Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02093-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2021-02093-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02093-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-02093-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
Tema: subrogación parcial de la mesada pensional –reiteración jurisprudencial–.
Subtema 1: Expresión «y que estén en curso», prevista en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024. Subtema 2: competencia para el reconocimiento y liquidación de la
pensión de jubilación de los servidores públicos de las universidades, a partir de la
implementación del Sistema General de Pensiones en el nivel territorial. Subtema 3:
acto administrativo por medio del cual la Universidad de Antioquia asumió la diferencia
por la inclusión de factores adicionales generada en el cálculo del IBL.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, el 31 de julio de
2023, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La Universidad de Antioquia solicitó la declaración de nulidad del acto administrativo
por medio del cual asumió el pago de la diferencia en la mesada pensional reconocida
por el Instituto de Seguros Sociales1 —en adelante ISS— a la demandada, generada
por la inclusión de las primas de navidad, de vacaciones y semestral en el cálculo del
IBL, mientras la beneficiaria adelantaba las actuaciones administrativas y judiciales
pertinentes para que la administración reliquide la pensión teniendo en cuenta dichas
prestaciones. Según indicó, no tiene competencia para asumir una obligación
pensional que, en este caso, fue subrogada al ISS por la entrada en vigor del Sistema
General de Pensiones en el nivel territorial.
La Sala confirmará la sentencia apelada que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda (salvo la petición de devolución de las sumas pagadas con ocasión del
1 Hoy Colpensiones.
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
acto acusado), al concluir que la Universidad de Antioquia no tenía competencia para
asumir el pago de diferencias pensionales posteriores a la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993. Además, se precisa que la demanda se dirigió exclusivamente contra un
acto administrativo particular, sin que Colpensiones fuera parte necesaria de la
controversia; y que no se configuró ineptitud sustancial de la demanda. No obstante,
se adicionará la providencia en el sentido de inaplicar por inconstitucional la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, por cuanto sirvió de fundamento al acto cuya
nulidad se solicita y el Tribunal no efectuó un pronunciamiento expreso sobre dicho
aspecto.
2. Antecedentes
2.1. Demanda
1. La Universidad de Antioquia (en adelante la Universidad), mediante apoderado
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la parte accionada, con las siguientes
pretensiones2:
(a) Que se declare la nulidad de la Resolución 424 del 23 de septiembre de
2004, mediante la cual la Universidad ordenó pagarle el mayor valor de la
mesada pensional generada por la inclusión de las primas de navidad,
vacaciones y semestral en el cálculo del IBL pensional liquidado por el ISS al
reconocer la pensión de jubilación a la demandada.
(b) Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó condenar a la parte demandada a restituir el pago de la diferencia de
las mesadas pensionales que la Universidad asumió, «que corresponden a la
suma de $235.725.634, más los valores que se generen con posterioridad
hasta que la sentencia se encuentre en firme».
(c) Se condene a su contraparte al pago de las costas procesales.
2.1.1. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, la Universidad expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:
(a) La señora María Haydée Marín Álvarez estuvo vinculada como empleada pública
en la Universidad de Antioquia.
(b) Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la Universidad
reconocía las pensiones de sus empleados conforme a los regímenes dispuestos en
las leyes 6 de 1945 y 4 de 1966, y los decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969, con un
2 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 02, contenido en la carpeta «5ED_EXP
DIGITA_000202102093DIGITALz(.zip) NroActua 2», documento «001 DEMANDA SUBROGACION MARÍA
HAYDÉE MARÍN ÁLVAREZ».
2
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
ingreso base de liquidación que incluía «todos los factores efectivamente devengados
por el servidor».
(c) Con ocasión de la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones en el nivel
territorial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 ⎯30 de
junio de 1995⎯, la Universidad afilió a todos los servidores al ISS, entidad que desde
ese momento asumió la carga pensional subrogada.
(d) Posteriormente, mediante la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la
Universidad asumió el pago de una diferencia en la mesada pensional de sus
servidores, causada por la inclusión de factores adicionales a los tenidos en cuenta
por el ISS en el cálculo del IBL pensional, bajo la consideración de que la jurisprudencia
permitía la inclusión de todo lo devengado por el servidor. La institución educativa
asumió el pago de esta diferencia «mientras gestionaba las acciones administrativas
y judiciales necesarias para que el ISS» reliquidara las pensiones con la inclusión de
todo lo devengado por el trabajador. Este acto general fue reglamentado por la
Resolución núm. 16628 del mismo año, que estableció como destinatarios de la
subrogación a los empleados públicos docentes y no docentes de la Universidad.
(e) La Universidad de Antioquia reconoció y ordenó el pago de un bono pensional a
favor de la accionada, a través de la Resolución 613 del 12 de diciembre de 2003, por
la suma de $347.236.000.
(f) El ISS reconoció la pensión de jubilación a la señora María Haydée Marín Álvarez
mediante la Resolución 10233 del 22 de junio de 2004, en cuantía mensual de
$2.589.668, a partir del 26 de abril de 2004, sin incluir en el IBL las primas de
vacaciones, navidad y semestral.
(g) Mediante la Resolución 424 del 23 de septiembre de 2004 la Universidad ordenó
pagar a la accionada la diferencia de la mesada pensional reconocida y pagada por el
ISS, generada por la inclusión de las primas de navidad, vacaciones y semestral en el
cálculo del IBL, mientras el citado Instituto asumía la obligación en sede administrativa
o judicial.
(h) Finalmente, por Resolución núm. 35823 del 17 de octubre del 2012, la Universidad
derogó la resolución rectoral por medio de la cual asumió el pago de la diferencia en
la mesada pensional de los empleados públicos del ente universitario, causada por la
inclusión de factores que, a su juicio, formaban parte del IBL pensional calculado por
el ISS.
2.1.2. Normas violadas y concepto de la violación
3.La parte demandante citó como normas vulneradas los siguientes artículos: (a) 48
de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005; (b) 10 de la
Ley 4 de 1992; (c) 18 (inciso 3), 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; (d) 5 del Decreto
1068 de 1995; y (e) 4 del Decreto 2337 de 1996.
3
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
4. Afirmó que la Resolución 12094 de 1999 desconoció las normas constitucionales y
legales que imponen la obligación de liquidar las pensiones con los factores sobre los
cuales se realizaron cotizaciones. Además, puso de presente que la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado precisa que el régimen de transición
no incluye entre sus beneficios la determinación del IBL, razón por la cual, la liquidación
de la pensión debe atender lo dispuesto en los artículos 21 ⎯factores de cotización⎯
y 36 de la Ley 100 de 1993 ⎯régimen de transición⎯.
5. Señaló que el fondo de pensiones es el único competente para reconocer, liquidar
y pagar las pensiones de los empleados de la Universidad, de manera tal que la
resolución cuya nulidad se pretende fue dictada sin competencia, tal y como lo ha
reiterado el Consejo de Estado en las sentencias proferidas en asuntos con supuestos
de hecho y de derecho semejantes al presente.
2.2. Contestación de la demanda
6. La parte demandada propuso las excepciones de: «culpa de la demandante»,
«responsabilidad de un tercero», «cosa juzgada», «falta de legitimación de la causa
por pasiva», «buena fe de la parte demandada» y «prescripción extintiva». Por lo
anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda3.
7. En su criterio la demanda carece de sustento, pues la Universidad no reconoció
una pensión a la demandada, simplemente asumió la diferencia entre lo que
Colpensiones paga y lo que legalmente corresponde, debido a su incumplimiento
histórico en el pago de aportes. Explicó que la Universidad, como empleadora, era la
obligada exclusiva al pago de cotizaciones ante el sistema pensional, según el artículo
22 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, si el fondo de pensiones no recibió los
aportes completos para garantizar una mesada acorde al régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la misma ley, es la institución educativa quien debía
asumir las consecuencias jurídicas y económicas de su omisión.
8. La demandada al momento de entrar en vigor la Ley 100 de 1993 le faltaban menos
de diez años para adquirir el estatus pensional, lo que la ubicaba dentro del régimen
de transición, generándole una expectativa legítima de que su pensión sería liquidada
con base en los factores salariales devengados en ese periodo. Aunque Colpensiones
solo puede liquidar la pensión sobre la base reportada y cotizada, ello no elimina la
responsabilidad del empleador de garantizar un aporte completo que refleje el salario
real. Por lo tanto, si la anterior entidad liquida una mesada inferior, la diferencia debía
ser asumida por la Universidad, sin que ello implique el reconocimiento de una pensión
nueva o paralela, sino el cumplimiento de un deber de reparación derivado de su
propia omisión.
9. Asimismo, adujo que no pueden acogerse los argumentos basados en el artículo
3 Samai,índice 02, contenido en la carpeta «5ED_EXP DIGITA_000202102093DIGITALz(.zip) NroActua 2»,
documento «017 CONTESTACION A LA DEMANDA».
4
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
48 de la Constitución o en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992, pues tales disposiciones
no se refieren al caso concreto. El artículo 48 protege los derechos adquiridos y regula
el principio de cotización como base para la liquidación pensional; sin embargo, no
derogó el régimen de transición ni impidió la materialización de expectativas legítimas.
