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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02110-02

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02110-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: INAPLICAR, para el caso concreto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el Primero (1º) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual, se declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control. TERCERO: En consecuencia, ORDENAR la devolución del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que profiera una nueva sentencia, en la que, se pronuncie de fondo sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones propuestas y los demás argumentos expuestos por las partes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: SIN CONDENA en costas en esta instancia. QUINTO: En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. 18 Número Interno: 0996-2025 Demandante: Universidad de Antioquia Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02110-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veinticinco (25) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 05001-23-33-000-2021-02110-02 (0996-2025)1
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Subrogación de obligación – caducidad artículo 86
de la Ley 2381 de 2024
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del Primero (1°) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Decisión2, que declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de
control.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3

1.1. Pretensiones

1. La Universidad de Antioquia, por medio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho por lesividad, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento

1
Expediente digital
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000202102110021100103
2
Sala conformada por las Magistradas Carlos Enrique Pinzón Muñoz, Martha Cecilia Madrid Roldán y Daniel Montero
Betancur.
3
Expediente digital – Samai – índice 00002 – 4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8420252zi(.zip) – C01Principal – 02-
DemandaAnexos – 01. DemandaLesividad.

2

Número Interno: 0996-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), solicitando la
nulidad de la Resolución No. 021 del Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil
Cuatro (2004), mediante la cual, se ordenó pagar al señor Jesús Antonio
Alzate Restrepo, el valor resultante de la aplicación del ingreso base de
liquidación previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) la restitución de las
sumas pagadas con fundamento en la Resolución No. 021 del Veintitrés (23)
de febrero de Dos Mil Cuatro (2004), desde el Veintiuno (21) de mayo de Dos
Mil Tres (2003) hasta el Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Veintiuno
(2021), por valor de Doscientos Treinta y Tres Millones Quinientos Treinta y
Dos Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos ($233.532.737), así como, de las
sumas que se causen con posterioridad y hasta la ejecutoria de la sentencia;
y ii) la condena en costas al demandado, en caso de oposición.

1.2 Hechos

3. La entidad demandante manifestó que, antes de la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, la Universidad de Antioquia reconocía las pensiones de
sus empleados con base en la totalidad de lo devengado, sin efectuar
deducción alguna, con fundamento en las Leyes 6.ª de 1945 y 4.ª de 1966 y
en los Decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969.

4. Indicó que, con la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones,
afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales y efectuó los
aportes correspondientes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, por lo
que perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las pensiones.

5. Señaló que, el señor Jesús Antonio Alzate Restrepo, estuvo vinculado a la
Universidad de Antioquia, y que, el Instituto de Seguros Sociales, mediante
Resolución 014009 del Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil Tres (2003),
le reconoció una pensión de vejez en cuantía mensual de Dos Millones Ciento
Ochenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos ($2.188.959),
efectiva a partir del Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Tres (2003), sin incluir
las primas de navidad, servicios y vacaciones.

3

Número Interno: 0996-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo

6. Adujo que, con el fin de participar en la financiación de dicha prestación, la
Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono pensional a
favor del demandado mediante Resolución No. 379 del Veintidós (22) de julio
de Dos Mil Tres (2003), y consignó al Instituto de Seguros Sociales la suma
de Trescientos Veintinueve Millones Ciento Nueve Mil Pesos ($329.109.000).

7. Expuso que, la Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral
12094 del Cuatro (4) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999),
reglamentada por la Resolución Administrativa No. 16628 de la misma
anualidad, mediante las cuales, dispuso asumir temporalmente el pago, de
las diferencias que pudieran surgir entre la prestación reconocida por el
Instituto de Seguros Sociales y la que, a juicio de la Universidad,
correspondía a los servidores cobijados por el régimen de transición a
quienes, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, les faltaban menos de
diez (10) años para adquirir el derecho pensional.

