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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00147-01

Fecha
1 de abril de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00147-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 4 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2022-00147-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

1 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., primero (1º) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 05001-23 -33-000-2022-00147-01
Actor: DANIEL FERNANDO RESTREPO VILLA
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por el señor Daniel Fernando Restrepo
Villa contra la sentencia del 4 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se dispuso:

PRIMERO: SE DEJA SIN EFECTOS la vinculación de los Juzgados 22 Civil
Municipal de Oralidad De Medellín Y 5° Civil del Circuito de Oralidad.

SEGUNDO: SE NIEGA la tutela solicitada en relación con el Juzgado 33
Administrativo del circuito de Medellín, el Ministerio de Educación y la
Secretaría de Educación del Municipio de Medellín.

TERCERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación
con la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El señor Daniel Fernando Restrepo Villa interpuso acción de tutela contra la
Secretaría de Movilidad de Medellín, la Secretaría de Educación de Medellín, el
Municipio de Medellín y el Ministerio de Educación Nacional, porque consideró
vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso,
a la participación ciudadana y a la «práctica democrática». Formuló las siguientes
pretensiones:

1 Se advierte que, el 15 de febrero de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación número: 05001-23-33-000-2022-00147-01
Demandante: Daniel Fernando Restrepo Villa
Demandados: Municipio de Medellín y otros
Sentencia de tutela de segunda instancia

Con fundamento en los hechos narrados y en el sustento normativo invocado,
con respeto solicito se ampare mis derechos fundamentales mencionados y en
efecto se ordene a las accionadas.

1. Garantizarme la formación académica que me permita acceder a mis
derechos fundamentales, de acuerdo a lo desarrollado en hechos, esto implica
obtener tarjeta profesional en derecho.

2. Garantizarme el mínimo vital mientras dure mi formación académica.

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

Del escrito de tutela y las pruebas aportadas la Sala extrae los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

Según el señor Daniel Fernando Restrepo Villa, el 16 de noviembre de 2019,
durante la inmovilización de su vehículo motocicleta de placas YXF-12D, este sufrió
daños causados por agentes de tránsito de Medellín, razón por la cual radicó una
petición ante la Secretaría de Movilidad, con el fin de solicitar la cadena de custodia
del vehículo. La petición fue remitida por competencia a la empresa Terminales de
Transporte de Medellín, la que dio respuesta a la misma; no obstante, interpuso
acción de tutela por considerar vulnerado su derecho al debido proceso.

Así mismo, presentó una petición ante la Secretaría de Movilidad de Medellín, en
la que reclamó los daños causados a su vehículo, solicitud que fue atendida; sin
embargo, por encontrarse inconforme con la respuesta obtenida también interpuso
acción de tutela.

Posteriormente, presentó sendas peticiones a la Secretaría de Educación de
Medellín y al Ministerio de Educación Nacional, para que se le informara si el Estado
garantizaba la formación jurídica de los ciudadanos para proteger sus derechos.
Según el actor, la respuesta del Ministerio de Educación se limitó a mencionar el
marco legal sobre la educación constitucional en Colombia, sin aclarar el alcance
del conocimiento adquirido por los ciudadanos para la defensa de sus derechos; la
de la Secretaría de Educación fue superficial y mencionó algunos conceptos del
ministerio y campañas pedagógicas de la Secretaría de Movilidad, mientras que
esta última expresó no entender el alcance la petición.

Por tal razón, radicó una nueva petición al Ministerio de Educación Nacional, para
aclarar si la formación de cada nivel académico le permite al ciudadano acceder a
sus derechos fundamentales. Ante el silencio de la entidad, interpuso acción de

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Radicación número: 05001-23-33-000-2022-00147-01
Demandante: Daniel Fernando Restrepo Villa
Demandados: Municipio de Medellín y otros
Sentencia de tutela de segunda instancia

tutela y obtuvo respuesta a la petición con la que, en su sentir, se demuestra la
ausencia de formación de la población en materia de procedimiento (derecho
procesal y administrativo) para reclamar los derechos fundamentales.

