Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2022-00401-03
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2022-00401-03
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2022-00401-03
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
4 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: GIOVANNY ALBERTO DE SAN NICOLÁS SUÁREZ RAMÍREZ
Acusados: JAIME ROBERTO CUARTAS OCHOA, SEBASTIÁN LÓPEZ VALENCIA,
AURA MARLENY ARCILA GIRALDO, FABIO HUMBERTO RIVERA
RIVERA, LUIS CARLOS HERNÁNDEZ CASTRO, LUIS BERNARDO
VÉLEZ MONTOYA, DANIEL DUQUE VELÁSQUEZ, DORA CECILIA
SALDARRIAGA GRISALES, JUAN RAMÓN JIMÉNEZ LARA, BABINTON
DARÍO FLÓREZ MORENO, JULIO ENRIQUE GONZÁLEZ VILLA, MARÍA
PAULINA AGUINAGA LEZCANO, SIMÓN MOLINA GÓMEZ, NATALY
VÉLEZ LOPERA, ALFREDO RAMOS MAYA, LUCAS CAÑAS JARAMILLO,
LINA MARCELA GARCÍA GAÑAN Y ALBERT YORDANO CORREDOR
BUSTAMANTE
Tema: CONFLICTO DE INTERESES E INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS
PÚBLICOS – Reiteración de jurisprudencia
Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el actor, en contra de la
sentencia 29 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. Antecedentes
I.1. La demanda1
1. El ciudadano Giovani Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez, actuando en
nombre propio y acudiendo al medio de control previsto en el artículo 143 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ─en adelante
CPACA─, solicitó la pérdida de investidura de los señores Jaime Roberto Cuartas
Ochoa, Sebastián López Valencia, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto
Rivera Rivera, Luis Carlos Hernández Castro, Luis Bernardo Vélez Montoya, Daniel
Duque Velásquez, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, Juan Ramón Jimenez Lara,
Julio Enrique González Villa, María Paulina Aguinaga Lezcano, Simón Molina
Gómez, Nataly Vélez Lopera, Alfredo Ramos Maya, Lucas Cañas Jaramillo, Lina
Marcela García Gañan, Albert Yordano Corredor Bustamante y Babinton Darío
Flórez Moreno, concejales del municipio de Medellín elegidos para el período 2020
– 2023.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
I.1.1. Los hechos sustento de la solicitud
2. Los hechos que sustentan la demanda son, en síntesis, los siguientes:
2.1. Manifestó que los concejales acusados eligieron, indebidamente, en la sesión de
15 de octubre de 2021, a quien ocuparía el cargo de secretario general de la
corporación para el período 2022, sin efectuar el respectivo concurso de méritos de
acuerdo con el artículo 126 de la Carta Política y la Ley 1904 de 2018 2, justificando
la reelección de tal servidor público en sus calidades personales y en las garantías
que ofreció a todos los concejales mientras estuvo en el cargo.
2.2. Anotó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del auto de 10 de
febrero de 2022, dentro del trámite de la acción de nulidad electoral identificada con
el expediente núm. 05001 23 33 0000 2021 02010 00, decretó una medida cautelar
de suspensión provisional y, posteriormente, el Concejo de Medellín expidió la
Resolución núm. 2022100000028 de 16 de febrero de 2022, mediante la cual
suspendió provisionalmente al secretario general de dicha Corporación, nombrando
al «[…] Subsecretario Conrado de Jesús Torres con las funciones propias del cargo
directivo […]».
2.3. Señaló que el 1º de marzo de 2022 se nombró a la concejal María Paulina
Aguinaga Lezcano como secretaria ad hoc del concejo municipal, una vez renunció
el secretario general de la Corporación como consecuencia de la medida de
suspensión provisional por parte del Consejo de Estado.
2.4. Indicó, además, que, con fecha 3 de marzo de 2022, presentó derecho de
petición al concejo municipal a efectos de que se le suministrara información relativa
a los salarios devengados por la persona que ejerció el cargo de secretario general
desde el 1º de enero hasta la fecha de la citada medida cautelar, de lo cual dedujo
el cargo de pérdida de investidura consistente en favorecer el pago de recursos
públicos a personas que no surtieron el principio de legalidad para su elección o
postulación.
I.1.2. La causal de pérdida de investidura invocada en la demanda
3. El solicitante consideró que el acusado habría incurrido en la violación del régimen
de conflicto de intereses y en la indebida destinación de dineros públicos, causales
de pérdida de investidura para los concejales municipales y distritales por
disposición del artículo 48 numeral 1° y 4° de la Ley 617 de 20003.
2 Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de Contralor General de la
República por el Congreso de la República.
3 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
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4. Señaló que se encontraba acreditado el interés directo, particular y concreto de
los concejales puesto que procedieron a elegir, sin la respectiva convocatoria
pública, a la persona que ocuparía el cargo de secretario general del Concejo de
Medellín para el período 2022. En tal sentido, señaló lo siguiente:
«[…] El interés en conflicto, primer cargo de la pérdida de investidura nace
desde la ausencia de convocatoria pública, la cual persiste a la fecha, mediante
el nombramiento de una espuria secretaria ad hoc, lo cual en sus implicaciones
se extienden, como lo citó el Consejo de Estado, hasta en las reelecciones de
este tipo de cargos la convocatoria también es presupuesto necesario de
validez para que opere […]»
5. Añadió que:
«[…] La responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos
legales para este tipo de acción recae en el electorado, en especial de este
conflicto de intereses, del particular de elegir un ciudadano sin convocatoria
pública, que genera a su vez una indebida destinación de recursos públicos
como se evidenciará en la práctica de prueba de oficio, debido al silencio de la
parte demandada en contestar el derecho de solicitud de información respecto
de erogaciones de gasto público carente de base legal, un cargo sin debida
convocatoria pública.
(…)
La actitud de los concejales en este momento es abiertamente ilegal, en el que
fuera de obrar una suspensión provisional del cargo directivo de secretario de
una entidad de control político, se nombra por Resolución al Subsecretario, obra
luego a posterior una renuncia del principal del cargo como secretario general,
y en vez de proceder a subsanar mediante una convocatoria pública para ese
cargo público, inician la sesión ordinaria del 1 de marzo de 2022 con una espuria
elección de secretaría ad hoc, conllevando a extender ilegalidad en los actos
emanados de cada una des (sic)sus actas, a partir del Acta 388 hasta la fecha,
debido a que el subsecretario, nombrado previamente como secretario general
encargado, y una vez instalada la primera sesión ordinaria del tercer año del
periodo constitucional del Concejo de Medellín, no se encuentra ausente ni
inasistente (sic), como se desprende de la gramaticalidad del artículo 25 del
reglamento interno del Concejo. La única facultad del Concejo era la de aplicar
lo de su competencia en reglamentación, la vacancia temporal, pero usurpó
funciones legislativas y darse a sí mismo la presunta capacidad de regularse
dentro del marco de la vacancia absoluta, nombrando una concejal como
secretaria general […]»
6. Adujo que los concejales acusados tenían comprometida su objetividad,
imparcialidad e independencia con la decisión favorable de elegir al secretario
general del Concejo de Medellín y han debido manifestar la imposibilidad de
realizarla por no consultar el interés público y el mérito.
7. Estimó que actuaron con dolo puesto que los concejales son profesionales de
distintas áreas; la secretaría general, a su turno, tiene un departamento jurídico; y
cada uno de los concejales gozan de unidades de apoyo que son integradas por
abogados asesores.
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Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
8. En relación con la indebida destinación de dineros públicos, manifestó lo siguiente:
«[…] En el presente caso se configuraron los elementos vertebrales de esta
causal, la conducta y el fin, siendo la primera ya demostrada por la ilegalidad
de la elección, en etapa inicial del citado proceso de nulidad electoral, y el
segundo, permitiendo que el gasto público se haya generado en un particular
que ya había superado su periodo de ejercicio, el cual finalizó el 31 de diciembre
de 2021, pero se le permitió percibir salario y facultar su función como ordenador
del gasto a partir de enero de 2022, en un ejercicio de cargo ilegal, sin haberse
dado convocatoria pública como reza la norma especial. Esos pagos se
constituyen como dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a
aquéllos que estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada.
(…)
En este caso, como se evidencia de las actividades profesionales de los
demandados y acompañamiento de equipo jurídico se evidencia que los
demandados conocían plenamente que su comportamiento era constitutivo de
pérdida de investidura, sumado a la cadena de yerros que les enmarcan en
reproche de inaplicación e inobservancia de normas, por ende, dolosa. Tanto
era el conocimiento, que obra para el Concejo, peticiones ciudadanas y
respuestas, relacionadas con la realización de convocatoria pública y la
presunta generación de expectativa en su realización […]»
I.2. El pronunciamiento de los acusados frente a la solicitud de pérdida de
investidura
I.2.1. El concejal Lucas Cañas Jaramillo4
9. El concejal Lucas Cañas Jaramillo, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente y a través de apoderado, dio respuesta a la solicitud de pérdida de
investidura manifestando que sus pretensiones debían ser negadas.
10. Anotó que la prosperidad del medio de control de nulidad electoral que se tramita
en la Sección Quinta de esta corporación en contra del señor Jorge Iván Restrepo
Gómez, en su condición secretario general del Concejo de Medellín, y en el que se
decretó la suspensión provisional del acto administrativo electoral no implica la
prosperidad del medio de control de pérdida de investidura frente a los concejales
acusados, a lo que añadió que: «[…] se reclaman causales que no son congruentes
con los hechos y mucho menos con el comportamiento de los veinte concejales de
Medellín pasibles de esta acción[…]».
11. Citó la sentencia de 15 de diciembre de 2021 dictada por esta Sección en el
expediente núm. 05001 23 33 000 2018 02345 01 para destacar que de su conducta
no puede predicarse la violación del régimen de conflicto de intereses, añadiendo,
en similar sentido y con sustento en la sentencia de 2 de diciembre de 2021,
proferida por esta Sala en el expediente núm. 05001 23 33 000 2020 00302 01, que:
4 Índice 19 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
«[…] la conducta de los concejales implicados no es objetivamente reprochable
y mucho menos culpable; es decir, no hay ningún presupuesto de hecho o de
derecho para que se imponga a través de este juicio político una sanción de las
características que implica un proceso de pérdida de investidura […]».
