Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02049-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02049-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-02049-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02049-01 (0011-2024)
Demandantes: César Augusto Bello Calderón
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional
Tema: Estructura de la responsabilidad disciplinaria. Tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad. Valoración probatoria en el trámite
sancionatorio disciplinario. MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de
la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023) por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor César Augusto Bello Calderón instauró demanda en contra de la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 3 de
diciembre de 2019 y el 5 de febrero de 2021 por la Inspección Delegada de la Región
de Policía nro. 6 y por la Inspección General de la Policía Nacional, mediante las
cuales fue sancionado con suspensión e inhabilidad especial por el término de un
(1) mes; y de la Resolución 0957 del 3 de mayo de 2021, que ejecutó el correctivo.
3. De manera subsidiaria, solicitó que se modifique la calificación de la forma
de culpabilidad y se fije de manera definitiva en culpa grave, lo que ameritaría una
multa de entre 10 y 180 días de salario.
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4. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se declare que no ha existido
solución de continuidad en la prestación del servicio y que se ordene el pago de los
salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir durante el lapso comprendido
entre el 10 de mayo y el 10 de junio de 2021; que se ordene a la demandada que lo
llame a curso de ascenso y que se disponga la eliminación de la sanción de los
registros de antecedentes disciplinarios.
HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que para el mes de julio de 2018 ostentaba el grado de capitán y se
desempeñaba en la Unidad Básica de Policía Judicial SIJIN con sede en el Distrito
Especial de Caucasia y que el 20 de ese mismo mes y año, el teniente coronel
Daniel Mazo Cardona, comandante de dicha unidad, le ordenó de manera verbal
que se dirigiera al municipio de Tarazá para que acompañara al patrullero Johnny
Alexander Cardona Marín en la judicialización de dos ciudadanos capturados ese
mismo día en el municipio de Nechí (Antioquia).
7. Que, una vez llegó a Tarazá, ordenó al intendente Rubén Londoño que
apoyara al referido patrullero con los actos urgentes, luego de lo cual regresó a
Caucasia y le informó a su jefe acerca del cumplimiento de la orden. No obstante,
el 21 de julio de 2018, el teniente coronel Mazo Cardona elaboró un informe de
novedad, en el cual relató que le había impartido la orden de acompañar y asesorar
al patrullero Cardona Marín en el procedimiento de legalización de captura y que
esta no se había cumplido, porque el señor Johnny Alexander Cardona Marín debió
desplazase con los capturados hacia Cáceres (Antioquia), ya que en Tarazá no se
contaba con fiscal.
8. Señaló que dicho informe llevó a que el 8 de agosto de 2018 se iniciara una
indagación preliminar en su contra y, concluida esta, por auto del 4 de marzo de
2019 se dispusiera la adopción del procedimiento disciplinario verbal, en el marco
del cual se le imputó la infracción del artículo 35.10 de la Ley 1015 de 2006, esto
es, incumplir sin causa justificada las órdenes relativas al servicio, lo que se calificó
como una falta grave, ejecutada con culpa gravísima y dio lugar a la imposición de
la sanción contenida en los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Constitución Política: artículo 29; Ley 734 de 2002: artículos 4, 5, 9, 13, 94,
141, 142 y 170 numerales 3, 4 y 6; Ley 1015 de 2006: artículos 3, 4, 6 y 11.
10. Considera que la autoridad disciplinaria no valoró en debida forma las
pruebas ni sus argumentos, porque la orden que recibió de parte del teniente
coronel Mazo Cardona no consistió en «acompañar y orientar al patrullero», sino en
«llevarlo a Tarazá», lo cual efectivamente cumplió. Si el patrullero se debió
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desplazar a Cáceres, de ello no se tuvo conocimiento cuando se impartió la orden
y, por lo mismo, no podían responsabilizarlo por «dejarlo solo».
11. Agregó que la orden que recibió fue verbal y el único testigo de la misma fue
el referido patrullero, quien en la diligencia de declaración juramentada manifestó
que «la orden no la dieron como la debieron haber dado» e incurrió en
contradicciones, pues pese a decir que «lo dejaron solo», a continuación afirmó que
de Tarazá a Cáceres fue trasladado por el GOES (Grupo Operativo Especial de
Seguridad) y que lo acompañó un sargento.
12. Que ese relato permite afirmar que se cumplió la orden impartida por el
teniente coronel y que inclusive se desplegaron más actuaciones para que se
pudiera legalizar la captura de los ciudadanos que fueron aprehendidos en Nechí,
porque, por instrucción del demandante, el intendente Rubén Darío Londoño
Restrepo, servidor de la policía judicial de Tarazá, se encargó de los actos urgentes
junto con el funcionario que realizó la captura.
13. Que lo anterior da cuenta de que los hechos por los que fue investigado no
encajan en la descripción típica de la falta que se le endilgó, pues quedó demostrado
que sí cumplió la orden impartida y, en ese sentido, acompañó al patrullero hasta
Tarazá. Además, la falta del artículo 35.10 de la Ley 1015 de 2006 admite por lo
menos 7 verbos rectores, pero el único que se imputó fue «incumplir», cuando está
claro que ello no ocurrió.
14. Manifestó que en el trámite disciplinario no se aplicó la sana crítica en la
valoración probatoria y las dudas que surgieron a partir de los distintos testimonios
se resolvieron en su contra, pues aun cuando el patrullero dijo que la orden consistió
en que lo «llevaran a Tarazá», se dio plena credibilidad al dicho del señor Daniel
Mazo Cardona.
15. Afirmó que, en cualquier caso, los hechos no afectaron el deber funcional,
porque el servicio de la entidad no se puso en riesgo y, si el patrullero pudo o no
encontrarse en una situación de peligro durante su desplazamiento de Tarazá a
Cáceres, no era algo que se le pudiera imputar, pues fue con posterioridad a su
retirada que se advirtió que en Tarazá no se podía legalizar la captura.
16. Que la forma de culpabilidad se debía variar, porque una cosa es «incumplir»
una orden en sí misma y otra es violar las reglas que establece el ordenamiento
jurídico respecto de la manera de dar cumplimiento a una orden, lo que permitiría
que, en caso de mantenerse las tesis de tipicidad y antijuridicidad de la autoridad
disciplinaria, sea posible calificar la culpa como grave.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
17. La demanda fue admitida el 9 de febrero de 20221. La demandada se opuso
a las pretensiones por considerar que los actos se expidieron con el lleno de los
1 Véase archivo «004AutoAdmiteDemanda», disponible en la carpeta «ED_05001233300020210204(.zip)»,
visible en el índice 00002 de SAMAI.
