Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02137-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02137-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-02137-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02137-02 (3651-2024)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Alberto Hincapié Ramírez
Tema: Pensión de vejez de los empleados de las universidades
oficiales. Pago de las prestaciones a cargo de los entes
universitarios. Costas. Presunción de buena fe
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 27 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. La Universidad de Antioquia presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución Administrativa 319 del 21 de junio de 2006,
por medio de la cual ordenó el pago a Alberto Hincapié Ramírez el valor que
resultaba de la aplicación del ingreso base liquidación contenido en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la restitución de las sumas de dinero pagadas como consecuencia de la
expedición del acto acusado, desde el 28 de noviembre de 2005 hasta el 31 de
octubre de 2021, y los valores que se generaran con posterioridad hasta que la
sentencia se encuentre en firme; y ii) la condena en costas al demandado.
1 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Universidad de Antioquia
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Alberto Hincapié Ramírez estuvo vinculado con la Universidad de Antioquia
desde el 4 de mayo de 1977, y al cumplir con los requisitos para acceder a la
pensión de vejez, tramitó su reconocimiento ante el Instituto de Seguros Sociales2.
3.2. Mediante la Resolución 018144 del 27 de septiembre de 2005, el ISS le
reconoció la prestación en cuantía mensual de $2.747.550, a partir del 9 de
noviembre de 2005, sin tener en cuenta en su liquidación las primas de navidad, «de
servicios» y de vacaciones.
3.3. La Universidad de Antioquia estuvo facultada para reconocer las pensiones de
su personal docente y administrativo con base en todo lo devengado, en virtud de
las leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1996 y los decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969. Lo
anterior sucedió hasta el 30 de junio de 1995, con la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, cuando tuvo que afiliar a todos sus empleados al extinto Instituto de
Seguros Sociales3 y efectuar los aportes correspondientes por los riesgos de
invalidez, vejez y muerte.
3.4. A partir de la expedición del Decreto 2337 de 1996 la entidad educativa perdió
competencia para continuar realizando el pago de pensiones.
3.5. Conel objeto de participar en la financiación de la pensión de vejez del
demandado, la Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono
pensional a su nombre, mediante la Resolución Administrativa 511 del 14 de octubre
de 2005, por valor de $508’079.000, de los cuales le correspondió a la Universidad
$457’016.000, suma de dinero que consignó a la entidad competente, esto es al
ISS.
3.6. Comoquiera que el ISS no incluyó en la base de liquidación de la pensión de
vejez las primas de navidad, de vacaciones y semestral, la Universidad de Antioquia
expidió la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la cual dispuso en sus
artículos 1 y 3 lo siguiente:
«Artículo primero: Subrogarse en la parte de la obligación que tenía y no reconoció el
Instituto con los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento
de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho,
2 En adelante ISS.
3 En la actualidad la Administradora de Pensiones, en adelante Colpensiones.
2
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Demandante: Universidad de Antioquia
de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que
el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma.
[…]
«Artículo Tercero: La Universidad continuará con las acciones administrativas y
judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de Seguros Sociales asuma debidamente
su obligación».
3.7. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue reglamentada por la Resolución
Administrativa 16628 de 1999, en la que se estableció como destinatarios a los
empleados públicos docentes y no docentes de la universidad, que al momento de
entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho
a la pensión, y que esta no les fuera reconocida teniendo en cuenta el promedio de
lo devengado por el servidor, conforme lo ordena el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
3.8. Con fundamento en lo anterior, la universidad emitió la Resolución Administrativa
319 del 21 de junio de 2006, en la que ordenó pagar temporalmente, « hasta que el
Seguro Social lo reconozca bien motu proprio o por orden judicial», a Alberto Hincapié
Ramírez el valor que resultaba de la aplicación del ingreso base de liquidación que
establece el inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y que no reconociera el
Seguro Social.
3.9. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue demandada por la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia
en sentencia del 10 de octubre de 20134 señaló que el acto no estaba creando una
discriminación, sino que ofrecía un tratamiento igualitario a un grupo de personas
que se encontraban en los supuestos fácticos establecidos en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, siendo justificable para la época en que se profirió la
resolución la interpretación de la universidad, providencia que fue confirmada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 16 de abril de 2015.
3.10. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 se derogó la
Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999 y se dispuso que la Vicerrectoría
Administrativa debía resolver las situaciones de carácter individual y concreto
creadas a partir de la Resolución 12094, de acuerdo con los principios, normas y
jurisprudencia vigentes en la materia.
3.11. Esta última resolución fue demandada por la Asociación de Profesores de la
4 Proferida dentro del proceso con radicado 5001-23-31-000-2009-01178-00.
3
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Demandante: Universidad de Antioquia
Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del
17 de octubre de 20135, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en
que la universidad actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener en el tiempo las
disposiciones del acto administrativo.