I.2.3. El concejal Alfredo Ramos Maya5
12. Elconcejal Alfredo Ramos Maya, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente y obrando en nombre propio, dio respuesta a la solicitud de pérdida
de investidura oponiéndose a las pretensiones de la solicitud por considerar que
carece de los fundamentos fácticos y jurídicos para su prosperidad.
13. Inicialmente propuso las excepciones previas de inepta demanda y falta de
legitimación en la causa por pasiva.
14. En relación con la primera, mencionó que el actor presentó acusaciones
generales sin determinar la responsabilidad personal de cada uno de los concejales,
su interés directo y particular y el beneficio que les traería la elección del secretario
general del Concejo de Medellín.
15. Indicó, frente a la segunda, que la demanda ha debido dirigirse exclusivamente
en contra de los concejales que integraron la mesa directiva pues son estos los
encargados de llevar a cabo la convocatoria pública para la elección del mencionado
servidor público y postularon al señor Jorge Luís Restrepo Gómez, etapa en la que
no participó.
16. Señaló que participó únicamente en la fase de votación, destacando que esta
etapa no es cuestionada en la demanda puesto que lo reprochado por el actor es
que aquella no estuvo precedida de una convocatoria pública, la cual, insiste, no
estaba dentro de sus competencias.
17. Posteriormente propuso excepciones de mérito. Respecto de la excepción de
«[…] INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE EXPRESA MOTIVACIÓN PARA LA
ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO […]», manifestó que no
expresó las motivaciones que le llevaron a votar positivamente a favor del señor
Jorge Luís Restrepo Gómez como secretario general del Concejo de Medellín, por
lo que el actor no podía aseverar que emitió su voto teniendo en cuenta
motivaciones personales ligadas a la calidad de la persona y garantías ofrecidas a
los concejales.
18. Frente a la excepción asociada a la «[…] INEXISTENCIA DE LA PRESUNTA
“VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES” COMO CAUSAL
5 Índice 20 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA […]» anotó que el actor no expresa cuál es el
interés directo, particular y actual que tenía como concejal y que le llevó a dar su
voto a favor del señor Restrepo Gómez ni acreditó la existencia de un beneficio para
él.
19. En relación con la excepción denominada «[…] IMPOSIBILIDAD LEGAL DE LA
PRESUNTA “INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS” COMO
CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA […]» afirmó que no destinó dineros
públicos pues no es una función que le esté asignada a los concejales
individualmente considerados ni tampoco fue ordenador del gasto.
20. En lo atinente a la excepción consistente en que: «[…] NO HAY LUGAR A
DECLARAR PÉRDIDA DE INVESTIDURA CUANDO NO EXISTE COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL […]» puso de presente que en el proceso judicial en el cual se
solicitó la nulidad de la elección del señor Jorge Luis Restrepo Gómez como
Secretario General del Concejo de Medellín, solo se ha proferido una decisión a
través de la cual se decretó la suspensión de aquella persona, pero no se ha emitido
decisión definitiva.
21. Reiteró, en lo que se refiere a la violación del régimen de conflicto de intereses,
que no se probó cuál fue su interés directo, particular y actual en la elección del
secretario general del Concejo de Medellín, pues el actor solo da cuenta de las
razones que expuso uno de los concejales –Juan Ramón Jiménez– para que se
considerara la reelección de quien ocupaba esa dignidad.
22. Afirmó que no se ha acreditado el provecho indebido que recibiría por apoyar al
señor Restrepo Gómez, por lo que, en su concepto, los argumentos de la demanda
son meras apreciaciones subjetivas sin ninguna solidez, insistiendo, en lo
concerniente a la indebida destinación de dineros públicos, que no era responsable
de la destinación de dineros públicos ni ordenador de gasto.
I.2.4. El concejal Daniel Duque Velásquez6
23. Elconcejal Daniel Duque Velásquez, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente y obrando en nombre propio solicitó se denegaran las pretensiones
de la demanda por carecer de los fundamentos fácticos y jurídicos para su
prosperidad.
24. Luego de referirse a los hechos de la solicitud de pérdida de investidura, formuló
excepciones de mérito.
primera excepción planteada la denominó «[…] AUSENCIA DE LOS
25. La
PRESUPUESTOS SUSTANCIALES PARA DECRETAR LA PÉRDIDA DE
6 Índice 21 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
INVESTIDURA […]» pues, según lo manifestó, no se configuraron los elementos
objetivos y subjetivos para la configuración de las causales de pérdida de
investidura invocadas.
26. Consideró que no se materializó el elemento objetivo de la violación al régimen
de conflicto de intereses puesto que la elección del secretario general del Concejo
de Medellín se realizó siguiendo el interés público y nunca se buscó obtener
beneficios económicos o de otro orden a su favor o de terceros.
27. Tampoco encontró configurado tal elemento –elemento objetivo– respecto de la
indebida destinación de dineros públicos puesto que:
«[…] los salarios pagados al secretario general; previo a la suspensión
provisional de su elección, corresponden a emolumentos destinados a este
rubro y, por ende, no hubo variación en la destinación de los recursos e,
igualmente, está probado que la suspensión provisional realizada del cargo no
responde a la elección de un funcionario sin los requisitos del cargo, sino por
presuntos defectos en el trámite que aún se encuentran en juzgamiento […]»
28. Consideró que no esta configurado el elemento subjetivo dado que, en su caso,
se presentaba la causal eximente de responsabilidad relativa al estricto
cumplimiento de un deber legal y a la convicción invencible de haber actuado en
ejercicio de sus competencias, y como sustento de sus planteamientos señaló lo
siguiente:
«[…] es evidente que las atribuciones que tengo como concejal de Medellín se
circunscriben [a] aprobar, o no, las proposiciones realizadas durante las
sesiones del concejo y, por tal razón, no es dable predicar que existan
elementos de juicio que le permitan a este juzgador concluir que me separé del
estricto cumplimiento del deber legal al votar una proposición presentada por
un colega, la cual, en todo caso, corresponde al ejercicio de una facultad
prevista en la ley al concejo de Medellín (…) En ese sentido, podrá el
demandante o cualquier otro lector desprevenido advertir que para que la
votación en uno u otro sentido de determinada proposición pueda ser
considerada como un acto en estricto cumplimiento de un deber legal debe
probarse que el voto favorable se emite respaldando iniciativas legalmente
concebidas, lo cual, efectivamente ocurre en este asunto. Al respecto, basta con
aludir a la debida diligencia realizada por el suscrito en punto de establecer que
nos encontráramos ejerciendo una facultad del Concejo de Medellín, esto es,
reelegir al secretario del concejo […]»
29. Añadió que del trámite realizado por la mesa directiva de la mencionada
corporación y de los conceptos que les fueron socializados previamente, se
deducía:
«[…] (i) Que el trámite a cargo de la presidencia del concejo tenía una apariencia
de legalidad que verifiqué constatando la norma, los conceptos y las elecciones
previas de este cargo; (ii) Que los eventuales errores en el trámite me son
ajenos ya que, en este caso, el trámite se encontraba en cabeza del presidente
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Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
de la corporación y no de los concejales que se encargaban de realizar la
votación de las proposiciones. Lo último se demuestra con las diferentes
comunicaciones dirigidas a la presidencia del Concejo para orientar el trámite
para elección de este cargo […]».
30. Frente a la excepción denominada «[…] INEXISTENCIA DEL CONFLICTO DE
INTERÉS […]», expresó que no tenía actividad privada o interés alguno frente a
familiares o dependientes que lo tornaran parcial para evaluar la conveniencia de
reelegir al secretario general del Concejo de Medellín, lo cual pretende ser
acreditado por el actor con hechos futuros, inciertos e imprevisibles los cuales están
proscritos para la estructuración de esta causal de pérdida de investidura.
31. En lo que tiene que ver con la excepción denominada «[…] INEXISTENCIA DE
INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS […]» señaló que los dineros
destinados a pagar al secretario general del Concejo de Medellín no fueron
desviados, distorsionados o asignados a otras actividades diferentes a sufragar los
emolumentos salariales y demás prestaciones que corresponden al citado cargo,
los cuales fueron pagados hasta que se decretó la suspensión provisional del acto
de elección del citado funcionario por parte de esta Corporación.
32. Igualmente, señaló lo siguiente:
«[…] descendiendo al caso concreto, no solamente está probado que mi
actividad como concejal se ciñó a lo previsto en la ley, esto es, ejercer una
facultad de reelección del secretario general del Concejo sino que, además, no
he tenido ningún otro interés que el garantizar la prestación efectiva del servicio
a cargo de la corporación. Lo cual, concuerda con que los dineros destinados a
pagar al secretario general no fueron desviados, distorsionados ni asignados a
otras actividades diferentes a sufragar los emolumentos salariales y demás
prestaciones que corresponden al cargo, con lo cual, se demuestra que los
dineros fueron invertidos para un fin lícito y que no sufrió ninguna distorsión o
modificación porque, precisamente, fueron pagados a quien, teniendo las
condiciones para el cargo, lo ejerció hasta la suspensión provisional decretada
en el Consejo de Estado […]».
I.2.5. Los concejales Albert Yordano Corredor Bustamante, Aura Marleny
Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Jaime Roberto Cuartas Ochoa,
Juan Ramón Jiménez Lara, Luis Bernardo Vélez Montoya, Luis Carlos
Hernández Castro, María Paulina Aguinaga Lezcano, Nataly Vélez Lopera, Lina
Marcela García Gañán, Sebastián López Valencia y Simón Molina 7
33. Los citados servidores públicos, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente y a través de apoderado judicial, dieron respuesta a la solicitud de
pérdida de investidura oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones.
34. Luego de referirse a los hechos sustento de la solicitud de pérdida de investidura,
formularon la excepción de mérito denominada «[…] INEXISTENCIA DE PRUEBA
7 Índice 22 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
DE LA CAUSAL DE INHABILIDAD NI INCOMPATIBILIDAD O DE CONFLICTO DE
INTERESES Y DE LA INDEBIDA DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
[…]».
35. Adujeron que el actor les atribuyó a los concejales acusados la violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses, sin señalar
específicamente la causal en la que habrían incurrido cada uno de estos. En lo
concerniente a la supuesta violación del régimen de conflicto de intereses,
manifestaron que el actor no explicó con claridad en qué consistía el interés privado
o indebido de cada uno de los concejales.
