Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02086-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2021-02086-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02086-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-02086-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandada : María Regina Vélez Vélez
Tema : Reconocimiento diferencia pensional. Subrogación de la entidad
empleadora. Devolución de dineros. Decide manifestación de
impedimento.
Decisión : Se confirma la sentencia apelada. La Universidad carecía de
competencia para reconocer o reliquidar pensiones tras la Ley
100 de 1993 y no procede la devolución de dineros al no haberse
desvirtuado la presunción de buena fe.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada y la apelación
adhesiva presentada por la parte demandante contra la sentencia proferida el 8 de marzo
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La Universidad de Antioquia, actuando por intermedio de apoderado, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anule el acto
administrativo por medio del cual se ordenó pagar a favor de María Regina Vélez Vélez
el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no hubiera sido reconocido por el
Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS).
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la parte demandada restituir
a la Universidad de Antioquia, de manera indexada, las sumas pagadas con ocasión de
la expedición del acto acusado, esto es, desde el 23 de diciembre de 2004 hasta el 31 de
octubre de 2021, que corresponden a $ 230.541.768, más los valores que se generen
hasta que la sentencia se encuentre en firme y la condena en costas.
3. Expuso los siguientes argumentos: María Regina Vélez Vélez estuvo vinculada como
docente en la Universidad de Antioquia. Previo a la expedición de la Ley 100 de 1993 la
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
Universidad reconocía directamente las pensiones de vejez a su personal docente y
administrativo, sin realizar ningún descuento por aportes pensionales.
4. Que a partir del 30 de junio de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, la Universidad afilió a sus empleados al ISS y comenzó a realizar los aportes
correspondientes.
5. Que históricamente y sin efectuar descuentos, había reconocido la pensión con base
en todo lo devengado por sus empleados. De acuerdo con el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, la Universidad interpretó que quienes se encontraran en
régimen de transición y les faltaran menos de diez años para adquirir la pensión al
momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, debían tener una
pensión liquidada por el ISS con base en todos los factores salariales devengados. Bajo
esa convicción, la Universidad realizó cotizaciones incluyendo todos los factores
salariales.
6. El 21 de agosto de 2001 la Universidad solicitó formalmente al ISS que reconociera y
pagara las pensiones incluyendo todos los factores devengados como parte del IBL a
quienes cumplían las condiciones mencionadas. El ISS negó esta petición mediante
comunicación del 25 de febrero de 2002, indicando que los factores que integraban el IBL
eran taxativos y excluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.
7. Con ocasión de esta negativa, la Universidad expidió la Resolución 12094 de 1999,
adoptando la interpretación favorable del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Con esta resolución, decidió subrogarse provisionalmente en la obligación que
consideraba correspondía al ISS, mientras se agotaban las vías judiciales
correspondientes, con el fin de evitar perjuicios económicos a los beneficiarios.
Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999, precisó quiénes
serían los destinatarios de dicho beneficio.
8. El 8 de octubre de 2001 reconoció y autorizó el pago de un bono pensional a favor de
la parte demandada por $ 383.753.000, que consignó al ente previsional en mención.
9. Que el ISS reconoció a la demandada, mediante Resolución 10392 del 22 de
septiembre de 2003, pensión de vejez por valor mensual de $ 2.356.061, excluyendo del
ingreso base de liquidación (IBL) las primas de navidad, servicios y vacaciones. Frente a
dicha exclusión y con fundamento en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, la
Universidad de Antioquia expidió la Resolución 584 del 28 de noviembre de 2003,
ordenando pagar a la parte demandada la diferencia existente entre la pensión otorgada
por el ISS y la que resultaría de aplicar el IBL incluyendo todos los factores salariales
omitidos por la entidad previsional.
10. Señaló que, aunque inicialmente había interpretado el inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 diferenciando los conceptos de lo «devengado» y lo «cotizado»,
con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 quedó establecido que las pensiones
deben liquidarse exclusivamente con base en lo efectivamente cotizado, poniendo en
cuestión la posibilidad anterior de incluir todos los factores devengados. En apoyo de esta
2
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
afirmación citó diversas providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal
Superior de Medellín que analizaron específicamente los factores salariales a considerar
en la liquidación pensional para los beneficiarios del régimen de transición.