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requisitos legales y que las causales de nulidad invocadas carecen de soporte
probatorio.
18. Señaló que la actuación disciplinaria inició con el informe del teniente coronel
Daniel Horacio Mazo Cardona, quien relató que el demandante no cumplió con la
instrucción impartida en relación con el acompañamiento al patrullero Johanny
Alexander Cardona Marín en el trámite de legalización de captura de dos
ciudadanos y que esta situación quedó debidamente acreditada con las pruebas
testimoniales y documentales que se practicaron en las distintas etapas del
procedimiento sancionatorio.
19. Que la sanción impuesta, consistente en suspensión e inhabilidad especial
por el término de un (1) mes, se encuentra ajustada a derecho, máxime si se tiene
en cuenta que el demandante afectó el deber funcional que le era exigible, pues
puso en riesgo la integridad física del referido patrullero al dejarlo solo, en la medida
en que tras su ausencia, el funcionario Cardona Marín fue vulnerable ante los
grupos al margen de la ley que operaban en la región del Bajo Cauca.
20. Afirmó que según la jurisprudencia del Consejo de Estado el proceso
contencioso administrativo no es una tercera instancia para reabrir el debate
probatorio que se debió agotar en el trámite disciplinario y propuso como
excepciones la inepta demanda porque no se agotó el requisito de procedibilidad2.
21. Por auto del 9 de marzo de 20233 se declaró no probada la excepción previa
y en providencia del 11 de mayo de 20234 se adecuó el proceso al trámite de la
sentencia anticipada. En consecuencia, se fijó el litigio, se resolvió sobre el decreto
de pruebas y se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al
Ministerio Público para que presentara su concepto, luego de lo cual se dictó
sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
22. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del treinta y uno
(31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)5, declaró la nulidad de los actos
demandados, dispuso que para todos los efectos laborales, prestacionales, de
antigüedad y demás derechos no hubo solución de continuidad en la relación laboral
y ordenó el pago de las prestaciones sociales (salario, primas, subsidios,
vacaciones y demás derechos irrenunciables, según quedó consignado en la parte
motiva de la decisión), correspondientes al mes de las suspensión, entre el 10 de
mayo y el 10 de junio de 2021. Esto, tras concluir que no se logró determinar de
manera fehaciente que el demandante hubiese incumplido una orden relativa al
servicio.
2 Véase archivo «010MemoDdoContestación», disponible en la carpeta «ED_05001233300020210204(.zip)»,
visible en el índice 00002 de SAMAI.
3 Véase archivo «019AutoResuelveExcepciónPreviaConciliación», disponible en la carpeta
«ED_05001233300020210204(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
4 Véase archivo «022AutoDecretaPruebyFijaLitigio», disponible en la carpeta
«ED_05001233300020210204(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
5 Véase archivo «041Sentencia», disponible en la carpeta «ED_05001233300020210204(.zip)», visible en el
índice 00002 de SAMAI.
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23. Se refirió al régimen sancionatorio disciplinario aplicable a los funcionarios de
la Policía Nacional y a la aplicación de los principios de congruencia e in dubio pro
disciplinado, luego de lo cual se detuvo en la valoración probatoria desplegada por
la demandada, para destacar el alcance de la orden que se impartió al demandante
y lo que implicaba su cumplimiento.
24. Que el testimonio del intendente Rubén Darío Londoño Restrepo daba
cuenta de que el señor Bello Calderón llegó a Tarazá en compañía del patrullero y
de dos ciudadanos capturados y que los dejó a su cargo en la oficina de la SIJIN de
dicho municipio, para lo cual le pidió que se encargara de los actos urgentes y que
desde esa dependencia se estableció contacto con el fiscal del municipio de
Cáceres.
25. Expresó que la declaración del patrullero Johnny Alexander Cardona Marín
se cubría con un manto de duda, porque el funcionario afirmó que lo dejaron solo
en la estación de policía de Tarazá, cuando en el expediente se encontraba
demostrado que recibió acompañamiento en los actos urgentes y que fue escoltado
por el GOES de dicho ente territorial hasta el municipio de Cáceres para la
legalización de las capturas.
26. Además, el mayor Pedro Andrés Isaza relató que el patrullero se encontraba
de civil y que quería desplazarse solo a Cáceres, momento en el cual fue trasladado
por funcionarios del GOES y que se informó al teniente coronel Mazo Cardona, en
la tarde del 21 de julio de 2018, que el patrullero había recibido acompañamiento
hasta el municipio en el que pudo legalizar la captura.
27. Que con lo anterior no se lograba determinar de manera contundente que el
demandante había incumplido la orden que le impartieron, por dos razones: (i)
porque el señor Bello Calderón sí llevó al patrullero al municipio de Tarazá y veló
por el acompañamiento al mismo; y (ii) porque no se logró acreditar que se hubiese
descuidado al funcionario o se hubiese puesto en peligro su vida o integridad, pues
fue asistido tanto en Tarazá en la realización de los actos urgentes, como en el
traslado hacia Cáceres, donde había fiscal disponible.
28. Señaló que el acto de ejecución no era susceptible de control judicial, negó
las demás pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
29. La demandada6 interpuso recurso de apelación, en el cual insistió en que la
decisión disciplinaria se adoptó con base en las pruebas documentales y
testimoniales practicadas a lo largo del procedimiento, las que, analizadas en
conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, demostraron la
responsabilidad del señor Bello Calderón.
6 Véase archivo «044MemorialApelacionSentencia», disponible en la carpeta
«ED_05001233300020210204(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
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30. Que, de cuenta del informe de novedad del 21 de julio de 2018, se podía
advertir que la orden impartida al demandante consistió en que acompañara y
asesorara al patrullero en el procedimiento de legalización de captura de dos
ciudadanos, hasta que este culminara, lo que se soportó en el testimonio del
teniente coronel Mazo Cardona.
31. Que esa orden se impartió de manera verbal, pues el régimen especial del
personal uniformado permite que así sea, y que el demandante sí la incumplió de
forma injustificada, en la medida en que solo la atendió de manera parcial, porque
solo se limitó a llevar al patrullero a Tarazá y, sin ninguna razón, trasladó la orden
al intendente Rubén Darío Londoño Restrepo, quien finalmente acompañó la
realización de los actos urgentes.