36. Resaltaron que el único reproche realizado por el actor consistió en que los
acusados votaron la reelección del secretario general del Concejo de Medellín, la
cual fue suspendida provisionalmente por esta Corporación, lo que juzgó aquel
suficiente para configurar la causal de pérdida de investidura, no obstante, en el
proceso de pérdida de investidura el juicio que se debe adelantar es de carácter
subjetivo, esto es, que debe probarse el dolo y la culpa de los acusados, así como
el hecho consistente en que «[…] cada uno de ellos, esperaba o tenía un interés
indebido o contrapuesto al propósito de reelegir un servidor para el correcto
funcionamiento de la corporación. Todo eso brilla por su ausencia […]».
37. Explicaron que los elementos objetivos y subjetivos de las causales invocadas
no están acreditados. Frente a los concejales que integraron la mesa directiva del
Concejo de Medellín, se probó su diligencia y confianza legítima en atención a los
conceptos que sirvieron de fundamento a la reelección de Jorge Luis Restrepo
Gómez como secretario general de esta corporación, y respecto de los demás
concejales aludió a que también operaría la confianza legítima puesto que no les
correspondía realizar trámite administrativo alguno de convocatoria y postulación
dado que su papel se reduce a participar en la votación de los asuntos a discutir en
el orden del día.
I.2.6. El concejal Julio Enrique González Villa 8
38. Elconcejal Julio Enrique González Villa, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente y obrando en nombre propio, se opuso a la solicitud de pérdida de
investidura y pidió que se negaran las pretensiones de la demanda.
39. Manifestó que les corresponde a los concejales -de conformidad con el artículo 37
de la Ley 136 y con el artículo 24 del Acuerdo núm. 89 de 2018-, la elección del secretario
general del Concejo de Medellín, así como su reelección.
8 Índice 24 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
40. Hizo referencia a los conceptos núm. 248.701 y 273.271 –sin fecha– expedidos por
el Departamento Administrativo de la Función Pública, para insistir en que «[…] el
Concejo de Medellín efectivamente estaba facultado para reelegir a su Secretario
General, puesto que así se lo reconoce la ley y, además, tampoco tendría límite
alguno para reelegirlo, pues la ley no fijó ninguno. En realidad, como criterios
objetivos solo tendría que verificar que la persona reelecta cumpla con los requisitos
mínimos fijados por el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 […]».
41. Adujo que el señor Jorge Luis Restrepo Gómez, reelecto secretario general del
Concejo de Medellín, cumplió con los requisitos previstos en la ley para el efecto,
asimismo indicó que el Consejo de Estado, en el expediente núm. 05001 23 33 000
2021 02010 01, dictó el auto de 10 de febrero de 2022, en el cual estableció la
necesidad de que se realizara una convocatoria pública para proveer aquel cargo
bajo una interpretación que consideró no es la única admisible puesto que
conceptos de distintas entidades públicas se manifestaron a favor de la reelección
de ese servidor público, actuando la corporación de buena fe puesto que en anterior
ocasión ocurrió lo mismo sin que el acto fuera cuestionado.
42. Anotó que el actor no acreditó el interés particular que le asistió a los concejales
en la reelección de secretario general del Concejo de Medellín, ni la mala fe de estos
pues ejerció, en su concepto, las facultades que le entregó la ley con la convicción
de que no se la estaba infringiendo de acuerdo con lo mencionados conceptos
emitidos por distintas entidades públicas, resaltando que la decisión judicial
proferida por el Consejo de Estado se emitió después de la aludida reelección por
lo que al tiempo que se dio esta:
«[…] no se conocía con certeza la forma precisa en la que éstos debían ser
interpretados, para lo cual se habían solicitado los conceptos que se anexan
como prueba y se obró conforme se hizo en el año inmediatamente anterior,
pues como he manifestado, también en ese año operó la reelección del
Secretario sin que ésta haya sido cuestionada en sede judicial, con lo cual se
trata de un precedente de actuación legal que permite probar el obrar de buena
fe de los concejales que votamos la última reelección […]»
43. Expuso que se presumía su inocencia y que el elemento subjetivo no podría
acreditarse puesto que la reelección del señor Jorge Luis Restrepo Gómez como
secretario general del Concejo de Medellín, obedeció al ejercicio de una facultad
reconocida por la ley a los concejos municipales y producto de un estudio razonable
de la experiencia de aquella persona.
44. Puso de presente que llegó al Concejo de Medellín a partir del 4 de octubre de
2021, producto de la renuncia del señor Gabriel Dib Diaz Granados a su curul y
agregó que, por ello:
«[…] no tenía el suficiente conocimiento para realizar las interpretaciones tan
profundas, puesto que el Concejo de Medellín requería el nombramiento
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urgente de un Secretario General, en la medida en que representa una
necesidad de la Corporación Pública. Así las cosas, yo siendo abogado evalúe
razonablemente la situación y al identificar que efectivamente consistía en una
facultad reconocida al Concejo Municipal, al verificar la experiencia del señor
Jorge Luis Restrepo Gómez, así como al verificar que se trataba de una
reelección que ya había tenido lugar en el año anterior con base en conceptos
jurídicos y sin que ésta haya sido cuestionada en sede judicial, opté por votar
de forma afirmativa dicha reelección (…) En realidad, yo simplemente fui
prudente y actué de manera razonable, pues ante la necesidad del Concejo de
Medellín de contar con un Secretario General, evalué la viabilidad de que
existiera una reelección y al identificar con las abogadas de mi Unidad de Apoyo
que ello era posible, opté por votar de forma afirmativa a dicha iniciativa, pues
el señor Jorge Luis Restrepo Gómez acreditaba experiencia y cumplía con los
requisitos exigidos para desempeñar dicho cargo dentro de la Corporación
Pública […]»
45. Explicó que existe un vacío normativo en lo atinente al proceso de reelección del
secretario general de los concejos municipales pues es una facultad reconocida a
estos entes y que, en su concepto, debe surtirse de acuerdo con los reglamentos
internos siguiendo para el efecto la Ley 136, lo cual ocurrió en el presente asunto.
I.2.7. El concejal Babinton Darío Flórez Moreno 9
46. El concejal Babinton Darío Flórez Moreno, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente y actuando a través de apoderado, dio respuesta a la solicitud de
pérdida de investidura oponiéndose a las pretensiones de la solicitud al no
estructurarse ninguno de los presupuestos para su prosperidad en razón a que no
actuó con dolo ni culpa grave.
47. Después de referirse a los hechos de la solicitud de pérdida de investidura,
formuló excepciones.
48. En cuanto a la excepción de «[…] INEXISTENCIA DE PRUEBA DE LA CAUSAL
DE INHABILIDAD NI INCOMPATIBILIDAD O DE CONFLICTO DE INTERESES Y
DE LA INDEBIDA DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS […]» indicó que el
actor les atribuyó a los concejales acusados la violación del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses, sin señalar
específicamente la causal en la que habrían incurrido cada uno de estos, carga
procesal que no cumplió.
49. En lo atinente a la violación del régimen de conflicto de intereses, manifestó que
el actor no explicó con claridad en qué consistía el interés privado o indebido de
cada uno de los concejales.
50. Resaltóque el único reproche realizado por el actor consistió en que los
concejales acusados votaron la reelección del secretario general del Concejo de
9 Índice 25 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Medellín, la cual fue suspendida provisionalmente por esta Corporación, lo que
juzgó suficiente para configurar la causal de pérdida de investidura, no obstante, en
el proceso de pérdida de investidura el juicio que se debe adelantar es de carácter
subjetivo, esto es, que debe probarse el dolo y la culpa de los acusados, y que: «[…]
los concejales, cada uno de ellos, esperaba o tenía un interés indebido o
contrapuesto al propósito de reelegir un servidor para el correcto funcionamiento de
la corporación. Todo eso brilla por su ausencia […]».
51. Explicó que los elementos objetivos y subjetivos de las causales invocadas no
están acreditados. Frente a los concejales que integraron la mesa directiva del
Concejo de Medellín, se probó su diligencia y confianza legítima en atención a los
conceptos que sirvieron de fundamento a la reelección de Jorge Luis Restrepo
Gómez como secretario general de esta corporación, y respecto de los demás
concejales aludió a que también operaría la confianza legítima puesto que no les
correspondía realizar trámite administrativo alguno de convocatoria y postulación y
su papel se reduce a participar en la votación de los asuntos a discutir en el orden
del día.
52. Presentó, adicionalmente, la excepción de «[…] INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL
LITIS CONSORCIO POR PASIVA […]» y en tal sentido, indicó lo siguiente:
«[…] El actor se refiere a la reelección del secretario general del año de los años
2021 y 2022, y solo procedió a demandar o a vincular los concejales que
eligieron en el 2020, dejando de lado los concejales que identifico en el hecho
primero, que eligieron en el 2021, quienes también deberán ser parte del
contradictor, para que expresen las razones por las cuales eligieron en el 2020,
y dieron lugar AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA, de los que eligieron
para el 2021, del cual no hacía parte mi representado, ya que este asumió en
septiembre de 2021 por llamado a ocupar vacancia definitiva, el ingreso y con
el mismo criterio del 2020, por lo cual deberán comparecer al proceso quienes,
identificaron esa posición sustentada en conceptos y demás, para conformar en
debida forma el contradictor y aunar los elementos para conocimiento del juez
[…]»
I.2.8. La concejal Dora Cecilia Saldarriaga Grisales10
53. La citada concejal, dentro de la oportunidad procesal correspondiente y actuando
a través de apoderada judicial, dio respuesta a la solicitud de pérdida de investidura
solicitando que se negaran las pretensiones de la solicitud puesto que los
fundamentos fácticos y jurídicos invocados no constituyen presupuestos para la
prosperidad del medio de control.
54. Después de referirse a los hechos de la solicitud de pérdida de investidura,
formuló excepciones.
