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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00384-01

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00384-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 30 de marzo de 2022 proferida por la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó la solicitud de amparo, la cual quedará establecida en los siguientes términos: 35 Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01 Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez “PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo respecto de los reparos propuestos relacionados con el desconocimiento del debido proceso dentro del procedimiento administrativo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones que fueron propuestas dentro de la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2022-00384-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

5 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez
Demandados: Juzgado Séptimo Penal Municipal de Medellín con Función de
Control de Garantías y Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia

Temas: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance

Procedencia de la acción de tutela para proteger a los sujetos de especial
protección constitucional/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) trabajo, iii) dignidad
humana y iv) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de
tutela de 30 de marzo de 2022 proferida por la Sala Quinta del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

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Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado
Séptimo Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías y el
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, porque, a su juicio, el Juzgado al
nombrar de la lista de elegibles, enviada por el Consejo Seccional, al señor Faruk
Yanine Franco Vásquez en el cargo de Oficial Mayor que él ocupaba en
provisionalidad dentro del Juzgado de la referencia, sin tener en cuenta su calidad
de prepensionado y que se encuentra en condición de debilidad manifiesta por
estar “[…] padeciendo enfermedades de innegable gravedad […]”, vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, laboró para el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Medellín con
Función de Control de Garantías desde el 31 de octubre de 2012 hasta el 8 de
marzo de 2022, en calidad de Oficial Mayor en Provisionalidad.

4. Precisó que, el 24 de enero de 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia remitió al Juzgado Séptimo Penal Municipal de Medellín con
Función de Control de Garantías el Acuerdo CSJANTA22-13 de 7 de enero de
2022, “Por medio del cual se conforma lista de candidatos para proveer cargos de
Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado Municipal grado nominado (Código
260126) en la Rama Judicial Seccional Antioquia – Convocatoria 4”.

5. Advirtió que, conforme el listado mencionado supra, el Juzgado de la
referencia expidió la Resolución núm. 006 de 3 de febrero de 2022, mediante la
cual nombró en propiedad en el cargo de Oficial Mayor al señor Faruk Yanine
Franco Vásquez, acto notificado el 12 de febrero de 2022 y el cual le fue
comunicado en la misma fecha.

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Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

6. Expuso que, inconforme con dicha Resolución, el 13 de febrero de 2022,
presentó recursos de reposición y apelación, los cuales fueron rechazados el 14
de febrero de 2022, en la medida en que el Juzgado consideró que “[…] dando
cumplimiento con las reglas del concurso de méritos que, para proveer cargos en
propiedad al interior de la Rama Judicial está establecida en la Ley 270 de 1996,
Ley Estatutaria de la Administración de justicia, se designó al señor FARUK
YANINE FRANCO VÁSQUEZ, por haber ocupado el primer lugar para
desempeñar el cargo de oficial de la lista enviada por el Consejo Seccional de la
Judicatura en el mes de enero del corriente año. Normatividad que no contempla
la interposición de recurso alguno; significando de igual manera, que esa
posibilidad tampoco está prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo […]”.

7. Adujo que, el 14 de febrero de 2022, solicitó la revocatoria directa del acto
administrativo, la cual también fue resuelta por el Juzgado de manera negativa a
sus intereses, tras advertir que:

“[…] Ahora comenzando con la primera pretensión debe precisársele al señor
Echeverri Vélez que en atención a la solicitud de revocatoria directa, la misma no
es procedente, al no ser esta la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Frente a la segunda, esto es, a la inquietud que desea se le despeje de los efectos
jurídicos de la tantas veces referida resolución Nro. 006, lo invito para que lea la ley
270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, de la cual
rápidamente se extrae que la desvinculación de la persona que ocupa un cargo
vacante en provisionalidad, opera a partir de la fecha inclusive en que se posesiona
la persona nombrada y no a partir de la fecha en que se nombra, razón por la cual
se le requiere al señor Echeverri Vélez, para que cumpla sus obligaciones
laborales […]”.

8. Manifestó que, el 9 de marzo de 2022, el señor Faruk Yanine Franco
Vásquez tomó posesión en el cargo de Oficial Mayor.

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. El actor solicitó en su escrito de tutela:

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Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

“[…] De manera respetuosa, solicito a los Respetables señores Magistrados que
conozcan de esta demanda de tutela, que protejan mis derechos fundamentales: a
la DOBLE PROTECCION (sic) LABORAL REFORZADA que hoy me cobija de un
lado porque estoy próximo a pensionarme (DERECHO DE LOS PREPENSIONADO
(sic)), y de otro, que estoy padeciendo enfermedades de innegable gravedad,
especialmente respecto de la Columna Vertebral (DERECHO A LA ESTABILIDAD
REFORZADA, POR GRAVE ENFERMEDAD QUE ME DEJA EN CONDICIONES
DE DEBILIDAD MANIFIESTA); los derechos al MINIMO (sic) VITAL, LA
SEGURIDAD SOCIAL, LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, Y CONEXOS).
Igualmente se proteja el DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO.

Que en consecuencia, 1).- se DECLARE que la RESOLUCION (sic) 006 DEL 3 DE
FEBRERO DEL 2022, mediante la cual se nombra OFICIAL MAYOR en propiedad
del JUZGADO SEPTIMO (sic) PENAL MUNICIPAL CON FUNCION (sic) DE
CONTROL DE GARANTIAS (sic) DE MEDELLIN (sic), cuya titular es la doctora
CONSUELO CERVERA CERVERA, viola mis derechos fundamentales, ya
invocados, y que por lo tanto sea REVOCADA la misma. 2).- Se le ordene a la Dra.
CERVERA CERVERA reintegrarme inmediatamente al CARGO DE OFICIAL
MAYOR EN PROVISIONALIDAD, cargo que deberá respetarse hasta tanto logre
los requisitos para pensionarme y extenderse hasta el momento en que el
Honorable Tribunal Superior de Medellín resuelva en segunda instancia la demanda
de NULIDAD DEL TRASLADO A PORVERNIR, y por ende COLPENSIONES entre
a responder por pensión de vejez. 3).- Se analice el tema de la indemnización por
cuanto que no se tuvo en cuenta al MINISTERIO DE TRABAJO.4).- Se Advierta a la
señora Juez demandada que en virtud de lo ordenado en el fallo de tutela no podrá
incurrir en conductas retaliatorias en contra del demandante. 5).- Se le ORDENE a
la demandada que inmediatamente sea notificada del fallo respectivo, notifique al
Departamento de Asuntos Laborales, mi reintegro el cual deberá surtir efectos
desde el JUEVES 10 DE MARZO, y que por ello mi relación laboral con la Rama
Judicial se entiende queda de manera ininterrumpida desde el 31 de octubre de
2012 hasta el momento en que yo logre materializar mi pensión de vejez […]”.

10. Como fundamento de su solicitud expuso lo siguiente:

“[…] Actualmente tengo 61 años cumplidos; los 62 años de edad los cumplo el
próximo 29 de junio del 2022.

TERCERO: El 30 de junio de 2019 entre al grupo de PREPENSIONADOS. A
principios del mes de julio la Doctora CONSUELO CERVERA CERVERA me pidió
que llevara fotocopia de la cédula de ciudadanía ante el CONSEJO SECCIONAL DE
LA JUDICATURA, precisamente porque era consciente que a partir de dicha fecha
me cobijaba tal derecho, el cual la Corte Constitucional ha determinado se convirtió
en un DERECHO FUNDAMENTAL para dicho grupo, con miras a la protección de
los derechos fundamentales que hoy invoco.

CUARTO: Desde años atrás vengo sufriendo enfermedades de importante
relevancia, que en los últimos meses se han agudizado, especialmente problemas
de columna vertebral considerados de INDOLE (sic) INCAPACITANTE. Como
claramente podrán observar en el historial clínico que aporto, no solo padezco esa
patología (COLAPSO VERTEBRAL PARCIAL A NIVEL L1, DISMINUCION (sic) DE
ESPACIO ARTICULAR INTERVERTEBRAL L1-2, L4-5, CON ASPECTO DE
DISCOPATIA, ESCLEROSIS INTERFACETARIA POSTERIOR L4-5L5- S1), hoy al
parecer produce LUMBRIA AGUDA CON CIATICA, y otras patologías asociadas
[…]”.

