Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02102-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02102-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-02102-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 05001-23-33-000-2021-02102-02 (3727-2023)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandado : Carlos Arturo Ramírez Gómez
Tema : Reconocimiento diferencia pensional. Subrogación de la
: entidad empleadora.
Decisión Confirmar sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 30 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Oralidad, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. La Universidad de Antioquia, actuando por intermedio de apoderado, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anule el acto
administrativo por medio del cual se ordenó pagar a favor de Carlos Arturo Ramírez
Gómez el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no hubiera sido reconocido por
el Instituto de Seguros Sociales (ISS), desde el 14 de junio de 2005 hasta que dicha
entidad lo hiciera bien motu proprio o por orden judicial.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la parte demandada restituir
a la Universidad de Antioquia, de manera indexada, las sumas pagadas con ocasión de
la expedición del acto acusado, esto es, desde el 14 de junio de 2005 hasta el 31 de
octubre de 2021, que corresponden a $ 225.328.042, más los valores que se generen
hasta que la sentencia se encuentre en firme y la condena en costas.
3. Expuso los siguientes argumentos: Carlos Arturo Ramírez Gómez estuvo vinculado
como docente en la Universidad de Antioquia. Previo a la expedición de la Ley 100 de
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Demandante: Universidad de Antioquia
1993, la Universidad reconocía directamente las pensiones de vejez a su personal
docente y administrativo, sin realizar ningún descuento por aportes pensionales.
4. Que partir del 30 de junio de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, la Universidad afilió a sus empleados al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y
comenzó a realizar los aportes correspondientes.
5. Que históricamente y sin efectuar descuentos, había reconocido la pensión con base
en todo lo devengado por sus empleados. De acuerdo con el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, la Universidad interpretó que quienes se encontraran en
régimen de transición y les faltaran menos de diez años para adquirir la pensión al
momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, debían tener una
pensión liquidada por el ISS con base en todos los factores salariales devengados. Bajo
esa convicción, la Universidad realizó cotizaciones incluyendo todos los factores
salariales.
6. El 21 de agosto de 2001 la Universidad solicitó formalmente al ISS que reconociera y
pagara las pensiones incluyendo todos los factores devengados como parte del IBL a
quienes cumplían las condiciones mencionadas. El ISS negó esta petición mediante
comunicación del 25 de febrero de 2002, indicando que los factores que integraban el IBL
eran taxativos y excluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.
7. Con ocasión de esta negativa, la Universidad expidió la Resolución 12094 de 1999,
adoptando la interpretación favorable del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Con esta resolución, decidió subrogarse provisionalmente en la obligación que
consideraba correspondía al ISS, mientras se agotaban las vías judiciales
correspondientes, con el fin de evitar perjuicios económicos a los beneficiarios.
Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999, precisó quiénes
serían los destinatarios de dicho beneficio.
8. El 11 de mayo de 2006 reconoció y autorizó el pago de un bono pensional a favor de
la parte demandada por $ 406.483.000, que fue consignado al ente previsional en
mención.
9. Que el ISS reconoció al demandado, mediante Resolución 13516 del 21 de junio de
2006, pensión de vejez por valor mensual de $ 2.901.236, excluyendo del ingreso base
de liquidación (IBL) las primas de navidad, servicios y vacaciones. Frente a dicha
exclusión y con fundamento en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, la Universidad de
Antioquia expidió la Resolución 572 del 15 de septiembre de 2006, ordenando pagar a la
parte demandada la diferencia existente entre la pensión otorgada por el ISS y la que
resultaría de aplicar el IBL incluyendo todos los factores salariales omitidos por la entidad
previsional.
10. Señaló que aunque inicialmente había interpretado el inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 diferenciando los conceptos de lo «devengado» y lo «cotizado», con
la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 quedó establecido que las pensiones deben
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Demandante: Universidad de Antioquia
liquidarse exclusivamente con base en lo efectivamente cotizado, poniendo en cuestión
la posibilidad anterior de incluir todos los factores devengados. En apoyo de esta
afirmación citó diversas providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal
Superior de Medellín que analizaron específicamente los factores salariales a considerar
en la liquidación pensional para los beneficiarios del régimen de transición.
