Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02205-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02205-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2021-02205-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02205-02 (1001-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Juan Fernando Gómez Ramírez
Tema: Caducidad
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia1 Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se declaró de oficio la
excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. La Universidad de Antioquia presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución Administrativa 127 del 10 de abril de 2007,
por medio de la cual se ordenó el pago a Juan Fernando Gómez Ramírez del valor
1 Samai Tribunales y Juzgados índice 43.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Universidad de Antioquia
que resultaba de la aplicación del ingreso base liquidación contenido en el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 19933.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la restitución de las sumas pagadas como consecuencia de la expedición
del acto acusado, desde el 28 de noviembre de 2006 hasta el 31 de octubre de
2021, y los valores indexados que se generaran con posterioridad hasta que la
sentencia se encuentre en firme; y ii) la condena en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. JuanFernando Gómez Ramírez estuvo vinculado con la Universidad de
Antioquia, «y cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez, tramitó el
reconocimiento de la pensión ante el Instituto de Seguros Sociales »4.
3.2. Mediante la Resolución 21007 de 4 de septiembre de 2006, el Instituto de
Seguros Sociales5 le reconoció una pensión en cuantía mensual de $3.063.931 para
el 2006, sin tener en cuenta en su liquidación las primas de navidad, «servicios» y
de vacaciones.
3.3. La Universidad de Antioquia estuvo facultada para reconocer las pensiones de
su personal docente y administrativo con base en todo lo devengado, en virtud de
las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1996 y los Decretos 1743 de 1966 y 1848 de 1969,
hasta el 30 de junio de 1995, pues con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
tuvo que afiliar a todos sus empleados al extinto Instituto de Seguros Sociales y
efectuar los aportes correspondientes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
3.4. La Universidad de Antioquia reconoció y autorizó el pago del bono pensional a
su nombre por medio de la Resolución Administrativa 583 del 15 de septiembre de
2006 por valor de $371.056.000, suma de dinero que consignó al Instituto de
Seguros Sociales.
3.5. A partir de la expedición del Decreto 2337 de 1996 la entidad educativa perdió
3 El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que
les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
4 En la actualidad la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones.
5 En lo que sigue ISS.
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Demandante: Universidad de Antioquia
competencia para continuar con el pago de pensiones.
3.6. Comoquiera que el ISS no incluyó en la base de liquidación de la pensión de
vejez las primas de navidad, de vacaciones y semestral, la Universidad de Antioquia
expidió la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, la cual dispuso en sus
artículos 1 y 3 lo siguiente:
«Artículo primero: Subrogarse en la parte de la obligación que tenía y no reconoció el
Instituto con los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento
de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho,
de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que
el Instituto de Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma.
[…]
«Artículo Tercero: La Universidad continuará con las acciones administrativas y
judiciales necesarias, a fin de que el Instituto de Seguros Sociales asuma debidamente
su obligación».
3.7. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue reglamentada por la Resolución
Administrativa 16628 de 1999, en la que se estableció como destinatarios a los
empleados públicos docentes y no docentes de la universidad, que al momento de
entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, les faltara menos de 10 años
para adquirir el derecho a la pensión y que esta no les fuera reconocida teniendo en
cuenta el promedio de lo devengado por el servidor, conforme lo ordena el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino que, incluyera las primas de navidad,
servicios y vacaciones.
3.8. Con fundamento en lo anterior, la universidad emitió la Resolución Administrativa
127 del 10 de abril de 20076, en la que ordenó pagar el valor que resultaba de la
aplicación del Ingreso Base de Liquidación previsto en el inciso tercero del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, no reconocido por el ISS, a Juan Fernando Gómez
Ramírez, a partir del 28 de noviembre de 2006, en la suma de $700.799, «hasta que
el Seguro Social lo reconozca, bien mutuo propio, o por orden judicial».
3.9. Launiversidad adelantó diversos trámites ante el ISS, y posteriormente
Colpensiones, tendientes a que incluyeran las primas de navidad, servicios y
vacaciones en la liquidación de la pensión de servicios universitarios, sin que
prosperaran.
