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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02061-02

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02061-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta corporación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión Oral, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. TERCERO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandada, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02061-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 05001-23-33-000-2021-02061-02 (1653-2024)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandada : Marta Inés Baena Gaviria
Tema : Reconocimiento diferencia pensional. Subrogación de la
entidad empleadora. Caducidad artículo 86 de la Ley 2381 de
2024. Decide manifestación de impedimento.
Decisión : Se confirma la sentencia apelada. La Universidad carecía de
competencia para reconocer o reliquidar pensiones tras la Ley
100 de 1993.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia
proferida el 29 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Decisión Oral.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La Universidad de Antioquia, actuando por intermedio de apoderado, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anule el acto
administrativo por medio del cual se ordenó pagar a favor de Marta Inés Baena Gaviria
el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no hubiera sido reconocido por el
Instituto de Seguros Sociales (ISS).

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la parte demandada restituir
a la Universidad de Antioquia, de manera indexada, las sumas pagadas con ocasión de
la expedición del acto acusado, esto es, desde el 27 de mayo de 2003 hasta el 31 de
octubre de 2021, que corresponden a $ 242.446.071, más los valores que se generen
hasta que la sentencia se encuentre en firme y la condena en costas.

3. Expuso los siguientes argumentos: Marta Inés Baena Gaviria estuvo vinculada como
docente en la Universidad de Antioquia. Previo a la expedición de la Ley 100 de 1993, la
Universidad reconocía directamente las pensiones de vejez a su personal docente y
administrativo, sin realizar ningún descuento por aportes pensionales.

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Demandante: Universidad de Antioquia

4. Que a partir del 30 de junio de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, la Universidad afilió a sus empleados al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y
comenzó a realizar los aportes correspondientes.

5. Que históricamente y sin efectuar descuentos, había reconocido la pensión con base
en todo lo devengado por sus empleados. De acuerdo con el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, la Universidad interpretó que quienes se encontraran en
régimen de transición y les faltaran menos de diez años para adquirir la pensión al
momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, debían tener una
pensión liquidada por el ISS con base en todos los factores salariales devengados. Bajo
esa convicción, la Universidad realizó cotizaciones incluyendo todos los factores
salariales.

6. El 21 de agosto de 2001 la Universidad solicitó formalmente al ISS que reconociera y
pagara las pensiones incluyendo todos los factores devengados como parte del IBL a
quienes cumplían las condiciones mencionadas. El ISS negó esta petición mediante
comunicación del 25 de febrero de 2002, indicando que los factores que integraban el IBL
eran taxativos y excluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.

7. Con ocasión de esta negativa, la Universidad expidió la Resolución 12094 de 1999,
adoptando la interpretación favorable del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Con esta resolución, decidió subrogarse provisionalmente en la obligación que
consideraba correspondía al ISS, mientras se agotaban las vías judiciales
correspondientes, con el fin de evitar perjuicios económicos a los beneficiarios.
Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999, precisó quiénes
serían los destinatarios de dicho beneficio.

8. El 28 de noviembre de 2001 reconoció y autorizó el pago de un bono pensional a favor
de la parte demandada por $ 249.803.000, que consignó al ente previsional en mención.

9. Que el ISS reconoció a la demandada, mediante Resolución 03174 del 24 de junio de
2002, pensión de vejez por valor mensual de $ 2.359.715, excluyendo del ingreso base
de liquidación (IBL) las primas de navidad, servicios y vacaciones. Frente a dicha
exclusión y con fundamento en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, la Universidad de
Antioquia expidió la Resolución 425 del 22 de agosto de 2002, ordenando pagar a la parte
demandada la diferencia existente entre la pensión otorgada por el ISS y la que resultaría
de aplicar el IBL incluyendo todos los factores salariales omitidos por la entidad
previsional.

10. Señaló que aunque inicialmente había interpretado el inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 diferenciando los conceptos de lo «devengado» y lo «cotizado», con
la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 quedó establecido que las pensiones deben
liquidarse exclusivamente con base en lo efectivamente cotizado, poniendo en cuestión
la posibilidad anterior de incluir todos los factores devengados. En apoyo de esta
afirmación citó diversas providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal

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Superior de Medellín que analizaron específicamente los factores salariales a considerar
en la liquidación pensional para los beneficiarios del régimen de transición.

