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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02200-02

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02200-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02200-02 (0917-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Javier de Jesús Gallego Márquez

Tema: subrogación parcial de la mesada pensional –reiteración jurisprudencial–.
Subtema 1: expresión «y que estén en curso», prevista en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024. Subtema 2: competencia para el reconocimiento y liquidación de la
pensión de jubilación de los servidores públicos de las universidades, a partir de la
implementación del Sistema General de Pensiones en el nivel territorial. Subtema 3:
acto administrativo por medio del cual la Universidad de Antioquia asumió la diferencia
por la inclusión de factores adicionales generada en el cálculo del IBL.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, el 17 de febrero
de 2026, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La Universidad de Antioquia solicitó la declaración de nulidad del acto administrativo
por medio del cual asumió el pago de la diferencia en la mesada pensional reconocida
por el Instituto de Seguros Sociales1 —en adelante ISS— al demandado, generada
por la inclusión de las primas de navidad, de vacaciones y semestral en el cálculo del
IBL, mientras el beneficiario adelantaba las actuaciones administrativas y judiciales
pertinentes para que la administración reliquide la pensión teniendo en cuenta dichas
prestaciones. Según indicó, no tiene competencia para asumir una obligación
pensional que, en este caso, fue subrogada al ISS por la entrada en vigor del Sistema
General de Pensiones en el nivel territorial.

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, comoquiera que
declaró la nulidad del acto acusado y condenó en costas al accionado. No obstante,
negó la petición de devolución de las sumas reclamadas.

1 Hoy Colpensiones.

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02200-02 (0917-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Javier de Jesús Gallego Márquez

La Sala confirmará parcialmente la anterior decisión, al concluir que la Universidad de
Antioquia no tenía competencia para asumir el pago de diferencias pensionales
posteriores a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. No obstante, se adicionará la
providencia en el sentido de inaplicar por inconstitucional la Resolución Rectoral
12094 de 1999, por cuanto sirvió de fundamento al acto cuya nulidad se solicita y el
Tribunal no efectuó un pronunciamiento expreso sobre dicho aspecto. A su vez, se
revocará la condena en costas y, en su lugar, se negará.

2. Antecedentes

2.1. Demanda

1. La Universidad de Antioquia (en adelante la Universidad), mediante apoderado
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la parte accionada, con las siguientes
pretensiones2:

(a) Que se declare la nulidad de la Resolución 469 del 9 de agosto de 2007,
mediante la cual la Universidad ordenó pagarle al demandado el valor que
resulta de la aplicación del ingreso base de liquidación consagrado en el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

(b) Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó que se condene al demandado a restituir a la Universidad las sumas
pagadas con fundamento en dicho acto, que ascienden a $214.533.376,10
hasta el 31 de octubre de 2021, más los valores generados con posterioridad y
hasta que la sentencia quede en firme, debidamente indexadas

(c) Se condene a su contraparte al pago de las costas procesales.

2.1.1. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la Universidad expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:

(a) Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la institución
educativa reconocía las pensiones de sus empleados con base en todo lo devengado,
sin deducción alguna, conforme a las leyes 6 de 1945 y 4 de 1966 y los decretos 1743
de 1966 y 1848 de 1969. Con la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones,
en los términos del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, la Universidad afilió a todos
sus empleados al Instituto de Seguros Sociales —en adelante ISS—, entidad que
desde ese momento asumió la carga pensional; y en virtud del Decreto 2337 de 1996,
la institución perdió la competencia para continuar asumiendo el pago de las
pensiones.

2 Samai, Tribunal, índice 00053, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 53, ENLACEEXPEDIENTE.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2021-02200-02 (0917-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Javier de Jesús Gallego Márquez

(b) El señor Javier de Jesús Gallego Márquez estuvo vinculado como empleado de la
Universidad y, al cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez, gestionó su
reconocimiento ante el ISS, quien mediante Resolución 13495 del 20 de junio de 2006
le reconoció la prestación en cuantía mensual de $3.157.616 para el año 2006, sin
incluir en su liquidación las primas de navidad, servicios y vacaciones. La Universidad,
por su parte, reconoció y autorizó el pago del bono pensional a su nombre mediante la
Resolución 191 del 26 de abril de 2006, por valor de $335.188.000, suma que fue
consignada directamente al ISS.

(c) Ante la negativa del ISS de incluir las referidas primas en el cálculo del ingreso base
de liquidación —IBL—, la Universidad expidió la Resolución 12094 del 4 de mayo de
1999, mediante la cual se subrogó en la parte de la obligación que el ISS no reconocía
a los servidores en régimen de transición a quienes les faltaba menos de diez años
para pensionarse, comprometiéndose a cubrir la diferencia hasta que el ISS asumiera
la obligación por iniciativa propia o por orden judicial, y a continuar con las acciones
administrativas y judiciales necesarias para ese efecto. Dicho acto fue reglamentado
por la Resolución 16628 del 25 de junio de 1999, que precisó como destinatarios a los
empleados públicos docentes y no docentes de la institución que se encontraran en el
supuesto del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

(d) Con sustento en los anteriores actos generales, la Universidad expidió la
Resolución 469 del 9 de agosto de 2007 —acto cuya nulidad se demanda—, mediante
la cual ordenó pagarle temporalmente al señor Gallego Márquez la diferencia de
$731.071 mensuales a partir del 28 de noviembre de 2006, correspondiente a la
aplicación del IBL del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que el ISS
no reconoció. Los pagos efectuados al demandado con corte al 31 de octubre de 2021
ascendían a $214.533.376,10. Según certificado del 23 de agosto de 2021, el pago
temporal derivado de la Resolución 12094 de 1999 beneficiaba en ese momento a 496
personas, con un costo mensual de $487.468.542, equivalente a $6.824.559.588
anuales.

(e) La demandante adelantó múltiples gestiones ante el ISS y, posteriormente, ante
Colpensiones, sin lograr que la administradora asumiera las reliquidaciones, entre
ellas, comunicaciones administrativas desde el año 2001, demandas ante la
jurisdicción ordinaria laboral que resultaron desfavorables por falta de legitimación
activa de la Universidad, y un acta suscrita en mayo de 2015 para establecer el
procedimiento de envío de información que nunca se llevó a cabo.

(f) Finalmente, por la Resolución núm. 35823 del 17 de octubre del 2012, la
Universidad derogó la resolución rectoral por medio de la cual asumió el pago de la
diferencia en la mesada pensional de los empleados públicos del ente universitario,
causada por la inclusión de factores que, a su juicio, formaban parte del IBL pensional
calculado por el ISS.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02200-02 (0917-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Javier de Jesús Gallego Márquez

2.1.2. Normas violadas y concepto de la violación

3.La parte demandante citó como normas vulneradas los siguientes artículos: (a) 48
de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005; (b) 10 de la
Ley 4 de 1992; (c) 18 (inciso 3), 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; (d) 5 del Decreto
1068 de 1995; y (e) 4 del Decreto 2337 de 1996.

