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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02207-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2021-02207-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 4299 del 4 de septiembre de 2019, en cuanto el municipio de El Carmen de Viboral negó la reliquidación de la pensión conforme con el Índice de Precios al Consumidor por el período comprendido entre los años 1976 y 2000, así como de la Resolución 4756 del 22 de octubre de 2019, que confirmó dicha decisión. Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ordenar al municipio de El Carmen de Viboral a reliquidar el ingreso base de liquidación y la primera mesada de la pensión de invalidez reconocida a María Nohemy Zuluaga Duque, con aplicación de la fórmula de actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor para los salarios correspondientes al período comprendido entre el 28 de enero de 1990 y el 28 de enero de 2000. En consecuencia, deberá pagar las diferencias que resulten a favor de la demandante, debidamente indexadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto. Sin condena en costas en esta instancia. Sexto. Revocar la condena en costas impuesta en la primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Séptimo. Ordenar al municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia) para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del CPACA, remita inmediatamente a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) la solicitud presentada por María Nohemy Zuluaga Duque el 20 de agosto de 2019, junto con la totalidad de su expediente administrativo y demás documentos pertinentes, para que la administradora pueda evaluar la solicitud de transmutación de la pensión. Octavo. Advertir a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) que, al momento de resolver la solicitud, debe tener en cuenta la fecha de su Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 Radicado: 05001-23-33-000-2021-02207-01 (0229-2025) […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2021-02207-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2021-02207-01 (0229-2025)
Demandante: María Nohemy Zuluaga Duque
Demandado: Municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia)

Tema: Competencia para el reconocimiento pensional. Reliquidación
pensional. Ingreso base de liquidación

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia del 26 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Primera de Decisión que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1. María Nohemí Zuluaga Duque en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso - administrativo2 acudió a esta
jurisdicción en orden a que se inaplicaran el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100
de 1993; y los artículos 1 de la Ley 62 de 1985; 6 del Decreto 691 de 1994,
modificado por el Decreto 1158 de 1994; 2.2.3.1.3 y 3.1.1 del Decreto 1833 de 2016;
y, en consecuencia, se declarara la nulidad de la Resolución 4299 del 4 de
septiembre de 2019 mediante la cual, el municipio de El Carmen de Viboral negó la

1 Samai tribunales, índice 33. Carpeta «34ED_EXPEDIENTEDIGITALdoc(.docx) NroActua 33», PDF

«00 ZULUAGA DUQUE MARÍA NOHEMY (MC-NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO». La demanda
fue presentada el 15 de diciembre de 2021.
2 En adelante CPACA.

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solicitud de transmutación y reliquidación de la pensión conforme con el Índice de
Precios al Consumidor3 por el periodo comprendido entre los años 1976 y 2000; y
la Resolución 4756 del 22 de octubre de 2019 que no repuso la decisión anterior.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió: i) la actualización o corrección
monetaria de los salarios y factores salariales devengados durante toda la relación
laboral comprendida entre el 1 de enero de 1976 y el 15 de marzo de 2000 con base
en la variación del IPC certificado por el DANE, siempre que dicho ajuste resulte
más favorable que los incrementos salariales reconocidos por la entidad, con el fin
de recalcular el IBL; particularmente respecto de los factores salariales devengados
durante los últimos 10 años anteriores al retiro del servicio [entre el 15 de marzo de
1990 y el 15 de marzo de 2000] tales como asignación básica, primas de navidad y
de vacaciones y demás emolumentos de carácter remunerativo; ii) la
«transmutación» de la pensión de invalidez de origen común que actualmente percibe
por una pensión vitalicia de jubilación en aplicación de los artículos 36 de la Ley 100
de 1993, 1 de la Ley 33 de 1985 y del Decreto 2527 de 2000, equivalente al 75 %
del promedio de los factores salariales devengados durante el último año de servicio
o subsidiariamente durante los últimos 10 años, con efectos fiscales a partir del 17
de mayo de 2008, y la inclusión de los factores salariales referidos y demás
emolumentos de carácter remunerativo; iii) el reconocimiento de las mesadas 13 y
14; iv) la indexación de la primera mesada pensional y el reajuste anual de la
mesada conforme con el IPC certificado por el DANE o el porcentaje más favorable
previsto en la ley; v) el reconocimiento y pago de los intereses moratorios; vi) la
indexación de las sumas adeudadas; y vii) la condena en costas y agencias en
derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

3.1. María Nohemy Zuluaga Duque nació el 16 de mayo de 1953.

3.2. Laboró en el municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia) y desempeñó el
cargo de auxiliar de complementación alimentaria entre el 1 de junio de 1974 y el
28 de enero de 1975 y de jefe de biblioteca desde el 1 de marzo de 1975 hasta el
15 de marzo de 2000.

3.3. Para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia del sistema general
de seguridad social en pensiones en el referido municipio, tenía 42 años de edad y
20 años, 11 meses y 28 días de servicio [equivalente a 1.079,71 semanas].

3.4. Mediante dictamen de evaluación de pérdida de capacidad laboral emitido el 1

3 En adelante IPC.

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de octubre de 1999 por el médico laboralista Luis Javier Tobón Sanín se determinó
que presentaba una pérdida de capacidad laboral del 52,70 %, derivada de una
enfermedad de origen común.

3.5. Con fundamento en lo anterior, mediante Resolución 551 del 12 de abril del
2000, el alcalde del municipio de El Carmen de Viboral le reconoció y ordenó el pago
de una pensión de invalidez de origen común, con efectos fiscales a partir del 16 de
marzo de 2000, en cuantía de $372.160; en aplicación de los artículos 38 y 39 de la
Ley 100 de 1993.

3.6. El IBL se fijó en $539.364 con fundamento en 1.321 semanas cotizadas, y se
aplicó una tasa de reemplazo del 69%.

3.7. El 20 de agosto de 2019, la demandante presentó solicitud ante el municipio de
El Carmen de Viboral mediante la cual pidió: i) la «transmutación» de la pensión de
invalidez de origen común a pensión vitalicia de jubilación, efectiva a partir del 17
de mayo de 2008; ii) la indexación de la primera mesada pensional; iii) la
reliquidación de los ajustes salariales entre el 1 de enero de 1976 y el año 2000,
con fundamento en el artículo 1 de la Ley 71 de 1988 y del Decreto 1160 de 1989,
con el fin de determinar el salario base de liquidación; iv) el reajuste del monto de la
mesada pensional a partir del 1 de enero de 2009; y v) el reconocimiento y pago de
las diferencias que resultaran de la «transmutación» pensional solicitada.

3.8. Mediante Resolución 4229 del 4 de septiembre de 2019, la entidad negó la
petición anterior con fundamento en que la competencia para resolver la petición le
correspondía a Colpensiones de conformidad con lo previsto en el parágrafo del
artículo 151 de la Ley 100 de 1993. Esto, porque la solicitud de «transmutación
pensional» fue presentada el 20 de agosto de 2019, es decir, con posterioridad al 30
de junio de 1995, entrada en vigor del Sistema General de Pensiones para los
servidores públicos del orden territorial.

3.9. A través de la Resolución 4756 del 22 de octubre del 2019, la entidad no repuso
la decisión anterior.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 58, 83, 85,
87, 93 y 209 de la Constitución Política; 1 de la Ley 33 de 1985; 1 de la Ley 71 de
1988; 2 y 10 de Ley 4° de 1992; 11, 14, 36, 141, 151, 272 y 288 de la Ley 100 de
1993; 3 de la Ley 549 de 1999; 88 de la Ley 1328 de 2009; 1 de los decretos 1160
de 1989 y 2527 del 2000; 26 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 1, 2 y 9 del protocolo adicional a la convención; y 1, 2, 5, 6, 9 y 11 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y la Ley 54 de
1962.

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5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos:

5.1. El ente territorial no reconoció la pensión de vejez de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, norma que le resulta aplicable por
ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993. En virtud del numeral 3 del artículo 1 del Decreto 2527 de 20004, el municipio
es el competente para reconocer dicha pensión por «trasmutación».

5.2. La entidad efectuó una indebida determinación del IBL de la pensión de invalidez
de origen común, en tanto no tuvo en cuenta la totalidad de los factores salariales
devengados durante el período laborado. En efecto, de conformidad con el artículo
21 de la Ley 100 de 1993 el IBL debe establecerse con fundamento en los salarios
sobre los cuales se efectuaron las cotizaciones al sistema, lo que implica considerar
todos los factores que constituyen salario y que fueron percibidos por el trabajador
durante el período de referencia. No obstante, prescindió de varios factores
salariales, lo que condujo a una liquidación inferior a la que legalmente correspondía
y, en consecuencia, afectó el monto de la mesada pensional reconocida.

5.3. No garantizó el mantenimiento del poder adquisitivo de su pensión, en contravía
de lo establecido en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política. Reajustó la
mesada pensional con fundamento en la variación anual del IPC conforme con lo
previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, no obstante, el reajuste de la
prestación debió efectuarse con base en el incremento porcentual del salario
mínimo legal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de
1989, pues solo aplicaba de forma subsidiaria dicho reajuste con el monto
porcentual del IPC siempre que, este resultara más favorable. En consecuencia,
los ajustes aplicados resultaron inferiores a la variación de la inflación y, por lo tanto,
no preservaron el poder adquisitivo de la prestación5. De forma subsidiaria

1.2. Contestación de la demanda

6. El municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia) se opuso a las pretensiones de
la demanda por las siguientes razones6:

6.1. No le correspondía asumir el reconocimiento y pago de la pensión solicitada,
porque la demandante se encontraba afiliada al ISS desde el año 1997. Cuando se

4 «compilado en el artículo 2.2.4.3.2. del Decreto 1833 del 2016.
5 Para sustentar su inconformidad, la demandante elaboró un cuadro comparativo entre el salario

actualizado por la entidad y el que, a su juicio, refleja el valor «real», correspondiente a las vigencias
comprendidas entre el año 1935 y el año 2000. No obstante, por razones metodológicas y para evitar
reiteraciones, dicho cuadro no se transcribirá en este acápite, sino en el apartado relativo al estudio
del recurso de apelación.
6 Samai tribunales, índice 33. Carpeta «34ED_EXPEDIENTEDIGITALdoc(.docx) NroActua 33», PDF

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produjo la pérdida de la capacidad laboral de la accionante, en el año 2000, la
situación financiera del ente territorial no le permitió pagar al ISS el bono pensional
correspondiente, razón por la cual asumió de manera directa el reconocimiento de
la prestación; sin embargo, la solicitud de transmutación pensional debía
adelantarse ante Colpensiones.

