Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00232-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00232-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2022-00232-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00232-01
Accionante: JORGE EMILIANO GIRALDO ÁLVAREZ
Accionado: JUEZ COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS
DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OTRO
Tema: Tutela por presunta vulneración de derechos
fundamentales al trabajo digno, descanso, salud,
familia e igualdad / Vacaciones individuales de
funcionarios judiciales / Expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Medellín – Antioquia, actuando por conducto
de su director ejecutivo seccional1, en contra de la sentencia de 21 de
febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
– Sala Segunda de Oralidad, que accedió a las pretensiones de la
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El señor Juan Carlos Peláez Serna.
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acción de tutela interpuesta por el señor Jorge Emiliano Giraldo
Álvarez en contra del juez coordinador del Centro de Servicios
Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Antioquia y el Consejo Superior de la Judicatura.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al trabajo
digno, descanso, salud, familia e igualdad se fundamenta en los
siguientes:
1. HECHOS
La parte accionante en el escrito contentivo de la acción de tutela
indicó que:
«PRIMERO. Me encuentro vinculado a la Rama Judicial, como citador
grado III posesionado en propiedad del Centro de Servicios de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y
Antioquia. El 04 de febrero de 2022 el Juez Coordinador (E) Del
Centro De Servicios De Los Juzgados De Ejecución De Penas Y
Medidas De Seguridad De Medellín – Antioquia, (Dr. GERMAN
JARAMILLO LONDOÑO) donde laboro actualmente, inició el trámite
tendiente a solicitar los certificados de disponibilidad presupuestal
(CDP) ante la Oficina de Presupuesto y la Dirección Ejecutiva de la
Rama Judicial Seccional Antioquia.
SEGUNDO. El 04 de febrero de 2022, la Doctora ROSA AMELIA
MORENO ORREGO Coordinadora del Área Financiera de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, en
respuesta a la solicitud elevada por el Doctor GERMAN JARAMILLO
LONDOÑO, expidió el certificado C.D.P 06122 mediante el cual indicó,
se expide la disponibilidad presupuestal a efectos de que le sean
cancelados los rubros correspondientes vacaciones y primas de
vacaciones, sin que se expidiera uno similar para el reemplazo de
vacaciones, al suscrito, como Citador grado III del Centro de Servicios
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Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín.
TERCERO. Sin embargo, referente a la expedición de CDP para
amparar el remplazo por vacaciones del suscrito, mediante oficio
DESAJME18-5220 del 04 de febrero de 2022, el Doctor JUAN CARLOS
PELAEZ SERNA, Director Ejecutivo Seccional de Medellín, manifestó
que no es posible expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
para autorizar los reemplazos de vacaciones en el cargo de CITADOR,
toda vez que la adicción presupuestal para este rubro se encuentra
sujeta a lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de
2011, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, la cual como se indicó en la Circular DESAJME18-5220
expedida por dicha dirección, la apropiación presupuestal para el
rubro presupuestales para el presente año, sólo la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial situará los recursos para los funcionarios
(jueces) que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales y
excepcionalmente cuando se trate de empleados del régimen de
vacaciones individuales que laboren en despachos con planta de 3 o
menos cargos.
CUARTO. Solicité formalmente al Señor Juez Coordinador de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín,
Antioquia, el disfrute de vacaciones remuneradas a las que por ley
tengo derecho por el periodo comprendido entre el 01/11/2019 al
01/11/2020 y del 02/11/2020 al 01/011/2021, por haber cumplido un
año más de servicio como empleado de la Rama Judicial con el fin de
disfrutarlas a partir del 07 de marzo hasta el 25 de abril de
2022, ambas fechas inclusive.
QUINTO. Pertenezco al régimen de vacaciones individuales por
ser este centro de servicios que se encuentra enlistado en dicha
categoría, tal y como lo relaciona el Artículo 146 de la Ley 270 de
1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.