De igual manera, la prohibición de crear regímenes salariales o pensionales distintos
no aplica cuando la obligación del empleador consiste en subsanar un déficit derivado
de su propio incumplimiento histórico en materia de aportes.
10. Argumentó que una interpretación armónica del régimen constitucional, legal,
reglamentario y de las normas internas de la Universidad confirma el derecho de
la demandada a una pensión calculada conforme al artículo 36, inciso 3, de la Ley 100
de 1993. Dado que la Universidad incumplió su obligación legal de cotizar de manera
completa y oportuna —y que dicho incumplimiento impidió que Colpensiones
reconociera una mesada ajustada al régimen de transición— corresponde a la
institución educativa asumir la diferencia entre la pensión que recibe la demandada y
la que jurídicamente le corresponde. Este pago no constituye una pensión nueva, sino
una subrogación derivada de la responsabilidad del empleador.
11. En conclusión, sostuvo que la Universidad de Antioquia, como empleadora y
responsable directa del pago de aportes, debe garantizar la efectividad del derecho
pensional de la demandada, asumiendo la diferencia que resulte necesaria para
ajustar la mesada a lo que habría correspondido conforme al régimen anterior y a la
expectativa legítima protegida por el régimen de transición. Esta obligación encuentra
soporte adicional en figuras análogas vigentes en el ordenamiento, como la
«compartibilidad pensional», reconocida a través de los decretos 758 de 1990, 813 y
1160 de 1994.
2.3. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, mediante
sentencia dictada el 31 de julio de 2023, accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda al declarar la nulidad de la Resolución 424 del 23 de septiembre de 2004 4.
13. Consideró que no era competencia de la Universidad de Antioquia, en su calidad
de empleadora de la accionada, atribuirse el reconocimiento de derechos pensionales,
máxime cuando la propia entidad había precisado, tanto en el acto administrativo
demandado como en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, que los pagos asumidos
se realizaban de manera voluntaria, transitoria y condicionada a que el Instituto de los
Seguros Sociales asumiera dicha obligación.
14. Advirtió que la Resolución Rectoral 12094 de 1999, que sirvió de sustento al
acto acusado, no se encontraba vigente, toda vez que fue expresamente derogada
mediante la Resolución 35823 del 17 de octubre de 2012 expedida por la Rectoría de
4 Samai,índice 02, contenido en la carpeta «5ED_EXP DIGITA_000202102093DIGITALz(.zip) NroActua 2»,
documento «044 Sentencia Primera Lesividad- Universidad de Antioquia- Subrogación pensional (1)».
5
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
la Universidad de Antioquia. Esta última fue objeto de control jurisdiccional y declarada
ajustada al ordenamiento jurídico por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal,
mediante sentencia del 17 de octubre de 2013. En consecuencia, al encontrarse
vigente la Resolución 35823 de 2012, la Resolución 12094 de 1999 se encontraba
derogada, razón por la cual no era necesario que fuera objeto de impugnación dentro
del presente proceso.
15. Argumentó que la Universidad de Antioquia carecía de competencia para asumir
la obligación derivada de la reliquidación de una pensión que fue reconocida, liquidada
y pagada por la entidad administradora de pensiones a la que se afiliaron los
empleados de la institución educativa por la entrada en vigor del Sistema General de
Pensiones, que en el nivel territorial tuvo como plazo máximo el 30 de junio de 1995.
16. Concluyó que los actos mediante los cuales la Universidad de Antioquia asumió el
pago de la diferencia en la mesada pensional causada por la inclusión de las «primas
de servicios, de navidad y de vacaciones» en el IBL, hasta que el ISS realizara la
reliquidación de la prestación con los factores mencionados, son nulos por falta de
competencia, pues la carga pensional de los servidores de la institución universitaria
recaía, únicamente, en el fondo de pensiones.
17. Asimismo, concluyó que la Universidad no puede ampararse en el principio de
autonomía universitaria ni en la existencia de supuestos derechos adquiridos para
justificar el acto demandado, pues la subrogación realizada excedió sus competencias
y vulneró atribuciones exclusivas del legislador y del Gobierno Nacional. Al tratarse de
una actuación contraria a la ley, dicha subrogación no genera derechos válidos a favor
de la beneficiaria, dado que tanto la autonomía universitaria como los derechos
adquiridos solo son reconocidos cuando se fundamentan en actos ajustados al
ordenamiento jurídico.
18.De otro lado, el Tribunal negó la pretensión de devolución de las sumas de dinero
pagadas a la parte demandada, al considerar que no medió una conducta fraudulenta
o engañosa para obtener el pago, que desvirtuara la presunción de buena fe que la
ampara.
2.4. Recurso de apelación
19. La señora María Haydée Marín Álvarez solicitó la revocatoria de la sentencia de
primera instancia5 al considerar que esta incurrió en vicios de motivación, por cuanto
la Sala omitió pronunciarse sobre algunas de las excepciones de mérito propuestas,
en específico las correspondientes a culpa de la demandante y responsabilidad de un
tercero. En su criterio, la sentencia desconoció el deber de resolver integralmente los
argumentos de defensa.
5 Samai,índice 02, contenido en la carpeta «5ED_EXP DIGITA_000202102093DIGITALz(.zip) NroActua 2»,
documento «046 MEMORIAL – RECURSO DE APELACIÓN».
6
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
20. Sostuvo que el Tribunal erró al estimar innecesaria la solicitud de nulidad contra
la Resolución 12094 de 1999 emitida por la Rectoría de la Universidad de Antioquia,
pues dicho acto constituye el fundamento «genético» de la resolución demandada. En
su criterio, ambas conforman un complejo decisorio inseparable que debía ser
cuestionado en su integridad.
21. Enfatizó que la propia demanda reconoce la vinculación entre la Resolución 12094
de 1999 y la resolución cuya nulidad se solicitó, cuyo contenido se limita a ejecutar lo
establecido en la primera. Añade que la Resolución 12094 fue demandada en un
proceso previo (rad. 2009-01178), tramitado ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia y confirmado por el Consejo de Estado el 16 de abril de 2015, en el cual no
se declaró su nulidad; por tanto, dicho acto conserva plena validez.
22. Aun cuando la Universidad alegó que dicha resolución fue derogada por la
Resolución 35823 de 2012, el apelante sostuvo que la derogatoria no elimina los
efectos jurídicos ya producidos. Afirmó que la Resolución 12094 de 1999 continúa
generando efectos ultractivos y creó situaciones jurídicas consolidadas que no pueden
desconocerse. Citó además jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencia del 28
de agosto de 2018, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01), en la cual se indica que
los casos en los que ya operó la cosa juzgada son inmodificables en virtud del principio
de seguridad jurídica.
23. Posteriormente, afirmó que la decisión de primera instancia consideró que la
Universidad no estaba obligada a asumir la subrogación por haber afiliado a la
demandada al ISS, que la subrogación fue asumida de manera voluntaria y que la
Universidad carecía de competencia para reconocer o pagar total o parcialmente la
pensión. Precisó que nunca se ha discutido la competencia del empleador para
reconocer la pensión, sino que la controversia se centra en la responsabilidad
derivada del incumplimiento en el pago completo de los aportes al Sistema.
24. La apelante sostuvo que la Universidad al asumir el pago de la diferencia
pensional se subrogó en los términos del artículo 1666 del Código Civil 6, en virtud de
lo cual pasó a ocupar la posición jurídica del pensionado frente a la administradora del
régimen de prima media. Desde esta perspectiva, la institución educativa habría
adquirido los derechos que originalmente correspondían al pensionado para exigir de
Colpensiones el pago íntegro de la prestación. En consecuencia, afirmó que la
legitimación en la causa por pasiva recaería en Colpensiones, entidad contra la cual
debió dirigirse la demanda, por ser quien, en criterio del apelante, debía garantizar el
reconocimiento y pago completo de la pensión en debida forma.
25.Afirmó que la Universidad asumió la obligación de efectuar los aportes
pensionales sobre la totalidad de los factores salariales devengados para el correcto
6 «ARTÍCULO 1666. <DEFINICIÓN DE PAGO POR SUBROGACIÓN>. La subrogación es la transmisión de los
derechos del acreedor a un tercero, que le paga».
7
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
reconocimiento de la pensión. En consecuencia, si omitió realizar dichas cotizaciones
en forma completa, o no logró que la administradora del régimen las recibiera y las
incorporara en la liquidación pensional, debe asumir las consecuencias jurídicas de
tal omisión. Ello se traduce en la obligación de pagar la diferencia entre la mesada
reconocida y la que habría correspondido de haberse liquidado la pensión con todos
los factores legales, como efectivamente lo viene haciendo. Esta circunstancia no
desvirtúa, sino que confirma, la legalidad del acto administrativo acusado, en cuanto
se limita a ejecutar una obligación derivada del incumplimiento del empleador, sin que
se configure vulneración del ordenamiento jurídico.
26. La apelante señaló que la Universidad se impuso, mediante la Resolución 12094
de 1999, la obligación de adelantar las gestiones administrativas y judiciales
necesarias ante el ISS para corregir la omisión en los aportes, carga que no cumplió.
Adujó que, pese a contar con herramientas legales para lograr la recepción de los
aportes omitidos y la correcta reliquidación pensional, la Universidad no promovió
acción alguna contra la administradora, incumpliendo el deber previsto en el artículo
22 de la Ley 100 de 19937.