3.12. La Universidad de Antioquia ha interpuesto diversas demandas contra los actos
administrativos individuales que reconocieron el pago temporal previsto en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, en cuyas decisiones se ha señalado en forma
pacífica que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del Decreto 1068 de
1995, los servidores públicos y en particular el personal docente de las
universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior debían estar
afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el 30 de junio de
1995, por lo que, a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones económicas
dispuestas en la Ley 100 de 1993 era la administradora de pensiones que recibiera
sus cotizaciones; y por ello, en el caso de la demandada, no era la Universidad de
Antioquia la autoridad competente para pronunciarse acerca de la adjudicación de
su derecho pensional y específicamente lo relacionado con el mayor valor en su
ingreso base de liquidación, sino que era obligación del ISS como entidad
previsional o administradora de las cotizaciones realizadas por la demandada, la
que debía asumir dicho reconocimiento.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 10 de la Ley
4ª de 1992; 18, inciso 3, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de
1994; 5 del Decreto 1068 de 1995; y 4 del Decreto 2337 de 1996.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente6:
5.1. La Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, mediante la cual fue
reglamentada la 16628 del 25 de junio de ese año, sirvió como fundamento de la
expedición del acto acusado a través del cual la Universidad de Antioquia ordenó el
pago de los factores excluidos por la administradora de pensiones; sin embargo, la
ilegalidad de esa última decisión surgió con la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, por
cuanto estableció que para la liquidación de las pensiones solo se tendrían en
5 Proceso con radicado 05001-23-33-000-2012-00945-00.
6 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_000202102137LESIVIDA(.zip) NroActua 2; 000 2021 02137
LESIVIDAD, 00 DEMANDA ALBERTO HINCAPIÉ RAMÍREZ.pdf.
4
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Demandante: Universidad de Antioquia
cuenta los valores devengados respecto de los cuales se hayan efectuado
cotizaciones, determinó que el ingreso base de liquidación sería fijado por el
gobierno nacional y que los factores salariales corresponderían a los taxativamente
dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.
5.2. Encuanto al reconocimiento por parte de la universidad de los factores
desconocidos por Colpensiones, la Corte Constitucional de manera reiterada ha
manifestado que las liquidaciones de los pensionados que resulten beneficiarios del
régimen de transición incluirán exclusivamente los valores respecto de los cuales
se hayan efectuado cotizaciones y que ese régimen conservó la edad, el tiempo y
el monto, pero no el IBL del anterior.
5.3. Con la creación del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos
a nivel departamental, municipal y distrital, todos los empleadores perdieron la
competencia para responder directamente por el pago de las pensiones o
prestaciones económicas de los trabajadores, entre ellos la Universidad de
Antioquia.
5.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 las entidades
de carácter oficial y las instituciones de educación superior en igual condición y de
naturaleza territorial deben constituir un fondo para el pago del pasivo pensional a
favor de los empleados públicos, trabajadores públicos y docentes.
5.5. El Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 dispuso que la Universidad de
Antioquia estaba en la obligación de responder por el reconocimiento de la pensión
de los trabajadores que al 31 de diciembre de 1996 hubieran cumplido la edad y el
tiempo de servicio o que ya estuvieran retirados por haber cumplido el tiempo
necesario y solo esperaran contar con la edad. El personal activo de la institución
debió afiliarse desde el 1º de julio de 1995, como en efecto le sucedió al
demandante, al no contar con los requisitos previstos por el mencionado decreto,
pues nació el 23 de febrero de 1950.
1.2. Contestación de la demanda
6. Alberto
Hincapié Ramírez se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos7:
6.1. La universidad comenzó a efectuar cotizaciones con las respectivas
deducciones antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, el
cual entró a regir el 30 de junio de 1995 para las entidades territoriales o de este
7 Ibidem, 08 22-sep-22 CONTESTACIÓN.pdf.
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carácter, por lo cual el Consejo Superior Universitario expidió la Resolución Superior
2035 del 26 de enero de 1994, que obligó a todos sus servidores [dentro de los que
se encontraba él] a realizar aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral.
6.2. Si bien era cierto que la resolución acusada tenía la vocación de temporalidad,
esto es estaba condicionada hasta tanto el ISS « motu proprio o por orden judicial»
incluyera las primas de servicios, navidad, y vacaciones en las liquidaciones de las
pensiones de vejez del personal universitario [situación que aún no ha sucedido],
también era cierto que la universidad no había realizado las gestiones ni las
acciones judiciales para lograr que la administradora del régimen de prima media
recibiera las doceavas de estas primas como aportes.
6.3. La institución expidió el acto administrativo acusado de conformidad con el
principio de legalidad y en concordancia con el artículo 53 de la Constitución, así
como con la normativa vigente en materia pensional. Igualmente, se ajustó al
precedente del Consejo de Estado8 y generó derechos adquiridos pensionales que
deben ser respetados, independientemente de la entidad pagadora que los asuma.
Lo anterior, porque cumplió con los requisitos para ser beneficiario del régimen de
transición y en tal virtud se le reconoció una mesada pensional que no podría
dejársele de pagar o reducirse según lo dispone el Acto Legislativo 01 de 2005; lo
contrario violaría el derecho a la aplicación progresiva de las garantías sociales.
6.4. Según lo previsto en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 20189, la
liquidación de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a quienes les faltara menos de 10
años para su causación debía efectuarse con base en el promedio de lo devengado
en ese periodo y con «todos los factores con naturaleza salarial percibidos por el servidor,
tales como primas de servicios, navidad y de vacaciones» [sic].
6.5. No existe razón para que se considere que el pago con subrogación comporta la
creación de un régimen pensional paralelo ni que con este se violenten los principios
y normas del Estatuto de Seguridad Social.
6.6. Los dineros que ahora se reclaman los percibió de buena fe en virtud de la
Resolución Administrativa 319 del 21 de junio de 2006 por concepto de mesadas
pensionales denominada subrogación, por lo tanto, no hay lugar a que se le ordene
8 La demandada no aportó datos adicionales del precedente aludido, pero citó: «que ha señalado en
forma reiterada y sistemática que esos mismos factores salariales establecidos, además, en la Ley
33 de 1985 no son taxativos, y que obligatoriamente las mesadas pensionales deben reflejar todo lo
devengado, es decir, para estos efectos las primas de navidad, servicios y vacaciones (factores a
los que obedece la subrogación)».