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Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

[…]

“[…] Debo aclarar que a pesar de tantas dolencias, venía laborando con regularidad,
con incapacidades esporádicas, esto es, cuando el problema se agudizaba y me
impedía de una u otra forma la marcha […]”.

[…]

“[…] SEPTIMO (sic): Precisamente por tales acontecimientos dialogue con mi jefa
doctora CONSUELO CERVERA CERVERA, a quien le informe que había
conversado con el Doctor ARCIERI, para ese entonces Presidente del Consejo
Seccional de la Judicatura, y a quien entere de mi situación en el JUZGADO
SEPTIMO (sic) PENAL MUNICIPAL, en esas conversaciones quedó claro que: 1)- El
Juez nominador era autónomo para nombrar de las listas enviadas para el cargo en
propiedad. 2).- Que de todas maneras la señora Juez, en mi caso en concreto, podía
apartarse de elegir de dichos listados, pero MOTIVANDO las razones por las cuales
tomaba esa decisión, de lo cual debería enviar acto administrativo a esa instancia
para anunciarlo en los listados correspondientes. 3).- Tome (sic) la decisión en
escrito amplio de poner en contexto de mi situación al CONSEJO SECCIONAL DE
LA JUDICATURA, enviando misiva rotulada a nombre del Dr. ARCIERI, para que
fuera tenida en cuenta, entre otras cosas porque el respetable Magistrado me indicó
que ese era el procedimiento. 4).- La doctora CERVERA CERVERA me anunció que
en el evento de que tales listados llegaran a su Despacho, independientemente de
mi especial situación de DOBLE PROTECCION (sic) LABORAL REFORZADA, por
temor a ser investigada disciplinariamente, acogería a quienes figuraban en el listado
[…]”.

[…] Respetados señores Magistrados, como se quiera que en los escritos de
REPOSICION (sic) Y APELACION (sic), REVOCATORIA DIRECTA, SOLICITUD DE
DAR CUMPLIMIENTO A LAS CIRCULARES PLURICITADAS, EL ENVIADO AL
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, y demás pruebas que aportaré a esta
demanda, hago un amplio recorrido por todas las incidencias que giran en turno (sic)
a la RESOLUCION (sic) 006 DEL 3 DE FEBRERO, estimo que no se hace necesario
brindarles más argumentos sobre las razones por las cuales considero que la señora
Juez Séptima Penal Municipal, con Función de Control de Garantías viene violando
mis derechos fundamentales de la DOBLE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
[…]”.

[…]

“[…] DECIMOSEXTO (sic): Debido a las desventajas que tenemos en los fondos
privados de pensiones, demandé la NULIDAD DEL TRASLADO A PORVENIR, la
cual le correspondió al JUZGADO 20 LABORAL DE MEDELLIN (sic), RDO.
050013105020201900335-00, Despacho que el pasado viernes 4 de marzo profirió
fallo favorable autorizando el traslado a COLPENSIONES. En estos momentos no
tengo a mi alcance acta correspondiente, pues estoy a la espera que la abogada me
le remita. Por tales circunstancias no se sabe en definitiva si COLPENSIONES
quedará con la obligación de pensionarme, situación que también viene a hacer más
gravosa mi situación laboral, mi situación económica, etc., pues el fallo obviamente
fue apelado quedado a la Espera que el Honorable Tribunal Superior de Medellín, en
su Sala Laboral decida la segunda instancia […]”.

[…]

“[…] Sentencia T.- 317-2017, Corte Constitucional.

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Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

La protección constitucional del derecho a la estabilidad laboral reforzada en
personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales […]”.

[…]

“[…] VIOLACION (sic) DIRECTA, CLARA, INDISCUTIBLE AL DEBIDO PROCESO
CONTEMPLADO EN EL ART. 29 DE LA CARTA MAGNA, FRENTE A LA
NEGATIVA DE CONCEDER ANTE EL SUPERIOR JERARQUICO (sic) EL
RECURSO DE APELACION (sic) INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCION (sic)
006 DEL 3 DE FEBRERO. IGUALMENTE POR LA OMISION (sic) DE REMITIR LAS
DILIGENCIAS RELACIONADAS CON LA SOLICITUD DE REVOCATORIA
DIRECTA ANTE EL SUPERIOR JERARQUICO (sic), QUE TAMBIEN (sic) NEGO
(sic) ARBITRARIAMENTE.

1.4.-VIOLACION (sic) AL MINIMO (sic) VITAL YA QUE ME DEJA SIN TRABAJO
SIENDO YO LA PERSONA QUE PAGO ARRIENDO POR LA SUMA DE $1.700.000
(APORTO PRUEBA), Y QUE IMPIDE ADEMÁS SUFRAGAR LAS DEMAS (sic)
NECESIDADES BASICAS (sic), Y OTRAS OBLIGACIONES QUE TENGO CON
BANCOS.

1.5.-VIOLACION A LA SEGURIDAD SOCIAL, PORQUE PRONTO ME QUEDO SIN
SERVICIOS DE SALUD, MÁXIME QUE TENGO TRATAMIENTOS ACTUALMENTE,
CON CITAS PARA NEUROLOGIA, TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS (sic),
CON UNA RESONANCIA MAGNETICA (sic) PENDIENTE, UNA
ELECTROMIOGRAFIA (sic) PENDIENTE, Y OTROS TRATAMIENTOS POR
PROBLEMAS DE COLUMNA LUMBAR (ANEXO PRUEBA) […]”.

Actuación

11. El Despacho sustanciador de la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante auto de 14 de marzo de 2022; i) admitió la acción de tutela;
ii) ordenó notificar al Juzgado Séptimo Penal Municipal de Medellín con Función
de Control de Garantías y al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia; iii)
vinculó al señor Faruk Yanine Franco Vásquez, en calidad de tercero con interés
legítimo, concediéndole el término de dos (2) días para que rindiera informe sobre el
particular; y iv) ofició a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A., para que dentro del término de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes al recibo de la notificación de dicha providencia allegara la
historia laboral del actor, en la que se especificara las semanas cotizadas.

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Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

Intervención de la parte demandada y del tercero con interés legítimo

12. El Juzgado Séptimo Penal Municipal de Medellín con Función de
Control de Garantías solicitó “[…] DENEGAR el amparo deprecado, por
considerar que este mecanismo excepcional es IMPROCEDENTE […]”.

12.1. Señaló que:

“[…] Dentro de los anexos enviados por el accionante Aurelio Alonso Ecehverri
Vélez, en su libelo genitor, no anexo (sic) escrito dirigido al Despacho con
antelación al veinticinco (25) de enero del año que transcurre, como tampoco con
posterioridad a esa data, solicitando se declarara en su favor la figura jurídica de la
estabilidad laboral reforzada. Solo vino a referirse a ella, cuando se le comunicó la
Resolución atacada y no dentro de los diez días con los que contaba la Oficina
hacer pronunciamiento respecto al nombramiento en propiedad del cargo de oficial
mayor, que dio a conocer el Consejo Seccional de la Judicatura, se itera, el 25 de
enero del hogaño en las horas de la mañana […]”.

[…]

“[…] En ese orden de ideas, en sentir de esta Judicatura es que, a lo que aspira el
accionante tiene su juez natural y desde ninguna arista es del resorte del Juez
Constitucional resolverlo y desplazar al verdaderamente competente. Claro está
que, en ocasiones excepcionales, saldría avante esta intervención siempre que
ante la ausencia de los mecanismos ordinarios o cuando éstos no resulten eficaces
e idóneos o para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, se permita
acudir en forma directa a la acción constitucional, ello de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 8° del Decreto 2591 de 1991, con la única finalidad de neutralizar la
afectación de garantías constitucionales.

Pero debe puntualizarse que, de igual manera, las personas que desempeñan un
cargo en provisionalidad tienen una estabilidad laboral relativa, tal como lo ha
decantado nuestra Corte Constitucional. Repárese al efecto lo precisado en la
sentencia T-096 de 2018 […]”.

