Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2022-00107-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2022-00107-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2022-00107-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
2 de julio de 2026
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00107-01 (30080)
Demandante: Absorbentes de Colombia S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00107-01 (30080)
Demandante: Absorbentes de Colombia S.A.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Temas: Solicitud de devolución de saldo a favor. Artículo 857.5 del ET.
Impuesto a las ventas (IVA) - bimestre 6 de 2018. Proveedor de
Comercializadora Internacional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 17 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, que resolvió:
“PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES de la demanda por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso,
se condena en costas de primera instancia a la parte demandante, en el equivalente al 3%
del valor pedido en la demanda.
TERCERO: En firme esta providencia se ordena el archivo del expediente”
ANTECEDENTES
Actuación Administrativa
Previa solicitud de devolución del saldo a favor registrado en la declaración del
impuesto sobre las ventas del sexto bimestre del año 20181, la DIAN mediante la
Resolución nro. 629-11-45 de 9 de julio de 2021, rechazó de manera definitiva la
petición al encontrar configurada la causal prevista en el numeral 5° del inciso 1° del
artículo 857 del Estatuto Tributario. En consecuencia, señaló que, a la fecha de
presentación de la solicitud, la demandante incumplió su deber de retener en la fuente
a título de IVA en operaciones efectuadas con 32 proveedores durante el bimestre 4
del año 2018 (periodo que integra el saldo a favor solicitado en devolución / saldo a
favor que fue imputado en los periodos siguientes). Adicional a lo anterior, la
administración señaló otras causales de inadmisión.
El 4 de octubre de 2021, la contribuyente interpuso recurso de reconsideración,
resuelto en forma negativa mediante la Resolución 3521 de 7 de diciembre de 2021 2,
que confirmó el rechazo definitivo.
1
Respecto a este periodo, la demandante presentó previamente solicitudes de devolución que fueron inadmitidas por la DIAN
mediante autos 12257002288281, 12257002364764 y 108007494846 del 5 de febrero, 22 de abril y 1° de junio de 2021
2
Samai Tribunal, índice 7. Folios 482-491 del c.a.a.
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Demandante: Absorbentes de Colombia S.A.
DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Pretensiones y normas violadas
Mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
““2.1. Pretensiones principales:
2.1.1. Declarar la nulidad de la Resolución Nº 629-11-45 del 09 de julio de 2021, por
medio de la cual se rechaza una solicitud de devolución y/o compensación, y de la
Resolución N° 3521 del 07 de diciembre de 2021, por medio de la cual se resuelve un
recurso de reconsideración presentado contra la Resolución N° 629-11-45 del 09 de julio
de 2021.
2.1.2. Como consecuencia de lo anterior, y en aras de restablecer el derecho de
Absorbentes de Colombia S.A., se solicita que se declare lo siguiente:
2.1.2.1. Que la Sociedad no era agente de retención a título de IVA para el periodo gravable
2018, por lo que la causal de rechazo establecida en el inciso 1°, numeral 5 del artículo
857 del E.T. no aplica en esta situación.
2.1.2.2. Que en vista de que en la Resolución Nº 629-11-45 del 09 de julio de 2021
además de la causal de rechazo mencionada en el numeral anterior, también fueron
señaladas por la DIAN algunas causales de inadmisión, se ordene a la DIAN a que expida
nuevo acto administrativo que corra traslado de que trata el Parágrafo 1 del artículo 857
del Estatuto Tributario Nacional a Absorbentes de Colombia S.A., para sanear las demás
causales de inadmisión señaladas en la mencionada Resolución.
2.1.2.3. Que, después de cumplido lo establecido en el numeral anterior, se ordene la
devolución de los CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL PESOS MCTE ($185.274.000), solicitados en devolución por parte de
Absorbentes de Colombia S.A. por concepto del saldo a favor originado en el Impuesto
sobre las Ventas -IVA del año gravable 2018, periodo 6.
2.1.3. Condenar en costas a la Entidad demandada en caso de prosperidad de las
pretensiones de esta demanda.
2.2. Pretensiones subsidiarias:
2.2.1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución Número 629-11-45 del 09 de julio
de 2021, por medio de la cual se rechaza una solicitud de devolución y/o compensación, y
de la Resolución N° 3521 del 07 de diciembre de 2021, por medio de la cual se resuelve
un recurso de reconsideración presentado contra la Resolución N° 629-11-45 del 09 de
julio de 2021, en el entendido de que se reconozca el rechazo de la solicitud solo sobre los
valores que respectan a exportaciones realizadas a través de la Comercializadora
Internacional, y se conceda la devolución sobre los valores restantes solicitados, es decir,
se devuelvan CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL PESOS MCTE ($143.276.000).
2.2.2. Como consecuencia de lo anterior, y en aras de restablecer el derecho de
Absorbentes de Colombia S.A., se solicita que se declare lo siguiente:
2.2.2.1. Que la Sociedad no era agente de retención a título de IVA para el periodo gravable
2018 por los valores que no correspondían a exportaciones a través de Comercializadora
Internacional, por lo que la causal de rechazo establecida en el inciso 1°, numeral 5 del
artículo 857 del E.T. solo opera de manera parcial para este caso, dejando los valores
restantes exonerados de dicha exigencia.
2.2.2.2. Que en vista de que en la Resolución Nº 629-11-45 del 09 de julio de 2021
además de la causal de rechazo mencionada en el numeral anterior, también fueron
señaladas por la DIAN algunas causales de inadmisión, se ordene a la DIAN a que expida
3 Samai Tribunal, índice 3, folio 37 de la demanda.
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Demandante: Absorbentes de Colombia S.A.
nuevo acto administrativo que corra traslado de que trata el Parágrafo 1 del artículo 857
del Estatuto Tributario Nacional a Absorbentes de Colombia S.A., para sanear las demás
causales de inadmisión señaladas en la mencionada Resolución.
