56. Efectuada en debida forma la notificación de los terceros con interés8, estos
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
57. Esta Sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas
por la alcaldía de Medellín y EPM contra la sentencia de primera instancia
proferida el 14 de diciembre de 2021, por la Sala Segunda de Oralidad del
Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.3. Legitimación en la causa
58. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.
59. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.
60. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció
que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la
sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las
partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
61. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo
anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente
oficioso”.
Marín, Fabiola Quintero López, Andrés Quintero Palacio, Jorge Enrique Escobar Restrepo,
Sulay Jazmín Duque Lopera, Hebert Bedoya Sanmiguel, Sindy Orozco García, Teresita Álvarez
Dávila, Sandra Paola Callejas Uribe, Roberto de Jesús Duque Marín, Andrés Felipe Herrera
Rodríguez, Daniela López Lopera, Pedro Nel Murillo Suárez, Claudia Patricia Hernández
Cardona, Beatriz Eugenia Múnera Toro, Piedad Patricia Restrepo y Gerardo Vega Medina.
8 A sus correos electrónicos, según se advierte en los índices 10, 11 y 12 del expediente digital
que reposa en la plataforma Samai.
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62. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
63. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales
hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales
reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que,
adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las
partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto
procesal de la demanda9.
64. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
Fundación Forjando Futuros fungió como demandante dentro de la acción
popular de radicado N.° 05001-33-33-026-2021-00176-00, y dado que le fue
rechazada, presentó solicitud de coadyuvancia dentro del expediente N. °
05001-33-33-035-2021-00124-00 que corresponde a un proceso de la misma
naturaleza. En consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio del núcleo esencial de
los derechos presuntamente vulnerados.
65. Por otro lado, la Sala evidencia que los Juzgados Veintiséis Administrativo
Oral del Circuito de Medellín y el Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito
de Medellín, se encuentran legitimados en la causa por pasiva, en tanto que
dictaron los autos del 17 de septiembre y del 4 de noviembre, respectivamente
dentro de los expedientes mencionados, los cuales se cuestionan por esta vía.
2.4. Problema jurídico
66. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las pruebas incorporadas al expediente y las intervenciones allegadas en el
trámite del proceso, corresponde a esta Sala decidir si confirma, modifica o
revoca el fallo del 14 de diciembre de 2021 en el que el Tribunal Administrativo
de Antioquia accedió a las pretensiones principales de la demanda, y en
consecuencia ordenó proferir una decisión que reemplace el auto del 17 de
septiembre de 2021, con base en el siguiente cuestionamiento:
¿Resultaron vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia de la Fundación Forjando
Futuro por el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de
Medellín, con ocasión del auto del 17 de septiembre de 2021 en el que
9 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 de 2017; y
Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 de 2018.
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rechazó su acción popular, dando aplicación a la figura del agotamiento
de la jurisdicción?
67. De resultar negativo el estudio referente al anterior planteamiento, se
deberá determinar si los citados derechos fundamentales resultaron
transgredidos por el auto del 4 de noviembre de 2021 en el que el Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín aceptó la
coadyuvancia de la parte actora, con la condición de que no analizaría los
hechos y pretensiones nuevas.
68. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad de cara al
sub-lite y de superarse, (iii) el agotamiento de la jurisdicción en acciones
populares, y, (iv) el caso concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
69. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 201210. Lo anterior, porque
hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían
diferentes posturas sobre este tema11. En la referida sentencia se estableció
que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen
ciertos requisitos especiales y excepcionales12.
70. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 13. En esta
sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 14 y ocho
defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial15.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
12 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i).
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el
requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no
se trate de sentencias de tutela.
15 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del
procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto material o
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71. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y
quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera
conjunta con los requisitos especiales.
72. Por tanto, de manera reiterada se han estudiado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de
los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos
y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que,
de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara
improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
73. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la
Sección analizará la carga argumental alegada por la parte actora. A su vez,
cuando se invoca el defecto procedimental absoluto se estudiará que la
irregularidad procesal tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna. En este mismo sentido, la sala ha establecido que para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
74. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional
75. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra
superado por cuanto, la parte actora cuestiona de forma principal el actuar del
Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín al proferir el auto
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido,
que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii)
Violación directa de la Constitución.
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del 17 de septiembre de 2021, en el que se rechazó la acción popular de
radicado N. ° 05001-33-33-026-2021-00176-00, y de forma subsidiaria, al
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín con
ocasión del proveído del 4 de noviembre de 2021, en el que aceptó a la parte
actora como coadyuvante de la demanda de acción popular 05001-33-33-035-
2021-00124-00 en la que funge SINPRO como accionante, pero sin tener en
cuenta sus pretensiones y los hechos nuevos y distintos a la demanda inicial
planteados en su escrito de coadyuvancia, e indica que con dichas decisiones
se le desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
76. En igual sentido, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que
el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de
indefensión. En efecto, la Fundación accionante estima vulneradas las referidas
garantías constitucionales por parte de las autoridades judiciales accionadas,
dado que una de estas le rechazó la demanda de acción popular que incoó
contra el municipio de Medellín y EPM, y la otra le aceptó en calidad de
coadyuvante dentro del proceso N. ° 05001-33-33-035-2021 00124-00, pero sin
que se estudien los hechos adicionales que propuso y sus pretensiones, por ser
opuestas a las de la demanda que pretende coadyuvar.
77. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza
de garantías superiores, que después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, se acuda al
mecanismo constitucional establecido para la salvaguarda de los derechos
fundamentales.
78. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, su aplicación, su
eficacia y la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente el debido proceso.
2.6.2. Tutela contra tutela
79. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito, pues a través de
la presente acción constitucional se cuestiona de forma principal el auto del 17
de septiembre de 2021 Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de
Medellín; y subsidiariamente el del 4 de noviembre de 2021 del Juzgado Treinta
y Cinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín, proferidos dentro de las
acciones populares de radicados N. ° s. 05001-33-33-026-2021-00176-00 y
05001-33-33-035-2021-00124-00, respectivamente.
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2.6.3. Inmediatez
80. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día siguiente
a la ejecutoria (art. 30216 CGP) de las decisiones cuestionadas principal y
subsidiariamente, toda vez que los proveídos enjuiciados, que corresponden
con los que resolvieron los recursos presentados contra la decisión inicial, se
profirieron el 17 de septiembre y el 4 de noviembre de 2021, y la acción
constitucional se radicó vía correo electrónico el 30 de noviembre de 2021.
81. Así, la Sala considera razonable el término transcurrido entre los autos
debatidos y la presentación de la solicitud de amparo, aun sin escudriñar en la
fecha de ejecutoria de las citadas providencias.
82. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201417,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200518, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.6.4. Subsidiariedad
83. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que el auto del 17 de septiembre de 2021
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el proveído del 18 de agosto
del mismo año en el que se dispuso el rechazo de la acción popular impetrada
por la parte actora. Del mismo modo, el auto del 4 de noviembre resolvió no
reponer la providencia del 18 de agosto de 2021 que aceptó la coadyuvancia de
la Fundación Forjando Futuros, pero sin que haya lugar a que resuelve o se
pronuncie sobre sus pretensiones, porque no guardan identidad con las de la
acción popular inicial.
84. Asimismo, frente a los argumentos de la accionante, se advierte que no es
procedente, por un lado, el recurso extraordinario de revisión de conformidad
16 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean
impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una
providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. || Las que sean proferidas por fuera de
audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han
vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos».
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es,
de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
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con el artículo 248 del CPACA, comoquiera que aplica para las sentencias
ejecutoriadas proferidas por el Consejo de Estado, tribunales y jueces
administrativos y en el caso de marras se discuten autos; y por otro, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, en la medida que en de acuerdo
con el artículo 257 ibídem, procede contra también contra fallos.
85. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
motivo por el cual se pasará a estudiar el caso concreto.
2.7. Del agotamiento de la jurisdicción en acciones populares
86. En auto del 11 de septiembre de 2012 la Sala Plena del Consejo de Estado
unificó jurisprudencia sobre el tema y concluyó que:
(…) con apoyo en los principios de economía, de celeridad y de eficacia
que rigen la función judicial, y que por expresa disposición del artículo 5°
de la Ley 472 de 1998 deben orientar el trámite de las acciones
populares19, cuando se esté ante demandas de acción popular en las
cuales se persiga igual causa petendi, basada en los mismos hechos, y
contra igual demandado, lo que procede es dar aplicación a la figura del
agotamiento de jurisdicción.
87. La anterior regla procesal fue necesaria, dado que antes de esta había
disparidad de criterios y mientras la Sección Tercera del Consejo de Estado
aceptaba y aplicaba esta postura, la Sección Primera de la misma Corporación
consideraba que si podían acumularse acciones populares por remisión
expresa del artículo 44 de la Ley 472 de 1998 al artículo 145 del Código
Contencioso Administrativo.
88. De la cita transcrita del proveído de unificación, se extrae que los elementos
para que proceda el agotamiento de la jurisdicción en acciones populares, son:
(i) que en las demandas se persiga la misma causa petendi, (ii) que se funde en
similares supuestos fácticos, y, (iii) que se presente identidad de sujeto
accionado.
89. Sobre esta figura también se pronunció la Corte Constitucional en la
sentencia SU-658 de 2015. El alto tribunal, además de reiterar la regla de
unificación fijada por el Consejo de Estado, que fue expuesta en precedencia,
precisó que “en aquellos supuestos en que se esté ante demandas de acción
popular en las cuales se persigan las mismas pretensiones, estén basadas en
la misma causa petendi, y dirigida contra iguales demandados, lo que procede
es dar aplicación a la figura del agotamiento de jurisdicción”.
19 Aunados a los de concentración, eventualidad e informalidad como principios generales del C. de P. C.
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2.8. Caso concreto
90. En este punto se recuerda que en la sentencia del 21 de diciembre de 2021,
proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se
concluyó que le asistía la razón a la parte actora y que en la demanda de acción
popular de radicado N. ° 2021-00176-00, que promovió contra EPM y el
municipio de Medellín, no se cumplían con los elementos para que se adoptara
la figura del agotamiento de la jurisdicción y se rechazara la demanda. En
consecuencia, se dejó sin efectos el auto del 17 de septiembre de 2021 del
Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín y le ordenó a
esta autoridad judicial dictar una providencia de reemplazo en la que admitiera
la demanda.