[…]

“[…] Se precisa, además, que otro evento en el cual podría salir avante la acción
constitucional sería la falta de fundamentación de la resolución a través de la cual
se estableció el nombramiento en propiedad de un funcionario de carrera y la
consecuente desvinculación del que ostentaba el cargo en provisionalidad. Sin
embargo, en la Resolución Nro. 006 del 03-02-2022 se dejó debidamente
fundamentada la razón por la cual se obraba de esa manera y que está por demás
respaldada en factores objetivos, como lo es que, el cargo que el actor
desempeñaba en provisionalidad, sería ocupado en propiedad por un ciudadano
que superó todas las etapas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura
para ocupar un cargo en propiedad en la Administración de Justicia […] En ese
orden de ideas, la jurisdicción Contencioso Administrativa es el camino para que el
señor Aurelio Alonso Echeverri Vélez presente su inconformidad a través de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, si a bien lo tiene […]”.

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Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

[…]

“[…] De ahí, que la desvinculación solo opera para aquellos servidores que se
encuentran en provisionalidad por una causal objetiva o porque el cargo va hacer
(sic) ocupado por una persona que culminó un concurso de méritos, como ocurre
en el presente asunto, el señor FARUK YANINE FRANCO VÁSQUEZ, hace parte
de la carrera y tenía todo el derecho a ser designado en propiedad en el cargo de
oficial mayor, no está ocurriendo en razón de su estado de salud, sino por concurrir
una causal legal.

12.2. Igualmente, precisó que:

“[…] Como ya se recalcó, para el momento actual el demandante AURELIO
ALONSO ECHEVERRI VÉLEZ, pertenece a un fondo privado, en el que no se
exige el cumplimiento de la edad de los 62 años para lograr su pensión. Además,
se reitera, su esposa e hija laboran, con lo cual no se vería afectado en su mínimo
vital, como tampoco en la prestación del servicio de salud.

De igual manera, por ninguna parte el demandante acreditó la EXISTENCIA DE UN
PERJUICIO IRREMEDIABLE, como elemento fundamental para que no se violente
el principio de la RESIDUALIDAD y LA SUBSIDIARIDAD de la acción de tutela, es
decir, que ni como mecanismo transitorio podría admitirse […]”.

13. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia solicitó negar la
acción de tutela, al considerar que:

“[…] No figura comunicación alguna presentada ni por la titular del citado despacho
ni por el empleado en relación con la situación particular a la cual hace alusión en
su acción constitucional, misma que correspondía conocer y pronunciarse si así lo
consideraba, a su nominador, pues no le es dable a este Consejo Seccional emitir
un pronunciamiento al respecto, Corporación que atendiendo las competencias que
Legal y Reglamentariamente le han sido asignadas, se limita dentro de otras
funciones a la remisión de listas a las autoridades nominadoras.

Y es que aun habiéndose conocido de manera previa la eventualidad que
presentaba el señor Aurelio Alonso Echeverri Vélez, la única labor a cumplirse por
parte de esta Corporación correspondía a colocar un asterisco a la vacante de
Oficial Mayor o Sustanciador de dicho despacho judicial, con la respectiva
anotación, no para dejar de publicarla o para publicarla como no disponible, puesto
que se reitera, este Consejo Seccional tiene la función de ofertar las vacantes
disponibles de cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros
de servicios existentes en los distritos judiciales de Antioquia y Medellín y distrito
administrativo de Antioquia, y las notas que se efectúan respecto del
reconocimiento de una estabilidad laboral reforzada reconocida por el nominador a
un servidor que ocupe el cargo en provisionalidad y que pueda encontrarse en
estado de vulnerabilidad, tienen el propósito por transparencia de enterar, tanto a
los integrantes del Registro de Elegibles como a los servidores en carrera que
quieran hacer uso de su derecho de trasladarse conforme lo dispone el artículo 134
de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 emanado por el
Consejo Superior de la Judicatura, que existe una situación administrativa especial
en el cargo y sede que aspiran […]”.

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Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

[…]

“[…] Es claro que este Consejo Seccional de la Judicatura no ha vulnerado ningún
derecho fundamental del accionante, dado que esta Corporación no ha intervenido
ni ha emitido acto administrativo o actuación alguna frente al nombramiento y/o
desvinculación del Señor Aurelio Alonso Echeverri Vélez.

 El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, no es nominador de los
empleados de los Despachos Judiciales por lo tanto carece de competencias
legales frente a las gestiones administrativas relacionadas con estos, siendo el
nominador el Juez titular de cada Despacho Judicial […]”.

14. El señor Faruk Yanine Franco Vásquez manifestó lo siguiente:

“[…] De manera comedida informo que el pasado 9 de marzo del año en curso
tome (sic) propiedad en el cargo de oficial mayor municipal en el Juzgado 7 PMG
de Medellín, debido a que gane (sic) la convocatoria del cuarto concurso realizada
en el mes de febrero de 2017, en dicho concurso quede (sic) de 69 entre 130
concursantes que ganaron las pruebas, en el mes de diciembre del 2021 opte (sic)
por dos juzgados , como lo permite la ley, los cuales fueron el JUZGADO 07 PMG
Y EL JUZGADO 22 PMG de la ciudad de Medellín, elegí estos juzgados porque los
cargos de oficial mayor figuraban vacantes y sin ninguna limitación o asterisco (*)
como suele ocurrir cuando la persona que se encuentra en provisionalidad en un
CARGO VACANTE tiene alguna protección constitucional o legal.

Luego de ser notificado del contenido de la resolución por parte de ambos
despachos mencionados anteriormente elegí el JUZGADO SEPTIMO (sic) DE
GARANTIAS (sic) quien me notifico (sic) el 12 de febrero del año en curso y debido
a que yo me encontraba laborando en el CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES
(SAP) como ESCRIBIENTE MUNICIPAL, cargo que gane (sic) en la tercera
convocatoria, realizada en el año 2014, (CARGO AL QUE RENUNCIE EL 8 DE
MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA TOMAR PROPEIDAD (sic) EL DIA (sic) 9
DE MARZO AL CARGO DE OFICIAL MAYOR MUNCIPAL (sic) EN EL JUZGADO
SEPTIMO (sic) PMG) me tome (sic) gran parte de los términos para poder
familiarizarme con el despacho durante ese tiempo y lograr realizar un empalme
con la señora juez, el señor secretario y la persona que venía desempeñando el
cargo para el cual opte, motivo por el cual acepte (sic) el 21 de febrero, aceptación
que fue enviada al correo institucional y el VIERNES 4 DE MARZO INFORME AL
MISMO CORREO QUE ME POSESIONARIA (sic) EL DIA (sic) MIERCOLES (sic) 9
DE MARZO […]”.

15. La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A. allegó la historia laboral consolidada del señor Aurelio Alonso
Echeverri Vélez, en la cual se advierte que cuenta con 1629 semanas cotizadas:

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Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

La sentencia impugnada

16. Mediante sentencia de 30 de marzo de 2022, la Sala Quinta del Tribunal
Administrativo de Antioquia, resolvió:

“[…] PRIMERO. NEGAR LA ACCIÓN DE TUTELA promovida por el señor Aurelio
Alonso Echeverri Vélez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión […]”.

16.1. Como fundamento de su decisión expresó que:

“[…] De acuerdo con lo anterior y con el fin de determinar si le asiste o no razón al
accionante, cuando afirma que tiene la calidad de prepensionado, se requirió a la
AFP PORVENIR, para que remitiera la historia laboral consolidada del señor
Aurelio Alonso Echeverri Vélez.

En respuesta, la AFP allegó el historial laboral consolidado, en el cual se detalla la
siguiente información […]”.

[…]

“[…] De acuerdo con la normatividad vigente, quien se encuentre afiliado en el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), bajo el que operan las
Administradoras Privadas de Fondos de Pensión (AFP), como Porvenir, en
principio, no requiere de un mínimo de semanas para pensionarse, pues la pensión
depende únicamente del ahorro y de los rendimientos obtenidos a través del
tiempo.

Si por alguna razón no alcanza el capital requerido, el afiliado cuenta con la
posibilidad de disfrutar de la garantía de pensión mínima, siempre que, (i) en el
caso de los hombres, cumplan 62 años y coticen un mínimo de 1.150 semanas y

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Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

(ii) se demuestre que las pensiones, rentas y remuneraciones que perciba el
eventual peticionario, no sean superiores a la suma que recibiría por concepto de la
referida garantía, cuyo monto equivaldrá al salario mínimo legal mensual vigente.

En el asunto objeto de estudio, se advierte que el señor Aurelio Alonso Echeverri
Vélez, ya superó las semanas exigidas para beneficiarse de la garantía de pensión
mínima, pues, la AFP Porvenir certificó que cuenta con 1.629 semanas. En caso
que estuviera afiliado en el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por
Colpensiones, ya superó las 1.300 semanas requeridas y solo se encuentra a la
espera de cumplir los 62 años de edad, el próximo 29 de junio del 2022.

