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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02118-02

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02118-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez. SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 6 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda promovida por la Universidad de Antioquia en contra de la señora Gloria Inés del Socorro Idárraga Ortiz, SALVO EL NUMERAL TERCERO QUE SE REVOCA, de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva. En su lugar quedará así: «TERCERO.- ABSTENERSE de imponer condena en costas de primera instancia, de conformidad con lo señalado». TERCERO: Se condena en costas a la Universidad de Antioquia a favor de la señora Gloria Inés del Socorro Idárraga Ortiz, en la modalidad de agencias en derecho, según las consideraciones señaladas. En firme esta providencia serán fijadas por el Tribunal de conformidad con el artículo 366 del CGP. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI»

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02118-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02118-02 (0080-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Gloria Inés del Socorro Idárraga Ortiz
Temas: Pensión de jubilación de los empleados de universidades
oficiales. Pago de las prestaciones a cargo de los entes
universitarios en los casos previstos en el artículo 4.° del
Decreto 2337 de 1996. Buena fe del pensionado.
Decisión: Confirma parcialmente la decisión que accede parcialmente a
las súplicas de la demanda. Condena en costas a la entidad
demandante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala decide los recursos de apelación presentados por las partes en contra
de la sentencia del 6 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Quinta de Decisión1, mediante la cual se accedió parcialmente
a las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

2.1.1. Las pretensiones

2. La Universidad de Antioquia, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA -, solicitó la nulidad de la Resolución 522 de 11 de
noviembre de 2003 que ordenó pagarle a la señora Gloria Inés del Socorro
Idárraga Ortiz «[…] el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de

1 Con ponencia de la magistrada Vannesa Alejandra Pérez Rosales.
2 Visible en el índice 3 de la primera instancia.

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Demandante: Universidad de Antioquia

Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y no reconoce el Seguro Social, […]».

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al señor Gloria
Inés del Socorro Idárraga Ortiz a restituir las sumas pagadas con base en la
Resolución 522 de 11 de noviembre de 2003, desde el 1.º de abril de 2003 hasta
el 31 de octubre de 2021, que corresponden a la suma de $236´540.058, más los
valores que se generen con posterioridad y hasta que la sentencia se encuentre
en firme; valores que deben ser indexados.

4. Finalmente solicitó que se condene en costas a la accionada.

2.1.2. Hechos.

5. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la Universidad de
Antioquia reconocía las pensiones de sus empleados con base en todo lo
devengado, sin efectuar deducción alguna, con base en las Leyes 6ª de 1945 y
4ª de 1966 y los Decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969.

6. Al entrar en vigor el sistema general de pensiones la Universidad de Antioquia
afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales y realizó los aportes
correspondientes ante esa entidad. En virtud del Decreto 2337 de 1996, la
Universidad perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las
pensiones.

7. La señora Gloria Inés del Socorro Idárraga Ortiz estuvo vinculada con la
Universidad de Antioquia y al cumplir los requisitos el Instituto de Seguros
Sociales le reconoció la pensión de jubilación a través de la Resolución 5810 de
16 de junio de 2003, en cuantía mensual de $2´569.292, a partir del 1.° de abril
de 2003, sin tener en cuenta en su liquidación las primas de navidad, de servicios
y de vacaciones.

8. Con el objeto de participar en la financiación de la pensión a cargo del Instituto
de Seguros Sociales, la Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago
del bono pensional a su nombre, mediante la Resolución Administrativa 310 de
13 de junio de 2003, por valor de $342´689.000, que consignó al Instituto de
Seguros Sociales.

9. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución 12094 de 1999 en la que se
«subroga» la parte de la obligación no reconocida por el Instituto de Seguros
Sociales con los servidores de la Universidad.

10. Atendiendo a lo anterior, la Universidad emitió la Resolución 522 de 11 de
noviembre de 2003, en la que ordenó pagar temporalmente a la señora Gloria
Inés del Socorro Idárraga Ortiz el valor que resulta de la aplicación del ingreso
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base de liquidación que consagra el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 no reconocido por el Instituto de Seguros Sociales hasta que este último lo
reconozca bien motu proprio o por orden judicial.

11. La Universidad de Antioquia ha adelantado trámites ante el ISS, y
posteriormente a Colpensiones, tendientes a que la administradora de pensiones
incluyera las primas de navidad, de servicios y de vacaciones para liquidar la
pensión de los docentes universitarios, con resultado desfavorable.

12. Mediante Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, fue derogada
la Resolución 12094 de 1999, ordenando a la Vicerrectoría resolver las
situaciones de carácter individual y concreto, conforme a los principios, normas
jurídicas y jurisprudencia vigente en la materia.

13. La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 fue demandada por
la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, proceso que fue
conocido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en sentencia del 17 de
octubre de 2013 negó las pretensiones de la demanda, esto con base en que el
ente universitario actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no estaba obligado a mantener en el tiempo el acto
administrativo derogado.

14. La Universidad de Antioquia interpuso diversas demandas contra los actos
administrativos que reconocieron el pago temporal que consagró la Resolución
Rectoral 12094 de 1999, las cuales han generado que el Consejo de Estado se
pronuncie en el sentido de reconocer que el ente educativo no era la autoridad
competente para pronunciarse acerca de la adjudicación del derecho pensional,
por cuanto era obligación del ISS como entidad previsional.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

15. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 48
de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, 10 de
la Ley 4ª de 1992, 1.° del Decreto 1158 de 1994, 18 inciso 3.°, 131 y 151 de la
Ley 100 de 1993, el artículo 5.° del Decreto 1068 de 1995 y 4.° del Decreto 2337
de 1996.

16. En el concepto de violación explicó, en síntesis, que, si bien a la demandada
le asiste el derecho a obtener la liquidación de su pensión de vejez, «con inclusión
de la totalidad de los factores devengados», la Universidad no es la autoridad
competente para ello.

