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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02194-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02194-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta corporación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. TERCERO. CONDENAR en costas en segunda instancia al demandado, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02194-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 05001-23-33-000-2021-02194-01 (6800-2023)
Demandante : Universidad de Antioquia
Demandado : Fabio Augusto Betancur Álvarez
Tema : Reconocimiento diferencia pensional. Subrogación de la
entidad empleadora. Caducidad artículo 86 de la Ley 2381 de
2024. Decide manifestación de impedimento.
Decisión : Se confirma la sentencia apelada. La Universidad carecía de
competencia para reconocer o reliquidar pensiones tras la Ley
100 de 1993.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia
proferida el 18 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Oralidad.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La Universidad de Antioquia, actuando por intermedio de apoderado, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anule el acto
administrativo por medio del cual se ordenó pagar a favor de Fabio Augusto Betancur
Álvarez el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación previsto en el
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que no hubiera sido reconocido por
el Instituto de Seguros Sociales (ISS).

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la parte demandada restituir
a la Universidad de Antioquia, de manera indexada, las sumas pagadas con ocasión de
la expedición del acto acusado, esto es, desde el 20 de diciembre de 2004 hasta el 31 de
octubre de 2021, que corresponden a $ 223.476.429, más los valores que se generen
hasta que la sentencia se encuentre en firme y la condena en costas.

3. Expuso los siguientes argumentos: Fabio Augusto Betancur Álvarez estuvo vinculado
como docente en la Universidad de Antioquia. Previo a la expedición de la Ley 100 de
1993, la Universidad reconocía directamente las pensiones de vejez a su personal
docente y administrativo, sin realizar ningún descuento por aportes pensionales.

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Demandante: Universidad de Antioquia

4. Que a partir del 30 de junio de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, la Universidad afilió a sus empleados al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y
comenzó a realizar los aportes correspondientes.

5. Que históricamente y sin efectuar descuentos, había reconocido la pensión con base
en todo lo devengado por sus empleados. De acuerdo con el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, la Universidad interpretó que quienes se encontraran en
régimen de transición y les faltaran menos de diez años para adquirir la pensión al
momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, debían tener una
pensión liquidada por el ISS con base en todos los factores salariales devengados. Bajo
esa convicción, la Universidad realizó cotizaciones incluyendo todos los factores
salariales.

6. El 21 de agosto de 2001 la Universidad solicitó formalmente al ISS que reconociera y
pagara las pensiones incluyendo todos los factores devengados como parte del IBL a
quienes cumplían las condiciones mencionadas. El ISS negó esta petición mediante
comunicación del 25 de febrero de 2002, indicando que los factores que integraban el IBL
eran taxativos y excluyendo las primas de navidad, servicios y vacaciones.

7. Con ocasión de esta negativa, la Universidad expidió la Resolución 12094 de 1999,
adoptando la interpretación favorable del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Con esta resolución, decidió subrogarse provisionalmente en la obligación que
consideraba correspondía al ISS, mientras se agotaban las vías judiciales
correspondientes, con el fin de evitar perjuicios económicos a los beneficiarios.
Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa 16628 de 1999, precisó quiénes
serían los destinatarios de dicho beneficio.

8. El 17 de junio de 2005 reconoció y autorizó el pago de un bono pensional a favor de la
parte demandada por $ 382.783.000, que consignó al ente previsional en mención.

9. Que el ISS reconoció al demandado, mediante Resolución 08414 del 12 de mayo de
2005, pensión de vejez por valor mensual de $ 2.821.709, excluyendo del ingreso base
de liquidación (IBL) las primas de navidad, servicios y vacaciones. Frente a dicha
exclusión y con fundamento en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, la Universidad de
Antioquia expidió la Resolución 443 del 9 de septiembre de 2005, ordenando pagar a la
parte demandada la diferencia existente entre la pensión otorgada por el ISS y la que
resultaría de aplicar el IBL incluyendo todos los factores salariales omitidos por la entidad
previsional.