9 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
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su restitución porque el artículo 164, literal c), del CPACA establece que no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
6.7. Por último, propuso las siguientes excepciones: i) legalidad del acto impugnado;
ii) buena fe del demandado «excepción relevante frente a la pretensión consecuencial de
restitución y condena en costas» [sic]; y iii) prescripción.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión profirió
sentencia el 27 de noviembre de 2023 mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandado. En tal sentido,
declaró la nulidad de la Resolución Administrativa 319 del 21 de junio de 2006; sin
embargo, negó la pretensión relativa a la devolución de las sumas de dinero
percibidas en virtud del acto anulado.
10
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos :
8.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, el Sistema
General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental,
municipal y distrital, entró a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, y así lo dispuso
el Decreto 691 de 1994.
8.2. El artículo 4 del Decreto 2337 de 1996 determinó que las siguientes serían las
únicas obligaciones de reconocimiento pensional que quedaban a cargo de los
entes universitarios oficiales a partir del 30 de junio de 1995 y para las cuales se
creó un fondo de pasivo pensional:
8.2.1. Aquellas que las universidades tenían a su cargo, y el reconocimiento y pago
de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez
o jubilación, invalidez y sobrevivencia, de acuerdo con el régimen pensional vigente,
antes del 23 de diciembre de 1993;
8.2.2. Las de quienes cumplieron con los requisitos entre el 23 de diciembre de 1993
y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones en el orden territorial o en la respectiva institución, según sea el caso, o
entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996;
8.2.3. Las de los empleados públicos, trabajadores oficiales y personal docente que
cumplió con el tiempo de servicio al 31 de diciembre de 1996 y no había llegado a
10 Ibidem, 20 SENTENCIA 2021 02137 00 LESIVIDAD -UDEA -CONCEDE PARCIALMENTE.pdf.
7
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la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen
que los regulaba, siempre y cuando no se encontraran afiliados a algunas de las
administradoras del sistema; y
8.2.4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente
y trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de prima media con prestación
definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad,
de conformidad con los artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios.
8.3. De conformidad con lo previsto en el numeral 19, literales e) y f), del artículo 150
de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 4 de 1992, corresponde al
gobierno nacional determinar el régimen prestacional y pensional de los servidores
públicos, por tanto, los entes universitarios no se encuentran facultados para
reconocer a sus empleados pensiones o factores adicionales para su liquidación,
superiores a los establecidos en la ley.
8.4. A través de la Resolución 16168 del 11 de diciembre de 2003 el ISS le reconoció
la pensión de vejez, en cuantía de $2.747.550, a partir del 9 de noviembre de 2005,
sin incluir en su liquidación las primas de navidad, servicios y vacaciones.
8.5. En la Resolución 319 del 21 de junio de 2006 la Universidad de Antioquia ordenó
el pago de la diferencia que resultaba entre la aplicación del IBL conforme con el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el efectuado con la inclusión de las primas de
vacaciones, de navidad y semestral que no reconoció el ISS a Alberto Hincapié
Ramírez, se asumió una obligación que no establecía la ley. Allí se indicó con
claridad que el reconocimiento se hizo a título de subrogación con fundamento en
lo dispuesto en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, por lo cual la universidad se
hizo cargo de aquellas sumas de dinero que no reconoció el ISS a sus servidores
que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de 10 años para
adquirir el derecho pensional; y lo hizo con la convicción de que era una obligación
que tenía el Instituto y que no había cumplido
8.6. La Universidad actuó con mera liberalidad al subrogarse en un deber que no le
correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener la legalidad del acto
administrativo demandado. Por lo tanto, se incurrió en la causal de nulidad por
haberse expedido sin competencia. En tal sentido, no se podía considerar que el
demandado tuviera un derecho adquirido, puesto que ese reconocimiento no tenía
fundamento jurídico.
8.7. La Universidad de Antioquia no demostró que Alberto Hincapié Ramírez hubiera
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actuado de mala fe para obtener el pago de las sumas de dinero y el acto
administrativo se presumía legal, hasta el momento en que se profiriera la decisión
en sede judicial. Por lo tanto, no era procedente ordenar la devolución de las sumas
de dinero que recibió mientras el acto acusado generó efectos jurídicos.
8.8. De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 188 y 365 del CGP debe
condenarse en costas a la parte vencida en el proceso.
1.4. El recurso de apelación
9. Alberto Hincapié Ramírez interpuso recurso de apelación con fundamento en los
siguientes argumentos11:
9.1. El a quo erró al desconocer que «en los casos en los cuales es la entidad pública
quien demanda su propio acto administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho -en la modalidad de lesividad-, no es posible condenar en
costas al demandado, cuando este obró de buena fe y la causa de nulidad es imputable a
la entidad demandante» [sic].
9.2. La condena en costas es improcedente en los asuntos en los que las
pretensiones de nulidad tienen sustento en hechos imputables a la propia entidad y
en los cuales no tuvo participación el demandado.
10. La Universidad de Antioquia presentó recurso de apelación con fundamento en
lo siguiente12:
10.1. El tribunal negó la restitución de las mesadas consignadas sin tener en cuenta
que el acto anulado fue claro en advertir que el reconocimiento se efectuaba de
forma temporal y quedaba sujeto a las acciones que el beneficiario adelantara ante
el ISS «vía administrativa o judicial», lo cual pone en evidencia que no ha obrado de
buena fe al recibir y disfrutar esas sumas de dinero.
