Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2022-00020-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2022-00020-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2022-00020-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
24 de agosto de 2023
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00020-01 (26922)
Demandante: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero Ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
Radicación: 05001 23 33 000 2022 00020-01 (26922)
Demandante: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.-UNE TELCO-
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Temas: Contribución especial por contratos de obra pública.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia de 29 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
que negó las pretensiones de la demanda (numeral primero) y condenó en costas a la
parte demandante (numeral segundo).
ANTECEDENTES
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.-UNE TELCO-, en adelante UNE TELCO,
es una sociedad de economía mixta mayoritariamente pública que presta los servicios
de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones y
actividades complementarias y está sometida al régimen jurídico de la Ley 142 de 1994
para las empresas de servicios públicos.
En desarrollo de su objeto social, en el periodo de enero a diciembre de 2016, UNE
TELCO suscribió contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de
infraestructura, la construcción y mantenimiento de redes para la ejecución de su
actividad económica.
El 6, 7 y 9 de octubre de 2020, el municipio de Medellín expidió a la actora las
liquidaciones oficiales de aforo por no presentar las declaraciones de retención en la
fuente por concepto de la contribución especial por contratos de obra pública por los
periodos de enero a diciembre de 2016. Y el 11 y el 23 de agosto de 2021, profirió las
resoluciones que resolvieron el recurso de reconsideración interpuesto por UNE
TELCO contra los actos de aforo, en el sentido de confirmarlos.
DEMANDA
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.-UNE TELCO-, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, pidió la nulidad de las liquidaciones
de aforo que determinaron la obligación de declarar y pagar la retención en la fuente
de la contribución especial sobre contratos de obra pública por los períodos de enero
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Demandante: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
FALLO
a diciembre de 2016 y de las resoluciones que resolvieron el recurso de
reconsideración contra las liquidaciones de aforo. Además, formuló las siguientes
pretensiones.
“En caso de que se acepten parcialmente los argumentos desarrollados, expuestos y
debidamente acreditados en el presente medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, solicito respetuosamente a su Honorable Despacho se sirva declarar la
nulidad parcial de los actos administrativos demandados, derivada de los fundamentos
aceptados.
B. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Respetuosamente solicito a su Honorable Despacho que como consecuencia de la
nulidad absoluta de los actos administrativos demandados se decrete como
restablecimiento del derecho, la ausencia de obligación de UNE TELCO de declarar y
pagar la retención en la fuente de la contribución especial sobre contratos de obra
pública, por los períodos de enero a diciembre del año 2016, y así mismo ruego se
declare expresamente que la Compañía no adeuda suma alguna por dichos conceptos.
En caso de que su Honorable Despacho declare la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados, solicito subsidiariamente, se sirva determinar el monto de
la retención en la fuente de la contribución especial sobre contratos de obra pública por
los períodos de enero a diciembre del año 2016 que le corresponde a mi poderdante.”
La demandante invocó como normas violadas, las siguientes:
Artículo 29 de la Constitución Política
Artículos 112, 114 y 142 numeral 3° del Decreto Municipal 350 de 2018
Artículos 3 y 42 del CPACA.
El concepto de la violación se sintetiza así:
Los actos demandados están viciados de falta de motivación. El municipio de
Medellín motivó indebidamente los actos demandados, pues no indicó por qué los
contratos analizados, que recaen sobre inmuebles, son de obra pública y no de otra
naturaleza.
No se configura el hecho generador de la contribución especial sobre contratos
de obra pública. Los contratos suscritos por la demandante no pueden ser calificados
como de obra pública, toda vez que dicha categoría se encuentra restringida a la
aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Y UNE
TELCO se encuentra expresamente cobijada por la regulación prevista en el artículo
55 de la Ley 1341 de 2009, al ser proveedora de tecnologías de la información y las
comunicaciones y, por ende, la totalidad de sus actos y contratos se rigen por el
derecho privado, no por el Estatuto General de la Contratación pública.
Por consiguiente, en el presente caso no se configuró el hecho generador de la
contribución especial sobre contratos de obra pública, toda vez que UNE TELCO no
suscribió contratos de obra pública. Por tanto, no podía actuar como agente de
retención de dicha contribución.
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El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no se aplica a
la demandante. La actora desarrolla su objeto social en el mercado de los
proveedores de las tecnologías de la información y las comunicaciones y compite con
otros entes privados y públicos. Igualmente, hace parte de un mercado regulado.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública tampoco resulta aplicable a las entidades,
que aun cuando tengan participación mayoritaria del Estado se encuentren
desarrollando actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o
público, o hagan parte de mercados regulados
Pretermisión de los requisitos determinados en la sentencia C-1153 de 2008. En
la mencionada sentencia, la Corte Constitucional estableció la posibilidad de
coexistencia de entidades públicas no sometidas a la Ley 80 de 1993, lo cual se
evidencia en razón a que el artículo 32 de la referida ley estableció que “Son contratos
estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad”.
En ese sentido, un contrato celebrado por una entidad pública que no se encuentre
referido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no es
estatal y, por ende, no está regulado por dicho Estatuto.
La sentencia citada resolvió en forma clara que los contratos de obra pública regulados
en el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, como generadores de la contribución especial
sobre contratos de obra pública corresponden a los regulados en el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993.
En este sentido, ante la existencia de un régimen especial, excepcional de la Ley 80
de 1993, como el de la demandante, no puede hablarse de contratos de obra pública
de conformidad con el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006 y la sentencia C- 1153 de
2008, y por ende, no se configura el hecho generador de la contribución especial sobre
contratos de obra pública.