27. Finalmente, afirmó que la Universidad asumió legítimamente la responsabilidad
derivada de su incumplimiento en el pago de los aportes al sistema pensional, sin
necesidad de una condena judicial, y que debe continuar sufragando la diferencia
pensional como consecuencia directa de su omisión. Reiteró que, conforme al artículo
36 de la Ley 100 de 1993, la demandada tenía derecho a que su pensión se liquidara
con base en lo devengado durante el período faltante para pensionarse, y que
correspondía al empleador garantizar las cotizaciones completas que permitieran
dicho reconocimiento.
28. Concluyó indicando que no existe vulneración del ordenamiento jurídico en el
pago de la subrogación y que la responsabilidad por la diferencia pensional recae en
la Universidad, por lo cual solicitó la revocatoria de la sentencia y que se nieguen las
pretensiones de la demanda.
2.5. Solicitud posterior de la parte demandada
29. Posteriormente8,, la, demandada, solicitó, dar, aplicación, al, «artículo, 86, de, la, ley,
2381,de,2024,(si,encuentra,ese,órgano,judicial,que,el,proceso,actual,se,encuadra,en,
la, previsión, normativa) , en, virtud, de, que , según, los, hechos, relatados, por, la,
demandante ,el,acto,administrativo,cuya,nulidad,se,pide,fue,demandado,más,de,cinco,
años,después,de,su,expedición,y,ejecutoria».
7 «ARTÍCULO 22. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El empleador será responsable del pago de su aporte y
del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de
su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por
escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a
su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno.
El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al
trabajador».
8 Samai, índice 11, documento «9_MemorialWeb_PeticiOn-MEMORIAL4(.pdf)».
8
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
30. La, Universidad, de, Antioquia9,se, opuso, a, la, anterior, petición, argumentando , en,
síntesis ,que,la,anterior,norma,aplica,para,actos,de,reconocimiento,pensional ,decisión,
que, no, se, adoptó, en, la, resolución, cuestionada , a, través, del, cual, simplemente, se,
subrogó,en,el,pago,de,una,obligación.,Asimismo ,sostuvo,lo,siguiente:,
(…),si,bien,la,Subsección,A,de,la,Sección,Segunda,del,Consejo,de,Estado,se,pronunció,
respecto,a,la,aplicación,de,la,norma,en,cuestión,en,la,sentencia,del,2,de,octubre,de,
2024 ,dicha,providencia,no,constituye,un,precedente,vinculante,para,el,presente,caso ,
puesto,que,en,aquella,ocasión,se,controvertía,directamente,el,acto,que,reconoció,una,
pensión,por,parte,de,la,entidad,competente,para,tal,fin ,lo,cual ,como,se,ha,expuesto ,
no, se, configura, en, el, asunto, que, nos, ocupa;, es, decir , los, supuestos, fácticos, y,
normativos,en,uno,y,otro,evento,son,disímiles,y ,con,ello ,las,pretensiones,también,lo,
son.,
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
31. Esta corporación, mediante auto del 27 de agosto de 2024, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada, conforme a lo previsto en el numeral 3
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 y ordenó notificar personalmente al Ministerio
Público quien guardó silencio. De igual forma, prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia10.
3. Consideraciones
3.1 . Competencia
32. Corresponde al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso—Administrativo, el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero
del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. Sobre el término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
33.Antes de abordar el estudio de fondo de los argumentos expuestos en el recurso
de apelación es necesario pronunciarse sobre la petición de aplicar el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 que realizó la parte demandada.
34.Sobre el particular, en primer lugar, debe precisarse que la Ley 2381 de 2024 entró
en vigor el 16 de julio de 2024, por lo que para la fecha en que se profirió el fallo de
9 Samai, índice 13, documento «10_MemorialWeb_Otro-Pronunciamientosoli(.pdf) NroActua 13».
10 Samai, índice 5, archivo «6Autoqueadmite_532212024Admiteapela(.docx) NroActua 5».
9
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
primera instancia por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, esto es, el 31 de
julio de 2023, dicha normativa no existía.
35. En segundo lugar, se destaca que la Corte Constitucional, mediante el Auto 841
de 202511, suspendió los efectos de la Ley 2381 de 2024, al disponer expresamente
lo siguiente:
QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las
normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala
Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se
refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El
Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá
definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024.
36. Así las cosas, la norma cuya aplicación se solicita se encuentra suspendida hasta
que la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronuncie de manera definitiva sobre
la constitucionalidad de la ley que la contiene.
37. Aunque las anteriores razones resultan suficientes para negar la solicitud de la
parte actora, en la medida que no es procedente dar aplicación a una norma que se
encuentra suspendida, también vale la pena subrayar que esta Subsección frente a
casos similares al de autos, ha considerado que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
que previó un término de caducidad de 5 años, no resulta consonante con el
ordenamiento superior frente a situaciones que surgieron con anterioridad a su
entrada en vigor, como ocurre con el asunto de la referencia, por las siguientes
razones:
38. El artículo,86,de,la,Ley,2381,de,2024,en,su,primera,parte,estableció,un,término,
de, caducidad, de, 5, años, «para, ejercer, acciones, administrativas, y, contencioso-
administrativas, respecto, de, las, pensiones, reconocidas» , contado, a, partir, del,
reconocimiento,de,la,referida,prestación.,Así,se,observa,en,el,texto,del,citado,artículo,
86,ibidem:,
«Artículo, 86., Término, para, ejercer, acciones, administrativas, y, contencioso,
administrativas,respecto,de,las,pensiones,reconocidas.,Las acciones administrativas
y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años
a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello,a,excepción,y,cuando,se,trate,de,fraude,o,con,ocurrencia,de,algún,
delito, a, las, pensiones, reconocidas, sobre, las, cuales, se, hayan, iniciado, acciones,
administrativas,y/o,contencioso,administrativas,después,de,cinco,(5),años,de,haber,sido,
reconocidas ,y,que,estén,en,curso ,se,les,aplicará,la,caducidad,a,partir,de,la,vigencia,de,
esta, ley., Los, procesos, con, respecto, a, los, cuales, se, hayan, ejercido, acciones,
11 Según constancia expedida por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 21 de agosto de 2025, el Auto
841 de 2025 fue notificado y publicado el 14 de agosto de 2025 en la página web de la institución. Asimismo, el
término de ejecutoria transcurrió los días 15, 19 y 20 de agosto de 2025. La constancia puede consultarse en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=1&expediente=D0015989, consultar la
pestaña de archivos.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
administrativas,y/o,contenciosas ,y,respecto,a,las,cuales,ya,se,haya,decidido ,podrán,
ser,susceptibles,del,recurso,Extraordinario,de,Revisión ,para,lo,cual,se,tendrá́ ,un,término,
de,cinco,(5),años,a,partir,de,la,vigencia,de,esta,ley»,[destacado,por,fuera,del,texto].
39. Ahora bien, en el presente asunto, la Universidad de Antioquia solicitó la
declaración de nulidad de la Resolución 424 del 23 de septiembre de 2004, razón por
la cual habría lugar a determinar si respecto de la anterior petición es pertinente el
referido término de caducidad, sin perder de vista las reglas previstas en el
ordenamiento jurídico en materia de tránsito legislativo, tratándose de leyes que
regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los juicios.
40.En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto prescribe un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso-
administrativas respecto de las pensiones reconocidas», se considera de aquellas
normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades
propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación, en el tránsito legislativo
anunciado, es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 12.
41. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.
42. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun frente a
cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación
y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a
contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de
control.
43. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron
la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX,
siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los
12 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá́ por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [destacado fuera del texto].
11
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 8313. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153
de 1887 en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las
reglas previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que contribuye
a la interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran el
ordenamiento jurídico vigente.
44. En este orden de ideas, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 40 de la Ley
153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en materia de caducidad
prevista en el texto original del numeral 1, literal c), del artículo 164 del CPACA, dado
que, a la fecha en que se presentó la demanda, 30 de noviembre de 202114, era la
disposición que en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba
vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad
alguno.
45. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.
46.En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar
sus propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que el titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.
47. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en sentencia
C-1049 de 200415, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
régimen general de la caducidad no vulnera por sí sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».
48. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigor de
la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
ejercidas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
13 «La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado
que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
14 Samai, índice 02, contenido en la carpeta «5ED_EXP DIGITA_000202102093DIGITALz(.zip) NroActua 2»,
documento «006 CONSTANCIA PRESENTACION DEMANDA».
15 En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo»
prevista en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso-Administrativo.
12
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
corresponde al juez de lo contencioso–administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.
49. En estos términos, la expresión «[…] y que estén en curso […]» ,prevista,en,el,
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la Constitución Política y los principios constitucionales de confianza legítima
y seguridad jurídica16.
50. En el mismo sentido, esta Subsección frente a casos como el de autos, se ha
pronunciado sobre la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 únicamente
frente a actos administrativos expedidos con posterioridad a la entrada en vigor de
dicha norma17. Ahora bien, no se desconoce que otras autoridades judiciales18, han
adoptado decisiones contrarias en controversias similares; sin embargo, esta
Subsección se aparta de estas, en consideración a que la aplicación retroactiva de la
señalada disposición debe compaginarse al ordenamiento superior, de carácter
prevalente.