4. Afirmó que la Resolución 12094 de 1999 desconoció las normas constitucionales y
legales que imponen la obligación de liquidar las pensiones con los factores sobre los
cuales se realizaron cotizaciones. Además, puso de presente que la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado precisa que el régimen de transición
no incluye entre sus beneficios la determinación del IBL, razón por la cual, la liquidación
de la pensión debe atender lo dispuesto en los artículos 21 ⎯factores de cotización⎯
y 36 de la Ley 100 de 1993 ⎯régimen de transición⎯.

5. Señaló que el fondo de pensiones es el único competente para reconocer, liquidar
y pagar las pensiones de los empleados de la Universidad, de manera tal que la
resolución cuya nulidad se pretende fue dictada sin competencia, tal y como lo ha
reiterado el Consejo de Estado en las sentencias proferidas en asuntos con supuestos
de hecho y de derecho semejantes al presente.

2.2. Contestación de la demanda

6. La parte demandada propuso la excepción de indebida integración del
litisconsorcio, por cuanto Colpensiones debió ser vinculada al proceso como parte
necesaria, dado que la controversia involucra directamente su competencia y sus
obligaciones pensionales. A su vez, solicitó que se nieguen las pretensiones de la
demanda.

7. Sostuvo que la institución educativa comenzó a efectuar cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social desde el 1 de enero de 1994, en virtud de la Resolución 2035 de ese
año, expedida por el Consejo Superior Universitario, que determinó que el IBL se
calcularía sumando el salario ordinario y el valor de las prestaciones sociales que
formaran parte de la base de liquidación.

8. Sin embargo, la Universidad no trasladó efectivamente esos aportes al ISS en los
términos del parágrafo 1.º del artículo 2.º del Decreto 2337 de 1996, sino que los
conservó en sus propias arcas para nutrir el Contrato Interadministrativo de Encargo
Fiduciario suscrito entre ella, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento de Antioquia, con base en el cual se ha venido financiando el pasivo
actuarial de la institución, incluida la subrogación a los pensionados. Sobre este punto,
resaltó que la carga prestacional se encontraba debidamente financiada mediante
dicho contrato de concurrencia, de modo que la Universidad no acreditó haber sufrido
perjuicio económico alguno.

9. Destacó que la Universidad, como empleadora, siempre liquidó pensiones de vejez

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con todos los factores salariales conforme a las leyes 6 de 1945, 33 y 62 de 1985 y
los decretos 1042 y 1045 de 1978, y que al expedir la Resolución 12094 de 1999 actuó
con base en el precedente reiterado del Consejo de Estado durante más de 25 años,
según el cual el IBL debía incluir todo lo devengado por el servidor en el período de
transición. Que la propia institución elevó consulta resuelta por la Sala de Consulta del
Consejo de Estado el 16 de febrero de 2012, en la que se concluyó que el ISS estaba
en la obligación de incluir las primas de semestral, navidad y vacaciones en la
liquidación de las pensiones de los servidores universitarios en régimen de transición.

10. Resaltó que la Universidad incumplió la obligación que ella misma se impuso en las
Resoluciones 12094 y 16628 de 1999 y en la Resolución 340 de 2005, esto es,
adelantar las acciones administrativas y judiciales necesarias para que el ISS, hoy
Colpensiones, asumiera la diferencia pensional, sin que a la fecha de la demanda
hubiese promovido acción alguna contra dicha entidad

11. Adujo que la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de
2018 no solo no se encontraba vigente al momento del reconocimiento pensional del
demandado, sino que la misma corporación fue expresa en señalar el respeto por las
situaciones jurídicas consolidadas, como la del señor Gallego Márquez, quien fue
pensionado y subrogado con anterioridad a las sentencias C-258 de 2013 y SU-210
de 2017, que sirvieron de fundamento a ese fallo de unificación.

12. Manifestó, respecto de la falta de competencia de la Universidad, que lejos de
tratarse de un reconocimiento pensional autónomo, la subrogación constituye el
cumplimiento de una obligación compartida del empleador, derivada de su deber legal
de garantizar los aportes completos al Sistema y de la interpretación que la
jurisprudencia contencioso-administrativa impuso de manera vinculante durante más
de veinticinco años. Precisó que, conforme a lo establecido en la Resolución Rectoral
12094 de 1999, la Universidad asumió la diferencia como una medida transitoria
mientras el ISS tomaba a su cargo la obligación, lo que demuestra que el acto acusado
no creó una pensión nueva, sino que ejecutó una responsabilidad derivada del
régimen de transición y del precedente vigente al momento de su expedición.

13. Finalmente, frente a la pretensión de restablecimiento del derecho, la parte
demandada se opuso expresamente, con fundamento en que el artículo 164, literal c),
del CPACA establece que no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe; y en que el inciso segundo del artículo 1.º del Acto Legislativo
01 de 2005 se prohíbe expresamente reducir el valor de las mesadas pensionales
reconocidas conforme a derecho.

2.3. Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia dictada el 17 de febrero de 2026, accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda al declarar la nulidad de la Resolución 469 del 9 de agosto de 2007.

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15. Como cuestión previa, el Tribunal se pronunció sobre la solicitud de declaratoria
de caducidad planteada por el demandado, con fundamento en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024. La Sala negó dicha solicitud, de un lado, porque la Corte Constitucional,
mediante Auto 841 de 2025, suspendió la vigencia integral de la referida ley; y de otro,
por cuanto el Consejo de Estado en sentencia del 20 de febrero de 2025 precisó que
dicha disposición no era aplicable a este tipo de demandas, pues lo debatido no es el
reconocimiento de la pensión —que corresponde a Colpensiones—, sino la obligación
que voluntariamente asumió la Universidad respecto del pago de la diferencia
pensional.

16. En relación con el fondo del asunto, el Tribunal señaló que, a partir de la vigencia
del Sistema General de Pensiones para los servidores del orden territorial —fijada el
30 de junio de 1995—, las universidades públicas perdieron de manera definitiva la
competencia para reconocer, reliquidar o asumir obligaciones pensionales a favor de
sus servidores. Conforme a los artículos 14 del Decreto 692 de 1994, 2 del Decreto
1068 de 1995 y 4 del Decreto 2337 de 1996, dicha función recayó exclusivamente en
la administradora de pensiones que recibiera las cotizaciones del afiliado, en este caso
el ISS, hoy Colpensiones.

17. Concluyó que está probado que el señor Javier de Jesús Gallego Márquez fue
afiliado al Instituto de Seguros Sociales en el marco de la implementación del Sistema
General de Pensiones y que dicho Instituto reconoció la pensión de vejez mediante la
Resolución 13495 del 20 de junio de 2006, fijando el monto inicial de la prestación.
Con posterioridad a la pérdida de competencia para reconocer pensiones, la
Universidad expidió la Resolución 469 del 9 de agosto de 2007, mediante la cual
asumió el pago de un mayor valor mensual a título de complemento pensional, hasta
tanto el ISS lo reconociera «motu proprio o por orden judicial».