2.2.2.3. Que, después de cumplido lo establecido en el numeral anterior, se ordene la
devolución de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL PESOS MCTE ($143.276.000), solicitados en devolución por parte de
Absorbentes de Colombia S.A. por concepto del saldo a favor originado en el Impuesto
sobre las Ventas - IVA- del año gravable 2018, periodo 6, por ser estos valores ajenos a la
exigencia establecida en el inciso 1°, numeral 5 del artículo 857 del E.T.
2.2.3. Condenar en costas a la Entidad demandada en caso de prosperidad de las
pretensiones de esta demanda.”
Indicó como normas vulneradas los artículos 29 de la Constitución Política; 437-2 –
numeral 7°-, 745 y 857 –numeral 5°- del ET; y 5° – numeral 11- de la Ley 1480 de
2011.
Concepto de violación y oposición
Los cargos del concepto de violación expuestos por la demandante y las
correspondientes oposiciones formuladas en la contestación se resumen así:
Primer cargo: “Infracción de las normas en que debía fundarse el acto. Indebida
aplicación de los numerales 5 del artículo 857 y 7 del artículo 437-2 del Estatuto
Tributario”
1. La sociedad demandante sostuvo que los actos acusados fueron proferidos con
infracción de las normas en que debían fundarse, al aplicarse indebidamente el
numeral 5 del artículo 857 del ET. Afirmó que no ostentaba la calidad de agente
retenedor de IVA en el periodo gravable 2018, en los términos del numeral 7 del
artículo 437-2 ibidem, razón por la cual no le era exigible la obligación de practicar,
declarar y pagar retenciones en la fuente a título de IVA como requisito para acceder
a la devolución del saldo a favor.
Señaló que su actividad principal consiste en la exportación de bienes exentos, esto
son toallas higiénicas y tampones, y que solo realizó una operación aislada y no
habitual con una sociedad de comercialización internacional (CI S.A.S.), por un valor
marginal ($41.998.000) frente al total de exportaciones ($597.554.000). En ese sentido,
adujo que no podía ser considerada “proveedora” de una comercializadora
internacional en los términos exigidos por la ley, pues la condición de proveedor exige
habitualidad, conforme al Estatuto del Consumidor y a la finalidad de la norma
tributaria.
Agregó que la finalidad recaudatoria de los artículos 437-2 y 857 del ET no se veía
comprometida en su caso, dado que los saldos a favor solicitados derivaban, en su
mayoría, de exportaciones realizadas sin intermediación de comercializadoras
internacionales desde zona franca, razón por la cual exigirle el cumplimiento de
obligaciones propias de proveedores de CI resultaba desproporcionado e inaplicable.
Advirtió que dichas normas fueron introducidas como un mecanismo de control para
asegurar el recaudo del IVA en operaciones de exportación realizadas a través de
sociedades de comercialización internacional, y no para imponer cargas
indiscriminadas a exportadores que realizan operaciones mayoritariamente por otros
canales, como las zonas francas.
2. La DIAN sostuvo que el rechazo definitivo de la solicitud de devolución se ajustó al
ordenamiento jurídico. Indicó que, de conformidad con el numeral 5 del artículo 857
del ET, basta comprobar que, a la fecha de presentación de la solicitud, el proveedor
de una sociedad de comercialización internacional no haya cumplido con las
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obligaciones de retención, declaración y pago, para que proceda el rechazo definitivo,
sin que la norma prevea excepciones por la cuantía o frecuencia de las operaciones.
Afirmó que en el expediente administrativo está demostrado que la demandante sí
realizó operaciones con una comercializadora internacional durante el año 2018 y que
solicitó la devolución de un saldo a favor que incluía valores originados en dichas
operaciones. En consecuencia, adquirió la calidad de proveedora de CI y, por ende, la
obligación de actuar como agente retenedor de IVA respecto de sus propios
proveedores, conforme al artículo 437-2 del ET. Precisó que la finalidad de control y
eficiencia en el recaudo justifica que el legislador haya establecido obligaciones claras
y objetivas para los proveedores de CI, y que basta la realización de operaciones con
estas sociedades para adquirir la condición de agente retenedor. En ese sentido, la
DIAN concluyó que la exigencia de cumplir con las obligaciones de retención como
requisito de procedibilidad de la devolución es legítima y proporcional.
Así mismo, explicó que la normativa en discusión no distingue entre operaciones
habituales u ocasionales, ni permite fraccionar el saldo solicitado según el origen de
las operaciones, de manera que el incumplimiento de los requisitos exigidos afecta la
totalidad de la solicitud de devolución, lo que conduce al rechazo definitivo.
Segundo cargo: “Desconocimiento del principio in dubio pro-contribuyente y
vulneración del debido proceso”
1. La sociedad demandante alegó que, aun en el evento de existir interpretaciones
divergentes sobre el alcance de los artículos 437-2 y 857 del ET, la DIAN estaba
obligada a resolver la duda razonable a favor del contribuyente, conforme al artículo
745 ibidem y al principio constitucional de buena fe.
Indicó que las normas aplicables presentan vacíos interpretativos sobre la noción de
proveedor de comercializadoras internacionales y sobre la procedencia del rechazo
total cuando solo una parte del saldo se origina en operaciones con dichas sociedades.
Por tanto, la administración debió optar por la interpretación menos gravosa o, en su
defecto, permitir la devolución parcial de los valores no asociados a exportaciones vía
CI.
2. Frente a este cargo, la DIAN sostuvo que no existía duda razonable que habilitara
la aplicación del principio in dubio pro-contribuyente, puesto que los hechos relevantes
y el incumplimiento de las obligaciones de retención estaban plenamente acreditados
en el expediente administrativo.
Afirmó que el rechazo definitivo se apoyó en normas claras y vigentes, interpretadas
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, y que la actuación administrativa
respetó el debido proceso, permitió la interposición de recursos y estuvo debidamente
motivada. En consecuencia, descartó cualquier vulneración del artículo 745 del ET.