11. También que la Ley 100 de 1993 estableció para los empleadores de los sectores
público y privado la obligación de afiliar a su personal al Sistema General de Pensiones.
En consecuencia, con la expedición del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, todas
las personas con vínculo laboral vigente ya debían estar afiliadas al sistema desde el 1.°
de julio de 1995. De esta manera, solo continuaban a cargo de la Universidad aquellas
personas que, al 31 de diciembre de 1996, ya hubiesen cumplido tanto la edad como el
tiempo de servicios exigidos, o que en esa fecha se encontraran retiradas de la entidad
con el tiempo de servicios cumplido, en espera únicamente de alcanzar la edad requerida
para acceder a la pensión de vejez.
12. Finalmente, sostuvo que la demandada en este caso no se encontraba dentro de los
supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, que permitirían considerar
alguna obligación pensional en cabeza de la Universidad, dado que al 31 de diciembre
de 1996 contaba únicamente con 53 años, es decir, no cumplía aún con el requisito de
edad exigido para acceder a la pensión de vejez.
Contestación de la demanda
13. La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Explicó que la
actuación de la Universidad no constituyó un acto deliberado ni implicó atribuirse
competencia para reconocer pensiones, pues se limitó a asumir temporalmente el pago
de la diferencia generada por la omisión del entonces ISS (hoy Colpensiones), de incluir
en la liquidación de la pensión de vejez factores salariales como las primas de navidad,
servicios y vacaciones. Precisó que tales emolumentos debían computarse por tratarse
de una beneficiaria del régimen de transición previsto en el inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. Agregó que la Universidad se comprometió a adelantar gestiones
administrativas y judiciales para que el ISS asumiera dicha obligación en los términos
legales, lo cual no ocurrió, por lo que no es admisible trasladarle a ella las consecuencias
de un conflicto interinstitucional ni de la indefinición del verdadero obligado.
14. De otra parte, sostuvo que la Universidad no acreditó la configuración de causales
de nulidad ni demostró la vulneración alegada en la demanda. En especial, se opuso a la
devolución de las sumas pagadas con fundamento en la buena fe y la confianza legítima,
así como en la regla del CPACA que impide recuperar prestaciones periódicas percibidas
por particulares de buena fe. Finalmente, propuso excepciones orientadas a sustentar la
necesidad de vincular a Colpensiones por su interés directo en la definición del obligado,
a reafirmar la presunción de legalidad del acto administrativo y, de manera subsidiaria, a
solicitar la declaratoria de prescripción respecto de los pagos cuya devolución se
pretendía.
3
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
Decisión de las excepciones previas
15. Mediante auto del 15 de noviembre de 2022, el Tribunal declaró no probada la
excepción de indebida integración del litisconsorcio necesario, al considerar que no era
indispensable vincular a Colpensiones al proceso. Concluyó que no existía una relación
jurídica sustancial que exigiera una decisión respecto de Colpensiones, ni se acreditaba
que dicha entidad tuviera un interés directo en el litigio, dado que la decisión sobre la
legalidad del acto demandado no le generaba beneficio ni perjuicio, al recaer
exclusivamente sobre la nulidad del acto por el cual la Universidad se subrogó en el pago
reconocido a favor de la señora Regina Vélez Vélez.
Sentencia apelada
16. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda al declarar la nulidad de la Resolución 584 del 28 de noviembre de 2003 y negar
la devolución de los dineros solicitados, sin imponer condena en costas. Sustentó su
decisión en que, si bien la señora Regina Vélez Vélez fue afiliada al Sistema General de
Pensiones y el ISS, hoy Colpensiones, le reconoció pensión de vejez mediante
Resolución 10392 de 22 de septiembre de 2003, lo cierto es que la Universidad sin
competencia expidió el acto acusado ordenando un pago mensual a título de
“subrogación”, con fundamento en las resoluciones 12094 y 16628 ambas de 1999, para
cubrir la diferencia derivada de incluir primas en el IBL del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
17. El Tribunal concluyó que dicho reconocimiento implicó asumir parte de una obligación
pensional que legalmente no le correspondía a la Universidad, pues quedó probado que
la entidad cumplió con la afiliación al sistema y, por tanto, la competencia para el pago y
reliquidación de la pensión recaía en la administradora del régimen. Por ello, consideró
configurada la causal de nulidad por falta de competencia al estimar que la accionante
actuó por mera liberalidad al subrogarse en un deber ajeno, y precisó que ese tipo de
actos no podía generar situaciones jurídicas protegibles bajo la figura de derechos
adquiridos al carecer de sustento legal para efectuar reconocimientos de carácter
pensional.