6 Samai, índice 2. 4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8420255zi(.zip). 02.DemandaAnexos. Anexos
demanda. 1. Pruebas documentales. 1. RESOLUCION ADMINISTRATIVA 127 DEL 2007.
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Demandante: Universidad de Antioquia
3.10. La Resolución Rectoral 12094 de 1999 fue demandada por la Asociación de
Profesores de la Universidad de Antioquia, y el Tribunal Administrativo de Antioquia
en sentencia del 10 de octubre de 2013 señaló que el acto no estaba creando una
discriminación, sino que ofrecía un tratamiento igualitario a un grupo de personas
que se encontraban en los supuestos fácticos establecidos en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, siendo justificable para la época en que se profirió la
resolución la interpretación de la universidad, providencia que fue confirmada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 16 de abril de 2015.
3.11. La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 derogó la Resolución
12094 del 4 de mayo de 1999 y se dispuso que la Vicerrectoría Administrativa debía
resolver las situaciones de carácter individual y concreto creadas a partir de la
Resolución 12094, de acuerdo con los principios, normas y jurisprudencia vigentes
en la materia.
3.12. La Universidad de Antioquia ha interpuesto diversas demandas contra los actos
administrativos individuales que reconocieron el pago temporal previsto en la
Resolución Rectoral 12094 de 1999, en cuyas decisiones se ha señalado en forma
pacífica que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del Decreto 1068 de
1995, los servidores públicos y en particular el personal docente de las
universidades oficiales e instituciones oficiales de educación superior debían estar
afiliados al Sistema General de Seguridad Social a más tardar el 30 de junio de
1995, por lo que, a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de las pensiones y demás prestaciones económicas
dispuestas en la Ley 100 de 1993, era la administradora de pensiones que recibiera
las cotizaciones.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 10 de la Ley
4ª de 1992; 18, inciso 3, 131 y 151 de la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de
1994; 5 del Decreto 1068 de 1995; y 4 del Decreto 2337 de 1996.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente7:
5.1. La Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999, mediante la cual fue
reglamentada la 16628 del 25 de junio de ese año, presentó una inconstitucionalidad
sobrevenida al ser contraria a los artículos 1º, inciso 6 del artículo del Acto
7Samai, índice 2. 4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8420255zi(.zip). 02.DemandaAnexos. 2021 11
30 DEMANDA JUAN FERNANDO GOMEZ RAMIREZ.
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Demandante: Universidad de Antioquia
Legislativo 01 del 20058, 10 de la Ley 4ª de 19929, 18, inciso 3 de la Ley 100 de
199310 y 1º del Decreto 1158 de 1994, que en palabras de la demandante «señala
taxativamente los factores salariales que se tienen en cuenta para obtener el ingreso base
de liquidación, que no incluye las primas de navidad, servicios y vacaciones».
5.2. En razón de lo anterior, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no incluía
el ingreso base de liquidación, pues la base era el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales hubiese cotizado el afiliado en los últimos 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión
5.3. En cuanto a la competencia del pago de las obligaciones, el parágrafo del
artículo 151 de la Ley 100 de 199311 y la sentencia C-711 del 25 de noviembre de
1998, señalaron que, la afiliación de los empleados al Sistema General de
Pensiones era obligatoria.
5.4. Con la expedición del Decreto 2337 del 24 de diciembre de 1996, toda persona
con vínculo laboral debía encontrarse afiliada al sistema desde el 1.º de julio de
1995. En ese sentido, a cargo del ente educativo solo permanecían quienes, al 31
de diciembre de 1996, hubieran cumplido tanto la edad como el tiempo de servicios
para pensionarse, o quienes, estando retirados, hubieran acreditado el tiempo de
servicios y únicamente estuvieran a la espera de alcanzar la edad exigida para
acceder a la pensión de vejez. Por lo anterior, la universidad no tuvo facultad legal
para subrogarse en las obligaciones pensionales, razón por la cual se encontraba
legitimada para solicitar la nulidad de la Resolución Administrativa 127 del 10 de
abril de 2007.