10 Índice 26 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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55. En lo atinente a la excepción denominada «[…] Inexistencia de la violación del
régimen de conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura […]»
manifestó que no se acreditó el interés particular de la concejal ni el beneficio para
ella o el favorecimiento de intereses ajenos al bien común y, en lo atinente a la
excepción de «[…] Inexistencia de la indebida destinación de recursos públicos
como causal de pérdida de investidura […]», afirmó que tal causal de pérdida de
investidura no se configuró puesto que:
«[…] 3. No existe afectación del patrimonio público, pues se eligió un cargo
necesario y definido previamente por medio de la Constitución y la ley para el
ejercicio de la función pública al interior del Concejo de Medellín y en el marco
de las instituciones municipales (…) 4. La suspensión de un acto administrativo,
da lugar a que se pierda la fuerza ejecutoria del mismo, sin embargo este sigue
gozando de la presunción de legalidad, en este sentido, no se puede afirmar
que la suspensión del acto administrativo acarrea en sí misma, una prueba para
la acreditación de la causal de pérdida de investidura, incluso aunque el acto
administrativo se declarará nulo, esto tampoco configura un supuesto para su
configuración, en este punto es importante precisar un apartado de la sentencia
del Consejo de Estado anteriormente mencionada: [se cita] (…) 6. No es posible
acreditar que la concejala Dora Cecilia Saldarriaga Grisales haya tenido
intención de favorecerse o favorecer a un tercero por medio de la votación a
Secretario General del Concejo de Medellín, no existe conducta dolosa o
culposa atribuible a ella, toda vez que las pretensiones de la demanda carecen
de fundamento jurídico […]»
56. Frente a la excepción denominada «[…] Inexistencia de los presupuestos para la
configuración de la pérdida de investidura […]» estimó que no se están presentes
los elementos objetivos para la configuración de las causales de pérdida de
investidura de violación del régimen de conflicto de intereses e indebida destinación
de dineros públicos y tampoco lo está el elemento subjetivo toda vez que no actuó
de manera dolosa o gravemente culposa pues emitió su voto siguiendo criterios
técnicos y jurídicos expuestos con anterioridad –conflicto de intereses– ni estuvo
presente ánimo alguno de destinar indebidamente recursos públicos.
57. En lo que ataña a la excepción denominada «[…] Inaplicabilidad de la analogía
pretendida Ley 1904 de 2018 (…) por violación del principio de legalidad […]»
precisó, siguiendo el artículo 12 de la Ley 1904, que no es aplicable dicha ley puesto
que existe una norma especial para la materia y es, en su concepto, la Ley 136, que
en sus artículos 35 y 37, regulan la elección del secretario general de los concejos
municipales.
58. Añadió que la Ley 1904 no incorporó norma alguna en relación con la vigencia
de la Ley 136, luego se mantiene vigente y resultaba aplicable al caso en concreto,
por lo que la aplicación de la analogía vulneró el principio de legalidad.
59. Frente a la excepción denominada «[…] Presunción de legalidad de los actos
administrativos […]» afirmó que, a pesar que en el medio de control de nulidad
electoral se haya procedido a la suspensión del acta núm. 338 de 15 de octubre de
2021 a través de la cual se eligió al secretario general del Concejo de Medellín, esto
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no le ha restado su presunción de legalidad y, en lo que tiene que ver con la
excepción de «[…] Actuar diligente y en el marco del principio de buena fe […]»
consideró que actuó honestamente y conforme al ordenamiento jurídico y de forma
diligente en el marco de la reelección de aquel servidor público –secretario general del
Concejo de Medellín–.
I.3. La intervención del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín11
60. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, obrando
por intermedio de apoderado judicial, se pronunció en relación con el medio de
control incoado en contra de los concejales mencionados, indicando que no se
encontraban presentes los elementos para la configuración de la violación del
régimen de conflicto de intereses y la indebida destinación de dineros públicos, por
lo que solicitó mantener la investidura de los acusados.
61. Estimó que el distrito carece de legitimación en la causa por pasiva ante la
petición del actor para que se le vinculara como un tercero y pese que tal situación
no se dio –la vinculación al proceso–, sí se le notificó el auto admisorio de la demanda,
razón por la que puso de presente que «[…] los legitimados en la causa por pasiva
en este caso son los concejales, por la misma naturaleza del medio de control,
sancionatorio y subjetivo, quienes deben responder por la presunta violación del
régimen de conflicto de intereses, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2° del
artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y el numeral 1° del artículo 48 de la
Ley 617 de 6 de octubre de 20003, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136
ibídem […]»
I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia
62. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante proveído de 18
de marzo de 2022 profirió auto que inadmitió la solicitud12 y, una vez subsanada la
misma13, expidió el auto de 18 de abril de 2022 por el cual la admitió, previniendo a
los demandados para que procedieran, dentro de los 5 días siguientes a la
notificación de la providencia, a pronunciarse con respecto a esta y a aportar y
solicitar la práctica de pruebas de acuerdo con los artículos 10 y 11 de la Ley 1881.
63. Posteriormente, mediante auto de 18 de abril de 202214, negó la solicitud de
medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto de elección del
secretario ad hoc del Concejo de Medellín y de las actas números 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 y las que se expidieran en el transcurso
11Índice 23 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
12 Índice 4 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
13 Índice 7 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
14 Índice 10 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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del proceso, providencia que fue revocada por esta Sección en auto de 3 de junio
de 202215, en la cual se ordenó que:
«[…] (1) el magistrado instructor del proceso en primera instancia, inicialmente,
emita un pronunciamiento en relación con la situación de urgencia alegada; (2)
como consecuencia de tal decisión, imprima el trámite correspondiente de
acuerdo con los artículos 233 y 234 del CPACA, y (3) decida, finalmente, la
solicitud con el pleno de las garantías del debido proceso […]»
64. En el auto de 19 de junio de 202216, luego de cumplir lo ordenado en la precitada
providencia de 3 de junio de 2022, denegó la petición de suspensión provisional de
los efectos del acto de elección del secretario ad hoc del Concejo de Medellín y de
las actas números 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 y las
que se expidieran en el transcurso del proceso.
65. En el auto de 2 de junio de 202217 decidió declarar la no prosperidad de las
excepciones previas de inepta demanda y falta de legitimación por pasiva
propuestas por el concejal Alfredo Ramos Maya y de indebida integración del
litisconsorcio por pasiva presentada por el concejal Babinton Darío Flórez Moreno18.
66. Mediante providencia de 22 de junio de 202219, decretó la práctica de pruebas
en este proceso y dispuso que la audiencia pública prevista en los artículos 11 y 12
de la Ley 1881 se practicara el 12 de julio de 2022 a las 8:30 am.
67. El 12 de junio de 2022 se celebró la audiencia pública, en cuyo desarrollo
intervinieron el solicitante20, el agente del Ministerio Público y los concejales
acusados, quedando consignado el resumen de lo acaecido en ella en la respectiva
acta21. Los concejales Julio Enrique González Villa22 y Dora Cecilia Saldarriaga
Grisales23 allegaron, igualmente, resumen de sus intervenciones por escrito.
68. El Procurador 32 Judicial II para Asuntos Administrativos, agente del Ministerio
Público para este proceso, presentó su concepto por escrito24, solicitando negar las
pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura. El concepto, en sus acápites
pertinentes, es del siguiente tenor:
15 Índice 6 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 01.
16 Índice 75 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
17 Índice 30 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
18 Se debe indicar que, mediante auto de 26 de septiembre de 2022, el Consejero de Estado ponente de este
fallo decidió declarar improcedente el recurso de apelación presentado por el concejal acusado Babinton Darío
Flórez Moreno en contra del auto de 2 de junio de 2022 y dispuso que los argumentos expuestos en dicho
recurso fueran objeto de pronunciamiento en esta sentencia.
