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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02131-02

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02131-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta corporación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 10 Radicación: 05001-23-33-000-2021-02131-02 (1009-2025) Demandante: Universidad de Antioquia SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida el 1.° de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, que declaró de oficio la caducidad de la acción, de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia. En su lugar: TERCERO. DECLARAR la nulidad de la Resolución 392 del 5 de julio de 2001, mediante la cual la Universidad de Antioquia ordenó pagar al señor Jesús Hernando Castaño Gutiérrez la diferencia entre lo reconocido por el ISS y lo que resultaría de incluir las primas de navidad, vacaciones y semestral en el IBL. CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO. Sin condena en costas en ambas instancias. SEXTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02131-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 05001-23-33-000-2021-02131-02 (1009-2025)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandado : Jesús Hernando Castaño Gutiérrez

Tema : Caducidad artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Reconocimiento
diferencia pensional. Subrogación de la entidad empleadora.
Devolución de dineros. Decide manifestación de impedimento.
Decisión : Revoca la sentencia de primera instancia al considerar
inaplicable la caducidad por no versar el caso sobre el
reconocimiento de una pensión. Declara la nulidad del acto por
falta de competencia de la Universidad, pero niega la
devolución de dineros al no haberse desvirtuado la presunción
de buena fe.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 1.° de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La Universidad de Antioquia, actuando por intermedio de apoderado, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anule el acto
administrativo por medio del cual se ordenó pagar a favor de Jesús Hernando Castaño
Gutiérrez el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en
el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no hubiera sido reconocido
por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), desde la expedición de la Resolución 392 del
5 de julio de 2001 hasta que dicha entidad lo hiciera bien motu proprio o por orden judicial.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la parte demandada restituir
a la Universidad de Antioquia, de manera indexada, las sumas pagadas con ocasión de
la expedición del acto acusado, esto es, desde el 5 de julio de 2001 hasta el 31 de octubre
de 2021, que corresponden a $ 269.164.787,18, más los valores que se generen hasta
que la sentencia se encuentre en firme y la condena en costas.

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02131-02 (1009-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

3. Expuso los siguientes argumentos: Jesús Hernando Castaño Gutiérrez estuvo
vinculado como docente en la Universidad de Antioquia. Previo a la expedición de la Ley
100 de 1993, la Universidad reconocía directamente las pensiones de vejez a su personal
docente y administrativo, sin realizar ningún descuento por aportes pensionales.

4. Que partir del 30 de junio de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, la Universidad afilió a sus empleados al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y
comenzó a realizar los aportes correspondientes.

5. Que históricamente y sin efectuar descuentos, había reconocido la pensión con base
en todo lo devengado por sus empleados. De acuerdo con el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, la Universidad interpretó que quienes se encontraran en
régimen de transición y les faltaran menos de diez años para adquirir la pensión al
momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, debían tener una
pensión liquidada por el ISS con base en todos los factores salariales devengados. Bajo
esa convicción, la Universidad realizó cotizaciones incluyendo todos los factores
salariales.

6. El 21 de agosto de 2001 la Universidad solicitó formalmente al ISS que reconociera y
pagara las pensiones incluyendo todos los factores devengados como parte del IBL a
quienes cumplían las condiciones mencionadas. El ISS negó esta petición mediante
comunicación del 25 de febrero de 2002, indicando que los factores que integraban el IBL
eran taxativos y excluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.

7. Con ocasión de esta negativa, la Universidad expidió la Resolución 12094 de 1999,
adoptando la interpretación favorable del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Con esta resolución, decidió subrogarse provisionalmente en la obligación que
consideraba correspondía al ISS, mientras se agotaban las vías judiciales
correspondientes, con el fin de evitar perjuicios económicos a los beneficiarios.
Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999, precisó quiénes
serían los destinatarios de dicho beneficio.

8. Con Resolución Administrativa 18066 del 14 de noviembre de 2000 reconoció y
autorizó el pago de un bono pensional a favor de la parte demandada por $ 304.807.000,
que consignó al ente previsional en mención.