18. Finalmente, dijo que el acto mediante el cual la Universidad asumió el pago de la
diferencia en la mesada pensional, es nulo por falta de competencia, pues la carga
pensional de los servidores de la institución universitaria recaía, únicamente, en el
fondo de pensiones.

19. De otro lado, el Tribunal negó la pretensión de devolución de las sumas de
dinero pagadas a la parte demandada, al considerar que no medió una conducta
fraudulenta o engañosa para obtener el pago, que desvirtuara la presunción de buena
fe que la ampara. Precisó que el demandado recibió las sumas con base en un acto
administrativo particular y en firme, expedido de manera espontánea por la propia
Universidad, sin que mediara solicitud de su parte, razón por la cual no podía
trasladársele la consecuencia de un error imputable a la administración.

20. Condenó en costas a la parte demandada, fijando las agencias en derecho en
el equivalente al 3 % del valor de lo pedido, con fundamento en los artículos 188 del
CPACA y 366 del CGP.

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2.4. Recurso de apelación

21. El demandado solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y que,
en su lugar, se declarara la caducidad de la acción o, subsidiariamente, la legalidad
de la Resolución 340 del 22 de julio de 2005. De manera adicional, solicitó que se
dejara sin efectos la condena en costas impuesta.

22. Alegó que debía declararse la caducidad de la acción con fundamento en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, norma que establece un término de cinco años,
contados desde el reconocimiento pensional, para ejercer las acciones administrativas
y contencioso-administrativas. Sostuvo que, en el caso concreto, la Universidad
demandó veinte años después de que se expidió el acto que reconoció la subrogación,
excediendo el límite fijado por esa disposición.

23. Señaló que, si bien la norma se encontraba suspendida por la Corte Constitucional
mediante Auto 841 de 2025, dicha circunstancia generaba dudas sobre la facultad del
juez para pronunciarse sobre su exequibilidad, máxime cuando lo hacía con el fin de
no aplicarla. Destacó que la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
en sentencia del 2 de octubre de 2024, declaró de oficio la caducidad con base en el
mismo artículo 86, reconociendo que la norma tenía aplicación inmediata desde su
promulgación, incluso en procesos en curso.

24. Adujo que el Tribunal incurrió en una grave omisión al no ponderar las normas y
la jurisprudencia vigentes al momento del reconocimiento pensional frente a las
vigentes al momento del debate procesal. Añadió que la subrogación no constituyó la
creación de un nuevo régimen prestacional, sino la aplicación de lo dispuesto en la
Ley 33 de 1985 conforme a la cual la institución siempre había liquidado las pensiones,
obligación que debió cumplir el ISS y que, ante su negativa, asumió la Universidad
mientras gestionaba las acciones correspondientes.

25. Señaló también que la condición resolutoria que la propia Universidad se impuso
—de adelantar las acciones administrativas y judiciales necesarias para que el ISS
asumiera la obligación— no se ha cumplido hasta la fecha, pues la institución
educativa no ha demandado a Colpensiones ni la ha vinculado como litisconsorte
necesaria al presente proceso, lo que impide que el acto demandado sea declarado
nulo sobre la base del incumplimiento de esa condición. Insistió en que Colpensiones
debió ser integrada a la litis, dado que ha recibido los bonos pensionales con todos
los factores salariales y suscribió con la Universidad el acta del 12 de mayo de 2015
comprometiéndose en la reliquidación de las pensiones de los subrogados, aspecto
que fue ignorado por el Tribunal.

26. Refirió que la subrogación reconocida al demandado durante más de veinte años
se consolidó como un derecho adquirido que ingresó legítimamente a su patrimonio,
amparado por los artículos 48 y 53 de la Constitución Política y el Acto Legislativo 01
de 2005. Argumentó que ese derecho no pierde tal condición por el hecho de que la

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entidad que lo reconoció carezca de competencia, pues Gallo Márquez obró de buena
fe, sin que mediara fraude ni conducta indebida de su parte.

27. Relató que la sentencia apelada no demostró afectación al erario, pues el
reconocimiento de la subrogación se encontraba financiado mediante el contrato
interadministrativo de concurrencia suscrito entre la Universidad, el Ministerio de
Hacienda y la Gobernación de Antioquia, y los bonos pensionales fueron expedidos y
pagados con todos los factores salariales incluyendo las primas de navidad,
vacaciones y semestral.

28. Dijo que el Acto Legislativo 01 de 2005 se refiere a las pensiones concedidas con
posterioridad a su vigencia en los términos del régimen general del artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, pero de ninguna manera al régimen de transición del artículo 36
ibidem, bajo el cual fue reconocido el derecho del demandado. Afirmó que el
precedente obligatorio del Consejo de Estado para el caso es el vigente al momento
del reconocimiento pensional —esto es, el de unificación del 4 de agosto de 2010, que
ordenaba liquidar las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición con el
promedio de todo lo devengado— y que el Tribunal no expuso argumentos suficientes
para apartarse de él, en contravención de lo que el ordenamiento jurídico y la Corte
Constitucional en sentencia SU-087 de 2022 exigen para el apartamiento del
precedente vinculante. Señaló adicionalmente que la sentencia C-258 de 2013 fue
dictada para el caso de los altos dignatarios y sus pensiones de privilegio, sin que
resulte aplicable al reconocimiento de una modesta pensión de un docente
universitario.

29. Solicitó que se revoque la condena en costas impuesta por el Tribunal,
argumentando que dicha condena no procede por el simple hecho de resultar vencido
en el proceso, sino que exige la verificación de una conducta temeraria, dilatoria o de
mala fe, así como la causación efectiva de gastos ordinarios, ninguno de los cuales
se configuró en el presente caso. Sostuvo que todas sus actuaciones procesales se
adelantaron dentro de los términos legales, con diligencia y lealtad procesal, y que la
duración del proceso obedeció a la congestión judicial, circunstancia no imputable a
al demandado.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

30. Esta corporación, mediante auto del 21 de abril de 2026, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada, conforme a lo previsto en el numeral 3
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 y ordenó notificar personalmente al Ministerio
Público. De igual forma, prescindió del traslado para alegar de conclusión, en
aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron pruebas en segunda
instancia3.

3 Samai, índice 00004, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 4, 4_AUTOQUEADMITE.

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2.6. Ministerio público

31. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto con
el objetivo de solicitar que se confirmara la sentencia de primera instancia, pero sin
condenar en costas a la parte demandada.

3. Consideraciones

3.1 . Competencia

32. Corresponde al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso — Administrativo, el
conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que el inciso primero
del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. Sobre el término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024

33.Antes de abordar el estudio de fondo de los argumentos expuestos en el recurso
de apelación es necesario pronunciarse sobre la petición de aplicar el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 que realizó la parte demandada.

34. Sobre el particular, en primer lugar, debe precisarse que la Ley 2381 de 2024 entró
en vigor el 16 de julio de 2024, por lo que para la fecha en que se profirió el fallo de
primera instancia por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, esto es, el 17 de
febrero de 2026, dicha normativa ya existía.