11. También que la Ley 100 de 1993 estableció para los empleadores de los sectores
público y privado la obligación de afiliar a su personal al Sistema General de Pensiones.
En consecuencia, con la expedición del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, todas
las personas con vínculo laboral vigente ya debían estar afiliadas al sistema desde el 1.°
de julio de 1995. De esta manera, solo continuaban a cargo de la Universidad aquellas
personas que, al 31 de diciembre de 1996, ya hubiesen cumplido tanto la edad como el
tiempo de servicios exigidos, o que en esa fecha se encontraran retiradas de la entidad
con el tiempo de servicios cumplido, en espera únicamente de alcanzar la edad requerida
para acceder a la pensión de vejez.

12. Finalmente, sostuvo que la demandada en este caso no se encontraba dentro de los
supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, que permitirían considerar
alguna obligación pensional en cabeza de la Universidad, dado que al 31 de diciembre
de 1996 contaba únicamente con 50 años, es decir, no cumplía aún con el requisito de
edad exigido para acceder a la pensión de vejez.

Contestación de la demanda

13. La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al sostener que el acto
administrativo censurado no obedeció a una mera liberalidad de la Universidad de
Antioquia, sino a una subrogación temporal prevista en la Resolución Rectoral 12094 de
1999, fundada en el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y respaldada —según indicó— por jurisprudencia y por gestiones adelantadas ante
el entonces ISS para que se incluyeran las primas y las vacaciones en el IBL de su
pensión. No obstante, afirmó que la Universidad incumplió el compromiso de adelantar
las acciones necesarias para que el ISS, hoy Colpensiones, asumiera dicha obligación.

14. Asimismo, sostuvo que la Universidad carecía de sustento jurídico para demandar la
nulidad de su propio acto, el cual fue expedido bajo el principio de legalidad y conforme
al precedente vigente para la época, con lo que —en su criterio— se consolidó un derecho
pensional integral adquirido, reconocido mediante la Resolución 425 del 22 de agosto de
2002, cuya mesada, por mandato del Acto Legislativo 01 de 2005, no podía dejar de
pagarse, congelarse ni reducirse. Agregó que la declaratoria de nulidad afectaría su
mínimo vital y el derecho fundamental a la seguridad social, en cuanto se trataba de una
persona mayor de 70 años que había percibido la prestación durante más de 20 años.
Añadió que la Universidad no demostró perjuicio económico ni ausencia de financiación,
con alusión al contrato de concurrencia. Finalmente, se opuso al restablecimiento del
derecho y a la devolución de sumas pagadas, al invocar la buena fe, la confianza legítima
y el artículo 164 literal c) del CPACA, que impide recuperar prestaciones pagadas a
particulares de buena fe.

15. Por último, propuso como excepción previa la indebida integración del litisconsorcio
necesario, al considerar que debía vincularse a Colpensiones —como sucesora del ISS

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y administradora del régimen de prima media—, dado que es la entidad que reconoce su
pensión y en el proceso se debatían aspectos relacionados con cotizaciones, bonos
pensionales y la obligación de asumir la diferencia pagada por subrogación. Como
excepciones de mérito, alegó temeridad, al estimar que la demanda carecía de
fundamento y se sustentaba en citas parciales o inexactas; invocó justo título, buena fe y
confianza legítima para descartar la devolución de sumas; la firmeza, ejecutoriedad y
presunción de legalidad del acto particular pese a la derogatoria del acto general; propuso
la prescripción y solicitó que no se le impusieran costas.

Decisión de las excepciones previas

16. Mediante auto del 23 de noviembre de 2022, el Tribunal declaró no probada la
excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario, al considerar que no era
indispensable vincular a Colpensiones al proceso. Señaló que, si bien dicha entidad es
la obligada a reconocer la pensión de la demandada, en este asunto no se debate su
derecho pensional ni su eventual reliquidación, sino la legalidad del acto administrativo
expedido por la Universidad de Antioquia, mediante el cual se reconoció el pago de una
diferencia por factores no incluidos por el ISS en la determinación del ingreso base de
liquidación. En consecuencia, estimó que la intervención de Colpensiones no era
necesaria para definir la competencia de la entidad demandante para efectuar dicho
reconocimiento.