9. Que el ISS reconoció a la demandada, mediante Resolución 02545 del 21 de marzo
de 2001, pensión de vejez por valor mensual de $ 2.024.665, excluyendo del ingreso
base de liquidación (IBL) las primas de navidad, servicios y vacaciones. Frente a dicha
exclusión y con fundamento en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, la Universidad de
Antioquia expidió la Resolución 392 del 5 de julio de 2001, ordenando pagar a la parte
demandada la diferencia existente entre la pensión otorgada por el ISS y la que resultaría
de aplicar el IBL incluyendo todos los factores salariales omitidos por la entidad
previsional.

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Demandante: Universidad de Antioquia

10. Señaló que aunque inicialmente había interpretado el inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 diferenciando los conceptos de lo «devengado» y lo «cotizado», con
la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 quedó establecido que las pensiones deben
liquidarse exclusivamente con base en lo efectivamente cotizado, poniendo en cuestión
la posibilidad anterior de incluir todos los factores devengados. En apoyo de esta
afirmación citó diversas providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal
Superior de Medellín que analizaron específicamente los factores salariales a considerar
en la liquidación pensional para los beneficiarios del régimen de transición.

11. También que la Ley 100 de 1993 estableció para los empleadores de los sectores
público y privado la obligación de afiliar a su personal al Sistema General de Pensiones.
En consecuencia, con la expedición del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, todas
las personas con vínculo laboral vigente ya debían estar afiliadas al sistema desde el 1.°
de julio de 1995. De esta manera, solo continuaban a cargo de la Universidad aquellas
personas que, al 31 de diciembre de 1996, ya hubiesen cumplido tanto la edad como el
tiempo de servicios exigidos, o que en esa fecha se encontraran retiradas de la entidad
con el tiempo de servicios cumplido, en espera únicamente de alcanzar la edad requerida
para acceder a la pensión de vejez.

12. Finalmente, sostuvo que el demandado en este caso no se encontraba dentro de los
supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, que permitirían considerar
alguna obligación pensional en cabeza de la Universidad, dado que al 31 de diciembre
de 1996 no contaba con el requisito de edad (tenía 51 años).

Contestación de la demanda

13. El demandado se opuso a las pretensiones y sostuvo que la subrogación reconocida
por la Universidad se fundó en el régimen de transición del inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, cuya exequibilidad fue reafirmada por la sentencia C-168 de 1995.
Indicó que, para quienes les faltaba menos de diez años para consolidar el derecho, la
pensión debía liquidarse con el promedio de lo devengado en el tiempo faltante, incluidas
primas como navidad, servicios y vacaciones, de modo que la negativa del entonces ISS
a reconocer esos factores constituyó una infracción del mandato legal.

14. Señaló que la Universidad no se atribuyó competencia para reconocer pensiones ni
creó un régimen prestacional propio, sino que actuó como empleadora para evitar que
quedara sin el pago íntegro de la prestación. Afirmó que la obligación principal seguía
radicada en la administradora pensional y que la Universidad, conforme a la Resolución
Rectoral 12094 de 1999, había asumido un pago temporal “hasta que” el ISS —hoy
Colpensiones— lo reconociera motu proprio o por orden judicial, gestión que, a su juicio,
permanecía inconclusa.

15. Alegó que la demanda no acreditó causales taxativas de nulidad ni demostró la
supuesta violación de normas constitucionales y legales, por lo que defendió la legalidad
y presunción de validez del acto acusado, expedido con motivación suficiente y soporte

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02131-02 (1009-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

normativo. En ese marco, sostuvo que el derecho del pensionado se había consolidado
y se había percibido de buena fe durante años, con protección constitucional.

16. Finalmente, adujo que era necesario vincular a Colpensiones por su interés directo
en la definición del verdadero obligado y se opuso al reintegro de las sumas pagadas, al
invocar la presunción de buena fe y la regla del CPACA que impide recuperar
prestaciones periódicas percibidas por particulares de buena fe. De manera subsidiaria,
propuso la prescripción respecto de las mesadas cuya devolución se pretendía.

Sentencia apelada

17. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró de oficio probada la caducidad de la
acción con fundamento en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el reconocimiento pensional del demandado se efectuó el 21 de marzo de
2001 y la demanda fue radicada hasta el 13 de diciembre de 2021, es decir, una vez
superado el término de cinco (5) años previsto por el legislador para controvertir los
reconocimientos pensionales.