Tercer cargo: Sobre la pretensión subsidiaria. “Procedencia de la devolución
parcial del saldo a favor y de la subsanación de la solicitud”
1. De manera subsidiaria, la demandante solicitó que, en caso de no prosperar la
nulidad total de los actos demandados, se reconociera la procedencia parcial de la
devolución respecto de los saldos originados en exportaciones realizadas sin
intermediación de comercializadoras internacionales, por no estar sujetos a los
requisitos del numeral 7 del artículo 437-2 del ET.
Por lo anterior, solicita la devolución parcial del saldo a favor por valor de
$143.276.000, correspondiente a $128.131.000 derivados de exportaciones de bienes
exentos y a $15.145.000 por retenciones de IVA practicadas, toda vez que, considera
que el eventual rechazo solo recaería sobre $41.998.000, asociados a una operación
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de venta a sociedades de comercialización internacional respecto de la cual no se
efectuó la retención de IVA a los proveedores, conforme a lo previsto en la citada
norma.
Por último, la parte actora solicitó que, en caso de prosperar las pretensiones de
nulidad, se ordene a la DIAN expedir un nuevo acto administrativo que le permita
subsanar las causales de inadmisión identificadas en el acto de rechazo de la
devolución relacionadas con: (i) la falta de aportación del Formato 1478 del tercer período de
2018; (ii) el incorrecto diligenciamiento de la casilla 93 de la solicitud, y (iii) las inconsistencias en la
casilla 33 del Formato 1825 de los períodos 3, 4, 5 y 6 de 2018, dado que los valores registrados no
coincidían con los informados por el mismo concepto en las respectivas declaraciones de IVA. Advirtió
que aportó el Formato 1478 junto con la solicitud de devolución, como consta en la
radicación de la solicitud.
2. La DIAN se opuso a esta pretensión al considerar que el ordenamiento jurídico no
autoriza la fragmentación del saldo solicitado cuando se verifica una causal de rechazo
definitivo. Insistió en que el incumplimiento de los requisitos legales afecta la solicitud
en su integridad y no únicamente una parte de esta. Sin embargo, frente a la petición
de expedir un acto administrativo para subsanar las causales de inadmisión, la DIAN
no se pronunció.
SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDADA
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora,
al estimar que la actuación de la administración se ajustó al ordenamiento jurídico. Los
motivos del fallo impugnado y los argumentos de la alzada son los siguientes:
Primer cargo: Calidad de agente retenedor del IVA y aplicación del artículo 437-2 del
ET.
1. El Tribunal consideró que la sociedad demandante sí ostentaba la calidad de
agente retenedor del impuesto sobre las ventas, en atención a que realizó operaciones
con una sociedad de comercialización internacional (CI). A partir de esta premisa,
concluyó que la obligación de practicar retenciones no depende de la habitualidad de
la relación comercial, sino de la naturaleza de las operaciones realizadas, esto es,
ventas exentas conforme a los artículos 479 y 481 literal b) del ET. En ese contexto,
consideró que la obligación de practicar retenciones, prevista en el artículo 437-2
ibidem, no contempla excepciones.
En consecuencia, determinó que la demandante estaba obligada a efectuar, consignar
y declarar las retenciones en la fuente a título de IVA, y que su incumplimiento
configuraba la causal de rechazo de la devolución solicitada.
2. Frente a este razonamiento, la parte demandante cuestionó la interpretación literal
de la norma por parte del Tribunal, sin examinar la aplicabilidad de esta a las
circunstancias concretas del caso. Señaló que el a quo omitió valorar que la operación
con la CI fue única y esporádica, lo cual -a su juicio- impide atribuirle la condición de
proveedor en los términos exigidos por la normativa tributaria.
Segundo cargo: Procedencia del rechazo de la devolución con fundamento en el
artículo 857 del ET.
1. El Tribunal sostuvo que la causal prevista en el numeral 5 del artículo 857 del ET
es de carácter objetivo, en cuanto supedita la procedencia de la devolución al
cumplimiento previo de las obligaciones de retención. De manera que, acreditado el
incumplimiento de estas cargas formales, la administración se encontraba obligada a
rechazar la solicitud de devolución. En consecuencia, para el Tribunal, el actuar de la
DIAN se ajustó a derecho, pues la verificación del cumplimiento de los requisitos
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formales constituye un presupuesto necesario para acceder al reconocimiento del
saldo a favor.
El Tribunal con fundamento en precedentes del Consejo de Estado relativos al control
de devoluciones y a la articulación entre los artículos 437-2 y 857 del ET, avaló el
actuar de la DIAN, pues de dicha normativa se desprende la obligación de rechazar la
devolución cuando no se acrediten las retenciones exigidas por la ley.
2. La demandante sostuvo que la conclusión del juez de primera instancia es
insuficiente, en tanto omitió determinar si la exigencia del cumplimiento de esas
obligaciones era aplicable en el caso concreto. A su juicio, se debía resolver
previamente si la demandante estaba obligada a practicar retenciones, dado que el
origen del saldo a favor no provenía sustancialmente de operaciones con CI. Así, alegó
que el Tribunal redujo la controversia a un análisis meramente formal del
incumplimiento, sin abordar la procedencia material de la obligación.
Agregó que el Tribunal ignoró el verdadero alcance de la jurisprudencia citada por el
Tribunal. En particular, destacó que el precedente invocado establece que la obligación
de retener y, correlativamente, la causal de rechazo, se circunscriben a los saldos a
favor originados en operaciones realizadas con CI, y no a la totalidad de las
operaciones del contribuyente.
Tercer cargo: Omisión en el estudio de las pretensiones principales y subsidiarias.