91. Tanto EPM como el municipio de Medellín manifestaron su discrepancia con
respecto a esta decisión y la impugnaron. Revisados los dos escritos del
recurso, se extrae que ambos sujetos procesales centran la discusión en que se
configuraron los requisitos para declarar el agotamiento de la jurisdicción y, por
ello, procedía el rechazo de la demanda, sin que ello vulnerara los derechos
fundamentales de la fundación accionante.
92. Por su parte, EPM insiste en que en las dos demandas populares hay
identidad de causa petendi, y el municipio de Medellín en que pese a que las
pretensiones no sean las mismas, el juez de la acción popular tiene la libertad
de adoptar las medidas que estime necesarias para proteger los derechos
colectivos agraviados, los cuales en ambos casos son los mismos, y versan en
las normas contenidas en el Acuerdo Marco y el Código de Gobierno
Corporativo.
93. Así las cosas, le corresponde a la Sala analizar si el auto del 17 de
septiembre de 2021 adolece del defecto sustantivo propuesto por la parte
actora por aplicar indebidamente la figura del agotamiento de la jurisdicción
cuyos elementos están establecidos en la providencia de unificación del 11 de
septiembre de 2012 de la Sala Plena del Consejo de Estado, con fundamento
en que entre la demanda de acción popular de radicado N. º 05001-33-33-026-
2021-00176-00 y la 05001-33-33-035-000-2021-00124-00, no hay identidad de
causa dado que se proponen hechos distintos y se plantean pretensiones
opuestas. Efectuado este análisis, determinará la Sala si hay lugar a confirmar,
modificar o revocar el fallo del a quo de tutela.
94. Por lo anterior, se expondrán generalidades sobre el defecto que se
estudiará y enseguida se abordará el cargo.
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2.8.1. Defecto sustantivo20
95. En cuanto al defecto sustantivo, la Corte Constitucional, en sentencia de
unificación SU-516 de 201921, reiteró sobre este, lo siguiente:
La Corte ha señalado que el defecto sustantivo parte del “reconocimiento
de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de
autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta” 22. En
consecuencia, este defecto se materializa cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen23. La jurisprudencia de este Tribunal, en diferentes
decisiones24, ha precisado los supuestos que pueden configurar este
defecto, a saber:
(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso
la decisión se sustenta en una norma inexistente25, derogada26, o que ha
sido declarada inconstitucional27.
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable por no ser pertinente28.
(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional,
su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio
como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los
señalados por el legislador29.
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una
sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma
cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus
efectos a todo el ordenamiento jurídico30.
(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva31 o
claramente contraria a la Constitución32.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 21
de octubre de 2021. Rad. 2021-06204-00.
21 Corte Constitucional. Sentencia SU-516 de 2019.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-210 de 2017.
23 Corte Constitucional, Sentencias T-008 de 1998, C-984 de 1999 y T-156 de 2009.
24 Corte Constitucional, Sentencias SU-515 de 2013, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-632
de 2017 y SU-116 de 2018.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004.
27 Corte Constitucional, Sentencias T-158 de 1993, T-804 de 1999, SU-159 2002 y T-800 de
2006.
28 Corte Constitucional, T-189 de 2005.
29 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
30 Corte Constitucional, Sentencias T-814 de 1999, T-842 de 2001, T-462 de 2003 y T-790 de
2010.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008.
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(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en
la disposición33.
(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso34.
(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de
una actuación que afecta derechos fundamentales35.
(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable
de argumentación36.
(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad37. Se trata de la aplicación de normas abiertamente
inconstitucionales38, o cuando al ser aplicadas al caso concreto se
vulneran derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente
inaplicada39.
(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del
juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia 40.
Adicionalmente, esta Corte ha señalado41 que una autoridad judicial puede
incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable42 en, al
menos, dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un
sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra
legem–), o de manera injustificada para los intereses legítimos de una de
las partes43; y (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional
una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de
las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene
32 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994.
34 Corte Constitucional, Sentencias T-807 de 2004, T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
35 Corte Constitucional, Sentencias T-114 de 2002, T-1285 de 2005 y T-086 de 2007.
36 Corte Constitucional, Sentencias SU-640 de 1998, T-462 de 2003, T-1285 de 2005 y T-292
de 2006.
37 En la Sentencia T-808 de 2007, se expuso que “en cualquiera de estos casos debe estarse
frente a un desconocimiento claro y ostensible de la normatividad aplicable al caso concreto, de
manera que la desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial sea
notoria y no tenga respaldo en el margen de autonomía e independencia que la Constitución le
reconoce a los jueces (Art. 230 C.P.). Debe recordarse, además, que el amparo constitucional
en estos casos no puede tener por objeto lograr interpretaciones más favorables para quien
tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos fundamentales de quien queda sujeto a una
providencia que se ha apartado de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”».