18. No obstante, negó la pretensión de restitución de las sumas pagadas, al aplicar el
literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, según el cual en actos relativos a
prestaciones periódicas no procede recuperar lo pagado a particulares de buena fe. En
ese sentido, advirtió que la Universidad no demostró mala fe de la beneficiaria, y que el
acto administrativo demandado gozó de presunción de legalidad mientras estuvo vigente,
de modo que no era procedente exigir la devolución de las mesadas percibidas.
19. Finalmente, descartó los reparos orientados a impedir el control judicial por la
supuesta cosa juzgada constitucional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al señalar
que la constitucionalidad del régimen de transición no impedía que la Administración
controvirtiera su propio acto en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que
se trata de un control de legalidad del acto administrativo, dirigido a la defensa del interés
público y del orden jurídico.
4
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
Recursos de apelación
20. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación por la
parte demandada, y apelación adhesiva presentada por la parte demandante. Los
argumentos expuestos fueron los siguientes:
Parte demandada
21. Manifestó su inconformidad con el fallo al considerar que el Tribunal partió de una
premisa equivocada al concluir que la Universidad actuó sin competencia y por mera
liberalidad. Afirmó que, tanto en la Resolución Rectoral 12094 de 1999 como en el acto
demandado, la Universidad nunca alegó ser entidad competente para reconocer
pensiones ni creó un régimen pensional, sino que afrontó una situación coyuntural
generada por la negativa del ISS de liquidar correctamente las prestaciones de quienes
estaban amparados por el régimen de transición. En esa línea, explicó que la subrogación
correspondió a un mecanismo temporal para garantizar el pago íntegro de la prestación
mientras el ISS asumía la obligación, conforme a la Ley 33 de 1985, al artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y a la sentencia C-168 de 1995, que reconoció el carácter de derecho
adquirido.
22. Además, insistió en que la Universidad no desconoció quién era el verdadero
obligado, pues dejó expresamente establecido que la obligación era del ISS y que el pago
se mantendría hasta que este la asumiera, bien por decisión propia o por orden judicial.
Sostuvo que el Tribunal omitió valorar la validez jurídica del pago por tercero y desconoció
la normativa aplicable sobre el régimen de transición, en particular la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018. Finalmente, alegó que en el
fallo apelado se ignoró el marco normativo y contractual relacionado con el pasivo
pensional —incluido el contrato interadministrativo de concurrencia y el Decreto 2337 de
1996—, lo que generaba una colisión injustificada con el derecho fundamental a la
seguridad social, por lo cual solicitó revocar íntegramente la decisión.
Parte demandante
23. En su recurso de apelación adhesivo, la parte demandante manifestó inconformidad
con la decisión del Tribunal de negar el restablecimiento del derecho consistente en
ordenar el reintegro de los dineros pagados en virtud del acto anulado. Señaló que,
aunque se declaró la nulidad de la Resolución 584 del 28 de noviembre de 2003 por falta
de competencia, el a quo erró al concluir que la sola presunción de buena fe impedía la
restitución de sumas reconocidas con fundamento en un acto declarado ilegal.
24. Sostuvo que dicho reconocimiento fue expresamente temporal y condicionado, pues
se mantendría únicamente “hasta que” el entonces ISS (hoy Colpensiones) asumiera la
obligación, de manera que la demandada conocía su naturaleza provisional y debía
adelantar las gestiones necesarias ante la administradora pensional competente. Agregó
que la inactividad de la beneficiaria permitió prolongar durante años el pago a cargo de
la Universidad, conducta que consideró incompatible con la buena fe, razón por la cual
5
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
solicitó revocar parcialmente la sentencia para ordenar el reintegro de las sumas
pagadas.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
25. Mediante autos proferidos el 16 de noviembre de 2023 y el 27 de junio de 2024, se
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la apelación
adhesiva presentada por la demandante, respectivamente. Durante la oportunidad
procesal, las partes no hicieron manifestación alguna respecto a los recursos.
26. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia.
27. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.