8. Con fundamento en los actos administrativos anteriores, indicó que, la
Universidad expidió la Resolución Administrativa 021 del Veintitrés (23) de
febrero de Dos Mil Cuatro (2004), mediante la cual, ordenó pagar al señor
Jesús Antonio Alzate Restrepo, el mayor valor derivado de la aplicación del
ingreso base de liquidación previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, a partir del Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Tres (2003).
Agregó que, según certificación expedida el Veinticuatro (24) de noviembre de
Dos Mil Veintiuno (2021), los pagos efectuados por dicho concepto ascendían
a Doscientos Treinta y Tres Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Setecientos
Treinta y Siete Pesos ($233.532.737).

9. Finalmente, sostuvo que, la Universidad adelantó diversas actuaciones
administrativas y judiciales tendientes a obtener que el Instituto de Seguros
Sociales y posteriormente Colpensiones incluyeran en la liquidación pensional
las primas de navidad, servicios y vacaciones; asimismo, señaló que, la
Resolución Rectoral 12094 de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999) fue
posteriormente derogada por la Resolución Rectoral 35823 del Diecisiete (17)
de octubre de Dos Mil Doce (2012), cuya legalidad fue confirmada por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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Número Interno: 0996-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

10. La parte demandante invocó como normas vulneradas, el artículo 48 de la
Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005; el artículo
10 de la Ley 4.ª de 1992; los artículos 18, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; el
artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994; el artículo 5.º del Decreto 1068 de 1995;
y el artículo 4.º del Decreto 2337 de 1996, así como, las demás disposiciones
relacionadas con la determinación del ingreso base de liquidación pensional y
la competencia para el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas
derivadas del Sistema General de Pensiones.

11. Como concepto de violación, sostuvo que, la Resolución No. 021 del
Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004), desconoció el marco
constitucional, legal y jurisprudencial aplicable al régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al ordenar el pago de una
diferencia pensional calculada con base en factores salariales sobre los cuales
no se efectuaron cotizaciones al sistema, particularmente las primas de
navidad, servicios y vacaciones.

12. Agregó que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, precisó que, el ingreso base de liquidación no constituye un elemento
protegido por el régimen de transición y que, para efectos pensionales,
únicamente pueden tenerse en cuenta los factores sobre los cuales se
hubieren realizado aportes.

13. Asimismo, señaló que, la Universidad de Antioquia, carecía de
competencia para reconocer y asumir el pago de diferencias derivadas de la
liquidación de la pensión de vejez del demandado, pues, a partir de la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones y de la afiliación de sus
servidores al Instituto de Seguros Sociales, la entidad responsable del
reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales era la administradora
que recibió las cotizaciones correspondientes. En consecuencia, consideró
que, la subrogación dispuesta mediante la Resolución Rectoral 12094 de 1999
y concretada en el acto particular demandado carecía de sustento legal y
constitucional.

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Número Interno: 0996-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo

14. Finalmente, manifestó que, la jurisprudencia de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, ha sostenido de manera uniforme que, las
universidades públicas carecen de competencia para crear, reconocer o
asumir obligaciones pensionales por fuera de los supuestos expresamente
previstos en la ley, razón por la cual, la Universidad de Antioquia, se encuentra
legitimada para solicitar la nulidad del acto administrativo que ordenó el pago
temporal de las diferencias derivadas de la aplicación del ingreso base de
liquidación previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2. Contestación de la demanda4

15. El señor Jesús Antonio Alzate Restrepo, por conducto de apoderado
judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó negar las súplicas
incoadas, al considerar que la Resolución Administrativa 021 del Veintitrés (23)
de febrero de Dos Mil Cuatro (2004), se ajustó al ordenamiento jurídico y fue
expedida en aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.

16. Señaló que, la Universidad de Antioquia reconoció expresamente,
mediante la Resolución Rectoral 12094 de 1999, que los servidores
beneficiarios del régimen de transición, a quienes les faltaban menos de diez
(10) años para adquirir el derecho pensional, debían obtener la liquidación de
su prestación con fundamento en el promedio de lo devengado durante el
tiempo que les hacía falta para consolidar dicho derecho, razón por la cual,
dispuso subrogarse temporalmente en la obligación que el Instituto de Seguros
Sociales no reconociera.