17. Según lo indicó, si bien al momento de expedirse la Resolución Rectoral
12094 de 1999 y su reglamentaria 16628 de 1999, no se encontraba vigente el
Acto Legislativo 01 de 2005, éstas adolecen de inconstitucionalidad sobreviniente
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por transgredir el contenido del artículo 1.° inciso 6.° de tal reforma constitucional
que dispone que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones.

18. Debe tenerse en cuenta el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, según la cual
todo régimen salarial y prestacional que se establezca en contravención de dicha
norma o los Decretos que dicte el Gobierno Nacional carecerá de todo efecto y
no creará derechos adquiridos. Además, el Decreto 1158 de 1994 en su artículo
1.°, señala taxativamente los factores salariales que deben tenerse en cuenta
dentro del IBL, sin que se incluyan primas de navidad, de servicios y de
vacaciones.

19. Asimismo, en sentencia del 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado
rectificó la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de
indicar que el IBL no es un asunto sometido a transición, razón por la que sostiene
que el acto administrativo enjuiciado partió de una premisa equivocada cual era
el derecho a que los empleados de la Universidad adquirieran su derecho
pensional tomando como base todos los factores devengados en servicio.

20. Finalmente insistió en que, en caso de considerarse que los beneficiarios del
régimen de transición sí tienen derecho a que su liquidación pensional incluya
todos los factores, la competencia para su reconocimiento recae en la
administradora de pensiones a que se haya afiliado el empleado.

2.2. Contestación de la demanda

21. La señora Gloria Inés del Socorro Idárraga Ortiz3 se opuso a las
pretensiones de la demanda a través de apoderado judicial.

22. En principio indicó que, si la ley radicó en cabeza de la Universidad de
Antioquia la responsabilidad del pago de los aportes completos al fondo de
pensiones, también es responsable por las consecuencias de su falta de pago.

23. Según lo indicó, en la Resolución 12094, cuya nulidad no se ha pedido, que
fue declarada válida por sentencia judicial, la universidad se comprometió a
adelantar las gestiones administrativas y judiciales ante Colpensiones con el fin
de obtener de ésta la decisión favorable a los intereses de los pensionados.

24. Como responsable del pago de los aportes, la demandante debía asegurar
que el fondo de pensiones recibiera el monto de lo necesario para garantizar el
reconocimiento y pago de la pensión en una suma igual a lo preceptuado en la
Ley 100, artículo 36, inciso tercero; por tanto, como no lo ha hecho, la universidad
es responsable del pago de la diferencia entre el valor del monto de la pensión

3 Índice 15 de la primera instancia.
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que debería reconocerse y pagarse y el que efectivamente paga el fondo de
pensiones.

25. No existe vulneración alguna del ordenamiento jurídico con este proceder del
ente educativo. La Universidad de Antioquia es responsable directa del pago de
la llamada subrogación.

26. Precisó que contrario a lo que señala la entidad, la parte demandante no
asumió el pago de la pensión, sino que, acogiendo un criterio de justicia y
equidad, decidió completar el valor de la pensión a que debería tener derecho la
señora Idárraga Ortiz, quien prestó los servicios a la Universidad de Antioquia
durante el tiempo afirmado en la demanda.

27. Además, al comenzar a aplicarse la Ley 100 de 1993 en la Universidad de
Antioquia, a la accionada le faltaban menos de diez años para alcanzar la pensión
de vejez y debe tenerse en cuenta que la Universidad de Antioquia no hacia
cotizaciones al sistema de seguridad social, por lo que la Universidad se
encargaba de liquidar y pagar la pensión de vejez de acuerdo con lo devengado
en el último año (Ley 33 de 1985).

28. Entonces como al 30 de junio de 1995, la universidad comenzó a aplicar el
sistema de seguridad social integral, afiliando a sus servidores al ISS, al cumplir
los requisitos de pensión, dicha entidad reconoció la prestación pero por un valor
inferior al que le correspondía debido a la exclusión de ciertos factores
prestacionales que sí debieron incluirse en la liquidación de la pensión.

29. Sostuvo que gozaba del derecho a percibir una mesada de acuerdo con las
expectativas legítimas de pensión que le asistían por faltarle menos de diez años
para acceder a ella; en consecuencia, el ISS debería haber liquidado la pensión
de acuerdo con las previsiones del artículo tercero del artículo 36 de la Ley 100,
pero no estaba obligado a ello, sino que quien debería asumir esa carga es la
Universidad de Antioquia, porque la pensionada no puede quedar desprotegida.

30. Finalmente indicó que existen situaciones actuales en las que una entidad
pública ha reconocido pensiones de jubilación, de acuerdo con convenciones
colectivas, casos en que sigue pagando un porcentaje de dichas pensiones,
aunque el trabajador haya accedido a la pensión de vejez, como lo disponen los
Decretos 758 de 1990, 813 y 1160 de 1994, eso mediante la compartibilidad de
la pensión.

31. Propuso las excepciones de: «culpa de la demandante», «responsabilidad de
un tercero», «cosa juzgada», «falta de legitimación en la causa por pasiva»,
«buena fe de la parte demandada» y «prescripción extintiva».

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2.3. Medida cautelar

32. La entidad demandante solicitó como medida cautelar la suspensión de la
Resolución demandada 522 de 11 de noviembre de 20034, que fue decretada a
través de auto de 4 de marzo de 2022. Contra esta decisión se interpuso recurso
de apelación que fue decidido mediante proveído de 20 de octubre de 2022 5, por
parte de esta Subsección, confirmando la suspensión del acto demandado.

2.4. Sentencia de primera instancia6

33. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, en sentencia
proferida el 6 de marzo de 2023 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, para lo cual declaró la nulidad del acto administrativo demandado,
denegó la pretensión de restablecimiento del derecho y condenó en costas a la
parte demandada.

34. En primer lugar se refirió a al artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política y la Ley 4ª de 1992, sobre la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de lo que concluyó que le compete al
Gobierno Nacional y los entes universitarios autónomos no pueden reconocer
pensiones de sus servidores con factores salariales o prestacionales no previstos
por el legislador.