1.2. Contestación de la demanda
6. Juan Fernando Gómez Ramírez se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos12:
6.1. Las Resoluciones 12094 de 1999 y 127 de 2007 fueron suscritas con
8 «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada
persona hubiere efectuado las cotizaciones».
9 «Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones
contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la
misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».
10 «El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale
el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992».
11 «PARÁGRAFO. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel
departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha
que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.».
12 Samai, índice 2. Samai, índice 2. 4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8420255zi(.zip). 12.Memorial
7.06.2022 ContestaciónDemanda 2021 2205.
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Demandante: Universidad de Antioquia
fundamento legal y jurisprudencial vigente para la época de su expedición.
Asimismo, esta última no fue anulada durante su vigencia, pese a haber sido objeto
de control jurisdiccional.
6.2. La universidad debió presentar las acciones judiciales contra el ISS o integrarlo
en la litis, en cumplimiento de los compromisos adquiridos, si consideraba que no
era la entidad obligada al pago de la subrogación.
6.3. Laeventual declaratoria de nulidad del acto daría lugar a una afectación
desproporcionada e irremediable de su sustento y mínimo vital sin tener en cuenta
que es una persona de la tercera edad y un sujeto de especial protección
constitucional. A lo anterior se suma el desconocimiento de un derecho adquirido y
consolidado bajo el amparo de la buena fe.
6.4. La entidad demandante no acreditó perjuicio alguno, por lo tanto, no procedía la
restitución de las sumas recibidas.
6.5. Propuso como excepciones las que denominó i) conformación del litisconsorcio
ii) justo título, fe y confianza legítima; iii) firmeza, ejecutoriedad y obligatoriedad de
la resolución; iv) presunción de legalidad del acto administrativo demandado; v)
efectos de la nulidad contrarios a mandatos constitucionales; e vi) incumplimiento
de compromisos por la entidad demandante.
1.3. La medida cautelar
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad13 decretó la
suspensión provisional de la Resolución 127 del 10 de abril de 2007, con
fundamento en que el reconocimiento pensional del acto demandado se efectuó en
desconocimiento de la competencia de la universidad en ese tipo de prestaciones y
la continuidad en los pagos podría generar un detrimento a las finanzas de la
institución.
1.4 La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión profirió sentencia
el 7 de noviembre de 2024 mediante la cual levantó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado y, declaró
probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control.
13
Samai Tribunales, índice 18. 14_AUTODECRETAMEDIDASCAUTELARES(.pdf)
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Demandante: Universidad de Antioquia
9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos14:
9.1. En el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la acción de
conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, pues la Resolución 127 se
notificó el 13 de abril de 2007, y el derecho a la pensión le fue reconocido al
demandado por el Instituto de Seguros Sociales por medio de la Resolución 21007
del 4 de septiembre de 2006.
9.2. El artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 estableció un término de caducidad de 5
años contados a partir de la firmeza del acto administrativo que reconozca la
prestación, para ejercer el medio de control de nulidad en casos de lesividad. Esta
norma permite su aplicación retroactiva en procesos en curso.
9.3. En ese entendido, en tanto el reconocimiento pensional se efectuó el 4 de
septiembre de 2006, la parte actora tenía hasta el 5 de septiembre de 2011 para
ejercer el derecho de acción, sin embargo, la demanda fue radicada el 15 de
diciembre de 2021.
9.4. En el caso concreto transcurrieron más de los 5 años de que trata el inciso 2º
del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por lo que era procedente declarar probada
de oficio la excepción de caducidad del medio de control.
1.4. El recurso de apelación
10. La Universidad de Antioquia interpuso recurso de apelación con fundamento
en los siguientes argumentos15:
10.1. El término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 tuvo como
objeto las pensiones reconocidas por entidades facultadas para ello, en el caso
concreto fue efectuado por el Instituto de Seguros Sociales mediante la Resolución
21007 del 4 de septiembre de 2006.