Inaplicación de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de
febrero de 2020 a hechos del año 2016. La temporalidad de la aplicación de las
sentencias de unificación del Consejo de Estado se encuentra sometida al principio de
irretroactividad en materia tributaria. Por ende, la entidad demandada no se
encontraba facultada para aplicar la sentencia de unificación, proferida en el año 2020,
respecto a situaciones materializadas en relación con los períodos de enero a
diciembre de 2016, toda vez que ello equivaldría a vulnerar los artículos 29 y 363 de
la Constitución Política.
Transgresión del principio de confianza legítima. Conforme con la jurisprudencia
del Consejo de Estado vigente para el año 2016, en los casos en que los contratos
suscritos por entidades públicas no puedan ser tipificados, calificados o considerados
como “contratos de obra pública”, en razón a la existencia de un régimen exceptivo del
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régimen general de la contratación pública, no se genera la contribución especial sobre
contratos de obra pública1.
Aunado a lo anterior, toda vez que al momento de iniciarse el proceso de aforo la
posición jurisprudencial expuesta era clara y expresa, en virtud de los principios de
confianza legítima y seguridad jurídica (artículo 83 de la Constitución Política), la actora
se encontraba amparada en dicho precedente, por lo que no le era exigible intervenir
como agente de retención de la contribución especial sobre contratos de obra pública,
pues conforme con la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la
actora no suscribió contratos de obra pública.
Ausencia de valoración del material probatorio que demostraba que los
contratos suscritos por UNE TELCO no eran contratos de obra pública. El
municipio de Medellín se encontraba obligado a evaluar el alcance de cada uno de los
contratos y no limitarse a señalar que, en virtud del nombre otorgado al proceso de
contratación, se acreditaba la existencia de contratos de obra pública suscritos por la
demandante.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El municipio de Medellín se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento
en los siguientes argumentos:
UNE TELCO es una sociedad de economía mixta descentralizada, con capital público
superior al aporte privado, lo que le da la naturaleza de empresa pública sometida a la
Ley 1106 de 2006, y aunque el régimen jurídico aplicable a tales empresas incluye
normas de derecho privado, ello no transforma su naturaleza en la de una entidad
privada. Una cosa es la naturaleza jurídica de la entidad y otra el régimen jurídico que
le sea aplicable.
El hecho generador de la contribución especial, en cuanto grava la realización de
contratos de obra pública, es claro y delimitado, pues estos contratos están definidos
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, siempre y cuando sean celebrados con entidades
públicas, y se trate de actividades cuyo objeto sea la construcción, mantenimiento,
instalación y, en general, todo trabajo material (obligación de hacer) sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea su modalidad de ejecución y pago.
Como entidad de derecho público, la actora puede suscribir contratos de obra en los
términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tipología a la que pertenecen los
contratos que fueron objeto de las liquidaciones de aforo demandadas.
El precedente jurisprudencial traído a colación en la demanda, corresponde a lo
definido por el Consejo de Estado frente a los contratos suscritos por ECOPETROL,
esto es, respecto a una entidad que si bien es de derecho público, desarrolla un objeto
social diferente al de UNE TELCO, relacionado con la exploración y explotación de
hidrocarburos. No resulta aplicable al caso concreto el precedente judicial citado, en
1 Se refirió a las sentencias del Consejo de Estado, proferidas dentro de los expedientes Nros. 22536, 22039,
22940, 23378, 23362, 22388 y 23319, en las que se consideró que la celebración y ejecución de contratos que
tengan por objeto la exploración, explotación y comercialización de recursos naturales no renovables
(hidrocarburos), no genera la contribución de obra pública.
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tanto con el mismo solo se busca inducir en error al fallador, al pretender extender
unas consecuencias jurídicas que no surgen de idénticas situaciones fácticas a las
estudiadas en este caso.
En el procedimiento tributario adelantado contra UNE TELCO, se respetó el derecho
al debido proceso y contradicción del contribuyente, quien tuvo la oportunidad de
aportar pruebas y contradecir las existentes.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda por las razones que se resumen así2:
Las liquidaciones oficiales de aforo estuvieron precedidas del procedimiento en el que
tuvieron lugar el emplazamiento para declarar y las resoluciones sanción por no
declarar. En ese escenario, en respuesta a los emplazamientos para declarar, UNE
TELCO remitió una serie de contratos que había celebrado con particulares, junto con
los respectivos soportes de pago. Con base en esas pruebas, el municipio de Medellín
verificó que UNE TELCO había suscrito contratos de obra pública en los términos del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Teniendo en cuenta que aquella tenía la calidad de
entidad pública estableció que le asistía la obligación de realizar la retención, recaudo,
declaración y pago de la contribución especial respecto a tales contratos.
Siendo ello así, y bajo el entendido de que UNE TELCO no presentó las respectivas
declaraciones dentro del mes siguiente a la notificación del emplazamiento para
declarar, la entidad demandada sancionó a la actora por no declarar y también profirió
las liquidaciones oficiales de aforo en las que identificó cuál era el hecho generador de
la contribución especial a la luz de la normativa nacional y local aplicable, indicó las
razones fácticas y jurídicas por las que UNE TELCO tenía a su cargo la obligación de
realizar la retención, recaudo, declaración y pago de la contribución especial e
individualizó los periodos gravables, la base gravable, la tarifa y el valor total de la
contribución especial. Los actos de determinación del tributo revelan los móviles de su
expedición, los razonamientos, el fundamento jurídico y la valoración fáctica que
sustenta la decisión adoptada, razones por las cuales la entidad demandante contó
con la información necesaria para controvertir la decisión administrativa.