Expuso que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue
inadmitida por el Juzgado 33 Administrativo de Medellín, para que acreditara la
calidad de abogado. Ante ello, envió una solicitud al juzgado, respecto de la cual
afirmó no haber obtenido respuesta, por lo que interpuso acción de tutela para que
se protegiera su derecho fundamental de petición.

Afirmó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, al decidir la acción de tutela
instaurada contra el Juzgado 33 Administrativo de Medellín, fue claro en
argumentar que era necesario acreditar la calidad de abogado para presentar la
demanda, de conformidad con los artículos 138 y 160 de la Ley 1437 de 2011.

Adujo que se vulneró su derecho al debido proceso, pues, a pesar de estar
consagrado en la Constitución Política, la ley limita su defensa al hecho de tener la
calidad de abogado o estar en capacidad de contratar uno.

Por último, señaló que fue discriminado por no ser abogado y por el hecho de que
no se considere indispensable brindar formación ciudadana en derecho
administrativo para acudir al sistema judicial y defender sus derechos.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Inicialmente, la acción de tutela se tramitó ante el Juzgado Octavo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, el que, mediante sentencia del 20
de septiembre de 2021, negó la solicitud de amparo.

El demandante impugnó la decisión y la Sala Penal del Tribunal Superior de
Medellín, en auto del 18 de enero de 2022, decretó la nulidad de lo actuado, por
considerar que era necesario vincular al Juzgado 33 Administrativo de Medellín, y
dispuso su remisión al Tribunal Administrativo de Antioquia.

2.2 En auto del 26 de enero de 2022, el despacho sustanciador del Tribunal
Administrativo de Antioquia (i) admitió la tutela contra el Municipio de Medellín -
Secretarías de Movilidad y Educación y el Ministerio de Educación Nacional y (ii)

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Radicación número: 05001-23-33-000-2022-00147-01
Demandante: Daniel Fernando Restrepo Villa
Demandados: Municipio de Medellín y otros
Sentencia de tutela de segunda instancia

ordenó que se vinculara al Juzgado 33 Administrativo de Medellín, a la sociedad
Terminales de Transporte de Medellín y a los Juzgados 22 Civil Municipal de
Medellín y Quinto Civil del Circuito de Medellín.

2.3. El titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín expuso que en la
tutela no se le atribuye ninguna vulneración de derechos fundamentales y que,
revisado el sistema de consulta de procesos judiciales, consta que conoció de la
impugnación de la tutela con radicado 2020-00492-01 instaurada por el
demandante contra la Secretaría de Movilidad de Medellín.

2.4. El juez 33 administrativo de Medellín manifestó que se abstendría de emitir
pronunciamiento frente a la demanda de tutela, porque los cuestionamientos allí
planteados se dirigen contra el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías
de Movilidad y de Educación de Medellín.

2.5. El Ministerio de Educación Nacional afirmó que únicamente le consta que el
demandante radicó una petición el 19 de noviembre de 2020, la cual fue contestada
el 16 de diciembre de 2020.

Señaló que la acción de tutela no cumple con los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez, por haber transcurrido más de 13 meses desde la ocurrencia de los
hechos.

Solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, por no ser
responsable de la supuesta omisión que generó la vulneración alegada, dado que,
aunque al Ministerio le compete fijar la política del sistema educativo, es el Estado
el que debe facilitar los mecanismos financieros para cubrir la educación superior,
tarea que se desarrolla a través del ICETEX.

2.6. La sociedad Terminales de Transportes de Medellín se opuso a la solicitud de
amparo, bajo el argumento de que no existe relación lógica ni causal entre los
hechos que describen la vulneración de los derechos y las pretensiones
perseguidas por el demandante.

También pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva,
según dijo, porque no ha vulnerado los derechos del demandante.

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Radicación número: 05001-23-33-000-2022-00147-01
Demandante: Daniel Fernando Restrepo Villa
Demandados: Municipio de Medellín y otros
Sentencia de tutela de segunda instancia

2.7. La Secretaría de Educación de Medellín explicó que, en febrero de 2021,
atendió una petición presentada por el accionante, en la que solicitó que se le
informara acerca de la formación en derecho procesal y contencioso administrativo
brindada por el sistema educativo.

Agregó que al contestarle se le pusieron de presente las funciones de la Secretaría
en materia de educación básica y media, en la que se incluye la formación para
adquirir conocimientos sobre la Constitución Política y los derechos fundamentales,
sin que le corresponda garantizar la formación en educación superior, que es la que
pretende obtener el accionante.

3. Fallo impugnado

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante fallo del 4 de febrero de 2022, (i)
desvinculó a los Juzgados 22 Civil Municipal de Oralidad de Medellín y Quinto Civil
del Circuito de Oralidad de Medellín, (ii) negó la acción de tutela, respecto de la
vulneración atribuida al Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Medellín, el
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Medellín, y (iii)
declaró improcedente el amparo, en relación con la Secretaría de Movilidad de
Medellín.

Como fundamento de la decisión explicó que, aunque no se presentó acción de
tutela contra el Juzgado 33 Administrativo de Medellín, el accionante reprochaba la
exigencia del juzgado de tener que actuar por intermedio de apoderado para
presentar algunas acciones judiciales. Con todo, el fallo inicialmente descartó el
análisis de fondo sobre dicha providencia, toda vez que no se cumplieron los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez: la decisión era susceptible de recursos
y se profirió del 26 de enero de 2021.

No obstante, el a quo afirmó que, para ilustrar al demandante, era necesario aclarar
que la exigencia de representación judicial por medio de abogado para formular
ciertas acciones judiciales, no constituía una discriminación ni vulneración de sus
derechos, dado que ese fue un requisito adoptado por el legislador dentro de su
libertad de configuración normativa y, además, que el Código General del Proceso
consagra el amparo de pobreza como mecanismo de asistencia legal para quienes
no cuenten con recursos para contratar un abogado.

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Radicación número: 05001-23-33-000-2022-00147-01
Demandante: Daniel Fernando Restrepo Villa
Demandados: Municipio de Medellín y otros
Sentencia de tutela de segunda instancia

Respecto de las actuaciones del Ministerio de Educación Nacional, sostuvo que el
derecho a la educación es fundamental, en relación con los niños, las niñas y los
adolescentes, pero de carácter económico y social frente a los adultos, de modo
que ni aquella entidad ni la Secretaría de Educación de Medellín estaban obligados
a financiar estudios superiores en Derecho para las personas adultas.

4. Impugnación

El demandante impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los hechos
narrados en el escrito de tutela. Agregó lo siguiente:

• Que el sistema judicial y educativo le negaron el derecho fundamental al
debido proceso, porque no demostró formación en Derecho, es decir, fue
discriminado por no ser abogado.
• Que la decisión del tribunal hizo una revisión superficial de los argumentos
y no analizó las pruebas aportadas.
• Que la Constitución garantiza el derecho a la educación, pero el Ministerio
de Educación Nacional no ofrece la formación adecuada a los ciudadanos,
por considerarla innecesaria.
• Que, de brindar formación en educación superior, se les permitiría a las
personas obtener el título profesional de abogado, con lo cual, de paso, se
garantizaría la protección efectiva de sus derechos fundamentales y se
suplirían las deficiencias del sistema. Que, como no se le garantizó
formación en educación superior, para lograr la protección de sus derechos
se vio obligado a sufragar la carrera de derecho.