17. Indicó que, la actuación de la Universidad, no obedeció al ejercicio de
competencias para reconocer pensiones, sino al cumplimiento temporal de
una obligación derivada de la incorrecta liquidación efectuada por el Instituto
de Seguros Sociales, entidad que, a su juicio, desconoció lo previsto en el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al no incluir las primas de
navidad, servicios y vacaciones dentro del ingreso base de liquidación.

18. Manifestó que, las Resoluciones 12094 y 16628 de Mil Novecientos

4
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice No. 00017 -
18_050012333000202102110003RECEPCIONMEMOR20230517165850.pdf

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Número Interno: 0996-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo

Noventa y Nueve (1999), gozan de presunción de legalidad y constituyen el
fundamento jurídico de la Resolución No. 021 de Dos Mil Cuatro (2004), por lo
que, esta última no incurrió en ninguna de las causales de nulidad previstas
en el ordenamiento jurídico, ni vulneró las normas constitucionales y legales
invocadas por la Universidad de Antioquia.

19. Finalmente, propuso las excepciones de conformación del litisconsorcio
necesario con Colpensiones, derecho adquirido, legalidad del acto
administrativo demandado, falta de causa para pedir, falta de tipificación de
las causales de nulidad, inexistencia de la causa invocada, falta de interés,
buena fe del demandado, mala fe del demandante, violación de los principios
de progresividad y condición más beneficiosa, vulneración del derecho
fundamental a la seguridad social, falta de legitimación en la causa y
prescripción de las sumas reclamadas con anterioridad a los tres (3) años
previos a la presentación de la demanda.

3. La sentencia de primera instancia5.

20. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante
sentencia proferida el Primero (1.º) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control, sin condena en costas, en los siguientes términos:

«PRIMERO. LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo acusado, esto es la Resolución No. 021 del 23 de
febrero de 2004, por medio de la cual la Universidad de Antioquia pagó el valor
que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el Seguro
Social, a Jesús Antonio Alzate Restrepo.

SEGUNDO. DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad del medio
de control, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. NO CONDENAR en costas en esta instancia, conforme lo expuesto
en las consideraciones de esta decisión.»

21. El Tribunal señaló que, si bien el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, permite demandar en cualquier tiempo los
actos que reconozcan o nieguen prestaciones periódicas, la Ley 2381 de 2024
introdujo un límite temporal de cinco (5) años para ejercer acciones
administrativas y contencioso-administrativas dirigidas a controvertir

5
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice No. 00045.

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Número Interno: 0996-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo

pensiones reconocidas, regla que resulta aplicable incluso a los procesos que
se encontraban en curso al momento de su entrada en vigor.

22. Precisó que, de conformidad con la interpretación adoptada recientemente
por el Consejo de Estado, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se encuentra
vigente desde su promulgación, por tratarse de una disposición autónoma
respecto del nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez,
Invalidez y Muerte de origen común, cuya entrada en operación fue diferida
hasta el Primero (1.º) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025).

23. Indicó que, en el caso concreto, la pensión de vejez del señor Jesús
Antonio Alzate Restrepo fue reconocida mediante Resolución 014009 del
Veinticinco (25) de noviembre de Dos Mil Tres (2003), mientras que la
demanda de lesividad fue presentada el Diez (10) de diciembre de Dos Mil
Veintiuno (2021), esto es, transcurridos ampliamente los cinco (5) años
previstos en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

24. Con fundamento en lo anterior, concluyó que, se configuró el fenómeno de
la caducidad del medio de control, razón por la cual, procedía declarar de oficio
dicha excepción, sin que fuera necesario abordar el estudio de fondo de las
pretensiones formuladas por la Universidad de Antioquia.

25. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, al considerar que, la
terminación del proceso obedeció a una modificación legislativa sobreviniente
que impedía examinar el fondo de la controversia y no al fracaso sustancial de
las pretensiones de la entidad demandante.

4. El recurso de apelación6.

26. La Universidad de Antioquia, por conducto de apoderado judicial, interpuso
recurso de apelación, contra la sentencia del Primero (1.º) de noviembre de
Dos Mil Veinticuatro (2024), al considerar que, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, declaró erróneamente la caducidad del medio de control con
fundamento en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

6
Samai, índice 00002; archivo 5ED_EXP DIGITA_OneDrive_20240702zip(.zip) NroActua 2, documento
014RecursoApelacionDdo.pdf

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Número Interno: 0996-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo

27. Sostuvo que, la controversia no recae sobre el acto administrativo,
mediante el cual, se reconoció la pensión de vejez al señor Jesús Antonio
Alzate Restrepo, sino sobre la Resolución No. 021 del Veintitrés (23) de
febrero de Dos Mil Cuatro (2004), expedida por la Universidad de Antioquia,
mediante la cual, se dispuso asumir temporalmente el pago de una diferencia
pensional derivada de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en
el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

28. Indicó que, el acto demandado no constituye un acto de reconocimiento
pensional, por cuanto la Universidad carecía de competencia para reconocer
pensiones, circunstancia que, precisamente constituye uno de los
fundamentos esenciales de la demanda de lesividad. En consecuencia, estimó
que, el asunto no encuadra en el supuesto previsto en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.

29. Señaló que, de conformidad con el literal c) del numeral 1.º del artículo 164
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la demanda podía presentarse en cualquier tiempo por estar
dirigida contra un acto relacionado con una prestación periódica, razón por la
cual, no procedía declarar la caducidad del medio de control.

30. Manifestó que, la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, a
procesos iniciados con anterioridad a su expedición desconoce principios
constitucionales, como la irretroactividad de la ley y el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia, al imponer de manera sobreviniente una
limitación temporal, que no existía al momento de la presentación de la
demanda.

31. Finalmente, adujo que el Consejo de Estado, continuó profiriendo
decisiones de fondo en procesos de lesividad, promovidos por la Universidad
de Antioquia, con posterioridad a la expedición de la Ley 2381 de 2024, por lo
que, solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo

5. Trámite de segunda instancia.

32. Mediante auto del Siete (7) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025) 7, el
consejero ponente, admitió el recurso de apelación, interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del Primero (1°) de noviembre de Dos Mil
Veinticuatro, de conformidad con lo previsto en el artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Asimismo,
dispuso que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente regresara al
despacho para fallo, salvo que las partes solicitaran pruebas dentro de la
oportunidad prevista en el artículo 212 ibidem.

33. Posteriormente, mediante auto del Veintiséis (26) de mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026)8, el despacho negó el decreto de las pruebas solicitadas por
la parte demandada, al considerar que, la respectiva petición fue presentada
por fuera del término previsto en el artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, al no
advertirse la necesidad de decretar pruebas en segunda instancia, ordenó que,
una vez ejecutoriada la providencia, el expediente reingresara al despacho
para fallo.

6. Concepto del Ministerio Público9.

34. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

35. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia
de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del
CPACA10.

7
Expediente digital – Samai – índice No. 00004.
8
Expediente digital – Samai – índice No. 00011.
9
Índice 00009 expediente digital – Samai.
10
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de
2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

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Número Interno: 0996-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo

2.2. Problema Jurídico.

36. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

35.1. ¿Debe revocarse la sentencia del Primero (1.º) de noviembre de Dos
Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, que declaró de oficio la excepción de
caducidad del medio de control, al considerar que la demanda de lesividad
promovida por la Universidad de Antioquia contra la Resolución No. 021
del Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004), se encontraba
sometida al término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024; o, por el contrario, debe concluirse que dicho medio de control
podía presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de un acto
administrativo relacionado con una prestación periódica que no constituye
un acto de reconocimiento pensional, de conformidad con el literal c) del
numeral 1.º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo?

37. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos
probados; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Reforma del término de caducidad según lo dispuesto en la Ley
2381 de 2024.

38. Los términos para presentar oportunamente las demandas, ante esta
Jurisdicción, fueron consagrados en el artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que, en
relación con el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, prevé:

i. Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del
derecho, la demanda debe ser presentada dentro del término de cuatro (4) meses

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Número Interno: 0996-2025
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo

contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución
o publicación del acto administrativo, según corresponda, so pena del suceso de
la caducidad de la acción.

ii. A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, o contra
actos producto del silencio administrativo, puede presentarse en cualquier
tiempo.

39. Así, conforme a las reglas contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la configuración del
fenómeno jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y
restablecimiento del derecho, solo resulta predicable respecto de las
demandas adelantadas contra actos administrativos expedidos por la
administración que no versen sobre el reconocimiento y pago de prestaciones
periódicas.

40. No obstante, el Congreso de la República expidió la Ley 2381 de 2024,
normatividad que estableció una restricción temporal, para el ejercicio de las
acciones contencioso administrativas, relacionadas con pensiones, de la
siguiente manera:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después
de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

41. Entonces, la citada disposición consagra una modificación en cuanto a los
términos de caducidad para incoar demandas en contra de actos
administrativos que reconozcan pensiones, incluso de aquellos que se
encontraban en curso al 16 de julio de 2024, día en que dicha ley fue publicada
en el Diario Oficial No. 52.819 de 16 de julio de 2024 y empezó a regir, de
manera general, según lo dispuesto en su artículo 9511, y las demandas que

11
Ley 2381 de 2024. ARTÍCULO 95. DEROGATORIAS. la presente ley rige a partir de su sanción y deroga las
disposiciones que le sean contrarios. (…)

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo

ya habían sido decididas de fondo, a quienes se les faculta para incoar el
recurso extraordinario de revisión; disponiendo que el plazo será de cinco
años, so pena de configurarse el fenómeno en mención.

2.4. Hechos probados y valoración del material probatorio.

42. Con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente,
valorado en su integridad y conforme a las reglas de la sana crítica, la Sala
tiene por acreditados los siguientes hechos relevantes para resolver el caso
concreto:

43. Mediante Resolución No. 014009 del Veinticinco (25) de noviembre de Dos
Mil Tres (2003)12, el Instituto de Seguros Sociales, reconoció pensión de vejez
al señor Jesús Antonio Álzate Restrepo, con efectos fiscales a partir del
Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Tres (2003).

44. Posteriormente, a través de la Resolución No. 021 del Veintitrés (23) de
febrero de Dos Mil Cuatro (2004)13, la Universidad de Antioquia, reconoció y
ordenó el pago, a favor del señor Jesús Antonio Alzate Restrepo, de la
diferencia existente entre la prestación reconocida por el Instituto de Seguros
Sociales y el valor resultante de aplicar el ingreso base de liquidación previsto
en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

45. En el citado acto administrativo, se dispuso reconocer al demandado una
suma mensual de Quinientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Cuatro
Pesos ($582.774), a partir del Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Tres (2003),
y de Seiscientos Veinte Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos ($620.596), a
partir del Primero (1.º) de enero de Dos Mil Cuatro (2004), valores que, debían
ser asumidos por la Universidad de Antioquia, hasta que el Instituto de
Seguros Sociales, efectuara el reconocimiento correspondiente, ya fuera de
manera oficiosa o por orden judicial.

46. Obra certificación expedida el Veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil

12
Samai, índice 00002 – archivo 4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8420252zi(.zip) – 02.DemandaAnexos – Anexos
demanda – 1. Pruebas documentales.
13
Ibidem.

13

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Jesús Antonio Alzate Restrepo

Veintiuno (2021)14, por la División de Talento Humano de la Universidad de
Antioquia, en la cual, se hizo constar que el señor Jesús Antonio Alzate
Restrepo, recibió por concepto de subrogación pensional, durante el período
comprendido entre el Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Tres (2003) y el
Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), la suma total de
Doscientos Treinta y Tres Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Setecientos
Treinta y Siete Pesos ($233.532.737).