En la sentencia C-1153 de 2008, la Corte Constitucional precisó que la contribución
especial sobre contratos de obra pública se genera cuando se suscriben contratos de
obra por las entidades que se rigen por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.
UNE TELCO es una sociedad de economía mixta mayoritariamente pública,
organizada bajo la forma de una sociedad anónima, que tiene por finalidad la
prestación de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y
comunicaciones, y desarrolla sus actividades comerciales en competencia con el
sector privado y/o público. Siendo así, en virtud de lo previsto en el artículo 55 de la
Ley 1341 de 2009, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1150
de 2007, en materia de contratación, UNE TELCO se encuentra sometida al régimen
de derecho privado y no a las previsiones del Estatuto General de Contratación de la
2 Folios 288 a 298 del c.p.
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Administración Pública. Sin embargo, puede celebrar contratos de obra pública porque
es una entidad estatal.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación jurisprudencial del 25 de febrero de 2020, sentó el criterio según el cual
el hecho generador de la contribución de los contratos de obra pública se realiza sobre
los contratos de obra que se celebren con entidades de derecho público,
independientemente de su régimen contractual, en tanto la obligación tributaria se
define en función del contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la
entidad de derecho público.
En suma, de acuerdo con el inciso 1° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, el artículo
32 de la Ley 80 de 1993, la sentencia C-1153 de 2008 de la Corte Constitucional, y la
sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de febrero de 2020, resulta acertado
sostener que, pese a que UNE TELCO se encuentra exceptuada del Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública, al ser una entidad de derecho público,
los contratos que celebre para la realización de trabajos sobre bienes inmuebles serán
contratos de obra pública gravados por la contribución especial de que trata el citado
artículo 6° de la Ley 1106 de 2006.
De otra parte, con base en el artículo 118 del Decreto Municipal 0350 de 2018 "Por
medio del cual se modifica, actualiza y compila el régimen procedimental en materia
tributaria para el Municipio de Medellín"3, el Subsecretario de Ingresos del municipio
de Medellín debe expedir las liquidaciones de aforo dentro de los 5 años siguientes al
vencimiento del plazo para declarar. Y en virtud de lo dispuesto en el artículo 134 del
Acuerdo 064 de 2012 “Por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable
a los ingresos tributarios en el Municipio de Medellín”4, las entidades recaudadoras
tienen la obligación de presentar la declaración de retenciones de la contribución
especial en forma mensual, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente
al que se efectuó la retención.
De acuerdo con lo anterior, la entidad demandada podía expedir las liquidaciones de
aforo por concepto de la contribución especial de contratos de obra pública del año
2016, hasta el año 2021, lo que quiere decir, que para el 25 de febrero de 2020, cuando
se dictó la sentencia de unificación jurisprudencial, e incluso, para la fecha de
ejecutoria de esa sentencia, esto es, el 10 de diciembre de 2020, no había operado la
caducidad de la potestad del municipio de Medellín para exigir el pago de la
contribución de obra pública, por lo que, las reglas fijadas en la referida sentencia de
3 ARTÍCULO 118. LIQUIDACIÓN DE AFORO. Agotado el procedimiento previsto en los artículos 116 y 117 del
presente Decreto, el Subsecretario de Ingresos deberá expedir dentro de los cinco (5) años siguientes al
vencimiento del plazo señalado para declarar, una liquidación de aforo donde determine la obligación tributaria al
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que no haya cumplido su obligación formal.
Una vez notificada la liquidación de aforo, el contribuyente pierde el derecho a presentar su declaración privada.
Transcurrido el término establecido en el presente artículo sin que se haya expedido la liquidación oficial de aforo,
se configurará la pérdida de competencia para la determinación del impuesto a cargo del contribuyente o
responsable, la cual será decretada por el Subsecretario de Ingresos de oficio o a solicitud de parte.
4 “ARTÍCULO 134: DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. Las entidades recaudadoras
tienen la obligación de presentar la declaración de la contribución especial en forma mensual dentro de los diez
(10) primeros días hábiles del mes siguiente al que se efectúo la retención, en la taquilla que para tal efecto designe
la Subsecretaría de Ingresos. Esta declaración será la base para emitir el documento de cobro, el cual se expedirá
a la presentación de aquella y deberá ser cancelada inmediatamente en los bancos u otras entidades financieras
con las cuales el Municipio de Medellín tenga convenio sobre el particular (…).”
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unificación jurisprudencial debían ser tenidas en cuenta por el municipio de Medellín
para determinar la obligación tributaria a cargo de la entidad demandante.
Las providencias del Consejo de Estado que menciona la demandante, relacionadas
con la celebración de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, no
constituyen precedente para el caso de UNE TELCO, ya que los contratos celebrados
por ésta no implican la realización de las referidas actividades, sino que corresponden
a la tipología de contratos de obra pública, pues tienen que ver con un conjunto de
obras cuyo objeto es la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, en
los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1994 y respecto de tales contratos sí se
configura el hecho generador de la contribución especial.
En consecuencia, UNE TELCO, en calidad de responsable de la contribución especial
de contratos de obra pública, no solo debió retener y recaudar la contribución, sino
que, además, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 del Acuerdo Municipal 064 de
2012 –vigente para el año 2016-, tenía la obligación de presentar la declaración de
retención del tributo, y posteriormente proceder a su pago.