10. Señaló que aunque inicialmente había interpretado el inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 diferenciando los conceptos de lo «devengado» y lo «cotizado», con
la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 quedó establecido que las pensiones deben
liquidarse exclusivamente con base en lo efectivamente cotizado, poniendo en cuestión
la posibilidad anterior de incluir todos los factores devengados. En apoyo de esta
afirmación citó diversas providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal

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Demandante: Universidad de Antioquia

Superior de Medellín que analizaron específicamente los factores salariales a considerar
en la liquidación pensional para los beneficiarios del régimen de transición.

11. También que la Ley 100 de 1993 estableció para los empleadores de los sectores
público y privado la obligación de afiliar a su personal al Sistema General de Pensiones.
En consecuencia, con la expedición del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, todas
las personas con vínculo laboral vigente ya debían estar afiliadas al sistema desde el 1.°
de julio de 1995. De esta manera, solo continuaban a cargo de la Universidad aquellas
personas que, al 31 de diciembre de 1996, ya hubiesen cumplido tanto la edad como el
tiempo de servicios exigidos, o que en esa fecha se encontraran retiradas de la entidad
con el tiempo de servicios cumplido, en espera únicamente de alcanzar la edad requerida
para acceder a la pensión de vejez.

12. Finalmente, sostuvo que el demandado en este caso no se encontraba dentro de los
supuestos previstos en el artículo 4 del Decreto 2337 de 1996, que permitirían considerar
alguna obligación pensional en cabeza de la Universidad, dado que al 31 de diciembre
de 1996 contaba únicamente con 47 años, es decir, no cumplía aún con el requisito de
edad exigido para acceder a la pensión de vejez.

Contestación de la demanda

13. El demandado guardó silencio.

Sentencia apelada

14. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, al declarar la nulidad de la Resolución 443 del 9 de septiembre de 2005 y negar
la devolución de los dineros solicitados, sin imponer condena en costas. Sustentó su
decisión en que la Universidad de Antioquia carecía de competencia para subrogarse una
obligación pensional, motivo por el cual no estaba obligada a mantener el acto
administrativo demandado.

15. Además, consideró que, conforme al artículo 86 de la Constitución Política, no
procedía ordenar la devolución de las prestaciones pagadas, en tanto estas fueron
recibidas de buena fe.

16. En cuanto a las costas, el Tribunal concluyó que no había lugar a su imposición, pues
no se encontraban acreditadas en los términos del artículo 188 del CPACA y del numeral
8 del artículo 365 del CGP y, además, porque la decisión accedió solo parcialmente a las
pretensiones formuladas.

Recurso de apelación

17. El demandado interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, al considerar, en primer lugar, que la demanda adolecía de un defecto por falta
de integración del litisconsorcio necesario, dado que la entidad que actualmente

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Demandante: Universidad de Antioquia

reconocía y pagaba la pensión —esto es, el Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones— no fue vinculada al proceso, pese a tener un interés directo en el
resultado del litigio. Sostuvo que la Resolución Rectoral 12094 de 1999 condicionó
expresamente el pago de la pensión por parte de la Universidad de Antioquia hasta tanto
el ISS asumiera dicha obligación, circunstancia que no se había materializado, lo que
hacía indispensable la comparecencia de Colpensiones al proceso, conforme al numeral
3.º del artículo 171 del CPACA.

18. Asimismo, alegó la configuración de la excepción de cosa juzgada, en tanto la
Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999 —acto del cual se derivó la resolución
demandada— había sido objeto de control judicial en un proceso promovido por la
Asociación de Profesores, que concluyó con una sentencia que negó su nulidad, por lo
que dicho acto conservaba plena validez. En ese sentido, afirmó que, al existir un
pronunciamiento judicial previo que declaró ajustada a derecho la resolución que dio
origen al acto demandado, este último debía seguir la misma suerte, máxime cuando la
jurisprudencia del Consejo de Estado había precisado que los casos cobijados por cosa
juzgada resultaban inmodificables en atención al principio de seguridad jurídica.