32. Dijo que no comprendía por qué el Tribunal restó valor al testimonio del
patrullero Cardona Marín, cuando este manifestó que lo dejaron solo en Cáceres y
que por ello el fiscal estaba muy molesto y que inclusive fue dicho funcionario quien
se puso en contacto con un conductor para que lo trasladara a Caucasia. Además,
el patrullero se refirió al acompañamiento del GOES, para destacar que ocurrió
durante el traslado de Tarazá a Cáceres; pero que, al llegar allí, lo dejaron en la
Fiscalía con los capturados.
33. Que justamente allí radicó el incumplimiento de la orden, porque el patrullero
no quedó solo en Tarazá sino en Cáceres, durante el procedimiento de legalización
de captura, y que si el demandante hubiese realizado el acompañamiento como se
le ordenó, habría advertido que el 21 de julio de 2018 no había fiscal de turno en
Tarazá y que por ello debían trasladarse a Cáceres. Por el contrario, dejarlo solo
implicó una puesta en riesgo del funcionario por las alteraciones de orden público
de dicha jurisdicción.
34. De acuerdo con lo anterior, el patrullero fue vulnerable al terminar el
procedimiento de legalización de captura, en la medida en que no tuvo
acompañamiento institucional ni medios propios para retornar a Caucasia, sentido
en el cual también estaría representada la ilicitud del comportamiento reprochado.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
35. El 11 de marzo de dos mil veinticuatro7 fue admitido el recurso de apelación.
En esta providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria
de la decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara al Despacho.
36. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
37. Se resolverá previas las siguientes,
7 Véase índice 00004 de SAMAI.
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CONSIDERACIONES
38. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia apelada debe revocarse,
porque, en los términos del recurso de apelación, en el trámite disciplinario se
encuentra acreditado, más allá de toda duda razonable, que el demandante sí
incumplió la orden que de manera verbal le fue impartida el 20 de julio de 2018, lo
que representó la puesta en peligro de la integridad del patrullero a quien debió
acompañar y asesorar.
39. Con este propósito, la sentencia se referirá a la estructura de la
responsabilidad disciplinaria, a la valoración probatoria en el trámite sancionatorio
disciplinario y abordará el caso concreto.
Estructura de la responsabilidad disciplinaria
40. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, «las faltas
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes
propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus
funciones». La disposición también prevé que «[c]uando se tiene el deber jurídico
de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo». De
esta forma, el alcance disciplinario de un comportamiento puede provenir, en
términos amplios (i) de una conducta positiva, (ii) de una abstención o (iii) de la
extralimitación en el ejercicio de las funciones8.
41. Advertido pues, que, bajo alguna de las formas señaladas –aplicables al
régimen disciplinario de los servidores de la Policía Nacional en virtud de la
integración normativa de que trata el artículo 20 de la Ley 1015 de 2006– se ha
incurrido en un comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, el
régimen normativo exige el examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad
y la culpabilidad.
42. El primero se refiere a que el comportamiento efectivamente se consagre en
las disposiciones aplicables como una falta disciplinaria; el segundo exige que se
evalúe si la conducta afecta el deber funcional sin justificación alguna, lo que para
el caso concreto corresponde al alcance del artículo 4 de la Ley 1015 de 2006 9; el
tercero tiene que ver con la proscripción de responsabilidad objetiva en materia
disciplinaria10 y se concreta en la exigencia, para el operador disciplinario, de
analizar si ese comportamiento que la norma aplicable consagra como falta
disciplinaria, con el cual se lesionó un deber funcional sin justificación alguna, se
ejecutó de manera dolosa o culposa.
8 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de
2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: «El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones».
9 Ley 1015 de 2006. «Artículo 4. Ilicitud sustancial. La conducta de la persona destinataria de esta ley será
contraria a derecho cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna».
10 Ley 1015 de 2006. «Artículo 11. Culpabilidad. En materia disciplina queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva y las faltas son sancionables a título de dolo o culpa».
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43. Si bien las disposiciones disciplinarias del régimen aplicable al demandante
no contienen una noción de dolo, en virtud del principio de integración normativa
previamente referenciado, es posible acudir al sentido de dolo consagrado en el
artículo 22 de la Ley 599 de 2000, según el cual «[l]a conducta es dolosa cuando el
agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal [entiéndase
disciplinaria] y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la
realización de la infracción penal [entiéndase disciplinaria] ha sido prevista como
probable y su no producción se deja librada al azar» (corchetes fuera del texto
original).
44. Por su parte, el artículo 39 de la Ley 1015 de 2006 contiene un sentido para
la culpa en sus formas gravísima y grave. Según esta disposición, la culpa es
gravísima cuando «(…) se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina,
desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento»
y es grave «(…) cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del
cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones».
45. En términos generales, ambas formas de culpabilidad requieren, para su
configuración, del conocimiento que el servidor público tiene acerca de cumplir
adecuadamente sus funciones y de aquellas actuaciones que le están proscritas.
Ahora, para concluir que un comportamiento es doloso, hay que sumar a ese
conocimiento un elemento volitivo, que tiene que ver con un direccionamiento
consciente a la obtención de un resultado que contraríe los deberes o configure una
prohibición o, con la decisión de dejar librado al azar la producción de un resultado
contrario a derecho.
46. Por su parte, para concluir que un comportamiento es culposo es necesario
validar que con la actuación se desatendió el deber objetivo de cuidado, esto es,
que, estando un servidor público en posibilidad de conocer los deberes y
prohibiciones propios de su cargo o función, actuó de manera negligente y, en
consecuencia, se configuró la conducta disciplinable11.
Valoración probatoria en la actuación sancionatoria disciplinaria
47. El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.
48. Bajo la forma de la lesión al debido proceso, esta Corporación se ha referido
a los distintos defectos que, en términos de la Corte Constitucional, pueden
examinarse tanto al referirse a providencias judiciales como a actos administrativos
y que, en definitiva, representan el desconocimiento de las distintas dimensiones de
dicha garantía constitucional (defecto orgánico, defecto procedimental absoluto,
defecto fáctico, defecto material, error inducido, falta de motivación,
11 Sobre el análisis del dolo y la culpa disciplinarias, cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicado 11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012). Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
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desconocimiento del precedente constitucional vinculante).
49. De ellos, bajo el defecto fáctico se han analizado aquellas «(…) fallas
sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del
proceso”12 y que pueden generarse como consecuencia:
i) De una omisión, que ocurre cuando se niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa o puede ser por la falta de práctica y decreto
de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia
probatoria;
ii) De una acción positiva, que se presenta cuando se aprecian pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que
no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas y al hacerlo se desconoce la Constitución, o por la valoración de
pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes
al caso concreto13.
iii) Del desconocimiento de las reglas de la sana crítica14.