10.2. El acto demandado reconoció de manera temporal un pago equivalente a la
diferencia entre la liquidación de la pensión realizada por el ISS y la que se
consideraba debía ser, por mera liberalidad y sin fundamento legal alguno. Dicho
pago no podía considerarse una pensión de vejez en favor del demandado, toda
vez que el reconocimiento pensional fue efectuado por el ISS. De haberse anulado
el acto atacado, como debió ocurrir, la pensión del demandante habría permanecido
14 Samai, índice 2. 4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8420255zi(.zip). 27SentenciaPrimeraInstancia.
15 Samai, índice 2. Samai, índice 2. 4ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_8420255zi(.zip).
29RecursoApelacionSentencia.
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Demandante: Universidad de Antioquia
intacta, pues en modo alguno fue cuestionado en este proceso el acto que la
reconoció.
10.3. El tribunal se limitó a revisar la vigencia de la Ley 2381 de 2024 pero no los
motivos de configuración de los supuestos del artículo 86 y determinó la caducidad
desde la fecha de notificación de la resolución expedida por el ISS, no desde la
fecha en que se notificó el acto acusado.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar16.
1.6. El Ministerio Público
12. El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado17 solicitó la confirmación de
la sentencia apelada en la medida en que interpretó de manera correcta la norma
contenida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, pues, se configuró la caducidad
para «impetrar» el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por
haber trascurrido más de cinco años a partir del reconocimiento pensional que se
dio el 4 de septiembre de 2007 razón por la cual la entidad demandante tenía hasta
el 5 de septiembre de 2011 para ejercer el derecho a la acción establecida en la
norma, lo cual sucedió el 15 de diciembre de 2021.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
13. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación18, los
problemas jurídicos consisten en determinar:
14. ¿Si es aplicable al presente asunto el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 que
estableció un término de caducidad de 5 años para ejercer las acciones
contencioso-administrativas contra el acto administrativo mediante el cual la
Universidad de Antioquia se subrogó al pago de obligaciones de carácter pensional?
15. En caso de que la respuesta al anterior problema jurídico sea negativa se
16 Tal y como se indicó en el auto del 20 de mayo de 2025. Índice 4 de Samai.
17 Samai. Índice 8. Memorial_FLF_8Concepto(.pdf).
18 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Universidad de Antioquia
verificará ¿si se debe emitir un pronunciamiento de fondo en esta instancia en
relación con las pretensiones de la demandante o si lo que corresponde es devolver
el expediente al tribunal de origen para que se pronuncie al respecto con el objeto
de garantizar los principios a la doble instancia y de acceso material a la
administración de justicia?
2.2. Análisis sustancial del caso en concreto
2.2.1. En torno al término de caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
16. El Congreso de la República expidió la Ley 2381 del 16 de julio de 2024, por la
cual «se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones» y modificó el término de caducidad
«para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las
pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo a las acciones «que estén en
curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley».
17. En ese orden, en razón a que, de conformidad con lo dispuesto por el a quo, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
se procederá a verificar si es procedente proferir una sentencia que resuelva el
fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el contrario, hay lugar
a dar por terminado el asunto por falta de uno de los presupuestos procesales del
medio de control, este es, por caducidad.
18. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad
jurídica, implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales
para reclamar los derechos individuales y subjetivos como consecuencia del
vencimiento del plazo establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto
procesal se configura como una sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita
e invalida la posibilidad de acudir al aparato jurisdiccional del Estado para presentar
acciones y medios de control por ejercerlos de manera tardía»19.
19. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.1.C del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,
proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
9
Radicado: 05001-23-33-000-2021-02205-02 (1001-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
de la Ley 2381 de 202420, disposición según la cual
«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley» (Se resalta).
20. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo
el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
presente medio de control, puesto que la pensión de vejez del demandado fue
reconocida por el ISS el 4 de septiembre de 2006 y la Universidad de Antioquia expidió
el acto acusado el 10 de abril de 2007, es decir, hace más de 5 años.
21. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional21 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general»
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho».
22. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional22 al señalar:
20
«Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
21
Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.
22
Sentencia C-662 de 2004
10
Radicado: 05001-23-33-000-2021-02205-02 (1001-2025)
Demandante: Universidad de Antioquia
«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»
23. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.
24. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 debió regir a partir de la fecha de
su sanción [16 de julio de 2024]23 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]», se
considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un tránsito
legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 188724, según la cual:
«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» (Se resalta).
25. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la
23
Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y
Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.
24
Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.
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seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado
para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que
se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en
ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen
o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derechos
fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia.
Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera
arbitraria y sin justificación alguna.
26. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas
disposiciones que se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los
términos.
27. Así las cosas, en situaciones como la del sub judice, en la que el término para
presentar la demanda inició y esta se presentó dentro de los términos procesales
que se encontraban vigentes en ese momento, se entiende que este presupuesto
procesal se debe analizar a la luz de las normas que se encontraban vigentes en
esa data, esto es, el artículo 164.1.C del CPACA, según el cual, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se pretenda la nulidad de los
actos con los que se reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse en
cualquier tiempo.
28. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la lectura
puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el reconocimiento
pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma procesal, pero la
demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto que, la Sala no
desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la cual, las «leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir».
29. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda y se adelantó el trámite pertinente, resultaría una vulneración del
debido proceso entender que el tránsito legislativo impactó en el asunto al punto de
desconocer que las puertas de la administración de justicia ya se habían abierto y se
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Demandante: Universidad de Antioquia
había permitido que se adelantara el juicio de legalidad propuesto.
30. Ahora, si bien se profirió sentencia de primera instancia el 1 de noviembre de 2024
y se dio trámite al recurso de apelación el 28 de marzo de 2025, esto es en vigencia
de la mencionada ley, también lo es que al emitir la presente decisión se encuentran
suspendidos los efectos de la Ley 2381 de 2024, según el pronunciamiento adoptado
por la Corte Constitucional, a través del auto 841 del 17 de junio de 2025, en el cual
se dispuso:
«QUINTO. SUSPENDER a partir de la fecha de esta decisión la entrada en vigencia
de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta el día hábil siguiente a la fecha en la cual
la Sala Plena decida definitivamente sobre la constitucionalidad de dicha ley, salvo lo
que se refiere a lo dispuesto en los artículos 12, parágrafo transitorio y 76 de la citada
ley. El Congreso de la República, en el marco del trámite legislativo correspondiente,
podrá definir un nuevo término de entrada en vigencia integral de la Ley 2381 de 2024».
31. Luego, aunque la decisión adoptada por el tribunal resultaría razonable, en
principio, el recurso de apelación interpuesto reprochó el análisis por este efectuado
frente al alcance otorgado al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y, según el criterio
expuesto, al caso concreto le es aplicable la regulación en materia de caducidad
prevista en el texto original del artículo 164.1.C del CPACA, comoquiera que, a la fecha
en que se presentó la demanda, el 10 de diciembre de 2021, era la disposición que en
materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba vigente y la cual no
tenía previsto término de caducidad alguno.
32. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye en
la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la
jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar tal conducta negligente
frente a reglas que no existían en el momento de esta, es decir que se expidieron con
posterioridad.
33. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024, se
advierte que la demanda presentada por la Universidad de Antioquia tendiente a la
declaratoria de nulidad del acto demandado, se presentó dentro del término previsto
por las normas procesales que regían los presupuestos del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para ese momento, según las cuales, cuando
este se dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.
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34. En esas condiciones, aplicar el artículo 86 ejusdem, contraría los principios de
acceso material a la administración de justicia y debido proceso, así como de
confianza legitima y seguridad jurídica. En igual sentido se ha pronunciado esta Sala
en anteriores oportunidades25. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en
estudio no hay lugar a aplicar el término de caducidad citado y se procederá al estudio
del segundo problema jurídico.