6.2. No procede la aplicación del Decreto 2527 de 2000 porque el municipio no
cuenta con un fondo o caja de previsión social al cual se hubieran afiliado sus
servidores; pues la demandante no estaba afiliada a ningún fondo pensional al
momento de cumplir el tiempo de servicio.

6.3. Proceden las excepciones de: i) falta de competencia por el factor cuantía7;
ii) caducidad del medio de control conforme con el artículo 164 del CPACA, pues
entre la firmeza de los actos [año 2019] que negaron la solicitud y la presentación
de la demanda [15 de diciembre de 2021] transcurrieron más de 4 meses;
iii) legalidad de los actos acusados en tanto la competencia para resolver lo
reclamado es de Colpensiones; iv) improcedencia de la inclusión de factores
salariales distintos a los previstos en los artículos 1 y 7 de los decretos 1158 de
1994 y 1068 de 1995, respectivamente; v) prescripción trienal de las mesadas e
incrementos salariales o pensionales causados con anterioridad a agosto de 2016;
y vi) buena fe de la entidad demandada porque el municipio reconoció el reajuste
de la pensión cuando las circunstancias lo hicieron exigible.

1.3. Sentencia de primera instancia

7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión mediante
sentencia proferida el 26 de noviembre de 2024 negó las pretensiones de la
demanda con fundamento en lo siguiente8:

7.1. No operó la caducidad de la acción porque el artículo 164, numeral 1, literal c),
del CPACA establece que los actos administrativos que reconozcan o nieguen
prestaciones periódicas pueden demandarse en cualquier tiempo.

7.2. No resultaba procedente reliquidar los salarios percibidos por la demandante
entre los años 1976 y 2000 con base en el IPC, porque este no constituía la fórmula
para determinar el incremento salarial de los empleados públicos; el gobierno
nacional es quien fija el régimen salarial y prestacional de dichos servidores y,
mediante decretos anuales, establece los topes del año fiscal, en desarrollo de lo

7 Mediante auto del 12 de septiembre del 2022, el tribunal declaró no probada la excepción con

fundamento en que la demanda fue presentada en 2021, antes de las modificaciones introducidas
en el marco de la competencia. Así, en aplicación del numeral 2 del artículo 152 numeral 2 del
CPACA, habida cuenta que la cuantía fijada ($53.951.544) superaba los 50 smlmv para ese año, sí
tenía la competencia para conocer del asunto. Samai tribunales, índice 12.
8 Samai tribunales, índice 26.

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dispuesto en el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y en la
Ley 4ª de 1992.

7.3. En ese sentido, el IPC no constituía un parámetro obligatorio para definir los
aumentos salariales, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que
ha señalado que el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario no era
absoluto y podía ser limitado en atención a variables económicas como la situación
fiscal del país, las políticas macroeconómicas y la racionalización del gasto público.
Además, se evidenció que el municipio efectuó incrementos salariales anuales y,
aunque en algunos años estos fueron inferiores al IPC, al analizar el
comportamiento global de los incrementos se constató que el salario registró un
aumento acumulado superior al 100 %.

7.4. Comoquiera que la demandante no se encontraba afiliada a una caja o fondo de
previsión social cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 para los servidores
territoriales [30 de junio de 1995] y solo se afilió al ISS el 19 de diciembre de 1996,
el municipio no era la entidad competente para reconocer la pensión de jubilación,
sino la administradora de pensiones, conforme con lo previsto en el artículo 6 del
Decreto 813 de 1994. Si bien el ente territorial fue el último empleador, en todo caso
carecía de competencia para el reconocimiento y pago de la prestación en los
términos del Decreto 2527 de 2000, toda vez que dicha función correspondía a las
cajas, fondos o entidades de previsión social cuya finalidad era el reconocimiento y
pago de pensiones.

7.5. En consecuencia, la competencia para estudiar la solicitud pensional se trasladó
a la administradora del régimen de prima media, inicialmente al ISS y actualmente
a Colpensiones.

7.6. De conformidad con los artículos 188 del CPACA, y 365 y 366 del Código
General del Proceso, así como con el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo
Superior de la Judicatura, se impone condena en costas y agencias en derecho a la
parte vencida, las cuales debían ser liquidadas por la Secretaría de la Corporación.
Las agencias en derecho se fijarán en el 3 % del valor de las pretensiones.

1.4. El recurso de apelación

8. La demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia con fundamento en lo siguiente9:

8.1. Conforme con los artículos 23 de la Ley 6ª de 1945, 10 del Decreto 2767 de
1945 y 75 del decreto 1848 de 1969, las entidades territoriales que no crearon un
fondo o caja de previsión social deben asumir directamente el pago de las

9 Samai tribunales, índice 29.

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prestaciones con sus propios recursos. En ese sentido, la falta de afiliación a estos
constituyó una omisión imputable al empleador, pues el servidor público no podía
quedar desprotegido en su derecho pensional por la negligencia de la
administración, razón por la cual el municipio de El Carmen de Viboral debía
reconocer y pagar la pensión de jubilación que resultaba más favorable, pues, al 30
de junio de 1993 fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones
tenía la calidad de afiliada como lo exige el artículo 1 del Decreto 2527 del 2000.

8.2. Adicionalmente, para ese momento contaba con más de 20 años de servicio y
42 años de edad, por lo que le resultaba aplicable el régimen previsto en la Ley 33
de 1985. En consecuencia, en el cálculo del IBL debían incluirse todas las sumas
percibidas de manera habitual como contraprestación por el servicio, entre ellas
primas y bonificaciones.

8.3. El IBL y el IBC se determinan a partir de los salarios mensuales devengados por
el trabajador, integrados por todas las sumas percibidas habitual y periódicamente
por la prestación del servicio, en los términos de la Ley 4ª de 1992. Por ello resultaba
inadecuada la liquidación efectuada en virtud de los artículos 1 y 7 de los decretos
1158 de 1994 y 1068 de 1995, respectivamente, pues la noción amplia de salario
debía interpretarse conforme con el Convenio 95 de la OIT que integra el bloque de
constitucionalidad y reconoce como salario toda remuneración recibida por el
trabajador como retribución por sus servicios; además estos regulan únicamente el
IBC de las pensiones previstas en la Ley 100 de 1993 que, en todo caso, deben
guardar armonía con los elementos que integran en salario.

8.4. El gobierno nacional excedió su potestad reglamentaria al limitar los factores
salariales mediante decretos, habida cuenta de que el régimen pensional está
sometido a reserva legal, por lo que resultó indebida la exclusión de componentes
salariales en la liquidación de la prestación en contravía de los artículos 2 y 10 de
la Ley 4ª de 1992. En el presente caso es dable la aplicación del IBL previsto en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993; «puede incluirse en la liquidación de la pensión
la totalidad de salarios devengados durante el último año de servicio, o […] los últimos diez
años, o también durante toda la vida laboral».

8.5. Al 15 de marzo del 2000, fecha de retiro, se presentó un desajuste en la base
de liquidación, lo que generó un menor valor en el monto de la mesada pensional,
al no haberse reajustado su salario básico comparativamente con la variación anual
del IPC, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, en la forma
en que correspondía hacerlo debido a que el salario básico en el periodo
comprendido entre el año 1975 y el 2000 no se actualizó con el IPC anual [al 31 de
diciembre del año anterior]. En consecuencia, procede la indexación de la primera
mesada pensional, pues los incrementos salariales reconocidos durante la relación
laboral fueron inferiores a la inflación, lo que ocasionó una pérdida del poder
adquisitivo. Asimismo, entre la fecha de retiro y la adquisición del estatus pensional

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[16 de marzo del 2008] el IBL se depreció como consecuencia de la inflación10, pues
la sola negativa de las pretensiones o la discrepancia en la interpretación del
derecho no justificaban imponer la condena en costas.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante esta corporación no rindió concepto12.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación de conformidad con los artículos 125 y 150
del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las
sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos».

2.2. Problemas jurídicos

12. De conformidad con el recurso de apelación, se deben resolver los siguientes
interrogantes:

12.1. ¿Si el municipio de El Carmen de Viboral es competente para reconocer y pagar
la pensión de jubilación solicitada por la demandante o si le correspondía a
Colpensiones?; de resultar competente el ente territorial, la Sala deberá establecer
¿si la demandante tenía derecho al cambio o sustitución de la pensión de invalidez
que actualmente percibe por una de jubilación, en aplicación del régimen previsto
en la Ley 33 de 1985 y del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993?;

10 Para sustentar su inconformidad, la demandante elaboró un cuadro comparativo entre el salario

actualizado por la entidad y el que, a su juicio, refleja el valor «real», correspondiente a las vigencias
comprendidas entre el año 1935 y el año 2000, en idénticos valores expuestos en los hechos. Por
razones metodológicas y para evitar reiteraciones, dicho cuadro no se transcribirá en este acápite,
sino en el apartado relativo al estudio del recurso de apelación.
11 Auto en el índice 8 de Samai.
12 Índice 4 de Samai.

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12.2. ¿Si el IBL de la pensión fue calculado de manera correcta, o si, por el contrario,
debieron incluirse todas las sumas percibidas de forma habitual y periódica como
contraprestación por el servicio, entre ellas las primas y bonificaciones?;

12.3. ¿Si procede la actualización de los salarios devengados durante la relación
laboral y la indexación de la primera mesada pensional?; y

12.4. ¿si resultaba procedente la condena en costas impuesta en la sentencia de
primera instancia?