19 Índice 39 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
20 El actor remitió sus alegaciones de conclusión por escrito. Índice 68 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33
000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
21 Índice 66 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
22 Índice 64 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
23 Índice 69 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
24 Índice 65 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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«[…] Este delegado de las pruebas aportadas no advierte un interés directo,
real, particular y actual de los concejales en ninguna de las dos decisiones
positivas sobre nombramiento de secretario general (ad hoc y titular) que los
afecte de alguna manera a ellos a él o a sus cónyuges o compañeros o
compañeros permanentes, o a algunos de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil o a su socio o socios
de derecho o de hecho (…) Tampoco se aporta prueba alguna que demuestre
que los concejales tenían incidencia directa en el asunto objeto de
consideración con sus actividades e intereses privados o de su núcleo familiar
(…) Por el contrario, advierte este delegado que la primera decisión obedeció a
las circunstancias específicas y coyunturales presentadas que conllevaron a la
falta absoluta del secretario general y por tanto su finalidad no fue otra que
permitir el normal y adecuado funcionamiento de la corporación, tal como debe
ser, es decir, que su único fin fue no generar discontinuidad, interrupción o
retraso en el ejercicio de la función pública a cargo de esta corporación. Y la
segunda obedeció al convencimiento de que legalmente era posible la
reelección del secretario general sin necesidad de convocatoria pública, lo cual
estaba amparado por un concepto del Departamento Administrativo de la
Función Pública, por un concepto del área jurídica de la misma corporación y
por otros conceptos que se obtuvieron cuando también se decidió la reelección
como secretario general del mismo ciudadano para el período 2021 (…) Por lo
anteriormente expresado, en sentir de este Agente del Ministerio Público en el
presente caso no se configura el elemento objetivo de la causal de
desinvestidura por violación del régimen de conflicto de intereses (…) En ese
orden de ideas, contrario a lo afirmado y pretendido en la demanda, no solo los
concejales no destinaron recursos públicos de manera indebida, sino que
cumplieron con su deber legal de hacer el nombramiento de secretario general
de la corporación y obviamente, una vez nombrado y posesionado, este tenía
derecho a recibir los salarios y prestaciones sociales del cargo según nivel y
grado salarial determinado por el mismo concejo municipal en la planta de
personal de la corporación (…) Es de advertir que el hecho de la suspensión
provisional del nombramiento realizado y la posterior declaratoria de ilegalidad
del mismo mediante sentencia de primera instancia, no conlleva a que quien lo
desempeñó obtenga un incremento patrimonial injustificado o que obtuvo un
beneficio económico en contravía de la ley, por cuanto lo recibido fue el fruto de
una elección realizada por parte de la autoridad con competencia para ello
mediante acto administrativo que se presume legal, quien como se dijo
consideraba de que legalmente era posible la reelección del secretario general
sin necesidad de convocatoria pública según convencimiento al que llegó por
los medios ya expresados, incluso recuérdese que en los casos en que la
demanda se dirige contra actos que reconocen o nieguen prestaciones
periódicas, según el numeral 1, literal c) del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.” […]»
I.5. Sentencia de primera instancia25
69. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 29 de julio de
2022, decidió:
«[…] Segundo. Negar las pretensiones de la demanda de pérdida de
investidura instaurada por Giovani Alberto de San Nicolás Suarez Ramírez en
contra de los Concejales del municipio de Medellín Giovani Alberto de San
25 Índice 81 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
Nicolás Suarez Ramírez en contra de los concejales de Medellín: Lucas Cañas
Jaramillo, Julio Enrique González Villa, Babinton Darío Flórez Moreno, Alfredo
Ramos Maya, Daniel Duque Velásquez, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales,
Albert Yordano Corredor Bustamante, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio
Humberto Rivera Rivera, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Juan Ramón Jiménez
Lara, Luis Bernardo Vélez Montoya, Luis Carlos Hernández Castro, María
Paulina Aguinaga Lezcano, Nataly Vélez Lopera, Lina Marcela García Gañan,
Sebastián López Valencia y Simón Molina, por los motivos atrás expuestos y
respecto de las causales que se imputaron […]»
70. Estimó que el problema jurídico que debía resolverse en este proceso era el
consistente en:
«[…] determinar si está probado que las concejalas y los concejales
demandados están incursos en las causales de pérdida de investidura de actuar
con conflicto de intereses y por indebida destinación de recursos públicos,
cuando:
i) en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015 y del parágrafo transitorio del
artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 proceden a reelegir para la siguiente
anualidad al Secretario General del Concejo sin haberse efectuado
convocatoria pública ni concurso y, luego de que el nombramiento fuera
suspendido como consecuencia de una medida cautelar en proceso de nulidad
electoral y de que se presentara y aceptara la renuncia del mencionado
Secretario General, no se realiza de manera inmediata e instantánea
convocatoria pública o concurso de méritos, y temporalmente se le asignan
atribuciones al subsecretario (incluida la ordenación del gasto) y se nombra
como Secretaria Ad Hoc para las plenarias a una de las concejalas, (sic)
ii) el Secretario General previamente a su reelección había solicitado conceptos
sobre la viabilidad de la misma y el trámite para realizarse, acorde lo dispuesto
en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 que contemplaba la posibilidad de
reelección de los secretarios generales de los concejos municipales, conceptos
que son presentados a la Mesa Directiva y puestos en conocimiento de los
concejales previa la votación;
iii) se incluye en el orden del día de una plenaria la reelección del Secretario
General -sin abrir convocatoria en los términos de la Ley 1904 de 2018-, la cual
es propuesta por uno de los concejales y, previo conocimiento de los conceptos
favorables a realizar dicha reelección, la mayoría de concejales vota sí a la
reelección del Secretario para la siguiente anualidad;
iv) no está probado una relación de parentesco, estrecha amistad, sociedad de
hecho o derecho, dependencia u otra diferente a la relación institucional entre
el Secretario que fue reelegido u otra persona con que se pudiere beneficiar y/o
afectar con la anterior decisión con los concejales demandados o sus
subalternos, que lleve a inferir sin duda alguna la existencia de un interés
directo, personal, actual e inmediato al no haber realizado convocatoria pública
para la elección anual, ni cuando se generó falta absoluta del cargo al haberse
aceptado la renuncia del titular;
v) durante el tiempo que ejerció el cargo antes de que fuera ordenada mediante
auto que decretó medida provisional, el Secretario reelecto recibió el pago de
sus correspondientes salarios y prestaciones sociales y tenía en ejercicio de tal
mismo la delegación para ordenar gasto;
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vi) aceptada la renuncia al Secretario General al Subsecretario se le autorizó a
ejercer algunas funciones administrativas y se le delegó la ordenación del gasto
y,
vii) la Subsecretaria Ad Hoc no recibió retribución económica adicional por
realizar dicha función en las plenarias […]»
71. Frente a la violación del régimen de conflicto de intereses, afirmó el Tribunal que,
de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, no se encontraba probada
la existencia de un conflicto de intereses en cabeza de los concejales acusados.
72. Lo anterior en razón a que no se evidenciaba circunstancia alguna que permitiera
inferir un interés directo, particular y actual que los cobije en general o en relación
con alguno de ellos en específico respecto de:
«[…] la planeación, proposición y votación de la reelección del Secretario
General para el período 2022 sin agotar el procedimiento para que ello se previó
en la Ley 1904 de 2018, ni tampoco con la planeación y designación de
Secretaria Ad Hoc (sic) para las plenarias y asignación de atribuciones de
Secretario al Subsecretario una vez se presentó la ausencia definitiva del cargo
por aceptación de la renuncia del titular en la sesión plenaria de marzo de 2022
(…) 249. En (sic) preciso señalar en que si bien la Secretaría General del
Concejo y su titular brindan apoyo y asistencia transversal a todo el concejo y a
cada uno de los concejales y sus unidades, ello se realiza en el marco de sus
funciones y en búsqueda del bien común y la eficiente prestación del servicio y
no en el particular de los concejales. En este orden de ideas, no se evidenció
que alguno de los demandados tuviera un nexo o relación particular y/o
adicional que lo beneficiare o afectare con las actividades que se realizan por
parte de la Secretaría de la Corporación, que determinará un interés directo en
la escogencia del Secretario General (…) 250. Así, en el expediente no se
encontró demostrada de forma suficiente y concurrente que los concejales aquí
demandados hubieran actuado con ánimo de lucrarse u obtener beneficios,
ventajas o privilegios para si o para sus parientes o allegados, a fin de obtener
un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia como consecuencia de la
reelección del Secretario General en octubre de 2021 o con la asignación de
atribuciones de Secretario en el subsecretario o en la designación de Secretaria
Ad Hoc para las plenarias de una de las concejales atendiendo al orden
alfabético del apellido en marzo de 2022 […]»
73. Añadió que la situación consistente en que adoptaran y acogieran una
interpretación del ordenamiento jurídico, en particular, del artículo 37 de la Ley 136
y de la Ley 1904, bajo la cual no resultaba necesaria una convocatoria pública para
elegir a quien ocuparía el cargo de secretario general de esa corporación, por sí
misma, no conlleva una conducta reprochable ni de la magnitud para configurar la
violación del régimen de conflicto de intereses y, además, consideró que las
manifestaciones realizadas por el concejal Juan Ramón Jiménez no reflejan la
existencia de un interés propio, personal, directo e inmediato en aquella elección.
74. Resaltó que no le correspondía a la primera instancia realizar un control de
legalidad de las actuaciones realizadas por el Concejo de Medellín relativas al
nombramiento del secretario general de esa entidad pues esto corresponde al
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medio de control de nulidad electoral, previsto en el artículo 139 del CPACA, por lo
que no encontró configurado el elemento objetivo de aquella causal de pérdida de
investidura –la violación del régimen de conflicto de intereses–.
75. Abordó lo relativo a la causal de pérdida de investidura relativa a la indebida
destinación de dineros públicos para afirmar que el pago de salarios y prestaciones
sociales de un funcionario elegido por los concejales y cuya elección,
posteriormente, se declare irregular y con vicios de ilegalidad, no constituye
indebida destinación de dineros públicos puesto que tal pago resulta ser la
contraprestación de los servicios que efectivamente fueron prestados y con cargo a
un rubro presupuestal establecido para ello.
76. Anotó que no hay prueba en torno a que la conducta de los concejales acusados,
consistente en reelegir al secretario general del Concejo de Medellín para el período
2022, hubiese determinado «[…] algún cambio o distorsión de los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, mediante la
destinación de dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados,
o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran
asignados, o cuando hubieren determinado la aplicación de tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o actuaran con la
finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o
pretendieren derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de
terceras personas […]».
77. Destacó que no puede entenderse configurada esta causal de pérdida de
investidura porque se acceda a la medida cautelar de suspensión provisional del
acto administrativo de nombramiento y que se profiera sentencia que lo anule,
puesto que el Consejo de Estado ha sido uniforme en señalar que la declaración de
invalidez de un acto administrativo no comporta la sanción de pérdida de investidura
dado que tal eventualidad no está prevista taxativamente como tal por la Carta
Política o la ley.
I.6. El recurso de apelación26
78. Laparte actora, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó
recurso de apelación orientado a que se revoque tal decisión y deprecó que:
«[…] en su defecto proceda a adoptar el estudio de las pruebas no practicadas,
como la trasladada respecto de previo fallo anulatorio al respecto, los
documentos hallados de manera reciente expuestos en este escrito, y
valoración del factor subjetivo del conflicto de intereses por prexistir (sic) un
interés directo en cada concejal a la hora de votar en un acto de hecho sin
procedimiento legal para beneficio de persona particular, y en su defecto se
26 Índice 84 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
aplique la sanción correspondiente de retiro de investidura de los demandados
[…]».
79. Hizo referencia a los antecedentes de este proceso, manifestando que acudió al
medio de control de pérdida de investidura por considerar que existió un interés
directo y particular, de orden moral, por parte de los concejales acusados para
favorecer a quien ocupaba el cargo de secretario general del Concejo de Medellín,
señor Jorge Luis Restrepo Gómez, reeligiéndolo sin realizar a una convocatoria
pública en los términos de la Ley 1904, situación frente a la cual, igualmente, acudió
al medio de control de nulidad electoral para cuestionar tal elección realizada en el
año 2021, la cual se tramitó bajo el expediente núm. 05001 23 33 000 2021 02010
00 y que fue objeto de decisión mientras se decidía este proceso.