2.2.2. En relación con el segundo problema jurídico
35. Sobre el particular, la Sala observa que las partes se pronunciaron en las
oportunidades procesales para exponer sus argumentos y para que a través de la
sentencia de primera instancia se definiera si se encontraba ajustada a derecho o
no la Resolución Administrativa 127 de 10 de abril de 2007, por medio de la cual la
Universidad de Antioquia se subrogó al pago de factores prestacionales no
reconocidos por el ISS en la Resolución 21007 del 4 de septiembre de 2006,
mediante la cual se le reconoció una pensión de vejez a Juan Fernando Gómez
Ramírez.
36. Ahora bien, el tribunal declaro de oficio la caducidad del medio de control en
aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, sin pronunciarse sobre el fondo
de la controversia de los actos demandados26.
37. En ese sentido y de acuerdo con lo resuelto en el primer problema jurídico, se
tiene que, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Antioquia no estudió de
fondo la controversia planteada, la Sala estima necesario devolver el expediente a
la referida autoridad, con el objeto de que se analice de fondo el debate suscitado,
pues resolver directamente el fondo del asunto en sede de apelación, sin que los
reproches hubieran sido analizados en primera instancia, implicaría privar a las
partes del doble escrutinio judicial que exige el debido proceso, garantía reconocida
tanto en la Constitución Política como en el artículo 8 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
38. En ese escenario, un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación
conllevaría una desventaja procesal injustificada para las partes, en la medida en
que los argumentos planteados solo serían objeto de control judicial en una única
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de septiembre de 2025,
radicación: 23001-23-33-000-2021-00067-02 (1932-2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera y del 29 de octubre de 2025, radicación: 05001-23-33-000-2021-01273-02 (0990-2025),
C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
26 Se precisa que el tribunal tomó de referencia para efectos de contabilizar la caducidad la
Resolución 21007 del 4 de septiembre de 2006 [acto mediante el cual se reconoció la pensión al
demandante], no obstante, que el acto demandado es la Resolución Administrativa 127 del 10 de
abril de 2007.
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instancia, pese a que, por la naturaleza del asunto, el ordenamiento jurídico
reconoce la garantía de la doble instancia.
39. En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada, para que el Tribunal
Administrativo de Antioquia profiera una nueva decisión en la que analice los cargos
formulados en la demanda.
40. En relación con la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de
acto acusado, decretada por el tribunal mediante providencia del 12 de abril de 2023
y confirmada por esta Subsección en auto del 27 de julio de 2023, se advierte que,
en atención a que la presente decisión revoca la sentencia apelada y devuelve el
asunto al tribunal para que profiera una sentencia de reemplazo, dicha medida
cautelar conserva su vigencia hasta tanto se resuelva de fondo la controversia.
2.2.3. Costas
41. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
42. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
43. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma27.
44. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
27En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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dichas costas.
45. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
46. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no
era aplicable el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 que estableció un término de
caducidad de 5 años para ejercer las acciones contencioso-administrativas contra
los actos de reconocimiento pensional, toda vez que resulta aplicable el artículo 164
1.C del CPACA, comoquiera que, a la fecha en la que se presentó la demanda, era
la disposición que regía lo relativo a la oportunidad para su interposición, la que no
tenía previsto un término de caducidad.
47. Asimismo, para garantizar los principios de acceso material a la administración
de justicia y doble instancia se devolverá el expediente al Tribunal Administrativo de
Antioquia para que se pronuncie en torno a la controversia jurídica expuesta por las
partes procesales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se declaró
de oficio la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Segundo. Devolver el asunto al Tribunal Administrativo de Antioquia para que
profiera una sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo la controversia
planteada sobre la Resolución Administrativa 127 de 10 de abril de 2007, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
Tercero. Mantener vigentes los efectos de la medida cautelar de suspensión
provisional del acto acusado, decretada por el Tribunal Administrativo de Antioquia
mediante providencia del 12 de abril de 2023 y confirmada por esta Subsección en
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auto del 27 de julio de 2023, hasta tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia
profiera la sentencia de reemplazo ordenada en el ordinal segundo de esta
providencia.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SSPS
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