51.En suma, debido a la suspensión de los efectos de la ley que contiene el artículo
cuya aplicación solicita la parte demandada, y al criterio de esta Subsección sobre su
impertinencia frente a situaciones que surgieron con anterioridad, como ocurre con la
presente controversia, se estima que no resulta aplicable el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024.
3.3. Problemas jurídicos
52.A partir de los motivos de inconformidad contra el fallo impugnado, la Sala estima
que los problemas jurídicos a resolver son los siguientes:
(a) ¿Existe falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida que las
pretensiones de la Universidad de Antioquia, en su condición de subrogante de los
derechos de los pensionados de la institución educativa, debieron dirigirse contra
Colpensiones, por ser, en criterio de la apelante, quien debía garantizar el
reconocimiento y pago completo de la pensión?
16 En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso
debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política».
17 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B sentencias del: 10 de abril de 2025, rad.
05001-23-33-000-2021-01247-02 (0801-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; del 6 de junio de 2025, rad.
05001-23-33-000-2021-01294-03 (6689-2024) y rad. 05001-23-33-000-2019-0274-03 (6668-2024), M.P. Elizabeth
Becerra Cornejo; del 10 de abril de 2024, rad. 05001-23-33-000-2021-01294-013 (6689-2024) y; del 6 de junio de
2025, rad. 05001-23-33-000-2021-01294-013 (6689-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de octubre de 2024, rad. 50001-23-33-000-
2019-00253-01 (6637-2022).
13
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
(b) ¿La demanda incurre en ineptitud sustantiva por no haber solicitado la nulidad de
la Resolución Rectoral 12094 de 1999, acto administrativo de carácter general que
constituye el fundamento jurídico del acto particular demandado?
(c) ¿La Universidad de Antioquia tenía competencia para asumir el pago de la
diferencia en la mesada pensional reconocida por el ISS a la demandada, generada
por la inclusión de las primas de vacaciones, navidad y semestral en el cálculo del IBL,
que el ente educativo consideró procedente mientras la beneficiaria iniciaba las
actuaciones administrativas y judiciales para el pago de la obligación?
En el análisis del anterior problema, también se tendrán en cuenta los argumentos
expuestos por la parte demandada, tendientes a ilustrar que la Universidad de
Antioquia supuestamente debía dictar el acto acusado en atención al presunto
incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social en pensiones, y
que obró en consonancia de la Resolución Rectoral 12094 de 1999, que a pesar de
haber sido derogada produjo efectos jurídicos y al amparo de la cual se consolidaron
situaciones que no puede desconocerse.
53. Antes de resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (a) reconocimiento y pago de la pensión de los servidores públicos; (b) régimen
de transición de la Ley 100 de 1993; y (c) subrogación asumida por la Universidad de
Antioquia.
3.4. Marco normativo y jurisprudencial
3.4.1. Reconocimiento y pago de la pensión de los servidores públicos
54.Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 199319, la obligación de reconocer y
de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos concernía a la entidad de
previsión a la que estuviesen afiliados, esto es, la última entidad pública empleadora,
según lo disponía el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969.
55. La Ley 100 de 1993 que creó el Sistema de Seguridad Social Integral, previó en el
numeral 1 del artículo 15, la obligatoriedad de afiliar a dicho Sistema a todas las
personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.
Disposición en virtud de la cual se expidió el Decreto 691 de marzo 29 de 199420, que
incorporó (artículo 1) a estos últimos, clasificándolos así: a) los servidores públicos de
la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como
de sus entidades descentralizadas; y b) los servidores públicos del Congreso de la
República, de la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación,
la organización electoral y la Contraloría General de la República.
19 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.
20 Por el cual se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Pensiones y se dictan otras
disposiciones.
14
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
56. En cuanto a los efectos de la afiliación al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, el artículo 14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994 21 precisó que el
responsable del pago de las pensiones sería la administradora que hubiese recibido o
le corresponda recibir las cotizaciones del período en el cual ocurrió el siniestro o
hecho que dio lugar al pago de la pensión, y el Decreto 1068 del 23 de junio de 199522
fijó el límite temporal para que los servidores públicos del orden departamental,
municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliarían, esto es, prima media
con prestación definida o ahorro individual con solidaridad, señalando en el parágrafo
2 del artículo 2 que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley
100 de 1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995.
57. Posteriormente, se profirió el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 que tuvo
por objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de
naturaleza territorial. Esta normativa fue enfática en atender el límite temporal con que
contaban los servidores públicos para afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales
establecidos en la Ley 100 de 1993, según el Decreto 1068 de 1995.
58. De acuerdo con lo anterior, se concluye que, para el 30 de junio de 1995, todos los
servidores públicos que prestaban sus servicios en las universidades e instituciones
oficiales de educación superior debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, comoquiera que estos hacían parte de la categoría de afiliados
obligatorios en los términos del artículo 15 de la referida Ley 100 de 1993.
59. Así, y siguiendo los pronunciamientos de esta Sección sobre el tema 23, se precisa
que después de la entrada en vigencia de los dos regímenes pensionales de la Ley
100 de 1993, las universidades de carácter oficial perdieron competencia para el
reconocimiento de pensiones de sus servidores y, en virtud de la afiliación obligatoria
de los servidores públicos al Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, es la
administradora de pensiones que hubiese recibido las cotizaciones quien debe
efectuar el reconocimiento respectivo o proceder a la reliquidación de ser el caso.
3.4.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993
60. El Sistema General de Pensiones, en virtud del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permitió a quienes estaban próximos a pensionarse
21 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
22 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en los niveles departamental,
municipal y distrital, la constitución de los Fondos de Pensiones del Nivel Territorial y la declaratoria de solvencia
de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21
de abril de 2017, Rad. 05001233300020140019401(0804-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia del 22
de octubre de 2018, Rad. 05001-23-33-000-2014-00063-02(1074-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia
del 29 de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-00556-01(1601-19), M.P. César Palomino Cortés; Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2014-01418-02(5945-19), M.P.
William Hernández Gómez.
15
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
mantener las condiciones previstas en el régimen anterior, siempre que reunieran los
requisitos de edad o tiempo de servicio exigidos para la fecha de entrada en vigencia
de la nueva normativa, con la precisión de que los beneficios de esa transición solo
salvaguardaban las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto o tasa de
reemplazo establecidos en la norma con la que el servidor tenía la expectativa de
pensionarse.
61. La norma citada establece que, para los beneficiarios del régimen de transición,
el ingreso base de liquidación será, si faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho a la pensión, (a) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (b) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.
62. Al respecto, el Decreto 1158 de 1994, por medio del cual se modificó el Decreto
658 de 1994 que incorporó a los servidores públicos al Sistema General de Pensiones,
dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 1. Base de cotización. El salario mensual base para calcular las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos
incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de
salario;
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados;
63. El Acto Legislativo 01 de 2005, al adicionar el artículo 48 de la Constitución
Política, determinó de manera expresa que «para la liquidación de las pensiones sólo
se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
cotizaciones», precepto que se encontraba incluido en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, conforme con el cual se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones
«el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado».
64. En este orden, es válido afirmar que los beneficiarios del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tenían derecho al reconocimiento de
la pensión de acuerdo con los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto o tasa
de reemplazo prevista en el régimen anterior, sin incluir el IBL, pues este debe
calcularse con los factores salariales que sirvieron de base para los aportes,
devengados en el lapso fijado en la transición, esto es, durante los últimos 10 años de
servicio o todo el tiempo que le hiciera falta al beneficiario para pensionarse cuando
fuese inferior a este periodo.
16
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
65. Ahora bien, la Corte Constitucional, en el primer análisis de constitucionalidad
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consideró que la salvaguarda de los derechos
pensionales derivada de una transición normativa constituye «[…] una plausible
política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que
ordena dar especial protección al trabajo». En este marco, afirmó que la regla de
liquidación del IBL aplicable a los beneficiarios de la transición es el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para pensionarse, siempre que fuera
menor de diez años o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior;
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor24.
En sentencias posteriores de constitucionalidad, la Corte decidió estarse a lo resuelto
en la providencia que declaró parcialmente exequible el artículo 36 de la Ley 100 de
199325.
66. Por otra parte, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, al
establecer el alcance del régimen de transición, fijó como primera tesis interpretativa
que los servidores públicos que cumplieran los requisitos del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 podían pensionarse al cumplir los presupuestos de edad, tiempo de servicio
y monto previstos en el régimen pensional general anterior —Ley 33 de 1985—, con
la precisión de que el último elemento protegido por la transición (monto) incluía el
beneficio de calcular el IBL con los factores y el periodo de liquidación previstos en la
norma precedente, no con los señalados en el régimen general.
67. En este orden, la Sección Segunda, mediante sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, dispuso que el régimen de transición debía aplicar el principio de
inescindibilidad normativa, en el entendido de que el «monto», salvaguardado en virtud
del cambio legislativo, constituía una unidad con el período de liquidación y los factores
enunciativos, no taxativos, previstos en el régimen pensional anterior26.