Ahora bien, para determinar si un trabajador tiene la calidad de prepensionado la
Corte Constitucional abordó de manera directa el tema, con el fin de determinar si,
puede considerarse que una persona es beneficiaria del fuero de estabilidad
laboral reforzada de prepensionable, cuando el único requisito faltante para
acceder a la pensión de vejez es la edad y acreditó el cumplimiento del número
mínimo de semanas de cotización.

Sobre el particular, consideró que, una persona no podrá ser beneficiaria del fuero
mencionado dado que (i) el requisito de la edad podrá cumplirlo de manera
posterior, con o sin vinculación laboral vigente y, en consecuencia, (ii) el
empleador, con el despido, no está frustrando el acceso a la prestación de vejez.

Esta interpretación se fundó en que “la “prepensión” protege la expectativa del
trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su posible frustración como
consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo. Por tanto, ampara la
estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones.

Siendo ello así y teniendo en cuenta que el único requisito faltante al señor Aurelio
Alonso Echeverri Vélez para acceder a la pensión de vejez es el de la edad, pues
se encuentra acreditado el cumplimiento del número mínimo de semanas de
cotización (tiene 1.629 semanas), no se frustra el acceso a la pensión de vejez, de
allí que, no hay lugar a considerar que sea beneficiario del fuero de estabilidad
laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltante, relativo a la
edad, puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral
vigente.

En cuanto al estado de salud, como factor para gozar de estabilidad laboral
reforzada, se advierte que, tal y como lo afirmó en su escrito de tutela, laboró con
regularidad, con incapacidades esporádicas cuando su problema de salud se
agudizaba y le impedía de una y otra forma caminar; permitiendo inferir, que su
salud no se debe a enfermedades graves o que le hayan generado una
incapacidad permanente en el tiempo.

En consecuencia y de conformidad con los argumentos expuestos, en el presenta
(sic) caso, no se acreditó que el accionante goce de estabilidad laboral reforzada,
como tampoco se acreditó la condición de prepensionable, en primer lugar, porque
estaba ocupando un cargo en provisionalidad, el cual fue ocupado porque quien
participó y ganó el concurso de méritos y, en segundo lugar, porque no acreditó el
riesgo de frustración de su derecho pensional al comprobarse que ha cotizado el
mínimo de semanas necesarias para acceder a su pensión de vejez, y únicamente
le resta el requisito de edad […]”.

12

Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

La impugnación

17. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sala Quinta del Tribunal
Administrativo de Antioquia al considerar que:

“[…] Debo aclarar, que en ningún momento he pretendido desconocer los derechos
legales que le asisten al respetable Abogado que fue nombrado en PROPIEDAD,
pues al fin y al cabo él ganó el concurso para ocupar cualquiera de las plazas que
existían en los JUZGADOS PENALES MUNICIPALES DE MEDELLIN (sic), que
venían siendo ocupados en provisionalidad, como ocurre en mi caso en concreto.
Lo que yo con vehemencia vengo atacando, es que la demandada Dra. CERVERA
CERVERA, en un acto de lealtad, de verdadera Juez Constitucional, sabiendo que
yo estaba próximo a cumplir los 62 años de edad, y en virtud de los problemas de
salud que he venido padeciendo, debió reconocerme la ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA y por ende debió dictar una Resolución en tal sentido,
remitiéndola al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, para que tomaran
cartas en el asunto y no lo hizo […]”.

[…]
“[…] 3.5.- En el fallo de tutela impugnado, creo yo dictado a toda velocidad, con
pobres argumentos respecto de cada uno de los ataques jurídicos que realice en
contra de las negativas de la Juez demandada en analizar con mejores
argumentos, OMITE a todo dar analizar si realmente el acto Administrativo era o no
perjudicial para mí, si realmente era notificarle o no, el por qué compartía la tesis
de la Juez accionada, en lo relativo a que por activa solo podía pronunciarse al
nombrado y no yo; si se presentó o no violación al debido proceso
administrativo, etc. […]”.

[…]

“[…] No es mi afán, de ninguna manera, ser irrespetuoso con la decisión
impugnada, pero me veo compelido a manifestar que tanto en las decisiones de la
Dra. CERVERA CERVERA, como en el fallo impugnado, existe cierto pereza
argumentativa, y que existe falta de MOTIVIACION (sic), en la medida que
UNICAMENTE (sic) se abordó lo atinente a los PREPENSIONADOS, amparada la
ilustre Magistrada en algunos apartes de Sentencias de la Corte Constitucional,
para afirmar que como SOLO (sic) ME FALTABAN ESCASOS TRES MESES
PARA PENSIONARME, QUE ADEMÁS CONTABA CON 1.636 SEMANAS
COTIZADAS, pues entonces estaba llamado a esperar que PORVENIR me
pensionara o en su defecto COLPENSIONES, sin profundizar en la más mínimo en
temas como el mínimo vital, la vida en condiciones dignas, y demás derechos
alegados, desconociendo por ejemplo: Que a anuncie con toda claridad en la
demanda, que en estos momentos existe INSERTIDUMBRE (sic) en cuanto
cual (sic)será la entidad OBLIGADA A PENSIONARME porque demandé la
NULIDAD DEL TRASLADO A PORVENIR, demanda que gane el 5 de marzo 2022
en primera instancia, pero que lógicamente fue apelada, y por lo tanto a la espera
que el Honorable Tribunal Superior de Medellín, en Sala Laboral defina el litigio en
Segunda Instancia. Total, que no me puede pensionar PORVENIR por más
semanas cotizadas que tenga acreditadas (más de 1.150 y un capital que hoy solo
me asegura una vida miserable frente a la pírrica pensión de vejez que me ofrecen,
lo cual motivo (sic) la demanda laboral), y menos COLPENSIONES, así tenga más
de 1300 semanas cotizadas, precisamente porque ese derecho no sabemos quién
deberá reconocérmelo.

13

Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

En este punto de la discusión, califico como desafortunada la tesis de la respetable
Magistrada que dicto (sic) el fallo de primera instancia porque: Las necesidades
básicas de una persona, como en mi caso, no se pueden medir de manera tan
simple, por decirlo de alguna manera, insinuándose que tres meses, que más bien
pueden ser OCHO O DOCE MESES dependiendo del tiempo que el Tribunal
Superior de Medellín se toma para decidir la segunda instancia de la nulidad del
traslado, no son nada para la sobrevivencia de una persona; cuando se trabaja, la
razón natural lo enseña, es porque se necesita de un salario para poder vivir
dignamente […]”.

[…]

“[…] Se alegó por parte de la demandada Dra. CERVERA CERVERA, al igual que
la respetable Magistrada que fallo (sic) la tutela, que no se acreditó que yo
hubiese solicitado el reconocimiento de la ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA. En tal sentido a ninguna de las dos le asiste la razón, como
tampoco al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA […]”.

[…]

“[…] Ignoró tanto la Juez demandada, como la Magistrada que emitió el fallo, que,
por recomendaciones de la ARL, tal como la afirme (sic) en la demanda de tutela,
la Administración Judicial me CAMBIO (sic) LA SILLA, ME ENTREGARON
DESCANZAPIES, Y ME ENTREGARON UN APARATO PARA ESTABILIZAR EL
COMPUTADOR de acuerdo a mis necesidades de salud; esos elementos AHÍ
ESTAN EN LA OFICINA, deben figurar en el inventario […]”.

[…]

“[…] 1.1.- Omite la respetable Magistrada Dra. SUSANA NELLY ACOSTA, hacer
un análisis serio, ponderado, ajustado a la realidad alegada y a la prueba aportada,
sobre si el acto atacado, RESOLUCION (sic) 006 DEL 3 DE FEBRERO DE 2022,
era notificable o no; si sobre la misma, cabían o no los recursos de
reposición y apelación.

1.2.- Se omitió en el fallo recurrido, si le asistía o no la razón a la juez
accionada, cuando afirma que el único legitimado para atacar dicho acto
administrativo, lo era el beneficiado con el mismo, y no quien se perjudicaba
frente a ese nombramiento, sin que se discuta que era legal, más no ajustado al
derecho constitucional porque violaba mis derechos fundamentales; no se motivó el
fallo en ese sentido.