Recurso de apelación

18. La parte demandante apeló el fallo de primera instancia al considerar que careció de
una motivación suficiente sobre la aplicabilidad de esa norma al caso concreto, pues se
limitó a comparar fechas y a concluir, de forma automática, que la acción había caducado.

19. Explicó que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 regula un término para controvertir
pensiones reconocidas por entidades facultadas, supuesto que no se configura en este
proceso. Indicó que el acto demandado no reconoció la pensión de vejez, la cual fue
otorgada por el ISS mediante Resolución 02545 del 21 de marzo de 2001, sino que la
Universidad únicamente dispuso un pago adicional y temporal por concepto de un mayor
valor derivado del IBL del régimen de transición.

20. Añadió que, por lo mismo, la Universidad no pensionó al demandado ni participó en
el reconocimiento pensional, pues su intervención se circunscribió a la financiación
mediante bono pensional y a una subrogación que calificó como liberalidad. En ese
marco, reiteró que la caducidad prevista en la Ley 2381 de 2024 no es aplicable y solicitó
revocar la decisión inhibitoria para que se estudie el fondo del litigio.

21. Por último, pidió que, al resolver de mérito, se declare la nulidad del acto acusado
por falta de competencia de la Universidad para ordenar ese pago y, en consecuencia,
se disponga el reintegro de las sumas recibidas, al considerar que el reconocimiento era
temporal y condicionado y que el beneficiario omitió gestionar ante la administradora
pensional la definición del verdadero obligado.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02131-02 (1009-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. Mediante auto proferido el 1.° de diciembre de 2025 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante.

23. Dentro de la oportunidad procesal, la parte demandada y el Ministerio Público
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia.

24. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

Cuestión previa

25. En el presente caso, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto,
basándose en las siguientes razones:

26. El 9 de febrero de 20261 el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante de
esta Subsección, manifestó impedimento para conocer del asunto de la referencia, con
fundamento en la causal señalada en el numeral 1° del artículo 141 del Código General
del Proceso. Para ello, indicó que le asiste interés directo en las resultas del proceso,
dado que ha celebrado contratos con la Universidad de Antioquia «para dictar cátedra en
la Especialización de Derecho Administrativo en las materias Derecho Procesal
Administrativo, Sujeto Jurídico Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»

27. El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la
imparcialidad del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que
pueden comprometer su criterio en la toma de decisiones.

28. Las causales de impedimento establecidas en la ley son taxativas y de aplicación
restrictiva, constituyendo una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que
no puede ampliarse discrecionalmente conforme al criterio del juez o de las partes.

29. La causal de impedimento invocada por el consejero de Estado se encuentra
enunciada en el numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso, así:

1 Índice 11 SAMAI, segunda instancia.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02131-02 (1009-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.

[...]

30. En ese contexto, y habiéndose confrontado la causal invocada con las razones
expuestas, la Sala considera procedente aceptar el impedimento formulado, toda vez que
se entiende que la relación contractual del magistrado con la parte demandante genera
un interés indirecto en el resultado del proceso, lo cual resulta suficiente para
comprometer su imparcialidad en la resolución del litigio.

Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de primera instancia
incurrió en error al declarar la caducidad de la acción, con fundamento en el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024, en relación con el caso concreto. De establecerse la indebida
aplicación de dicha norma, deberá analizarse si el acto administrativo acusado se
encuentra viciado de nulidad, en cuanto la Universidad de Antioquia asumió obligaciones
que competían al ISS. Finalmente, se determinará si procede ordenar la devolución de
las sumas percibidas por el beneficiario, atendiendo al principio de buena fe.

Análisis del problema jurídico

32. En el presente caso, la Sala revocará la decisión de primera instancia al considerar
que no era procedente declarar la caducidad de la acción con base en el artículo 86 de
la Ley 2381 de 20242, por cuanto la controversia no versa sobre el reconocimiento de una
pensión, sino sobre la legalidad de un acto mediante el cual la Universidad de Antioquia
se subrogó en una obligación que correspondía al extinto ISS. En consecuencia, se
accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda al contrastarse que la
Universidad carecía de competencia para expedir el acto acusado, lo que configura una
causal de nulidad. No obstante, se negará la devolución de las sumas percibidas por la
parte demandada, al no haberse desvirtuado la presunción de la buena fe, conforme a
las razones que se expondrán a continuación.