Costas. Teniendo en cuenta el numeral 1 del artículo 365 de CGP, se condenó en
costas a la parte demandante, toda vez que se negaron las súplicas de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en lo siguiente5:
La motivación de las liquidaciones oficiales de aforo demandadas no fue suficiente
para demostrar la configuración del hecho generador de la contribución especial sobre
contratos de obra pública ni la obligación de UNE TELCO de retener y consignar dicho
tributo. Esto, por cuanto no se acreditaron los fundamentos sobre los cuales se
consideró que los contratos suscritos por la compañía, relacionados en los actos
demandados, se consideran de obra pública.
En ese sentido, la autoridad municipal se abstuvo de realizar una valoración probatoria
de los contratos suscritos por la actora, lo cual vició de nulidad absoluta los actos
demandados, al haber proferido una decisión contrariando lo establecido en los
artículos 40 y 42 del CPACA y 742 del Estatuto Tributario, ya que no señaló, siquiera
sumariamente, el contenido de los contratos, en relación con su objeto y demás
cláusulas contractuales.
En los términos del artículo 83 de la Constitución Política, en razón a los principios
constitucionales de confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica, al igual que el
derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), la sentencia de
unificación de 25 de febrero de 2020 no podía ser aplicada como una regla de derecho
obligatoria con ocasión de una discusión tributaria relacionada con el año 2016, pues
se desconoce el principio de irretroactividad de la ley en materia tributaria.
No es posible aplicar la sentencia de unificación en razón a que modificó el precedente
jurisprudencial vigente al momento en que la autoridad municipal inició el
procedimiento de aforo. En efecto, cuando empezó el trámite de aforo, la
5 Índice 2 Samai.
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jurisprudencia decía que los contratos suscritos por entidades exceptuadas del
régimen general de la contratación pública no podían ser calificados o considerados
como contratos de obra pública, y, por ende, no se generaba la contribución especial
sobre contratos de obra pública6.
Condena en costas. No se evidencia que la demandada haya solicitado la condena
en costas en contra de la actora. Por tanto, la condena en costas impuesta a la actora
violó el principio de congruencia de las sentencias. Además, para que proceda la
condena en costas es necesario que la parte interesada demuestre que las mismas se
causaron dentro del proceso y que acredite que las expensas fueron sufragadas por
la parte cuya condena en costas se profiere a su favor. Por tanto, el Tribunal no se
encontraba facultado para imponer una condena en costas.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
No hubo oposición al recurso de apelación por parte del demandado, durante la
oportunidad prevista en el artículo 247 numeral 4° del CPACA.
La demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y el
Ministerio Público no conceptuó.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala decide
si se configura el hecho generador de la contribución por los contratos de obra pública
en los contratos que celebró la actora por los períodos de enero a diciembre del año
2016.
En el mismo sentido, define, además, si las liquidaciones de aforo demandadas están
debidamente motivadas, esto es, si la entidad demandada tuvo en cuenta el objeto de
los contratos que dieron lugar a la determinación de la contribución especial en
mención y si es aplicable a este caso la sentencia de unificación de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo de 25 de febrero de 2020.
La Sala confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda, según el
siguiente análisis:
Del hecho generador de la contribución especial de los contratos de obra pública.
Reiteración jurisprudencial.7 Para resolver el problema jurídico la Sala reitera la
sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020 proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación8, que resulta aplicable a este asunto,
como más adelante se precisa.
6 Citó las sentencias de esta Sección de 22 de febrero de 2018, expediente No. 2253, del 19 de abril de 2018,
expediente No. 22939; de 25 de abril de 2018, expediente No. 22940, de 3 de mayo de 2018, expediente No. 23378,
de 24 de mayo de 2018, expediente 23362, de 31 de mayo de 2018, expediente 22388 y de 14 de junio de 2018,
expediente No. 23319.
7 Sentencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado de 26 de noviembre de 2020, expediente 2014-00184-01
(22937), Consejero Ponente Julio Roberto Piza Rodríguez y de 3 de diciembre de 2020, expedientes 2015-01319-
01 (23051) y-2014-01204-01 (22472), Consejero Ponente Julio Roberto Piza Rodríguez.
8 Radicado 25000-23-37-000-2014-00721-01 (22473) (IJ), C.P William Hernández Gómez. Mediante providencia
de 20 de octubre de 2020, se negó la solicitud de aclaración de la referida sentencia, presentada por ECOPETROL.
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Radicado: 05001-23-33-000-2022-00020-01 (26922)
Demandante: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
FALLO
De acuerdo con la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, el artículo 6 de
la Ley 1106 de 2006 establece la contribución sobre los contratos de obra que se
suscriban con entidades de derecho público, en la cual el contratista tiene la calidad
de contribuyente y la entidad de derecho público contratante es la responsable del
tributo, esto es, quien se encarga de retenerlo y consignarlo.
A partir de lo anterior, sentó el criterio según el cual el hecho generador de la
contribución de los contratos de obra pública se realiza sobre los contratos de obra
que se celebren con entidades de derecho público, independientemente de su régimen
contractual, en tanto la obligación tributaria se define en función del contrato celebrado,
no de la actividad de la entidad de derecho público ni del régimen jurídico al que dicha
entidad esté sometido.