Con base en lo anterior, solicitó que se ordenara a las autoridades accionadas, que
garanticen la formación en Derecho o, en su defecto, se declaren inconstitucionales
las normas sobre la presunción de legalidad de los actos administrativos, así como
las referidas a la exigencia de contar con un abogado para promover un proceso
contencioso administrativo.

II. CONSIDERACIONES

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que

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Radicación número: 05001-23-33-000-2022-00147-01
Demandante: Daniel Fernando Restrepo Villa
Demandados: Municipio de Medellín y otros
Sentencia de tutela de segunda instancia

«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro mecanismo de
defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho que se considera
vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como medio principal de
protección de los derechos fundamentales.

Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el cual, en
esencia, se negaron las pretensiones de la solicitud de amparo.

Para ello se examinará si el a quo acertó al estimar que las autoridades judiciales
accionadas no vulneraron los derechos fundamentales reclamados en la tutela.

3. Análisis de la Sala

En orden a resolver el problema jurídico, la Sala debe considerar, principalmente,
la pretensión o el contenido concreto del amparo que se reclama, los hechos que
sustentan la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales y los reparos
contenidos en la impugnación; todo ello sin desconocer que, dada la naturaleza de
la acción de tutela y la finalidad de este instrumento constitucional, la regla de la
congruencia de la sentencia, en ocasiones puede flexibilizarse en aras de adoptar

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la decisión que mejor se ajuste a la garantía de los derechos amenazados o
vulnerados.

A este propósito, en primer lugar, la Sala observa que lo pretendido es que se
ordene a las autoridades accionadas: Secretaría de Movilidad de Medellín,
Secretaría de Educación de Medellín, Municipio de Medellín y Ministerio de
Educación Nacional, asumir o sufragar la formación en Derecho del señor Daniel
Fernando Restrepo Villa, y que se le garantice manutención mientras obtiene el
título de abogado.

Esto implica que los hechos en los que se hace referencia a distintas peticiones que
elevó ante la Secretarías de Movilidad y Educación de Medellín, la sociedad
Terminales de Transporte de Medellín, el Ministerio de Educación Nacional y el
Juzgado 33 Administrativo de Medellín son una suerte de contexto y enunciación
de antecedentes para afianzar lo que, en su sentir, constituye una barrera de
acceso a sus derechos al debido proceso, a las garantías judiciales y de acceso a
la administración de justicia; además, porque se le exige acreditar ser abogado en
ejercicio para promover un proceso contencioso administrativo.

Por consiguiente, esta Subsección no realizará ningún estudio sobre el ejercicio del
derecho fundamental de petición, que comprende las solicitudes y respuestas que
las accionadas le brindaron en diferentes aspectos relacionados con el trámite de
inmovilización de su motocicleta. Lo anterior, dado que (i) no hacen parte del objeto
directo y concreto de la tutela; (ii) ya se sometieron al conocimiento de otros jueces
constitucionales –prueba de ello son las sentencias de los Juzgados 22 Civil
Municipal y Quinto Civil del Circuito de Medellín–; (iii) las respuestas a las peticiones
pueden derivar en actos administrativos, cuya validez puede cuestionarse mediante
los medios de control previstos en el CPACA, y (iv) reiterándose que sobre algunas
existen decisiones judiciales, claramente se configuraría el fenómeno de cosa
juzgada constitucional.

A modo de ilustración, nótese que el demandante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que correspondió al Juzgado 33 Administrativo de
Medellín, el que, mediante auto del 26 de enero de 2021, la inadmitió para que se
acreditara la calidad de abogado, de conformidad con el artículo 160 de la Ley 1437
de 21011, y que se ajustara la demanda a los requisitos contenidos en el artículo
161 de la Ley 1437 de 2011. El 31 de enero de 2021, el actor presentó una petición

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ante el juzgado y, por considerar que no se resolvió, interpuso acción de tutela, que
fue negada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante fallo del 8 de
marzo de 2021.