1.3.- Se omitió por parte de la respetable Magistrada Dra. SUSANA NELLY
ACOSTA, hacer un análisis sobre la procedencia o no de la revocatoria
directa solicitada a la Juez demandada […]”.

[…]

“[…] 1.4.- Se omite en el fallo, un pronunciamiento sobre la legitimación por
activa o por pasiva para recurrir el mencionado acto administrativo, ya que se
alegó por la Dra. CERVERA CERVERA que yo no estaba legitimado, mientras que
yo discutí lo contrario.

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Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

Es decir, que, sobre la violación al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO,
regulado por la Carta Magna en su Art. 29, NO SE DIJO NADA EN LO
ABSOLUTO en el fallo de tutela de primera instancia […]”. (Resaltado por la Sala)

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

20. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, y de
ser así, ii) establecer si el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Medellín con
Función de Control de Garantías y el Consejo Seccional de la Judicatura de

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
3
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

15

Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

Antioquia vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, con
ocasión del nombramiento que se realizó con fundamento en la lista de elegibles,
enviada por el Consejo Seccional, del señor Faruk Yanine Franco Vásquez en el
cargo de Oficial Mayor, cargo que ocupaba el actor y respecto del cual, a su juicio,
se omitió la protección constitucional de la estabilidad laboral reforzada al no
tenerse en cuenta su calidad de prepensionado y que se encuentra en condición
de debilidad manifiesta por estar “[…] padeciendo enfermedades de innegable
gravedad […]”.

21. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos
administrativos; ii) el sistema de carrera administrativa y la protección
constitucional a ciertos servidores en provisionalidad (estabilidad laboral
reforzada); iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso, iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo, v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
dignidad humana; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental
al mínimo vital; vii) análisis del caso concreto, y finalmente viii) las conclusiones de
la Sala.

Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos
administrativos

22. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991,
relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla
general, para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto,
toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para
desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho; y, excepcionalmente, el medio de control de nulidad.

23. En ese sentido, la jurisprudencia5 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:

5
Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 15 de diciembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

16

Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

“[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal
para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados
con ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido particular y
concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción
contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer uso
de dos mecanismos de defensa.

De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se
puede interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, según el
artículo 152, numeral 2° del mismo código, en caso de que sea manifiesta la
infracción de una de las disposiciones invocadas, también se puede solicitar la
suspensión provisional del acto administrativo demandado.

De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone que
toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos
cuando quebranten las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos
por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o
corporación que los profirió […]”.

[…]

“[…] Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime vulnerados sus
derechos por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la nulidad y
restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza
dentro del término legalmente establecido para ello, pedir la nulidad simple del
acto, caso en el cual la pretensión debe ser exclusivamente el control de legalidad
en abstracto de dicho acto. […]”.

24. Sin embargo, también la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos
administrativos, siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de
derechos fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio
irremediable; con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En
ese sentido, en sentencia T-514 de 20036, la Corte Constitucional determinó:

“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que
procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de
un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela
podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591
de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de
1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. […]”. (Resaltado por la Sala).

6
Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

17

Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

25. Además, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta una
vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción de
tutela puede incluso proceder, excepcionalmente como mecanismo definitivo.
Sobre este punto, en Sentencia T-912 de 20067, señaló:

“[…] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos
casos, cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se
observa la existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela
procederá no sólo como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente
podrá concederse de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de
2003, se señaló sobre este punto lo siguiente:

(…), si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión
correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos, el
afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En
estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las
circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable,
debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de
tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma
definitiva.
Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó lo
siguiente:

‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud
arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de
derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que
se ha denominado como ‘vía de hecho […]”. (Resaltado por la Sala).

26. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta
improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que
esté en juego la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de
manera transitoria. Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho
administrativa y un perjuicio irremediable, el juez de tutela podría conceder la
protección definitiva mediante la acción constitucional.

7
Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 3 de noviembre de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

18

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Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

El sistema de carrera administrativa y la protección constitucional a ciertos
servidores en provisionalidad (estabilidad laboral reforzada)

27. El artículo 125 de la Constitución Política de 1991 estableció como criterio
para la provisión de cargos públicos el mérito, lo que implica que el Estado tenga
a su disposición servidores cuyo conocimiento y experiencia logren garantizar de
la mejor manera resultados óptimos. Además, el mismo precepto constitucional
establece que el mecanismo idóneo para hacer efectivo el mérito es el concurso
público.

28. Frente al tema, la Corte Constitucional en sentencia C-046 de 20188 indicó
que:

“[…] La carrera administrativa es un principio reconocido en la Constitución de
1991 compuesto por tres elementos esenciales; (i) el mérito, (ii) el concurso de
méritos; y (iii) la garantía de igualdad de oportunidades. Tales elementos tienen
como objetivo dar plena vigencia a la eficacia y eficiencia de la función pública; y
como consecuencia generan derechos, entre los cuales está la estabilidad en el
empleo. En esa medida, los mencionados elementos se encuentran
interrelacionados con las protecciones consagradas en los artículos 1°, 2°, 13, 40,
53 y 209 de la Constitución […]”.

29. Ahora bien, la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
establecido que los servidores en provisionalidad gozan de una estabilidad
relativa, toda vez que solo pueden ser desvinculados para proveer el cargo que
ocupan con una persona que se encuentra en el régimen de carrera. En ese
orden de ideas, su desvinculación del cargo como consecuencia de que este
debe ser provisto por aquel funcionario que ganó el concurso, no implica la
afectación de sus derechos fundamentales, pues la estabilidad relativa que se le
ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad de vinculación
laboral, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un
concurso público de méritos.

30. Sin embargo, pese a la anterior regla, se ha reconocido que se deben
adoptar medidas afirmativas a favor de los sujetos de especial protección
constitucional, lo cual implica que su desvinculación del cargo en provisionalidad
que venían desempeñando no puede operar con la misma rigurosidad de los

8
Corte Constitucional, Sentencia C-046 de 23 de mayo de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

19

Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
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demás funcionarios públicos de una entidad. Frente al tema la Corte
Constitucional en la sentencia T-326 de 3 de junio de 20149, indicó que:

“[…] los funcionarios públicos que desempeñan en provisionalidad cargos de
carrera, gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que implica, sin
embargo, que el acto administrativo por medio del cual se efectúe su desvinculación
debe estar motivado, es decir, debe contener las razones de la decisión, lo cual
constituye una garantía mínima derivada, entre otros, del derecho fundamental al
debido proceso y del principio de publicidad […]”.

[…]

“[…] Esta Corporación ha reconocido que cuando un funcionario ocupa en
provisionalidad un cargo de carrera y es, además, sujeto de especial
protección constitucional, como por ejemplo, madres o padres cabeza de
familia sin alternativa económica, funcionarios que están próximos a
pensionarse o personas en situación de discapacidad, “concurre una relación
de dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la garantía
de sus derechos fundamentales, particularmente el mínimo vital y la igualdad de
oportunidades. De allí que se sostenga por la Jurisprudencia que la eficacia de
esos derechos depende del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos
casos, a través de un ejercicio de ponderación entre tales derechos y los
principios que informan la carrera administrativa”.

Si bien, estas personas no tienen un derecho a permanecer de manera indefinida
en el cargo, pues este debe proveerse por medio de un concurso de méritos, sí
debe otorgárseles un trato preferencial como acción afirmativa, antes de
efectuar el nombramiento de quienes ocuparon los primeros puestos en la lista de
elegibles del respectivo concurso de méritos, con el fin de garantizar el goce
efectivo de sus derechos fundamentales. Ello, en virtud de los mandatos contenidos
en los incisos 2º y 3º del artículo 13 Superior, relativos a la adopción de medidas de
protección a favor de grupos vulnerables y personas en condición de debilidad
manifiesta, y en las cláusulas constitucionales que consagran una protección
reforzada para ciertos grupos sociales, tales como las mujeres (art. 43 CP), los
niños (art. 44 CP), las personas de la tercera edad (art. 46 CP) y las personas con
discapacidad (art. 47 CP).