2.3. Marco jurídico y jurisprudencial

2.3.1. Competencia para el reconocimiento y pago de pensiones de los
servidores públicos territoriales

13. Antes de la creación del Sistema General de Pensiones, el reconocimiento y pago
de las prestaciones pensionales de los servidores públicos estaba a cargo de las
cajas o fondos de previsión social, o en su defecto de la entidad pública empleadora.

14. En efecto, el artículo 2313 de la Ley 6ª de 194514 dispuso la creación de cajas de
previsión social para el reconocimiento de las prestaciones sociales de los
empleados públicos. A su vez, el artículo 10 del Decreto 2767 de 194515 estableció
que cuando dichas cajas no hubieran sido creadas, las entidades públicas debían
asumir directamente el pago de las prestaciones sociales con cargo a sus propios
recursos en los siguientes términos:

«Artículo 10. Los departamentos, intendencias, Comisarías y Municipios pueden
organizar […] instituciones de previsión social similares a la Caja de Previsión Social de
los empleados y obreros nacionales […]. Mientras no constituyan tales instituciones, la
totalidad de sus bienes y rentas se considerarán afectos al pago de las correspondientes
prestaciones sociales.

15. Posteriormente, el régimen prestacional de los empleados públicos fue
sistematizado mediante el Decreto 3135 de 196816 y desarrollado por el Decreto
1848 de 1969 que reguló las prestaciones sociales de los servidores públicos. En
particular, el artículo 75 de esta última norma reiteró que el reconocimiento y pago

13 Artículo 23. Los Departamentos, Intendencias y Municipios […] que no tengan organizadas
instituciones de previsión social similares a la que por esta Ley se establece, deberán crearlas dentro
de los seis meses siguientes a la promulgación de la presente Ley […].
14 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo”.
15 Por el cual se determinan las prestaciones sociales de los empleados y obreros al servicio de los

Departamentales y Municipios».
16 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se

regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».

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de las pensiones correspondía a las cajas o entidades de previsión social a las
cuales estuviera afiliado el servidor y, en su defecto, a la entidad pública empleadora
así:

«Artículo 75.- Efectividad de la pensión.

1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial
por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo
de servicios requerido por la ley […] o por la entidad de previsión a que esté afiliado al
tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad
señalados para el goce de la pensión.

2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al
tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente
por la última entidad o empresa oficial empleadora.

3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios […] la entidad o empresa a cuyo
cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir
contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas».

16. Sin embargo, esta estructura fue modificada con la expedición de la Ley 100 de
1993 mediante la cual se creó el Sistema General de Pensiones con el propósito de
garantizar la protección frente a las «contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y
la muerte»; conforme lo previó en el artículo 10.

17. El artículo 5217 de la referida ley dispuso que el régimen solidario de prima media
con prestación definida sería administrado por el Instituto de Seguros Sociales, sin
perjuicio de que las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes
continuaran administrando el régimen respecto de sus afiliados mientras
subsistieran.

18. Posteriormente, el Decreto 692 de 1994 en su artículo 3418 reiteró que el régimen
de prima media sería administrado por el Instituto de Seguros Sociales y por las
cajas o entidades de previsión social existentes al 31 de marzo de 1994, las cuales
solo podrían continuar administrando el régimen respecto de quienes ya estuvieran
afiliados a ellas, sin poder recibir nuevos afiliados a partir de dicha fecha.

17 Artículo 52. Entidades administradoras. El régimen solidario de prima media con prestación
definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.
Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado,
administrarán este régimen respecto de sus afiliados y mientras dichas entidades subsistan […].
18 Artículo 34. Entidades administradoras del régimen de prima media. El régimen solidario de prima

media con prestación definida será administrado por el Instituto de Seguros Sociales, así como por
las cajas, fondos o entidades de previsión social existentes al 31 de marzo de 1994 […]. En todo
caso, las entidades diferentes del ISS, sólo podrán administrar el régimen respecto de las personas
que a 31 de marzo de 1994 fueren sus afiliados, no pudiendo en consecuencia recibir nuevos
afiliados a partir de dicha fecha. […].

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19. Asimismo, el Decreto 813 de 199419 reguló la afiliación de los servidores públicos
al sistema general de pensiones y dispuso la forma en que se trasladaban las
obligaciones pensionales al régimen de prima media; al respecto el artículo 6 del
referido decreto prevé:

«Artículo 6º. Transición de las pensiones de vejez o jubilación de servidores públicos.
Tratándose de servidores públicos afiliados a cajas, fondos o entidades de previsión
social, para efectos de la aplicación del régimen de transición […] se seguirán las
siguientes reglas:

a) Cuando al 1º de abril de 1994 el servidor público hubiese prestado 15 años o más,
continuos o discontinuos, de servicios al Estado, cualquiera sea su edad, o cuenta con
35 años o más de edad si es mujer o 40 años o más de edad si es hombre, tendrá
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez a cargo de la caja, fondo
o entidad de previsión a la cual se encuentre afiliado, cuando cumpla con los requisitos
establecidos en las disposiciones del régimen que se le venía aplicando.

Corresponderá al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión
de los servidores públicos […] en los siguientes casos:

i) Cuando el servidor público se traslade voluntariamente al Instituto de Seguros
Sociales.

ii) Cuando se ordene la liquidación de la caja, fondo o entidad a la cual se encontraba
afiliado el servidor público, y

iii) Cuando los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición no se
encontraban afiliados a ninguna caja, fondo o entidad de previsión del sector público con
anterioridad al 1º de abril de 1994, seleccionen el régimen de prima media con prestación
definida;

b) Los servidores públicos que se vinculen al Instituto de Seguros Sociales
voluntariamente o por liquidación de la caja, fondo o entidad de previsión a la cual se
encontraba afiliado, tendrán derecho al reconocimiento de bono pensional, calculado en
la forma como lo determine el Gobierno Nacional».

20. Para los servidores públicos del orden territorial, el Sistema General de
Pensiones empezó a regir el 30 de junio de 1995, de conformidad con lo dispuesto
en el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 así:

«Artículo 151. Vigencia del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de
Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1994 […].

Parágrafo. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel
departamental, municipal y distrital, entrara a regir a más tardar el 30 de junio de 1995».

21. Con posterioridad, el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 creó la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) como una empresa industrial y comercial
del Estado del orden nacional, encargada de la administración estatal del régimen

19 «Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 100 de 1993».

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de prima media con prestación definida:

«Artículo 155. De la institucionalidad de la seguridad social y la administración del
régimen de prima media con prestación definida […]

[C]réase una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al
Ministerio de la Protección Social, denominada Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del
régimen de prima media con prestación definida [...].

Colpensiones será una Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, de carácter público del orden nacional, […] y procederá a la liquidación de
Cajanal EICE, Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la
administración de pensiones se refiere […].

22. En desarrollo de esta disposición, el gobierno nacional dispuso la liquidación del
Instituto de Seguros Sociales en lo referente a la administración de pensiones y la
transferencia de sus funciones a la nueva administradora estatal. En efecto,
mediante el Decreto 2011 de 201220 se reglamentó la entrada en operación de
Colpensiones, mientras que el Decreto 2013 de 201221 ordenó la supresión y
liquidación del Instituto de Seguros Sociales.

23. Como consecuencia de lo anterior, la administración del régimen de prima media
con prestación definida quedó a cargo de Colpensiones, entidad que actualmente
tiene la competencia para el reconocimiento y pago de las pensiones de los afiliados
a dicho régimen.

24. De esta manera, aunque con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones las entidades territoriales podían asumir el reconocimiento y
pago de las prestaciones pensionales cuando no existieran cajas o entidades de
previsión social, con la implementación de dicho sistema y la afiliación de los
servidores públicos a las entidades administradoras correspondientes, la
competencia para el reconocimiento y pago de las pensiones pasó a ser ejercida
por las entidades encargadas de administrar el régimen de prima media con
prestación definida.

25. En efecto, el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 dispuso que el
Sistema General de Pensiones empezaría a regir para los servidores públicos del
orden territorial a más tardar el 30 de junio de 1995. A su vez, el Decreto 813 de
1994 reguló la afiliación de estos servidores al sistema y la forma en que las
entidades públicas concurren en la financiación de las pensiones mediante la
expedición de bonos pensionales. En la actualidad, la administración del régimen

20 «Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana

de Pensiones – Colpensiones, y se dictan otras disposiciones»
21 «Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se ordena su liquidación, y se dictan

otras disposiciones».

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de prima media con prestación definida corresponde a Colpensiones, entidad
creada por el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 para asumir las funciones que
anteriormente ejercía el Instituto de Seguros Sociales en materia de administración
pensional.

2.3.2. En torno a la liquidación de la pensión en el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33 de 198522

26. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, el de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, estableció:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones».

27. Así las cosas, quienes en esa condición acumularan 20 años de servicios y
contaran con 55 años de edad podrían acceder a la pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario promedio percibido en el último año de servicios.

28. No obstante, la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 201823 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios
de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

29. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma».

30. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley

22 Reiteración jurisprudencial. Al respecto ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 22 de agosto de 2024, radicado 25000-23-42-000-2021-00704-01 (3195-2023), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar.
23 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

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100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior
a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para
el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».

31. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».

32. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes
argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización

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pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones (…)».

33. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para
quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso tercero del
artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas
personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

34. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

35. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio24 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

36. Ahora bien, cuando se trata de pensiones de invalidez originadas en riesgo
común, el monto de la prestación no se determina conforme a la tasa de reemplazo
prevista para la pensión de jubilación en la Ley 33 de 1985, sino con base en las
reglas establecidas en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, disposición que señala:

«Artículo 40. Monto de la Pensión de Invalidez. El monto mensual de la pensión de
invalidez será equivalente a:

a) El 45 % del ingreso base de liquidación, más el 1.5 % de dicho ingreso por cada 50

24
La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».

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semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las
primeras 500 semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral
sea igual o superior al 50 % e inferior al 66 %;
b) El 54 % del ingreso base de liquidación, más el 2 % de dicho ingreso por cada 50
semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las
primeras 800 semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es
igual o superior al 66 %.