38 Corte Constitucional, Sentencias T-572 de 1994 y SU-159 de 2002.
39 Corte Constitucional, Sentencias T-572 de 1994, SU-172 de 2000 y SU-174 de 2007».
40 Corte Constitucional, Sentencia T-100 de 1998.
41 Corte Constitucional, Sentencia T-1095 de 2012.
42 Corte Constitucional, Sentencias T-1101 de 2005 y T-051 de 2009.
43 Corte Constitucional, Sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
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postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable44»45.
96. El primer elemento de la figura del agotamiento de la jurisdicción que se
observará, es el de la “la identidad de causa petendi”. En palabras de la Corte
Constitucional “hace referencia a las razones que sustentan las peticiones del
demandante ante el juez. Es así como la causa petendi contiene, por una parte,
un componente fáctico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro
lado, un componente jurídico, constituido no sólo por las normas jurídicas a las
cuales se deben adecuar los hechos planteados sino, también, por el específico
proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es
posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente
calificados de los cuales se busca extraer una concreta consecuencia
jurídica”46.
97. Para dilucidar este punto se realizará a continuación un comparativo entre
los hechos concretos en los que se basaron ambos escritos de demanda.
Hechos de la demanda 2021-00176- Hechos de la demanda 2021-00124-
00, accionante: Fundación Forjando 00, accionante: SINPRO.
Futuros47.
HECHO PRIMERO. El día 21 de octubre
de 2018 antes de ser elegido como
Séptimo. A través de las normas de Alcalde de Medellín, el ciudadano Daniel
Gobierno Corporativo, EPM ha venido Quintero Calle asistió a un debate de
propendiendo por la expansión control político en el Concejo de Medellín,
regional, misma expansión que que se había citado en contra del, en ese
provocó la escisión de UNE en el año entonces, Gerente General de EPM,
2006, seguidas por la adquisición de Jorge Londoño de la Cuesta.
empresas relacionadas con los El señor Quintero Calle no ejercía ningún
negocios de aguas y energía a nivel cargo público en ese momento y llevó a
nacional e internacional. cabo una intervención en el recinto del
Concejo de Medellín. En esa intervención
afirmó que “Medellín tiene que saber que
en Hidroituango nos mintieron de forma
reiterada, que la gerencia estuvo
favoreciendo de forma reiterada a los
contratistas”. A renglón seguido le hace
entrega de un pedazo de queso, con el
ánimo de denotar una tacha a la
integridad del funcionario, mediante una
analogía que no viene al caso citar.
Esta afirmación injuriosa contra un
empleado público por parte de quien
posteriormente sería alcalde de Medellín
fue llevada a cabo sin contar con los
44 Corte Constitucional, Sentencias T-079 de 1993 y T-066 de 2009.
45 Cursiva del texto original.
46 Ver sentencias T-218 de 2010 de la Corte Constitucional y T-534 de 2015.
47 Los subrayados enfatizan los fundamentos fácticos a tener en cuenta para efectos de la comparación.
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elementos que le permitieran entender
cuáles fueron las causas que originaron
Octavo. En abril de 2007, el Municipio HECHO SEGUNDO. El 3 de marzo de
de Medellín y EPM suscribieron un 2019 durante la campaña electoral, el hoy
Convenio Marco de Relaciones o alcalde de Medellín afirmó que “hay una
“Convenio de Gobernabilidad” serie de politiqueros que se han tomado
mediante el cual se definen los la Junta Directiva de EPM”, señalando
compromisos en los cuales debe además que había “empresarios
enmarcarse la relación propietario- brasileños” que eran responsables de la
empresa, los principios que han de situación de la empresa porque hubo
regirla, y las obligaciones específicas corrupción en el proceso de contratación.
que de ella se derivan, tendientes al Sin embargo, ninguna de estas
mejor entendimiento del papel de cada afirmaciones ha sido probada y, por el
una de dichas entidades en esa contrario, una vez el candidato fue electo
relación, atendiendo al fin primordial y actuó como representante legal de la
para el cual fueron creadas, y en aras entidad accionada, ratificó siete de los
de garantizar la transparencia frente a nueve miembros de la Junta Directiva
la comunidad en general ante la renuncia de dos de ellos (…)
Noveno. El Convenio al que se refiere HECHO TERCERO. El 2 de enero de
el numeral anterior es un elemento 2020, cuando ya se posesionó el señor
esencial para el cumplimiento del Quintero Calle como alcalde y por ende,
Gobierno Corporativo de EPM y él como representante legal de la entidad
establece que sólo puede modificarse demandada, fue designado como Gerente
por voluntad de las partes plasmada de EPM el señor Álvaro
por escrito, lo cual podría suponer una Guillermo Rendón López y, desde esa
usurpación a las funciones del concejo fecha, comienzan a ser notorias la
municipal de la ciudad de Medellín. injerencia e intromisión del señor Daniel
Quintero Calle en EPM, no solo de
manera personal, sino a través de su
Secretaría Privada, violando los acuerdos
de Gobierno Corporativo, autonomía
empresarial y tecnocracia de la entidad.