35. Luego precisó que tras la entrada en vigencia de los regímenes establecidos
en la ley 100 de 1993, los entes universitarios autónomos perdieron competencia
para el reconocimiento de pensiones de sus servidores. Esto por cuanto bajo la
potestad reglamentaria, el gobierno nacional profirió el Decreto 691 de 1994, por
medio del cual incorporó al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100
de 1993 a los funcionarios de la rama ejecutiva nacional, departamental,
municipal o distrital, a los de sus entidades descentralizadas, a los servidores
públicos del Congreso, de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Fiscalía,
de la Contraloría y a los de la Organización Electoral. Asimismo, advirtió que para
los servidores del orden nacional la vigencia del sistema general de pensiones
comenzaría a regir el 1° de abril de 1994, y para los demás órdenes territoriales
a partir del treinta 30 de junio de 1995.

36. Por su parte, el Decreto 692 de 1994 al reglamentar los temas relacionados
con las afiliaciones, cotizaciones, administradoras de pensiones, entre otros del
Sistema General de Pensiones, diferenció en su artículo 9.° las afiliaciones al
Sistema General de pensiones de carácter voluntario y las de carácter obligatorio,
incluyendo en este último, a los servidores públicos incorporados al Sistema
General de Pensiones. Y en su artículo 14 del citado decreto definió cuál sería la
entidad competente para el pago de las pensiones o demás prestaciones a que
4 Índice 18 de la primera instancia.
5 Radicado 05001233300020210211801.
6 Índice 44 de la primera instancia.
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hubiere lugar, al indicar que es la administradora de pensiones a la que estuviera
afiliado el pensionado la encargada de recibir las cotizaciones del período en el
cual ocurriere el hecho que diere lugar al pago de la prestación correspondiente,
quien debe efectuar el reconocimiento respectivo.

37. Luego se refirió a los Decretos 1068 de 1995 y 2337 de 1996, de los que
coligió que a partir de 30 de junio de 1995, quedaban a cargo de los entes
universitarios oficiales, como obligaciones de reconocimiento pensional: (i) el
pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener
derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo
con el régimen pensional vigente, antes de 23 de diciembre de 1993; (ii) el
reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva institución,
según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996; y, (iii)
el reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía
rigiendo, siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones.

38. A continuación se refirió a las pruebas recaudadas y coligió que la
Universidad de Antioquia no tenía competencia alguna para reconocer y realizar
el pago de la diferencia que consideraba que existía entre lo reconocido por el
Instituto de Seguros Sociales y lo previsto en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, dado que, después de la entrada en vigencia del Sistema General
de Seguridad Social, los entes universitarios de carácter oficial perdieron la
competencia para el reconocimiento de pensiones de sus servidores y, a partir
de la vinculación de su personal al Sistema General de Pensiones, la entidad
administradora de pensiones debía recibir el monto de las cotizaciones y en su
momento, reconocer, liquidar y pagar la prestación correspondiente.

39. Por ende, la demandante no tenía competencia para reconocer pagos por
conceptos no previstos en normas superiores, ni para establecer factores a tener
en cuenta en el ingreso base de cotización, tales como la prima de servicios,
vacaciones y la navidad, menos para discutir la integración del ingreso base de
liquidación, por lo que había lugar a declarar la nulidad del acto demandado dado
que la entidad actuó fuera de sus competencias.

40. No ordenó la devolución de las sumas al considerar que la entidad debía
acreditar que la pensionada incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas,
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dolosas, es decir, que actuó de mala fe para obtener las sumas a que no tenía
derecho; sin embargo, en este caso tales pagos no tienen fundamento en una
conducta fraudulenta o engañosa de la pensionada, sino que obedecieron a una
decisión libre y espontánea del ente universitario y la presunción de buena no fue
desvirtuada.

41. Finalmente impuso condena en costas a cargo de la demandada al considerar
que «[…] se trata de un proceso declarativo de carácter laboral, con pretensiones
de contenido pecuniario; se estima entonces el valor de las agencias en derecho
a su cargo, en el 3% de las pretensiones, conforme al Acuerdo No. PSAA16-
10554 de 5/8/2016.»

2.5. Recurso de apelación.

2.5.1. El apoderado de la señora Gloria Inés del Socorro Idárraga Ortiz7
solicitó revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la
entidad demandante.

42. Para ello, señaló, que la Universidad de Antioquia, al asumir el pago de la
llamada subrogación, se adjudicó la responsabilidad por la falta de pago de las
cotizaciones completas a la Administradora de pensiones – Colpensiones- que
garantizaran el reconocimiento y pago de una pensión de vejez a la parte
demandada, acorde con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

43. Inclusive en el punto tercero de la Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999
la demandante se impuso la carga de adelantar todos los trámites
administrativos y judiciales tendientes a que el Instituto de Seguros Sociales
asumiera la obligación, como era su deber legal, en su condición de empleador y
responsable del pago de las cotizaciones, empero, la Universidad de Antioquia
no ha adelantado ninguna acción judicial con el objetivo de obtener que el
Instituto de Seguros Sociales reciba el pago de las cotizaciones, como premisa
para una liquidación de la pensión en el monto a que tiene derecho la parte
demandada.

44. Únicamente se llevó a cabo el «acta del 12 de mayo de 2015, suscrita entre
la Universidad y Colpensiones, en la que se establecía el procedimiento de envío
de información, para que la administradora de pensiones diera inicio a las
reliquidaciones, acuerdo que nunca se llevó a cabo», cuando lo que debió hacer
fue demandar a la Universidad de Antioquia para que recibiera el pago de las
cotizaciones como se lo impone el artículo 22 de la Ley 100 de 1993.

45. Además, el accionado tenía derecho a la aplicación del artículo 36, inciso
tercero, de la Ley 100 de 1993, y con ello, de obtener el reconocimiento de la
pensión de vejez en el monto resultante «del promedio de lo devengado en el

7 Índice 46 de la primera instancia, expediente digitalizado sistema SAMAI.
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tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste
fuerte superior».