10.2. Lainactividad del demandado en el ejercicio de sus derechos frente a
Colpensiones mantuvo en el tiempo el pago de la universidad sin que le asistiera
ningún interés en iniciar acción alguna contra el ISS o Colpensiones, pese a que era
única y exclusivamente él el titular del derecho.
10.3. La buena fe, en tratándose de prestaciones periódicas, no debe ser valorada
únicamente al momento de la expedición del acto administrativo, especialmente si
se tiene en cuenta que en este caso se requería la realización de diferentes
11 Ibidem, 23RecursoApelacion.pdf.
12 Samai, índice 8, 9_MemorialWeb_APELACIONADHESIVA(.pdf) NroActua 8.
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Demandante: Universidad de Antioquia
actuaciones del demandado, por lo cual, su conducta debe ser valorada durante
todo el tiempo en que el acto ha surtido sus efectos.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar13.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto14.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
13. Con fundamento en los argumentos expuestos en los recursos de apelación15,
los problemas jurídicos consisten en determinar ¿si hay lugar a la devolución de las
sumas reconocidas, sin competencia, por parte de la Universidad de Antioquia a
Alberto Hincapié Ramírez? y ¿si procedía la condena en costas al demandado por
haber sido vencido en el proceso?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Competencia para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
de los servidores públicos en la Ley 100 de 1993
14. El Decreto 1848 de 1969 radicaba la obligación de reconocer y pagar la pensión
de jubilación a los servidores públicos en cabeza de la entidad de previsión a la que
se encontraba afiliado el servidor o, en su defecto, en la última entidad pública
empleadora.
15. Más adelante, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se creó el
Sistema General de Seguridad Social, que estableció la obligatoriedad de afiliar a
este a todas las personas vinculadas por contrato de trabajo o como servidores
públicos. Para estos últimos, el Decreto 691 del 29 de marzo de 1994 ordenó
13 Tal y como se indicó en el auto del 30 de julio de 2024. Índice 4 de Samai.
14 Así se desprende del informe secretarial del 4 de marzo de 2025. Índice 14 de Samai.
15 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Universidad de Antioquia
incorporar al Sistema General de Pensiones a los siguientes servidores públicos:
«a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental,
municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;
b) Los servidores públicos del Congreso de la República, de la Rama Judicial, el
Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la
Contraloría General de la República».
16. Posteriormente, el Decreto 692 de 1994 precisó que la entidad competente para
el reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones del Sistema
General de Pensiones sería la administradora; y el Decreto 1068 de 1995 estableció
que a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los dos regímenes
previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de cotización a pensión.
17. Finalmente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 fijó el régimen general
para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las
instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial y ratificó lo
dispuesto en el Decreto 1068 de 1995.
18. En conclusión, para el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos debían
estar afiliados al Sistema General de Pensiones, por lo tanto y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, le corresponde a la
administradora de pensiones recibir las cotizaciones del período en el cual ocurre el
siniestro o hecho que da lugar al pago de la prestación correspondiente, y proceder
a su reconocimiento o reliquidación, según sea el caso.
2.2.2. Régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional de las
universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior
de naturaleza territorial
19. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 las instituciones de
educación superior oficiales, del nivel territorial, departamental, distrital, municipal,
tenían el deber de constituir un fondo para el pago del pasivo pensional contraído a
la fecha de entrada en vigor de esa norma.
20. Con el fin de reglamentar la mencionada disposición, el presidente de la
República expidió el Decreto 2337 de 1996 «[p]or el cual se reglamenta el artículo 131
y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1299 de 1994», en el cual estableció el
régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades
oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza
territorial. Las disposiciones allí contenidas tenían como destinatarios a estas
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instituciones: i) que con anterioridad al 23 de diciembre de 1993, tenían a su cargo
el reconocimiento y pago de las pensiones en calidad de empleadoras y ii) aquellas
que a través de una caja con personería jurídica, reconocían y pagaban
directamente las obligaciones pensionales de los servidores públicos, trabajadores
oficiales y personal docente, con vinculación contractual, legal o reglamentaria con
las universidades o instituciones de educación superior16.
21. Estos fondos que asumieron el pasivo pensional de estas entidades de
educación superior se constituyeron como cuentas especiales, sin personería
jurídica, de la respectiva universidad o institución de educación superior, cuyos
recursos serían administrados en forma independiente mediante encargo fiduciario,
en el cual se mantendrán debidamente separados los recursos correspondientes a
cada subcuenta, con las características previstas en la Ley 100 de 199317.
22. Ahora bien, de acuerdo con el Decreto 2337 de 1996, estos fondos deberán
pagar las pensiones que las instituciones de educación superior tenían a su cargo,
pues tienen, entre otras, las siguientes funciones:
«Artículo 4º. Funciones de los fondos para pagar el pasivo pensional. Los fondos para
el pago del pasivo pensional en favor de los empleados públicos, trabajadores oficiales
y personal docente, constituidos como una cuenta especial de las universidades oficiales
e instituciones de educación superior de carácter oficial y naturaleza territorial, tendrán
las siguientes funciones:
1. El pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener derecho a
la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo con el régimen
pensional vigente, antes del 23 de diciembre de 1993.
2. El reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de diciembre
de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del Sistema General
de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva institución, según sea el caso, o
entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996.
3. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de servicios al
31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a
la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía rigiendo, siempre y cuando no se
encuentren afiliados a algunas de las Administradoras del Sistema General de
Pensiones.
4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente y
trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad
administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con los
16 Artículo 2 del Decreto 2337 de 1996.
17 Artículos 3 y 5 del Decreto 2337 de 1993.
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artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993, los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994 y sus
decretos reglamentarios.
La expedición de los bonos pensionales se hará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 119 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que el servidor público, trabajador
oficial y personal docente, únicamente haya tenido vinculación contractual, legal y
reglamentaria con la respectiva universidad o institución, tendrá derecho a que dicha
institución efectúe la emisión del bono pensional, de acuerdo con la reglamentación para
el efecto.
5. El pago de la cuota parte correspondiente de conformidad con lo establecido en los
Decretos 1299 y 1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación
superior a la cual hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para
contribuir a la entidad emisora del bono.
6. El pago de las obligaciones pensionales extralegales, válidamente definidas o
pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993, así
como el pago de las obligaciones correspondientes a la pensión compartida con el ISS
cuando a ella haya lugar» [sic].
23. Así las cosas, con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales y las
instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial, únicamente
conservaron la competencia de reconocer y pagar las pensiones de vejez o
jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o sustitución frente a quienes adquirieron
el estatus pensional antes del 23 de diciembre de 1993 y a quienes entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 31 de diciembre de 1996 acreditaron el tiempo de servicio
exigido por el régimen pensional del cual eran beneficiarios.
24. Finalmente, en relación con quienes no se encontraban dentro del grupo referido
en el párrafo anterior, la competencia para el reconocimiento y pago de la pensión
la ostenta la administradora del sistema general de pensiones a la cual se encuentre
afiliada el trabajador, bajo el entendido de que, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 1068 de 1995, a más tardar el 30 de junio de 1995 los servidores públicos
del orden departamental, municipal y distrital debían seleccionar a cuál de los dos
regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 se afiliarían para efectos de cotización
a pensión.
2.2.3. La condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo
25. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
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En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
26. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
27. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma18.
28. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
2.2.4. Principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial
29. La Real Academia de la Lengua Española define la temeridad como un adjetivo,
dicho de una persona excesivamente imprudente que arrostra peligros, o de una
cosa dicha, hecha o pensada sin fundamento, razón o motivo. En igual sentido, de
acuerdo con lo que señala el Diccionario panhispánico del español jurídico, la
temeridad procesal es una «actitud propia del que, resistiéndose a aceptar una
pretensión legítima, abusa de la jurisdicción, ya ejercitando acciones totalmente infundadas,
ya obstaculizando el proceso en el que se promueve de contrario una acción fundada»19.
30. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que la temeridad se da
en 2 dimensiones: i) cuando se actúa de mala fe20; y ii) cuando se acude a la
administración de justicia de manera desmedida, por iguales hechos, sin una
justificación razonable sobre dicho actuar21.
31. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el crédito
personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides hacía
18 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
19 https://dpej.rae.es/lema/temeridad-procesal
20 Sentencia T-502 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
21 Ver entre otras, sentencias: SU-154 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-986 de 2004
M.P Humberto Sierra Porto, T-410 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas, SU-168 de 2017, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
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referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre cuando
había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y entre las
partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la palabra al estar
ligado a su propia declaración22.
32. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos23, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes
interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio de
probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la
Lengua Española24, como honradez.
33. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199525, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».
34. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:
«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse»26.
35. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e
presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una
persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo».
Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.
36. A su turno, el Código Contencioso Administrativo27 en su artículo 136, numeral
2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
22 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
23Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
24 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
25 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
26 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23
de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
27 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
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demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
37. Actualmente, el desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro
ordenamiento jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, el cual dispuso:
«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».
38. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional28 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».
39. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:
«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos
tipificados legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar
elementos ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando
en muchas ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según
las circunstancias jurídicas y fácticas del caso». [se resalta]
40. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200429, en cuanto a la
aplicación del principio de la buena fe, sostuvo:
«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
28 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
29 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
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del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más
congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos
intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso
concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha
producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las
facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del
sistema jurídico». [Se resalta]
41. El artículo 79 del CGP señala que se presumirá que ha existido temeridad o mala
fe en los siguientes casos: i) cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; ii) cuando se aduzcan calidades inexistentes;
iii) cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; iv) cuando se obstruya, por acción u omisión,
la práctica de pruebas; v) cuando por cualquier otro medio se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; y vi) cuando se hagan transcripciones o
citas deliberadamente inexactas.
42. Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas con la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino que
tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría constitucional,
tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el desarrollo de la función
administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la economía, entre otros30.
43. De lo expuesto se advierte que para calificar una conducta se debe analizar la
situación particular en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que se
espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que
esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio
o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto;
empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.
44. Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que la persona cuya
conducta se analiza actuó en forma deshonesta al momento de reclamar
determinado derecho, es decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe
i) ser previa al pronunciamiento en torno a un derecho; y ii) derivarse de un hecho
concreto en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito
de acceder a ese derecho.
30 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
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45. Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades
se presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho o beneficio a efectos de demostrar que actuó
con desconocimiento de los postulados de la buena fe, o dicho en otras palabras,
que se incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la
actuación que, a la postre, conllevó a otra situación en particular.
46. En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda de
lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras fraudulentas,
como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o que contienen
información que no revelan la realidad, indican una actuación temeraria e
intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no tendría derecho sin
ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con, por ejemplo, la devolución de
los dineros recibidos como consecuencia del irregular reconocimiento de una
prestación31.
47. Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de una actuación, y que ello desemboque en el reconocimiento de
un derecho, permitiría desvirtuar la presunción de buena fe que gobierna los actos
del peticionario.
2.3. Caso concreto
48. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
48.1. Pormedio de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la
Universidad de Antioquia se subrogó en una obligación del ISS en relación con la
parte que le correspondía asumir en favor de los servidores de la entidad
beneficiados con el régimen de transición pensional que al momento de entrada en
vigencia el Sistema General del Pensiones les faltaba menos de 10 años para
31 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada
Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros
que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con
que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas
certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una
prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la
buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por
tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas,
debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo. (Negrillas fuera de texto original).».
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adquirir el derecho y que, por tanto, debía habérseles liquidado las pensiones de
vejez con el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta conforme
lo indica el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, subrogación que se
asumió hasta que el instituto reconociera esa obligación por decisión propia o por
orden judicial. Como consecuencia de lo anterior, ordenó el ajuste de las pensiones
que ya habían sido reconocidas por el ISS a los servidores que se encontraban en
la situación descrita y a quienes les fuera otorgado el derecho a partir de la fecha
de expedición de la resolución rectoral, de ahí que se consideraran las primas de
navidad, vacaciones y semestral como factor computable en la base de
liquidación32.
48.2. A través de la Resolución Administrativa 16628 del 25 de junio de 1999, la
vicerrectoría administrativa de la Universidad de Antioquia reglamentó la resolución
rectoral antes citada y, en consecuencia, fijó aspectos como33: i) los destinatarios
de la decisión: los jubilados, entendidos como empleados docentes y no docentes
de la universidad que se encontraran en régimen de transición y que al momento de
entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, les faltaban menos de 10 años para adquirir
el derecho y cuya pensión fuera reconocida, liquidada y pagada por el ISS sin tener
en cuenta el promedio de lo devengado por ellos; ii) el monto, que correspondería
a la diferencia que resultara de aplicar el 75% al promedio de lo devengado durante
el último año de servicio, liquidadas las doceavas de las primas de navidad, de
vacaciones, de servicios y la bonificación cuando a esta hubiere lugar y el valor de
la pensión que liquidaría el instituto; iii) los requisitos: que el instituto hubiere
proferido resolución de reconocimiento de la pensión y la concediera sin dar
aplicación al inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que diligenciaran petición
de reliquidación del monto de la pensión ante el instituto; y que entregaran la
solicitud en la universidad con constancia de recibido en este; iv) el término de
duración del pago de la subrogación que se previó a partir de la fecha en que le
instituto reconociera la pensión y hasta que por decisión propia o judicial, asumiera
la obligación de reliquidación; v) el pago que sería mensual; vi) la retroactividad para
los jubilados que les hubiere sido reconocida la pensión con anterioridad al 4 de
mayo de 1999.
48.3. Mediante la Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, el rector de
la Universidad de Antioquia derogó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de
1999, con fundamento en la expedición de varias decisiones judiciales en las que
se declaró la inexistencia de la obligación de parte del ISS para liquidar las
pensiones de vejez con inclusión de todo lo devengado por los servidores públicos
32 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_000202102137LESIVIDA(.zip) NroActua 2; 000 2021 02137
LESIVIDAD; 00 ANEXOS; 00 PRUEBAS; 04. RESOLUCION RECTORAL 12094 DE 1999.pdf.
33 Ibidem, RESOLUCION RECTORAL 16628 DE 1999.pdf.
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beneficiados34.
48.4. Alberto Hincapié Ramírez nació el 23 de febrero de 1950 según da cuenta la
copia de su registro civil de nacimiento y de la cédula de ciudadanía 35, y se afilió al
ISS el 1° de julio de 199536.
48.5. Mediantela Resolución Administrativa 511 del 14 de octubre de 2005 la
Universidad de Antioquia autorizó el pago del bono pensional a su nombre por valor
de $508.079.00037.
48.6. Con la Resolución 18144 del 27 de septiembre de 2005, el ISS le reconoció una
pensión de vejez a partir del 9 de noviembre de 2005, de acuerdo con la Ley 33 de
1985, en virtud de la aplicación del régimen de transición establecido en la Ley 100
de 1993 del que era beneficiario38.
48.7. Por medio del Convenio de Subrogación celebrado el 28 de octubre de 2005, la
Universidad de Antioquia y el demandado acordaron «subrogar a favor de la
universidad todos los derechos y acciones de que es titular, para solicitar del Instituto de
Seguros Sociales, como beneficiario que es del régimen de transición que consagra el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el reajuste y pago de su pensión de vejez de acuerdo
con lo que dispone el inciso tercero del mencionado artículo, esto es con base en el
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciera falta para el cumplimiento de
requisitos»39 [sic].
48.8. A través de la Resolución Administrativa 319 del 21 de junio de 2006, la
Universidad de Antioquia ordenó «pagar temporalmente el valor que resultaba de la
aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y no reconoce el Seguro Social, al señor ALBERTO HINCAPIÉ
RAMÍREZ […] a partir del 28 de noviembre de 2005» [sic] por valor de $637.239 y a partir
de 1° de enero de 2006 por $668.145, mensuales «hasta que el Seguro social lo
reconozca bien a motu proprio o por orden judicial»40 [sic].