35. En segundo lugar, se destaca que la Corte Constitucional, mediante el Auto 841
de 20254, suspendió los efectos de la Ley 2381 de 2024, al disponer expresamente lo
siguiente:

QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia de las
normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Sala
Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo que se
refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada ley. El

4 Según constancia expedida por la Secretaría General de la Corte Constitucional el 21 de agosto de 2025, el Auto

841 de 2025 fue notificado y publicado el 14 de agosto de 2025 en la página web de la institución. Asimismo, el
término de ejecutoria transcurrió los días 15, 19 y 20 de agosto de 2025. La constancia puede consultarse en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=1&expediente=D0015989, consultar la
pestaña de archivos.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-02200-02 (0917-2026)
Demandante: Universidad de Antioquia
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Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente, podrá
definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024.

36. Así las cosas, la norma cuya aplicación se solicita se encuentra suspendida hasta
que la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronuncie de manera definitiva sobre
la constitucionalidad de la ley que la contiene.

37.Aunque las anteriores razones resultan suficientes para negar la solicitud, en la
medida que no es procedente dar aplicación a una norma que se encuentra
suspendida, también vale la pena subrayar que esta Subsección frente a casos
similares al de autos, ha considerado que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que
previó un término de caducidad de 5 años, no resulta consonante con el ordenamiento
superior frente a situaciones que surgieron con anterioridad a su entrada en vigor,
como ocurre con el asunto de la referencia, por las siguientes razones:

38. El artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término
de caducidad de 5 años «para ejercer acciones administrativas y contencioso-
administrativas respecto de las pensiones reconocidas», contado a partir del
reconocimiento de la referida prestación. Así se observa en el texto del citado artículo
86 ibidem:

Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas
respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y contencioso
administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del
reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello
a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito a las pensiones
reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso
administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en
curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con
respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y
respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso
Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá́ un término de cinco (5) años a partir
de la vigencia de esta ley [destacado por fuera del texto].

39. Ahora bien, en el presente asunto, la Universidad de Antioquia solicitó la
declaración de nulidad de la Resolución 469 del 9 de agosto de 2007, razón por la
cual habría lugar a determinar si respecto de la anterior petición es pertinente el
referido término de caducidad, sin perder de vista las reglas previstas en el
ordenamiento jurídico en materia de tránsito legislativo, tratándose de leyes que
regulan la sustanciación y las ritualidades propias de los juicios.

40.En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto prescribe un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso-
administrativas respecto de las pensiones reconocidas», se considera de aquellas
normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades
propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación, en el tránsito legislativo

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anunciado, es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 18875.

41. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

42. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica estableciendo una serie de excepciones que hacen posible, aun frente a
cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación
y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a
contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de
control.

43. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron
la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX,
siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los
artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 836. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153
de 1887 en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las
reglas previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que contribuye
a la interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran el
ordenamiento jurídico vigente.

44. En este orden de ideas, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 40 de la Ley
153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en materia de caducidad
prevista en el texto original del numeral 1, literal c), del artículo 164 del CPACA, dado
que, a la fecha en que se presentó la demanda, 30 de noviembre 2021 7 , era la
disposición que en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba
vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad

5 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y

ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [destacado fuera del texto].
6 «La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado

que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos
1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta». Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
7 Samai, Tribunal. índice 00001, expediente digital.

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alguno.

45. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.

46.En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar
sus propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que el titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.

47. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en sentencia
C-1049 de 2004 8, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
régimen general de la caducidad no vulnera por sí sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

48. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigor de
la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
ejercidas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
corresponde al juez de lo contencioso–administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.

49. En estos términos, la expresión «[…] y que estén en curso […]», prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la Constitución Política y los principios constitucionales de confianza legítima
y seguridad jurídica9.

50. En el mismo sentido, esta Subsección frente a casos como el de autos, se ha
pronunciado sobre la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 únicamente
frente a actos administrativos expedidos con posterioridad a la entrada en vigor de

8 En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista

en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso-Administrativo.
9 En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso

debe preferirse la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una
norma jurídica de inferior jerarquía. Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha
compatibilidad no solo se predica de las previsiones constitucionales comprendidas como reglas, sino también de
los principios, valores y postulados de moralidad política que dan sentido a la Carta Política».

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dicha norma10. Ahora bien, no se desconoce que otras autoridades judiciales11, han
adoptado decisiones contrarias en controversias similares; sin embargo, esta
Subsección se aparta de estas, en consideración a que la aplicación retroactiva de la
señalada disposición debe compaginarse al ordenamiento superior, de carácter
prevalente.

51.En suma, debido a la suspensión de los efectos de la ley que contiene el artículo
cuya aplicación solicita la parte demandada, y al criterio de esta Subsección sobre su
impertinencia frente a situaciones que surgieron con anterioridad, como ocurre con la
presente controversia, se estima que no resulta aplicable el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024.

3.3. Problemas jurídicos

52.A partir de los motivos de inconformidad contra el fallo impugnado, la Sala estima
que los problemas jurídicos a resolver son los siguientes:

53. ¿La Universidad de Antioquia tenía competencia para asumir el pago de la
diferencia en la mesada pensional reconocida por el ISS al demandado, generada por
la inclusión de las primas de vacaciones, navidad y semestral en el cálculo del IBL,
que el ente educativo consideró procedente mientras el beneficiario iniciaba las
actuaciones administrativas y judiciales para el pago de la obligación?

54. En el análisis del anterior problema, también se tendrán en cuenta los argumentos
expuestos por la parte demandada, tendientes a ilustrar que la Universidad de
Antioquia supuestamente debía dictar el acto acusado en atención al presunto
incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social en pensiones, y
que obró en consonancia con la Resolución Rectoral 12094 de 1999, que a pesar de
haber sido derogada produjo efectos jurídicos y al amparo de la cual se consolidaron
situaciones que no pueden desconocerse.

55. Finalmente, ¿el Tribunal debía analizar la conducta de la parte vencida en juicio
para disponer sobre la condena en costas?

56. Antes de resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (a) reconocimiento y pago de la pensión de los servidores públicos; (b) régimen
de transición de la Ley 100 de 1993; (c) subrogación asumida por la Universidad de
Antioquia y (d) de la condena en costas.

10 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B sentencias del: 10 de abril de 2025, rad.

05001-23-33-000-2021-01247-02 (0801-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; del 6 de junio de 2025, rad.
05001-23-33-000-2021-01294-03 (6689-2024) y rad. 05001-23-33-000-2019-0274-03 (6668-2024), M.P. Elizabeth
Becerra Cornejo.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de octubre de 2024, rad. 50001-23-33-000-

2019-00253-01 (6637-2022).

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3.4. Marco normativo y jurisprudencial

3.4.1. Reconocimiento y pago de la pensión de los servidores públicos

57.Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 199312, la obligación de reconocer y
de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos concernía a la entidad de
previsión a la que estuviesen afiliados, esto es, la última entidad pública empleadora,
según lo disponía el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969.