1. El Tribunal negó la totalidad de las pretensiones, tanto principales como
subsidiarias, al considerar que ninguna de ellas encontraba sustento en la
demostración de los cargos de ilegalidad.
2. Por su parte, la demandante alegó que el Tribunal omitió pronunciarse de manera
específica sobre varias de las pretensiones formuladas, en especial las subsidiarias
relacionadas con la devolución parcial de los valores no asociados a operaciones con
CI. Afirmó que dicha omisión vulnera el deber del juez de resolver integralmente la
controversia, lo que implica analizar no solo la pretensión principal, sino también las
alternativas planteadas por la parte actora.
Cuarto cargo: Inaplicación del principio de duda razonable en favor del contribuyente.
1. El Tribunal descartó la existencia de dudas interpretativas, señalando que la
normativa aplicable es clara en cuanto a la exigencia del cumplimiento de las
obligaciones de retención como requisito para la devolución, razón por la cual no
resultaba procedente aplicar el principio de favorabilidad al contribuyente.
2. En contraposición, la demandante insistió en que en caso de duda interpretativa
respecto del alcance del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, especialmente en lo
relativo a la calidad de proveedor de CI y al ámbito de aplicación de la obligación de
retener, debía aplicarse el principio in dubio pro- contribuyente.
Quinto cargo: Condena en costas
1. El Tribunal condenó en costas a la parte demandante, con fundamento en el criterio
objetivo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso, al haber resultado
vencida en el litigio, fijando las agencias en derecho en el 3% de la cuantía.
2. En el recurso de apelación, la demandante cuestionó dicha decisión al considerar
que su acción contaba con sustento jurídico y jurisprudencial suficiente, por lo que no
se configuraban los presupuestos para la imposición de costas. Adicionalmente, indicó
que no se probó la causación de gastos procesales, por lo que solicitó la revocatoria
de esta condena.
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PRONUNCIAMIENTOS FINALES
La DIAN dentro del término del artículo 247.4 del CPACA, se opuso al recurso de
apelación y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Lo anterior, en tanto la
calidad de proveedor de CI no depende de la habitualidad, sino de la realización de
operaciones exentas, por lo que incluso una sola operación genera la obligación de
retener.
Agregó que no procede la aplicación del principio in dubio pro-contribuyente, pues la
norma es clara, objetiva y de a aplicación directa. En su criterio, la interpretación de la
demandante pretende eludir requisitos legales para acceder a la devolución. La
actuación de la DIAN fue legal, motivada y respetó el debido proceso. Señaló que la
sentencia de primera instancia resolvió de fondo el litigio, aplicó correctamente la
jurisprudencia y no vulneró norma alguna.
Finalmente, afirmó que la condena en costas fue impuesta conforme al criterio objetivo
previsto en el artículo 365 del CGP, en virtud del resultado adverso para la parte
demandante.
Por su parte, el Ministerio Público solicitó revocar parcialmente la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones subsidiarias de la
demanda, ordenando la devolución parcial del saldo a favor en IVA correspondiente a
los valores no vinculados a operaciones con CI, así como revocar la condena en costas
impuesta a la parte demandante.
Sostuvo que la aplicación de la causal de rechazo a la totalidad de la solicitud sin
diferenciar el origen de los valores, desborda su alcance legal. Además, considera que
una operación aislada no es suficiente para calificar a la sociedad como proveedora
de una CI, en especial cuando no existe una relación comercial continua.
Advirtió que la sentencia recurrida omitió pronunciarse sobre las pretensiones
subsidiarias, en particular la devolución parcial del saldo no relacionado con
operaciones con CI, lo que vulnera el principio de congruencia y el derecho de acceso
a la justicia, al dejar sin resolver un aspecto esencial del litigio. Señaló igualmente que
el Tribunal no analizó la jurisprudencia invocada por la parte actora. Esta omisión
configura un defecto sustancial que afecta la validez de la decisión.
Finalmente, sostuvo que la condena en costas es improcedente, pues no se cumplen
los presupuestos del artículo 188 del CPACA ni de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, al no evidenciarse conducta temeraria, falta manifiesta de fundamento legal ni
abuso del derecho de acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De manera preliminar se advierte que el presente proceso fue repartido al despacho
del Magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño quien presentó ponencia a
consideración de la Sección, sin obtener la mayoría de los votos requeridos para su
aprobación en la Sala del día 26 de marzo de 2026, por lo que se remitió el expediente
al despacho que seguía en turno4.
Problemas jurídicos
En los precisos términos de los artículos 287, 320 y 328 del CGP, compete a esta Sala
4 Auto del 6 de abril de 2026. Samai, índice 17. Al despacho 8 de abril de 2026.
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resolver los siguientes problemas jurídicos:
1. ¿Incurrió la sentencia apelada en incongruencia al omitir pronunciarse sobre las
pretensiones subsidiarias de la demanda, particularmente la relativa a la
devolución parcial del saldo a favor no asociado a operaciones con sociedades
de comercialización internacional?
2. ¿Interpretó correctamente el Tribunal Administrativo de Antioquia los artículos
437-2 y 857 del Estatuto Tributario, así como el precedente del Consejo de
Estado sobre las obligaciones de retención en operaciones con sociedades de
comercialización internacional, al concluir, de una parte, que la demandante
ostentaba la calidad de agente retenedor del IVA y de otra, que el
incumplimiento de esa obligación justificaba el rechazo de la totalidad del saldo
a favor solicitado en devolución?
3. ¿Es procedente la condena en costas impuesta a la parte demandante en
primera instancia?
Primer cargo: Congruencia de la sentencia de primera instancia. No prospera el
cargo.
La demandante sostiene que la sentencia apelada incurrió en incongruencia al no
pronunciarse sobre la totalidad de los argumentos expuestos en la demanda,
particularmente aquellos relacionados con la condición de proveedor de una sociedad
de comercialización internacional, la producción de bienes exentos y las pretensiones
subsidiarias formuladas.