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
49. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a la nulidad del acto
34 Ibidem, 06. RESOLUCION RECTORAL 35823 DE 2012.
35 Samai, índice 2, 5ED_EXPEDIENTE_000202102137LESIVIDA(.zip) NroActua 2; 000 2021 02137
LESIVIDAD; 00 ANEXOS; HV ALBERTO HINCAPIÉ RAMÍREZ.pdf; folios 1 y 2.
36 Ibidem, folios 3 al 10.
37 Ibidem, folios 11 al 13.
38 Ibidem, folios 14 al 18.
39 Ibidem, folio 29.
40 Ibidem, folios 26 al 38.
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administrativo demandado (Resolución Administrativa 319 del 21 de junio de 2006)
porque fue proferido sin competencia por parte de la entidad administrativa que lo
expidió; sin embargo, respecto de la procedencia de la pretensión de
restablecimiento del derecho consideró que, comoquiera que la universidad no
demostró que Alberto Hincapié Ramírez hubiese actuado de mala fe para obtener
el pago de las sumas de dinero, resultaba improcedente ordenar la devolución de
aquellas que recibió mientras el acto acusado generó efectos jurídicos, máxime,
cuando el acto administrativo se presumía legal hasta el momento en que se
profiriera la decisión en sede judicial.
50. La Universidad de Antioquia solicitó que, respecto de ese aspecto, se revocara la
anterior decisión, para lo cual señaló que el a quo no tuvo en cuenta que fue la
inactividad del demandado la que mantuvo en el tiempo el pago de la universidad
sin que le asistiera ningún interés en iniciar acción alguna contra el ISS o
Colpensiones, pese a que era única y exclusivamente él el titular del derecho.
51. Ciertamente, sobre el particular, es preciso señalar que la consecuencia de la
nulidad del acto particular, por regla general, es retrotraer las cosas al estado inicial,
de manera que se entienda que la decisión extinguida del ordenamiento positivo por
ilegal o inconstitucional, nunca existió. Empero, en los casos en los que se discuten
prestaciones periódicas, y principalmente cuando la pretensión de restablecimiento
es la devolución de sumas de dinero pagadas y no debidas, la ley se ha encargado
de cualificar la manera en que ello es posible.
52. Es así que el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA determinó que
«no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». Por su
parte el artículo 83 de la Constitución Política indicó que «[l]as actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas»; de suerte
que la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de las
autoridades, constituyéndose en fundamento de las relaciones entre la
administración y los ciudadanos.
53. Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado de manera
reiterada, en el entendido de que el principio de la buena fe es un contrapeso de la
posición de superioridad de la cual gozan las autoridades públicas, con ocasión de
las prerrogativas propias de sus funciones. Por ejemplo, en el caso de la presunción
de legalidad de los actos administrativos que estas profieren, de ahí que el texto
constitucional delimite el ámbito de aplicación de este principio y no incluya las
relaciones jurídicas entre particulares. Así entonces este principio se equipara a una
medida de protección de las personas frente a las autoridades que implica la
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prohibición de exigir en los trámites y procedimientos administrativos, declaraciones
juramentadas o documentos autenticados ya que de esto le adjudicaría la carga de
demostrar el buen proceder en su gestión41.
54. De acuerdo con lo anterior, tal y como lo ha señalado esta Corporación 42, el
principio de la buena fe incorpora una presunción legal, que admite prueba en
contrario, por lo que le corresponde a quien alega una conducta contraria, probar el
actuar de mala fe. En ese sentido, cuando se trata del error de la administración al
conceder una pretensión, la entidad no puede alegar a su favor su propia culpa para
tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe, pues le
corresponde a esta demostrar fehacientemente una actitud del beneficiario por fuera
de estos postulados.
55. De lo expuesto se concluye que para ordenar el reembolso de los montos
percibidos por Alberto Hincapié Ramírez a título de restablecimiento del derecho
como consecuencia de las órdenes contenidas en el acto demandado, la
Universidad de Antioquia debió acreditar la conducta fraudulenta o dolosa dirigida a
defraudar a la administración, lo cual no ocurrió, por cuanto lo que se advierte es
que el pago se realizó por disposición de la entidad educativa bajo la salvedad de
ser temporal mientras el ISS o Colpensiones reconocía los factores pretendidos,
pero esta temporalidad que luego se prolongó en el tiempo no puede ser atribuida
a un hecho reprochable del beneficiario sin prueba que así lo acredite.
56. Lo anterior, cobra mayor relevancia, si se tiene en cuenta que la Resolución
Administrativa 16628 del 25 de junio de 1999, reglamentó la Resolución Rectoral
12094 del 4 de mayo de 1999, por la cual la Universidad de Antioquia se subrogó la
«obligación del ISS» y estableció como requisito para su reconocimiento, que el
beneficiario diligenciara la petición de reliquidación del monto de la pensión ante el
ISS y entregara copia de ello a la universidad, lo que supone que era deber de la
institución educativa verificar el cumplimiento de ese requisito, so pena de perder el
derecho.
57. En efecto, así se advierte del acto acusado, en el que se exigió que se allegara
constancia de la demanda en contra del ISS «en un término no superior a 2 meses,
contados a partir del agotamiento de la vía gubernativa o de la configuración del silencio
administrativo […] so pena de suspender de pleno derecho el pago, sin que sea necesario
emitir un nuevo acto administrativo»; de manera que el incumplimiento de ese requisito
41 Sentencias C-255 de 2017, C-527 de 2013 y C-1194 de 2008.
42Sentencia de 1.º de septiembre de 2014. Expediente 3130-13. Consejero ponente: Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren.