58. La Ley 100 de 1993 que creó el Sistema de Seguridad Social Integral, previó en el
numeral 1 del artículo 15, la obligatoriedad de afiliar a dicho Sistema a todas las
personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.
Disposición en virtud de la cual se expidió el Decreto 691 de marzo 29 de 199413, que
incorporó (artículo 1) a estos últimos, clasificándolos así: a) los servidores públicos de
la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, así como
de sus entidades descentralizadas; y b) los servidores públicos del Congreso de la
República, de la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación,
la organización electoral y la Contraloría General de la República.

59. En cuanto a los efectos de la afiliación al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, el artículo 14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994 14 precisó que el
responsable del pago de las pensiones sería la administradora que hubiese recibido o
le corresponda recibir las cotizaciones del período en el cual ocurrió el siniestro o
hecho que dio lugar al pago de la pensión, y el Decreto 1068 del 23 de junio de 199515
fijó el límite temporal para que los servidores públicos del orden departamental,
municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliarían, esto es, prima media
con prestación definida o ahorro individual con solidaridad, señalando en el parágrafo
2 del artículo 2 que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley
100 de 1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995.

60. Posteriormente, se profirió el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996 que tuvo
por objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de
naturaleza territorial. Esta normativa fue enfática en atender el límite temporal con que
contaban los servidores públicos para afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales
establecidos en la Ley 100 de 1993, según el Decreto 1068 de 1995.

61. De acuerdo con lo anterior, se concluye que, para el 30 de junio de 1995, todos los
servidores públicos que prestaban sus servicios en las universidades e instituciones

12 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.

13 Por el cual se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Pensiones y se dictan otras
disposiciones.
14 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
15 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en los niveles departamental,

municipal y distrital, la constitución de los Fondos de Pensiones del Nivel Territorial y la declaratoria de solvencia
de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel territorial.

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oficiales de educación superior debían estar afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, comoquiera que estos hacían parte de la categoría de afiliados
obligatorios en los términos del artículo 15 de la referida Ley 100 de 1993.

62. Así, y siguiendo los pronunciamientos de esta Sección sobre el tema 16, se precisa
que después de la entrada en vigencia de los dos regímenes pensionales de la Ley
100 de 1993, las universidades de carácter oficial perdieron competencia para el
reconocimiento de pensiones de sus servidores y, en virtud de la afiliación obligatoria
de los servidores públicos al Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, es la
administradora de pensiones que hubiese recibido las cotizaciones quien debe
efectuar el reconocimiento respectivo o proceder a la reliquidación de ser el caso.

3.4.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

63. El Sistema General de Pensiones, en virtud del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permitió a quienes estaban próximos a pensionarse
mantener las condiciones previstas en el régimen anterior, siempre que reunieran los
requisitos de edad o tiempo de servicio exigidos para la fecha de entrada en vigencia
de la nueva normativa, con la precisión de que los beneficios de esa transición solo
salvaguardaban las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto o tasa de
reemplazo establecidas en la norma con la que el servidor tenía la expectativa de
pensionarse.

64. La norma citada establece que, para los beneficiarios del régimen de transición,
el ingreso base de liquidación será, si faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho a la pensión, (a) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (b) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.

65. Al respecto, el Decreto 1158 de 1994, por medio del cual se modificó el Decreto
658 de 1994 que incorporó a los servidores públicos al Sistema General de Pensiones,
dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 1. Base de cotización. El salario mensual base para calcular las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos
incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21

de abril de 2017, Rad. 05001233300020140019401(0804-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia del 22
de octubre de 2018, Rad. 05001-23-33-000-2014-00063-02(1074-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; sentencia
del 29 de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-00556-01(1601-19), M.P. César Palomino Cortés; Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2014-01418-02(5945-19), M.P.
William Hernández Gómez.

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c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de
salario;
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados;

66. El Acto Legislativo 01 de 2005, al adicionar el artículo 48 de la Constitución
Política, determinó de manera expresa que «para la liquidación de las pensiones sólo
se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
cotizaciones», precepto que se encontraba incluido en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, conforme con el cual se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones
«el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado».

67. En este orden, es válido afirmar que los beneficiarios del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tenían derecho al reconocimiento de
la pensión de acuerdo con los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto o tasa
de reemplazo prevista en el régimen anterior, sin incluir el IBL, pues este debe
calcularse con los factores salariales que sirvieron de base para los aportes,
devengados en el lapso fijado en la transición, esto es, durante los últimos 10 años de
servicio o todo el tiempo que le hiciera falta al beneficiario para pensionarse cuando
fuese inferior a este periodo.

68. Ahora bien, la Corte Constitucional, en el primer análisis de constitucionalidad
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consideró que la salvaguarda de los derechos
pensionales derivada de una transición normativa constituye «una plausible política
social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar
especial protección al trabajo». En este marco, afirmó que la regla de liquidación del
IBL aplicable a los beneficiarios de la transición es el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para pensionarse, siempre que fuera menor de diez años
o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior; actualizado anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor17. En sentencias posteriores
de constitucionalidad, la Corte decidió estarse a lo resuelto en la providencia que
declaró parcialmente exequible el artículo 36 de la Ley 100 de 199318.

69. Por otra parte, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, al
establecer el alcance del régimen de transición, fijó como primera tesis interpretativa
que los servidores públicos que cumplieran los requisitos del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 podían pensionarse al cumplir los presupuestos de edad, tiempo de servicio
y monto previstos en el régimen pensional general anterior —Ley 33 de 1985—, con
la precisión de que el último elemento protegido por la transición (monto) incluía el
beneficio de calcular el IBL con los factores y el periodo de liquidación previstos en la

17 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 20 de abril de 1995.
18 Corte Constitucional, sentencias C-058 de 1998 y C-146 de 1998.

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norma precedente, no con los señalados en el régimen general.

70. En este orden, la Sección Segunda, mediante sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, dispuso que el régimen de transición debía aplicar el principio de
inescindibilidad normativa, en el entendido de que el «monto», salvaguardado en virtud
del cambio legislativo, constituía una unidad con el período de liquidación y los factores
enunciativos, no taxativos, previstos en el régimen pensional anterior19.

71. En un segundo momento, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, por
medio de sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, replanteó la tesis aplicada
por las subsecciones de la Sección Segunda y, en su lugar, consideró que la transición
establecida en el artículo 36 de la Ley 100 solo preservó los presupuestos de edad,
tiempo de servicio y porcentaje o tasa de reemplazo dispuestos en el régimen anterior
para quienes estaban próximos a pensionarse, sin que se pueda entender que el último
elemento incluye la aplicación del periodo y factores previstos en ese régimen, por no
formar parte del beneficio de la transición. En el anterior fallo se indicó lo siguiente:

Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen [de] transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 199320.

72. La Sala Plena de esta corporación indicó en esta sentencia que las reglas de
unificación «son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial (…) De igual manera, debe precisarse que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. Las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley».