(i) Aplicación de la regla de caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024

33. La caducidad es un presupuesto procesal de orden público que limita temporalmente
el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Su finalidad es garantizar la
seguridad jurídica y la estabilidad de los actos administrativos, lo que justifica su carácter
irrenunciable y su eventual declaratoria de oficio por parte del juez, conforme al artículo
187 del CPACA.

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Demandante: Universidad de Antioquia

34. El literal c) del numeral 1.° del artículo 164 del CPACA establece como regla general
que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier
tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 20243 previó como regla especial de caducidad que «Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.»

35. En consonancia con lo anterior, salta a la vista que la norma en mención no resulta
aplicable al caso particular, dado que el acto administrativo aquí censurado no se deriva
del reconocimiento de una pensión otorgada por una entidad facultada para ello. Por el
contrario, la controversia se centra en discutir la legalidad de un acto administrativo
mediante el cual la Universidad de Antioquia ordenó pagar, a favor de Jesús Hernando
Castaño Gutiérrez, el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación
previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que no fue reconocido
por el ISS.

36. Cabe precisar que el extinto ISS fue la entidad de previsión que le reconoció al
demandado una pensión de jubilación mediante la Resolución 02545 del 21 de marzo de
2001, acto administrativo que no es objeto de demanda en el presente proceso.

(ii) Reconocimiento pensional de empleados públicos universitarios

37. El demandado prestó sus servicios como docente en la Universidad de Antioquia. El
14 de mayo de 1999, el ente educativo expidió la Resolución rectoral 120944 mediante la
cual se subrogó en una «obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
En su artículo primero dispuso lo siguiente:

«ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de
transición, y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de diez
años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu propio, o
por orden judicial, asuma la misma.»

38. Posteriormente, por medio de la Resolución 16628 el 25 de junio de 1999 el
vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia reglamentó la Resolución
Rectoral 12094, precisando que sus destinatarios «son los jubilados: empleados públicos
docentes y los empleados no docentes de la Universidad de Antioquia, que se encuentren

3 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y

Muerte Común, y se dictan otras disposiciones”.
4 La totalidad de las pruebas obran el expediente digital.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02131-02 (1009-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de diez años para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y
pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta lo devengado por el
servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993». De
igual manera estableció el monto, los requisitos, la duración y el pago de lo reconocido
en el mentado acto administrativo.

39. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución 18066 del 14 de noviembre de
2000 mediante la cual reconoció a favor del señor Jesús Hernando Castaño Gutiérrez un
bono pensional por la suma de $ 304.807.000.

40. El 21 de marzo de 2001, por medio de la Resolución 02545, el extinto ISS reconoció
una pensión de jubilación al señor Castaño Gutiérrez, en cuantía de $ 2.024.665.

41. El 5 de julio de 2001 la Universidad de Antioquia profirió la Resolución 392, a través
de la cual ordenó pagar a la parte demandada la diferencia entre lo reconocido por el ISS
y lo que resultaría de incluir las primas de navidad, vacaciones y semestral en el IBL. Esta
actuación se sustentó en el supuesto cumplimiento del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.

42. La Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 fue derogada posteriormente
mediante la Resolución Rectoral 35823 17 de octubre de 2012.

43. Ahora, el Decreto 1848 de 1969 estableció que las pensiones de jubilación de los
empleados oficiales serían asumidas por la última entidad pública empleadora si no
existía afiliación a una entidad de previsión social. Posteriormente, con la expedición de
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios (691 y 692 de 1994, y 2337 de 1996),
se creó el Sistema General de Seguridad Social Integral, ordenando la afiliación
obligatoria de los servidores públicos, incluidos los empleados de universidades
estatales, al nuevo sistema de pensiones. A partir del 30 de junio de 1995, la competencia
para reconocer y pagar pensiones de estos servidores quedó radicada en la
administradora que hubiera recibido las respectivas cotizaciones, cesando así la
competencia directa de las universidades estatales.