68. En un segundo momento, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, por
medio de sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, replanteó la tesis aplicada
por las subsecciones de la Sección Segunda y, en su lugar, consideró que la transición
establecida en el artículo 36 de la Ley 100 solo preservó los presupuestos de edad,
tiempo de servicio y porcentaje o tasa de reemplazo dispuestos en el régimen anterior
para quienes estaban próximos a pensionarse, sin que se pueda entender que el último
elemento incluye la aplicación del periodo y factores previstos en ese régimen, por no
formar parte del beneficio de la transición. En el anterior fallo se indicó lo siguiente:
Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen [de] transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
24 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 20 de abril de 1995.
25 Corte Constitucional, sentencias C-058 de 1998 y C-146 de 1998.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, exp. 0112-2009.
17
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 199327.
69. La Sala Plena de esta corporación indicó en esta sentencia que las reglas de
unificación «son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa, como, judicial, (…), De igual manera, debe precisarse que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. Las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley».
70. Sobre el particular, es oportuno precisar que el marco normativo y jurisprudencial
citado resultaba aplicable a los servidores de la Universidad de Antioquia, que por virtud
del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 fueron vinculados al Sistema General de
Pensiones a partir del 30 de junio de 1995, con la afiliación al ISS, entidad que asumió la
obligación pensional con cargo al bono que expidió el ente demandante en cada
caso28. La competencia para reconocer y pagar las pensiones de los servidores de la
Universidad está a cargo del fondo de pensiones al que se afiliaron en forma obligatoria
desde esa fecha29.
71. En este orden, se observa que la parte demandante asumió el pago temporal de
la diferencia en la mesada pensional de sus servidores como tercero interviniente en
la obligación pensional que el ISS tenía a su cargo a partir de la afiliación de los
empleados del nivel territorial al régimen general de pensiones, arguyendo la
necesidad de «procurar la efectividad de los derechos y principios constitucionales»
de sus empleados y bajo la condición de que los pensionados surtieran las actuaciones
administrativas y judiciales necesarias para que el fondo de pensiones asumiera la
mesada por el valor que el ente demandante consideraba ajustado a la legalidad.
3.4.3. Subrogación asumida por la Universidad de Antioquia
72. La Universidad de Antioquia, mediante la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia 00143 de 28 de agosto de 2018,
exp. 2012-00143-01.
28 ARTICULO 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o
empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad
de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o
condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad
Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.
También serán afiliados en forma obligatoria al Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, y se
regirán por todas las disposiciones contenidas en esta ley para todos los efectos, los servidores públicos que
ingresen a Ecopetrol, a partir de la vigencia de la presente ley.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 21 de abril de 2017, exp. 05001233300020140019401
(0804-2016); del 27 de abril de 2017, exp. 05001233300020140157301(0802-2016) y 050012333000201500110
01 (2366-2016); del 31 de enero de 2018, exp. 05001-23-33-000-2014-00058-02 (0341-17), y del 23 de octubre de
2020, exp. 05001-23-33-000-2014-00061-01(1088-17).
18
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
de 1999, asumió el pago de la diferencia de la mesada pensional de los servidores
docentes y no docentes de la institución educativa, generada por la inclusión de las
primas de navidad, vacaciones y semestral que, a su juicio, formaban parte del IBL
pensional calculado por el ISS en el acto de reconocimiento por medio del cual ordenó
el pago de la prestación a su cargo, por motivo de la afiliación de los empleados del
orden territorial al Sistema General de Pensiones dispuesta en el artículo 151 de la
Ley 100 de 1993.
73. En las consideraciones del acto general, la Universidad afirmó que, si bien el ISS
asumió el reconocimiento y pago de las pensiones, aquella debía proteger los
derechos de sus servidores para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual el ingreso base de liquidación
de las pensiones de jubilación de los beneficiarios de la transición a quienes les faltaba
menos de diez (10) años para adquirir el derecho, debía computarse con el promedio
de «todo lo devengado» en ese periodo.
74. Para la Universidad, el ISS desconoció la norma referida al calcular el IBL pensional
con los factores sobre los cuales el pensionado hubiera realizado cotizaciones, dado
que, en su opinión, constituía «certeza jurídica» la fórmula de liquidación según la cual
el cálculo debía incluir todo lo devengado, inclusive, las primas de navidad, vacaciones
y semestral. Bajo esta consideración, la institución educativa afirmó que «no se podía
negar o complicar el acceso a los derechos conseguidos por servicios prestados al
Estado, más aún cuando la pensión era un salario diferido». Asimismo, afirmó que
realizó diferentes gestiones ante el ISS para que liquidara las pensiones según el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin lograr una respuesta positiva.
75. En este orden, la Universidad dispuso en el acto general de subrogación que debía
darle cumplimiento a la ley, en el sentido de cubrir la diferencia causada por motivo de
la liquidación de la pensión, mientras el ISS asumía esta obligación con la inclusión de
todos los factores devengados por el pensionado. Así, dispuso que se «subrogaría en
la cuota parte de la obligación» que el ISS no reconocía, para «procurar la efectividad
de los derechos y principios constitucionales de sus servidores».
76.Este acto fue reglamentado por la Resolución 16628 del 25 de junio de 1999, en el
sentido de determinar que los destinatarios de esta subrogación serían los empleados
públicos docentes y no docentes beneficiarios del régimen de transición, que les faltara
menos de diez años para adquirir el derecho al momento de entrar en vigor la Ley 100
de 1993. La Universidad pagaría a los jubilados la obligación de reliquidación que se
encontraba a cargo del ISS con las consecuencias previstas en el artículo 1670 del
Código Civil30. En este orden, asumió el pago de la diferencia que resultó de aplicar el
75% al promedio de todo lo devengado durante el último año de servicio y el valor de
30 «La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y
privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera terceros,
obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda».
19
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
la pensión que liquidó el ISS, solo por el tiempo que tardara el instituto en asumir la
obligación en el trámite administrativo o en cumplimiento de una orden judicial.
77. El acto de subrogación general fue derogado por la Resolución rectoral 35823 del
17 de octubre de 2012, al considerar que la Universidad partió del supuesto
equivocado de que existía certeza jurídica sobre el derecho a la reliquidación pensional
con la inclusión de todo lo devengado por sus servidores, sin tener en cuenta que la
obligación estaba a cargo del ISS, en forma exclusiva, y que la tesis referida fue objeto
de modificaciones jurisprudenciales que desvirtuaron esa afirmación.
78. El acto revocatorio de la «subrogación» puso de presente que el pago asumido por
la Universidad fue temporal, pues era el ISS el obligado a asumir la obligación
reclamada en las actuaciones administrativas y judiciales.
3.5. Análisis del caso concreto
3.5.1. Legitimación en la causa por pasiva
79. En el presente asunto, la apelante sostuvo que la Universidad de Antioquia al
asumir el pago de la diferencia pensional, en el marco de la subrogación prevista en
el artículo 1666 del Código Civil, pasó a ocupar la posición jurídica de los pensionados
frente a la administradora del régimen de prima media.
80. Desde esta perspectiva, en criterio de la apelante, la Universidad habría adquirido
los derechos que originalmente correspondían a los pensionados para exigir de
Colpensiones el pago íntegro de la prestación. Por esto, afirmó que la legitimación en
la causa por pasiva recaía en Colpensiones, entidad contra la cual debió dirigirse la
demanda, por ser quien debía garantizar el reconocimiento y pago completo de la
pensión.
81. Del análisis de las razones expuestas por el apoderado de la señora Marín Álvarez
para justificar la supuesta legitimación en la causa por pasiva de Colpensiones, se
destaca el hecho de que estima que la anterior entidad es la que debe garantizar el
pago completo de la pensión, circunstancia que motivó la expedición del acto acusado,
en virtud de la cual la institución educativa asumió por iniciativa propia el pago de la
diferencia.
82. A juicio de la Sala la demandada pierde de vista que la institución educativa con
el proceso de la referencia en manera alguna pretende que Colpensiones le pague a
la señora Marín Álvarez su mesada pensional en un monto superior al reconocido y/o
que se reliquide esta. Tampoco que sea Colpensiones quien en adelante asuma la
obligación que se arrogó la institución educativa con el acto acusado. En suma, no
formuló alguna pretensión contra la referida administradora del régimen de prima
media, que permita considerar que la demanda está dirigida contra ella, o que resulta
indispensable su comparecencia para la resolución de la controversia.
20
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
83. Es más, al analizar el acto cuya nulidad se solicita – la Resolución 424 del 23 de
septiembre de 2004–, tampoco se evidencia que haya adoptado alguna decisión
respecto del ISS, hoy Colpensiones, como para considerar que al cuestionarse su
legalidad se está afectando a la anterior entidad. Simplemente se evidencia que a
través de aquel la institución educativa se comprometió a pagar una suma de dinero
en favor de la señora Marín Álvarez, hasta que el ISS por iniciativa propia u orden
judicial lo haga. Para mayor ilustración se transcribe la parte resolutiva de la resolución
controvertida31:
84. Vale la pena aclarar, que las afirmaciones consistentes en que la Universidad
asume el referido pago hasta que el ISS lo haga por iniciativa propia u orden judicial,
no suponen la imposición de una obligación o el reconocimiento de un derecho en
cabeza de la administradora del régimen de prima media, sino simplemente la
condición temporal que la institución educativa se fijó al asumir motu proprio una carga
prestacional en favor de la demandada, de manera que la petición de nulidad del acto
acusado afecta única y exclusivamente a su beneficiaria, es decir, a la referida
ciudadana, más no a Colpensiones.