Y, advirtió que el hecho de que algunas entidades de derecho público tengan un
régimen especial para ciertos tipos de contratos –como los de exploración y
explotación de recursos naturales renovables y no renovables- no impide que cuando
suscriban contratos de obra, los últimos se encuentren gravados con el tributo. Lo
anterior, en esencia, porque el contrato de obra pública es diferente de otros contratos,
por tener características y finalidades propias, encontrándose gravado con la
contribución solo el primero, por mandato legal.
A esos efectos, en lo que interesa a este asunto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo realizó una delimitación conceptual del contrato de obra pública y con
base en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, lo definió, en términos generales, como el
celebrado con entidades de derecho público para la realización de trabajos materiales
sobre bienes inmuebles.
Además, en la providencia de unificación se indicó el criterio general que debe
aplicarse para determinar si un contrato está o no gravado con el tributo, y que consiste
en examinar que el objeto del contrato encuadre dentro de la definición del contrato de
obra. Y se dijo que, para ello, en cada caso el juez debe analizar los contratos sobre
los que recae el tributo y aspectos como el objeto, las cláusulas contractuales, al igual
que las reglas de interpretación de los contratos.
Las anteriores consideraciones, llevaron a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo a fijar, entre otras, la siguiente regla de unificación:
“1. Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los
contratos de obra pública no es determinante el régimen contractual de la entidad
que celebre el contrato de obra pública, sea el general de la Ley 80 de 1993 o un
régimen exceptuado. El elemento de la obligación tributaria se define en función
del contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la entidad de
derecho público.”
Por lo anterior, para establecer si en un caso concreto se realizó o no el hecho
generador de la contribución del contrato de obra pública, la Sala Plena de lo
El ponente de esta providencia salvó el voto en la sentencia de unificación. No obstante, en virtud del art. 270 del
CPACA, acoge el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
9
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Demandante: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
FALLO
Contencioso Administrativo precisó que es necesario determinar si el contrato se
celebró con entidades de derecho público para realizar actividades materiales
que recaigan sobre bienes inmuebles.
Aplicación de la sentencia de unificación. El fallo de unificación de 25 de febrero
de 2020, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado advirtió en su parte resolutiva que los casos respecto de los cuales ya había
operado la cosa juzgada resultaban inmodificables. Si bien los efectos de la sentencia
de unificación no fueron objeto expreso de modulación, se entiende que, por regla
general y salvo que se disponga algo diferente, los efectos son hacia el futuro.9
De acuerdo con lo anterior, las reglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia de
unificación se aplican de forma retrospectiva a los casos pendientes por decidir tanto
en la vía administrativa como en la judicial, por lo cual tales reglas resultan procedentes
en las controversias que se estudian después de su ejecutoria.
Comoquiera que este asunto está pendiente por decidir en la vía judicial se le aplica la
sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, pues, además, las providencias
judiciales no constituyen ley en sentido material (artículo 230 de la Constitución
Política), como lo sugiere la demandante para justificar la aplicación del principio de
irretroactividad de la ley en materia tributaria, aspecto sustancialmente distinto a los
efectos en el tiempo de las providencias judiciales.
Además, el Tribunal debía atender los criterios fijados por esta corporación en la
sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, pues como lo precisó la Sala, “la
interpretación del derecho cuando es realizada por autoridades investidas de
facultades de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de
justicia, adquiere carácter vinculante”10.
De la contribución de obra pública en el municipio de Medellín. A nivel local, el
Acuerdo 064 de 2012, expedido por el Concejo Municipal de Medellín, vigente para la
época de los hechos, adoptó para el citado municipio la contribución especial de los
contratos de obra pública, precisando los elementos en los siguientes términos:
“Artículo 132. Elementos de la Contribución Especial. Los elementos que
integran la contribución especial, son:
1. Sujeto activo: municipio de Medellín.
2. Sujeto pasivo: persona natural o jurídica y las asociaciones público
privadas que suscriban contratos de obra pública o sus adiciones con entidad de
derecho público del nivel municipal o sea concesionario de construcción,
mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos
aéreos, marítimos o fluviales o en las concesiones que ceden el recaudo de
impuestos o contribuciones y, los subcontratistas que con ocasión de convenios
de cooperación con organismos multilaterales, realicen construcción de obras o su
mantenimiento.
9 SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B, sentencia de tutela del 4 de octubre de 2021, Radicación número: 11001-
03-15-000-2021-05922-00(AC), C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
10 Sentencia de 10 de agosto de 2023, exp 25642 C.P, Stella Jeannette Carvajal Basto. En esta providencia se
citó la sentencia de la Corte Constitucional C-634 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10
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[…]Actuará como responsable del recaudo y pago de la contribución especial, la
entidad de derecho público del nivel municipal que actúe como contratante o
concedente en los hechos sobre los que recae la contribución.
3. Hecho generador: Son hechos generadores de la contribución especial:
a. La suscripción de contratos de obra pública y sus adiciones.[…]
4. Base gravable: La base gravable es el valor total del contrato de obra
pública o de la respectiva adición.
[…]
5. Tarifa: Cuando se trate de contratos de obra pública o sus adiciones, se
aplica una tarifa del cinco por ciento (5%) sobre el valor total del contrato o su
adición.
[…]
Artículo 133. Causación del pago. La contribución especial debe ser descontada
del valor del anticipo y de cada cuenta cancelada al contratista.