73. Sobre el particular, es oportuno precisar que el marco normativo y jurisprudencial
citado resultaba aplicable a los servidores de la Universidad de Antioquia, que por virtud
del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 fueron vinculados al Sistema General de
Pensiones a partir del 30 de junio de 1995, con la afiliación al ISS, entidad que asumió la
obligación pensional con cargo al bono que expidió el ente demandante en cada
caso21. La competencia para reconocer y pagar las pensiones de los servidores de la

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, exp. 0112-2009.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia 00143 de 28 de agosto de 2018,

exp. 2012-00143-01.
21 ARTICULO 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:

1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o
empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad
de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o

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Universidad está a cargo del fondo de pensiones al que se afiliaron en forma obligatoria
desde esa fecha22.

74. En este orden, se observa que la parte demandante asumió el pago temporal de
la diferencia en la mesada pensional de sus servidores como tercero interviniente en
la obligación pensional que el ISS tenía a su cargo a partir de la afiliación de los
empleados del nivel territorial al régimen general de pensiones, arguyendo la
necesidad de «procurar la efectividad de los derechos y principios constitucionales»
de sus empleados y bajo la condición de que los pensionados surtieran las actuaciones
administrativas y judiciales necesarias para que el fondo de pensiones asumiera la
mesada por el valor que el ente demandante consideraba ajustado a la legalidad.

3.4.3. Subrogación asumida por la Universidad de Antioquia

75. La Universidad de Antioquia, mediante la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo
de 1999, asumió el pago de la diferencia de la mesada pensional de los servidores
docentes y no docentes de la institución educativa, generada por la inclusión de las
primas de navidad, vacaciones y semestral que, a su juicio, formaban parte del IBL
pensional calculado por el ISS en el acto de reconocimiento por medio del cual ordenó
el pago de la prestación a su cargo, por motivo de la afiliación de los empleados del
orden territorial al Sistema General de Pensiones dispuesta en el artículo 151 de la
Ley 100 de 1993.

76. En las consideraciones del acto general, la Universidad afirmó que, si bien el ISS
asumió el reconocimiento y pago de las pensiones, aquella debía proteger los
derechos de sus servidores para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual el ingreso base de liquidación
de las pensiones de jubilación de los beneficiarios de la transición a quienes les faltaba
menos de diez (10) años para adquirir el derecho, debía computarse con el promedio
de «todo lo devengado» en ese periodo.

77. Para la Universidad, el ISS desconoció la norma referida al calcular el IBL pensional
con los factores sobre los cuales el pensionado hubiera realizado cotizaciones, dado
que, en su opinión, constituía «certeza jurídica» la fórmula de liquidación según la cual
el cálculo debía incluir todo lo devengado, inclusive, las primas de navidad, vacaciones
y semestral. Bajo esta consideración, la institución educativa afirmó que «no se podía
negar o complicar el acceso a los derechos conseguidos por servicios prestados al
Estado, más aún cuando la pensión era un salario diferido». Asimismo, afirmó que

condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad
Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.
También serán afiliados en forma obligatoria al Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, y se
regirán por todas las disposiciones contenidas en esta ley para todos los efectos, los servidores públicos que
ingresen a Ecopetrol, a partir de la vigencia de la presente ley.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 21 de abril de 2017, exp. 05001233300020140019401

(0804-2016); del 27 de abril de 2017, exp. 05001233300020140157301(0802-2016) y 050012333000201500110
01 (2366-2016); del 31 de enero de 2018, exp. 05001-23-33-000-2014-00058-02 (0341-17), y del 23 de octubre de
2020, exp. 05001-23-33-000-2014-00061-01(1088-17).

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realizó diferentes gestiones ante el ISS para que liquidara las pensiones según el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin lograr una respuesta positiva.

78. En este orden, la Universidad dispuso en el acto general de subrogación que debía
darle cumplimiento a la ley, en el sentido de cubrir la diferencia causada por motivo de
la liquidación de la pensión, mientras el ISS asumía esta obligación con la inclusión de
todos los factores devengados por el pensionado. Así, dispuso que se «subrogaría en
la cuota parte de la obligación» que el ISS no reconocía, para «procurar la efectividad
de los derechos y principios constitucionales de sus servidores».

79. Este acto fue reglamentado por la Resolución 16628 del 25 de junio de 1999, en el
sentido de determinar que los destinatarios de esta subrogación serían los empleados
públicos docentes y no docentes beneficiarios del régimen de transición, que les faltara
menos de diez años para adquirir el derecho al momento de entrar en vigor la Ley 100
de 1993. La Universidad pagaría a los jubilados la obligación de reliquidación que se
encontraba a cargo del ISS con las consecuencias previstas en el artículo 1670 del
Código Civil23. En este orden, asumió el pago de la diferencia que resultó de aplicar el
75% al promedio de todo lo devengado durante el último año de servicio y el valor de
la pensión que liquidó el ISS, solo por el tiempo que tardara el instituto en asumir la
obligación en el trámite administrativo o en cumplimiento de una orden judicial.

80. El acto de subrogación general fue derogado por la Resolución rectoral 35823 del
17 de octubre de 2012, al considerar que la Universidad partió del supuesto
equivocado de que existía certeza jurídica sobre el derecho a la reliquidación pensional
con la inclusión de todo lo devengado por sus servidores, sin tener en cuenta que la
obligación estaba a cargo del ISS, en forma exclusiva, y que la tesis referida fue objeto
de modificaciones jurisprudenciales que desvirtuaron esa afirmación.

81. El acto revocatorio de la «subrogación» puso de presente que el pago asumido por
la Universidad fue temporal, pues era el ISS el obligado a asumir la obligación
reclamada en las actuaciones administrativas y judiciales.

3.4.4. De la condena en costas

82. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»24. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros como

23 «La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y

privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera terceros,
obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda».
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de
2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

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son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial,
los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.»25.

83. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a partir
de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para ello, se
debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

3.4.4.1. Del criterio subjetivo en la condena en costas

84. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión «disponer»
hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse» 26 —de
acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden, «disponer» en la sentencia
«sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución»27.

85. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso28, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores, tales
como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla o no»29.

86. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en materia
contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes30. En ese sentido, antes de su imposición,
el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad o mala fe de las

25 Ibidem.
26 https://dle.rae.es/disponer.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de

noviembre de 2024, exp. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de

diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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partes. Al respecto, esta Subsección31 ha precisado lo siguiente:

[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas
del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)32.

3.4.4.2. Del criterio objetivo valorativo en la condena en costas

87. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.

88. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que en todos
los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente, la Ley 446
de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta la conducta
asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011, el legislador
dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las partes», para
implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los procesos en los que
se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley 2080 adicionó un inciso
al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en costas procede en los casos
en los que se presentó la demanda con «manifiesta carencia de fundamento legal».

89. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso segundo
al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no implica una
variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo anterior,
porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación o adición y,
en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo33 para su imposición (adoptado desde el

31 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición

de la Ley 2080 de 2021: (1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, exp. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, exp. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022), M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; (3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-2023) M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar; y (4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, exp. 15001-2333-000-2017-00604-01 (0552-2021), M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
32 Ibidem.
33 En sentencia de 23 de julio de 2020, exp. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández

Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en costas,
el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: // «a) El

21

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año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez siempre «dispondrá»
sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 365 del CGP,
sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte a la cual se impone la
condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen tal condicionamiento34.

90. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-valorativo,
objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en costas de
acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida. Valorativo,
por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se
incluya la mala fe o temeridad de las partes»35.

3.4.4.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado

91. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas, que
no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de forma
mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada ponente 36), el
criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar la condena en

legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» —
CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se
«dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere
que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes. […]».
Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta corporación.
34 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección

Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988), y iii) Sección
Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, exp. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de

diciembre de 2021, exp. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
36 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William
Hernández Gómez.

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costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe;
perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el problema planteado en esta
oportunidad.

3.5. Análisis del caso concreto

3.5.1. De la falta de competencia para dictar el acto acusado

92. Corresponde a la Sala analizar el aspecto principal de la controversia, la
competencia o no de la Universidad de Antioquia para dictar el acto acusado, mediante
la cual motu proprio decidió asumir el pago de una parte de la mesada pensional del
demandado mientras el ISS, hoy Colpensiones, por iniciativa propia u orden judicial
realizaba el pago correspondiente de manera total. Sobre el particular, se observa lo
siguiente:

93. La Universidad de Antioquia, mediante la Resolución 469 del 9 de agosto de 2007,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de
199937, ordenó pagar a favor del demandado el valor del resultado de la aplicación del
IBL establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por la suma de $731.071 desde
el 28 de noviembre de 2006 y por valor de $763.823 mensuales a partir del 1 de enero
de 2007. Esto como consecuencia de considerar que las primas de navidad, de
vacaciones y semestral debían incluirse para calcular el monto de la pensión.

Acto de reconocimiento pensional Acto de subrogación
ISS Universidad de Antioquia – caso en
Resolución 13495 del 20 de junio de concreto
2006 Resolución 469 del 9 de agosto de 2007

Monto: 75%.
Cuantía de la prestación: IBL de las primas de vacaciones, navidad y
$3.182.936 (a partir del 28 de noviembre de semestral que no fueron incluidas al reconocer
2006). la pensión: $974.762.

75% de la anterior cifra: $731.071.

Diferencia que se subrogó la Universidad:
$731.071 a partir del 28 de noviembre de 2006.

Tabla 1. Actos de reconocimiento pensional ISS y subrogación Universidad de Antioquia (elaboración propia)

94. Ahora bien, según se analizó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
sentencia, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 1068 de 1995, a
más tardar el 30 de junio de 1995 todos los servidores públicos, incluido el personal
de las universidades oficiales e instituciones de educación superior, debían estar

37 Samai, Tribunal, índice 00053, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 53, ENLACEEXPEDIENTE_ANEXOS_RESOLUCION

SUBROGACION.

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afiliados a uno de los dos regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993. Por
ende, a partir de esa fecha, la entidad competente para reconocer y pagar las
pensiones, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, era la
administradora de pensiones que recibiera las cotizaciones de dichos servidores, ya
fuera el ISS como administrador del régimen de prima media o los fondos privados
que hacían lo propio con el régimen de ahorro individual.

95. En este orden de ideas, se advierte que la Universidad de Antioquia carecía de
competencia para pronunciarse acerca del reconocimiento del derecho pensional de
la parte demandada y específicamente, en lo relacionado con el presunto derecho que
le asistía a una mesada mayor a la otorgada por el ISS con base en la inclusión de
factores salariales devengados por ella no computados por la administradora de
pensiones. Ello, en tanto la obligación concernía al ISS, como ente de previsión al que
se realizaban las respectivas cotizaciones a pensión.

96.Al respecto, se destaca que esta última entidad fue la que reconoció a favor del
accionado una pensión de jubilación, a través de la Resolución 13495 del 20 de junio
de 2006. Por consiguiente, era el ISS quien tenía la competencia para definir si al
demandado se le debía incluir en el IBL lo correspondiente a las primas de navidad,
de vacaciones y semestral, en los términos de la Ley 100 de 1993 y la normativa
anterior a esta, aplicable en virtud del régimen de transición del artículo 36 ibidem.

97. Por otra parte, en cuanto a los efectos de la Resolución Rectoral 12094 de 1999
expedida por la Universidad de Antioquia, sobre la subrogación parcial en la obligación
pensional a cargo del ISS, y en la cual se fundamentó el acto acusado, se advierte
que, aun cuando esta no fue objeto de declaratoria de nulidad en el presente caso, así
como tampoco ha sido anulada por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
esta Subsección en sentencia del 22 de octubre de 2018 38 decidió inaplicarla por
inconstitucional en un asunto similar, al señalar que:

pese a que el acto administrativo, que aquí se demanda, tuvo además como fundamento
la Resolución rectoral 12094 de 4 de mayo de 1999 de la misma Universidad de
Antioquia, la cual, como lo aduce el accionado, no fue objeto del presente medio de
control ni ha sido anulada por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cierto
es que en virtud de la excepción de inconstitucionalidad resulta dable inaplicarla para el
caso concreto, conforme al artículo 4º superior, («En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»), comoquiera que la función de establecer el régimen prestacional de
los servidores públicos está reservada al Congreso de la República y al Gobierno
Nacional, pero este último bajo los lineamientos del legislador, por lo que el ente
universitario carecía de atribución para asumir una obligación de carácter pensional motu
proprio, sin que mediara norma emitida por la autoridad constitucionalmente competente
frente a la materia, que así lo determinara.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22

de octubre de 2018, exp. 05001233300020140006302 (1074-15), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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98. Sobre el punto, la Constitución Política de 1991 prevé en el artículo 150 numeral
19, literal e, que el Congreso de la República tiene la competencia de dictar normas
generales en relación con la fijación de los regímenes salariales y prestacionales de
los servidores públicos, entre otros, y en ejercicio de dicha potestad expidió la Ley 4
de 199239, que reglamentó en sus artículos 10 y 12 lo siguiente:

ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo
las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos.

ARTÍCULO 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades
territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y
objetivos contenidos en la presente Ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.

PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.

99. Por su parte, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la
última norma, «siempre que se entienda que las facultades conferidas al gobierno se
refieren, en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de los empleados
públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales
territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades
territoriales»40.

100. Conforme lo expuesto, se considera que la Resolución Rectoral 12094 de 1999
emitida por la Universidad de Antioquia es inconstitucional, por cuanto se expidió con
desconocimiento de las competencias que la Constitución Política le confiere al
Congreso de la República y al Gobierno nacional en materia de prestaciones sociales
de los servidores públicos del orden territorial. Por tal motivo, al haberse expedido en
contravía de lo dispuesto en la Carta Política, resulta procedente su inaplicación41.