80. Al respecto anotó lo siguiente:
«[…] Como antecedente, se tiene que el beneficio de mantener en el cargo
directivo de Secretario General del Concejo se ha dado en cuatro
oportunidades: (…) 1.- Mediante convocatoria pública en el año 2019 para
ocupar el cargo en el año 2020, en vigencia de la Ley 1904 a través de
Resolución MD 20191030000296 (…) 2- Segunda ocupación de cargo mediante
Primera reelección de manera directa en el año 2020 para el año 2021 [no se
exigía convocatoria pública por Ley 1904 como lo indicó la Personería de
Medellín el 13 de octubre de 2020 mediante oficio 2020011890262EE] (…) 3.-
Tercera ocupación de cargo mediante Segunda reelección sin convocatoria
pública el 15 de octubre de 2021, actualmente con declaratoria de nulidad
electoral en primera y segunda instancia – ESTA ES OBJETO DE CAUSA
FRENTE AL FACTOR SUBJETIVO PARA ESTA DEMANDA (…) 4.- Cuarta
ocupación de cargo mediante reelección en una convocatoria pública viciada,
la cual es objeto de nueva nulidad electoral del 10 y 17 de junio de 2022
efectuada por mi persona y un ciudadano afectado de manera directa (radicado
05001233300020220067700 y 05001233300020220069700) (sic); situación
que se presentó a posterior de esta demanda de pérdida de investidura (…)
Durante el desarrollo testimonial de este proceso se confesó de la existencia de
reuniones privadas y previas para el último acto ilegal en beneficio del particular
Jorge Restrepo como secretario, asimismo, en contestación de las demandas,
tal acto se asume verdadero, solo que se excusa, y en prueba testimonial
paradójicamente se niega (…) La anterior sistemática serie de eventos permite
inferir que no se actuó de manera espontáneo (sic) y por error, por ello se dio el
ánimo de encontrar con el Tribunal Antioqueño, una acción por desentrañar el
interés oculto en la persistente necesidad de reelegir persistentemente al señor
Restrepo, ahora justificado por los demandados como una acción urgente,
encontrando en dichos demandados vinculados o no a la mesa directiva, visos
de preexistencia de interés directo en no realizar una convocatoria pública,
dejando como resultado, el beneficiar la misma persona por tres años y el
asunto ventilado por los medios de control electoral (…) Tal indicio fue a su vez
aumentado, cuando de manera previa a la elección del 15 de octubre de 2021,
desde el interés de varios ciudadanos en materializar el artículo 40.7
Constitucional, y poder participar de una convocatoria pública, encontraron
silenciosos argumentos de sustento en la preferencia personal al señor
Restrepo, al de preferir abrir una convocatoria pública, debiendo dichos
ciudadanos, interponer derechos de petición como el encontrado recientemente
mediante radicado 20212620042962 y amparado mediante acción tutelar
acciones tutelares, como el proceso 2022-0029 ante el Juzgado Veinticuatro
Penal Municipal de Medellín. Esta prueba se pretendió configurar mediante
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interrogatorio, pero el despacho validó la objeción de la parte demandada
asumiendo que dicha pregunta no era procedente. No comprendo por qué no
sería procedente ir al fondo para hallar la verdad, o que por el hecho de no hacer
derecho de petición previo sobre esta búsqueda de la verdad, el despacho se
respalde en formalismo de gestión probatoria […]».
81. Efectuó reparos a la decisión de primera instancia en tanto no encontró
configurados los elementos objetivo y subjetivo de la violación del régimen de
conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura «[…] proponiendo una
excusa, que ni siquiera fuera propuesta por los abogados de los demandados, pero
es propuesta por el Tribunal: acudir a una nueva regla de interpretación, la Opción
Hermenéutica, debido a la existencia de conceptos del Departamento Administrativo
de la Función Pública […]», conceptos que no son vinculantes, en la cual no se
requería agotar una convocatoria pública para la elección del secretario general del
Concejo de Medellín, en una clara contravención de la Carta Política y la ley, en
particular, la Ley 1904, que dispuso lo contrario.
82. En relación con los conceptos emitidos por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, señaló lo siguiente:
«[…] Sin introducir nueva discusión sobre la diversidad conceptual del DAFP,
se hace necesario destacar que mediante concepto 20216000273271 del 29 de
julio de 2021, pese a que existía otro concepto frente a la procedencia
analógica, supeditada por la derogatoria de la Ley 1955, el DAFP hace una
extensa conceptualización del desarrollo de objeto decisorio de un concejo para
elegir dicho cargo, pero del concepto que se utiliza como opción hermenéutica,
guarda silencio frente al procedimiento eleccionario. El concepto se basó en LA
FACULTAD DEL CONCEJO PARA ELEGIR CON BASE EN LA LEY 136,
guardando silencio en lo que no se le preguntó, la Ley 1904, pese a existir
concepto 20216000275961 del 1 de agosto de 2021: (…) “Sobre el particular,
es necesario reiterar que como se señaló al inicio de este concepto, la Ley 136
de 1994, no hace mención al procedimiento que debe seguir el Concejo
Municipal para la elección de sus secretarios, razón por la cual resulta
procedente para la provisión de los empleos de Secretario del Concejo
Municipal la aplicación analógica que prevé el Artículo transitorio del Artículo 12
de la Ley 1904 de 2018” (…) La Sala Plena no evaluó el por qué se pregunta
de determinada manera y no de otra ante el DAFP (…) En el apartado 19 de la
sentencia de primera instancia en este proceso, se expone un elemento
probatorio, del cual ni hubo mayor miramiento por la sala plena: (sic) (…) «(…)
En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual indica que
teniendo en cuenta que el artículo 37 de la ley 136 de 1994 el secretario podrá
ser reelegible a criterio de la corporación, es viable que el concejo municipal
decida, a su criterio, reelegir a quien ya se encuentra elegido en el cargo de
secretario general de la corporación adoptando dicha decisión de reelegir al
actual secretario general mediante proposición presentada a la plenaria y
aprobada por ésta (…)» (20206000183301 de fecha 15/05/2020) […]».
83. Mencionó, en forma confusa, que la consulta realizada al Departamento
Administrativo de la Función Pública y que sería el sustento de la reelección del
secretario general del Concejo de Medellín el 15 de octubre de 2021, se orientó a la
viabilidad de una reelección de este servidor público con sustento en la Ley 136 y
no respecto del procedimiento que se debía surtir para ello y que corresponde, de
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acuerdo con los artículos 126 y 209 de la Carta Política y la Ley 1904, a una
convocatoria pública.
84. Indicó que para el año 2021, no era necesario solicitar un concepto por parte de
los funcionarios del Concejo de Medellín puesto que ya existía uno expedido por
parte de la Personería de Medellín, radicado núm. 2020011890262EE de 13 de
octubre de 2020; argumento que por su falta de claridad se transcribe a
continuación:
«[…] No se necesitaba para el año 2021 la gestión de consulta jurídica por parte
de las funcionarias que vienen laborando en el Concejo por años anteriores al
2019 (…) Tanto era el conocimiento de causa del concejo de Medellín que le
configura la existencia de un interés directo en los demandados, cuando en los
documentos aportados en proceso electoral 2021–2010-00, que una vez
expedido el 18 de septiembre el Acuerdo 089 de 2018 «POR MEDIO DEL CUAL
SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE MEDELLIN»,
tenía como precedente temporal la expedición de la Ley 1904 de 2018 del 27
de junio, en donde se establecía la analogía para el asunto eleccionario del
secretario general, situación que conllevó entonces a que el equipo jurídico
realizara consulta conceptual respecto del asunto REELECCIÓN a la
Personería de Medellín mediante radicado 2020011890262EE el 13 de octubre
de 2020, quien con base en la vigencia de la derogatoria por obra de la Ley
1955 de 2019, publicada el 25 de mayo, en un importante apartado, brinda la
Personería elementos que permitieron el poder tomar una decisión de fondo el
Tribunal Antiqueño, pero no lo quiso (…) En la Sentencia que niega la perdida
de investidura, no se cita tan importante apartado en el numeral 21 de la
Sentencia cuando transcribe apartados de la respuesta de la Personería, por
ello resalto el siguiente que se dejó inobservado dentro de una consulta sobre
reelección en el año 2020: (…) “Por tal motivo [derogatoria], la aplicación
analógica de la Ley 1904 para la elección de los secretarios de los concejos
municipales fue objeto de derogatoria y por lo tanto para la elección de los
secretarios de los concejos municipales se aplica lo dispuesto en la Ley 136 de
1994 (…) este despacho considera jurídicamente viable que el Concejo
Municipal decida, a su criterio, reelegir a quien ya se encuentra elegido en el
cargo de Secretario General de la Corporación” (…) Evidénciese que para la
fecha octubre de 2020 se estaba consultando sobre reelección, frente al mismo
sujeto, la cual solo supeditaba procedimiento por el asunto de la derogatoria,
pero para el mismo mes en el año siguiente, ya se convirtió en un asunto oscuro,
el no saber si ante la reviviscencia de la aplicación por analogía de la Ley 1904
debía hacer convocatoria pública. Por ello no consulta a la Personería de
Medellín en el año 2021, sino que hace pregunta con otro objetivo al DAFP.
Siguiendo la línea de verificación sobre el conocimiento de la norma que en su
claridad tenían el Concejo, pese a existir derogatoria, que luego, al obrar la
reviviscencia, el resultado conceptual orientador de la Personería de Medellín
volvería hacia su naturaleza, dar cumplimiento al deber de analogía […]»
85. Insistió en que los conceptos expedidos por el Departamento Administrativo de
la Función Pública cuando aluden a que la reelección del secretario general de los
concejos municipales se realiza a criterio de estas corporaciones, estaba
condicionado «[…] a la existencia de la derogatoria del parágrafo del art 12 de la
Ley 1904, que luego de entrar en rigor la analogía procedimental, dicha
discrecionalidad fenece […]».
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86. Añadió, asimismo, que la primera instancia no estudio la prueba trasladada del
medio de control de nulidad electoral identificado con el núm. 05001 23 33 000 2021
02010 00 pues allí habría encontrado el concepto núm. 275961 «[…] con radicado
20216000275961 de 1 de agosto de 2021, radicado en la entidad mediante número
20212060503152 del 6 de julio de 2021 […]», documento respecto del cual la
primera instancia afirmó que no se había allegado en su oportunidad y que, resalta
el actor, fue el sustento del mencionado medio de control de nulidad electoral.