Sentencia apelada

17. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones, al
declarar la nulidad de la Resolución 425 del 22 de agosto de 2002, negar la devolución
de los dineros reclamados y abstenerse de imponer costas. Fundamentó su decisión en
que era el ISS, hoy Colpensiones, —y no la Universidad de Antioquia— quien debía
definir, conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, si en el IBL debían incluirse las
primas de navidad, servicios y vacaciones, por lo que la entidad demandante carecía de
competencia para asumir el pago de esas diferencias, razón por la cual el acto
demandado se expidió sin competencia.

18. Añadió que la Resolución 425 de 2002 se soportó en la Resolución Rectoral 12094
de 1999, la cual, aunque no fue anulada en este proceso, ha sido inaplicada por
excepción de inconstitucionalidad en asuntos similares, al estimarse que la fijación del
régimen prestacional y la asunción de obligaciones pensionales compete al Congreso y
al Gobierno Nacional, sin que la autonomía universitaria habilite subrogaciones motu
proprio. En cuanto al reintegro, concluyó que no procedía ordenar la recuperación de
prestaciones periódicas pagadas a particulares de buena fe (art. 164.1.c del CPACA),
pues la entidad demandante no desvirtuó la presunción de buena fe ni acreditó
actuaciones deshonestas o fraudulentas de la demandada. Finalmente, sobre las costas,
se abstuvo de imponerlas al no evidenciar su causación ni razones que lo justificaran en
el caso concreto.

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Demandante: Universidad de Antioquia

Recurso de apelación

19. La demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, al considerar que la Universidad de Antioquia sí tenía sustento jurídico para
expedir la Resolución 425 de 2002, pues el pago no fue una “dádiva” sino la aplicación
del inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (régimen de transición) y del
precedente progresivo del Consejo de Estado vigente por décadas, que permitía liquidar
con todo lo devengado (incluidas primas y vacaciones). Sostuvo que la subrogación
reconocida desde 1999 y pagada por más de 20 años se consolidó como un derecho
adquirido, amparado por la buena fe, la confianza legítima y los artículos 48 y 53 de la
Constitución, por lo que no podía desconocerse bajo el argumento de “falta de
competencia”, sin ponderar el impacto en derechos fundamentales (mínimo vital, vida
digna y seguridad social) de una persona mayor.

20. Asimismo, la demandada indicó que la Universidad no creó un régimen prestacional
nuevo, sino que asumió temporalmente una obligación que debía cumplir el ISS, hoy
Colpensiones, especialmente porque —según afirmó— la entidad universitaria conservó
aportes relacionados con primas y vacaciones y, además, en sus propios actos fijó una
condición resolutoria consistente en pagar “hasta que” el ISS reconociera motu proprio o
por decisión judicial. En ese sentido, reprochó que el ente educativo incumpliera el deber
de adelantar las acciones administrativas o judiciales contra Colpensiones, y que, pese a
ello, pretendiera trasladar la carga al pensionado sin haber integrado debidamente a
dicha entidad al proceso, aun cuando el debate giraba en torno a la obligación de la
administradora de pensiones.

21. Finalmente, afirmó que la sentencia apelada omitió un análisis de fondo sobre la
presunción de legalidad del acto, la inaplicabilidad de interpretaciones regresivas
posteriores (como las asociadas a megapensiones) a un caso de pensión ordinaria, y el
deber de respetar situaciones jurídicas consolidadas, incluidas las protegidas por el
bloque de constitucionalidad y el principio de favorabilidad.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. Mediante auto proferido el 10 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.

23. Durante la oportunidad procesal, la demandante no hizo manifestación alguna
respecto al recurso interpuesto por el accionado y el Ministerio Público guardó silencio.

24. Por último, encontrándose para fallo el presente asunto, la demandada solicitó la
aplicación de la caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

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Demandante: Universidad de Antioquia

III. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

Cuestión previa

26. En el presente caso, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto,
basándose en las siguientes razones:

27. El 9 de febrero de 20261, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante de
esta Subsección manifestó impedimento para conocer del asunto de la referencia, con
fundamento en la causal señalada en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General
del Proceso. Para ello, indicó que le asiste interés directo en las resultas del proceso,
dado que ha celebrado contratos con la Universidad de Antioquia «para dictar cátedra en
la Especialización de Derecho Administrativo en las materias Derecho Procesal
Administrativo, Sujeto Jurídico Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»

28. El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la
imparcialidad del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que
pueden comprometer su criterio en la toma de decisiones.

29. Las causales de impedimento establecidas en la ley son taxativas y de aplicación
restrictiva, constituyendo una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que
no puede ampliarse discrecionalmente conforme al criterio del juez o de las partes.