46. Así mismo, los decretos invocados por la entidad (1158 de 1994, 1068 de
1995, 2337 de 1996), que establecen los factores salariales para incluirse en el
ingreso base de cotización, no son aplicables al caso del accionado porque
pertenece a la categoría de los servidores en régimen de transición.

47. La entidad demandante contaba con herramientas jurídico-procesales para
hacer el pago coactivo de los aportes por la parte demandada a Colpensiones y
así propiciar al pensionado el disfrute pleno de la pensión en los términos del
mandato de la ley 100 de 1993.

48. Finalmente, las Resoluciones 12094 y 16668 no fueron demandadas por la
entidad y estas fueron el sustento para la expedición del acto administrativo
demandado y pese a que la Resolución 35823 de 17 de octubre de 2012 derogó
la Resolución 12094, ésta ya produjo efectos jurídicos y creó situaciones jurídicas
consolidadas.

49. Según el apoderado, la Universidad de Antioquia, como empleador, era
responsable del pago de los aportes, por mandato del artículo 22 de la Ley 100
de 1993, y, si no lo hizo o no logró que el fondo de pensiones recibiera el total del
valor de los aportes garantes del disfrute de una futura pensiones en los términos
del artículo 36 (inciso tercero) de dicha ley, ella es la responsable de las
consecuencias jurídicas sobrevinientes. En consecuencia, debe pagar la
diferencia entre el valor a que tiene derecho el accionante por mandato legal y el
que efectivamente recibe de Colpensiones.

2.5.2. La apoderada de la Universidad de Antioquia 8 presentó apelación
adhesiva en los siguientes términos:

50. Pese a que se accedió a la pretensión principal de anulación del acto
administrativo atacado en nulidad, el a quo denegó la pretensión subsidiaria de
restablecimiento de derecho consistente en el reintegro de parte de la
demandada de las sumas de dinero percibidas en virtud del acto anulado; lo
anterior por falta de pruebas acerca de la mala fe de la accionada, carga que le
correspondía a la entidad.

51. Sin embargo, contrario a lo decidido en la sentencia de primera instancia
sobre la pretensión consecuencial de reintegro de sumas pagadas a partir de un
acto administrativo declarado ilegal, denegándola, dicha restitución es
procedente comoquiera que la resolución anulada era clara en establecer que el
reconocimiento que a través de la misma se efectuaba era temporal y, en

8 Índice 48 de la segunda instancia. Expediente digitalizado segunda instancia.
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consecuencia, quedaba sujeto a que el antiguo Instituto del Seguro Social lo
reconociera por voluntad propia o así lo decidiera una sentencia judicial.

52. Por tanto, por tratarse de un indebido reconocimiento de derecho pensional,
estaba bajo la responsabilidad de la parte demandada el trámite ante el fondo
pensional, pues en virtud de la naturaleza del derecho, era a ella a quien
correspondía realizarlo.

53. Por ello, como la demandada incumplió con esta carga y se limitó a
permanecer en el tiempo recibiendo unas sumas que claramente sabía que no le
correspondían, se advierte que su obrar no se ajustó a los postulados de la buena
fe; además «[…] la actitud omisiva de la demandada a la iniciación de las
acciones que le correspondían ante la Administradora del Fondo de Pensiones
desdicen de un proceder leal y de buena fe y, por el contrario, evidencia su
reticencia a la clarificación del derecho, denotando un comportamiento cómodo
de dedicarse a recibir y lucrarse de unas sumas de dinero que no le
correspondían, […]».

2.6. Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público.

2.6.1. Dentro de esta etapa procesal la apoderada de la parte demandante9
señaló que la motivación de la decisión del fallo de primera instancia en cuanto a
que el acto debía ser anulado por falta de competencia ha sido la posición que
de manera uniforme y pacífica ha sido sostenida en controversias semejantes por
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y que debe ser mantenida, pues a la
misma razón de hecho y de derecho debe corresponderse idéntica decisión.
Entre otras citó la dictada el 22 de julio de 2021 en el proceso con radicado
05001233300020140141802, en el cual se buscaba la nulidad de una Resolución
de igual naturaleza a aquellas de las que se ocupa este litigio.

2.6.2. La parte demandada y el agente del Ministerio Público guardaron
silencio en esta oportunidad.

54. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Manifestación de impedimento.

55. El consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta10
encontrarse impedido para conocer del presente asunto, por estar incurso en la
causal prevista en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General del Proceso,

9 Índice 9 de la segunda instancia.
10 Índice 11, expediente digital visible en el aplicativo SAMAI, segunda instancia.
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pues le asiste interés indirecto en las resultas del proceso, toda vez que ha
suscrito y celebrado contratos con la parte demandante, esto es, la Universidad
de Antioquia, «para dictar cátedra en la Especialización de Derecho
Administrativo en las materias Derecho Procesal Administrativo, Sujeto Jurídico
Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»

56. Al respecto, el numeral 3.° del artículo 131 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece:

«3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el
artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a
quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se
fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o
subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra
fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva
sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de
conformidad con el reglamento interno».

57. A su turno, el artículo 141 numeral 1.° del Código General del Proceso
consagra como causal de recusación:

«Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.»

58. Es de resaltar que, dada la taxatividad y el carácter restrictivo de dichas
causales, nada excusa al juez para abstenerse de cumplir los deberes que la ley
le asigna. Por la misma razón, la motivación o los hechos que llevan al funcionario
judicial a declarar el impedimento deben enmarcarse con toda precisión en
alguna de ellas, lo cual obedece, además, a la especificidad con que se
encuentran definidas en la norma.

59. Ahora bien, analizada la causal esgrimida y los argumentos del impedimento
manifestado, esta Sala de decisión lo encuentra fundado, por cuanto se estima
que le asiste un interés indirecto en el resultado del proceso, comoquiera que la
explicación planteada frente a la relación de índole contractual que existe con la
parte demandante es razón suficiente para entender que el objeto del presente
litigio compromete su independencia y/o imparcialidad al momento de resolver el
asunto.