11. También que la Ley 100 de 1993 estableció para los empleadores de los sectores
público y privado la obligación de afiliar a su personal al Sistema General de Pensiones.
En consecuencia, con la expedición del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, todas
las personas con vínculo laboral vigente ya debían estar afiliadas al sistema desde el 1.°
de julio de 1995. De esta manera, solo continuaban a cargo de la Universidad aquellas
personas que, al 31 de diciembre de 1996, ya hubiesen cumplido tanto la edad como el
tiempo de servicios exigidos, o que en esa fecha se encontraran retiradas de la entidad
con el tiempo de servicios cumplido, en espera únicamente de alcanzar la edad requerida
para acceder a la pensión de vejez.
12. Finalmente, sostuvo que el demandado en este caso no se encontraba dentro de los
supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, que permitirían considerar
alguna obligación pensional en cabeza de la Universidad, dado que al 31 de diciembre
de 1996 contaba únicamente con 46 años, es decir, no cumplía aún con el requisito de
edad exigido para acceder a la pensión de vejez.
Contestación de la demanda.
13. El demandado se opuso a las pretensiones formuladas en la demanda y afirmó que
el acto administrativo cuestionado se ajustó plenamente a derecho. En consecuencia,
sostuvo que su derecho pensional debe permanecer incólume, al tratarse de un derecho
adquirido, cierto, irrenunciable e imprescriptible, ya que la pensión de jubilación de los
beneficiarios del régimen de transición debe liquidarse tomando en cuenta el salario y
todos los factores salariales devengados.
14. Citó jurisprudencia que, a su juicio, obliga a los empleadores a asumir temporalmente
las obligaciones pensionales que las entidades administradoras (como el ISS) incumplan,
para evitar desproteger los derechos irrenunciables de los trabajadores (Sentencias T-
334/97, T-438/97 y T-357/98).
15. Alegó que la universidad no invocó causales de nulidad y que la decisión de asumir
la diferencia pensional fue expedida por la autoridad competente en ejercicio de sus
atribuciones legales, pues en calidad de empleadora es responsable del pago de los
aportes de sus empleados.
16. Propuso las excepciones de falta de conformación de litisconsorcio necesario
respecto a Colpensiones, derecho adquirido, legalidad del acto impugnado, falta de causa
para pedir, falta de tipificación de causales de nulidad, inexistencia de la causa invocada,
falta de interés, buena fe del demandado, mala fe de la entidad demandante, violación al
principio de progresividad, derecho a la seguridad social, falta de legitimidad en la causa
y prescripción.
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Demandante: Universidad de Antioquia
II. SENTENCIA APELADA.
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 572 de 2006 y negar las
demás pretensiones sin condena en costas. Fundamentó su decisión en la falta de
competencia de la Universidad de Antioquia para expedir actos de reconocimiento
pensional, responsabilidad que fue asumida por la Administradora de Pensiones. La
universidad tampoco podía establecer factores adicionales para el IBL, como las primas
de servicios, vacaciones y navidad, ya que la ley define los emolumentos que integran el
IBL.
18. Por otra parte, el Tribunal consideró que no se desvirtuó la buena fe de la parte
demandada, ya que el acto administrativo fue expedido de manera voluntaria por la
universidad, lo que excluye la obligación de devolver lo pagado.
19. Finalmente, en cuanto a la condena en costas, la autoridad judicial consideró que no
era procedente por tratarse de un asunto en el que se involucra el patrimonio estatal.