Cuestión previa
28. En el presente caso, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto,
basándose en las siguientes razones:
29. El 9 de febrero de 20261, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante de
esta Subsección manifestó impedimento para conocer del asunto de la referencia, con
fundamento en la causal señalada en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General
del Proceso. Para ello, indicó que le asiste interés directo en las resultas del proceso,
dado que ha celebrado contratos con la Universidad de Antioquia «para dictar cátedra en
la Especialización de Derecho Administrativo en las materias Derecho Procesal
Administrativo, Sujeto Jurídico Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»
30. El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la
imparcialidad del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que
pueden comprometer su criterio en la toma de decisiones.
31. Las causales de impedimento establecidas en la ley son taxativas y de aplicación
restrictiva, constituyendo una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que
no puede ampliarse discrecionalmente conforme al criterio del juez o de las partes.
1
Índice 19 SAMAI, segunda instancia.
6
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
32. La causal de impedimento invocada por el consejero de Estado se encuentra
enunciada en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General del Proceso, así:
Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.
[...]
33. En ese contexto, y habiéndose confrontado la causal invocada con las razones
expuestas, la Sala considera procedente aceptar el impedimento formulado, toda vez que
se entiende que la relación contractual del magistrado con la parte demandante genera
un interés indirecto en el resultado del proceso, lo cual resulta suficiente para
comprometer su imparcialidad en la resolución del litigio.
Problema jurídico
34. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en yerros jurídicos al declarar la nulidad de la Resolución 584 del 28 de noviembre de
2003, con fundamento en la supuesta incompetencia de la Universidad de Antioquia para
subrogarse temporalmente en el cumplimiento de obligaciones pensionales a cargo del
ISS, a favor de empleados beneficiarios del régimen de transición; así como al negar la
devolución de las sumas pagadas a la beneficiaria, argumentando la existencia de buena
fe en su actuar, a pesar del conocimiento del carácter provisional del reconocimiento
pensional.
Análisis del problema jurídico
35. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, dado que se encuentra
desvirtuada la legalidad del acto administrativo demandado, en tanto que su expedición
no obedeció a una obligación legalmente atribuible a la Universidad de Antioquia, ni se
fundamentó en una competencia que le fuera reconocida para asumir el pago de la
obligación cuestionada, de acuerdo con las razones jurídicas y probatorias que se
expondrán a continuación.
36. La demandada prestó sus servicios como docente en la Universidad de Antioquia. El
14 de mayo de 1999, el ente educativo expidió la Resolución rectoral 120942 mediante la
cual se subrogó en una «obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
En su artículo primero dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de
transición, y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de diez
años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo
2 La totalidad de las pruebas obran el expediente digital.
7
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu propio, o
por orden judicial, asuma la misma.»
37. Posteriormente, por medio de la Resolución 16628 el 25 de junio de 1999 el
vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia reglamentó la Resolución
Rectoral 12094, precisando que sus destinatarios «son los jubilados: empleados públicos
docentes y los empleados no docentes de la Universidad de Antioquia, que se encuentren
en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de diez años para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y
pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta lo devengado por el
servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993». De
igual manera estableció el monto, los requisitos, la duración y el pago de lo reconocido
en el mentado acto administrativo.
38. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución 733 del 8 de octubre de 2021
mediante la cual reconoció a favor de la señora María Regina Vélez Vélez un bono
pensional por la suma de $ 383.753.000.
39. El 22 de septiembre de 2003, por medio de la Resolución 10392, el extinto ISS
reconoció una pensión de jubilación a la señora Vélez Vélez, en cuantía de $ 2.356.061.
40. El 28 de noviembre de 2003 la Universidad de Antioquia profirió la Resolución 584, a
través de la cual ordenó pagar a la parte demandada la diferencia entre lo reconocido por
el ISS y lo que resultaría de incluir las primas de navidad, vacaciones y semestral en el
IBL. Esta actuación se sustentó en el supuesto cumplimiento del inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.
41. La Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 fue derogada posteriormente
mediante la Resolución Rectoral 35823 17 de octubre de 2012.