HECHO DECIMOTERCERO. Para
Decimosexto. Por otra parte, EPM ha entender los daños que ha sufrido EPM
realizado negocios inexplicables como por el desconocimiento del gobierno
la adquisición de ORBITEL, que según corporativo por parte del Alcalde y
se ha dicho suficientemente era una representante legal del Municipio de
empresa que costaba 30 millones de Medellín, es necesario comprender la
dólares y EPM la compró por 85 participación de la empresa dentro del
millones de dólares aproximadamente. mercado público de valores nacional e
internacional:
En 1997 EPM se inscribió en el mercado
público de valores de acuerdo con lo
estipulado en la Resolución No. 400 de
1995, por la cual se unifican las normas
expedidas por la Sala General de la
Superintendencia de Valores y se
integran por vía de referencia otras.
Desde ese momento cuenta con
calificación de riesgo crediticio para los
títulos valores emitidos localmente.
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Vigésimo segundo. Todo ello sumado HECHO SEXAGÉSIMO NOVENO. A lo
ha ocasionado que año por año EPM largo de este escrito, se expusieron,
pierda alrededor de 1 billón de dólares, algunas de las intervenciones
según el Alcalde de Medellín, lo que inapropiadas hechas de parte del Alcalde
evidentemente se traduce en un y representante legal del Municipio de
detrimento del patrimonio público. Medellín, Daniel Quintero Calle a
Empresas Públicas de Medellín, las
cuales fueron contrarias a lo dispuesto en
el Convenio de Gobernabilidad y las
funciones asignadas a la Junta Directiva.
Vigésimo tercero. En nuestro análisis,
estas situaciones se presentan por a)
las normas de gobierno corporativo,
pese a no tener la fuerza vinculante de
modificar o imponerse a los acuerdos
municipales del concejo, establecen
cláusulas que contrarían sus
disposiciones; b) porque se privilegia
el relacionamiento estratégico por
encima de la rigurosidad en el cuidado
del patrimonio público; c) la falta de
implementación de mecanismos de
control, mitigación y sanción en contra
de los operadores y contratistas, que
en su mayoría son miembros del GEA
o aliados estratégicos; y d) por la falta
de normas estrictas de conflicto de
intereses con miembros de junta y
funcionarios de alto nivel, en relación a
su relación con empresas con las que
EPM entabla relaciones comerciales y
contractuales
Vigésimo quinto. En síntesis, lo que se
evidencia es que las normas de
Gobierno Corporativo vigentes, le dan
mayor prioridad a los intereses de
ciertos grupos económicos, que al
deber de proteger el patrimonio
público; y sobrepasan las
disposiciones de los acuerdos
municipales
Vigésimo sexto. EPM está sometido en
general a las normas de derecho
privado, y las normas de gobierno
corporativo carecen de herramientas
oportunas y eficaces para proteger el
patrimonio público y moralidad
administrativa, aunque le aplican los
principios o regímenes jurídicos
específicos de lo estatal, sin embargo,
estos descalabros hacen pensar que
EPM no puede seguir operando bajo
unas normas que no propendan, por
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encima de todo, por los principios de
lo público.
Vigésimo séptimo. Hoy las normas de
Gobierno Corporativo del grupo
empresarial EPM, son tan flexibles
para proteger los intereses de los
empresarios que, según el Alcalde de
Medellín, Daniel Quintero Calle, tres
empresarios muy influyentes en la
ciudad lo visitaron después de haber
resultado electo, a sugerirle que
mantuviera en el cargo de gerente de
Empresas Públicas de Medellín, a
quien venía desempeñándose desde el
periodo anterior, lo que muestra el
gran interés e influencia de los grupos
económicos de la ciudad en una
empresa 100% publica en patrimonio,
pero sus decisiones permeadas por el
sector económico de la región y
ciudad.
Vigésimo octavo. Otro aspecto de la
flexibilidad de las normas de gobierno
Corporativo en función y provecho de
los intereses particulares es que EPM
no tenía en su agenda presentar
demanda contra los contratistas de
hidroituango; la demanda se presentó
por que el Alcalde decidió impulsarlo
aun sin esperar la postura de la junta
directiva. Así como ese contrato, al
parecer hay muchas
decisiones que la junta ha omitido
tomar, amparados en las normas de
gobierno corporativo.
Trigésimo. En los estados financieros
se puede constatar que en 2006, EPM
era más grande que hoy y su
patrimonio era de $11,2 billones,
contra un pasivo de $2,6 billones. O
sea que el patrimonio era cinco veces
mayor que su pasivo. A 2020, EPM
tiene un patrimonio de $26,409 billones
con el altísimo pasivo de $26,959
billones, según informe de EPM en
julio de 2020. En 14 años, el patrimonio
solo se multiplicó por un poco más de
dos veces, mientras que el
escandaloso pasivo se multiplicó por
10 veces más. Si EPM sigue igual en
los próximos 15 años, podría llegar a la
bancarrota o desaparecer (…)
Vigésimo sexto. EPM está sometido en
general a las normas de derecho
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privado, y las normas de gobierno
corporativo carecen de herramientas
oportunas y eficaces para proteger el
patrimonio público y moralidad
administrativa, aunque le aplican los
principios o regímenes jurídicos
específicos de lo estatal, sin embargo,
estos descalabros hacen pensar que
EPM no puede seguir operando bajo
unas normas que no propendan, por
encima
98. Aclara la Sala que no transcribe la totalidad de hechos enunciados en estas
demandas, atendiendo a la extensión de los mismo y a que no se requieren
para efectos de analizar este punto, dado que acá se estudian los hechos
concretos que según cada uno de los actores conllevan a la transgresión de los
derechos colectivos sobre los que se invoca la protección.