87. Manifestó que en el Acta núm. 338 de 15 de octubre de 2021, aportada a la
primera instancia en el curso del medio de nulidad electoral núm. 05001 23 33 000
2021 02010 00, fueron incluidos elementos ajenos al desarrollo de la sesión como
lo fueron «[…] unos conceptos del equipo jurídico del Concejo, para pretender
excusar la proposición de reelección del señor Restrepo como Secretario General
del Concejo, y así poder excusar la votación de los concejales, actualmente
demandados […]», añadiendo lo siguiente:
«[…] En dicha adición se incluyen los siguientes elementos del Acta: (…) 1. Se
asume que se va a realizar una convocatoria y solo se avizoró una proposición
subjetiva de 20 minutos (…) 2. En el concepto jurídico se habló de la Ley 1904
pero no se especificó las razones de una posible inaplicabilidad, pese a que
funcionarias jurídicas de años atrás, tuvieron contacto de los anteriores
conceptos de personería de Medellín y del DAFP en relación con la aplicación
por analogía de la Ley 1904 (…) 3. Si bien el concepto se adiciona en el escrito
del Acta de sesión 338 del 15 de octubre de 2021 del Concejo de Medellín, en
donde su sesión no se evidenció la existencia de dicho concepto, llama la
atención entonces que la Corporación sí tenía conocimiento al 11 de octubre de
2021 de la reviviscencia de la aplicación analógica de la Ley 1904 como se
indicó en apartados anteriores (…) Por ello, el contenido del citado memorando
del 11 de octubre de 2021, pese a su inclusión extemporánea en acta, no salva
responsabilidad alguna, por cuanto no justifica la no realización de convocatoria
por analogía de Ley 1904 (…) A lo anterior, queda la duda sobre cuál es
entonces ese procedimiento que debían observar los concejales interesados en
realizar la reelección, pero es el Concejal Julio quien da respuesta a ese
interrogante cuando indica que solamente era verificar antecedentes,
experiencia laboral y antecedentes, pero ¿Por qué no verificar estos mismos a
interesados en participar de una convocatoria bajo esa misma regla
procedimental? Con ello ¿no hay interés directo en verificar requisitos de un
procedimiento solo a un ciudadano, y no a otras previa convocatoria? (…) 4. Y
por último en este apartado, se destaca en la rendición testimonial que los
abogados “para su sustanciación tomaron como referencia las leyes aplicables”,
pero no se excusa la inaplicabilidad por analogía, cuyo conocimiento conocían
desde el año 2020 con base en el concepto del Personero de Medellín (…) En
todo el proceso el concejal Juan Ramón nunca amplió o justificó su proposición
de reelección sin convocatoria pública (…) “por las garantías que nos ha
ofrecido a todos los concejales, el año pasado lo reelegimos y este año yo
presento la misma propuesta” (…) Lo que si quedó claro en la declaración
testimonial es que previo a sesión sí hay deliberaciones privadas con miembros
de la junta directiva del concejo, como bien se confesó respecto del nuevo
proceso eleccionario que se llevó a cabo en el año 2022 y que es hoy objeto de
nueva demanda, debido a la existencia de reunión privada con el Concejal
Lucas Cañas […]».
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88. Reprochó la delimitación del problema jurídico realizado por la primera instancia
puesto que, en su concepto, el conflicto de intereses no solo deviene del parentesco.
Agregó que la existencia de una relación institucional no podría excluir factores
como la estrecha amistad, no en el campo personal sino en el político, cuestionando,
de otro lado, las consideraciones de aquella instancia consistentes en que el actor
radicó el elemento subjetivo del conflicto de intereses en una simple falta de
respuesta a una petición de información, cuando lo cierto es que de la solicitud:
«[…] se extrae toda una serie de acciones de forma sistemática, hoy
corroboradas por la realidad en beneficiar sí o sí a la misma persona particular.
De ahí la forma de valorar de la sala este asunto no fue absoluta (…) La
irregularidad que depreco da origen al conflicto de interés se evidencia por la
preparación con la que se venía efectuando la situación al 15 de octubre de
2021, desde el mes de julio de 2021, cuando se hacen las primeras consultas
al DAFP, no en clave de sí o no realizar por analogía una convocatoria pública,
como bien queda claro que el concejo tenía conocimiento de su existencia del
año 2019 y 2020, como quedó expuesto en el memorando del 11 de octubre de
2021. […]».
89. Afirmó que las contestaciones de los demandados y la prueba testimonial dan
cuenta que, si bien la convocatoria pública es un mecanismo reglado en la ley, solo
resulta aplicable a las elecciones y no a las reelecciones. El planteamiento en
comento es del siguiente tenor:
«[…] Tal tipo de argumento es una fuente para que la Sala hubiere valorado la
existencia de un interés directo, personal y actual, refrendar ilegalidades de esa
manera (…) No se evidencia valoración de la Sala cuando aducen los
demandados que la aplicación de principios para ocupar cargos públicos, “ella
se refirió única y exclusivamente a la elección y no a la reelección de los
mismos, la cual sigue vigente pues los Secretarios Generales de los Concejos
Municipales no tienen la prohibición de ser reelegidos” (…) ¿acaso una
reelección varía la naturaleza y tipo de cargo a ocupar? (…) Con la anterior
declaración se confirma mi tesis de existencia en conflicto de intereses de los
concejales, que habida cuenta de su previa planeación para no realizar una
convocatoria, se dio planeación y concertaciones previas como bien dispusieron
varios de los demandados, a excepción del señor Ramos quien indicó lo
contrario (infiero que este no tuvo participación en una concertación previa), que
reconociendo el deber de efectuar aplicación de procedimientos para una
elección, ante la circunstancia de reelección del cargo para ocupación por
tercera vez, actualmente con una cuarta designación eleccionaria hoy en litigio
nuevamente, la interpretación gramatical del artículo 126 constitucional para el
caso particular “ella se refirió única y exclusivamente a la elección y no a la
reelección de los mismos.” (…) Sí hay entonces condición de causa subjetiva
de beneficiar al particular Restrepo por sus virtudes, porque la Norma bajo ese
sentido de delimitación le establece a los demandados, la posibilidad de saltar
de los mandatos imperativos de orden legal y constitucional, porque el sentido
gramatical de ellas es solo para elecciones, y la reelección para ellos es otra
cosa […]».
90. Igualmentese refirió al principio de confianza legítima al que aluden los
acusados, para mencionar lo siguiente:
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«[…] Tan evidente fue el interés directo, que a sabiendas de poder efectuar una
convocatoria pública, se buscó toda una serie de acciones, no positivas para un
presunto cumplimiento de aplicación de principios de la función pública, sino al
contrario, ejercitar consultas para sustentar la necesidad de una no realización
de una convocatoria pública. Situación esta tampoco analizada de fondo por la
Sala plena del Tribunal Administrativo de Antioquia. Confiesan los demandados
que hay acciones por fuera de plenaria, pero pretenden enmarcar que mi interés
de demanda deviene que, de la generalidad que “todo” lo que se hallare por
fuera, consideran ellos, para mi es supuestamente “ilegítimo, escondido o
puede llegar a generar algún tipo de suspicacias”. No. La única suspicacia fue
la que develé a través de proceso de nulidad electoral mediante proceso
05001233300020210201000; por ello, la valoración de la sala enmarcó su juicio
como si de una causal objetiva de interés directo estuviera demandando, o que
por el solo hecho de ser a “escondidas” dicha causa fuera la única razón para
demandar. Querer los demandados asumir la socialización previa y privada de
no aplicación de la ley no es “preparar” una plenaria, como trataron de hacer
ver los demandados. Si bien el concejo puede autorregularse y
“autodeterminarse” como indican los demandados, tal situación de
autodeterminación la realidad en efecto lo evidencia, al asumirse como una
entidad no de control, que define para beneficio propio quien puede o no
asignarse un cargo directivo por fuera del Decreto 785 de 2005, pero tales
prerrogativas poseen un límite, y es la misma Ley y la Constitución, pero para
los demandados hacer lo contrario “Eso no es ilegítimo ni ilegal.” (Apartado 127
de la Sentencia). […]».
91. Indicó que la sentencia carecía de motivación al pretermitir la valoración de «[…]
la conducta subjetiva desde sí o no dio lugar a un interés directo que para este caso
es de carácter moral, no económico, ni objetivo frente a lazos de parentesco […]»,
resaltando que en el presente caso el interés es directo puesto que se obtiene una
ventaja especial, de orden moral, «[…] ya que al precaver la necesidad de una
consulta para efectuar una reelección por fuera de los parámetros de ley, y al
depositar su voto estaban inhabilitados para el proceso eleccionario por falta de
ecuanimidad, ponderación y desinterés, ya que la norma sobre aplicación analógica
de la Ley 1904 exige, pero se buscaron otros medios, no para llenar un vacío, sino
para justificar el querer previamente planeado de elegir a una persona determinada
por fuera de los principios de la función pública. […]».
92. Adicionalmente, afirmó que la causa de la demanda era actual, y en tal sentido
señaló lo siguiente:
«[…] la anomalía que se adjudica a la imparcialidad y capacidad de quien emitía
votos positivos a un proceso eleccionario permite inferir se cumplen los
requisitos referente a la identificación del carácter subjetivo del interés directo
de cada concejal que votó a favor, y que la Sala quiso no estudiar (…) 1.
individualizar los hechos constitutivos del interés. Estos se encuentran
sistematizados con meses de antelación, no con ánimo de efectuar
procedimiento eleccionario, sino buscando mecanismos de consulta por fuera
de las ya obtenidas frente a la No aplicación por analogía de la convocatoria
pública establecida por Ley en la norma 1904. Tal fue la individualización, que
en gracia de anterior proceso contencioso administrativo, dichos hechos
constituyeron una nulidad eleccionaria (…) 2. establecer el vínculo entre los
hechos anteriores y la esfera de los intereses de los demandados y su círculo
cercano. El círculo cercano de los demandados se encuentra a nivel
institucional como Unidades de Apoyo a los concejales, cuya orden de gasto
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para su contratación está dada por el secretario general, así como de su
supervisión. La gestión de designación y administración del prepuesto del
concejo de Medellín que como se vio es de una cifra significativa, pareciere que
a los concejales dan preferencia a premiar las virtudes personales que el factor
del mérito (…) 3. determinar la relación entre el objeto de la decisión y el interés
del secretario potencialmente beneficiado. Con la decisión judicial anulatoria
determina que el objeto de la decisión reeleccionaria del 15 de octubre de 2021
y los actos previos de preparación para no efectuar una convocatoria, sumados
los votos ante tal ilegalidad, beneficiaron a la persona del señor Restrepo,
comprometiendo la imparcialidad de cada concejal frente al deber de aplicar y
hacer efectiva la Ley (…) 4. ponderar el deber de asegurar la imparcialidad con
otros intereses constitucionales, Es claro que el interés de los concejales era no
aplicar la Ley buscando a través de la opción hermenéutica saltarse los
principios de la Función Pública, como la realidad y el fallo anulatorio así lo
confirmaron, Se actuó en beneficio de la virtud personal del señor Restrepo. (…)
5. interés es específico y no general, Tal particularización se concretó en la
medida de una reelección específica, no una, sino en tres ocasiones, las dos
últimas viciadas, una con fallo judicial (…) 6. personal y no meramente
institucional, Hubiese sido institucional el interés si para el caso se hubiera
precedido de una convocatoria pública, en la que se permitiera participar el
conglomerado público, y dentro del él hubiere estado el señor Restrepo, que en
franca lid se hubiere seleccionado al mismo (…) Pero en este caso, tal
oportunidad nunca existió, por lo que el interés institucional denominado como
urgente, primó el interés personal (…) 7. cierto y actual, no eventual y futuro.