A ese respecto, la Sala precisa que de conformidad con los artículos 281 del Código
General del Proceso5 y 1876 del CPACA, el principio de congruencia exige que la
decisión judicial guarde correspondencia con las pretensiones, los hechos y los cargos
oportunamente planteados por las partes. De manera que el juez se encuentra
obligado a resolver los problemas jurídicos sometidos a su consideración, sin que ello
implique el deber de responder de forma individual y autónoma cada uno de los
razonamientos expuestos para sustentar una misma censura.
En el presente asunto, se observa que el Tribunal delimitó el litigio en torno a la
legalidad de los actos administrativos que rechazaron definitivamente la solicitud de
devolución presentada por la demandante y analizó la configuración de la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 857 del ET, aspecto que constituía el núcleo de la
controversia. Con fundamento en dicho análisis concluyó que la demandante incumplió
la obligación de practicar, declarar y consignar las retenciones en la fuente a título de
IVA que le eran exigibles en su condición de proveedora de una sociedad de
comercialización internacional, razón por la cual negó las pretensiones de la demanda.
Si bien la providencia apelada no desarrolló de manera separada cada uno de los
planteamientos invocados por la demandante, ello no configura por sí mismo un
defecto de incongruencia. Este principio de congruencia no exige una respuesta
individual a cada argumento de las partes, sino un pronunciamiento sobre los
problemas jurídicos derivados de los cargos de nulidad y de las pretensiones
formuladas, circunstancias que se verifican en el caso concreto.
En ese sentido, la Sala observa que la sentencia apelada resolvió la controversia
planteada por la demandante al pronunciarse sobre la procedencia de la causal de
5
“la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige
la Ley”.
6
“la sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico
de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen”.
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rechazo invocada por la Administración y sobre la obligación de practicar las
retenciones exigidas por el ordenamiento tributario. Aunque el Tribunal no se
pronunció expresamente sobre las pretensiones subsidiarias, ello no afectó la validez
de la decisión, pues el debate relativo al alcance de la causal de rechazo se encontraba
subsumido en el estudio de legalidad efectuado por el a quo.
Adicionalmente, aun cuando algunos de los planteamientos invocados por la
recurrente no hubiesen sido abordados con el nivel de detalle que esta considera
adecuado, corresponde al juez de segunda instancia examinar integralmente los
reparos formulados en la apelación y adoptar la decisión que en derecho corresponda,
sin que ello conduzca, por sí solo, a la nulidad o revocatoria de la sentencia recurrida.
Por consiguiente, no prospera el cargo.
Segundo cargo: Interpretación de los artículos 857 numeral 5, y 437-2 del ET.
Jurisprudencia aplicable en la determinación del saldo a favor susceptible de
devolución.
1. De la calidad de proveedor en los términos del artículo 437-2 del ET. No
prospera
Comienza la Sala por precisar que no es objeto de controversia que, al momento de la
presentación de la solicitud de devolución, la demandante había omitido realizar la
retención en la fuente de IVA al adquirir bienes o servicios gravados de sus
proveedores del régimen común. Por el contrario, la controversia se centra en
determinar si a la sociedad actora le era exigible el deber de practicar retenciones de
IVA a sus proveedores por disposición del ordinal 7° del artículo 437-2 del ET y, en
consecuencia, le era aplicable la causal quinta de rechazo definitivo de las solicitudes
de saldos a favor del artículo 857 del ET.
De acuerdo con el numeral 7 del artículo 437-2 del ET7, los responsables proveedores
de sociedades de comercialización internacional tienen la condición de agentes
retenedores del impuesto sobre las ventas respecto de las adquisiciones de bienes y
servicios gravados que realicen para el desarrollo de las operaciones que otorgan
derecho a los beneficios propios de dicho régimen.
En efecto, conforme a los artículos 13 y 14 de la Ley 1430 de 2010, el legislador
introdujo un mecanismo específico orientado a garantizar el adecuado control de los
saldos a favor generados en operaciones exentas con derecho a devolución cuando
intervienen las CI, mediante la imposición del deber de practicar retenciones en la
fuente a título de IVA a quienes realizan este tipo de operaciones. Dicho deber no
responde a una calificación general del contribuyente, sino a una relación funcional
entre la operación exenta y el control del impuesto en la cadena productiva 8. Por ello,
esta Sección ha señalado que la calidad de proveedor de CI no constituye una
categoría abierta ni depende de criterios de habitualidad, sino que se predica respecto
de quienes realizan operaciones específicas de venta de bienes o servicios exentos
con derecho a devolución, en los términos de los artículos 479 y 481 del ET9.
7
Artículo 437-2. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas.
*Actuarán como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados:
1. Las siguientes entidades estatales:
(…)
**7. Los responsables del Régimen Común proveedores de Sociedades de Comercialización Internacional cuando adquieran
bienes corporales muebles o servicios gravados de personas que pertenezcan al Régimen Común<régimen de responsabilidad
del Impuesto sobre las Ventas (IVA)> distintos de los agentes de retención mencionados en los numerales 1 y 2, o cuando el
pago se realice a través de sistemas de tarjeta débito o crédito, o a través de entidades financieras en los términos del artículo
376-1 de este Estatuto.
8 Sentencias del 30 de septiembre de 2021, exp. 23398 y 23722, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez, del 6 de noviembre de 2019,
exp. 22631, MP. Milton Chaves García
9 Sentencia del 30 de septiembre de 2021, exp. 23398 y 23722, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez
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En ese contexto, no resulta de recibo el argumento de la apelante según el cual la
condición de proveedor debe analizarse a partir de la definición prevista en el Estatuto
del Consumidor10, pues se trata de un ámbito normativo distinto, ajeno a la relación
jurídico-tributaria. En materia fiscal, la noción de proveedor de CI tiene un alcance
propio y especializado, determinado por la finalidad de las disposiciones que regulan
la devolución del IVA. En todo caso, la definición contenida en el Estatuto del
Consumidor se refiere al sujeto que, en desarrollo de su actividad económica, ofrece,
suministra o comercializa productos, sin supeditar tal condición a la frecuencia de las
operaciones realizadas con un cliente en particular. Por ello, la habitualidad debe
analizarse respecto de la actividad ejercida por el sujeto económico y no frente al
número de transacciones celebradas con un determinado adquirente.