47. En la misma certificación se relacionan los valores pagados al señor Jesús
Antonio Alzate Restrepo, durante los años 2019, 2020 y 2021, por concepto
de subrogación pensional, así como, las primas de servicios y de navidad
reconocidas durante dicho período.

48. Asimismo, obran en el expediente las certificaciones y soportes expedidos
por la Universidad de Antioquia15, de los cuales se desprende la continuidad
en el reconocimiento y pago de las sumas derivadas de la subrogación
pensional reconocida al señor Jesús Antonio Alzate Restrepo, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Resolución No. 021 del Veintitrés (23) de febrero de Dos
Mil Cuatro (2004).

2.5. Caso en concreto.

49. De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto en
precedencia, la Sala advierte que, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control, al considerar
aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, y estimar que, habían
transcurrido más de cinco (5) años entre el reconocimiento de la prestación y
la presentación de la demanda.

50. La Sala no comparte dicha conclusión, toda vez que, aun durante el lapso
en que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, produjo efectos jurídicos, esta
Corporación sostuvo que17, el término de caducidad allí previsto no podía
aplicarse en desconocimiento de las reglas de tránsito legislativo consagradas
en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las cuales imponen la aplicación

14
Ibidem.
15
Ibidem.

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inmediata de las normas procesales únicamente respecto de las actuaciones
iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia.

51. Lo anterior, por cuanto si bien, las normas procesales son de aplicación
inmediata, ello no autoriza imponer a los procesos en curso, consecuencias
jurídicas derivadas de términos de caducidad inexistentes al momento de la
presentación de la demanda, ello, toda vez que, tal entendimiento resultaría
incompatible con los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y
debido proceso.

52. Bajo esa perspectiva, la Sala ha concluido que, el término de caducidad
previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, únicamente resultaba
oponible respecto de las demandas formuladas con posterioridad a su
promulgación, mas no frente a aquellas que ya se encontraban en trámite para
el momento de su entrada en vigor16.

53. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que, mediante Auto A-841 de
Diecisiete (17) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025), la Corte Constitucional
dispuso «suspender la entrada en vigencia de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el
día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala Plena decida definitivamente sobre la
constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12,
parágrafo transitorio y 76 de la citada ley ». Si bien esta decisión, es posterior a la

providencia apelada y, por ende, no constituye un parámetro para valorar la
corrección de la actuación del Tribunal Administrativo de Antioquia, sí
constituye un elemento jurídico sobreviniente, que refuerza la conclusión
según la cual, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, no resulta aplicable para
definir la oportunidad en el ejercicio del medio de control en el presente
asunto.

54. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que, la Universidad de
Antioquia, presentó la demanda el Diez (10) de diciembre de Dos Mil Veintiuno
(2021), es decir, varios años antes de la expedición de la Ley 2381 de 2024.
Razón por la cual, la oportunidad para ejercer el medio de control, debía
analizarse a la luz del régimen jurídico vigente para esa fecha, particularmente
de lo dispuesto en el literal c) del numeral 1.º del artículo 164 del Código de

16
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B Sentencia del 6 de junio de 2025, radicado 76-001-23-33-
000-2021-01200-01 (0114-2025), consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

55. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que, la Resolución No. 021 del
Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004), dispuso el reconocimiento
y pago periódico de una suma mensual a favor del señor Jesús Antonio Álzate
Restrepo, correspondiente a la diferencia existente entre la prestación
reconocida por el Instituto de Seguros Sociales y el valor resultante de aplicar
el ingreso base de liquidación previsto en el inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.

56. Asimismo, se acreditó que, dicha obligación continuó ejecutándose
durante varios años y que, según certificación expedida por la propia
Universidad de Antioquia, entre el Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Tres
(2003) y el Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), se pagó
al demandado la suma de Doscientos Treinta y Tres Millones Quinientos
Treinta y Dos Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos ($233.532.737), por
concepto de subrogación pensional.