50. En este caso, interesa la subcategoría iii), que se refiere al desconocimiento
de las reglas de la sana crítica, que resulta relevante a la luz del deber de valoración
integral de los medios de prueba y de la aplicación del principio in dubio pro
disciplinado.
51. En la aplicación de las reglas de la sana crítica -que, por demás, corresponde
a un concepto jurídico indeterminado- intervienen aquellos elementos que provienen
de la lógica y de la experiencia del operador administrativo o judicial y que concluyen
para que este analice las pruebas que se le presentan apoyado tanto en la razón
como en el conocimiento experimental de las cosas15. De allí que su uso guarde
estrecha relación con el principio de valoración integral de la prueba, pues solo
12 Corte Constitucional. Sentencia T-419 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Cfr. también Corte
Constitucional. Sentencia T-190 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
13 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-803 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
15 En la Sentencia C-202 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería), al examinar la constitucionalidad del numeral
2 del artículo 216 del entonces Código de Procedimiento Civil, según el cual resultaban inhábiles para
testimoniar aquellas personas que el juez considerara en un momento determinado, de acuerdo con las reglas
de la sana critica, la Corte Constitucional, destacó que el sistema probatorio basado en la aplicación de las
reglas de la sana crítica constituye un punto intermedio entre aquel basado en la prueba legal y aquel que se
estructura en la libre convicción “(…) sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la
última, configura una feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del
juez frente a la prueba” y agregó “Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto
entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez.
Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos,
peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón
y a un conocimiento experimental de las cosas.
“El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente,
arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión
de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos
preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz
razonamiento” (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-202 de 2005 M.P. Rodrigo Araujo Rentería; Sentencia C-
622 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz, Salvamento Parcial de Voto de Eduardo Cifuentes Muñoz y Couture,
Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1962; estos últimos,
citados en la C-202 de 2005).
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cuando son analizados en su conjunto los elementos de prueba es posible
determinar si se satisface el estándar probatorio, esto es, si el operador logra la
convicción más allá de toda duda razonable.
52. De otro modo, lo esperado es que se aplique el principio in dubio pro
disciplinado, que materializa la idea según la cual toda duda que surja en la
actuación disciplinaria debe resolverse en favor del servidor implicado; lo que, a su
vez, es consecuencia de que la carga probatoria en los procedimientos de esta
naturaleza le corresponda al Estado.
53. Lo anterior se encuentra directamente relacionado con la presunción de
inocencia, arista del derecho al debido proceso según la cual «[t]oda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable»16 y de
la que hace eco la normativa disciplinaria aplicable al demandante, pues el artículo
7 de la Ley 1015 de 2006 dispone que «[e]l destinatario de esta ley a quien se le
atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare
legalmente su responsabilidad en fallo ejecutoriado», en tanto el artículo 142 de la
Ley 734 de 2002 –norma procedimental aplicable por remisión expresa del artículo
58 de la Ley 1015 de 2006– señala que «[n]o se podrá proferir fallo sancionatorio
sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de
la falta y de la responsabilidad del investigado».
54. En otras palabras: en materia sancionatoria disciplinaria la presunción de
inocencia tiene influencia directa en la carga de la prueba e impacta el principio in
dubio pro disciplinado, pues corresponde a quien ostenta el poder punitivo
encaminar su despliegue probatorio a desvirtuar la presunción y si, examinadas las
pruebas existen dudas sobre la responsabilidad, la decisión solo puede ser
absolutoria17.
Caso concreto
55. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria 18, la Sala destaca
que:
• Por auto del 8 de agosto de 201819 se ordenó la apertura de una indagación
16 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En relación con la
presunción de inocencia, señaló: «[s]ignifica que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente,
partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el
que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad».
17 Sobre el alcance de la presunción de inocencia, cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289-2012. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto: «La presunción de inocencia ‘se constituye en regla básica sobre la carga de la
prueba’ de acuerdo con la cual ‘corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una
persona es responsable de un delito (…) lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La
actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la
presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para
su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica.
Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que
conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe
demostrarle su culpabilidad’».
18 Que corresponde al archivo «PROCESO DISCIPLINARIO REGI6-2019-7» de la carpeta
«018AntecedentesAdministrativos», disponible en la carpeta «ED_05001233300020210204(.zip)», visible en el
índice 00002 de SAMAI. En adelante, las referencias al expediente disciplinario se realizarán a partir de
considerar que se incluye esta ruta de acceso.
19 Véanse páginas 13 a 15.
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preliminar en contra del capitán César Augusto Bello Calderón, con fundamento
en el informe de novedad suscrito por el teniente coronel Daniel Horacio Mazo
Cardona, quien relató que el señor Bello Calderón incumplió una orden que le
había dado el 20 de julio de 2017(sic), consistente en acompañar y asesorar al
patrullero Johnny Alexander Cardona Marín en el procedimiento de legalización
de captura de dos ciudadanos que fueron detenidos ese mismo día en el
municipio de Nechí.
Según el informe, el capitán Bello Calderón llevó al patrullero hasta Tarazá y lo
dejó solo en «el juzgado de dicho municipio» y, a partir de ese momento, el
funcionario Cardona Marín permaneció sin acompañamiento; además, fue
necesario que el patrullero se trasladara a Cáceres y luego retornara a
Caucasia20.
• El 4 de marzo de 2019 se adoptó el procedimiento verbal y se citó a audiencia,
para lo cual se formuló al señor César Augusto Bello Calderón el siguiente cargo:
«Con su actuar, el señor Capitán (sic) CESAR AUGUSTO BELLO CALDERÓN,
pudo hacer infringido el ordenamiento Disciplinario para la Policía Nacional, Ley
1015 de 2006, norma preexistente al acto que se le imputa, en su siguiente
aparte:
Normas presuntamente violadas:
Artículo 35, faltas Graves, numeral 10. “Incumplir, modificar, desautorizar,
eludir, ejecutar con negligencia o tardanza, o introducir cambios, sin causa
justificada, a las órdenes o instrucciones relativas al servicio” (mayúsculas,
negrillas y subrayas en el texto original).
La falta disciplinaria se calificó provisionalmente como grave, ejecutada en la
modalidad de omisión a título de culpa gravísima.
Se dijo que el comportamiento ejecutado por el investigado habría atentado
contra la obediencia, disciplina, el servicio policial y la eficacia, en la medida en
que la orden impartida tenía por finalidad la garantía del cumplimiento de los
postulados institucionales y su inobservancia representó un acto irresponsable
que puso en riesgo el servicio público de policía21.