60. Así las cosas, se declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto de la
referencia.

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3.2. Competencia.

61. Es competente esta Subsección para decidir los recursos de apelación
interpuestos por las partes en contra de la sentencia de 6 de marzo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión,
dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo 15011
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).

3.3. Problemas Jurídicos.

62. Debe determinar esta Sala de Subsección si ¿en este caso, frente al
reconocimiento de la pensión otorgada por el ISS a la señora Gloria Inés del
Socorro Idárraga Ortiz, servidora de la Universidad de Antioquia, ésta última era
competente para pagar la diferencia por los factores no incorporados por el ente
de previsión al determinar el IBL pensional respectivo?

63. Si la respuesta al anterior interrogante es negativa, deberá analizarse si ¿es
procedente acceder al reembolso de las sumas pagadas a la señora Gloria Inés
del Socorro Idárraga Ortiz en virtud del acto administrativo demandado?

64. Finalmente se analizará si ¿debe revocarse la condena en costas impuesta
en primera instancia’.

3.4. Primer problema jurídico. ¿En este caso, frente al reconocimiento de la
pensión otorgada por el ISS a la señora Gloria Inés del Socorro Idárraga
Ortiz, servidora de la Universidad de Antioquia, ésta última era competente
para pagar la diferencia por los factores no incorporados por el ente de
previsión al determinar el IBL pensional respectivo?

3.4.1. Del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de los
servidores públicos bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993.

65. De conformidad con lo señalado por el artículo 7512 del Decreto 1848 de
196913, previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 quien tenía la obligación de
reconocer y de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos era la

11
«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
12 «Artículo 75º.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y

pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el
tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la
edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces
cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión…»
13 Mediante el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
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entidad de previsión a la que estaba afiliado el servidor o en su defecto, la última
entidad pública empleadora.

66. A través de la expedición de la Ley 100 de 199314 se creó el Sistema General
de Seguridad Social, estableciéndose en la misma la obligatoriedad de afiliar al
sistema a todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos15.

67. Para la incorporación de los servidores públicos al sistema general de
pensiones, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 691 de marzo 29 de 1994 16,
mediante el cual se integró al referido sistema a: a) Los servidores públicos de la
rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o Distrital, así como
de sus entidades descentralizadas; y b) Los servidores públicos del Congreso
de la República, de la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de
la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la República 17.

68. A su vez el Decreto 692 del 29 de marzo de 199418 al reglamentar los temas
relacionados con afiliaciones, cotizaciones, administradoras de pensiones del
Sistema General de Pensiones, definió la entidad competente para el
reconocimiento y pago de las pensiones o demás prestaciones a que hubiere
lugar al señalar lo siguiente:

«Artículo 14. Efectos de la afiliación. La afiliación surtirá efectos a partir del
primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el diligenciamiento
del respectivo formulario.

Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que
haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el
monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que
da lugar al pago de la pensión o prestación correspondiente».

69. Luego, con la expedición del Decreto 1068 del 23 de junio de 1995 19 se
estableció el límite temporal para que los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliaran
para los efectos de cotizaciones en pensión, señalando el parágrafo 2.º de su
artículo 2.º, que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la

14 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
15 «Artículo 15.- Serán afiliados al sistema general de pensiones:

1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley. Así mismo, los grupos de población que
por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a
través del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales…»
16 Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras

disposiciones.
17 Ver artículo 1 del decreto citado.
18 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
19 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles

departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la
declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel
territorial.
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Ley 100 de 1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995. Señaló la
referida norma lo que sigue:

«Artículo 2º.- Selección de régimen pensional. Una vez entre a regir el sistema
general de pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los
servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima
media con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros
Sociales, ISS, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado
por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, AFP, autorizadas
por la Superintendencia Bancaria.

Los servidores públicos que elijan afiliarse o trasladarse al Instituto de Seguros
Sociales o al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán proceder de
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de este Decreto.

Parágrafo 1º.- Los servidores públicos que ingresen al servicio con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones y elijan el régimen
solidario de prima media con prestación definida, deben afiliarse al Instituto de
Seguros Sociales.

Parágrafo 2º.- Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y
pagadas por las entidades empleadoras, deberán afiliarse a cualquiera de los
dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 a más tardar el 30 de junio de
1995».

70. Ahora bien, es de recodar que el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 estableció
la creación de los fondos para pagar el pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial. Esto en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 131.Fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades oficiales
y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Cada
una de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial,
departamental, distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo
pensional contraído a la fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un
monto igual al valor de dicho pasivo que no esté constituido en reservas en las cajas
de previsión, o fondos autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras
cotizaciones que las instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar
según lo previsto en la presente Ley, en aquella parte que corresponda a
funcionarios, empleados o trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la
vigencia de la presente Ley.

Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución.
Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que
aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la
respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el
promedio de los 5 últimos presupuestos anuales, anteriores al años (sic) de iniciación
de la vigencia de la presente Ley.

Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que
se redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales
de acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de
conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno
Nacional.

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Dentro del años siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, las
universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo,
elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio
de Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que
representen los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los
2 primeros años de la vigencia de la presente Ley.
[…]».

71. Posteriormente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 199620 que tuvo por
objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación
superior de naturaleza territorial, fue específico en atender lo dispuesto en el
Decreto 1068 de 1995, ya citado, respecto del marco temporal con que contaban
los servidores públicos en afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales
contemplados en la Ley 100 de 1993, al consagrar lo siguiente en el parágrafo
1.º del artículo 2.º del referido decreto:

«Parágrafo 1º. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas instituciones que
reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de los dos
regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado a más
tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades territoriales,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995». (Negrillas fuera de
texto).