Ahora bien, para la Sala es claro que, no se pretende un nuevo pronunciamiento
del juez constitucional sobre la inadmisión de la demanda, este hecho también se
enuncia para reforzar el argumento relacionado con la violación del derecho al
debido proceso y la supuesta discriminación al exigírsele la condición de abogado,
lo que, en su sentir, sustenta la petición de que se ordene las accionadas
garantizarle la formación en Derecho.

Así las cosas, la Sala circunscribirá su análisis al supuesto deber que tienen las
accionadas de garantizar al demandante el acceso a educación superior en
Derecho y a cubrir sus gastos de manutención mientras obtiene el título profesional.

Ciertamente, la garantía de los derechos fundamentales no puede reducirse a su
consagración en la Constitución, esto es, no basta con que allí se incorpore una
gama de prerrogativas que confluyan en el reconocimiento de la dignidad humana,
ni que se fijen reglas y principios para garantizar unas condiciones mínimas de
existencia en salud, educación, vivienda, etcétera. También es imprescindible que
se dote a las personas de instrumentos procesales, como las acciones judiciales,
para que puedan hacer efectivos esos derechos y contribuir con la realización de
los fines del Estado2, tarea en la que se avanza cuando se acerca el contenido
axiológico de la Constitución a toda la población.

Los derechos y el conocimiento del Estado no son un asunto reservado a los
profesionales del derecho, a los servidores públicos o a quienes tengan un interés
sobre lo público. Es por ello que el artículo 41 constitucional dispone:

2 Constitución Política de Colombia. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

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En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el
estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la
participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.

A su vez, el artículo 67 superior establece:

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación,
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación
y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que
señalen la Constitución y la ley.

Finalmente, desde el punto de vista constitucional, valga referirse al artículo 69
superior, que, en lo pertinente, señala: «El Estado facilitará mecanismos financieros
que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior».

De las disposiciones constitucionales transcritas puede deducirse que el Estado
tiene a su cargo instruir a la población en el conocimiento de la Constitución y los
principios y derechos allí contenidos, bien a través de instituciones de enseñanza
públicas o privados e, incluso, de manera directa para quienes no hacen parte del
sistema educativo, pero, en todo caso, si de niveles de educación se trata, la
formación en materia constitucional resulta obligatoria.

Consecuente con ello, en desarrollo de estas disposiciones constitucionales, las
Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 reiteran el deber de incorporar esta formación en
los diferentes planes de estudio en todas las facetas de la educación formal.

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Concretamente, el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 consagra dentro de las áreas
de enseñanza obligatoria en los niveles de educación preescolar, básica y media:

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la
instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;
Dentro de la capacitación a que se refiere este literal, deberán impartirse
nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de
solución de conflictos, derecho de familia, derecho laboral y contratos más
usuales;
(…)

d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores
humanos, y

Por su parte, el artículo 128 de la Ley 30 de 1992 sobre educación superior, refiere
que:

En todas las instituciones de Educación Superior, estatales u oficiales, privadas
y de economía solidaria, serán obligatorios el estudio de la Constitución
Política y la instrucción cívica en un curso de por lo menos un semestre.
Así mismo, se promoverá prácticas democráticas para el aprendizaje de los
principios y valores de la participación ciudadana.

Ahora bien, como quedó reseñado, la educación es un derecho constitucional en
favor de los ciudadanos y un servicio público a cargo del Estado que se presta
directa o indirectamente, a través de entidades oficiales o por particulares que se
autoricen para el efecto, es decir, que es un servicio público, no un monopolio
estatal.

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional3 ha señalado que el derecho a la
educación tiene doble connotación: es un derecho subjetivo y un servicio público.
En tanto derecho, se relaciona con la dignidad humana y adquiere el carácter de
fundamental; de su condición de servicio público, se desprenden diversas
obligaciones estatales, entre ellas, las de garantizar mayor cobertura y facilitar y
regular la vinculación de los particulares en la prestación del servicio en condiciones
de calidad.