99. El objeto de las pretensiones de cada una de las demandas, es el siguiente:
Pretensiones de la demanda 2021- Pretensiones de la demanda 2021-
00176-00, accionante: Fundación 00124-00, accionante: SINPRO.
Forjando Futuros.
Primero. LA INAPLICACIÓN del PRIMERA Se declare que la falta de
Convenio Marco de Relaciones o cumplimiento al Gobierno Corporativo de
“Convenio de Gobernabilidad”, EPM por parte del Señor DANIEL
suscrito entre el municipio de Medellín QUINTERO CALLE en su condición de
y EPM en 2007, dada sus Alcalde de Medellín, ha deteriorado la
extralimitaciones con relación a los imagen de EMPRESAS PÚBLICAS DE
acuerdos municipales No.58 del 6 de MEDELLÍN E.S.P. y su grupo
agosto de 1955, No. 069 del 10 de empresarial.
diciembre de 1997, No. 12 de 1998, No
ACUERDO 32 DE 2006, hasta que no se SEGUNDA. Se declare que el deterioro
realice un ajuste técnico y jurídico a de la imagen corporativa de EMPRESAS
dicho convenio, de tal suerte que no PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. por
vaya en detrimento del patrimonio causa de las actuaciones del Alcalde de
público, la moralidad administrativa y Medellín señaladas en la presente
contradicción de los citados acuerdos demanda, han conllevado un aumento
municipales. inusitado en el costo financiero de las
obligaciones que EPM tiene con el sector
Segundo. LA SUSPENSIÓN DE LOS financiero y se pone en peligro la
EFECTOS -EFICACIA- de las normas estabilidad financiera de la Compañía.
que conforman la figura de Gobierno
Corporativo de EPM, hasta que no se TERCERA. En virtud de lo estipulado en
realice un ajuste técnico y jurídico, de el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, se
tal suerte que no vaya en detrimento condene al Alcalde de Medellín, Sr,
del patrimonio público y la moralidad Daniel Quintero Calle, a que restituya los
administrativa mayores valores de costo financiero que
ha tenido que pagar y reconocer EPM en
Tercero. El AJUSTE TÉCNICO Y sus obligaciones ante el mercado
JURÍDICO del régimen financiero y financiero, por causa de la falta de apego
técnico del Convenio Marco de al Gobierno Corporativo de EPM.
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Relaciones o “Convenio de CUARTA. Teniendo en cuenta la
Gobernabilidad”, suscrito entre el naturaleza primordialmente preventiva de
municipio de Medellín y EPM en 2007 y las acciones populares, solicitamos que
de las normas que conforman la figura se profiera sentencia estimatoria de la
de Gobierno Corporativo de EPM, de protección a los derechos e intereses
tal suerte que no se dilapide el colectivos señalados en la presente
patrimonio que con esfuerzo se ha demanda, en la que se ordene al alcalde
conseguido durante años; que del Municipio de Medellín lo siguiente:
contengan normas para que los 1. Se abstenga de injerir de manera
responsables de dichos desaciertos en indebida en las decisiones
calidad de funcionarios, miembros de corporativas de EPM y, en adelante, se
junta o contratistas, no pasen atenga a los canales de comunicación y
incólumes; y que las decisiones de la protocolos vigentes.
empresa no terminen favoreciendo a 2. Se abstenga de efectuar declaraciones
terceros en lugar de la empresa; que corresponde solo a EPM como actor
procurando siempre que las del mercado de valores y se abstenga de
actuaciones de todos los funcionarios generar situaciones de nerviosismo en los
y miembros de junta sean con inversionistas institucionales y demás
diligencia y cuidado, teniendo en miembros de la Compañía de Servicios
cuenta los postulados de eficiencia y Públicos Domiciliarios.
transparencia, atendiendo la 3. Se obligue a acatar el Código de
normatividad presupuestal vigente, sin Gobierno Corporativo de EPM.
colocar entre dicho su deber moral 4. Se abstenga de continuar ejecutando
como funcionarios públicos, y el actos de inducción a la ruptura
interés colectivo que deben proteger. contractual entre EPM y sus contratistas
El ajuste técnico deberá tener en el proyecto Hidroituango y se le
presente: prevenga de llevar a cabo imputaciones
a. Normas que prohíban la injuriosas o señalamientos sin evidencia
contratación con empresas en donde en contra de contratistas de EPM,
hayan trabajado gerentes o miembros apegándose a los términos y escenarios
de junta directiva del grupo contractuales para resolver las
empresarial EPM y EPM Matriz, dentro controversias.