En relación con la estabilidad laboral relativa de que gozan los funcionarios que
ocupan cargos de carrera en provisionalidad, la Corte Constitucional ha precisado
algunas medidas adoptadas para garantizar los derechos fundamentales de
quienes ameritan una especial protección constitucional por estar en
condiciones de vulnerabilidad […]”. (Resaltado por la Sala)

31. De conformidad con lo expuesto, la estabilidad laboral reforzada propende
por la adopción de medidas afirmativas en favor de personas que se encuentran
en una condición de debilidad manifiesta, las cuales, encontrándose en un cargo
de provisionalidad, tienen derecho a conservar su empleo o que se procure por ser
reubicadas y a no ser despedidas en razón a su vulnerabilidad.

9
Corte Constitucional, Sentencia T-326 de 3 de junio de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. También ver
la sentencia T-342 de 11 de octubre de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlensinger

20

Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

32. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional10 ha definido el derecho al
debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

10
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo

34. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

35. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente11:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se
desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el
individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona
los medios indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su
potencial creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad
que lo pone en contacto productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana

36. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala).

11
Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

22

Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

37. Atendiendo a que la Corte Constitucional12 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de
su objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia;
y iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degradante o
humillante. De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la
norma, este Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la
dignidad: i) Es un valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado;
ii) constituye un principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de
derecho fundamental autónomo […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital

38. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y
en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.

39. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho
innominado al mínimo vital, ha dicho13:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto

12
Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Análisis del caso concreto

40. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

41. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
42.1. Documentos anexos al escrito de tutela y a la impugnación.

42.2. Informes rendidos por las autoridades demandadas, el tercero con interés
legítimo y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A., junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

43. La Sala advierte que el actor realizó varios reparos en su escrito de tutela,
los cuales reiteró en su impugnación, relacionados con la desvinculación del

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cargo que venía desempeñando en el Juzgado Séptimo Penal Municipal de
Medellín con Función de Control de Garantías con ocasión del nombramiento en
propiedad del señor Faruk Yanine Franco Vásquez, el cual se dio con
fundamento en la lista de elegibles enviada por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia.

44. En efecto, la Sala observa que el actor cuestiona, por un lado, el
desconocimiento del debido proceso dentro del procedimiento
administrativo en la medida en que i) no se le dio trámite a sus recursos
administrativos y a la solicitud de revocatoria directa, ii) hubo irregularidades en
las notificaciones que, a su juicio, se debieron surtir en la actuación
administrativa, y iii) se desconoció su legitimación en la causa por activa para
cuestionar dentro del procedimiento administrativo la Resolución núm. 006 de 3
de febrero de 2022.

45. Por otra parte, el actor alega que es un sujeto de especial protección por
ostentar la calidad de prepensionado y por encontrarse en condición de debilidad
manifiesta por estar “[…] padeciendo enfermedades de innegable gravedad […]”,
lo cual, en su criterio, implica que le asiste el derecho a la estabilidad
reforzada, el cual fue desconocido por las autoridades demandadas al
desvincularlo sin tener en cuenta las dos circunstancias previamente
mencionadas.

46. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que frente a los
reparos propuestos por el actor concernientes al desconocimiento del debido
proceso dentro del procedimiento administrativo, la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el actor cuenta, previo
al cumplimiento de los requisitos legales, con otro medio de defensa judicial como
lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para
controvertir ante el juez natural de la causa la legalidad de los actos
administrativos, y a través de este proteger de forma oportuna e inmediata sus
derechos fundamentales.

47. En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, se
establecieron las causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales

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Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
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refieren que procede cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de
las normas en que deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o
con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió […]”.

48. Sin embargo, en lo que se refiere al desconocimiento de la estabilidad
laboral reforzada por su condición de prepensionado y su delicado estado de
salud, la Sala examinará si tales circunstancias se encuentran debidamente
acreditadas y, en caso de ser así, si estas permiten la procedencia excepcional
del presente mecanismo constitucional.

49. Al respecto, la Corte Constitucional14 se pronunció en los siguientes
términos:

“[…] algunos grupos con características particulares, como los niños o los ancianos,
pueden llegar a sufrir daños o amenazas que, aun cuando para la generalidad de la
sociedad no constituyen perjuicio irremediable, sí lo son para ellos, pues por
encontrarse en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad, pueden tener
repercusiones de mayor trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial
positivo”, y que amplía a su vez el ámbito de los derechos fundamentales
susceptibles de protección por vía de tutela. Así, en el caso de los niños, la
recreación o la alimentación balanceada, por ejemplo, cobran una particular
importancia que generalmente no es la misma para el caso de los adultos (C.P.
artículo 44). De igual forma, la protección a la maternidad en sus primeros meses
adquiere una gran relevancia, que justifica un tratamiento preferencial en favor de la
mujer (C.P. artículo 43).

Lo anterior explica entonces por qué, tratándose de sujetos de especial
protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado en
forma mucho más amplia y desde una doble perspectiva. De un lado, es
preciso tomar en consideración las características globales del grupo, es decir, los
elementos que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada. Pero
además, es necesario atender las particularidades de la persona individualmente
considerada, esto es, en el caso concreto. Consecuencialmente, para determinar
la procedencia del amparo, cuando se trata de sujetos de especial protección,
el juez deberá analizar cada uno de estos aspectos.

De cualquier manera, los criterios que definen si un perjuicio es irremediable o
no, tienen que guardar estrecha relación con los aspectos sustanciales por
los cuales se les concede genéricamente esa especial protección
[…]”. (Resaltado por la Sala)

14
Corte Constitucional, sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes

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50. En ese orden de ideas, se procederá con el estudio de las dos condiciones
que alegó el actor que, a su juicio, lo hacen titular del derecho a la estabilidad
laboral reforzada y que, en su criterio, fueron desconocidas por las autoridades
demandadas.

De la estabilidad laboral reforzada derivada de la condición de
prepensionado

51. El actor adujo que ostenta la calidad de prepensionado, razón por la cual no
debió ser desvinculado del cargo de Oficial Mayor que venía desempeñando en el
Juzgado Séptimo Penal Municipal de Medellín con Función de Control de
Garantías. Para tal efecto, precisó que:

“[…] Actualmente tengo 61 años cumplidos; los 62 años de edad los cumplo el
próximo 29 de junio del 2022.

TERCERO: El 30 de junio de 2019 entre al grupo de PREPENSIONADOS. A
principios del mes de julio la Doctora CONSUELO CERVERA CERVERA me pidió
que llevara fotocopia de la cédula de ciudadanía ante el CONSEJO SECCIONAL DE
LA JUDICATURA, precisamente porque era consciente que a partir de dicha fecha
me cobijaba tal derecho, el cual la Corte Constitucional ha determinado se convirtió
en un DERECHO FUNDAMENTAL para dicho grupo, con miras a la protección de
los derechos fundamentales que hoy invoco […]”.

52. Frente al fuero invocado por el tutelante, cabe resaltar que la Corte
Constitucional15 al unificar criterios al respecto adujo lo siguiente:

“[…] Análisis del segundo problema jurídico sustancial, relativo al alcance de
la figura de “prepensionable”

58. La resolución del segundo problema jurídico sustancial, a que se hizo referencia
en el numeral 2 supra, supone, como seguidamente se precisa, unificar la
jurisprudencia constitucional en cuanto alcance del fuero de estabilidad
laboral reforzada de prepensionable. Para tales efectos, debe la Sala Plena
determinar si cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión de
vejez es el de edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo
de semanas de cotización, puede considerarse que la persona en esta
situación es beneficiaria de dicha garantía de estabilidad laboral reforzada.

59. Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, cuando el
único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad, dado
que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de
cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del fuero

15
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-003 de 8 de febrero de 2018, M.P.: Luis Carlos Bernal
Pulido.

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de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito
faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin
vinculación laboral vigente. En estos casos, no se frustra el acceso a la pensión
de vejez. Para fundamentar esta segunda regla de unificación jurisprudencial se
hace referencia a la jurisprudencia constitucional que ha desarrollado la figura y a
su finalidad específica, en aras de determinar por qué, en el supuesto de
unificación, no se frustra el acceso a la pensión de vejez.

60. Conforme a los pronunciamientos de las distintas Salas de Revisión de esta
Corte, la figura de la “prepensión” es diferente a la del denominado “retén social”,
figura de origen legal, que opera en el contexto de la renovación, reestructuración o
liquidación de entidades públicas […]”.