III. RECURSO DE APELACIÓN.
20. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación por la
parte demandada, quien argumentó que la Universidad de Antioquia nunca alegó tener
competencia para reconocer directamente pensiones después de la Ley 100 de 1993, ni
creó un régimen pensional propio. Por el contrario, asumió temporalmente el pago de la
obligación pensional del Instituto de Seguros Sociales (ISS), debido a la negativa de dicha
entidad a liquidar correctamente las pensiones de los empleados beneficiarios del
régimen de transición según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
21. Manifestó que la obligación real de reconocer y pagar las pensiones era del ISS. Ante
su incumplimiento, la Universidad actuó legítimamente, subrogándose de manera
temporal y provisional, con base en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, hasta que el
ISS cumpliera voluntariamente o por orden judicial con dicha obligación.
22. Consideró ser titular de un derecho adquirido a que se le reconociera la pensión
conforme al régimen de transición, según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33
de 1985, incluyendo todos los factores salariales devengados. Este derecho había sido
reconocido por la Corte Constitucional en sentencia C-168/95.
23. Destacó que el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, precisó claramente que, para los beneficiarios del régimen de transición, el ingreso
base de liquidación (IBL) debe incluir todos los factores salariales devengados en el
período correspondiente, reafirmando la legalidad del actuar de la Universidad al
subrogarse en dicha obligación.
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24. Afirmó que la sentencia apelada no reconoció erróneamente la validez jurídica de la
subrogación, figura plenamente reconocida en el ordenamiento civil colombiano, con la
cual la Universidad buscaba proteger derechos fundamentales, y no actuó en forma
arbitraria ni fuera del marco legal y constitucional.
25. Señaló que desde la entrada en vigor de la Ley 100, la Universidad tenía la obligación
de cotizar sobre todos los factores salariales, incluyendo las primas rechazadas por el
ISS, según lo establecieron los Decretos 691 y 1158 de 1994. Consideró que, de haber
incumplido este deber, la Universidad sería responsable por dicha omisión, lo cual
refuerza la legitimidad de su actuar provisional.
26. Concluyó señalando que la sentencia apelada desconoció el derecho fundamental a
la seguridad social en materia pensional, protegido constitucionalmente incluso en
estados de excepción (artículos 93 y 214, numeral 2, Constitución Política). Afirmó que
este derecho fundamental no puede ser afectado por discusiones administrativas entre
entidades públicas.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
27. Mediante auto proferido el 4 de abril de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.
28. Dentro de la oportunidad procesal, la parte demandada y el Ministerio Público
guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES.
Competencia.
29. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico.
30. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de primera instancia
incurrió en error al declarar la nulidad del acto administrativo mediante el cual la
Universidad de Antioquia asumió obligaciones pensionales que competían al ISS.
31. Para resolver el problema jurídico planteado, se abordará el análisis en dos aspectos
específicos: (i) Régimen jurídico aplicable al reconocimiento pensional de empleados
públicos universitarios, y (ii) Caso concreto.
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Demandante: Universidad de Antioquia
(i) Régimen jurídico aplicable al reconocimiento pensional de empleados públicos
universitarios
32. El Decreto 1848 de 1969 estableció que las pensiones de jubilación de los empleados
oficiales serían asumidas por la última entidad pública empleadora si no existía afiliación
a una entidad de previsión social. Posteriormente, con la expedición de la Ley 100 de
1993 y sus decretos reglamentarios (691 y 692 de 1994, y 2337 de 1996), se creó el
Sistema General de Seguridad Social Integral, ordenando la afiliación obligatoria de los
servidores públicos, incluidos los empleados de universidades estatales, al nuevo
sistema de pensiones. A partir del 30 de junio de 1995, la competencia para reconocer y
pagar pensiones de estos servidores quedó radicada en la administradora que hubiera
recibido las respectivas cotizaciones, cesando así la competencia directa de las
universidades estatales.
33. En consecuencia, tras la entrada en vigencia de los regímenes pensionales
establecidos en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales perdieron competencia
para el reconocimiento de pensiones de sus servidores, por lo que esta responsabilidad
quedó en cabeza de la administradora de pensiones que recibió o debía recibir las
cotizaciones1.