de los cinco años siguientes a su 5. Se abstenga de inducir a la ruptura
desvinculación contractual y a inducir, en calidad de
b. La obligatoriedad para las controlante de EPM, a incumplimiento so
empresas del grupo empresarial EPM y ejecuciones prácticas contractuales
EPM matriz de iniciar procesos relacioandas en el proyecto Hidroituango
sancionatorios frente a presuntos por las actuaciones dolosa o gravemente
incumplimientos de contratistas, sin culposas, que consisten en declaraciones
importar el relacionamiento con dicho que puedan generar retrasos adicionales
contratista. en el proyecto.
c. Nombramiento de gerentes
por parte del Alcalde de Medellín en
empresas en donde el grupo EPM
tenga la mayoría de participación
d. La Alcaldía de Medellín
deberá crear una unidad de análisis de
inversiones y seguimiento a la
contratación de EPM,
e. Realizar un convenio con la
contraloría de Medellín para que
fortalezca el seguimiento y control al
grupo empresarial EPM y a EPM
matriz.
f. Realizar un convenio con la
Universidad destacada en análisis
económicos como consultor
permanente de las inversiones de EPM
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Demandados: Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín y otro
Radicado: 05001-23-33-000-2021-02018-01
g. Que la Alcaldía de Medellín se
pueda relacionar a través de un equipo
de análisis de inversión y seguimiento
a la contratación con EPM
h. Condiciones para aprobar las
inversiones y venta de activos de EPM
y su grupo empresarial
i. Inversión y distribución de
utilidades en sectores nacionales de
influencia de proyectos y empresas
100. Del comparativo expuesto se extrae que en la demanda presentada por
SINPRO, se discute si el actuar del alcalde de Medellín, con sus diferentes
manifestaciones públicas, entrevistas y declaraciones; ha ocasionado el
rompimiento contractual de EPM con varias compañías por actuar en desmedro
del nombre de la entidad. A juicio de SINPRO “el alcalde incumple las normas
de gobierno corporativo, entre las que no solamente se encuentra el Convenio
de Gobierno Corporativo, porque si se ciñera a estas, entre las que está, por
mencionarla a modo de ejemplo, el Código de Gobierno Corporativo, no
actuaría de esa manera y estaría imposibilitado para intervenir públicamente en
nombre de la compañía, afectando la imagen de esta, lo cual ha conllevado a
las pérdidas económicas sobre las cuales finca el detrimento del patrimonio
público”.
101. Contrario sensu, en la acción popular impetrada por la Fundación actora se
cuestiona de forma puntual el Convenio de Gobernabilidad celebrado en 2007
entre EPM y el Municipio de Medellín, al punto que discute su legalidad porque
menciona que transgrede los acuerdos municipales de creación de EPM. Como
se observó, en esta demanda la parte actora solicita la inaplicación de la norma
citada y cambios estructurales en el referido convenio relacionados con la
contratación de empresas, el nombramiento de los gerentes, la creación de
algunos acuerdos para efectos de seguimiento, entre otros.
102. Nótese como en la demanda de la Fundación no se cuestionan en ningún
momento los actos del alcalde ni se solicita alguna medida dirigida a esta
autoridad municipal. Por el contrario, en la acción impetrada por SINPRO se
discute netamente la conducta del mandatario local porque se estima que al
actuar con desapego a todo el compendio de normas del gobierno corporativo
de EPM opera en contra del nombre de la entidad y ello le acarrea
consecuencias económicas.
103. Se observa entonces que, mientras el Juzgado Veintiséis Administrativo
Oral del Circuito de Medellín rechazó la demanda valiéndose de la figura del
agotamiento de la jurisdicción porque consideró que ambas demandas
comparten causa petendi, objeto y accionados, al punto de que si se tramitan
como demandas independientes pueden proferirse dos sentencias contrarias; el
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín aceptó la
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coadyuvancia de la Fundación Forjando Futuros condicionada a que no
estudiaría sus pretensiones, por ser opuestas a las presentadas por SINPRO.
104. En virtud de lo expuesto, se configura el defecto sustantivo propuesto, y
con ello, la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia. Lo anterior, dado que el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del
Circuito de Medellín rechazó demanda de la parte actora y le manifestó que sus
hechos y pretensiones podían ser expuestas en otra demanda por compartir
identidad de objeto, hechos y causa.
105. El Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín al
rechazar la demanda de acción de grupo presentada por la Fundación,
concluyó en el auto del 17 de septiembre de 2021, lo siguiente:
Así las cosas, es claro que ambas demandas solicitan la protección de los
derechos colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio público, y
ambas demandas se fundan en un elemento común: el convenio de gobierno
corporativo suscrito entre EPM y el Municipio de Medellín, aunque las medidas
pedidas para la protección de dichos derechos son opuestas.
Por lo tanto, debe existir un solo proceso en el que se emita un pronunciamiento
de fondo para la protección de los derechos colectivos; de lo contrario, existiría la
posibilidad (o la probabilidad) de existencia de sentencias contrarias, lo que
vulneraría el debido proceso, la cosa juzgada y la seguridad jurídica, más aún
cuando el juez de la acción popular puede tomar las medidas que considere
necesarias para la protección de los derechos colectivos, sin que sea requisito la
congruencia estricta con las pretensiones de la demanda.
106. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín
mediante auto del 19 de octubre de 2021 admitió la coadyuvancia de la
Fundación Forjando Futuros, pero le precisó que “como el interés jurídico que
mueve tanto al actor popular como a su coadyuvante no es otro que la defensa
de lo colectivo, éste último no puede establecer a su criterio una nueva
demanda con hechos, pretensiones y derechos distintos a los planteados por el
accionante, pues ello no estaría acorde con la finalidad de la coadyuvancia,
establecida para contribuir, asistir o ayudar a la consecución de la defensa de
los derechos colectivos invocados por el actor y no para formular su propia
demanda, pues su legitimación también es limitada en acciones colectivas”
(énfasis de la Sala).
107. Lo anterior, al encontrar que la Fundación Forjando Futuros, si bien solicita
la protección de los mismos derechos colectivos que SINPRO, su escrito
contiene hechos, pretensiones y derechos distintos a los planteados por esta
última entidad; que como coadyuvante, le está vedado reformular o replantear
la demanda en el marco del expediente 05001-33-33-035-000-2021-00124-00,
pues se debe ceñir a la ya impetrada.
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108. Esta Sala, como juez de tutela de segunda instancia, discrepa del análisis
realizado por el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín
en el auto del 17 de septiembre de 2021 aun sin entrar a analizar si se
configuran o no, los demás elementos del agotamiento de la jurisdicción, pues
el hecho de que se incumpla uno hace que no proceda la referida figura.
109. Por el contrario, comparte la decisión adoptada por el Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín en los autos del 19 de
octubre y 4 de noviembre de 2021 en los que le aceptó la solicitud de
coadyuvancia, bajo el entendido que estudiaría sus argumentos pero solo se
pronunciaría “respecto de aquellas pretensiones que estén acordes con la
demanda inicial”, porque precisamente la finalidad de la coadyuvancia es
apoyar o reforzar los argumentos de uno de los extremos de la Litis, con la
advertencia de que si las pretensiones, hechos y reclamaciones difieren, se
debe tramitar como demanda independiente.
110. De ese modo, no es suficiente que ambas demandas tengan como
elemento común el Convenio de Gobernabilidad suscrito entre EPM y el
Municipio de Medellín en 2007. Si bien las dos acciones populares convergen
en la solicitud de protección de los mismos derechos colectivos, los hechos en
que se funda una y otra y en últimas su causa petendi, es opuesta. Como se
manifestó, mientras una se dirige a cuestionar el actuar del máximo mandatario
municipal porque considera que va en contravía de unas normas y le genera
mala imagen a EPM, la otra pone en tela de juicio el Convenio de
Gobernabilidad celebrado entre EPM y el municipio de Medellín.
111. Si se aplicara, para el caso, la figura del agotamiento de la jurisdicción
quedaría sin resolverse una controversia que claramente no se ha permitido
debatir, que consiste en si el Convenio de Gobernabilidad de 2007 transgrede o
no los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa
porque para la sociedad actora avala favorecimientos, impunidad frente al
incumplimiento contractual, entre otras; lo cual conllevaría a la denegación de
acceso a la administración de justicia.
112. En la demanda promovida por SINPRO, el juez popular analizará algo
distinto, que consiste en si el alcalde de Medellín ha actuado por fuera de las
normas del gobierno corporativo y con ello ha afectado el buen nombre de la
compañía.
113. Es importante resaltar que de no confirmarse al amparo solicitado se
consolidaría la vulneración del derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia de la Fundación actora.
114. Al tratarse de pretensiones diametralmente opuestas, claramente no se
resolvería lo perseguido por la Fundación Forjando Futuros en la demanda de
SINPRO. Lo anterior evidencia la desprotección de la garantía procesal
invocada por la parte actora.
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115. Así, se concluye que procede confirmar la sentencia del a quo del 14 de
diciembre de 2021 que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia de la Fundación Forjando Futuros, al
evidenciar que el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín
aplicó inadecuadamente los presupuestos para la procedencia de la figura del
agotamiento de la jurisdicción.
116. Por último, se precisa que se avala por este juez constitucional la decisión
del a quo consistente en no pronunciarse sobre las pretensiones relacionadas
con ocasión del auto del 4 de noviembre de 2021, por cuanto su revocatoria se
planteó de forma subsidiaria en caso de que no prosperaran los reparos
dirigidos contra el auto del 17 de septiembre de 2021.
Conclusión
117. Con base en lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia
del 14 de diciembre de 2021 que accedió las pretensiones de la acción de tutela
de la referencia, al encontrarse configurado el defecto sustantivo por la
aplicación del agotamiento de la jurisdicción en el proveído de 17 de septiembre
de 2021, proferido por el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de
Medellín dentro de la acción popular de radicado N. ° 05001-33-33-026-2021-
00176-00.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 14 de diciembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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Demandados: Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín y otro
Radicado: 05001-23-33-000-2021-02018-01
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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