57. En esas condiciones, para la Sala resulta evidente que, el acto
administrativo acusado, se encuentra directamente vinculado al
reconocimiento y pago de una prestación periódica, supuesto frente al cual, el
ordenamiento jurídico vigente al momento de la presentación de la demanda,
permitía acudir a la jurisdicción en cualquier tiempo.

58. Por consiguiente, la Sala no comparte lo concluido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al declarar probada de oficio la excepción de
caducidad con fundamento en una disposición legal posterior a la
presentación de la demanda y cuya aplicación, además, resulta incompatible
con las reglas que gobiernan la implementación de las normas procesales.

59. Así las cosas, la sentencia apelada será revocada, toda vez que, la Sala
no comparte la declaratoria de caducidad efectuada por el Tribunal; no
obstante, dado que, el juez de primera instancia limitó su análisis a dicho
aspecto procesal y, por tal razón, se abstuvo de examinar de fondo las
pretensiones de la demanda, las excepciones propuestas por la parte
demandada y los argumentos jurídicos expuestos por los sujetos procesales,

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se impone adoptar las determinaciones correspondientes respecto de tales
aspectos.

60. En tales condiciones, emitir en esta instancia un pronunciamiento definitivo
acerca de la legalidad de la Resolución No. 021 del Veintitrés (23) de febrero
de Dos Mil Cuatro (2004), implicaría privar a las partes, de una decisión de
fondo en primera instancia, y restringir el ejercicio efectivo de los principios de
doble instancia, contradicción y debido proceso.

61. Sobre este aspecto, esta Sala ha considerado que17, cuando el juez de
primera instancia adopta una decisión inhibitoria o se abstiene de resolver
materialmente la controversia, corresponde devolver el expediente para que
emita el respectivo pronunciamiento de mérito, toda vez que, decidir
integralmente el litigio en segunda instancia, equivaldría a convertir el proceso
en una única instancia.

62. Siendo así las cosas, y con el fin de garantizar los principios de acceso
material a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, doble instancia
y debido proceso, la Sala revocará la sentencia recurrida y ordenará la
devolución del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que
profiera una nueva decisión, en la que examine integralmente las
pretensiones, excepciones y argumentos planteados por las partes.

2.6. Condena en costas.

63. Revisada la conducta asumida por las partes durante el trámite procesal,
la Sala no evidencia actuaciones constitutivas de temeridad o mala fe, sino el
legítimo ejercicio de los mecanismos de defensa de sus intereses. Asimismo,
no se observa la causación de costas en esta instancia. En consecuencia, al
no configurarse los presupuestos previstos en el artículo 188 del CPACA, no
se impondrá condena en costas.

17
Ver Expediente núm. 18001-23-33-000-2014-00002-01. M.P. Césarr Palomino Cortés y Expediente núm. 05001-
23-33-000-2021-01187-02 (6687-2024) M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera,

17

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2.7. Conclusiones

64. La Sala concluye que, no operó la caducidad del medio de control, toda
vez que, la demanda fue presentada con anterioridad a la expedición de la Ley
2381 de 2024 y se dirige contra un acto relacionado con una prestación
periódica, respecto del cual, podía acudirse a la jurisdicción en cualquier
tiempo. En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se devolverá el
expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia para que profiera una
decisión de fondo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: INAPLICAR, para el caso concreto, el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el Primero (1º) de noviembre de
Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Decisión, mediante la cual, se declaró probada de oficio la
excepción de caducidad del medio de control.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR la devolución del expediente al
Tribunal Administrativo de Antioquia, para que profiera una nueva sentencia,
en la que, se pronuncie de fondo sobre las pretensiones de la demanda, las
excepciones propuestas y los demás argumentos expuestos por las partes, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: SIN CONDENA en costas en esta instancia.

QUINTO: En firme esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen para lo de su cargo.

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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