Así las cosas, la Sala reitera que la realización de una operación de venta a una
sociedad de comercialización internacional que reúna las condiciones de exención con
derecho a devolución es suficiente para activar el régimen especial de control, dentro
del cual se encuentra la obligación de practicar retenciones en la fuente a título de IVA
respecto de las adquisiciones asociadas a dicha operación.
En el caso concreto, se encuentra probado que la demandante efectuó una venta
exenta con derecho a devolución a una sociedad de comercialización internacional
durante el cuarto bimestre de 2018 por valor de $41.997.60011. Por este hecho,
ostentaba la calidad de proveedora de una sociedad de comercialización internacional
y debía cumplir las obligaciones previstas en el artículo 437-2 del ET, entre ellas,
practicar las retenciones en la fuente correspondientes.
Ahora, frente al argumento según el cual la exigencia de la retención carece de
justificación por tratarse de bienes exentos cuyo IVA ya habría sido recaudado en
cabeza de los proveedores, la Sala precisa que este razonamiento desconoce la
finalidad del mecanismo introducido por la Ley 1430 de 2010, el cual no se limita a un
propósito recaudatorio inmediato, sino que busca asegurar la trazabilidad y el control
del impuesto en la cadena productiva vinculada a exportaciones realizadas a través de
CI, evitando el reconocimiento indebido de saldos a favor.
En ese orden, la obligación de retener no es optativa ni depende de la estructura
operativa del contribuyente o de la frecuencia de sus operaciones con CI, sino que se
impone por mandato legal como un requisito indispensable para acceder al trámite de
devolución del saldo a favor generado en dichas operaciones.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la demandante sí ostentaba la
calidad de agente retenedor del IVA en los términos del artículo 437-2 del ET, por lo
que el cargo de apelación encaminado a desvirtuar dicha condición no está llamado a
prosperar.
2. Sobre el alcance de la causal de rechazo de la devolución del saldo a favor en
virtud del artículo 857 numeral 5 del ET. Prospera el cargo
Dilucidado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la causal de rechazo
prevista en el numeral 5° del artículo 857 del ET permite a la administración rechazar
la totalidad del saldo a favor solicitado, aun cuando el incumplimiento del deber de
retener sea parcial, o si, por el contrario, dicha causal debe aplicarse de manera
limitada y proporcional a las operaciones afectadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 857 ibidem, las solicitudes
de devolución o compensación presentadas por los proveedores de sociedades de
comercialización internacional serán rechazadas cuando se verifique el incumplimiento
10 Artículo 5, ordinal 11, de la Ley 1480 de 2011 , -habitualidad en el ofrecimiento, suministro, distribución o comercialización de
productos con o sin ánimo de lucro-,
11
Samai Tribunal, índice 22. Fl. 24 del c.a.a.
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de la obligación de efectuar la retención, consignar lo retenido y presentar las
correspondientes declaraciones con pago respecto de los períodos cuyo plazo para
declarar y pagar se encuentre vencido a la fecha de presentación de la solicitud. Como
se indicó esta causal constituye un mecanismo de control formal orientado a garantizar
la correcta devolución del IVA generado en operaciones exentas realizadas con
sociedades de comercialización internacional.
Al respecto, la Sección ha señalado que dichas disposiciones responden a una
finalidad especifica “impedir que el beneficio de devolución del IVA sea capturado artificiosamente
y asegurar el recaudo del impuesto en la cadena productiva de bienes exportados”.12 De manera
que, la exigencia de practicar, declarar y pagar las retenciones constituye un requisito
previo de carácter formal para acceder a la devolución, cuya verificación corresponde
a la administración en sede de control de la solicitud. No obstante, dicho control no
tiene por objeto discutir la existencia o cuantía del saldo a favor, sino verificar el
cumplimiento de obligaciones tributarias de retención por parte de los proveedores de
sociedades de comercialización internacional, lo cual delimita el alcance de la causal
de rechazo.
Así, la causal de rechazo prevista en el artículo 857.5 del ET no es de aplicación
indiscriminada, pues se circunscribe a los saldos a favor derivados de operaciones
exentas con derecho a devolución realizadas en el marco de relaciones con
sociedades de CI. Esta restricción obedece a que el deber de retener surge
únicamente respecto del IVA generado en la cadena productiva de bienes destinados
a la exportación a través de dichas sociedades, por lo cual la consecuencia asociada
a su incumplimiento no puede extenderse más allá de ese ámbito.
De manera que, una lectura sistemática de la disposición conduce a concluir que el
rechazo debe circunscribirse a la porción del saldo respecto de la cual existe una
relación directa e inmediata con las retenciones omitidas, preservando el derecho del
contribuyente a obtener la devolución de las sumas cuya procedencia no ha sido
desvirtuada por la administración.
La Sala en sentencia del 11 de junio de 2026, precisó que la citada causal de rechazo
no puede aplicarse de manera absoluta cuando el incumplimiento del deber de retener
es parcial. Por lo tanto, consideró que solo se afecta la parte del saldo a favor
relacionada con las operaciones respecto de las cuales se verificó la omisión y por ello,
“la administración debe realizar un análisis individualizado de las operaciones y limitar el rechazo a la
parte del saldo a favor directamente relacionada con las omisiones verificadas, reconociendo el monto
restante que resulte probado”. Lo anterior por cuanto, una interpretación contraria
conduciría a sacrificar el derecho al reconocimiento de saldos a favor legítimamente
causados por el solo incumplimiento de un requisito formal respecto de una fracción
de las operaciones, lo cual va en contravía del principio de proporcionalidad que rige
el sistema tributario.