En la sentencia T-243 de 2020, el Tribunal Constitucional reiteró el carácter
fundamental del derecho a la educación y su conexidad con la dignidad humana,
derivado del «presupuesto esencial para el desarrollo de los proyectos de vida de
cada persona», y como «punto de partida para la protección de los derechos

3Al respecto, puede consultarse la sentencia C-287 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo.

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consagrados en los artículos 26 y 27 constitucionales: la libertad para escoger la
profesión u oficio y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra. Además, contribuye a garantizar el mínimo vital, la igualdad de
oportunidades en el trabajo y la participación política, entre otros.»4 5

En la misma oportunidad, la Corte analizó el derecho a la educación respecto de
las personas mayores de edad y, concretamente, lo que atañe a la educación
superior, para concluir que, en esos casos, también es fundamental; no obstante,
que, «existen algunas sentencias -que representan una posición minoritaria- que
sostienen que una vez se es mayor de edad, el derecho a la educación pasa de ser
de aplicación directa e inmediata a convertirse en netamente prestacional.6»7.

Dicho en otras palabras, tratándose de los estudios superiores de los adultos, el
derecho a la educación es fundamental, pero no siempre es justiciable, es decir,
exigible a través de la acción de tutela; de ahí que la Corte Constitucional precise
que «es necesario distinguir entre el carácter fundamental de los derechos -
fundamentabilidad- y la forma en que se pueden exigir ante el aparato judicial -
justiciabilidad-»8, puesto que «ese carácter fundamental del derecho a la
educación no significa que su aplicación sea igual para toda la población»9.

4 Cita original de la providencia: «Sobre el contenido del derecho, la Sentencia T-428 de 2012 (M.P.

María Victoria Calle Correa), recordó que, además de entender el acceso y la permanencia en el
sistema educativo como elementos propios del derecho a la educación, esta Corte ha incluido en su
núcleo los parámetros establecidos en la Observación General No. 13 del Comité DESC, que señala
cuatro componentes estructurales: // “Como derecho y como servicio público, la doctrina nacional e
internacional han entendido que la educación comprende cuatro dimensiones de contenido
prestacional: (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación
del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos
que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar
instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la
accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones
de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y
facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la
adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y
demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la
aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse”».
5 Corte Constitucional, sentencia T-243 de 2020, M. P. Diana Fajardo Rivera.
6 Cita original de la providencia: «Corte Constitucional, sentencia T-650 de 1996 (MP Jorge Arango

Mejía), en la que se indicó que “el derecho a la educación de los mayores de 18 años, es de carácter
prestacional, que puede ser demandado del Estado, pero, no son titulares de un derecho
fundamental de aplicación inmediata”. También pueden consultarse las sentencias T-534 de 1997
(MP Jorge Arango Mejía), T-1704 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero) y T-295 de 2004 (MP
Rodrigo Escobar Gil), en las que se resalta que el derecho a la educación de mayores de edad es
de tipo prestacional. En dichas providencias, los accionantes solicitaron la protección de sus
derechos fundamentales, la prestación del servicio de educación básica o la entrega de diplomas,
actas de grado y certificados de estudios». En Sentencia T-612 de 2017. M. P. Cristina Pardo
Schlesinger.
7 Corte Constitucional, sentencia T-243 de 2020, M. P. Diana Fajardo Rivera.
8 Corte Constitucional, sentencia T-243 de 2020, M. P. Diana Fajardo Rivera.
9 Corte Constitucional, sentencia T-243 de 2020, M. P. Diana Fajardo Rivera.