SEXTO: El once (07) de febrero de dos mil veintidos (2022), fue
expedida la Resolución No. 035 de esta anualidad mediante la cual mi
nominador, JUEZ COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN
ANTIOQUIA, negó al suscrito las VACACIONES a las cuales tengo
derecho, argumentado: i) La imposibilidad de otorgarme las
vacaciones por la negativa del Director Ejecutivo Seccional Antioquia,
quien mediante oficio DESAJME18-5520 del 07 de febrero de 2022,
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comunica que la expedición del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal para los servidores con vacaciones individuales es
aplicable solo a los jueces de la Republica y no a los empleados y por
tal motivo no es procedente expedir Certificado de Disponibilidad
Presupuestal - CDP., ii) que, si bien el señor JORGE EMILIANO
GIRALDO ALVAREZ tiene derecho al disfrute de su periodo de
vacaciones, ante la necesidad del servicio se hace necesario negar lo
solicitado hasta tanto se disponga de presupuesto para su reemplazo,
lo anterior, en atención a las altas cargas de trabajo que se manejan
actualmente en el centro de servicios con ocasión de la pandemia del
Covid-19, la implementación de la virtualidad y las restricciones de
ingreso a la sede de trabajo.
SEPTIMO. Frente a la mencionada Resolución, interpuse el
correspondiente recurso de reposición el 04 de febrero de 2022, el
cual fue resuelto de manera negativa por el Juez Coordinador Del
Centro De Servicios De Ejecución De Penas Y Medidas De Seguridad
De Medellín Antioquia, Mediante Resolución 035 del veinte (07) de
febrero de dos mil veintiuno (2022).
OCTAVO: Conforme lo ya expuesto, mis vacaciones no han sido
concedidas y no se augura que cambiará esta situación, lo que me
obliga a razonar que no tendré derecho a disfrutar de mi descanso en
muchísimo tiempo, pues como más adelante explicare, cada día habrá
mayor necesidad del servicio, debiendo reconocer el suscrito, que el
Juez Coordinador tiene razón en su apreciación, dado que en
pretéritas y múltiples épocas siempre nos las concedió oportunamente
a los empleados de este Centro de Servicios, por cuanto siempre le
fueron expedidos los correspondientes certificados de disponibilidad
presupuestal para garantizar el reemplazo de quien sale al disfrute de
sus vacaciones. Soy consciente de que si no hay personal que cubra
mi ausencia en el periodo vacacional, el Centro de Servicios
inexorablemente colapsará, pues para nadie es un secreto el cumulo
de procesos que hay represados, y que esta especialidad es la más
congestionada del País.
NOVENO: A la fecha cuento con un periodo de vacaciones
causado aún pendiente por disfrutar, por haber laborado
ininterrumpidamente el 01/11/2019 al 01/11/2020 y del 02/11/2020
al 01/011/2021, razón más que suficiente para que me sean
concedidas el periodo vacacional.
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DECIMO: Como la ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL
ANTIOQUIA, ahora se está amparando en la Circular PSAC11-44 de
Noviembre 23 de 2011, se deberán explicar los alcances de la misma,
en la que los empleados de la Rama judicial del régimen de
vacaciones individuales, como el suscrito, no estamos incluidos, toda
vez que de la lectura de la misma se indica “ El personal titular que
pertenece al régimen de vacaciones colectivas no debe solicitar
asignación de recursos para atender reemplazos por vacaciones…”.
Sumado a la afirmación “Servicios prestados por vacaciones personal
titular se encuentra con restricciones presupuestales para el presente
año”, cuando se cita una circular del año 2011». (sic en toda la cita)
2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
«1. Amparar mi derecho fundamental al trabajo, en condiciones dignas,
a la salud de los servidores judiciales, igualdad, que se viene
vulnerando por parte del Juez Coordinador del Centro de Servicios de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín, Antioquia, el Consejo Seccional de la Judicatura, el Director
Ejecutivo de Administración Judicial y la Dirección Financiera, Seccional
Antioquia, o quien haga sus veces, ordenando que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del fallo, se inicien las acciones
pertinentes en aras de garantizar la provisión de los recursos y se
proceda a expedir el respectivo CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL que garantice el reemplazo por vacaciones, para que
posteriormente, el JUEZ COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS
DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE MEDELLÍN, ANTIOQUIA, proceda a conceder las
vacaciones remuneradas a que por ley tengo derecho y que se
encuentran causadas.