(ii) Caso concreto
34. El demandado prestó sus servicios como docente en la Universidad de Antioquia. El
14 de mayo de 1999, el ente educativo expidió la Resolución rectoral 120942 mediante la
cual se subrogó en una «obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
En su artículo primero dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de
transición, y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de diez
años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu propio, o
por orden judicial, asuma la misma.» (Resaltado original del texto)
35. Posteriormente, por medio de la Resolución 16628 el 25 de junio de 1999 el
vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia reglamentó la Resolución
rectoral 12094, precisando que sus destinatarios «son los jubilados: empleados públicos
docentes y los empleados no docentes de la Universidad de Antioquia, que se encuentren
en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de diez años para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y
pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta lo devengado por el
servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993». De
1 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de
2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.
2 La totalidad de las pruebas obran el expediente digital.
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Demandante: Universidad de Antioquia
igual manera estableció el monto, los requisitos, la duración y el pago de lo reconocido
en el mentado acto administrativo.
36. El 11 de mayo de 2006, la Universidad de Antioquia expidió la Resolución 233
mediante la cual reconoció a favor del señor Carlos Arturo Ramírez Gómez un bono
pensional por la suma de $ 414.128.000, correspondiéndole asumir $ 406.483.000 y al
ISS $ 7.645.000.
37. El 21 de junio de 2006, por medio de la Resolución 13516 el extinto ISS reconoció
una pensión de jubilación al señor Ramírez Gómez, condicionada al retiro del servicio,
en cuantía de $ 2.901.236.
38. El 15 de septiembre de 2006 la Universidad de Antioquia profirió la Resolución 572,
a través de la cual ordenó pagar a la parte demandada la diferencia entre lo reconocido
por el ISS y lo que resultaría de incluir las primas de navidad, vacaciones y semestral en
el IBL. Esta actuación se sustentó en el supuesto cumplimiento del inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
39. La Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 fue derogada posteriormente
mediante la Resolución rectoral 35823 17 de octubre de 2012.
40. Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del parágrafo 2° del Decreto 1068
de 1995, los docentes de las universidades oficiales e instituciones oficiales de educación
superior debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el
30 de junio de 1995. Desde esa fecha, la competencia para reconocer y pagar pensiones
recaía en la administradora de pensiones que hubiera recibido las cotizaciones de esos
servidores públicos, que en este caso era el ISS.
41. Por tanto, no era competencia de la Universidad de Antioquia pronunciarse sobre el
derecho pensional del accionado, ni respecto a lo relacionado al mayor valor del IBL, ya
que tales aspectos correspondían al ISS como administradora de las cotizaciones
realizadas por el demandado.
42. En línea con lo anterior, esta Subsección3 ha señalado en casos similares que las
universidades públicas no tienen competencia para ordenar el reconocimiento o
reliquidación de pensiones después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Específicamente, ha afirmado:
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional en
favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho que le
asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de factores
salariales devengados por el docente no computados por la administradora de pensiones,
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 15 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-000-2014-01330-02 (5286-19).
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facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales por tratarse del ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.
[…] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3 de
abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal de
expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la encargada
de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue declarado por el a quo.
43. En consecuencia, se confirmará la declaratoria de nulidad del acto administrativo
demandado, en tanto fue expedido por una autoridad sin competencia legal para disponer
el pago de sumas relacionadas con el reconocimiento pensional del accionado.
Condena en costas.
44. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se condenará
en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal de
conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley 2080 de 2021. De lo
anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear las reglas
establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la demanda
carecía de fundamento legal o no.
45. En el caso concreto, la Sala advierte que, si bien el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada no fue acogido, los argumentos en los que se sustentó
constituyen una postura jurídicamente razonable, orientada a controvertir la decisión de
primera instancia. Dicha actuación se enmarca en el ejercicio legítimo del derecho de
defensa y no revela un uso abusivo o improcedente del recurso. Por consiguiente, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
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Demandante: Universidad de Antioquia
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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