[…]

“[…] 61. Así las cosas, en principio, acreditan la condición de
“prepensionables” las personas vinculadas laboralmente al sector público o
privado, que están próximas (dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los
dos requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez (la edad y el
número de semanas -o tiempo de servicio- requerido en el Régimen de Prima
Media con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad) y consolidar así su derecho a la pensión.

62. La “prepensión” protege la expectativa del trabajador de obtener su
pensión de vejez, ante su posible frustración como consecuencia de una
pérdida intempestiva del empleo. Por tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la
continuidad en la cotización efectiva al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, para consolidar los requisitos que le faltaren para acceder a su pensión
de vejez.

63. Igualmente, tal como lo ha considerado esta Corte, en especial en relación con
los cargos de libre nombramiento y remoción, en aquellos supuestos en los que
solo resta el requisito de edad (dado que se acredita el número de semanas de
cotización o el tiempo de servicio, en el caso del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida), no se ha considerado que la persona sea titular de la garantía
de “prepensión”, en la medida en que la consolidación del derecho pensional no
está sujeta a la realización de cotizaciones adicionales al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones […]”. (Resaltado por la Sala)

53. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que cuando el
único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de la edad, dado
que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, en
caso de desvinculación, no se frustra el acceso a la pensión de vejez; de allí que
no haya lugar a considerar que la persona sea beneficiaria del fuero de
estabilidad laboral reforzada de prepensionable, en la medida en que el requisito
faltante, relativo a la edad, puede ser cumplido de manera posterior, con o sin
vinculación laboral vigente.

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54. Al respecto, esta Sección16, de manera reiterada, se ha pronunciado en los
siguientes términos:

“[…] De todo lo transcrito, se colige que si bien es cierto que los empleados
vinculados en provisionalidad no adquieren derecho indefinido a permanecer en un
empleo de carrera, la realidad es que, cuando ostentan la calidad de
prepensionados son sujetos de especial protección constitucional, que obliga
a la entidad empleadora adoptar medidas por medio del cual se logre garantizarles
sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y al trabajo, hasta
que les sea reconocido la pensión de vejez o jubilación; dicha protección
únicamente resulta procedente cuando el trabajador le faltare el requisito
atinente a las semanas de cotización […]”. (Resaltado por la Sala)

55. En el caso sub examine, la Sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. allegó la historia laboral consolidada del
señor Aurelio Alonso Echeverri Vélez, en la cual se advierte que cuenta con 1629
semanas cotizadas:

56. En ese orden de ideas, la Sala comparte las consideraciones expuestas al
respecto por el A quo, el cual indicó lo siguiente:

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
noviembre de 2019, número único de radicación 76001-23-33-000-2019-00942-01, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés.

29

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“[…] De acuerdo con la normatividad vigente, quien se encuentre afiliado en el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), bajo el que operan las
Administradoras Privadas de Fondos de Pensión (AFP), como Porvenir, en
principio, no requiere de un mínimo de semanas para pensionarse, pues la pensión
depende únicamente del ahorro y de los rendimientos obtenidos a través del
tiempo.

Si por alguna razón no alcanza el capital requerido, el afiliado cuenta con la
posibilidad de disfrutar de la garantía de pensión mínima, siempre que, (i) en el
caso de los hombres, cumplan 62 años y coticen un mínimo de 1.150 semanas y
(ii) se demuestre que las pensiones, rentas y remuneraciones que perciba el
eventual peticionario, no sean superiores a la suma que recibiría por concepto de la
referida garantía, cuyo monto equivaldrá al salario mínimo legal mensual vigente.

En el asunto objeto de estudio, se advierte que el señor Aurelio Alonso
Echeverri Vélez, ya superó las semanas exigidas para beneficiarse de la
garantía de pensión mínima, pues, la AFP Porvenir certificó que cuenta con 1.629
semanas. En caso que estuviera afiliado en el Régimen de Prima Media (RPM),
administrado por Colpensiones, ya superó las 1.300 semanas requeridas y solo se
encuentra a la espera de cumplir los 62 años de edad, el próximo 29 de junio
del 2022 […]”. (Resaltado por la Sala)

57. En efecto, la Sala observa que el actor a la fecha ha cotizado las semanas
requeridas para causar su derecho a la pensión de vejez, por lo que solo le falta
cumplir con el requisito de la edad, esto es, 62 años, los cuales los cumplirá el 29
de junio de 2022.

58. De las pruebas obrantes en el expediente y con fundamento en la
sentencia SU-003 de 201817 proferida por la Corte Constitucional, para la Sala
resulta evidente que el actor no ostenta el fuero en mención, esto es, de
prepensionado, toda vez que cumple con el mínimo de semanas de cotización y
solo le falta por acreditar únicamente el requisito de la edad, razón por la cual no
es un sujeto de especial protección constitucional que se encuentre en un estado
de debilidad manifiesta.

59. En ese sentido, la Sala advierte que en la medida en que el actor no
ostenta la calidad de prepensionado, la parte demandada con fundamento en
esta condición que alegó el actor no debe adoptar ninguna acción afirmativa de
protección de sus derechos fundamentales.

60. La Sala precisa que, si bien el actor señaló que “[…] en estos momentos
existe INSERTIDUMBRE (sic) en cuanto cual (sic) será la entidad OBLIGADA A
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-003 de 8 de febrero de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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PENSIONARME […]”, en la medida en que adujo que existe un proceso judicial
pendiente para determinar la nulidad de su traslado a Porvenir, lo cierto es que
para la Sala esta situación i) no implica que por esa razón se debe tener como
prepensionado, lo cual lo haría un sujeto de especial protección, conforme lo
expuesto supra; ii) no desvirtúa que está próximo a cumplir los dos requisitos
para que se cause su derecho a la pensión, por lo que con independencia de la
entidad que deberá responder y el régimen que se defina le es aplicable, lo cierto
es que solo le falta el requisito de edad para que le sea reconocido su derecho; y
iii) se trata de un proceso judicial ajeno a la acción de tutela de la referencia.

61. Conforme lo expuesto supra, en el caso sub examine no está acreditado la
calidad de prepensionado y, mucho menos, la vulneración de los derechos
fundamentales al trabajo y al mínimo vital del actor.

De la estabilidad laboral reforzada derivada de la condición de debilidad
manifiesta por estar “[…] padeciendo enfermedades de innegable gravedad
[…]”

62. El actor señaló que su desvinculación del cargo de Oficial Mayor que venía
desempeñando en provisionalidad en el Juzgado Séptimo Penal Municipal de
Medellín con Función de Control de Garantías se realizó sin tener en cuenta que
se encuentra en condición de debilidad manifiesta por estar “[…] padeciendo
enfermedades de innegable gravedad […]”, por lo que no debió ofertarse dicho
cargo y mucho menos nombrarse en propiedad al señor Faruk Yanine Franco
Vásquez.

63. Al respecto, la Sala advierte que, de conformidad con el acervo probatorio
allegado al proceso de tutela de la referencia, está plenamente acreditado que, tal
como lo indicó el actor, desde el mes de septiembre de 2013 viene padeciendo
problemas de salud en su espalda, con incapacidades esporádicas y no
permanente.

64. Ahora bien, frente a la estabilidad laboral reforzada que alegó el tutelante
con fundamento en su debilidad manifiesta derivada de su estado de salud, la Sala

31

Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

advierte que, precisamente en la sentencia que citó en su escrito de tutela el actor,
la Corte Constitucional18 se ha referido al respecto en los siguientes términos:

“[…] la acción de tutela es procedente para exigir el derecho a la estabilidad laboral
reforzada, cuando se comprueba que el empleador (a) despidió a un trabajador que
presente una afectación en su salud que le impida o dificulte sustancialmente
el desempeño de sus labores de manera regular, al margen del porcentaje de
discapacidad que padezca, inclusive en contratos laborales a término fijo o de obra
o labor; (b) sin la autorización de la oficina del trabajo, (c) conociendo que el
empleado se encuentra en situación de discapacidad o con una afectación de su
salud que le impide o le dificulte el desempeño de labores y (d) no logra
desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, pues se activa una
presunción legal en contra del empleador […]”.

[…]

“[…] Es decir, existen razones que justifican la existencia de una especial
protección laboral19 para los trabajadores calificados con alguna discapacidad y
para quienes no han sido objeto de calificación con ese criterio jurisprudencial, la
Corte20 protege el derecho de las personas con limitaciones al margen de que
hayan sido o no calificada su discapacidad, pues unas y otras son merecedoras de
un trato especial y tienen derecho a no ser discriminadas en el ámbito laboral con
ocasión de sus condiciones particulares.