85. Es esta decisión unilateral de la Universidad de Antioquia, y no el acto de
reconocimiento pensional expedido por el ISS, la que constituye el núcleo del debate
judicial. Así se desprende con claridad de las pretensiones de la demanda, que se
dirigen a: (1) obtener la nulidad de la Resolución 424 de 2004 expedida por la
Universidad de Antioquia, y (2) lograr, como restablecimiento del derecho, la
restitución de las sumas que la Universidad pagó con base en dicho acto. En ningún
momento se solicita que Colpensiones asuma el pago de las diferencias reclamadas,
ni se controvierte la legalidad de la resolución mediante la cual el ISS reconoció la
pensión de jubilación.
31 Samai,índice 02, contenido en la carpeta «5ED_EXP DIGITA_000202102093DIGITALz(.zip) NroActua 2»,
documento «1. Resolución 424 del 23 de septiembre de 2004».
21
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
86. Desde esta perspectiva, Colpensiones no es destinataria de las pretensiones ni
resultaría afectada por la eventual declaratoria de nulidad del acto acusado, pues el
efecto del fallo se limita a determinar si la Universidad podía o no asumir válidamente
una obligación.
87. En consecuencia, no existe falta de legitimación en la causa por pasiva derivada
de la no vinculación de Colpensiones, dado que no es parte necesaria para la
resolución del litigio, no es el sujeto llamado a responder, a partir de la relación jurídica
sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia32.
3.5.2. De la supuesta ineptitud de la demanda
88.Frente a este asunto, la parte demandada a través del recurso de alzada sostuvo
que el Tribunal erró al estimar innecesaria la solicitud de nulidad contra la Resolución
12094 de 1999 emitida por la Rectoría de la Universidad de Antioquia, pues dicho acto
constituye el fundamento «genético» de la resolución demandada.
89. En criterio de la apelante, ambas conforman un complejo decisorio inseparable
que debía ser cuestionado en su integridad. Afirmó que la Resolución 12094 de 1999,
a pesar de que fue derogada, continuó generando efectos ultractivos y consolidó
situaciones jurídicas que no podían desconocerse sin su previa anulación.
90. En ese orden de ideas, le corresponde a la Sala resolver si la demanda incurrió
en ineptitud sustantiva por no haber solicitado la nulidad de la Resolución Rectoral
12094 de 1999, acto administrativo de carácter general que, según la apelante,
constituye el fundamento del acto particular demandado.
91. Desde la perspectiva del control de legalidad, es pertinente resaltar que según el
artículo 138 del CPACA se podrá pedir que se declare la nulidad de un acto
administrativo particular y se restablezca el derecho cuando una persona se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica. Asimismo, se
recuerda que los actos particulares pueden ser demandados de forma autónoma
cuando contienen una decisión propia, que generan efectos jurídicos directos y no se
limitan a ejecutar mecánicamente un acto general.
92.En este caso, la Resolución 424 de 2004 no se limita a reproducir el contenido
normativo del acto general de subrogación, sino que define la situación particular y
concreta de la señora María Haydée Marín Álvarez, estableciendo en su favor una
suma mensual de dinero a la que se comprometió a pagar la Universidad, y las
32 Sobre la legitimación en la causa por pasiva esta corporación ha señalado: «La legitimación material en la causa
vincula a las partes demandante –legitimación activa– y demandada –legitimación pasiva– con el objeto de la litis
y es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las
excepciones.(…),Desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico procesal, la legitimación supone la condición
de ser el sujeto llamado a responder, a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto
de controversia». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 21 de mayo de 2021, Rad.
11001-03-26-000-2012-00033-00(43710), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
22
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
condiciones de reconocimiento de esta. Esto como producto de analizar en detalle su
situación pensional y el monto exacto que se omitió al liquidar la pensión, de manera
tal que se está frente una decisión de la administración que produjo efectos jurídicos,
y no ante un mero acto de ejecución, pese a que la institución educativa con
anterioridad, en la referida resolución rectoral, indicó que se subrogaría en beneficio
de empleados como la demandada.
93. Desde luego, no se pasa por alto que el acto acusado como parte de su
fundamento hizo alusión a la Resolución Rectoral 12094 de 1999, indicando que
mediante esta «la Universidad resolvió subrogarse en la parte de la obligación que
tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Social con los servidores de la Universidad
en régimen de transición, que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de 10 años para adquirir su derecho, de liquidarle sus pensiones según el
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello».
94. Sin embargo, debe distinguirse que una circunstancia es el hecho de que la
institución educativa en un primer momento haya decidido asumir la referida carga
respecto de los empleados en las anteriores condiciones a través de un acto general,
y otra que con posterioridad haya analizado la situación particular de cada uno de
estos, por ejemplo, la demandada, en aras de fijar de manera concreta la suma de
dinero que se comprometía a pagar, dependiendo de la situación pensional de cada
uno de ellos.
95. Esta distinción es relevante, en la medida que permite identificar dos tipos de
decisiones, que aunque están relacionadas tienen finalidades y efectos distintos, una
de carácter general mediante la cual la Universidad expone las razones por las cuales
decidió asumir una obligación respecto de un sector de sus empleados, y otra que se
ocupa del análisis de cada uno de ellos, asumiendo obligaciones precisas y concretas
frente estos, a partir de las cuales se cancelaron sumas determinadas de dinero, y,
por ende, que produjo efectos jurídicos frente a ciudadanos específicos, decisiones
cuya nulidad puede solicitarse para garantizar la legalidad del ordenamiento jurídico y
eventualmente reparar los daños causados, análisis para el cual no es indispensable
solicitar la nulidad del referido acto administrativo de carácter general, esto es, que se
defina sobre la permanencia de este en el ordenamiento jurídico.
96. Esto es así en la medida que el acto administrativo particular surgió a la vida
jurídica y produjo efectos jurídicos frente a la institución educativa y la demandada, en
el instante que la primera se comprometió en términos claros y precisos a pagar una
suma de dinero en favor de la segunda, obligación que se materializó, se concretó con
la resolución acusada, no con el acto general, debido a que a través de este no se
abordó la situación particular de la señora María Haydée Marín Álvarez, de manera tal
que es viable decidir sobre la legalidad del primero, sin que necesariamente deba
pedirse la nulidad del segundo.
23
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
97. Dicho de otro modo, en términos de permanencia en el ordenamiento jurídico de
los actos administrativos, es posible únicamente decidir sobre la nulidad de la decisión
de carácter particular, es decir, la que se circunscribe a la situación de la anterior
ciudadana, sin que para tal efecto también deba definirse si el acto general debe o no
anularse.
98. En este punto vale la pena recordar que la petición de declaratoria de nulidad de
un acto administrativo, a través de los distintos medios de control previstos en el
CPACA, conlleva la depuración del ordenamiento jurídico, a fin de que la decisión
cuestionada deje de hacer parte de este con efecto erga omnes, es decir, frente a
todos o respecto de todos, como lo indica el artículo 189 del CPACA33. Distinto ocurre
como la petición o la posibilidad que existe de inaplicar por inconstitucional o ilegal un
acto administrativo, escenario en el que no se está buscando la depuración del
ordenamiento jurídico en término generales y frente a todas las personas, sino
simplemente que una decisión de la administración no se aplique a una situación
particular y respecto de personas concretas, como lo señala el artículo 148 del mismo
estatuto34.
99. Se realizan las anteriores consideraciones en aras de precisar que la intención de
la Universidad de Antioquia es que se defina la permanencia en el ordenamiento
jurídico de la Resolución 424 de 2004, que se circunscribe a la situación de una de
sus empleadas, más no que dicha pretensión se extienda a la Resolución Rectoral
12094 de 1999. También, en aras de reiterar que para decidir sobre la nulidad del acto
administrativo particular, no es imperativo que se defina la permanencia en el
ordenamiento jurídico, con efecto erga omnes, del acto general que es fundamento
del primero.
100. Ahora bien, lo anterior no significa que en el análisis de legalidad del acto
administrativo particular no puedan revisarse sus fundamentos, entre ellos la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, pero sin perder de vista dos situaciones:
(1) que en los términos del debate planteado por las partes –en especial la
demandante–, no se está discutiendo sobre la anulación del acto general, esto
es, su exclusión del ordenamiento jurídico con efectos para todas las personas.
(2) que es posible, a la luz del artículo 148 del CPACA, que se analice a petición
de parte o de oficio, sobre la necesidad inaplicar el acto administrativo general,
única y exclusivamente para el caso concreto.
33 «ARTÍCULO 189. EFECTOS DE LA SENTENCIA. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo
en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. (…)»
34 «ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los
actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro
del cual se adopte.»
24
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
101. En suma, resultaba válido que la parte demandante, a través del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, únicamente solicitara la nulidad del acto
administrativo particular sobre la situación de la señora Marín Álvarez. Dicho de otro
modo, no incurrió en error alguno al formular las pretensiones y no incluir la exclusión
del ordenamiento jurídico, con efectos erga omnes, de una de las decisiones que hace
parte de los fundamentos del acto enjuiciado.