101. La anterior precisión es relevante en la medida que cuando se profirió el acto
acusado la referida resolución rectoral que era su fundamento estaba vigente, pues
solo fue derogada en el año 2012, como se expuso en el marco normativo de esta
providencia.

39 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de
la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución
Política.
40 Sentencia C-315 de 1995.
41 En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,

Subsección B, sentencia del 14 de mayo de 2026, exp. 05001-23-33-000-2019-00293-02 (3702-2024), M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera.

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102. Así las cosas, le asiste razón al Tribunal al haber declarado la nulidad del acto
acusado, toda vez que se profirió sin competencia, comoquiera que la Universidad de
Antioquia no tenía la facultad legal ni constitucional para reconocer, en todo o en parte,
pensión alguna a sus empleados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, ni asumir obligación alguna en forma de subrogación; máxime cuando adoptó
tal decisión con sustento en un acto administrativo contrario a la Constitución Política,
como se ha indicado en anteriores oportunidades.

103. Ahora bien, frente a la conclusión de la falta de competencia de la Universidad de
Antioquia para dictar el acto acusado, a la que también llegó el juez de primera
instancia, la parte demandante expuso algunas consideraciones tendientes a justificar
la necesidad y/o validez de aquel, entre las que se destaca que la institución educativa
no realizó de manera completa los aportes a seguridad social a favor de sus
empleados, o que no adelantó las acciones administrativas y judiciales pertinentes
para que el ISS recibiera las cotizaciones correspondientes o se responsabilizara de
pagar las mesadas pensionales teniendo en cuenta las referidas primas.

104. Sobre el particular, advierte la Sala que el correcto proceder o no de la Universidad
de Antioquia o del ISS –hoy Colpensiones– sobre la situación pensional de los
empleados de la primera, no suple, reemplaza o inhabilita la competencia de las
administradoras de pensiones para definir las situaciones atinentes a su
reconocimiento o reliquidación, pues tal facultad deviene directamente de la ley, de
manera tal que la buena intención que pudo tener la Universidad de brindar un margen
de protección sus trabajadores, y/o el presunto incumplimiento de las obligaciones a
su cargo, no constituyen razones avaladas por el ordenamiento jurídico para arrogarse
la potestad de definir parcialmente situaciones pensionales que dejaron de ser de su
resorte, como se expuso con anterioridad.

105. La misma conclusión se predica de las consideraciones desarrolladas sobre la
existencia del acto acusado al amparo de la Resolución Rectoral 12094 de 1999
mientras estuvo vigente, debido a su falta de consonancia con el ordenamiento
superior, por lo que tampoco es de recibo que a partir de una actuación contraria a
este pretenda mantenerse válido el acto acusado, lo que implicaría que el demandado
continúe recibiendo una suma de dinero relacionada con su mesada pensional, cuyo
reconocimiento no le compete efectuarlo a la institución educativa demandante.

106. Además, se recuerda que en primera instancia solo se declaró la nulidad de la
resolución mediante la cual la Universidad asumió frente al demandado la obligación
de pagarle una suma de dinero atinente a una presunta diferencia en su mesada
pensional, más no se ordenó que aquella devolviera lo que percibió por tal concepto,
debido a que no se acreditó que lo devengó de mala fe, lo que se acompasa con el
artículo 164 numeral 1 literal c) del CPACA, que prevé que cuando la demanda «[s]e
dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas […] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Javier de Jesús Gallego Márquez

buena fe».

107. Lo anterior significa que el fallo de primera instancia al anular el acto acusado pero
negar la devolución de las sumas pagadas, no desatiende el contexto en el que se
dictó, como se estima en la apelación, por el contrario, en consideración a él subrayó
que fue producto de la decisión que por iniciativa propia en su momento adoptó la
Universidad de Antioquia, sin que se evidencie que en ella haya tenido injerencia
indebida el demandado, de manera tal que no es procedente condenarla a devolver lo
que recibió de buena fe. Sin embargo, esto no significa que a partir de esa
circunstancia se permita que continúe percibiendo una acreencia que es producto de
una decisión dictada sin competencia, fundada en un acto general que debe
inaplicarse porque no se acompasa al ordenamiento superior.

3.5.2. De la condena en costas

108. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió condenar en
costas a la parte accionada, por concepto de agencias en derecho, de conformidad
con los artículos 188 del CPACA y 366 del CGP.

109. Inconforme con la decisión, el demandado solicitó que se revoque la condena en
costas, al considerar que no se valoró la conducta de la parte vencida, quien no actuó
con temeridad ni mala fe.

110. En este orden de ideas, la Sala advierte que el Tribunal aplicó un criterio objetivo
en la imposición de la condena en costas, en la medida en que la decretó contra la
parte vencida en juicio, dada la negativa de las pretensiones de la demanda.

111. Sobre el particular, se recuerda que según se explicó en el marco normativo y
jurisprudencial de la presente sentencia, esta Subsección ha acogido de forma
mayoritaria42 el criterio subjetivo en la condena en costas. Por tal razón, se estima que,
para decretar la referida condena en primera instancia, el Tribunal debió analizar la
conducta de la parte vencida, con el fin de determinar si actuó de forma temeraria o de
mala fe.

112. Por lo tanto, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte demandada haya obrado de
mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia
irregular que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se observa que el accionado
actuó sin realizar acciones dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir el curso del
proceso.

113. Así las cosas, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente que

42 Debido a que la magistrada ponente considera aplicable el criterio objetivo-valorativo en materia de costas, por

las razones que se sintetizan en la nota al pie 37.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Javier de Jesús Gallego Márquez

demuestren un proceder temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a condenar
en costas en primera instancia. En consecuencia, se revocará el numeral tercero de la
parte resolutiva del fallo apelado y, en su lugar, se negará la condena en costas en
primera instancia.

114. Por las mismas razones, tampoco es procedente imponer dicha condena frente a
la actuación adelantada en segunda instancia.

3.6. Conclusión de la decisión

115. En suma, la Sala reitera, a partir del régimen pensional de los servidores públicos
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, que la Universidad de
Antioquia carecía de competencia para asumir el pago de las presuntas diferencias en
las mesadas pensionales a favor del demandado.

116. Por consiguiente, se confirmará parcialmente la sentencia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en tanto se adicionará en el sentido
de inaplicar por inconstitucional la Resolución Rectoral 12094 de 1999 expedida por la
Universidad de Antioquia, debido a que el Tribunal no efectuó un pronunciamiento
expreso sobre el particular. A su vez, se revocará la condena en costas impuesta al
accionado y en su lugar, se negará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 17 de febrero de 2026 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.

Segundo. Adicionar la sentencia impugnada, en el sentido de inaplicar por
inconstitucional la Resolución Rectoral 12094 de 1999 expedida por la Universidad de
Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia.

Tercero. Revocar el numeral tercero de la sentencia impugnada, en su lugar:

Tercero. Negar la condena en costas en primera instancia.

Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.

Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Javier de Jesús Gallego Márquez

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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