30. La causal de impedimento invocada por el consejero de Estado se encuentra
enunciada en el numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso, así:

Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.

[...]

1 Índice 13 SAMAI, segunda instancia.

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Demandante: Universidad de Antioquia

31. En ese contexto, y habiéndose confrontado la causal invocada con las razones
expuestas, la Sala considera procedente aceptar el impedimento formulado, toda vez que
se entiende que la relación contractual del magistrado con la parte demandante genera
un interés indirecto en el resultado del proceso, lo cual resulta suficiente para
comprometer su imparcialidad en la resolución del litigio.

Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala establecer si resulta aplicable la caducidad prevista por el
legislador en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. En caso negativo, debe determinarse
si el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en yerros jurídicos al declarar la nulidad
de la Resolución 425 del 22 de agosto de 2002, con fundamento en la supuesta
incompetencia de la Universidad de Antioquia para subrogarse temporalmente en el
cumplimiento de obligaciones pensionales a cargo del Instituto de Seguros Sociales
(ISS), a favor de empleados beneficiarios del régimen de transición.

Análisis del problema jurídico

De la caducidad alegada

33. En el presente caso, no opera la caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, por cuanto el acto administrativo demandado no corresponde al reconocimiento
de una pensión. En consecuencia, dicha regla especial no resulta aplicable, conforme a
las consideraciones que se desarrollan a continuación.

34. La caducidad es un presupuesto procesal de orden público que limita temporalmente
el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Su finalidad es garantizar la
seguridad jurídica y la estabilidad de los actos administrativos, lo que justifica su carácter
irrenunciable y su eventual declaratoria de oficio por parte del juez, conforme al artículo
187 del CPACA.

35. El literal c) del numeral 1.° del artículo 164 del CPACA establece como regla general
que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier
tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 20242 prevé como regla especial de caducidad que «Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.»

36. En consonancia con lo anterior, salta a la vista que la norma en mención no resulta
aplicable al caso particular, dado que el acto administrativo aquí censurado no se deriva
del reconocimiento de una pensión otorgada por una entidad facultada para ello. Por el

2 «Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y

Muerte Común, y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: Universidad de Antioquia

contrario, la controversia se centra en discutir la legalidad de un acto administrativo
mediante el cual la Universidad de Antioquia ordenó pagar, a favor de Marta Inés Baena
Gaviria, el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que no fue reconocido por el
Instituto de Seguros Sociales (ISS).

37. Cabe precisar que el extinto ISS fue la entidad de previsión que le reconoció a la
demandada una pensión de vejez mediante la Resolución 03174 del 24 de junio de 2002,
acto administrativo que no es objeto de demanda en el presente proceso.

De la subrogación de la obligación objeto de análisis por parte de la Universidad
de Antioquia

38. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, dado que se encuentra
desvirtuada la legalidad del acto administrativo demandado, en tanto que su expedición
no obedeció a una obligación legalmente atribuible a la Universidad de Antioquia, ni se
fundamentó en una competencia que le fuera reconocida para asumir el pago de la
obligación cuestionada, de acuerdo con las razones jurídicas y probatorias que se
expondrán a continuación.

39. La demandada prestó sus servicios como docente en la Universidad de Antioquia. El
14 de mayo de 1999, el ente educativo expidió la Resolución rectoral 120943 mediante la
cual se subrogó en una «obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
En su artículo primero dispuso lo siguiente:

«ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de
transición, y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de diez
años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu propio, o
por orden judicial, asuma la misma.»

40. Posteriormente, por medio de la Resolución 16628 el 25 de junio de 1999 el
vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia reglamentó la Resolución
rectoral 12094, precisando que sus destinatarios «son los jubilados: empleados públicos
docentes y los empleados no docentes de la Universidad de Antioquia, que se encuentren
en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de diez años para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y
pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta lo devengado por el
servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993». De
igual manera estableció el monto, los requisitos, la duración y el pago de lo reconocido
en el mentado acto administrativo.

3 La totalidad de las pruebas obran el expediente digital.

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41. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución 841 del 28 de noviembre de 2001
mediante la cual reconoció a favor de la señora Marta Inés Baena Gaviria un bono
pensional por la suma de $ 249.803.000.

42. El 24 de junio de 2002, por medio de la Resolución 03174, el extinto ISS reconoció
una pensión de jubilación a la señora Baena Gaviria, en cuantía de $ 2.359.715.