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Demandados: Municipio de Medellín y otros
Sentencia de tutela de segunda instancia

Con todo, y pese a que es excepcional su exigibilidad por vía judicial,
existen algunas facetas del derecho a la educación que son de aplicación
inmediata, por ejemplo, las obligaciones de garantizar el acceso que, en
situaciones concretas serían justiciables; y otras de naturaleza
progresiva10 -propias de los derechos económicos, sociales y culturales-
, «que dependen de parámetros como la edad del estudiante y su nivel
de educativo»11, pues: el acceso a la educación básica primaria de los
mayores de edad impone una obligación de carácter inmediato para el
Estado12; mientras que para este mismo grupo poblacional, el acceso a los
siguientes niveles de educación (media secundaria y superior), genera un
esfuerzo progresivo, es decir, una obligación que el Estado debe cumplir
de manera gradual13.

Lo que sí resulta indiscutible es la obligación que la Constitución impone al Estado
de facilitar mecanismos de financiación para el acceso a la educación superior
(artículo 69), labor en la que es trascendental el sistema de créditos y becas a cargo
del ICETEX, en los términos contenidos en la Ley 1002 de 2005, por medio de la
cual se modificó la naturaleza jurídica del Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez. Dicha ley dispuso en el
artículo 2, que es objeto del ICETEX:

[E]l fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos
recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a
través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la
permanencia de las personas a la educación superior, la canalización y
administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e
internacional, con recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá su objeto
con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de
equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia
en la educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

A manera de conclusión, siguiendo la doctrina constitucional, se precisa que, si bien
el derecho a la educación es fundamental, no es exigible en todos los casos a través
del recurso de amparo. Respecto de los mayores de edad o quienes aspiren a
obtener formación superior, la educación tiene unos elementos prestacionales
propios de la clásica categoría de los derechos económicos, sociales y culturales,

10 En el mismo sentido, en la sentencia T-356 de 2020, la Corte Constitucional señaló:

«[E]n principio, “(…) es imperativo que el Estado brinde la educación de cinco años de primaria y
cuatro de secundaria que comprende la educación básica”.
5.3 No obstante lo anterior, este Tribunal, mediante diversos pronunciamientos, ha precisado que si
bien el Estado no tiene una obligación directa de procurar el acceso inmediato de todas las
personas a la educación superior, ello no significa que se encuentre eximido de su
responsabilidad de, en virtud del principio de progresividad, propender por el acceso de la
población a las diferentes etapas de la educación (preescolar, primaria, secundaria y superior)».
11 Corte Constitucional, sentencia T-243 de 2020, M. P. Diana Fajardo Rivera.
12 Cita original de la providencia: «Ver Sentencia T-533 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra

Porto».
13 Corte Constitucional, sentencia T-243 de 2020, M. P. Diana Fajardo Rivera.

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cuya satisfacción se logra principalmente a través de políticas públicas, en
aplicación de los principios de progresividad y no regresividad, y no por vía de
acción de tutela.

Por consiguiente, el Estado debe adoptar paulatinamente medidas para mejorar la
cobertura, el acceso y permanencia a la educación superior, como lo prevé el
artículo 69 de la Constitución, en el sentido de facilitar «mecanismos financieros
que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior».

• Análisis del caso concreto

El señor Daniel Fernando Restrepo Villa, quien tiene 40 años, por vía de acción de
tutela, solicita que le garanticen el acceso a educación superior en Derecho y que
se le brinde manutención mientras culmina sus estudios. En criterio de la Sala, las
entidades demandadas no tienen a su cargo satisfacer la pretensión del
demandante en los términos reclamados. El hecho de que el legislador, en su
autonomía, hubiera previsto la exigencia de acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo por intermedio de apoderado judicial y que el derecho a
la educación superior sea fundamental, no son condiciones suficientes para que las
autoridades accionadas deban garantizarle la formación jurídica pretendida.