19. De otro lado, sostuvo que el acto administrativo demandado no se encontraba viciado
de nulidad, pues fue expedido con observancia del ordenamiento constitucional y legal,
en especial de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad de derechos mínimos y
garantía de la seguridad social consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política.
Añadió que la Universidad no podía beneficiarse de su propia conducta, dado que se
había impuesto la carga de adelantar las gestiones administrativas y judiciales necesarias
para que el ISS asumiera la obligación pensional, sin que hubiera ejercido oportunamente
las acciones correspondientes frente a la negativa de dicha entidad a recibir los aportes.

20. Finalmente, adujo que, en todo caso, había recibido las prestaciones pensionales de
buena fe, sin incurrir en fraude o conducta reprochable alguna, por lo que no procedía
ordenar la restitución de las sumas pagadas. Con fundamento en lo anterior, solicitó
revocar parcialmente la sentencia apelada en lo relativo a la declaratoria de nulidad de la
Resolución 443 del 9 de septiembre de 2005 y confirmar la decisión en los demás
aspectos.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

21. Mediante auto proferido el 4 de abril de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.

22. Durante la oportunidad procesal, la demandante no hizo manifestación alguna
respecto al recurso interpuesto por el accionado y el Ministerio Público guardó silencio.

23. Encontrándose para fallo el presente asunto, el demandado solicitó la aplicación de
la caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

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Demandante: Universidad de Antioquia

III. CONSIDERACIONES

Competencia

24. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

Cuestión previa

25. En el presente caso, la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto,
basándose en las siguientes razones:

26. El 9 de febrero de 20261, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante de
esta Subsección manifestó impedimento para conocer del asunto de la referencia, con
fundamento en la causal señalada en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General
del Proceso. Para ello, indicó que le asiste interés directo en las resultas del proceso,
dado que ha celebrado contratos con la Universidad de Antioquia «para dictar cátedra en
la Especialización de Derecho Administrativo en las materias Derecho Procesal
Administrativo, Sujeto Jurídico Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»

27. El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la
imparcialidad del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que
pueden comprometer su criterio en la toma de decisiones.

28. Las causales de impedimento establecidas en la ley son taxativas y de aplicación
restrictiva, constituyendo una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que
no puede ampliarse discrecionalmente conforme al criterio del juez o de las partes.

29. La causal de impedimento invocada por el consejero de Estado se encuentra
enunciada en el numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso, así:

Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.

[...]

1
Índice 15 SAMAI, segunda instancia.

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30. En ese contexto, y habiéndose confrontado la causal invocada con las razones
expuestas, la Sala considera procedente aceptar el impedimento formulado, toda vez que
se entiende que la relación contractual del magistrado con la parte demandante genera
un interés indirecto en el resultado del proceso, lo cual resulta suficiente para
comprometer su imparcialidad en la resolución del litigio.

Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala establecer si resulta aplicable la caducidad prevista por el
legislador en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. En caso negativo, debe determinarse
si el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en yerros jurídicos al declarar la nulidad
de la Resolución 443 del 9 de septiembre de 2005, con fundamento en la supuesta
incompetencia de la Universidad de Antioquia para subrogarse temporalmente en el
cumplimiento de obligaciones pensionales a cargo del Instituto de Seguros Sociales
(ISS), a favor de empleados beneficiarios del régimen de transición.

Análisis del problema jurídico

De la caducidad alegada

32. En el presente caso, no opera la caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, por cuanto el acto administrativo demandado no corresponde al reconocimiento
de una pensión. En consecuencia, dicha regla especial no resulta aplicable, conforme a
las consideraciones que se desarrollan a continuación.

33. La caducidad es un presupuesto procesal de orden público que limita temporalmente
el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Su finalidad es garantizar la
seguridad jurídica y la estabilidad de los actos administrativos, lo que justifica su carácter
irrenunciable y su eventual declaratoria de oficio por parte del juez, conforme al artículo
187 del CPACA.

34. El literal c) del numeral 1.° del artículo 164 del CPACA establece como regla general
que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier
tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 20242 prevé como regla especial de caducidad que «Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.»