En efecto, no resulta constitucional ni legalmente admisible que una irregularidad
atribuible a operaciones específicas produzca como consecuencia la pérdida o el
rechazo de la totalidad del saldo a favor, aun respecto de montos cuya procedencia se
encuentra plenamente acreditada. La proporcionalidad exige que las consecuencias
jurídicas sean acordes con la gravedad de la irregularidad, de modo que no resulten
excesivas frente al incumplimiento. Por ello, cuando la omisión de las retenciones
recae únicamente sobre una porción determinada y cuantificable del saldo a favor, la
respuesta administrativa debe limitarse a esa misma proporción. Una medida que
afecte la totalidad del saldo solicitado, pese a que la controversia se circunscribe a una
parte mínima y perfectamente individualizable de este, implica una restricción excesiva
e injustificada del derecho del contribuyente a obtener la restitución de recursos que
no pertenecen al fisco.
12 Sentencia del 30 de septiembre de 2021, exp. 23722, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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La Corte Constitucional ha precisado que el principio de proporcionalidad constituye
un criterio de validez de las medidas estatales que exige verificar que las
consecuencias jurídicas derivadas de una determinada conducta sean adecuadas,
necesarias y ponderadas frente a la finalidad perseguida por el legislador. En tal
sentido, ha señalado que las autoridades no pueden imponer restricciones o cargas
que resulten excesivas en relación con el objetivo que pretenden alcanzar, pues ello
comporta una afectación injustificada de los derechos de los particulares13.
Por consiguiente, una interpretación sistemática y acorde con la Constitución del
numeral 5 del artículo 857 del ET conduce a que el rechazo de la devolución debe
limitarse a la parte del saldo a favor asociada con las operaciones respecto de las
cuales se omitió la práctica de las retenciones legalmente exigibles, sin afectar el
derecho del contribuyente a obtener la devolución de las sumas cuya procedencia no
ha sido desvirtuada por la administración.
Definido el alcance de la causal de rechazo prevista en el artículo 857.5 del ET,
corresponde verificar su aplicación en el caso concreto a partir del material probatorio
obrante en el expediente.
• El 19 de diciembre de 2019, la demandante presentó la declaración de IVA
correspondiente al tercer bimestre de 2018, en la que liquidó un saldo a favor
de $19.570.00014.
• El 14 de mayo de 2020, presentó la declaración de IVA del cuarto bimestre de
2018, en la que registró ingresos por ventas a sociedades de comercialización
internacional por $41.998.000, imputó el saldo a favor proveniente del tercer
bimestre ($19.570.000) y liquidó un nuevo saldo a favor de $20.254.00015. En
relación con dichos ingresos, se encuentra acreditada la venta de compresas y
tampones higiénicos a la sociedad de comercialización internacional Business
Management Group Inbumags por valor de $41.997.600, según consta en el
certificado al proveedor No. 6401027470014, expedido el 17 de julio de 2018.
• El saldo a favor liquidado en el cuarto bimestre ($20.254.000) fue imputado en
la declaración de IVA del quinto bimestre de 2018, presentada el 14 de mayo
de 2020, en la que se determinó un saldo a favor de $55.305.00016.
• A su vez, el saldo a favor liquidado en el quinto bimestre ($55.305.000) fue
imputado en la declaración de IVA del sexto bimestre de 2018, presentada el
14 de mayo de 2020, en la que se determinó un saldo a favor de $185.274.000 17.
En el expediente se encuentra probado que mediante Resolución 629-11-45 del 9 de
julio de 2021, la DIAN rechazó en forma definitiva la solicitud de devolución presentada
por la demandante por el periodo 6 del año 2018, al considerar configurada la causal
del artículo 857.5 del ET, por la omisión en la práctica de retenciones en la fuente a
título de IVA con 32 proveedores en el bimestre 4 del año 201818.
No obstante, el material probatorio demuestra que el saldo a favor solicitado no se
originó exclusivamente en operaciones realizadas con sociedades de comercialización
internacional y que la omisión de practicar retenciones se circunscribió a operaciones
específicas. En consecuencia, la irregularidad constatada no comprometía la totalidad
del saldo a favor cuya devolución se solicitó.
13
Sentencias C-022 de 1996, C-093 de 2001, C-916 de 2002, C-160 de 1998.
14
Samai, Índice 2. Fl. 19 c.a.
15
Samai, índice 2. Fl. 20 c.a.
16
Samai, índice 2. Fl. 21 c.a.
17
Samai, índice 2. Fl. 22 c.a.
18 Samai CE, índice 2. Anexos de la demanda, fls. 39-41
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Por lo anterior, el rechazo de la totalidad del saldo a favor con fundamento en el
incumplimiento de la obligación de retener, sin distinguir el origen de los conceptos
que integran el saldo a favor (2018-6), desconoce el alcance el artículo 857 del ET, en
cuanto aplica la causal de manera extensiva y desconoce el principio de
proporcionalidad al afectar valores respecto de los cuales no se configuraba el
incumplimiento e impide el reconocimiento de sumas sobre las cuales no existe
controversia. De manera que, no era procedente el rechazo integral de la solicitud de
devolución, sino únicamente respecto de aquella porción del saldo a favor vinculada a
operaciones frente a las cuales la demandante estaba obligada a actuar como agente
retenedor y no cumplió con dicho deber.
En aplicación de lo anterior, la Sala procede a determinar el monto del saldo a favor
susceptible de devolución, el cual corresponde al valor total del saldo a favor declarado
por la demandante, menos la porción atribuible a la operación realizada con una
sociedad de comercialización internacional (bimestre 4-2018) respecto de la cual
incumplió la obligación de practicar, consignar y declarar retención en la fuente.