Es cierto que la Constitución Política le impone al Estado la obligación de enseñar
su contenido a las personas y que la Corte Constitucional reconoce, en ciertos
casos, el carácter fundamental del derecho a la educación; sin embargo, de ninguna
de esas características se desprende el deber de garantizar formación profesional
en Derecho a quien lo solicite, como presupuesto para la defensa de sus garantías
constitucionales o de acceso a la administración de justicia. Incluso, el
ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que quienes no tengan recursos para
contratar a un abogado se les designe alguno para que los asista en un proceso
judicial, de conformidad con los artículos 151 y siguientes de la Ley 1564 de 2012
–Código General del Proceso–. Esto, desde luego, sin perjuicio de las funciones en
materia de protección y garantía de los derechos a cargo del Ministerio Público y
de la Defensoría del Pueblo.

Contrario a lo planteado por el señor Restrepo Villa en la solicitud de amparo, el
derecho de postulación en cabeza de los abogados no constituye un instrumento
procesal de discriminación de quienes no son profesionales del Derecho; por el

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contrario, lo que pretende es brindarle mecanismos a la población para que una
persona, que se supone formada en la disciplina jurídica, asuma su representación
ante la autoridad judicial correspondiente.

El deber del Ministerio de Educación Nacional y de las Secretarías de Educación
territoriales, dentro de sus ámbitos de competencia, se circunscribe a constatar y
garantizar que se cumplan con los postulados de los artículos 41 y 67 superiores,
es decir, que se imparta de manera obligatoria la formación de la Constitución
dentro de los programas de estudio, y no a garantizar que la totalidad de la
población obtenga un título profesional, como parece entenderlo el demandante.

Se insiste, no es una obligación directa de las accionadas formar a la ciudadanía
como profesionales del Derecho. Ni siquiera el demandante alega o acredita que le
hayan impuesto barreras que le impidan acceder por sus propios medios o por
sistemas estatales de financiación a la educación superior en Derecho. Todo lo
contrario, en el expediente obra constancia de que fue admitido al programa de
Derecho de la Universidad de Antioquia, con lo cual, en buena medida, pierde
sentido su reclamo y, de paso, se evidencia que sí hay condiciones para acceso a
la educación superior, solo que no está a cargo de las demandadas en los términos
pretendidos.

De igual manera, el señor Restrepo Villa está en la posibilidad de verificar las
condiciones para acceder a mecanismos de financiación de la educación superior
previstos por el Estado, a través del ICETEX, e incluso en los programas locales
que con el mismo fin ofrece el Municipio de Medellín.

Al respecto, la Sala constata que el Municipio de Medellín creó la entidad
descentralizada denominada Agencia de Educación Superior14 (SAPIENCIA), con
el fin de fijar la política de acceso a la educación superior de personas de escasos
recursos y de administrar los fondos municipales encargados de financiarla. Dentro
de esa regulación, otorga becas y créditos condonables, no solo para cubrir gastos
de matrículas, sino de manutención de estudiantes universitarios. A ello se suman
los programas y beneficios sociales que en materia de bienestar universitario brinda
la Universidad de Antioquia, en atención a su calidad de ente universitario
autónomo, que además recibe recursos públicos para tal fin.

14 https://sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2021/05/cartilla-fondos-2021-2.pdf.

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Finalmente, en lo atinente a la solicitud del escrito de impugnación, para que se
inapliquen por inconstitucionales los artículos 25, 28, 29 del Decreto 196 de 1971 y
los artículos 138 y 160 de la Ley 1437 de 2011, «como forma de defensa del
derecho fundamental de aplicación inmediata al debido proceso», la Sala advierte,
de una parte, que dicho argumento no se mencionó en la demanda de tutela y, por
tanto, la impugnación no es el escenario para proponer argumentos nuevos. De
otra, se tiene que para debatir dicha pretensión existen otras vías judiciales, al tenor
de los artículos 40, numeral 6, y 241 de la Constitución Política, cuya competencia
para decidir corresponde, si de control abstracto se refiere, a la Corte
Constitucional; amén de que no se exige tener la condición de abogado para su
ejercicio.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pero por las razones aquí
anotadas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 4 de febrero de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones aquí expuestas.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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