2. Que se ordene al Director Ejecutivo de Administración Judicial y a la
Dirección Financiera, seccional Antioquia, ó quien haga sus veces, que
omita tener como fundamento para la expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal de los empleados, la Circular PSAC11-44 de
noviembre 23 de 2011.
3. Ordenar al Director Ejecutivo de Administración Judicial y a la
Dirección Financiera, seccional Antioquia, ó quien haga sus veces, que
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cada vez que el suscrito empleado del CENTRO DE SERVICIOS DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, solicite las vacaciones, unas vez causadas y
concedidas por el JUEZ COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN,
ANTIOQUIA, y ante petición del mismo, se adelante el trámite
pertinente para que se obtenga el CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, para la persona que me ha de
reemplazar durante el disfrute de mis vacaciones como servidor
judicial. Ello para no incurrir en temeridad, toda vez, que no es posible
que cada vez que solicite las vacaciones me las nieguen y deba acudir
a la acción constitucional por los mismos hechos y derechos». (sic en
toda la cita)
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante considera que con las acciones y omisiones en las
que incurren los accionados se vulneran sus derechos fundamentales
al trabajo, dignidad humana, igualdad y salud.
Señala que el disfrute del período vacacional se encuentra inmerso en
los derechos laborales que le asisten a los trabajadores según lo
contemplado en el estatuto del trabajo, prerrogativas que incluyen las
vacaciones, las cuales no pueden ser desconocidas por cuestiones de
carácter administrativo y económico.
Sostiene que la interpretación que realiza el Consejo Superior de la
Judicatura niega unos derechos fundamentales adquiridos de los
servidores judiciales de rango de empleado, pero le reconoce los
mismos derechos a los servidores de rango de funcionarios, es decir,
los jueces y magistrados de la república, cuando la diferencia entre
uno y otro, se debe entender en cuanto a funciones, jurisdicción y
cargos, que se ve reflejado en responsabilidades, pero no en cuanto a
derechos constitucionales fundamentales referidos a la salud y
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bienestar personal y familiar, pues se trata de una prestación referida
a la persona humana y no al cargo.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto de 10 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al juez coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y al
Consejo Superior de la Judicatura, para que ejercieran su derecho de
defensa.
5. INTERVENCIONES
5.1. El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín, a través de su
director ejecutivo seccional, indicó que la labor realizada por esa
entidad se surtió acorde con la normatividad que regula la materia y
que las respuestas brindadas a la parte accionante están encaminadas
a resolver las peticiones de forma oportuna, clara, completa,
congruente y de fondo.
Precisó que la acción de tutela no puede ser invocada en quid pro quo
frente a otros recursos o instancias judiciales menos aún como una
suerte de justicia alterna o simultánea en la resolución de causas
jurídicas que son susceptibles de un abordaje por otros senderos
judiciales, por lo que en el presente asunto se torna improcedente por
ser un mecanismo de carácter subsidiario.
5.2. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura,
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actuando por conducto de la magistrada Margarita María Becerra
Dawson, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
5.3. La Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, mediante el magistrado Francisco Rafael Arcieri
Saldarriaga, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
5.4. El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, por
medio del juez coordinador, sostuvo que la negativa de conceder las
vacaciones a la parte accionante se sustenta en la necesidad del
servicio dada la excesiva carga laboral que caracteriza la especialidad
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, pues conceder un
periodo vacacional sin contar con el reemplazo generaría una
imposibilidad humana de cumplir con la celeridad y eficiencia que
debe caracterizar la administración de justicia.