42. Ahora, el Decreto 1848 de 1969 estableció que las pensiones de jubilación de los
empleados oficiales serían asumidas por la última entidad pública empleadora si no
existía afiliación a una entidad de previsión social. Posteriormente, con la expedición de
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios (691 y 692 de 1994, y 2337 de 1996),
se creó el Sistema General de Seguridad Social Integral, ordenando la afiliación
obligatoria de los servidores públicos, incluidos los empleados de universidades
estatales, al nuevo sistema de pensiones. A partir del 30 de junio de 1995, la competencia
para reconocer y pagar pensiones de estos servidores quedó radicada en la
administradora que hubiera recibido las respectivas cotizaciones, cesando así la
competencia directa de las universidades estatales.
43. En consecuencia, tras la entrada en vigor de los regímenes pensionales establecidos
en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales perdieron competencia para el
8
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
reconocimiento de pensiones de sus servidores, por lo que esta responsabilidad quedó
en cabeza de la administradora de pensiones que recibió o debía recibir las cotizaciones3.
44. Por tanto, no era competencia de la Universidad de Antioquia pronunciarse sobre el
derecho pensional de la accionada, ni respecto a lo relacionado al mayor valor del IBL,
ya que tales aspectos correspondían al ISS como administradora de las cotizaciones
realizadas por la parte demandada.
45. En línea con lo anterior, esta Subsección4 ha señalado en casos similares que las
universidades públicas no tienen competencia para ordenar el reconocimiento o
reliquidación de pensiones después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Específicamente, ha afirmado:
«De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional en
favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho que le
asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de factores
salariales devengados por el docente no computados por la administradora de pensiones,
facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales por tratarse del ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.
[…] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3 de
abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal de
expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la encargada
de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue declarado por el a quo.»
46. En consideración a lo expuesto, no le asiste razón a la demandada en sus reparos.
El hecho de que la Universidad de Antioquia se hubiera subrogado en una obligación
pensional que no le correspondía legalmente, no implica que esté llamada a asumir
indefinidamente un pago que compromete recursos públicos, máxime cuando se ha
desvirtuado la legalidad del acto administrativo que dio origen a dicha obligación.
47. En consecuencia, se configura la nulidad del acto administrativo demandado, por
cuanto fue expedido por una autoridad manifiestamente incompetente para reconocer o
asumir obligaciones derivadas del sistema general de pensiones. La Universidad de
Antioquia carecía de atribuciones legales para pronunciarse sobre aspectos relativos al
ingreso base de liquidación de la señora Vélez Vélez o para subrogarse en obligaciones
propias del extinto ISS, hoy Colpensiones, como administradora de las cotizaciones
efectuadas.
48. Ahora, en cuanto al problema jurídico relacionado con la devolución de los dineros
recibidos por la demandada, la Sala precisa que, conforme al artículo 83 de la
Constitución Política, la buena fe se presume en todas las actuaciones administrativas.
Además, según el numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA no procede la
3 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de
2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 15 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-000-2014-01330-02 (5286-19).
9
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
devolución de prestaciones periódicas pagadas a particulares de buena fe. Sobre el
particular, la Sección Segunda5 de esta corporación ha reiterado que, para desvirtuar
dicha presunción, corresponde a la entidad estatal acreditar que el beneficiario incurrió
en conductas deshonestas, fraudulentas o dolosas.
49. En consecuencia, la Sala advierte que para que prosperara esa pretensión, la
Universidad de Antioquia debió probar no solo la ilegalidad del acto censurado, sino
también que aquellos se obtuvieron en contravía del principio de la buena fe, cuya
presunción rige en el ámbito administrativo. Sin embargo, no se allegaron al expediente
elementos de juicio que acreditaran la existencia de actuaciones fraudulentas o
deshonestas por parte de la demandada.
50. Aunque la entidad sostiene que la accionada debía agotar acciones ante el ISS para
exigir la reliquidación de su pensión, tal omisión, por sí sola, no es demostrativa del
quebrantamiento al principio constitucional de buena fe.
51. Así las cosas, se confirmará la negativa de ordenar el reintegro de las sumas pagadas
al demandado.
Condena en costas
52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
54. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia impondrá condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo
366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo
188 del CPACA.
55. En ese contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez que
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación de la demandada y de la
apelación adhesiva de la demandante, por manera que no puede predicarse que alguna
de las partes haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en esta instancia.
5 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de
2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02086-02 (3835-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta corporación,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, de conformidad con lo expuesto
en esta providencia.
TERCERO. NO CONDENAR en costas en segunda instancia, de acuerdo con lo
señalado en la parte motiva.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.