Artículo 134. Declaración y pago de la contribución especial. Las entidades
recaudadoras tienen la obligación de presentar la declaración de la contribución
especial en forma mensual dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes
siguiente al que se efectuó la retención, en la taquilla que para tal efecto designe
la Subsecretaría de Ingresos. Esta declaración será la base para emitir el
documento de cobro, el cual se expedirá a la presentación de aquella y deberá ser
cancelada inmediatamente en los bancos u otras entidades financieras con las
cuales el municipio de Medellín tenga convenio sobre el particular.
El incumplimiento en el pago de la contribución especial acarrea interés moratorio,
de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional y sin perjuicio
de la configuración y aplicación de otras sanciones.
(…)
Artículo 136. Aplicación del régimen de retención. Las entidades públicas
contratantes encargadas de retener la contribución especial aplicarán las normas
del régimen de retención por el impuesto de industria y comercio, en lo no previsto
en las disposiciones del presente capítulo.(…)”.
En línea con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, la norma
local señaló como hecho generador de la contribución especial, la suscripción de
contratos de obra pública y radicó en cabeza de la entidad de derecho público
del nivel municipal, que actúe como contratante o concedente, la responsabilidad
de recaudar y pagar al municipio de Medellín la contribución. Además, advirtió
que cuando se compruebe que una entidad responsable del tributo no efectúa la
retención, recaudo, declaración y pago de la contribución especial la
administración dará inicio a los respectivos procedimientos tributarios con la
finalidad de que el responsable pague los valores generados por concepto de la
contribución especial, así como los intereses moratorios y demás sanciones que
procedan.
Caso concreto. En el caso en estudio, el municipio de Medellín determinó que UNE
TELCO11 era responsable de retener la contribución de los contratos de obra pública,
11 La demandante es una sociedad de economía mixta, que presta los servicios públicos de telecomunicaciones,
tecnologías de la información y las comunicaciones, servicios de información y las actividades complementarias
relacionadas y/o conexas con ellos.
11
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por la celebración, en el año 2016, de contratos que, en su criterio, están gravados con
el tributo por ser contratos de obra.
Para la actora, los actos demandados desconocen el verdadero alcance del artículo
55 de la Ley 1341 de 2009, que contiene una exclusión, en cuanto al régimen jurídico
público, respecto a los proveedores de redes y servicios de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, al señalar que “Los actos y los contratos […] de los
proveedores de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cualquiera que
sea su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se regirán por las normas
del derecho privado”.
Según la apelante, los contratos que dieron lugar a la determinación de la contribución
especial no son de obra pública porque no está sujeta al régimen general de
contratación sino a un régimen especial, motivo por el cual no celebra contratos de
obra pública.
En el recurso sostuvo, además, que el municipio no motivó los actos de aforo porque
no tuvo en cuenta que los contratos que celebró con los diferentes contratistas no son
de obra pública.
Sobre el particular, la Sala precisa lo siguiente:
Los actos demandados están motivados. La actora sostiene que los actos
demandados no están motivados, pues no indicaron por qué los contratos analizados,
que recaen sobre inmuebles, son de obra pública y no de otra naturaleza.
Al respecto, como lo precisó el Tribunal, en las liquidaciones de aforo, el municipio de
Medellín precisó que de conformidad con el numeral 3 del artículo 158 del Acuerdo
Municipal 066 de 2017, las entidades de derecho público que en desarrollo de su
objeto social, realicen actividades en la jurisdicción municipal, como la demandante,
sin importar su naturaleza o régimen jurídico, que actúen como contratantes,
mandantes o concedentes en los hechos sobre los que recae la contribución, serán
responsables de la retención, recaudo, declaración y pago de la contribución especial.
Además, que teniendo la obligación tributaria, no practicó la correspondiente retención
de contribución especial del 5% sobre el valor del pago y/o anticipo de los contratos
de obra correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2016.
Igualmente, en cada una de las liquidaciones de aforo se identificaron los contratos,
los contratistas, las facturas, los documentos de pago, las fechas de pago, la base de
la contribución especial, el valor de la retención y se precisó el alcance al concepto de
contratos de obra pública al considerar que son los que involucren la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles, objeto relacionado con los contratos identificados en los actos acusados.
Lo anterior, para concluir que UNE TELCO, como entidad de carácter descentralizado,
aunque esté sometida al régimen de derecho privado para sus actos y contratos, es
una entidad pública, que es el elemento subjetivo determinante para la contribución
especial, por lo que puede celebrar contratos de obra pública (artículo 32 de la Ley 80
de 1993), a los que por ley se les debe aplicar la contribución especial establecida en
los artículos 123 de la Ley 104 de 1993 y 6 de la Ley 1106 de 2006.
12
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En consecuencia, los actos de determinación acusados se hallan debidamente
motivados (artículo 42 del CPACA), pues explican las razones fácticas y jurídicas para
concluir que los contratos que celebró la demandante, que es una entidad pública
(sociedad de economía mixta), están relacionados con actividades de construcción,
mantenimiento y reparación de bienes inmuebles, esto es, son de obra pública y, por
ende, dan lugar a que se genere la contribución y a la obligación de la actora de actuar
como agente retenedor. En esencia, enunciaron las razones por las cuales la
demandante debió efectuar las retenciones por los contratos celebrados, esto es, por
tratarse de contratos de obra cuya contratante era una entidad pública y expusieron la
base de cálculo del tributo (el valor de cada contrato de obra pública), la tarifa de
imposición (5%) y calcularon la cuantía total del tributo a cargo, en cada caso12. No
prospera el cargo.