La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75 % del ingreso base de liquidación.

En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual.

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a
pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado».

37. De acuerdo con dicha disposición, el monto de la pensión de invalidez se fija a
partir de dos variables: i) el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral
determinado por la autoridad médico-laboral competente y ii) el número de semanas
de cotización acreditadas por el afiliado. En ese sentido, la norma establece un
sistema de cálculo progresivo que parte de un porcentaje base del ingreso base de
liquidación y adiciona incrementos según las semanas cotizadas con posterioridad
a determinados umbrales.

38. Adicionalmente, este artículo establece que la pensión de invalidez no podrá ser
superior al 75% del ingreso base de liquidación, lo que implica que dicho porcentaje
opera únicamente como límite máximo de la prestación, mas no como una tasa de
reemplazo fija como ocurre en la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de
1985.

2.3.3. La actualización de los salarios y la indexación de la primera mesada
pensional

39. Como ya lo ha expuesto esta corporación, en el ordenamiento jurídico
colombiano no existe una disposición legal expresa que regule de manera directa la
indexación de la primera mesada pensional, distinta del reajuste periódico de las
pensiones previsto en la ley25. No obstante, ante este vacío normativo, la
jurisprudencia de las altas cortes ha desarrollado una línea consistente orientada a
garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones pensionales,
con fundamento en los principios constitucionales de equidad, justicia material y
protección del derecho a la seguridad social.

40. En efecto, el artículo 48 de la Constitución Política establece que la seguridad
social es un servicio público de carácter obligatorio que debe prestarse bajo la

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P.

Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 21 de enero de 2021, radicación 47001-23-33-000-2013-
00113-01 (4620-2016)

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dirección, coordinación y control del Estado, por su parte, el artículo 53 superior
estipula, entre los principios mínimos fundamentales del trabajo, el derecho a la
remuneración mínima vital y móvil y la garantía del «reajuste periódico de las
pensiones legales».

41. En desarrollo de estos postulados, la Corte Constitucional ha señalado que el
ordenamiento jurídico reconoce a los pensionados el derecho a mantener el poder
adquisitivo de sus mesadas pensionales. Este derecho, de carácter constitucional,
comprende la posibilidad de actualizar el valor de la primera mesada pensional
mediante la indexación, con el fin de evitar que la inflación reduzca el valor real de
la prestación económica26.

42. Asimismo, ha sostenido que la indexación de la primera mesada pensional
constituye un instrumento dirigido a evitar la pérdida del valor real de las
prestaciones económicas como consecuencia del fenómeno inflacionario. En tal
sentido, se trata de un «mecanismo que permite mantener el valor constante del dinero
[…], constitu[ye] una garantía de orden constitucional»27; figura que «se originó en la
necesidad de traer a valor presente un monto reconocido en un tiempo anterior, y que era
necesario actualizar teniendo en cuenta la innegable pérdida del poder adquisitivo de la
moneda»28.

43. En la misma línea, la Corte Constitucional precisó en la sentencia SU-1073 de
2012 que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional también resulta
aplicable a prestaciones causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991, en la medida en que dicho mecanismo tiene como
finalidad preservar el valor real de la prestación frente a los efectos de la inflación.

44. En concordancia con lo anterior, el Consejo de Estado ha reconocido que la
indexación de la primera mesada pensional resulta procedente cuando el
reconocimiento de la pensión se produce tiempo después de la terminación de la
relación laboral, circunstancia en la cual las sumas que sirven de base para la
liquidación han perdido poder adquisitivo. En tales eventos, se ha considerado
necesario actualizar esos valores a precios constantes mediante la aplicación del
(IPC entre la fecha del retiro del servicio y la fecha en que se reconoce el derecho
pensional, con el fin de preservar el valor real de la prestación29.

26 sentencia C-862 de 2006: «la jurisprudencia constitucional ha derivado de distintos preceptos

constitucionales un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su
mesada pensional, dentro de cuyo ámbito de conductas protegidas se encuentra el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional».
27 Sentencia T-012 de 2008.
28 Sentencia T-199 de 2018.
29 Al respecto ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 21 de enero de 2021, radicación
47001-23-33-000-2013-00113-01 (4620-2016).

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45. En ese sentido, esta corporación ha señalado que « regularmente se habla de
indexación de la primera mesada pensional, frente a aquellas personas que se les
reconoció su pensión tiempo después de que estuvieron trabajando, teniendo en cuenta el
valor nominal de los salarios y prestaciones sociales que devengaban durante los últimos
años de su relación laboral, sin considerar que dichas sumas de dinero en el momento en
que se reconoce y paga la pensión han perdido valor adquisitivo, por lo que es necesario
traerlas a valor presente […] en los casos en los que la persona se retira del servicio
cumpliendo el requisito de tiempo de servicios, sin haber cumplido la edad para el
reconocimiento de la pensión, reuniendo tal requisito posteriormente, es procedente indexar
su primera mesada conforme al índice de precios al consumidor (IPC) entre la fecha del
retiro del servicio y la fecha en la que es reconocido el derecho, esto debido al hecho notorio
de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda»30.

46. En suma, la actualización de los salarios y la indexación de la primera mesada
pensional constituyen herramientas jurídicas destinadas a preservar el valor real de
las prestaciones económicas derivadas del sistema de seguridad social. En tal
medida, su aplicación no solo responde a criterios técnicos de corrección monetaria,
sino que también materializa mandatos constitucionales orientados a garantizar
condiciones de vida digna a los pensionados y a evitar que el paso del tiempo y los
efectos de la inflación desvirtúen el contenido económico del derecho pensional
reconocido.

47. Para el efecto, esta Corporación ha precisado que la actualización de los ingresos
base de cotización debe realizarse mediante la aplicación del índice de precios al
consumidor con el fin de llevar los valores históricos a precios constantes, con base
en la siguiente formula: «Salario actualizado = [IBC * (IPC final / IPC inicial)]. Ha de
tenerse en cuenta que el IPC no corresponde a la variación porcentual del IPC de cada
mes, sino al índice llamado también serie de empalme31, así pues, el IPC final es el que
corresponde a la fecha a la cual se va a actualizar el salario base de cotización»32.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

48. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente33:

48.1. María Nohemy Zuluaga Duque nació el 16 de mayo de 1953, conforme se

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 11 de marzo de 2021, radicado 08001-23-33-000-2015-00007-01 (4854-2019), C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez
31 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de agosto de 2024,

radicado 25000-23-42-000-2021-00704-01 (3195-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
33 Samai tribunales, índice 33. Carpeta «34ED_EXPEDIENTEDIGITALdoc(.docx) NroActua 33»,

PDF «00 ZULUAGA DUQUE MARÍA NOHEMY (MC-NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO».

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evidencia del registro civil de nacimiento34.

48.2. Prestó sus servicios en el municipio de El Carmen de Viboral desde el 1 de junio
de 1974 hasta el 15 de marzo del 2000, según la certificación del 5 de septiembre
del 2019 emitida por la Unidad de Gestión Documental del referido municipio35.

48.3. Se afilió al Instituto de Seguros Sociales el 19 de diciembre de 1996, conforme
consta en el formulario de solicitud de vinculación al sistema de pensiones suscrito
en dicha fecha, en el que figura como empleador el municipio de El Carmen de
Viboral36.

48.4. Mediante «evaluación de la merma de la capacidad laboral» del 1 de octubre de
1999 suscrita por el médico laboralista Luis Javier Tobón Sanín, se dictaminó una
pérdida de la capacidad laboral de María Nohemy Zuluaga Duque del 52.70%37.

48.5. Por medio de la Resolución 551 del 12 de abril de 200038, el municipio de El
Carmen de Viboral le reconoció y ordenó el pago de una pensión de invalidez, en
virtud de los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 y con fundamento en el
dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del 28 de enero de 2000,
en el que se determinó que la María Nohemy Zuluaga Duque presentaba una
pérdida de capacidad laboral del 50,3%, de origen común.

En aplicación del artículo 21 de la referida Ley 100, se determinó el IBL de la
48.5.1.
pensión en la suma de $539.364 calculado con base en los salarios devengados
durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión de invalidez
[1990–2000], actualizados con el IPC certificado por el DANE para los años 1990 a
1999.

48.5.2.El cálculo arrojó un total de $64.723.740, correspondiente a 3.600 días
cotizados, de cuya operación se obtuvo el ingreso base de liquidación antes
indicado, conforme se discrimina a continuación:

34 Página 31.
35 Páginas 36 a 47.
36 Documento 28, página 33.
37 Páginas 54 a 57.
38 Páginas 58 a 62.

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Demandante: María Nohemy Zuluaga Duque

Salarios base de
Salario cotización - 10 años
actualizado anteriores al Total
Salario
Año IPC anualmente reconocimiento de la salario
diario
con base pensión actualizado
en el IPC
Días Valor
1990 32,37 % $ 2.328 $ 16.025 285 $ 16.025 $ 4.567.125
1991 26,82 % $ 2.900 $ 15.080 360 $ 15.080 $ 5.428.800
1992 25,13 % $ 3.625 $ 14.864 360 $ 14.864 $ 5.351.040
1993 22,61 % $ 4.948 $ 16.332 360 $ 16.332 $ 5.879.520
1994 22,60 % $ 6.230 $ 16.650 360 $ 16.650 $ 5.994. 000
1995 19,47 % $ 7.726 $ 16.842 360 $ 16.842 $ 6.063.120
1996 21,64 % $ 11.840 $ 21.604 360 $ 21.604 $ 7.777.440
1997 17,68 % $ 13.738 $ 20.608 360 $ 20.608 $ 7.418.880
1998 16,70 % $ 16.211 $ 20.664 360 $ 20.664 $ 7.439.040
1999 9,23 % $ 18.805 $ 20.540 360 $ 20.540 $ 7.394.400
2000 $ 18.805 $ 18.805 75 $ 18.805 $ 1.410.375
Total 3.600 $ 64.723.740

48.5.3.En dicho cálculo se estableció un total de 1.321 semanas cotizadas, de las
cuales 821 incidían en el incremento de la tasa de reemplazo. En consecuencia, se
aplicó un porcentaje del 69 % sobre el IBL, lo que arrojó como resultado una mesada
pensional inicial de $372.160, con efectos fiscales a partir del 16 de marzo de 2000.