• En audiencia del 3 de diciembre de 2019 se expidió la decisión disciplinaria de
primera instancia. En esta se ratificó el cargo formulado, la calificación de la falta
y el grado de culpabilidad. En consecuencia, se sancionó al disciplinado con
suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de 1
mes.
Se dijo que de las pruebas recaudadas resultaba claro que el 20 de julio de 2018
se había ordenado al investigado de manera verbal que acompañara y asesorara
al patrullero Johnny Alexander Cardona Marín en el procedimiento de
legalización de captura de dos ciudadanos y que el incumplimiento de la misma
20 El informe, en la página 7.
21 Véanse páginas 129 a 144.
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fue injustificado y puso en alto riesgo la integridad física del uniformado, «no solo
por la grave situación de orden público que para la fecha de la ocurrencia de los
hechos se presentaba en la zona del Bajo Cauca, sino también porque el policial
[referido al patrullero] debió asumir solo con (sic) la responsabilidad de custodiar
a dos ciudadanos en calidad de capturados (…)».
Restó credibilidad al testimonio del intendente Rubén Darío Londoño Restrepo,
pues aunque dicho funcionario manifestó que se había trasladado a Cáceres en
una motocicleta para acompañar al patrullero y que gestionó en Tarazá un
vehículo de la alcaldía para el traslado del uniformado y los capturados, esto se
contradecía con la declaración del mayor Pedro Andrés Isaza Gómez, quien dijo
que justamente por ver solo al patrullero le ordenó al grupo GOES que realizara
el acompañamiento a Cáceres22.
• La anterior decisión se confirmó el 5 de febrero de 2021. En esta oportunidad se
destacó que, contrario a lo argumentado en el recurso de apelación, existía
prueba suficiente de que la orden impartida al capitán César Augusto Bello
Calderón consistió en que acompañara y asesorara en el procedimiento de
legalización de captura al patrullero Cardona Marín. Así lo confirmó el teniente
coronel Daniel Horacio Mazo Cardona en su declaración juramentada. De
manera que no se limitaba a un simple traslado de un lugar a otro (Caucasia a
Tarazá).
Que, pese a la orden de acompañar y asesorar, para cuando el patrullero debió
trasladarse de Tarazá a Cáceres, el investigado ya no estaba presente y que fue
el mayor Isaza Gómez quien ordenó el acompañamiento del GOES; y que de
ser cierto que reportó el cumplimiento de la orden, se habría expuesto ello desde
el inicio de la actuación disciplinaria o hubiese solicitado la práctica de las
pruebas que respaldaran su afirmación y que si bien es posible guardar silencio
como una estrategia de defensa, dicha actitud restaba credibilidad a su
argumento.
56. Para la demandada, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia se debe revocar, porque en la actuación disciplinaria está acreditado el
incumplimiento de la orden que se impartió al señor Bello Calderón, misma que, sin
ninguna razón, trasladó a otro funcionario en el municipio de Tarazá y que, por tanto,
solo atendió de manera parcial. En ese punto, afirmó que no existían motivos para
restar valor probatorio a la declaración del patrullero Cardona Marín y que la
integridad de este último fue puesta en riesgo con la actuación del demandante, lo
que da cuenta de lo ilícito de su comportamiento.
57. Para la Sala, las razones que llevaron al Tribunal Administrativo de Antioquia
a declarar la nulidad de los actos demandados se fundamentaron en el análisis de
los medios de prueba, lo que llevó a constatar que en el procedimiento adelantado
por la Policía Nacional no se obtuvo la certeza, más allá de toda duda razonable,
acerca de la ocurrencia del comportamiento reprochado.
22 Véanse páginas 331 a 357.
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58. Lo anterior ocurrió desde el momento en que se adecuó típicamente el
comportamiento, pues lo cierto es que, de entrada, la remisión al verbo rector
«incumplir», según el contenido del artículo 35, numeral 10, de la Ley 1015 de 2006,
suponía la verificación, por lo menos provisional de (i) la existencia de una orden
relativa al servicio y (ii) la conducta omisiva del investigado, consistente en
abstenerse de ejecutar aquello que le fue encomendado.
59. ¿Se abstuvo el señor Cesar Augusto Bello Calderón, el 20 de julio de 2018,
de ejecutar una orden que le impartió el teniente coronel Daniel Horacio Mazo
Cardona? Para el momento de expedir el auto que adoptó el procedimiento verbal
–4 de marzo de 2019– así parecía, pues la autoridad disciplinaria contaba con (i) la
declaración del referido teniente coronel, quien se ratificó en el contenido de su
informe, (ii) el testimonio del patrullero Johnny Alexander Cardona Marín, a quien
se debía acompañar en el procedimiento de legalización de captura; y (iii) la prueba
documental que daba cuenta del trámite que se llevó a cabo tanto en Tarazá como
en Cáceres entre el 20 y el 21 de julio de 2018.
60. No obstante, el contraste de dichos medios con la comunicación del 17 de
agosto de 201823, en la cual se manifestó que al demandante se le impartió una
orden verbal, tendría que haber llevado a la autoridad disciplinaria a preguntarse si,
en efecto, de las 7 formas de concretarse el tipo disciplinario del artículo 35, numeral
10, de la Ley 1015 de 2006, «incumplir» era la que correspondía a las circunstancias
del hecho investigado.
61. Lo anterior, porque para que se configurara el supuesto del incumplimiento
resultaba imprescindible determinar el alcance de la orden impartida y para ello solo
se disponía de 3 relatos: el de quien impartió la orden, el de quien la recibió y el del
patrullero en cuestión, pues según se desprende de la actuación disciplinaria,
estuvo presente cuando ello ocurrió.
62. No se puso en duda la existencia de una orden relativa al servicio; inclusive,
el entonces investigado partió de ello para estructurar su defensa. La discusión
probatoria giró en torno al alcance de la misma, asunto que, conforme avanzó el
trámite disciplinario, generó las dudas razonables de las que se dio cuenta en la
sentencia apelada.
63. En efecto, el Tribunal encontró que la declaración del patrullero Cardona
Marín no tenía el peso suficiente para comprometer la responsabilidad del
demandante, porque muchos apartes de su relato resultaban contradictorios al
compararlos con las manifestaciones de otros declarantes. Esta situación resulta
determinante para la Sala, en la medida en que sobre la base de esta prueba se
ratificó la responsabilidad del señor Bello Calderón y, como bien se concluyó en la
sentencia de primera instancia, la valoración conjunta de los diferentes testimonios
debió llevar a la autoridad disciplinaria a advertir que no se superaba la duda
razonable.