102. Perder de vista la distinción entre los actos administrativos particulares y los
generales que fundamentan los primeros, así como la posibilidad de acudir a la
jurisdicción únicamente para solicitar la nulidad de los primeros, supondría considerar
que toda decisión con efectos particulares y concretos que dicte la administración,
invocando como sustento una decisión de naturaleza general, no es susceptible de
control judicial de forma independiente, que siempre debe requerirse para su estudio
la petición de nulidad de los actos administrativos generales que eventualmente tuvo
en cuenta, aunque los medios de control previstos en el CPACA, mediante los cuales
es procedente la nulidad de los actos administrativos particulares35, no imponen dicha
exigencia para emprender el estudio correspondiente.
103. Por el contrario, al revisar el anterior estatuto salta a la vista la intención del
legislador de distinguir entre actos administrativos particulares y generales, y la
posibilidad de solicitar de forma conjunta o independiente la nulidad de ambos o solo
uno de ellos, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto
y las exigencias legalmente previstas para emprender su estudio, por ejemplo, el
término de caducidad cuando sea exigible.
104. Por esto, no se configura la ineptitud sustancial de la demanda por el hecho de no
haberse demandado la resolución general que sirvió de antecedente a la expedición
del acto particular acusado. Ello, por cuanto la Resolución 424 del 23 de septiembre
de 2004 constituye un acto administrativo particular y concreto, dotado de autonomía
jurídica, mediante el cual la Universidad de Antioquia creó una situación jurídica
individual al ordenar el pago de una diferencia en la mesada pensional a favor de la
señora María Haydée Marín Álvarez.
105. Adicionalmente, se reitera que los cargos formulados por la parte demandante se
dirigen exclusivamente contra la legalidad del acto particular, en ningún momento se
pretende la anulación de la Resolución Rectoral 12094 de 1999, ni de la Resolución
16628 del mismo año que la reglamentó, ni se formulan reproches autónomos contra
su contenido general y abstracto.
106. Por tanto, exigir la nulidad del acto general como presupuesto para el control del
acto particular implicaría imponer una carga procesal no prevista en el ordenamiento
jurídico y contraria al principio de acceso a la administración de justicia. El juez
35 Ver por ejemplo los artículos 137, 138 y 139 del CPACA.
25
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
contencioso-administrativo puede y debe examinar la legalidad del acto particular
acusado a la luz del ordenamiento superior, incluso valorando de manera indirecta el
acto general que le sirve de fundamento, sin que ello suponga la necesidad de su
anulación previa.
107. En este orden de ideas, el estudio de fondo de la legalidad de la Resolución 424
del 23 de septiembre de 2004 puede adelantarse, sin que la omisión de demandar la
resolución general configure ineptitud de la demanda.
3.5.3. De la falta de competencia para dictar el acto acusado
108. Resueltos los dos primeros problemas jurídicos planteados, corresponde a la
Sala analizar el aspecto principal de la controversia, la competencia o no de la
Universidad de Antioquia para dictar el acto acusado, mediante la cual motu proprio
decidió asumir el pago de una parte de la mesada pensional de la demandada mientras
el ISS, hoy Colpensiones, por iniciativa propia u orden judicial realizaba el pago
correspondiente de manera total. Sobre el particular, se observa lo siguiente:
109. La Universidad de Antioquia, mediante la Resolución 424 del 23 de septiembre
del 200436, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución rectoral 12094 del 4 de
mayo de 199937, ordenó pagar a favor de la demandada el valor del resultado de la
aplicación del IBL establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por la suma de
$649.908 mensuales a partir del 26 de abril de 2004. Esto como consecuencia de
considerar que las primas de navidad, de vacaciones y semestral debían incluirse para
calcular el monto de la pensión.
110. El cálculo de la diferencia pensional que la Universidad de Antioquia asumió de
manera temporal por la inclusión de las primas de navidad, de vacaciones y semestral
devengadas por la demandada durante el periodo que le hacía falta para pensionarse,
fue realizado por la institución educativa conforme a lo previsto en el inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así:
Acto de reconocimiento pensional Acto de subrogación
ISS Universidad de Antioquia – caso en
Resolución 10233 del 22 de junio de 200438 concreto
Resolución 424 del 23 de septiembre de 2004
Semanas cotizadas: 1.375,7. Monto: 75%.
Monto: 75%.
IBL: $3.452.890 (factores de cotización).
36 Samai, índice 02, contenido en la carpeta «5ED_EXP DIGITA_000202102093DIGITALz(.zip) NroActua 2»,
documento «1. Resolución 424 del 23 de septiembre de 2004».
37 Samai, índice 02, contenido en la carpeta «5ED_EXP DIGITA_000202102093DIGITALz(.zip) - 002 PRUEBAS
APORTADAS CON LA DEMANDA», documento «5. RESOLUCION RECTORAL 12094 DE 1999».
38 Disponible en: Samai, índice 02, contenido en la carpeta «5ED_EXP DIGITA_000202102093DIGITALz(.zip)
NroActua 2», documento «4. Apartes hoja de vida - María Haydée Marín Álvarez», p. 4-8.
26
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
IBL de las primas de servicios, vacaciones y de
Cuantía de la prestación: navidad que no fueron incluidas al reconocer la
$2.589.668 (a partir del 26 de abril de 2004). pensión: $866.544.
75% de la anterior cifra: $649.908
Diferencia que se subrogó la Universidad:
$649.908 a partir del 26 de abril de 2004.
Tabla 1. Actos de reconocimiento pensional ISS y subrogación Universidad de Antioquia (elaboración propia)
111. Ahora bien, según se analizó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
sentencia, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 1068 de 1995, a
más tardar el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos, incluido el personal
de las universidades oficiales e instituciones de educación superior, debían estar
afiliados a uno de los dos regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993. Por
ende, a partir de esa fecha, la entidad competente para reconocer y pagar las
pensiones, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, era la
administradora de pensiones que recibiera las cotizaciones de dichos servidores, ya
fuera el ISS como administrador del régimen de prima media o los fondos privados que
hacían lo propio con el régimen de ahorro individual.
112. En este orden de ideas, se advierte que la Universidad de Antioquia carecía de
competencia para pronunciarse acerca del reconocimiento del derecho pensional de
la demandada y específicamente, en lo relacionado con el presunto derecho que le
asistía a una mesada mayor a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de
factores salariales devengados por ella no computados por la administradora de
pensiones. Ello, en tanto la obligación concernía al ISS, como ente de previsión al que
se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.
113. Al respecto, se destaca que esta última entidad fue la que reconoció a favor de
la accionada una pensión de jubilación, a través de la Resolución 10233 del 22 de junio
de 2004. Por consiguiente, era el ISS quien tenía la competencia para definir si a la
demandada se le debía incluir en el IBL lo correspondiente a las primas de navidad,
de vacaciones y semestral, en los términos de la Ley 100 de 1993 y la normativa
anterior a esta, aplicable en virtud del régimen de transición del artículo 36 ibidem.
114. Por otra parte, en cuanto a los efectos de la Resolución rectoral 12094 de 1999
expedida por la Universidad de Antioquia, sobre la subrogación parcial en la obligación
pensional a cargo del ISS, y en la cual se fundamentó el acto acusado, se advierte
que, aun cuando esta no fue objeto de declaratoria de nulidad en el presente caso, así
como tampoco ha sido anulada por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
27
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
esta Subsección en sentencia del 22 de octubre de 2018 39 decidió inaplicarla por
inconstitucional en un asunto similar, al señalar que:
[…], pese a que el acto administrativo, que aquí se demanda, tuvo además como
fundamento la Resolución rectoral 12094 de 4 de mayo de 1999 de la misma Universidad
de Antioquia, la cual, como lo aduce el accionado, no fue objeto del presente medio de
control ni ha sido anulada por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cierto
es que en virtud de la excepción de inconstitucionalidad resulta dable inaplicarla para el
caso concreto, conforme al artículo 4º superior, («En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»), comoquiera que la función de establecer el régimen prestacional de
los servidores públicos está reservada al Congreso de la República y al Gobierno
Nacional, pero este último bajo los lineamientos del legislador, por lo que el ente
universitario carecía de atribución para asumir una obligación de carácter pensional motu
proprio, sin que mediara norma emitida por la autoridad constitucionalmente competente
frente,a,la,materia ,que,así,lo,determinara.,[…].
115. Sobre el punto, la Constitución Política de 1991 prevé en el artículo 150 numeral
19, literal e, que el Congreso de la República tiene la competencia de dictar normas
generales en relación con la fijación de los regímenes salariales y prestacionales de
los servidores públicos, entre otros, y en ejercicio de dicha potestad expidió la Ley 4
de 199240, que reglamentó en sus artículos 10 y 12 lo siguiente:
ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo
las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos.
ARTÍCULO 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades
territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y
objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.
PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.
116. Por su parte, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la
última,norma ,«[…],siempre,que,se,entienda,que,las,facultades,conferidas,al,gobierno,
se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de los empleados
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22
de octubre de 2018, Rad. 05001233300020140006302 (1074-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
40 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.
28
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales
territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades
territoriales,[…]»41.