48.6. El 20 de agosto de 2019, la demandante solicitó al municipio de El Carmen de
Viboral la «transmutación» de la pensión de invalidez de origen común por una
pensión vitalicia de jubilación, en aplicación del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como la reliquidación de la prestación, la
actualización de los factores salariales que integran el IBL, tales como, asignación
básica, primas de navidad y vacaciones, «entre otros devengados y remunerativos del
servicio», la indexación de la primera mesada pensional, el reajuste anual de la
mesada, y el reconocimiento y pago de las diferencias pensionales
correspondientes39.

40
48.7. Mediante Resolución 4299 del 4 de septiembre del 2019 , el municipio de El
Carmen de Viboral negó la solicitud anterior con fundamento en que con la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del
orden territorial el 30 de junio de 1995, conforme con el artículo 151 de la Ley 100
de 1993 y su reglamentación, la competencia para resolver dicha solicitud
correspondía a la entidad administradora del Sistema General de Pensiones y no al
ente territorial.

48.8. De conformidad con la certificación del 5 de septiembre de 2019, emitida por la

39 Páginas 66 y 67.
40 Páginas 69 a 73.

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entidad, la demandada devengó los siguientes conceptos durante los últimos 10
años de servicio41:
Prima de vida Prima de Prima de
Año Salario
cara navidad Vacaciones
1990 $ 69.850 $ 69.850
1991 $ 87.000 $ 21.750 $ 87.000
1992 $ 108.750 $ 36.250 $ 108.750
1993 $ 149.530 $ 149.530
1994 $ 186.914 $ 186.914 $ 74.76642
1995 $ 231.772 $ 231.772
1996 $ 335.210 $ 335.210
1997 $ 412.150 $ 412.150 $ 206.07543
1998 $ 486.336 $ 486.336 $ 206.07544
1999 $ 564.150 $ 564.150 $ 243.16945
2000 $ 564.150 $ 47.012 $ 399.60746

48.8.1. Adicionalmente, precisó que «no reposaban actos administrativos de pago de prima
de vacaciones por los periodos 1991 a 1992, 1992 a 1993 y de 1997 a 2000, […] en la Resolución
541 del 16 de marzo del 2009 […] no se hace referencia a pago de prima de vacaciones, pero sí
señala pago de doceava prima de vacaciones/2000, y una indemnización por vacaciones desde el 1
de marzo de 1997 [hasta] el 15 de marzo del 2000»47.

48.9. Mediante Resolución 4756 del 22 de octubre del 201948, el municipio de El
Carmen de Viboral resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
anterior, y decidió no revocar dicho acto administrativo con fundamento en que, en
virtud del artículo 52 de la Ley 100 de 1993, el asunto era de competencia de
Colpensiones.

49
48.10. A través de la Resolución 6 del 16 de febrero del 2001 , el ente territorial
reconoció y ordenó el pago de un reajuste en la liquidación de las prestaciones
sociales y de la pensión de invalidez de la demandante, de conformidad con la
sentencia C-1433 de 2000 de la Corte Constitucional [que ordenó que el salario de
los servidores públicos debía incrementarse al menos en el IPC del año anterior].
En aplicación de dicha decisión, reconoció el 9,23 % correspondiente a la inflación
del año 1999, lo que dio lugar al pago de $550.160 por diferencias causadas.

41 Páginas 36 a 49. Certificación del 5 de septiembre del 2019.
42 Reconocido a través de la Resolución 01 del 1 de enero de 1994, por el periodo comprendido entre

el 1 de marzo de 1990 hasta el 28 de febrero de 1991.
43 Reconocido a través de la Resolución 1022 del 11 de enero de 1997, por el periodo comprendido

entre el 1 de marzo de 1993 hasta el 28 de febrero de 1994.
44 Reconocido a través de la Resolución 006 del 6 de enero de 1998, por el periodo comprendido

entre el 1 de marzo de 1994 hasta el 28 de febrero de 1995.
45 Reconocido a través de la Resolución 002 del 1 de enero de 1999, por el periodo comprendido

entre el 1 de marzo de 1995 hasta el 28 de febrero de 1996.
46 Reconocido a través de la Resolución 460 del 4 de enero de 1999, por el periodo comprendido

entre el 1 de marzo de 1996 hasta el 28 de febrero de 1997.
47 Páginas 36 a 50.
48 Páginas 78 a 82.
49 Páginas 63 y 64.

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Asimismo, se fijó la mesada pensional en $405.538 a partir de enero de 2001 y se
dispuso el pago proporcional de la prima pensional correspondiente al año 2000,
toda vez que ella adquirió la condición de pensionada el 16 de marzo de 2000.

2.4.2. Análisis sustancial del caso concreto

49. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia del 26 de noviembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda con
fundamento en que no procedía la reliquidación o reajuste de los salarios
devengados entre los años 1976 y 2000 con base en el IPC, pues los incrementos
salariales de los empleados públicos son fijados por el gobierno nacional, y dicho
índice no constituía un parámetro obligatorio. Además, el derecho a mantener el
poder adquisitivo del salario no era absoluto y podía verse limitado por variables
económicas, y que durante la relación laboral se registraron incrementos salariales
acumulados superiores al 100 %. El municipio no era competente para reconocer la
pensión, pues la demandante no se encontraba afiliada a una caja o fondo de
previsión al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 para los servidores territoriales y
posteriormente fue afiliada al ISS, por lo que la competencia correspondía a la
administradora del régimen de prima media, razón por la cual impuso condena en
costas a la parte demandante.

50. María Nohemy Zuluaga Duque apeló la decisión con fundamento en que el
municipio debía asumir el reconocimiento y pago de la pensión, pues cuando las
entidades territoriales no crean cajas o fondos de previsión social deben responder
directamente por las prestaciones de sus servidores, sin que la falta de afiliación
pueda perjudicar al trabajador. Resultaba aplicable el régimen de la Ley 33 de 1985,
y para calcular el ingreso base de liquidación, debían incluirse todas las sumas
percibidas habitual y periódicamente como contraprestación del servicio, conforme
con una noción amplia de salario. Se presentó un desajuste en la base de
liquidación porque el salario no fue actualizado acorde con el IPC, lo que ocasionó
una pérdida del poder adquisitivo y justificaba la indexación de la primera mesada
pensional. Además, cuestionó la condena en costas impuesta en primera instancia.

51. Para resolver los problemas jurídicos planteados, y teniendo en cuenta los
hechos acreditados en el expediente, no está en discusión que María Nohemy
Zuluaga Duque era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, y que, en consecuencia, le resultaba aplicable el régimen
pensional de la Ley 33 de 1985 para efectos de la determinación de los requisitos
de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo en materia de pensión de vejez.
Sin embargo, la protección derivada de dicho régimen de transición no implica la
aplicación ultractiva de todos los elementos del régimen anterior, particularmente en
lo relacionado con la determinación del ingreso base de liquidación. Adicionalmente,
para efectos de establecer la correcta determinación del IBL y del porcentaje
aplicable a la pensión de invalidez reconocida a la demandante, la Sala deberá

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verificar si la prestación fue liquidada conforme con las reglas previstas en la Ley
100 de 1993, en particular las contenidas en sus artículos 21, 36 y 40.

2.4.2.1. En torno a la competencia para el reconocimiento pensional

52. En el caso concreto se encuentra demostrado que María Nohemy Zuluaga Duque
se afilió al ISS el 19 de diciembre de 1996, entidad que para la época tenía a su
cargo la administración del régimen de prima media con prestación definida y que
posteriormente fue sustituida en sus funciones por Colpensiones, de conformidad
con el proceso de institucionalización del sistema pensional estatal.

53. Ahora bien, la Sala advierte que, pese a la afiliación de la demandante al Instituto
de Seguros Sociales el 19 de diciembre de 1996, mediante la Resolución 551 del
12 de abril de 2000 el municipio de El Carmen de Viboral reconoció directamente
en su favor una pensión de invalidez de origen común. Dicha circunstancia impone
examinar el alcance del artículo 18 del Decreto 1513 de 1998, disposición que
regula los supuestos de concurrencia financiera entre entidades del sistema
pensional. La norma establece lo siguiente:

«Artículo 18. El artículo 44 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo
13 del Decreto 1474 de 1997, quedará así:

"Artículo 44. Reconocimiento y pago de prestaciones a servidores y exservidores
públicos con derecho a bono tipo B.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 1748 de 1995, el ISS
reconocerá y pagará la pensión de aquellos servidores o exservidores públicos del nivel
territorial afiliados al ISS a partir del 1º de abril de 1994, una vez sea expedido el
respectivo bono pensional a que tengan derecho por parte de la caja, fondo o entidad
del sector público del nivel territorial.

Para efectos del reconocimiento y pago de la pensión, el ISS podrá exigir a la entidad
pública del nivel territorial una certificación, emitida por la entidad financiera
administradora del patrimonio autónomo constituido por la entidad pública de
conformidad con los Decretos 1314 de 1994, 810 de 1998 y demás normas que los
modifiquen o adicionen, sobre la existencia de recursos suficientes para el pago del
bono. No obstante, si se trata de bonos cuya redención deba ocurrir en una vigencia
fiscal posterior a la de su expedición, la entidad financiera certificará sobre la existencia
del patrimonio autónomo y el cumplimiento del programa de amortización.