35. En consonancia con lo anterior, salta a la vista que la norma en mención no resulta
aplicable al caso particular, dado que el acto administrativo aquí censurado no se deriva

2 «Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y

Muerte Común, y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: Universidad de Antioquia

del reconocimiento de una pensión otorgada por una entidad facultada para ello. Por el
contrario, la controversia se centra en discutir la legalidad de un acto administrativo
mediante el cual la Universidad de Antioquia ordenó pagar, a favor de Fabio Augusto
Betancur Álvarez, el valor resultante de la aplicación del ingreso base de liquidación
previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que no fue reconocido
por el Instituto de Seguros Sociales (ISS).

36. Cabe precisar que el extinto ISS fue la entidad de previsión que le reconoció al
demandado una pensión de vejez mediante la Resolución 08414 del 12 de mayo de 2005,
acto administrativo que no es objeto de demanda en el presente proceso.

De la subrogación de la obligación objeto de análisis por parte de la Universidad
de Antioquia

37. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, dado que se encuentra
desvirtuada la legalidad del acto administrativo demandado, en tanto que su expedición
no obedeció a una obligación legalmente atribuible a la Universidad de Antioquia, ni se
fundamentó en una competencia que le fuera reconocida para asumir el pago de la
obligación cuestionada, de acuerdo con las razones jurídicas y probatorias que se
expondrán a continuación.

38. El demandado prestó sus servicios como docente en la Universidad de Antioquia. El
14 de mayo de 1999, el ente educativo expidió la Resolución rectoral 120943 mediante la
cual se subrogó en una «obligación del Instituto de Seguros Sociales, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
En su artículo primero dispuso lo siguiente:

«ARTÍCULO PRIMERO: Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce
el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad en régimen de
transición, y que al momento de entrar en vigencia el sistema les faltaba menos de diez
años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu propio, o
por orden judicial, asuma la misma.»

39. Posteriormente, por medio de la Resolución 16628 el 25 de junio de 1999 el
vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia reglamentó la Resolución
rectoral 12094, precisando que sus destinatarios «son los jubilados: empleados públicos
docentes y los empleados no docentes de la Universidad de Antioquia, que se encuentren
en el régimen de transición, y que al momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba
menos de diez años para adquirir su derecho, y cuya pensión es reconocida, liquidada y
pagada por el Instituto de Seguros Sociales, sin tener en cuenta lo devengado por el
servidor, conforme lo ordena el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993». De
igual manera estableció el monto, los requisitos, la duración y el pago de lo reconocido
en el mentado acto administrativo.

3 La totalidad de las pruebas obran el expediente digital.

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40. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución 254 del 17 de junio de 2005
mediante la cual reconoció a favor del señor Fabio Augusto Betancur Álvarez un bono
pensional por la suma de $ 382.783.000.

41. El 12 de mayo de 2005, por medio de la Resolución 08414, el extinto ISS reconoció
una pensión de jubilación al señor Betancur Álvarez, en cuantía de $ 2.821.709.

42. El 9 de septiembre de 2005 la Universidad de Antioquia profirió la Resolución 443, a
través de la cual ordenó pagar a la parte demandada la diferencia entre lo reconocido por
el ISS y lo que resultaría de incluir las primas de navidad, vacaciones y semestral en el
IBL. Esta actuación se sustentó en el supuesto cumplimiento del inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.

43. La Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 fue derogada posteriormente
mediante la Resolución rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012.

44. Ahora, el Decreto 1848 de 1969 estableció que las pensiones de jubilación de los
empleados oficiales serían asumidas por la última entidad pública empleadora si no
existía afiliación a una entidad de previsión social. Posteriormente, con la expedición de
la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios (691 y 692 de 1994, y 2337 de 1996),
se creó el Sistema General de Seguridad Social Integral, ordenando la afiliación
obligatoria de los servidores públicos, incluidos los empleados de universidades
estatales, al nuevo sistema de pensiones. A partir del 30 de junio de 1995, la competencia
para reconocer y pagar pensiones de estos servidores quedó radicada en la
administradora que hubiera recibido las respectivas cotizaciones, cesando así la
competencia directa de las universidades estatales.

45. En consecuencia, tras la entrada en vigor de los regímenes pensionales establecidos
en la Ley 100 de 1993, las universidades oficiales perdieron competencia para el
reconocimiento de pensiones de sus servidores, por lo que esta responsabilidad quedó
en cabeza de la administradora de pensiones que recibió o debía recibir las cotizaciones4.