Así las cosas la tutela se torna procedente para obtener el reintegro de las
personas afectadas por el deterioro en su estado de salud, cuando concurren los
siguientes presupuestos: (i) que el peticionario sea una persona con reducciones
físicas que lo sometan a un estado de debilidad manifiesta; (ii) que el empleador
tenga conocimiento de la situación, y (iii) que se demuestre un nexo causal entre
el despido y el estado de salud […]”. (Resaltado por la Sala)

65. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que para que se
configure la protección de estabilidad laboral reforzada por el estado de salud del
funcionario, es necesario que concurran los siguientes requisitos: i) que se trate de
una afectación de la salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño
de sus funciones de manera regular, independientemente de que su discapacidad
haya sido o no calificada; ii) el empleador tiene conocimiento de la afectación de la
salud de su empleado; iii) que pese a lo anterior, su desvinculación se haya dado
sin la autorización del Ministerio del Trabajo (Ley 361 de 7 de febrero de 199721); y
iv) la existencia de un nexo causal entre la desvinculación y el estado de salud del
funcionario, lo que implica un “[…] despido discriminatorio […]”.

18
Corte Constitucional, sentencia T-317 de 12 de mayo de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
19
Cita del texto original: “T-019 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo”.
20
Cita del texto original: “Sentencias T-233 de 2010 y T-111 de 2012, María Victoria Calle Correa; T-019 y
410 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo”.
21
“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación <en situación
de discapacidad> y se dictan otras disposiciones”.

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66. En el caso sub examine, la Sala advierte que la afectación de salud que
alegó el actor no le impidió el desempeño de sus funciones como Oficial Mayor del
Juzgado demandado, en la medida en que, conforme el acervo probatorio y tal
cual como él lo señaló, “[…] Debo aclarar que a pesar de tantas dolencias, venía
laborando con regularidad, con incapacidades esporádicas, esto es, cuando el
problema se agudizaba y me impedía de una u otra forma la marcha […]”.
(Resaltado por la Sala)

67. Por otra parte, la Sala observa que el actor puso en conocimiento del
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, a través de escrito con fecha de
recibido de 19 de enero de 2017, que “[…] Por graves problemas de salud, que
entre otras cosas no han provocado ausentismos de importancia en mi puesto de
trabajo, vengo siendo objeto de tratamientos por parte de Médicos especializados
en Columna Vertebral, región de mi cuerpo que es la más afectada,
concretamente por parte de Ortopedistas, Neurocirujanos, Especialistas en Dolor,
Fisiatría, entre otros […]”; situación que también aseveró puso al tanto a la
funcionaria titular del Juzgado demandado.

68. La Sala advierte que, la desvinculación del tutelante se dio sin la
autorización del Ministerio del Trabajo22. Sin embargo, de lo expuesto supra, se
advierte que, si bien el actor padecía una dificultad de salud, esta no tenía la
connotación de limitante o impedimento para el ejercicio de sus funciones de
manera regular, que le implicara algún tipo de discapacidad al respecto y que

22
Al respecto, la Sala precisa que conforme con la Circular 0049 de 1.° de agosto de 2019, expedida por el
Ministerio del Trabajo, dicha autorización aplica para la desvinculación de personas aforadas por
vulnerabilidad, debido a condiciones de salud o discapacidad, tanto del sector público como privado. Al
respecto, el Ministerio del Trabajo ha precisado que “[…] La competencia del Ministerio de Trabajo, para
adelantar el trámite para desvinculación de Servidor Público, aforado por vulnerabilidad, debido a
condiciones de salud o discapacidad, se da en razón de las normas anteriormente transcritas, amén de que
el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, al ser reflejo y desarrollo de la premisa Constitucional de protección a la
población en debilidad manifiesta, no hace distinción alguna entre trabajador y funcionario, sino que dicha
protección engloba no solo a quienes se encuentren vinculados mediante un Contrato de Trabajo, sino
también para aquellos que se encuentran vinculados laboralmente mediante una Relación Legal y
Reglamentaria, así como también para otro tipo de Contratos tales como los de Prestación de Servicios y
otras modalidades en el amplio mundo laboral actual, frente a quienes también opera el fuero de estabilidad
[…]”. (Ver el siguiente link:
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/61000077/11EE2019120300000041801%2BCircular%2B04
9%2BAutorizaci%25C3%25B2n%2BDesvinculaci%25C3%25B2n.pdf/a16b5220-bf6f-097f-5503-
51c23afc5b31%3Ft%3D1585062345390+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co).
Igualmente, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección
Segunda, sentencia de 2 de junio de 2016, número único de radicación 25000-23-42-000-2012-00122-01
(2181-15), C.P. Sandra Lisset Ibarra Velez.

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hiciera necesaria la presencia de un agente de dicho Ministerio para proceder con
su desvinculación.

69. Finalmente, del acervo probatorio, se observa que la desvinculación del
actor al cargo que venía desempeñando en provisionalidad como Oficial Mayor en
el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Medellín con Función de Control de
Garantías, se dio con ocasión del nombramiento en propiedad del señor Faruk
Yanine Franco Vásquez, con fundamento en la lista de elegibles enviada por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. Por consiguiente, se observa
que no existe nexo causal entre la desvinculación y el estado de salud del
funcionario que permitiera advertir un “[…] despido discriminatorio […]”, sino que,
esto obedeció a la provisión del cargo por concurso de méritos.

70. De conformidad con lo expuesto, y aunque es un hecho que el actor viene
padeciendo una enfermedad desde el año 2013, y que el nominador tiene
conocimiento23 de esta patología, lo cierto es que i) la misma no representa alta
gravedad, puesto que ha ejercido sus funciones laborales con normalidad y ii) tal
situación no implicaba que su cargo no pudiese ser ofertado por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia y que se nombrara en propiedad al señor
Faruk Yanine Franco Vásquez, en atención a que su derecho de permanencia en
el cargo era relativo y debía ceder frente al mejor derecho que ostenta aquella
persona que ganó el concurso de méritos.

71. En ese orden de ideas, la desvinculación del actor no obedeció a su
condición de salud, sino que es consecuencia del nombramiento de una de las
personas que superó el concurso de méritos y que conforma la lista de elegibles,
quien tiene un mejor derecho de acuerdo con la jurisprudencia expuesta tanto por
la Corte Constitucional como por esta Corporación, tal como se expuso
previamente.

72. En ese orden de ideas, tampoco por esa presunta condición de debilidad
manifiesta que alegó el actor la parte demandada debía adoptar alguna acción
afirmativa de protección de los derechos fundamentales del actor, en la medida

23
Para tal efecto, se precisa que el actor anexo comunicaciones con fecha de marzo de 2022, sin constancia
de recibido.

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que no se acreditó que su situación implicara la vulneración de sus derechos
fundamentales.

73. Finalmente, frente al reparo propuesto por el actor relacionado con la
vulneración de su derecho a la seguridad social “[…] PORQUE PRONTO ME
QUEDO SIN SERVICIOS DE SALUD […]”, la Sala advierte que, al Sistema
General de Seguridad Social en Salud se accede a través de dos regímenes, a
saber, a través de la afiliación a una EPS del Régimen Contributivo o una EPS del
Régimen Subsidiado, último al cual podría acudir el actor, en caso de ser
necesario y previo al cumplimiento de los requisitos legales para tal fin.

Conclusiones de la Sala

74. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala modificará la sentencia de 30 de marzo de 2022
proferida por la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de
la cual negó la solicitud de amparo, la cual quedará establecida en los siguientes
términos:

“PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo respecto de los
reparos propuestos relacionados con el desconocimiento del debido proceso dentro del
procedimiento administrativo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones que fueron propuestas dentro de la
acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 30 de marzo de 2022 proferida por la
Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual negó la
solicitud de amparo, la cual quedará establecida en los siguientes términos:

35

Núm. único de radicación: 050012333000202200384-01
Actor: Aurelio Alonso Echeverri Vélez

“PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo respecto de los
reparos propuestos relacionados con el desconocimiento del debido proceso dentro del
procedimiento administrativo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones que fueron propuestas dentro de la
acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia”.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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