23 Véanse páginas 37-38.
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64. Para mayor ilustración, de los distintos relatos, es posible extraer lo siguiente.
• El teniente coronel Mazo Cardona, en diligencia del 22 de octubre de 2018, dijo
que se ratificaba del contenido del informe de novedad y manifestó que este se
elaboró como consecuencia de un servicio de acompañamiento y orientación a
un señor patrullero, en la legalización de captura de dos sujetos provenientes de
Nechí. Ante la pregunta acerca de si deseaba agregar algo, señaló que días
después, el entonces investigado le expresó que había tenido que atender otro
procedimiento de investigación y por eso se había retirado desde Tarazá24.
• El patrullero Cardona Marín, el 15 de enero de 201925, dijo distinguir pero no
diferenciar al entonces indagado y relató lo ocurrido el 20 de julio de 2018, desde
el momento en que se llevó a cabo la captura de dos ciudadanos en Nechí y
agregó que fue necesario ir a Cáceres, porque no había fiscal de turno en
Caucasia. Ante la pregunta por el presunto incumplimiento de la orden por parte
del capitán Bello Calderón, expresó: «mi capitán me llevó hasta Tarazá y luego
de ahí el sargento de Tarazá le dio la orden al conductor para que me llevara a
Cáceres para atender el procedimiento y mi capitán pues se devolvió y me
dejaron solo allá en el procedimiento».
Agregó que el coronel Mazo le dio la orden al capitán Belllo para que lo
acompañara, cosa que en efecto hizo, pero solo hasta Tarazá y, al devolverse
solo le dijo «mi coronel me dio la orden de que lo dejara acá», por lo que se hizo
el procedimiento en Tarazá con un sargento. Manifestó que para esa fecha se
encontraba uniformado y que de Tarazá se desplazó a Cáceres acompañado
por el GOES; no obstante, allí lo dejaron solo, asunto que molestó al fiscal, quien
dijo que compulsaría copias por esa situación.
Que al concluir el procedimiento en Cáceres, con la libertad de los capturados,
aproximadamente a las 10:00 p.m., se desplazó hacia la estación de policía de
dicho municipio, donde se entrevistó con el capitán, quien le dijo que no había
un lugar en el que se pudiera quedar, por lo cual el fiscal acordó con un conductor
el transporte a Caucasia del patrullero y de los dos ciudadanos y le colaboró con
la mitad del valor, pues ni su billetera había alcanzado a sacar porque «mi
coronel estaba muy acelerado ese día»; y, cuando llegó a Caucasia se dio
cuenta de que toda la policía lo estaba buscando, porque el coronel Mazo lo
necesitaba, «entonces me entrevisté con mi coronel y le expliqué todo lo que
había sucedido».
Se refirió de nuevo a la orden dada al señor Bello Calderón, en el siguiente
sentido: «él le dio la orden de que me realizara el acompañamiento, pero no le
dijo que me colocara un funcionario ahí, ¿sí me entiende? O sea, la orden no
la dieron como la debieran de haber dado». Aclaró que esta fue verbal.
24 Véase archivo «Testimonio TC. DANIEL HORACIO MAZO CARDONA», en «PROCESO DISCIPLINARIO
REGI6-2019-7» de la carpeta «018AntecedentesAdministrativos», disponible en la carpeta
«ED_05001233300020210204(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
25 Véase archivo «Testimonio PT. JHONNY ALEXANDER CARDONA MARIN», en «PROCESO
DISCIPLINARIO REGI6-2019-7» de la carpeta «018AntecedentesAdministrativos», disponible en la carpeta
«ED_05001233300020210204(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
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Sobre la entrevista que tuvo con el coronel Mazo a su retorno a Caucasia relató:
«mi coronel me manifiesta que yo muy confiado de venirme en esa vía así, que
la carrera de él está en juego que porque si me llegaba a pasar alguna cosa
o me mataban a mí que él qué iba a hacer. Que toda la responsabilidad del
desplazamiento mío la estaba manejando él» (negrillas de la Sala).
En la diligencia de ampliación de su testimonio, celebrada el 15 de noviembre
de 201926, dijo que estaba cerca (aproximadamente a 15 centímetros) del
coronel Mazo cuando impartió la orden al capitán Bello de trasladarlo al
municipio de Tarazá y que ese funcionario lo acompañó de Caucasia a Tarazá.
Dijo que en la estación de policía de Cáceres lo comunicaron con el coronel
Mazo, a quien le informó que el procedimiento había concluido y que la orden
del desplazamiento de Tarazá a Cáceres la dio el coronel, porque el fiscal de
Tarazá estaba de permiso.
• En cuanto al mayor Isaza Gómez, de su relato del 15 de noviembre de 2019 27
se extrae que el 20 de julio de 2018 se encontraba en Tarazá y que había un
patrullero, con unos capturados, proveniente de Nechí y que se iba a desplazar
a Cáceres porque tenía que presentarlos ante el fiscal.
Que el policía (en referencia al patrullero Johnny Cardona), vestido de civil y con
un capturado, llegó solo a Tarazá y pretendía irse solo en un vehículo de la
alcaldía, pero él no se lo permitió porque era muy riesgoso y, por ello, le ordenó
al subintendente del GOES que lo acompañara hasta Cáceres, para que le
prestara seguridad y que, una vez allí, le informara al comandante de la
estación de policía dónde iba a estar el patrullero para que se encargara de
él28.
Agregó que en la tarde de ese día (21 de julio de 2018), el coronel Mazo lo llamó
a preguntarle por el patrullero, ante lo cual le informó de la orden respecto de
acompañarlo por el GOES y que le informaron que, una vez en Cáceres, los
26 Véase archivo «3- ACTA DE AUDIENCIA - PRUEBAS - 15-11-2019», en «PROCESO DISCIPLINARIO
REGI6-2019-7» de la carpeta «018AntecedentesAdministrativos», disponible en la carpeta
«ED_05001233300020210204(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI. Minuto 6:59 a 48:24.
27 Véase archivo «3- ACTA DE AUDIENCIA - PRUEBAS - 15-11-2019», en «PROCESO DISCIPLINARIO
REGI6-2019-7» de la carpeta «018AntecedentesAdministrativos», disponible en la carpeta
«ED_05001233300020210204(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI. Minuto 47:18 a 1:12:02.