Los contratos que celebró la actora son de obra pública. Los contratos objeto de
discusión por las partes, son los siguientes:
CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL
1 Mantenimiento preventivo y correctivo, además de las
Contrato N° 4220000731 reformas a la infraestructura eléctrica, aire
celebrado con Ingeniería de acondicionado y civil, ubicadas en las zonas de
Telecomunicaciones IDT S.A.S. influencia de UNE TELCO.
2 Mantenimiento preventivo y correctivo, además de las
reformas a la infraestructura eléctrica, aire
Contrato N° 4220000732,
acondicionado y civil, ubicadas en las zonas de
celebrado con Metalandes S.A
influencia de UNE TELCO.
3 Mantenimiento preventivo y correctivo, además de las
adecuaciones y reformas a la infraestructura eléctrica
Contrato N° 422000737,
nacional, incluido el suministro de bienes y servicios
celebrado con Furel S.A.
conexos que se requieran para estas actividades.
4 Construcción y mantenimiento de redes de
Contrato N° 4220000893, telecomunicaciones, así como el suministro de
celebrado con Redes y elementos y servicios asociados necesarios para
Edificaciones S.A. construcción de redes de acceso telco.
5 Construcción y mantenimiento de obras civiles,
instalaciones eléctricas y estructuras de apoyo, en
Contrato N° 4220000946,
instalaciones locativas y/o sitios de servicios
celebrado con Furel S.A. –
asociados conexos y/o complementarios.
6 Construcción y adecuaciones de obras civiles,
instalaciones eléctricas y estructuras de apoyo, en
Contrato N° 4220000947,
instalaciones locativas y/o sitios de servicios
celebrado con Ingeléctrica S.A.
asociados conexos y/o complementarios.
7 Diseño, implementación, mantenimiento preventivo y
correctivo, adecuaciones y reformas, a la
infraestructura eléctrica y civil, infraestructura de
Contrato N° 4220000627, telecomunicaciones, aire acondicionado, soluciones
celebrado con Furel S.A. de seguridad física, mobiliario y los servicios conexos
y complementarios para su correcta operación para
UNE TELCO y sus clientes finales, dentro y fuera de
Colombia.
12 Artículo 121 de la Ley 418 de 1997.
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Mantenimiento preventivo, correctivo, adecuaciones y
Contrato N° 4220001171, reformas a la infraestructura eléctrica, aire
celebrado con Furel S.A. acondicionado y civil ubicadas en las zonas de
influencia de UNE TELCO
9 Mantenimiento preventivo y correctivo, además de las
Contrato N° 4220000734,
reformas a la infraestructura eléctrica, aire
celebrado con Aire Ambiente
acondicionado y civil, ubicados en las zonas de
S.A.S.
influencia de UNE TELCO, a nivel nacional grupo 4
10 Construcción y mantenimiento de redes de
Contrato N° 4220000894,
telecomunicaciones, así como el suministro de
celebrado con Ingeniería y
elementos y servicios asociados necesarios para
Montajes S.A.S.
construcción de redes acceso telco
11 Construcción y mantenimiento de redes de
Contrato N° 4220000895, telecomunicaciones, así como el suministro de
celebrado con Ingelel S.A.S. elementos y servicios asociados necesarios para
construcción de redes acceso telco
12 Construcción y mantenimiento de redes de
telecomunicaciones, así como el suministro de
Contrato N° 422000896,
elementos y servicios asociados necesarios para
celebrado con Enecón S.A. –
construcción de redes acceso telco.
13 Diseño, implementación, mantenimiento preventivo y
correctivo, adecuaciones y reformas a la
infraestructura eléctrica y civil, infraestructura de
Contrato N° 4220000628,
telecomunicaciones, aire acondicionado, soluciones
celebrado con Energizando
de seguridad física, mobiliario y los servicios conexos
Ingeniería y Construcción
y complementarios para su correcta operación, para
S.A.S.
UNE TELCO, y sus clientes finales, dentro y fuera de
Colombia.
14 Servicios de construcción, remodelación, adecuación
Contrato N° 4210000724, y mantenimiento de obras civiles para los centros de
suscrito con Constructora experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE
Landa S.A.S. TELCO y Colombia móvil S.A. E.S.P.
15 Diseño, implementación, mantenimiento preventivo y
correctivo, adecuaciones y reformas a la
infraestructura eléctrica y civil, infraestructura de
Contrato N° 4220000629, telecomunicaciones, aire acondicionado, soluciones
celebrado con Unión Eléctrica de seguridad física, mobiliario y los servicios conexos
S.A. y complementarios para su correcta operación, para
UNE TELCO, y sus clientes finales, dentro y fuera de
Colombia.
16 Servicios de construcción, remodelación, adecuación
y mantenimiento de obras civiles para los centros de
Contrato N° 4210000696,
experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE
celebrado con Compuredes S.A.
TELCO y Colombia Móvil S.A. E.S.P.
17 Servicios de construcción, remodelación, adecuación
Contrato N° 4210000725, y mantenimiento de obras civiles para los centros de
suscrito con la Constructora experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE
Pubenza S.A.S. TELCO y Colombia Móvil S.A. E.S.P,
18 Servicios de construcción, remodelación, adecuación
Contrato N° 4210000726, y mantenimiento de obras civiles para los centros de
suscrito con Metalreyes S.A.S. experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE
TELCO.
14
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19 Contrato N° 4220001354, Suministro e instalación de piso falso en acero de alta
suscrito con Fundival y resistencia con acabado laminado de alta presión.