Expuso que otorgar periodos de vacaciones a los empleados del
centro de servicios sin contar con una persona que asuma las
obligaciones del saliente, desataría una carga laboral mucho más alta
que la actual, por lo que, si a cada uno de los empleados se le
otorgara el disfrute de su periodo vacacional, la carga de trabajo se
volvería inmanejable. De hecho, otorgar vacaciones sin reemplazos,
significa al mismo tiempo recargarle el trabajo a los que quedan, pues
las tareas que se tienen asignadas a quien pretende disfrutar de sus
vacaciones, necesariamente deben ser asumidas por quienes se
quedan laborando.
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6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad,
mediante sentencia de 21 de febrero de 2022, amparó los derechos
fundamentales del señor Jorge Emiliano Giraldo Álvarez y ordenó
tanto a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín
como al juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín que expidiera el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
respectivo y le informara al accionante la fecha a partir de la cual
empezaría a gozar de sus vacaciones.
El a quo sostuvo que los asuntos de índole administrativa no pueden
afectar el derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que
legalmente les asiste a las actoras, máxime si se tiene en cuenta que
el descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho
al trabajo en condiciones dignas, por lo que el trabajador no tiene por
qué soportar la carga de que las entidades no cuenten con recursos o
no hayan realizado los trámites administrativos para el
correspondiente reemplazo.
7. IMPUGNACIÓN
El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial Medellín – Antioquia, actuando por
conducto de su director ejecutivo seccional, presentó impugnación en
contra de la decisión precitada y solicitó que se rechace por
improcedente por no existir una vulneración de derechos
fundamentales.
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Manifestó que proceder a la expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal para cubrir los gastos por reemplazo del
empleado reviste una complejidad tal que no está en manos de este
ordenador del gasto superarla de manera autónoma, toda vez que los
bienes y recursos que tengo por función administrar, dependen de los
fondos que se sitúen desde la Dirección Ejecutiva del Nivel Central y
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Precisó que la entidad debe tomar medidas de carácter administrativo
que permitan el cabal manejo de los mismos, su correcta aplicación y
utilización, de tal forma que pueda garantizarse el funcionamiento del
servicio público de administración de justicia con el menor
traumatismo posible; las cuales obligan a un manejo y distribución
eficiente de los recursos apropiados, por lo que se hace estrictamente
necesario, entre otros, que quienes pretendan gozar efectivamente de
su derecho legal y constitucional al descanso, presenten con al menos
dos meses de antelación su solicitud de expedición de CDP, tanto para
el pago de vacaciones y primas de vacaciones, como para el remplazo
de quien se ausentará para descansar.
Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la
presente controversia.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
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cuanto señala que «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto»2.
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:
¿El juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia y el
Consejo Superior de la Judicatura, al no expedir el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal y fijar fecha para las vacaciones
del señor Jorge Emiliano Giraldo Álvarez, incurrió en una
vulneración de los derechos fundamentales al trabajo digno,
descanso, salud, familia e igualdad?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se analizará: i) las
generalidades de la acción de tutela y ii) el caso concreto.
3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
3.1. GENERALIDADES DE LA ACCIÓN DE TUTELA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, «toda
2
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
Asimismo, la acción de tutela no procederá entre otros casos, cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante.
Conforme a las normas anteriores, la Corte Constitucional ha señalado
que la acción de tutela obedece al principio de subsidiariedad, cuya
condición no implica que pueda reemplazar los medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho, ni que
pueda revivir oportunidades procesales vencidas como consecuencia
de la inactividad injustificada del interesado, ni tampoco constituye un
último medio judicial para alegar la vulneración o afectación de un
derecho.
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4. CASO CONCRETO
En el presente asunto, se resuelve la impugnación presentada por el
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Medellín – Antioquia, actuando por conducto
de su director ejecutivo seccional, en contra de la sentencia de 21 de
febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
– Sala Segunda de Oralidad, que accedió a las pretensiones de la
acción de tutela interpuesta por el señor Jorge Emiliano Giraldo
Álvarez, a nombre propio, en contra del juez coordinador del Centro
de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Antioquia y del Consejo Superior de la Judicatura.
El accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al
trabajo digno, descanso, salud, familia e igualdad ocurrida con
ocasión de la negativa de la parte accionada en la asignación
presupuestal para el nombramiento de un empleado judicial que lo
remplace durante su periodo de vacaciones, de conformidad con el
cargo que desempeña en el Centro de Servicios Administrativos de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia.
Al respecto, es necesario recordar que el artículo 53 de la Constitución
Política establece la garantía al descanso necesario y mientras una
relación laboral se mantenga vigente, el nominador debe cumplir con
todas las obligaciones propias de la relación legal y reglamentaria, en
ese sentido impedir el derecho al descanso, con fundamento en
restricciones administrativas y en la expedición de un certificado de
disponibilidad presupuestal para proveer el remplazo de quien disfruta
de sus vacaciones, no es una carga que deba soportar el empleado,
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pues este derecho fundamental no puede ser transgredido en atención
a dicho requisito.
Al respecto, es necesario indicar que el accionante desempeña su
labor en el Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Antioquia, por lo que sus atribuciones
deben ser cumplidas de manera permanente, dada la continuidad de
sus funciones, por lo que cuentan con un régimen de vacaciones
individuales que impone que el juez, atendiendo las necesidades del
servicio, establezca la fecha del disfrute del derecho al descanso de
sus colaboradores, facultad legal que debe ejercer sin requisito
adicional alguno, como la solicitud de un certificado de apropiación
presupuestal previo, pues esta situación no está relacionada
directamente con el disfrute individual de las vacaciones.
Por tanto, no es la acción de tutela el mecanismo para impulsar la
apropiación presupuestal para proveer reemplazos en razón de las
vacaciones de los empleados del Centro de Servicios de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y
Antioquia, toda vez que al juez constitucional no le está permitido
inmiscuirse en las decisiones de las autoridades administrativas, en el
caso concreto, las proferidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Lo anterior, teniendo en cuenta que ordenar la expedición de un
certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir las vacantes
provisionales por las vacaciones individuales de los empleados,
tendría como consecuencia una indebida intromisión en el ejercicio de
funciones que son propias de las autoridades en mención y de su
competencia, razón por la cual, no es plausible concederse el amparo
de los derechos alegados, pues no se encuentran vulnerados ni
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ACCIÓN DE TUTELA
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Ac c i o n a n t e : J o r g e E m i l i a n o G i r a l d o
Ál v a r e z
amenazados, toda vez que su eficacia y efectividad no están
sometidos al trámite presupuestal en mención.
Es importante resaltar que los fundamentos expuestos fueron
acogidos por esta Subsección en los procesos de tutela con
radicaciones números 11001-03-15-000-2020-04282-00, 11001-03-
15-000-2020-04490-01 y 11001-03-15-000-2021-00669-01, los
cuales guardan similitud fáctica y jurídica con el caso aquí estudiado,
y que, por ende, son reiterados en esta oportunidad, razón por la cual
se revocará la decisión de 21 de febrero de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad, que
concedió el amparo y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la
demanda.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
PRIMERO.- REVÓCASE la sentencia de 21 de febrero de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda
de Oralidad, que accedió a las pretensiones de la acción de tutela
interpuesta por el señor Jorge Emiliano Giraldo Álvarez, a nombre
propio, en contra del juez coordinador del Centro de Servicios
Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Antioquia y del Consejo Superior de la Judicatura. En su lugar:
www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 05001-23-33-000-2022-00232-01
Ac c i o n a n t e : J o r g e E m i l i a n o G i r a l d o
Ál v a r e z
SEGUNDO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada porel señor Jorge Emiliano Giraldo Álvarez, a
nombre propio, en contra del juez coordinador del Centro de Servicios
Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Antioquia y del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
CUARTO.- REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
QUINTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
www.consejodeestado.gov.co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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