Si la entidad territorial no hubiese constituido el patrimonio autónomo, la expedición del
bono deberá estar precedida de un certificado de disponibilidad presupuestal para su
pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el ISS podrá suscribir acuerdos de pago con la entidad
pública, con fundamento en los parámetros que de manera general establezca el Ministro
de Hacienda y Crédito Público, quien podrá delegar dicha función en el Director General
de Crédito Público.

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Lo dispuesto en los incisos anteriores, es sin perjuicio de que el ISS comience a pagar
la pensión de vejez que corresponda a dichos afiliados, tomando en cuenta únicamente
las cotizaciones efectuadas al ISS, procediendo la reliquidación de la pensión, en los
términos del artículo 11 del Decreto 1474 de 1997, cuando se emita el bono pensional,
que obligatoriamente debe expedir y pagar la entidad correspondiente, dentro de los
plazos previstos para este efecto.

En caso de que dicha pensión no pueda ser reconocida por el ISS por no haberse
expedido el bono, y el servidor haya laborado durante todo su tiempo de servicios al
Estado en la misma entidad territorial hasta el traslado al ISS, este Instituto trasladará,
dentro del año siguiente, el valor de las cotizaciones de pensión de vejez para que la
entidad territorial proceda al pago de la pensión. A dichas cotizaciones se les aplicará el
rendimiento efectivo de las reservas del ISS durante el período de cotización, de acuerdo
con las tasas descritas el parágrafo y del artículo 24, hasta la fecha en que se realice el
pago efectivo. Igualmente, el ISS trasladará a la entidad que realizará el pago de la
pensión toda la información que posea sobre el trabajador, incluyendo su historia laboral.
El valor total devuelto por el ISS a las entidades territoriales deberá integrarse automática
mente, en su carácter de recurso de la Seguridad Social, al patrimonio autónomo
constituido para la garantía y pago de obligaciones pensionales.

Las entidades territoriales podrán compensar con el ISS las obligaciones recíprocamente
exigibles por concepto de bonos, cuotas parte y devoluciones de cotizaciones.

En los casos en que existan tiempos compartidos entre diversas entidades territoriales y
en los demás no previstos en este artículo, la pensión será reconocida y pagada por el
SI, una vez las entidades territoriales hayan expedido los bonos y suscrito las cuotas
partes correspondientes.

Cuando se cause una indemnización sustitutiva, de conformidad con el artículo 37 de la
Ley 100 de 1993, para calcular el valor de dicha indemnización se incluirán también las
semanas sin cotización al Instituto de Seguros Sociales que se tuvieron en cuenta para
el cálculo del bono, suponiendo para ellas un porcentaje de cotización igual al 10%.

A los trabajadores cobijados por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993y sus reglamentarios, el ISS les liquidará, reconocerá y pagará su
pensión, respetando la edad, tiempo de servicios y monto (porcentaje y tope) que se
tomaron para el cálculo del bono, que sean aplicables. El ingreso base de liquidación se
establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Las pensiones establecidas por una norma de inferior categoría a una ley, serán
reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales como pensiones compartidas de
conformidad con la ley y los reglamentos de ese instituto a este respecto y, por lo tanto,
el mayor valor de la pensión derivado de ordenanza, acuerdo, pacto, convención, laudo
o cualquiera otra forma de acto o determinación administrativa, estará a cargo del
empleador.

Una vez emitido el bono pensional por la entidad territorial, el ISS enviará al emisor la
resolución de reconocimiento de la pensión, la cual determina el momento de la
redención del bono. El pago se hará de acuerdo con las reglas del artículo 17.

Parágrafo 1º. La regla del inciso primero también se aplicará en el caso de las entidades
del orden nacional, con excepción de la 0BP y las administradoras del régimen de prima
media.

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Parágrafo 2º. El ISS deberá certificar a cualquier emisor de bono, todas las
vinculaciones con afiliación al ISS o convalidadas mediante título pensional. Además
deberá informar al emisor todas las demás vinculaciones que, de acuerdo con la
información que haya sido suministrada al ISS, van a usarse para la concesión de la
pensión. Mientras no lo haga, el emisor dará por no recibida la solicitud y, por tanto no
corren plazos. En todo caso, la OBP emitirá los bonos tipo B y asumirá las cuotas partes
con base en la historia que reposa en el archivo laboral masivo, salvo cuando se presente
un error detectable que deberá ser corregido por el ISS"».

54. De acuerdo con la norma transcrita, los incisos 1 a 5 establecen, en términos
generales, mecanismos de articulación financiera entre la administradora del
régimen y la entidad pública obligada al reconocimiento prestacional, a través de
instrumentos como el bono pensional o el traslado de aportes, con el propósito de
asegurar la financiación de la prestación cuando confluyan tiempos de servicio o
cotizaciones en distintas entidades (la administradora de pensiones y la entidad
territorial).

55. De manera particular, el inciso 6 prevé una hipótesis excepcional, conforme con
la cual, cuando una pensión no pueda ser reconocida por el ISS por no haberse
expedido el correspondiente bono pensional, y el servidor hubiere laborado durante
todo el tiempo en el Estado en la misma entidad territorial hasta su traslado al
instituto, este deberá trasladar a la entidad territorial el valor de las cotizaciones
correspondientes al riesgo de vejez, para que aquella proceda al reconocimiento y
pago de la prestación respectiva. Se trata, entonces, de una excepción reglada que
supedita la obligación prestacional en cabeza del ente territorial al cumplimiento de
presupuestos específicos, entre ellos el traslado efectivo de dichas cotizaciones.

56. Así, el ISS debe reconocer las pensiones de los trabajadores de las entidades
territoriales una vez sea expedido el bono pensional, pero el Instituto estaba provisto
de herramientas para exigir a la administración la emisión del bono, la certificación
del patrimonio autónomo sobre la disponibilidad presupuestal o la suscripción de
acuerdos de pago, lo que permitió que en el inciso 5 se concluyera que sin perjuicio
de ese trámite el ISS podía empezar a pagar la prestación « tomando en cuenta
únicamente las cotizaciones efectuadas al ISS, procediendo la reliquidación de la pensión,
en los términos del artículo 11 del Decreto 1474 de 1997, cuando se emita el bono
pensional».

57. Así las cosas, para llegar a la situación excepcional del inciso 6 de la norma, la
administradora de pensiones debía adelantar unos trámites que permitieran concluir
que, con todo, sería la entidad territorial la responsable del pago por falta de emisión
del bono pensional que soportara la prestación.

58. En el presente asunto, se acreditó uno de los supuestos fácticos descrito en dicha
disposición [el inciso 6 del artículo 18 del Decreto 1513 de 1998] este es la
prestación continua del servicio en favor del ente territorial; sin embargo, no obra
prueba de que como consecuencia de la afiliación al ISS en el año 1996 se hubiese

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surtido los requerimientos tendientes al traslado de las cotizaciones de pensión de
vejez por parte del instituto, ni que finalmente se hubiese expedido el bono
pensional, pues además de la manifestación de la entidad de haber efectuado
directamente el reconocimiento de la pensión de invalidez [el 12 de abril de 2000]
por falta de presupuesto para expedir el mencionado título, se desconoce si en la
actualidad esa situación se mantiene igual.

59. Esta situación resulta determinante pues de acuerdo con lo señalado en la norma
analizada luego de esa imposibilidad de emitir el bono pensional [procedimiento que
debía estar precedido de los requerimientos indicados allí y que debió asumir el ISS
desde el año 1996 que se afilió la demandante], el Instituto tendría que trasladar el
valor de las cotizaciones a la entidad territorial para que esta procediera al pago de
la pensión.

60. En consecuencia, i) en el presente asunto se desconoce la situación de la emisión
del bono pensional, que imponga considerar que la competencia para el
reconocimiento de la prestación retornó al ente territorial; ii) una consideración
distinta, que imponga esa obligación al municipio implicaría desconocer las
prerrogativas con que contaba el ISS para reclamar esos aportes y exigiría la
afectación de sus finanzas con el fin de que sean trasladados los aportes a la
entidad pública que tendría que reconocer la pensión.

61. De esta manera, desde la afiliación efectiva de la demandante al ISS en el año
1996, dicha administradora asumió la cobertura de las contingencias de vejez,
invalidez y muerte, razón por la cual, cuando la actora presentó el 20 de agosto de
2019 solicitud de transmutación o cambio de la pensión de invalidez que
actualmente percibe por una pensión vitalicia de jubilación, la competencia material
para pronunciarse sobre dicha petición correspondía a la administradora del
régimen de prima media, hoy Colpensiones, y no al municipio demandado.

62. En ese sentido, la Sala precisa que, tal como se explicó en el marco normativo y
jurisprudencial, aunque con anterioridad a la implementación del Sistema General
de Pensiones las entidades territoriales podían asumir el reconocimiento y pago
directo de prestaciones cuando no existieran cajas o fondos de previsión social,
dicha regla fue modificada con la expedición de la Ley 100 de 1993, en la medida
en que la función de reconocimiento y administración de las pensiones de los
afiliados al régimen de prima media pasó a las entidades administradoras del
sistema.

63. En consecuencia, la Sala concluye que el ente territorial carecía de competencia
para pronunciarse sobre la solicitud referida, pues dicha determinación
correspondía a la administradora del régimen pensional al que se encontraba
afiliada. Por tanto, no era jurídicamente viable exigir al municipio el reconocimiento
de la prestación reclamada.

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Demandante: María Nohemy Zuluaga Duque

64. En ese orden, no resulta procedente analizar el segundo interrogante planteado
en el problema jurídico, relativo a si, en caso de resultar competente el ente
territorial, la demandante tendría derecho a la sustitución o cambio de la pensión de
invalidez que actualmente percibe por una pensión de jubilación, en aplicación de
la Ley 33 de 1985 y del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, por resultar innecesario para la resolución del presente litigio.