En el presente caso, ante la ausencia de elementos probatorios que permitan
identificar de manera directa y plena la composición del saldo a favor, en particular, las
facturas de las compras o soportes contables que permitan establecer de manera
directa los costos, gastos e impuestos descontables asociados a las operaciones
realizadas con sociedades de comercialización internacional, la Sala considera que la
porción del saldo a favor no susceptible de devolución NO puede determinarse
mediante un criterio de proporcionalidad, con fundamento en la información declarada
por la contribuyente19.
No obstante, el valor que corresponde reconocer en esta oportunidad será el
expresamente reclamado por la demandante en su pretensión subsidiaria y no el valor
que pudiera resultar de aplicar metodologías alternativas. En efecto, al no prosperar la
pretensión principal, la parte actora limitó su solicitud a la devolución de $143.276.000.
En consecuencia, el cargo de apelación prospera en este punto, pues la causal de
rechazo prevista en el numeral 5 del artículo 857 del ET solo podía afectar la porción
del saldo a favor atribuible a la operación respecto de la cual se incumplió el deber de
practicar la retención en la fuente, y no la totalidad del saldo solicitado en devolución.
En consecuencia, el saldo a favor susceptible de devolución por el sexto bimestre de
2018 corresponde a la suma de $143.276.000, de conformidad con el alcance de la
pretensión subsidiaria formulada por la demandante.
Por último, la Sala advierte que el debate relevante para la resolución de la
controversia recae exclusivamente sobre la configuración de la causal de rechazo que
sustentó la decisión administrativa, y no sobre las causales de inadmisión señaladas
adicionalmente por la administración. Por consiguiente, aun si se admitiera la
existencia de alguna irregularidad respecto de estas últimas, ello no desvirtúa la causal
autónoma de rechazo que sirve de fundamento al acto demandado. En tales
condiciones, no resulta procedente acceder a la pretensión encaminada a ordenar a la
DIAN la expedición de un nuevo acto administrativo, pues la controversia ha sido
resuelta a partir del examen de la causal de rechazo que determinó la negativa de la
solicitud y cuya legalidad constituye el verdadero objeto de control en este proceso.
3.Sobre la alegada vulneración del principio in dubio pro-contribuyente
La recurrente sostiene que las dudas surgidas en torno a la interpretación y aplicación
de las normas que regulan la devolución solicitada debían resolverse a su favor con
19 Si bien no existe un procedimiento específico para realizar el prorrateo del IVA en el presente caso, pueden utilizarse alternativas
razonables para su determinación. Entre ellas, se encuentra el rechazo directo del IVA asociado a pagos realizados a proveedores
relacionados con operaciones de CI, cuando sea posible identificarlos. En los casos en que no exista una identificación directa,
puede aplicarse una proporción basada en la participación de estas operaciones frente al total de las operaciones realizadas.
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fundamento en el artículo 745 del ET. No obstante, dicho precepto resulta ajeno al
debate planteado, pues su ámbito de aplicación se limita a los eventos en los que
subsisten dudas provenientes de vacíos o insuficiencias probatorias respecto de los
hechos relevantes para adoptar una decisión. En el presente asunto no se configura
tal supuesto, ya que los elementos de prueba que obran en el expediente permiten
establecer con claridad las operaciones realizadas por la demandante con la sociedad
de comercialización internacional y el incumplimiento de las obligaciones de retención
que dieron lugar a la actuación administrativa demandada.
La inconformidad de la recurrente no se refiere a una incertidumbre probatoria, sino a
la interpretación de las disposiciones aplicables al caso. Por ello, no resulta procedente
extender la regla prevista en el artículo 745 del ET, concebida para resolver dudas
derivadas de vacíos probatorios, a controversias de carácter jurídico. En efecto, aun
cuando existan dificultades interpretativas o no haya una norma exactamente
aplicable, corresponde al juez decidir el asunto mediante la aplicación e integración
del ordenamiento jurídico, de conformidad con el deber consagrado en el numeral 6
del artículo 42 del Código General del Proceso, según el cual debe decidir los asuntos
sometidos a su conocimiento aun cuando no exista una ley exactamente aplicable,
acudiendo para ello a la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y los principios
generales del derecho. En consecuencia, la alegada duda normativa no habilita la
aplicación del artículo 745 del ET ni impone resolver la controversia en favor de la
demandante.
Así las cosas, al no existir una duda probatoria objetiva e insuperable que habilite la
aplicación de dicha disposición, no hay lugar a resolver la controversia en favor de la
contribuyente con fundamento en el principio invocado.
Por consiguiente, el cargo de apelación no está llamado a prosperar.
Tercer cargo: de la condena en costas a la parte demandada en esta instancia
Habida consideración de la prosperidad parcial del recurso de apelación, la Sala
revocará la condena en costas impuesta a la parte demandante en primera instancia.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 365 del Código
General del Proceso, no se condenará en costas en esta instancia.
Por las consideraciones precedentes, la Sala revocará el fallo apelado y en su lugar
anulará parcialmente los actos demandados y a título de restablecimiento del derecho
ordenará a la administración devolver a la parte demandante, previa compensación de
las deudas y obligaciones de plazo vencido de la contribuyente, la suma de
$183.630.000.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley
FALLA
1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar,
2. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 629-11-45 del 9 de julio de 2021, y
3521 del 7 de diciembre de 2021, por medio de los cuales la demandada rechazó en
forma definitiva una solicitud de devolución y compensación del saldo a favor
determinado por la actora en su declaración del impuesto sobre la ventas -IVA- del
sexto bimestre del año 2018.
3. A título de restablecimiento del derecho, reconocerle a la actora el derecho a la
devolución y compensación de la suma de $143.276.000, de acuerdo con la parte
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motiva de esta sentencia.
4. No condenar en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Salva voto)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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