46. Por tanto, no era competencia de la Universidad de Antioquia pronunciarse sobre el
derecho pensional del accionado, ni respecto a lo relacionado al mayor valor del IBL, ya
que tales aspectos correspondían al ISS como administradora de las cotizaciones
realizadas por la parte demandada.

47. En línea con lo anterior, esta Subsección5 ha señalado en casos similares que las
universidades públicas no tienen competencia para ordenar el reconocimiento o
reliquidación de pensiones después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Específicamente, ha afirmado:

4 Tesis jurisprudencial reiterada por esta Sección, entre otras, en las sentencias del 21 y 27 de abril de

2017, emitidas dentro de los procesos radicados internos 0804-2016 y 2366-2016, respectivamente.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 15 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-000-2014-01330-02 (5286-19).

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Demandante: Universidad de Antioquia

«De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para pronunciarse sobre la liquidación de un reconocimiento pensional en
favor del señor José Elías Vallejo Mera, en este caso respecto al presunto derecho que le
asistía a una mesada superior a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de factores
salariales devengados por el docente no computados por la administradora de pensiones,
facultad que recaía en el Instituto de Seguros Sociales por tratarse del ente de previsión al
que se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.

[…] Por consiguiente, para la Sala debe concluirse que las Resoluciones 17579 del 3 de
abril y 17716 del 19 de junio, ambas de 2000, adolecen de ilegalidad por la causal de
expedición sin competencia, toda vez que la Universidad de Antioquia no era la encargada
de reconocer en todo o parte pensiones a sus empleados con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, como en efecto fue declarado por el a quo.»

48. En consideración a lo expuesto, no le asiste razón al demandado en sus reparos. El
hecho de que la Universidad de Antioquia se hubiera subrogado en una obligación
pensional que no le correspondía legalmente, no implica que esté llamada a asumir
indefinidamente un pago que compromete recursos públicos, máxime cuando se ha
desvirtuado la legalidad del acto administrativo que dio origen a dicha obligación. De otro
lado, frente a la alegada existencia de cosa juzgada respecto de la Resolución 12094 del
4 de mayo de 1999, cabe precisar que dicho acto no fue objeto de demanda en la
presente demanda, lo que torna improcedente la invocación de esta figura.

49. Ahora, en cuanto al reparo relacionado con la supuesta indebida integración del
contradictorio por la no vinculación de Colpensiones, se resalta que el demandado
contaba con la oportunidad procesal para proponer las excepciones que estimara
pertinentes, a fin de que el juez de primera instancia se pronunciara sobre el particular,
sin que ello hubiera ocurrido, pues solo en sede de apelación formuló esta solicitud. En
todo caso, es preciso indicar que en el presente asunto se discute exclusivamente la
legalidad de un acto administrativo proferido por la Universidad, y no por Colpensiones,
entidad que no intervino en su expedición ni ostenta competencia alguna respecto del
acto cuya nulidad se pretende, razón por la cual no era necesaria su vinculación al
proceso.

50. En consecuencia, se configura la nulidad del acto administrativo demandado, por
cuanto fue expedido por una autoridad manifiestamente incompetente para reconocer o
asumir obligaciones derivadas del sistema general de pensiones. La Universidad de
Antioquia carecía de atribuciones legales para pronunciarse sobre aspectos relativos al
ingreso base de liquidación del señor Betancur Álvarez o para subrogarse en
obligaciones propias del extinto ISS, hoy Colpensiones, como administradora de las
cotizaciones efectuadas.

Condena en costas

51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a

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la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

53. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá sobre la condena en costas
sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirá conforme al
artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del
artículo 188 del CPACA.

54. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia al demandado, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez, consejero de Estado de la Sección Segunda de esta corporación,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, de conformidad con lo
expuesto en esta providencia.

TERCERO. CONDENAR en costas en segunda instancia al demandado, de acuerdo con
lo señalado en la parte motiva.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02194-01 (6800-2023)
Demandante: Universidad de Antioquia

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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