28 En la diligencia de declaración juramentada del 29 de octubre de 2018, el subintendente Juan Carlos Valencia,
funcionario del GOES que acompañó al patrullero en el desplazamiento de Tarazá a Cáceres, ratificó que recibió
y cumplió esta instrucción (Cfr. archivo «Testimonio SI. JUAN CARLOS VALENCIA ESTRADA», en «PROCESO
DISCIPLINARIO REGI6-2019-7» de la carpeta «018AntecedentesAdministrativos», disponible en la carpeta
«ED_05001233300020210204(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI): «recibo una orden por parte de mi
mayor Isaza de desplazarme al municipio de3 Cáceres a realizar un acompañamiento. En realidad no tenía
conocimiento de quién se trataba ni de qué situación era. Ya cuando sacan al capturado con el compañero, un
señor patrullero de Nechí, pues me di cuenta de que eran dos los capturados y me dirijo con ellos hasta el
municipio de Cáceres para llevar a cabo la diligencia. Ya pues en este municipio le informo a mi mayor Isaza
que si debía permanecer allí o retornar a mi jurisdicción y él dice que no, que la orden dada por mi coronel
Mazo era que me retornara a la jurisdicción. Entonces viendo que este muchacho se encontraba solo yo voy
a la estación de policía donde por causalidad me encuentro con el comandante de la estación y le digo que el
compañero se encuentra solo para que estuvieran pendientes las patrullas y le prestaran acompañamiento o
que si podían estuvieran allá (…) ya en la noche (porque lo que pasó fue en la tarde) cuando me encontraba en
la estación de Tarazá, me llaman preguntándome que qué había pasado con el compañero y yo pues
obviamente dije lo que acabo de relatar y que él se había quedo realizando el proceso de la legalización de
captura y que desconocía lo demás» (negrillas y subrayas de la Sala).
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uniformados de dicho municipio le prestaron el acompañamiento al señor
Cardona.
• El intendente Londoño Restrepo, quien recibió al demandante, junto con el
patrullero y los capturados en Tarazá el 21 de julio de 2018, en la diligencia del
20 de noviembre de 201929, destacó que tales personas fueron entregadas en
su oficina en la SIJIN, por órdenes del coronel Mazo.
Que la orden para ese día era transportar al patrullero y a los capturados a
Tarazá y brindarles la seguridad en el desplazamiento, según lo que le dijo el
señor Bello Calderón al llegar allí. Y agregó: «mi capitán ese día llegó, me dijo
que me encargara de los actos urgentes, los dejó a mi cargo en ese
momento ahí en la oficina de la SIJIN» (negrillas y subrayas de la Sala). Indicó
que el patrullero no había ni siquiera realizado el informe de la captura y que
todos los actos urgentes se llevaron a cabo en la SIJIN de Tarazá.
Ante la pregunta formulada por la defensa, acerca de si el investigado le había
dicho que brindara el apoyo con los actos urgentes, contestó de manera
afirmativa y agregó que le dio «una orden directa», por lo cual se procedió con
todo lo de rigor (reseñas, arraigo, informe). También relató que él fue quien se
comunicó con el fiscal y le informó del caso y que la audiencia se realizaría en
Cáceres, donde había juez disponible. Por ello, habló con la alcaldía de Tarazá
para que les prestara un vehículo, porque la SIJIN no tenía uno, pero, por orden
de un coronel, los transportaron en uno del GOES.
Dijo que se desplazó a Cáceres y que allí estuvo pendiente de lo que pudiese
pasar; que lo hizo en moto y en el mismo medio regresó después a Tarazá. Que
en Cáceres estuvo en comunicación todo el tiempo con el fiscal, señaló que el
patrullero tenía un teléfono celular y que se mostró muy inconforme porque lo
enviaron desde Nechí a Tarazá y luego a Cáceres.
Sobre lo ocurrido luego de que los capturados fueron liberados, relató:
«realmente no sé si él se comunicó con alguien. Yo sé que cuando terminaron
las audiencias los capturados fueron otra vez a decirme que en qué se iban. Yo
les dije que ya eran personas libres y que se podían desplazar por sus propios
medios. Ellos dijeron que conseguían un carro y que ellos se iban en ese carro.
Alquilaron un carro y el patrullero dijo “no, yo me voy con ellos”. Se subió al carro
y se fue sin consultar», lo que ocurrió de Tarazá a Caucasia.
65. Varios aspectos del contenido de los testimonios llaman la atención de la
Sala. En primer lugar, el descontento del patrullero Johnny Alexander Cardona con
el alcance de la orden que le dieron al demandante y lo que, según su relato,
manifestó el coronel Mazo a su retorno, pues dijo que esta «no la dieron como la
deberían haber dado» y que el superior que la impartió, además de estar «muy
acelerado» para el 20 de julio de 2018, a su retorno realizó manifestaciones
29Véase archivo «4- ACTA DE AUDIENCIA - PRUEBAS - 20-11-2019», en «PROCESO DISCIPLINARIO
REGI6-2019-7» de la carpeta «018AntecedentesAdministrativos», disponible en la carpeta
«ED_05001233300020210204(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI. Minuto 05:50 a 28:25.
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relacionadas con el impacto que sobre su carrera podría haber tenido la ocurrencia
de cualquier situación desafortunada al patrullero.
66. Las previsiones respecto de su dicho se incrementan si se tiene en cuenta
que en la diligencia de ampliación de su declaración juramentada, cuando el
apoderado del investigado intentó preguntar por la aparente incompletitud de la
orden impartida –en referencia a la respuesta según la cual «la orden no la dieron
como la debería haber dado»–, la directora de la actuación y el funcionario
sustanciador impidieron la formulación del interrogante30, asunto que resultaba
fundamental para aclarar el alcance de lo que se decía incumplido.
67. Segundo, que del testimonio del coronel Mazo únicamente puede extraerse
su ratificación del contenido del informe de novedad, sin que se recopilaran más
detalles que sirvieran para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de
ocurrencia de la conducta que se investigaba; por ejemplo, testigos de la orden,
alcance de la misma, si el investigado podía o no encomendar a otro funcionario el
acompañamiento al patrullero, si la orden se condicionó o no a la llegada a Tarazá;
e inclusive, el lugar en el cual fue dejado el patrullero, pues en el informe se relata
que ello sucedió en un juzgado de Tarazá, pero las demás pruebas dieron cuenta
de que lo llevó hasta la estación de policía de dicho municipio.
68. Tercero, que el subintendente Rubén Darío Londoño y el mayor Andrés Isaza
contradicen en varios puntos el dicho del patrullero Cardona, por ejemplo, respecto
de la manera como iba vestido o de la forma en que retornó a Caucasia.
69. Esto, sin dejar de lado que ninguno de los testigos dio cuenta del contenido
de la orden impartida el 20 de julio de 2018, porque, inclusive, en la diligencia del
15 de noviembre de 2019 el patrullero Cardona Marín dijo que esta consistió en
acompañarlo al municipio de Tarazá.