43. El 22 de agosto de 2002 la Universidad de Antioquia profirió la Resolución 425, a
través de la cual ordenó pagar a la parte demandada la diferencia entre lo reconocido por
el ISS y lo que resultaría de incluir las primas de navidad, vacaciones y semestral en el
IBL. Esta actuación se sustentó en el supuesto cumplimiento del inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.

44. La Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 fue derogada posteriormente
mediante la Resolución rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012.

45. Ahora, el Decreto 1848 de 1969 estableció que las pensiones de jubilación de los
empleados oficiales serían asumidas por la última entidad pública empleadora si no
existía afiliación a una entidad de previsión social. Posteriormente, con la expedición de
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios (691 y 692 de 1994, y 2337 de 1996),
se creó el Sistema General de Seguridad Social Integral, ordenando la afiliación
obligatoria de los servidores públicos, incluidos los empleados de universidades
estatales, al nuevo sistema de pensiones. A partir del 30 de junio de 1995, la competencia
para reconocer y pagar pensiones de estos servidores quedó radicada en la
administradora que hubiera recibido las respectivas cotizaciones, cesando así la
competencia directa de las universidades estatales.

46. En consecuencia, tras la entrada en vigor de los regímenes pensionales establecidos
en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales perdieron competencia para el
reconocimiento de pensiones de sus servidores, por lo que esta responsabilidad quedó
en cabeza de la administradora de pensiones que recibió o debía recibir las cotizaciones4.

47. Por tanto, no era competencia de la Universidad de Antioquia pronunciarse sobre el
derecho pensional del accionado, ni respecto a lo relacionado al mayor valor del IBL, ya
que tales aspectos correspondían al ISS como administradora de las cotizaciones
realizadas por la parte demandada.

48. En línea con lo anterior, esta Subsección5 ha señalado en casos similares que las
universidades públicas no tienen competencia para ordenar el reconocimiento o
reliquidación de pensiones después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Específicamente, ha afirmado:

4 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de

2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 15 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-000-2014-01330-02 (5286-19).

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Demandante: Universidad de Antioquia

«De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional en
favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho que le
asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de factores
salariales devengados por el docente no computados por la administradora de pensiones,
facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales por tratarse del ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.

[…] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3 de
abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal de
expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la encargada
de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue declarado por el a quo.»

49. En consideración a lo expuesto, no le asiste razón a la demandada en sus reparos.
El hecho de que la Universidad de Antioquia se hubiera subrogado en una obligación
pensional que no le correspondía legalmente, no implica que esté llamada a asumir
indefinidamente un pago que compromete recursos públicos, máxime cuando se ha
desvirtuado la legalidad del acto administrativo que dio origen a dicha obligación.

50. Ahora, en cuanto al reparo relacionado con la supuesta indebida integración del
contradictorio por la no vinculación de Colpensiones, se resalta que dicha solicitud fue
resuelta por el Tribunal mediante auto del 23 de noviembre de 2022, providencia en la
que se declaró no probada la excepción formulada, al concluir que no era indispensable
vincular a dicha entidad, dado que el acto administrativo demandado fue expedido por la
Universidad de Antioquia al reconocer de manera temporal un pago. Por consiguiente, al
no haber sido controvertida oportunamente esa decisión a través de los recursos de ley,
el debate no puede reabrirse en esta instancia, sumado a que en el presente proceso se
discute exclusivamente la legalidad de un acto administrativo proferido por la universidad
y no por Colpensiones, entidad que no intervino en su expedición ni ostenta competencia
alguna respecto del acto cuya nulidad se pretende.

51. En consecuencia, se configura la nulidad del acto administrativo demandado, por
cuanto fue expedido por una autoridad manifiestamente incompetente para reconocer o
asumir obligaciones derivadas del sistema general de pensiones. La Universidad de
Antioquia carecía de atribuciones legales para pronunciarse sobre aspectos relativos al
ingreso base de liquidación de la señora Baena Gaviria o para subrogarse en
obligaciones propias del extinto ISS, hoy Colpensiones, como administradora de las
cotizaciones efectuadas.

Condena en costas

52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02061-02 (1653-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia

y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

54. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366
del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

55. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia al demandado, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta corporación,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión Oral, de conformidad con lo
expuesto en esta providencia.

TERCERO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandada, de acuerdo
con lo señalado en la parte motiva.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02061-02 (1653-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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