65. No obstante, la Sala advierte que, si bien el ente territorial carecía de
competencia para pronunciarse de fondo sobre la solicitud presentada por la
demandante, sí le asistía el deber legal de remitirla a la entidad competente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 21 del CPACA. En efecto, dicha
disposición establece que cuando una autoridad recibe una petición respecto de la
cual no es competente, debe informarlo al interesado y remitirla dentro de los 5 días
siguientes a la autoridad competente, con el fin de garantizar la efectividad del
derecho y evitar dilaciones injustificadas.

66. En el caso concreto, el municipio de El Carmen de Viboral se limitó a negar la
solicitud bajo el argumento de falta de competencia, sin acreditar su remisión a
Colpensiones, lo cual desconoce el principio de eficacia de la función administrativa
y las cargas que le asisten a las autoridades en el trámite de las peticiones.

67. En ese sentido, la Sala precisa que, en aplicación de los principios de eficacia,
coordinación y buena fe que rigen la función administrativa, conforme con el artículo
209 de la Constitución Política, las autoridades deben articular sus actuaciones para
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, de modo que la organización
interna de la administración no puede trasladar cargas al interesa.

68. Por lo anterior, se ordenará al municipio de El Carmen de Viboral para que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del CPACA y de los principios que
rigen la función administrativa, remita en forma inmediata la solicitud presentada por
la demandante a Colpensiones, junto con su expediente administrativo y los demás
documentos pertinentes. Asimismo, se advertirá a Colpensiones para que, al
momento de resolver la solicitud, tenga en cuenta la fecha de su presentación inicial
ante el ente territorial, para efectos del cómputo de términos ante un eventual
reconocimiento del derecho.

2.4.2.2. En torno a la determinación del IBL

69. En el presente caso, se encuentra acreditado que María Nohemy Zuluaga Duque
prestó servicios en el municipio de El Carmen de Viboral desde el 1 de junio de 1974
hasta el 15 de marzo de 2000, fecha en la que adquirió la condición de pensionada
por invalidez de origen común, con efectos a partir del 16 de marzo de 2000. Durante
los últimos 10 años de servicio percibió, además del salario básico, distintos

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Demandante: María Nohemy Zuluaga Duque

conceptos salariales tales como primas de vida cara, de navidad y de vacaciones,
según se desprende de la certificación expedida por la entidad territorial que obra
en el expediente.

70. La demandante sostuvo que el IBL de la pensión de invalidez fue calculado
únicamente sobre el salario básico y los incrementos reconocidos, sin integrar las
demás sumas percibidas de manera regular como contraprestación por el servicio.
A su juicio, tales conceptos debieron incorporarse al IBL, porque hacían parte de su
remuneración habitual; y que la liquidación efectuada con fundamento en los
artículos 1 y 7 de los decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995 resultó insuficiente y
contraria a los principios de la Ley 33 de 1985, la Ley 4 de 1992 y al régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues dicha liquidación
no reflejó la totalidad de los ingresos que conformaban su remuneración.

71. La Sala recuerda que, conforme con la jurisprudencia unificada de la Sala Plena
del Consejo de Estado, el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 garantiza para sus beneficiarios la aplicación del régimen anterior en
lo relativo a edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo en materia de pensión de
vejez, pero no implica la aplicación ultractiva de todas las reglas salariales del
régimen anterior para efectos de determinar el ingreso base de liquidación, el cual
se rige por las disposiciones del Sistema General de Pensiones. Esta regla resulta
aplicable también cuando se trata de establecer la base de liquidación de otras
prestaciones del sistema, como la pensión de invalidez, cuyo monto se determina
posteriormente conforme con las reglas del artículo 40 de la Ley 100 de 1993.

72. En efecto, el IBL previsto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y en el artículo 21 de la misma ley se determina con base en los factores
salariales que sirvieron efectivamente para la realización de aportes o cotizaciones
al sistema pensional, actualizados anualmente con el IPC certificado por el DANE.
En ese sentido, el IBL corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales el afiliado efectuó cotizaciones durante el período correspondiente,
actualizado con el IPC.

73. De acuerdo con estas reglas, cuando al afiliado le faltaban más de 10 años para
consolidar el derecho pensional al momento de entrar en vigencia el Sistema
General de Pensiones, el IBL se calcula con el promedio de los salarios devengados
durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación, siempre que
dichos valores hubieran servido como base de cotización al sistema.

74. En ese sentido, la inclusión de primas u otros emolumentos percibidos por el
trabajador dentro del IBL no depende únicamente de su carácter salarial o de su
percepción habitual, sino de que tales factores hayan servido efectivamente de base
para la realización de aportes al sistema pensional. En efecto, conforme con lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de

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Estado, solo los factores salariales sobre los cuales se efectuaron cotizaciones
pueden integrar el promedio salarial que determina el IBL.

75. Aplicadas estas reglas al caso concreto, se observa que mediante la Resolución
551 del 12 de abril de 2000 el municipio de El Carmen de Viboral determinó el IBL
con fundamento en los salarios devengados por la demandante durante los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión de invalidez, esto es, entre 1990 y 2000,
los cuales fueron actualizados con el IPC certificado por el DANE.

76. En el presente caso, si bien se acreditó que la demandante percibió durante el
período analizado conceptos como prima de vida cara, prima de navidad y prima de
vacaciones, respecto de estos no debían efectuarse aportes o incluirse como base
de cotización al sistema pensional, pues no están previstos en la Ley 62 de 1985,
ni en el Decreto 1158 de 1994. En consecuencia, aunque devengó dichos
conceptos, su sola existencia no resulta suficiente para ordenar su inclusión dentro
del ingreso base de liquidación, toda vez que, conforme con las reglas establecidas
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado,
únicamente pueden integrar el IBL aquellos factores respecto de los cuales se
hubieren efectuado cotizaciones al sistema pensional.

77. Así las cosas, la Sala concluye que la liquidación efectuada por la administración
se realizó con base en los salarios que efectivamente sirvieron como fundamento
para la realización de aportes al sistema pensional y en las semanas debidamente
acreditadas, razón por la cual no se evidencia error en los factores tenidos en cuenta
para la determinación del IBL de la pensión de invalidez reconocida a la
demandante.

2.4.2.3. En torno a la actualización salarial e indexación de la primera mesada

78. Lademandante sostuvo que para la correcta determinación del IBL de la
prestación, debía tenerse en cuenta los salarios efectivamente devengados durante
su vida laboral (entre los años 1975 y 2000), debidamente actualizados conforme
con la variación del IPC; pues la liquidación efectuada por la entidad había
desconocido la pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones históricas, lo
que incidió en el monto de la primera mesada pensional reconocida.

79. No obstante, la Sala advierte que no resulta procedente examinar la totalidad de
los periodos señalados. En efecto, como se indicó previamente, el IBL se determina
con fundamento en los ingresos percibidos durante los últimos 10 años de servicios.
En ese sentido, y toda vez que el reconocimiento de la pensión de invalidez se
efectuó con fundamento en el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez el 28 de enero de 2000, el estudio se limitará al lapso comprendido
entre el 28 de enero de 1990 y el 28 de enero del 2000 [de conformidad con la Ley
33 de 1985], por corresponder al período relevante para la determinación del IBL.

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80. En consecuencia, la Sala examinará si, respecto de los salarios devengados
durante dicho periodo, resultaba procedente su actualización conforme con el IPC,
como lo sostiene la demandante, o si la liquidación efectuada por la entidad se
ajustó al marco normativo y jurisprudencial aplicable para la determinación del IBL.
Para tal efecto, se tendrá en cuenta que, conforme con los artículos 48 y 53 de la
Constitución Política, así como con el principio de conservación del poder
adquisitivo de las prestaciones laborales y pensionales, los valores históricos que
sirven de base para la liquidación pensional deben expresarse en moneda
constante, a fin de evitar que la inflación desnaturalice su valor real50.

81. Al respecto, la demandante enlistó el siguiente cuadro comparativo, en el que
confrontó, para cada anualidad comprendida entre los años 1990 y 2000, el salario
básico devengado, el porcentaje de reajuste salarial aplicado por la entidad y la
variación anual del IPC. Se precisa que dicho cuadro corresponde al ejercicio
argumentativo expuesto por la parte demandante en sustento de su recurso, y se
relaciona de manera textual como referente de su inconformidad frente a la
liquidación efectuada por la entidad.

% Rj Rj salario
Salario
Año aplicado por % Rj por IPC Básico (Valor
Básico
entidad real)
1990 $ 69.850 39,7 26,12 $ 92.622
1991 $ 87.000 24,552 32,36 $ 122.594
1992 $ 108.750 25 26,82 $ 155.474
1993 $ 149.530 37,499 25,13 $ 213.775
1994 $ 186.914 25,001 22,60 $ 267.221
1995 $ 231.772 23,999 22,59 $ 331.351
1996 $ 355.210 53,258 19,46 $ 507.823
1997 $ 412.150 16,03 21,63 $ 617.665
1998 $ 486.336 18 17,68 $ 728.845
1999 $ 564.150 16 16,70 $ 850.562
2000 $ 616.221 9,23 9,23 $ 929.069

82. De acuerdo con los argumentos de la demandante, la sala encuentra necesario
efectuar el cálculo propuesto de conformidad con las certificaciones salariales
aportadas al proceso.

83. Determinado el período a tener en cuenta y el IBC reportado mes a mes durante
dicho lapso se procede a actualizar los valores de forma mensual, con base en las
certificaciones salariales y la siguiente fórmula:

Salario actualizado = [IBC * (IPC final / IPC inicial)]

50 Al respecto ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, sentencia del 30 de abril de 2020, radicado 25000-23-42-000-2014-01302-01 (2319-
17), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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84. La Sala precisa que la actualización aquí efectuada no corresponde a un reajuste
anual sucesivo con base en la variación porcentual del IPC de cada vigencia, sino
a un ejercicio de indexación o actualización monetaria de valores históricos a
precios constantes de una fecha de referencia, razón por la cual la metodología
técnicamente adecuada consiste en aplicar la relación entre el índice final y el índice
inicial de cada período «IPC final / IPC inicial» como se indicó, fórmula que permite
expresar cada ingreso histórico en moneda constante a la fecha de reconocimiento
de la prestación.