70. A juicio de la Sala, estas inconsistencias se deben a que la demandada, en
el trámite disciplinario, partió de la existencia de «una orden» en abstracto e,
inclusive, pasó por alto que, en el municipio de Tarazá, los uniformados (el
demandante y el patrullero) se encontraron con otro funcionario que, por su rango,
podía recibir instrucciones del señor Bello Calderón, como en efecto ocurrió y que,
para poder reprochar el retorno de Tarazá a Caucasia del entonces investigado,
resultaba fundamental la prueba del alcance de lo que se ordenó.
71. En este punto, cabe recordar que la falta disciplinaria del numeral 10, artículo
35 del régimen disciplinario de la Policía Nacional contempla como una falta grave
el incumplimiento, modificación, desautorización, elusión, ejecución con negligencia
o tardanza, o la introducción de cambios, sin causa justificada, a las órdenes o
instrucciones relativas al servicio.
72. Del contenido del recurso de apelación se encuentra que posiblemente el
comportamiento del demandante se pudo estudiar bajo otra forma de adecuación
30Véase archivo «3- ACTA DE AUDIENCIA - PRUEBAS - 15-11-2019», en «PROCESO DISCIPLINARIO
REGI6-2019-7» de la carpeta «018AntecedentesAdministrativos», disponible en la carpeta
«ED_05001233300020210204(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI. Minuto 42:25 a 43:32.
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típica, pues en el escrito se resalta que el señor Bello Calderón trasladó la orden al
intendente Rubén Darío Londoño. También se dice que su cumplimiento fue parcial;
supuestos que representan la «modificación», «ejecución con negligencia» o
«introducción de cambios» de la orden que fue impartida y entonces el debate se
habría trasladado a las condiciones de cumplimiento de la misma.
73. Lo anterior refleja que la autoridad disciplinaria no tenía claro el supuesto
normativo al cual debía adecuar el comportamiento del investigado y que la
ratificación de la tipicidad del comportamiento se realizó con fundamento en medios
de prueba que no generaban el grado de convicción exigido por el artículo 142 de
la Ley 734 de 2002, aplicable en virtud de la remisión que contiene el artículo 58 de
la Ley 1015 de 2006.
74. La consecuencia adicional de lo dicho reside en que se debió acudir al
supuesto normativo del artículo 6 de la Ley 1015 de 2006, pues no existía modo de
eliminar la duda razonable respecto del contenido de la orden que se impartió al
demandante, mientras que sus actuaciones dieron cuenta de que (i) trasladó al
patrullero junto con los ciudadanos aprehendidos a Tarazá y (ii) una vez allí, encargó
al intendente Londoño del acompañamiento al funcionario con la realización de los
actos urgentes para que se adelantara el procedimiento de legalización.
75. En síntesis, la autoridad disciplinaria no tenía forma de saber el alcance de
la orden porque, de un lado, el teniente coronel Mazo Cardona simplemente se
ratificó en el contenido de su informe, sin dar más detalles respecto de lo que
encomendó al demandante el 20 de julio de 2018; mientras que el patrullero en su
intervención, además de contradecirse, pareció reprochar que «la orden no la dieron
como la debían haber dado», lo que permite dudar acerca del dicho de quien la
impartió. Tampoco le podía otorgar credibilidad plena al relato del disciplinado,
porque este tampoco tenía forma de acreditar que el mandato de su superior se
agotaba con llevar al uniformado Johnny Alexander Cardona Marín al municipio de
Tarazá.
76. Se insiste en que la demandada no tenía claridad acerca de lo que constituía
el objeto de la actuación que adelantó y esta falencia la llevó a que adecuara un
comportamiento –del cual ni siquiera sabía si era disciplinable– a una descripción
típica que no le correspondía, porque el reproche por «dejar solo» al patrullero solo
tenía sentido si (i) la orden impartida no se circunscribió al acompañamiento hasta
el municipio de Tarazá, (ii) en efecto ningún uniformado lo asistió y (iii) el
demandante no estaba en la capacidad de encomendar las diligencias a otro
funcionario; aspectos en los que se separa el contenido de los distintos relatos
evaluados.
77. De manera que el análisis realizado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia se circunscribió a las garantías sustanciales del derecho al debido
proceso y, de manera acertada, encontró que no se satisfizo el estándar probatorio
para imputar responsabilidad disciplinaria. De allí que lo procedente sea confirmar
la decisión apealada, en lo que corresponde a la declaratoria de nulidad de los actos
demandados.
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78. No obstante, se modificará lo correspondiente a la medida de
restablecimiento del derecho, pues si bien en la parte motiva de la decisión el
reconocimiento se refiere a «el pago de las prestaciones sociales correspondientes
al mes de suspensión que fue del 10 de mayo al 10 de junio de 2021 tales como
salario, primas, subsidios, vacaciones y demás derechos irrenunciables conforme a
la Constitución y la ley», en el respectivo ordinal la remisión a dicho aparte solo tiene
que ver con la aplicación de la fórmula para la actualización de la condena.
79. En ese sentido, es necesario precisar en la parte resolutiva que el alcance de
la remisión a los motivos de la decisión, en punto al restablecimiento del derecho,
comprende tanto los conceptos de la suma que se debe pagar como la aplicación
de la fórmula de actualización.
80. Además, se agregará un ordinal para disponer una medida adicional,
automática, de restablecimiento del derecho, consistente en que la Policía Nacional
adelante las actuaciones necesarias para que se retire la anotación de la sanción
impuesta al demandante de su hoja de vida y del certificado de antecedentes
disciplinarios que expide la Procuraduría General de la Nación.
De la condena en costas
81. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
82. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
83. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
84. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada, por cuanto se
niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. MODIFICAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos
mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a partir de su tercer
ordinal, en el siguiente sentido:
«TERCERO: a título de restablecimiento del derecho ORDENAR que para
todos los efectos laborales, prestacionales, de antigüedad, ascensos y demás
derechos constitucionales y legales no ha habido solución de continuidad,
ordenándose el pago de las prestaciones sociales correspondientes al mes de
suspensión que fue del 10 de mayo al 10 de junio de 2021, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: a título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional que adelante las actuaciones
necesarias para que se retire la anotación de la sanción impuesta al
demandante de su hoja de vida y del certificado de antecedentes disciplinarios
que expide la Procuraduría General de la Nación.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: NO CONDENAR en costas en el presente proceso».
Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
Tercero. CONDENAR en costas a la parte demandada. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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