72. El citado decreto estableció en su artículo 4.° algunos eventos en que los
fondos de pasivo pensional, constituidos como una cuenta especial de las
universidades oficiales e instituciones de educación superior de carácter oficial y
naturaleza territorial, debían asumir el pago de las prestaciones allí descritas.
Estos son:

« 1. El pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener
derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo
con el régimen pensional vigente, antes del 23 de diciembre de 1993.

2. El reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva
institución, según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de
1996.

3. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía
rigiendo, siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones.

20 Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1299 de 1994.
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4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente y
trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad
administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con
los artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993, los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994
y sus decretos reglamentarios.

La expedición de los bonos pensionales se hará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 119 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que el servidor público, trabajador
oficial y personal docente, únicamente haya tenido vinculación contractual, legal y
reglamentaria con la respectiva universidad o institución, tendrá derecho a que dicha
institución efectúe la emisión del bono pensional, de acuerdo con la reglamentación
para el efecto.

5. El pago de la cuota parte correspondiente de conformidad con lo establecido en
los Decretos 1299 y 1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación
superior a la cual hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para
contribuir a la entidad emisora del bono.

6. El pago de las obligaciones pensionales extralegales, válidamente definidas o
pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993,
así como el pago de las obligaciones correspondientes a la pensión compartida con
el ISS cuando a ella haya lugar.
[…]». (Negrilla de la Sala).

73. En este orden de ideas, después de la entrada en vigencia de los regímenes
pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993, los entes universitarios de
carácter oficial perdieron competencia para el reconocimiento de pensiones de
sus servidores y, por virtud de la afiliación obligatoria de los servidores públicos
al Sistema General de Pensiones y de acuerdo con lo consagrado en el artículo
14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, quien debe efectuar el
reconocimiento respectivo es la administradora de pensiones que hubiere
recibido o le correspondiese recibir las cotizaciones del período en el cual
ocurriere el siniestro o hecho que diera lugar al pago de la prestación
correspondiente, esto es, sin perjuicio de los escenarios descritos en el artículo
4.° del Decreto 2337 de 24 de diciembre de 1996, norma que sólo en los casos
allí descritos impone la obligación a cargo del fondo pensional.

3.4.2. Caso concreto

74. En el sub lite se encuentra demostrado lo siguiente:

• A través de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 21, la
Universidad de Antioquia decidió «[s]ubrogarse en la parte de la
obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con
los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al
momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años
para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al

21Índice 3, primera instancia, Archivo Anexos de la demanda. « 5. RESOLUCIÓN RECTORAL 12094 DE
1999.pd»
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inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de
Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la
misma». En su artículo segundo el citado acto dispuso:

«En consecuencia, se reajustarán las pensiones que ha reconocido el
Instituto de Seguros Sociales a los servidores referidos y a los que a partir
de la fecha les reconozca la pensión, en el porcentaje que dicha Entidad
no cancela conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, es decir, sobre el derecho que tienen, con base en las primas de
navidad, de vacaciones y semestral, que constituyen factor salarial.».

• Por medio de la Resolución Administrativa 16628 del 11 de julio de 1999,
se reglamentó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo del mismo
año22.
• Al proceso se aportó copia de la cédula de ciudadanía y el registro civil
de nacimiento de la señora Gloria Inés del Socorro Idárraga Ortiz, donde
se indicó que nació el 18 de enero de 194823.

• Al proceso no se aportó certificado de los tiempos de servicios
desplegados por la demandada en la Universidad de Antioquia sin
embargo en la Resolución 310 de 13 de junio de 2003 por la cual se
reconoció el bono pensional por parte de la demandante, se indicó que la
accionada prestó los siguientes tiempos de servicios:

• Además en la Resolución demandada 522 de 11 de noviembre de 200324
se indicó que la señora Idárraga Ortiz laboró en dicha entidad hasta el
1.° de abril de 2003.

• A través de la Resolución 5810 de 16 de junio de 2003 (ff. 9 y s.s.
ibidem) el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de
jubilación en cumplimiento de orden de tutela emitida por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Medellín. Allí se indicó que la docente
acreditó tiempos de servicios en la Universidad de Antioquia desde el 26
de marzo de 1973 hasta el 31 de marzo de 2003 y que a partir de julio de
1995 fue afiliada al ISS.

22 Ibidem « 6. RESOLUCIÓN RECTORAL 16628 DE 1999.pdf».
23Ibidem. Archivo «Apartes hoja de vida». Folios 2 y 3.
24 Folio 16 ibidem.
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«[…]

[…]»,

El anterior reconocimiento a partir del 1.° de abril de 2003, con una
mesada pensional de $2´569.292 con base en la siguiente liquidación que
no precisó los valores ni factores incluidos en la operación matemática:

«[…]

[…].»

• Se advierte que la Universidad de Antioquia mediante la Resolución 522
de 11 de noviembre de 200325 ordenó pagarle temporalmente a la señora
Gloria Inés del Socorro Idárraga Ortiz el valor que resulta de la aplicación
del ingreso base de liquidación del inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, por la no inclusión de las primas de navidad, de vacaciones y de
servicios por parte del ISS, en los siguientes términos:

«[…]

ARTÍCULO PRIMERO: Pagar el valor que resulta de la aplicación del Ingreso
Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y no reconoce el Seguro Social, a la señora GLORIA INÉS IDÁRRAGA
ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía 32.328.147, así

A PARTIR DE SUBROGACIÓN MENSUAL

Abril 1 a 31 de octubre de 2003 $ 589.393

A partir del 1 de noviembre de 2003 la Universidad de Antioquia pagará
mensualmente la suma de $589.393, hasta que el Seguro Social lo reconozca
bien motu proprio o por orden judicial, valor que se incrementará anualmente
según lo establecido en los Arts. 21 y 36 de la Ley 100 de 1993

25 Ibidem 15 y s.s.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La beneficiaria diligenció y presentó la petición de
reliquidación del monto de la pensión ante el Instituto de Seguros Sociales, como
condición para hacer efectivo el reconocimiento y acreditó ante la Universidad
copia de dicha presentación y de los recursos interpuestos.
[…]».