85. El IPC final corresponde al índice vigente en la fecha a la cual se pretende
actualizar el salario base de cotización. En el presente asunto, dicho índice es el
correspondiente al 28 de enero de 2000, fecha a partir de la cual se reconoció el
derecho pensional a María Nohemy Zuluaga Duque, cuyo valor es 40,30 Por su
parte, el IPC inicial corresponde al índice del mes cuyo salario se pretende actualizar
que para enero de 1990, es 5,97.

86. Con base en lo anterior, para el caso del salario devengado en enero de 1990,
equivalente a $ 69.85051 la actualización se obtiene de la siguiente manera:

Salario actualizado = $ 69.850 * (40,30 / 5,97)
Salario actualizado = 69.850 × 6,7504
Salario actualizado = $ 471.655

87. Este procedimiento se repite con cada uno de los meses [del período
comprendido entre los últimos 10 años de servicio público] y luego se suma el total
de meses actualizados, resultado que se divide entre el número de meses para
hallar su promedio. Dicho promedio es el IBL que servirá para liquidar la mesada
pensional. La fórmula es la siguiente:

Salario actualizado promedio = ∑ salarios actualizados
Número de meses actualizados

88. Para el efecto, la Sala realiza el ejercicio con base en la formula señalada, para
el año 1990.

Factor (IPC
Salario base
Mes IPC inicial final / IPC Salario actualizado
($)
inicial)
Enero 5.97 6.750419 $ 471,516.75
Febrero 6.19 6.510501 $ 454,758.48
Marzo 6.37 6.326531 $ 441,908.16
Abril 6.55 6.152672 $ 69,850 $ 429,764.12
Mayo 6.68 6.032934 $ 421,400.45

51 Conforme con las certificaciones salariales.

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Junio 6.81 5.917768 $ 413,356.09
Julio 6.90 5.840580 $ 407,964.49
Agosto 7.01 5.748930 $ 401,562.77
Septiembre 7.18 5.612813 $ 392,055.01
Octubre 7.31 5.512996 $ 385,082.76
Noviembre 7.46 5.402145 $ 377,339.81
Diciembre 7.65 5.267974 $ 367,967.97
Total 4,964,676.88
Promedio
(IBL 413,723.07
mensual)

89. Revisada la información extraída de la tabla de liquidación de la Resolución 551
del 12 de abril del 2000, se tiene que el ente territorial totalizó un salario actualizado
correspondiente al año 1990 por $4.567.125. En ese contexto, la Sala advierte que
el ejercicio de actualización efectuado por la entidad territorial no se ajustó al método
previsto para llevar los valores históricos a precios constantes mediante la
aplicación del IPC. En efecto, mientras que de la aplicación de la fórmula de
actualización basada en el IPC el total de los salarios actualizados para el año 1990
asciende a $4.964.676,88, la entidad liquidó dicho período por un valor de
$4.567.125, cifra inferior a la que resulta de aplicar correctamente el IPC. Lo anterior
evidencia que los ingresos base de cotización no fueron actualizados en debida
forma, lo que incide directamente en la determinación del IBL y, por ende, en el
monto de la mesada pensional reconocida.

90. En consecuencia, la Sala concluye que los salarios devengados durante el
período relevante para la determinación del IBL debían actualizarse conforme con
el IPC, con el fin de preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones históricas.
Por lo tanto, se ordenará al municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia) efectuar
la reliquidación del IBL y de la primera mesada pensional, con efectos fiscales a
partir del 16 de marzo de 2000, mediante la aplicación de la fórmula de actualización
basada en el IPC para los salarios correspondientes al período comprendido entre
el 28 de enero de 1990 y el 28 de enero de 2000. En consecuencia, deberá
reconocer y pagar las diferencias que resulten a favor de la demandante,
debidamente indexadas.

91. Finalmente, se advierte que, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 100 de
1993 cuando la pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 50% e inferior al
66%, el monto de la pensión corresponde al 45% del ingreso base de liquidación, al
cual se adiciona un 1,5% por cada 50 semanas de cotización acreditadas con
posterioridad a las primeras 500 semanas. Por su parte, cuando la pérdida de
capacidad laboral es igual o superior al 66%, el monto corresponde al 54% del
ingreso base de liquidación, más un 2% por cada 50 semanas de cotización
acreditadas con posterioridad a las primeras 800 semanas.

92. En el caso concreto, de acuerdo con la Resolución 551 del 12 de abril de 2000,
mediante la cual se reconoció la pensión de invalidez por riesgo común a favor de

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María Nohemy Zuluaga Duque, la entidad estableció que acreditaba 1.321 semanas
de cotización. Asimismo, conforme con la calificación de invalidez del 28 de enero
de 2000, se determinó que presentaba una pérdida de capacidad laboral del 50,3%
de origen común, con fundamento en lo cual el ente territorial aplicó un porcentaje
del 69% sobre el IBL para determinar el monto de la prestación.

93. En esas condiciones, resulta aplicable lo dispuesto en el literal a) del artículo 40
de la Ley 100 de 1993, según el cual, cuando la disminución de la capacidad laboral
es igual o superior al 50% e inferior al 66%, el monto de la pensión corresponde al
45% del IBL, al cual se adiciona un 1,5% por cada 50 semanas de cotización
acreditadas con posterioridad a las primeras 500 semanas.

94. En el presente asunto, al descontar las primeras 500 semanas del total acreditado
por la demandante [1.321 semanas], se obtiene un excedente de 821 semanas, las
cuales equivalen aproximadamente a 16 grupos de 50 semanas. Dicho excedente
genera un incremento del 24 % sobre el IBL, resultado de multiplicar 16 grupos por
el 1,5% previsto en la norma.

95. En consecuencia, al 45% inicial debe adicionarse el 24% derivado de las
semanas adicionales cotizadas, lo que arroja un porcentaje aproximado del 69% del
ingreso base de liquidación, valor que coincide con el aplicado por la entidad en la
resolución de reconocimiento pensional. Por tal razón, no resulta procedente
reliquidar la prestación aplicando el 75% del IBL, pues dicho porcentaje corresponde
a la pensión de vejez prevista en la Ley 33 de 1985, mientras que el monto de la
pensión de invalidez se determina conforme con las reglas previstas en el artículo
40 de la Ley 100 de 1993, las cuales se establecen con base en el porcentaje de
pérdida de capacidad laboral con el número de semanas cotizadas.

96. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala revocará la sentencia proferida
el 26 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Decisión que negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

97. La condena en costas en la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo está
prevista en el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

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98. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

99. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma52.

100. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

101. En esta instancia no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual no se condenará en costas. En consecuencia,
la Sala revocará la condena en costas impuesta en primera instancia, al no
encontrarse acreditados los presupuestos legales para su procedencia.

4. Conclusión

102. La Sala concluye que el municipio de El Carmen de Viboral no era
competente para pronunciarse sobre la solicitud de sustitución o cambio de la
pensión de invalidez por una de jubilación, competencia que corresponde a la
administradora del régimen de prima media, hoy Colpensiones; empero se ordenará
al ente territorial la remisión del expediente administrativo a la entidad competente
a fin de que evalúe la solicitud presentada por la demandante.

103. No obstante, se advierte que, si bien no se evidenció error en los factores
salariales tenidos en cuenta para la determinación del IBL, la entidad incurrió en una
incorrecta actualización de los salarios que integran dicha base conforme con el
IPC, lo cual incide en el monto de la liquidación de la pensión de invalidez por riesgo
común reconocida a la demandante.

104. En consecuencia, se ordenará el reajuste del IBL y de la primera mesada
pensional aplicando la fórmula de actualización correspondiente, sin que resulte
procedente aplicar la tasa del 75%, por tratarse de una pensión de invalidez cuyo
porcentaje se determina conforme con el artículo 40 de la Ley 100 de 1993. Por

52En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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estas razones, se revocará la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

3. FALLA

Primero. Revocar la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 4299 del 4 de septiembre de
2019, en cuanto el municipio de El Carmen de Viboral negó la reliquidación de la
pensión conforme con el Índice de Precios al Consumidor por el período
comprendido entre los años 1976 y 2000, así como de la Resolución 4756 del 22 de
octubre de 2019, que confirmó dicha decisión.

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ordenar al municipio de El
Carmen de Viboral a reliquidar el ingreso base de liquidación y la primera mesada
de la pensión de invalidez reconocida a María Nohemy Zuluaga Duque, con
aplicación de la fórmula de actualización basada en el Índice de Precios al
Consumidor para los salarios correspondientes al período comprendido entre el 28
de enero de 1990 y el 28 de enero de 2000. En consecuencia, deberá pagar las
diferencias que resulten a favor de la demandante, debidamente indexadas, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Quinto. Sin condena en costas en esta instancia.

Sexto. Revocar la condena en costas impuesta en la primera instancia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Séptimo. Ordenar al municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia) para que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del CPACA, remita inmediatamente
a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) la solicitud
presentada por María Nohemy Zuluaga Duque el 20 de agosto de 2019, junto con
la totalidad de su expediente administrativo y demás documentos pertinentes, para
que la administradora pueda evaluar la solicitud de transmutación de la pensión.

Octavo. Advertir a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
que, al momento de resolver la solicitud, debe tener en cuenta la fecha de su

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36

Radicado: 05001-23-33-000-2021-02207-01 (0229-2025)
Demandante: María Nohemy Zuluaga Duque

presentación inicial ante el ente territorial, en los términos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.

Noveno. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Décimo. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

FNM.

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