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a la postre daría lugar a la pérdida del beneficio, lo que hubiese redundado en
beneficio de las finanzas de la universidad, ahora defendidas.
58. Así las cosas, como en el plenario no existen pruebas que evidencien la mala fe
del pensionado, resulta improcedente ordenar la devolución de las sumas pagadas
a su favor por virtud del acto demandado. Corolario de lo expuesto, en este punto
se confirmará la sentencia apelada.
59. Ahora bien, la Sala pasa a definir la procedencia de la condena en costas en los
términos propuestos en la apelación presentada por el demandado.
60. Sobre el particular, la Sala advierte que, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, el Tribunal Administrativo de Antioquia
condenó en costas a Alberto Hincapié Ramírez.
61. De la lectura de la norma se observa que varias de las situaciones por las que se
impone el pago de las costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que
una de las partes resultare vencida en el juicio, sin que para tal efecto indique la
necesidad de verificar la temeridad o mala fe.
62. Sin embargo, tal conclusión se deriva de una lectura aislada del artículo 188 del
CPACA, pues el enunciado deóntico dispondrá que establece la norma puede
asimilarse a decidirá, lo que no necesariamente implica concluir que impone un
criterio eminentemente objetivo, superando el subjetivo valorativo, con base en el
cual es necesario analizar la conducta de las partes al interior del proceso.
63. Sobre el particular, esta Subsección ha señalado que el vocablo disponer, tiene
una segunda acepción en el diccionario de la Real Academia Española que significa:
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse», lo que implica que aludido
enunciado según el cual «la sentencia dispondrá sobre la condena en costas», el cual
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio, sino que exige
un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las
partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o
discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma43.
64. Asimismo, cuando la norma señala que la liquidación y ejecución se regirá por
las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy CGP) no implica que deba
atenderse a las reglas allí señaladas para los eventos en que procede la condena
en costas, sino que, en caso de acreditar su causación, la liquidación y ejecución
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de diciembre de 2016,
radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014) M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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seguirá esas disposiciones. A efectos de una mayor comprensión del argumento
expuesto, a continuación se transcribirá la norma aludida:
«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»
65. De lo anterior se advierte que la remisión a las normas del procedimiento civil
está precedida de una coma, que permite entender que toda sentencia debe emitir
un pronunciamiento sobre la condena en costas, y que solo en caso de encontrar
acreditada su causación para efectos de su liquidación y ejecución debe acudirse al
CGP.
66. Ahora bien, la adición de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA refuerza
el argumento relativo a la necesidad de analizar la conducta de las partes, pues deja
en evidencia que debe evaluarse si la demanda se presentó con manifiesta carencia
de fundamento legal, es decir, aun cuando el demandante haya sido vencido en el
proceso y no se haya advertido una conducta temeraria o de mala fe que implique
ser condenado en costas, esta procederá si se observa que no tenía fundamento
legal.
67. De esta manera, está claro que el legislador no pretendió imponer al juez la
necesidad de condenar en costas cuando una las partes fue vencida, sino la de
pronunciarse sobre esas costas, sobre la base de un juicio subjetivo valorativo.
68. Este juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento44. Al respecto esta corporación ha acudido a los
criterios señalados en el artículo 79 del CGP a efectos de establecer los eventos en
los que se puede concluir que se ha actuado con temeridad o mala fe, esto es
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos
contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones
o citas deliberadamente inexactas.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de diciembre de 2016,
radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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69. De acuerdo con lo expuesto, frente a la condena de las costas el juez debe
realizar un análisis subjetivo valorativo, en tanto para decidir si condena es
necesario que i) revise la conducta de las partes en el proceso; y ii) en el expediente,
identifique si las referidas costas se causaron. Distinto es que, luego de concluir que
hay lugar a condenar en costas, la cuantía de la condena se fije en atención a lo
dispuesto en el CGP y a la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea
la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, modificado por el Acuerdo PSAA13-9943 de
2013).
70. En el caso concreto, el a quo no realizó análisis alguno en torno a la conducta
procesal de las partes y lo cierto es que la condena impuesta resulta una medida
arbitraria y discrecional, pero sobre todo violatoria del derecho de acceso a la
administración de justicia al cuestionar al demandado por oponerse a las
pretensiones de la demanda.
71. Así, la conducta temeraria o la mala fe debe estar plenamente acreditada y no
puede ser inferida de la simple improcedencia de la resistencia a la pretensión
procesal, pues el resultado adverso a los intereses del demandado no exige
entender que ejerció de forma ilegítima su derecho de oposición, sino que hizo uso
de un derecho que legal y constitucionalmente le asistía.
72. En efecto, esta Sala no evidenció que en esa instancia el demandado hubiese
actuado de forma temeraria o con mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, que habilitara la condena en costas
por lo que, al no predicarse tal proceder, se revocará esa decisión.
2.5. Costas en segunda instancia
73. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
74. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que i) no hay lugar a la
devolución de las sumas reconocidas, sin competencia, por parte de la Universidad
de Antioquia a Alberto Hincapié Ramírez, pues no existen pruebas que evidencien
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su mala fe; y ii) el demandado no actuó en forma temeraria ni con desconocimiento
de los postulados de la buena fe al oponerse a las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesta por el ente universitario, razón por la cual
no procedía la condena en costas impuesta por el a quo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 27 de noviembre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar, se dispone:
«Segundo. No condenar en costas».
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2023
por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por la Universidad de Antioquia, por las
razones expuestas en esta decisión.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara Voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
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