Compañía Ltda.
20 Contrato N° 4220001363, Construcción, operación y mantenimiento de redes de
suscrito con Huawei telecomunicaciones, así como el suministro de bienes
Technologies Colombia S.A.S. y servicios asociados.
21 Mantenimiento preventivo y correctivo, además de las
Contrato N° 4220000733,
reformas a la infraestructura eléctrica, aire
celebrado con Emerson Electric
acondicionado y civil, ubicados en las zonas de
de Colombia Ltda. (Vertiv
influencia de UNE TELCO, a nivel nacional.
Colombia)
22 Suministro e instalación de puntos de datos para
distribución de acuerdo a anexo de centro de cableado
Contrato N° 4223006874, y puntos de cableado por piso para los edificios
celebrado con UP SISTEMAS administrativos, edificio hospitalización, edificio
S.A.S. consulta externa, y edificio medicina nuclear, en el
INC.
Como se anunció, hay lugar a aplicar de forma retrospectiva la sentencia de unificación
de 25 de febrero de 2020, teniendo en cuenta que si bien las circunstancias fácticas
datan del año 2016, no existe cosa juzgada pues se trata de un caso no decidido en
vía judicial. Y por no tratarse de una situación jurídica consolidada o que se halle en
firme, no hay lugar a entender vulnerados los principios de buena fe, confianza legítima
y seguridad jurídica. Al respecto, precisamente por seguridad jurídica, la existencia de
un criterio unificador, constituye motivación suficiente para que el juzgador se aparte
de las interpretaciones previas, que resulten contrarias a las reglas de unificación
fijadas, en este caso, por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de esta
Corporación. Por tanto, al aplicar la sentencia de unificación, no se vulnera el derecho
al debido proceso de la demandante.
Así, teniendo en cuenta la regla primera de unificación de la sentencia de 25 de febrero
de 2020 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,13 para determinar si se
configura el hecho generador de la contribución de los contratos de obra pública es
indiferente si la actora, que es entidad pública, está sujeta o no al régimen general de
contratación. “El elemento de la obligación tributaria se define en función del contrato
celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho público.”
La sentencia de unificación también precisó que para establecer si en un caso concreto
se realizó o no el hecho generador de la contribución del contrato de obra pública, es
necesario determinar si el contrato se celebró con entidades de derecho público
para realizar actividades materiales que recaigan sobre bienes inmuebles, que
es, en esencia, la definición del contrato de obra pública14.
13 Se aplica la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, teniendo en cuenta sus efectos vinculantes para
casos no resueltos en vía judicial.
14 Sobre la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020 y el alcance dado al hecho generador
de la contribución del contrato de obra pública, se reiteran las siguientes providencias: sentencias del 11 de febrero
de 2021, rad. 25000-23-37-000-2016-00391-01, Exp. 23418 y de 27 de mayo de 2021, rad. 25000-23-37-000-2014-
00321-01, Exp. 22938, C.P. Milton Chaves García; Sentencia de 18 de mayo de 2023, Rad. 25000-23-37-000-2018-
00781-01. Exp. 26405, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencias de 3 de diciembre de 2020, expedientes
2015-01319-01 (23051) y-2014-01204-01 Exp. 22472, Consejero Ponente Julio Roberto Piza Rodríguez.
15
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FALLO
De acuerdo con el objeto de cada uno de los contratos gravados, se trata de
actividades propias de un contrato de obra pública, dado que presentan características
típicas de este contrato, esto es, actividades de construcción, reparación y
mantenimiento sobre bienes inmuebles.
Así, de un lado, los contratos gravados corresponden a contratos de obra y de otro,
se encuentra probado que la demandante es una entidad de derecho público, ya que
es una sociedad de economía mixta. Al concurrir esos dos elementos, y de
conformidad con la sentencia de unificación citada, los contratos examinados
pertenecen a la categoría jurídica de contratos de obra pública, sometidos a la
contribución especial de obra pública prevista en el artículo 6° de la Ley 1106 de
200615.
En consecuencia, respecto de los contratos de obra analizados se configura el hecho
generador del tributo. En tal sentido, le asiste razón al municipio de Medellín cuando,
con fundamento en los contratos objeto del proceso, determinó que los mismos
corresponden a contratos de obra pública gravados con el tributo. Por ese motivo,
respecto de esos contratos, a la demandante le correspondía retener al contratista la
contribución de los contratos de obra pública. No prospera el cargo de la apelación.
De conformidad con lo expuesto, la Sala confirma la sentencia de primera instancia en
cuanto negó las pretensiones de la demanda (numeral primero).
Condena en costas. Se revoca la condena en costas impuesta a la demandante en
el fallo apelado (numeral segundo). Lo anterior, porque conforme con el artículo 188
del CPACA16, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según
el artículo 361 del C.G.P. incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas
previstas el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la
del numeral 8, según la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que, como lo
alegó la demandante, no se cumple en este asunto. Por las mismas razones no se
condena en costas en esta instancia.
En suma, se revoca el numeral segundo del fallo apelado y en su lugar, no se condena
en costas a la actora en primera instancia. En lo demás, se confirma la sentencia
apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
15 Sentencia del 3 de junio de 2021. Radicado N° 15001-23-33-000-2015-00265-01 (22995), C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
16 CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
16
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00020-01 (26922)
Demandante: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
FALLO
FALLA
1. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia apelada. En su lugar, dispone:
SEGUNDO: Sin condena en costas.
2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
17
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