Esto en cumplimiento de la Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999,
proferida por el ente educativo, a través de la cual se subrogó en parte de
dicha obligación.

• Finalmente, a través de la Resolución Rectoral 35823 de 17 de octubre de
201226, la Universidad de Antioquia decidió derogar la Resolución 12094
de 4 de mayo de 1999 y ordenó a la Vicerrectoría Administrativa resolver
las situaciones jurídicas de carácter individual y concreto creadas a partir
de la expedición de la Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999.

75. Las pruebas allegadas demuestran que la señora Gloria Inés del Socorro
Idárraga Ortiz cumplió la edad pensional (55 años exigidos en la Ley 33 de 1985)
el 18 de enero de 2003 y a 31 de diciembre de 1996 contaba con 48 años.

76. Ahora bien, el numeral 3.° del artículo 4.° del Decreto 2337 del 24 de
diciembre de 1996 señala que el fondo de pasivo pensional cuenta con la
obligación de reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados
públicos, trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el
tiempo de servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad
señalada para adquirir el derecho a la pensión.

77. En este caso, si bien la señora Idárraga Ortiz cumplió el tiempo de servicios
en el año 1993 y la edad la adquirió el 18 de enero de 2003, no obstante, la norma
exige al docente no estar afiliado a alguna de las Administradoras del Sistema
General de Pensiones, evento que no se cumple en el sub lite comoquiera que
fue afiliada al Instituto de Seguros Sociales desde julio de 1995, como indicó la
Resolución 310 de 13 de junio de 2003 dictada por la Universidad de Antioquia
lo que se corrobora con planillas de aportes visibles a folios 4 y siguientes27 .

78. Las pruebas allegadas demuestran que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para reconocer a favor de la señora Idárraga Ortiz un mayor valor
en su ingreso base de liquidación, como lo hizo a través de la Resolución 522 de
11 de noviembre de 2003, al ser obligación del ISS, asumir dicho reconocimiento,
como entidad administradora de las cotizaciones realizadas por la demandada y
en atención a lo dispuesto en el parágrafo 2.° del artículo 2.º del Decreto 1068 de
1995, norma que exigía que, en su condición de servidora pública de la
Universidad de Antioquia, fuese afiliada al Sistema General de Seguridad Social
en julio de 1995.

26 Folios 53 y s.s.
27 Índice 3, primera instancia, Archivo Anexos de la demanda. Archivo «Apartes hoja de vida».
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79. En este sentido a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación era el ISS, que finalmente,
reconoció la pensión de jubilación a través de la Resolución 5810 de 16 de junio
de 2003, por lo que, era dicha entidad ante quien debió el pensionado reclamar
eventuales reajustes pensionales conforme al régimen pensional aplicable, por lo
que no era plausible que la Universidad de Antioquia asumiera los pagos
señalados, ante el erróneo convencimiento de que asumía una obligación del
ISS.

80. Así entonces advierte la Sala que le asistió razón al Tribunal Administrativo
de Antioquia al declarar la nulidad de la resolución demandada.

3.5. Segundo problema jurídico. ¿Es procedente acceder al reembolso de
las sumas pagadas a la señora Gloria Inés del Socorro Idárraga Ortiz en
virtud del acto administrativo demandado?

81. Dado que en la apelación la entidad pidió la devolución de las mesadas
pagadas a la demandada, es necesario analizar la normativa relativa a esta
pretensión.

82. En el literal c, del numeral 1, del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se estableció lo siguiente:

«[…]
c) (…) Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe; […]».

83. En relación con el principio de buena fe, es preciso tener en cuenta que fue
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes
términos:

«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

84. En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional
Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales:

85. El primer elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe, lo
que implica un límite a los derechos de los particulares, quienes no pueden
abusar del ejercicio de las prerrogativas que el ordenamiento les reconoce y,
además, sirve de barrera para evitar la desviación de poder de las autoridades.

86. El segundo elemento, se encuentra en la presunción de buena fe en la
actuación de los particulares, la cual se justificó en los siguientes términos:

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«Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha
sido sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta
concepción negativa ha permeado todo el sistema burocrático colombiano,
el cual, so pretexto de defenderse del asalto siempre mal intencionado de los
particulares, se ha convertido en una fortaleza inexpugnable ante la cual
sucumben las pretensiones privadas, enredadas en una maraña de
requisitos y procedimientos que terminan por aniquilar los derechos
sustanciales que las autoridades están obligadas a proteger»28.

87. En relación con este principio la Corte Constitucional ha señalado:

«[…] bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las actuaciones
de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que sólo en el
caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en
contrario, la presunción de la buena fe que protege las actuaciones de los particulares
se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni
mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que el margen de la presunción que favorece
a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al
principio de constitucionalidad que informa la ley y el principio de legalidad que nutre
la producción de los actos administrativos. Por consiguiente, podría decirse entonces
que la presunción de buena fe que milita a favor de los particulares, en la
balanza Estado-administración hace las veces de contrapeso institucional de cara a
los principios de constitucionalidad y legalidad que amparan en su orden a la ley y a
los actos administrativos»29.

88. Esta Subsección considera que el argumento de la entidad apelante no goza
de vocación de prosperidad ya que, se entiende que, para los efectos de la
devolución de prestaciones pagadas de buena fe, no basta con que el particular
haya recibido unas sumas que no encuentran fundamento en una norma jurídica,
pues es necesario que haya acudido a una maniobra fraudulenta o deshonesta
con la cual se haya inducido en error a la administración30.

89. Significa lo anterior, conforme al desarrollo del principio de buena fe, que no
basta con que el pago no sea acorde con el ordenamiento jurídico, sino que es
necesario que medie una maniobra deshonesta o con falta de lealtad respecto
del Estado.

90. Dado que en este caso no se discute que la señora Gloria Inés del Socorro
Idárraga Ortiz actuó en los citados términos, sino la falta de competencia de la
Universidad para asumir una obligación que no le correspondía, se estima que
no debe hacer devolución de las sumas percibidas en virtud del acto demandado,
como bien lo estimó el Tribunal.

28Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe.

Autores: Álvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 19, marzo 11
de 1991. p. 3.
29 Corte Constitucional, sentencia C – 840 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Jaime Araújo

Rentería.
30 En este sentido véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 14 de febrero de 2019, expediente 3096-16, magistrado ponente: William Hernández Gómez;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de marzo de
2000, expediente 12.971, magistrado ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda.
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3.6. Tercer problema jurídico. ¿Era procedente la condena en costas
impuesta en primera instancia?

91. Al respecto, esta Sección había sostenido la tesis de que el concepto de las
costas del proceso estaba relacionado con todos los gastos necesarios o útiles
dentro de una actuación de esa naturaleza y comprendía los denominados gastos
o expensas del proceso llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y
otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la
prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y
secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, etc.

92. A raíz de la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente sostuvo
que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera
«automática» u «objetiva», frente a aquel que resultara vencido en el litigio. Ello,
en consideración a que debían observarse una serie de factores tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y
costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo
en el que el juez evaluara las circunstancias para imponerla o no.

93. Posteriormente, esta subsección en providencia de 7 de abril de 201631, varió
aquella posición y acogió el criterio objetivo -valorativo al concluir que no se debe
evaluar la conducta de las partes – temeridad o mala fe–, sino los aspectos
previstos en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación
a su artículo 365:

«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará
a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva
de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una
solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio
lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior,
la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse
de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los
fundamentos de su decisión.

31 Sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492 -2013, demandante: María del Rosario Mendoza

Parra y 1291 -2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al
respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada
uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por
separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos
de desistimiento o transacción. »

94. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación
jurídica previo a su imposición.

95. En el presente caso, se advierte que en efecto la demandada acudió a través
de apoderado ante la jurisdicción en procura de ejercer su defensa en el proceso
del epígrafe, esgrimiendo los argumentos que consideró suficientes y válidos
para lograr mantener la legalidad del acto administrativo cuestionado en lesividad
por la Universidad de Antioquia, es decir, con una intervención debidamente
fundamentada en salvaguarda de sus intereses por lo que no era procedente la
condena en costas dada la superación del criterio objetivo en virtud de la
modificación introducida al artículo 188 del CPACA por la Ley 2080 de 2021 que
imponía examinar la fundamentación jurídica de la defensa.

96. De acuerdo con lo anterior se advierte que no le asistió razón al Tribunal,
simplemente bajo la óptica del criterio objetivo como en efecto hizo cuando
señaló:

«Se condena en costas a GLORIA INÉS DEL SOCORRO IDÁRRAGA ORTIZ. En
atención a que se trata de un proceso declarativo de carácter laboral, con
pretensiones de contenido pecuniario; se estima entonces el valor de las
agencias en derecho a su cargo, en el 3% de las pretensiones, conforme al
Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5/8/2016.»

97. Atendiendo a las anteriores consideraciones es que se revocará el numeral
tercero de la providencia apelada, en cuanto impuso la condena en costas en
primera instancia a cargo de la señora Gloria Inés del Socorro Idárraga Ortiz.

3.7. De la condena en costas en segunda instancia

98. En este punto es importante señalar que, al tenor de lo señalado por la Ley
2080 de 2021, no es procedente imponer condena en costas a cargo de la parte
demandada dado que prosperó parcialmente el recurso de apelación formulado.

99. En cuanto a la entidad se tiene que en el recurso de apelación insistió en la
devolución de sumas con base en la presunta mala fe de la pensionada, pero sin
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aducir ninguna situación debidamente fundamentada que diera cuenta de ello,
como lo exige el artículo 164, numeral 1, literal c del CPACA, tema sobre el cual
la jurisprudencia ha sido pacífica en el sentido de que no hay lugar a la devolución
de dineros pagados a particulares de buena fe.

100. Si bien nos encontramos en el escenario de «nulidad de acto propio»
comoquiera que la entidad accionante apeló la sentencia del Tribunal sin la
debida fundamentación jurídica, sino apenas insistiendo en los mismos
argumentos de la demanda, esto es, sin aportar o indicar nuevos elementos que
permitan advertir su disenso frente a la primera instancia, por lo que corresponde
a la Sala imponer condena en costas a la entidad dado que «[el] objetivo del
legislador es que el ejercicio del derecho de acción a través de los medios de
control se haga de manera responsable, leal y seria, tanto así que consagró la
posibilidad de que aun en los procesos en que se ventile un interés público
(contencioso objetivo) sea procedente y viable la condena en costas siempre y
cuando se acredite que la demanda se presentó con “manifiesta carencia de
fundamento legal”»32.

101. De acuerdo con lo anterior, se impondrá condena en costas en la modalidad
de agencias en derecho contra la Universidad de Antioquia y a favor de la señora
Gloria Inés del Socorro Idárraga Ortiz. Una vez en firme esta providencia éstas
se fijarán por el Tribunal, de conformidad con lo señalado en el artículo 366 del
CGP.33

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021 dictada dentro

del proceso radicado 11001-03-26-000-2019-00011-00(63217).
33 Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en

el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto
en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las
sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.
3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales
hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado
sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de
costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los
parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez
los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.
5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante
los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se
concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se
haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la
respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso».
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102. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez.

SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 6 de marzo de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda
promovida por la Universidad de Antioquia en contra de la señora Gloria Inés del
Socorro Idárraga Ortiz, SALVO EL NUMERAL TERCERO QUE SE REVOCA,
de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva. En su lugar
quedará así:

«TERCERO.- ABSTENERSE de imponer condena en costas de primera
instancia, de conformidad con lo señalado».

TERCERO: Se condena en costas a la Universidad de Antioquia a favor de la
señora Gloria Inés del Socorro Idárraga Ortiz, en la modalidad de agencias en
derecho, según las consideraciones señaladas. En firme esta providencia serán
fijadas por el Tribunal de conformidad con el artículo 366 del CGP.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI»

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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