44. En consecuencia, tras la entrada en vigor de los regímenes pensionales establecidos
en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales perdieron competencia para el
reconocimiento de pensiones de sus servidores, por lo que esta responsabilidad quedó
en cabeza de la administradora de pensiones que recibió o debía recibir las cotizaciones5.

45. Por tanto, no era competencia de la Universidad de Antioquia pronunciarse sobre el
derecho pensional del accionado, ni respecto a lo relacionado al mayor valor del IBL, ya
que tales aspectos correspondían al ISS como administradora de las cotizaciones
realizadas por la parte demandada.

5 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de

2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02131-02 (1009-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

46. En línea con lo anterior, esta Subsección6 ha señalado en casos similares que las
universidades públicas no tienen competencia para ordenar el reconocimiento o
reliquidación de pensiones después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Específicamente, ha afirmado:

«De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional en
favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho que le
asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de factores
salariales devengados por el docente no computados por la administradora de pensiones,
facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales por tratarse del ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.

[…] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3 de
abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal de
expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la encargada
de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue declarado por el a quo.»

47. En consideración a lo expuesto, no le asiste razón a la demandada en sus reparos.
El hecho de que la Universidad de Antioquia se hubiera subrogado en una obligación
pensional que no le correspondía legalmente, no implica que esté llamada a asumir
indefinidamente un pago que compromete recursos públicos, máxime cuando se ha
desvirtuado la legalidad del acto administrativo que dio origen a dicha obligación.

48. En consecuencia, se declarará la nulidad del acto administrativo demandado, por
cuanto fue expedido por una autoridad manifiestamente incompetente para reconocer o
asumir obligaciones derivadas del sistema general de pensiones. La Universidad de
Antioquia carecía de atribuciones legales para pronunciarse sobre aspectos relativos al
ingreso base de liquidación del señor Castaño Gutiérrez o para subrogarse en
obligaciones propias del extinto ISS, hoy Colpensiones, como administradora de las
cotizaciones efectuadas.

49. En cuanto al problema jurídico relacionado con la devolución de los dineros recibidos
por la parte demandada, la Sala precisa que, conforme al artículo 83 de la Constitución
Política, la buena fe se presume en todas las actuaciones administrativas. Además,
según el numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA no procede la devolución de
prestaciones periódicas pagadas a particulares de buena fe. Sobre el particular, la
Sección Segunda7 de esta corporación ha reiterado que, para desvirtuar dicha
presunción, corresponde a la entidad estatal acreditar que el beneficiario incurrió en
conductas deshonestas, fraudulentas o dolosas.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 15 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-000-2014-01330-02 (5286-19).
7 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de

2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02131-02 (1009-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

50. En consecuencia, la Sala advierte que para que prosperara esa pretensión, la
Universidad de Antioquia debió probar no solo la ilegalidad del acto censurado, sino
también que aquellos se obtuvieron en contravía del principio de la buena fe, cuya
presunción rige en el ámbito administrativo. Sin embargo, no se allegaron al expediente
elementos de juicio que acreditaran la existencia de actuaciones fraudulentas o
deshonestas por parte de la demandada.

51. Así las cosas, se negará la pretensión dirigida a ordenar el reintegro de las sumas
pagadas al demandado.

Condena en costas

52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

54. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia impondrá condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo
366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo
188 del CPACA.

55. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez que
las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera parcial, por
manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el
proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en ambas instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta corporación,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02131-02 (1009-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia

SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida el 1.° de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta, que declaró de oficio la caducidad de la acción,
de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia. En su lugar:

TERCERO. DECLARAR la nulidad de la Resolución 392 del 5 de julio de 2001, mediante
la cual la Universidad de Antioquia ordenó pagar al señor Jesús Hernando Castaño
Gutiérrez la diferencia entre lo reconocido por el ISS y lo que resultaría de incluir las
primas de navidad, vacaciones y semestral en el IBL.

CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. Sin condena en costas en ambas instancias.

SEXTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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