117. Conforme lo expuesto, se considera que la Resolución Rectoral 12094 de 1999
emitida por la Universidad de Antioquia es inconstitucional, por cuanto se expidió con
desconocimiento de las competencias que la Constitución Política le confiere al
Congreso de la República y al Gobierno nacional en materia de prestaciones sociales
de los servidores públicos del orden territorial. Por tal motivo, al haberse expedido en
contravía de lo dispuesto en la Carta Política, resulta procedente su inaplicación.
118. La anterior precisión es relevante en la medida que cuando se profirió el acto
acusado la referida resolución rectoral que era su fundamento estaba vigente, pues
solo fue derogada en el año 2012, como se expuso en el marco normativo de esta
providencia.
119. Así las cosas, le asiste razón al Tribunal al haber declarado la nulidad del acto
acusado, toda vez que se profirió sin competencia, comoquiera que, la Universidad de
Antioquia no tenía la facultad legal ni constitucional para reconocer, en todo o en parte,
pensión alguna a sus empleados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, ni asumir obligación alguna en forma de subrogación; máxime cuando adoptó
tal decisión con sustento en un acto administrativo contrario a la Constitución Política,
como se ha indicado en anteriores oportunidades.
120. Ahora bien, frente a la conclusión de la falta de competencia de la Universidad
de Antioquia para dictar el acto acusado, a la que también llegó el juez de primera
instancia, la parte demandante expuso algunas consideraciones tendientes a justificar
la necesidad y/o validez de aquel, entre las que se destaca que la institución educativa
no realizó de manera completa los aportes a seguridad social a favor de sus
empleados, o que no adelantó las acciones administrativas y judiciales pertinentes
para que el ISS recibiera las cotizaciones correspondientes o se responsabilizara de
pagar las mesadas pensionales teniendo en cuenta las referidas primas.
121. Sobre el particular, advierte la Sala que el correcto proceder o no de la
Universidad de Antioquia o del ISS –hoy Colpensiones– sobre la situación pensional
de los empleados de la primera, no suple reemplaza o inhabilita la competencia de las
administradoras de pensiones para definir las situaciones atinentes a su
reconocimiento o reliquidación, pues tal facultad deviene directamente de la ley, de
manera tal que la buena intención que pudo tener la Universidad de brindar un margen
de protección sus trabajadores, y/o el presunto incumplimiento de las obligaciones a
su cargo, no constituyen razones avaladas por el ordenamiento jurídico para arrogarse
la potestad de definir parcialmente situaciones pensionales que dejaron de ser de su
resorte, como se expuso con anterioridad.
41 Sentencia C-315 de 1995.
29
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
122. La misma conclusión se predica de las consideraciones desarrolladas sobre la
existencia del acto acusado al amparo del Resolución Rectoral 12094 de 1999
mientras estuvo vigente, debido a su falta de consonancia con el ordenamiento
superior, por lo que tampoco es de recibo que a partir de una actuación contraria a
este pretenda mantenerse válido el acto acusado, lo que implicaría que la demandada
continúe recibiendo una suma de dinero relacionada con su mesada pensional, cuyo
reconocimiento no le compete efectuarlo a la institución educativa demandante.
123. Además, se recuerda que en primera instancia solo se declaró la nulidad de la
resolución mediante la cual la Universidad asumió frente a la demandada la obligación
de pagarle una suma de dinero atinente a una presunta diferencia en su mesada
pensional, más no se ordenó que aquella devolviera lo que percibió por tal concepto,
debido a que no se acreditó que lo devengó de mala fe, lo que se acompasa con el
artículo 164 numeral 1 literal c) del CPACA, que prevé que cuando la demanda «[s]e
dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas,[…],no,habrá,lugar,a,recuperar,las,prestaciones,pagadas,a,particulares,de,
buena fe».
124. Lo anterior significa que el fallo de primera instancia al anular el acto acusado
pero negar la devolución de las sumas pagadas, no desatiende el contexto en el que
se dictó, como se estima en la apelación, por el contrario, en consideración a él
subrayó que fue producto de la decisión que por iniciativa propia en su momento
adoptó la Universidad de Antioquia, sin que se evidencie que en ella haya tenido
injerencia indebida la demandada, de manera tal que no es procedente condenarla a
devolver lo que recibió de buena fe. Sin embargo, esto no significa que a partir de esa
circunstancia se permita que continúe percibiendo una acreencia que es producto de
una decisión dictada sin competencia, fundada en un acto general que debe
inaplicarse porque no se acompasa al ordenamiento superior.
125. Finalmente, vale la pena precisar que, en el escrito de apelación, en relación
con la resolución rectoral y las decisiones dictadas con ocasión a esta –como la
controvertida en esta oportunidad–, se hace alusión a situaciones inmodificables
respecto de las cuales operó la cosa juzgada, para lo cual se señala que la Resolución
12094 de 1999 no fue declarada nula por el Consejo de Estado, luego de analizarla en
la sentencia del 16 de abril de 2015, proceso 2009-01178.
126. Al revisar la anterior providencia42, se observa que se ocupó de una demanda
de simple nulidad contra el artículo 1.º de la Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999
proferida por el Rector de la Universidad de Antioquia, porque la referida subrogación
solo amparaba a los empleados del régimen de transición que les faltara menos de 10
años para pensionarse, circunstancia que la asociación de profesores de la institución
42 Dictadapor el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Rad. 05001-23-31-000-2009-01178-
01(1235-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
30
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
educativa consideraba discriminatoria frente a los empleados que les faltara más
tiempo para adquirir la pensión.
127. Dicha demanda fue negada en primera y segunda instancia, debido a que no
se advirtió trato discriminatorio porque la resolución rectoral solo se ocupara de la
situación de los empleados que les faltarán más de 10 años para pensionarse 43 ,
análisis en el que en forma alguna se abordó la situación que se destaca en el presente
proceso, esto es, la competencia de la Universidad para asumir una obligación
pensional después de la Ley 100 de 1993, razón por la cual a partir de dicho
antecedente no puede predicarse la existencia de un pronunciamiento con fuerza de
cosa juzgada que habilite a la institución educativa a continuar con el pago de una
acreencia pensional después de la entrada en vigor de la anterior norma.
128. Es más, se destaca que el fallo del 16 de abril de 2015 aclaró que el análisis se
circunscribía al presunto trato discriminatorio alegado, sin entrar en «consideraciones
sobre la legalidad de la norma en general», porque «no es materia de debate en este
proceso», por lo que no es de recibo inferir a partir de él la existencia de una decisión
que haya avalado la competencia de la Universidad de Antioquia para dictar
resoluciones como la cuestionada en esta oportunidad, pues se insiste, tal aspecto no
fue abordado en el proceso que dio lugar a la anterior sentencia.
3.6. Conclusión de la decisión
129. En suma, la Sala reitera, a partir del régimen pensional de los servidores públicos
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, que la Universidad de
Antioquia carecía de competencia para asumir el pago de las presuntas diferencias en
las mesadas pensionales a favor de la accionada.
130. Asimismo, concluye que la demanda se dirige exclusivamente contra la legalidad
del acto administrativo particular expedido por la Universidad de Antioquia, sin que
Colpensiones sea destinataria de las pretensiones ni parte necesaria para la resolución
del litigio, por lo que no se configura falta de legitimación en la causa por pasiva.
131. De igual forma, no existe ineptitud sustancial de la demanda, toda vez que la
legalidad del acto particular puede examinarse de manera autónoma, sin que resulte
jurídicamente exigible la petición de nulidad del acto general que le sirve de
43 Sobre el particular, el mencionado fallo del 16 de abril de 2015 concluyó: «Como lo advirtió el Tribunal
Administrativo de Antioquia, los apartes de la norma que se demanda al momento de expedirse - 4 de mayo de
1999 -, en ningún momento estaba creando una discriminación o vulnerando el principio de la igualdad, dado que
estaba dando un tratamiento igualitario a un grupo de personas que se encontraban en los supuestos fácticos
establecidos en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que para la Universidad existía la absoluta
certeza que esos servidores tenían derecho a que su pensión se liquidase en forma diferente a como lo estaba
haciendo el Seguro, y que para la época en que se emitió el acto era plenamente justificable dicha interpretación.
Si bien con posterioridad a la expedición del acto, las altas Cortes se han pronunciado sobre la interpretación que
debe dársele al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y las normas que gobiernan el régimen de transición, verbi gracia
como lo menciona el recurrente Acto Legislativo No. 01 de 2005; cualquier tipo de interpretación no conllevaría a la
nulidad de los apartes del acto administrativo demandado, se repite, porque las consideraciones sobre la legalidad
de la norma en general, no es materia de debate en este proceso».
31
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
antecedente.
132. Por consiguiente, se confirmará la sentencia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, aunque se adicionará en el sentido de inaplicar por
inconstitucional la Resolución Rectoral 12094 de 1999 expedida por la Universidad de
Antioquia, debido a que el Tribunal no efectuó un pronunciamiento expreso sobre el
particular.
4. Costas
133. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 44 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 31 de julio de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
Segundo. Adicionar la sentencia mencionada, en el sentido de inaplicar por
inconstitucional la Resolución Rectoral 12094 de 1999 expedida por la Universidad de
Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
44 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
32
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02093-02 (3221-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandada: María Haydée Marín Álvarez
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
33
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.