Tal certeza se encuentra hoy con fallo anulatorio y que fue prueba trasladada
(…) 8. real -moral- y no meramente supuesto. De los hechos que antecedieron
la reelección del 15 de octubre de 2021 datan desde el año 2020, y que una vez
en vigencia la regla de aplicación analógica por ley, como consta en los mismos
documentos aportados por los demandados, se creó la categoría de supuesto
vacío y por ello acudir a la vía hermenéutica les hacía encubrir la supuesta
necesidad de urgencia en reelección de un cargo directivo por fuera de ley (…)
No se partió de hipotéticos, sino de una realidad que hoy se encuentra
ejecutoriada mediante verificación de vicios a la hora de beneficiar al particular
Jorge Restrepo […]».
93. Se refirió a la causal de indebida destinación de dineros públicos para señalar
que el fallo de anulación dictado en el medio de control de nulidad electoral
anteriormente identificado quebrantó el principio de legalidad de los salarios que
venía percibiendo el señor Restrepo Gómez desde el 1 de enero de 2022 hasta la
fecha en que fue suspendido de su cargo, salarios y prestaciones que, entonces, no
tuvieron sustento legal.
94. Finalmente, cuestionó la sentencia por no realizar una valoración de la prueba
traslada que fue allegada al medio de control de nulidad electoral 05001 23 33 000
2021 02010 00, y particularmente hizo alusión a los testimonios allí practicados
puesto que, en su concepto, «[…] no se comprende como la Sala llega a
conclusiones prematuras de no configuración de causales de pérdida de
investidura, desatendiendo el valor de la prueba técnica testimonial que en dicho
proceso se dio y que en parte genera ciertas contradicciones con las desarrolladas
durante este proceso […]».
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I.7. Trámite del recurso de apelación
95. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en primera instancia, a
través del auto de 23 de agosto de 2022 concedió, en el efecto suspensivo, el
recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la sentencia de 29 de julio
de 202227.
96. El magistrado del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso en
segunda instancia, mediante auto de 26 de septiembre de 2022, resolvió:
«[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente el recurso de apelación presentado
por el acusado Babinton Darío Flórez Moreno, en contra del auto de 2 de junio
de 2022, proferido por el magistrado instructor del proceso en primera instancia,
a través del cual se resolvieron las excepciones previas formuladas en el
proceso.
SEGUNDO: DISPONER que los argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por el acusado Babinton Darío Flórez Moreno, en contra
del auto de 2 de junio de 2022, serán objeto de pronunciamiento en la sentencia
que debe proferir esta Sección.
TERCERO: INCORPORAR al expediente N.º 05-001-23-33-000-2022-00401-
03, las actuaciones que integran el expediente N.º 05-001-23-33-000-2022-
00401-02.
CUARTO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano
Giovanny Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez, parte demandante, en contra
de la sentencia de primera instancia de fecha 29 de julio de 2022, por medio de
la cual la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia, negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta decisión.
QUINTO: CORRER traslado del auto admisorio del recurso de apelación, así
como de todo lo actuado en este proceso, por el término de tres (3) días, en los
términos de los artículos 14 de la Ley 1881 de 2018 –en concordancia con el
artículo 212 de la Ley 1437 de 2001–, a las partes y al Ministerio Público, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión […]»28.
97. Notificada la precitada providencia a los sujetos procesales29, los concejales
Albert Yordano Corredor Bustamante, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto
Rivera Rivera, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Juan Ramón Jiménez Lara, Luis
Bernardo Vélez Montoya, Luis Carlos Hernández Castro, María Paulina Aguinaga
Lezcano, Nataly Vélez Lopera, Lina Marcela García Gañán, Sebastián López
Valencia y Simón Molina, a través de su apoderado judicial30; la concejal Dora
Cecilia Saldarriaga Grisales, por intermedio de su apoderada judicial31; el concejal
Daniel Duque Velásquez, en nombre propio32; y, el concejal Julio Enrique González
27 Índice 85 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
28 Índice 4 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 03.
29 Índice 5, 6 y 7, SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 03.
30 Índice 8 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 03.
31 Índice 9 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 03.
32 Índice 10 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 03.
28
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
Villa, por intermedio de su apoderada judicial33, presentaron sus alegaciones de
conclusión, en las cuales reiteraron la posición expuesta a lo largo del proceso y
solicitaron la confirmación de la sentencia apelada. El actor y el agente del Ministerio
Público no intervinieron en esta etapa procesal34.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
98. La Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará los
siguientes aspectos: (i) la competencia de la Sala; (ii) la acreditación de la condición
de concejales respecto de los acusados; (iii) la cuestión previa relativa a la
excepción de indebida integración del litisconsorcio; (iv) el problema jurídico a
resolver; (iv) las causales de pérdida de investidura invocadas por el solicitante y,
posteriormente, se pronunciará en relación con (v) el caso concreto.
II.1. La competencia
99. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de
lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 61735; en el artículo 13 del
Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201936; y en el artículo 150 del CPACA37.
II.2. La condición de concejales
100. El actor, con su solicitud, allegó copia del formato E-26 CON correspondiente a
las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019 y en el cual se declararon electos
los concejales del municipio de Medellín para el período 2020-2023, entre los cuales
se encuentra los acusados Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila
Giraldo, Juan Ramón Jiménez Lara, Daniel Duque Velásquez, Luis Carlos
Hernández Castro, Nataly Vélez Lopera, Simón Molina Gómez, María Paulina
Aguinaga Lezcano, Lina Marcela García Gañan, Sebastián López Valencia, Albert
Yordano Corredor Bustamante, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, Luis Bernardo
Vélez Montoya y Alfredo Ramos Maya.
33 Índice 11 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 03.
34 Índice 13 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 03.
35 «[…] PARAGRAFO 2o. La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la ley, con plena observancia del
debido proceso y en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha
de la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea departamental o del concejo municipal o por
cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá ante la sala o sección del Consejo de Estado que determine
la ley en un término no mayor de quince (15) días»
36 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
37 «ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE
RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:>
<Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código […]».
29
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
101. Asimismo, dentro del expediente se encuentra, entre otras, el Acta núm. 338
que da cuenta de la sesión plenaria del Concejo de Medellín realizada el 15 de
octubre de 202138 –en la cual se reeligió al señor Jorge Luis Restrepo Gómez como secretario
general del Concejo de Medellín para el período 2022– y en la que se registra la asistencia,
entre otros concejales, de los acusados Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Sebastián
López Valencia, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Luis
Carlos Hernández Castro, Luis Bernardo Vélez Montoya, Daniel Duque Velásquez,
Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, Juan Ramón Jiménez Lara, Julio Enrique
González Villa, María Paulina Aguinaga Lezcano, Simón Molina Gómez, Nataly
Vélez Lopera, Alfredo Ramos Maya, Lucas Cañas Jaramillo, Lina Marcela García
Gañan, Albert Yordano Corredor Bustamante y Babinton Darío Flórez Moreno.
102. Se debe agregar que los acusados, en sus pronunciamientos frente a la solicitud
de pérdida de investidura, aceptan tener la condición de concejales del municipio
de Medellín para la época en que sucedieron los hechos juzgados en este proceso
y, en razón de lo acreditado, se encuentra cumplido el requisito previsto en el literal
b) del artículo 5° de la Ley 1881 de 201839, aplicable a los procesos de pérdida de
investidura de concejales municipales por así disponerlo el artículo 22 de la misma
ley40.
II.3. La cuestión previa relativa a la excepción de indebida integración del
litisconsorcio
103. La Sala pone de relieve que el magistrado sustanciador del proceso en esta
instancia, mediante auto de 26 de septiembre de 202241, se pronunció respecto del
recurso de apelación presentado por el concejal acusado Babinton Darío Flórez
Moreno en contra del auto de 2 de junio de 2022, proferido por el magistrado
instructor del expediente en primera instancia y a través del cual se resolvieron las
excepciones previas formuladas en el proceso.
104. En esa decisión se declaró la improcedencia de ese recurso para cuestionar la
providencia de 2 de junio de 2022, pues lo era el recurso de reposición; sin embargo,
no se estimó procedente la devolución del expediente a la primera instancia para
efectos de que desatara tal impugnación, puesto que la Sala Plena del Tribunal
38 Aportado con la contestación de la demanda del concejal Daniel Duque Velásquez. Índice 21 SAMAI,
expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia / Aportado con la
contestación de la demanda del concejal Julio Enrique González Villa. Índice 24 SAMAI, expediente núm. 05001
23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
En la contestación de la demanda del concejal Banbinton Darío Flórez Moreno se allegó copia del memorando
de 12 de octubre de 2021, a través del cual el presidente del Concejo de Medellín, Jaime Roberto Cuartas
Ochoa, convocó a los concejales para la reelección del secretario general de esa corporación, que se llevaría a
cabo el día 15 de octubre de 2022. Índice 25 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal
Administrativo de Antioquia.
39 «ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá
formularse por escrito y contener, al menos: (…) b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la
Organización Electoral Nacional […]».
40 «ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los
procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados».
41 Índice 4 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 03.
30
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
Administrativo de Antioquia, con fecha 29 de julio de 2022, había proferido la
sentencia de fondo, frente a la cual se interpuso el recurso de apelación por parte
del actor; impugnación que fue concedida a través del auto de 23 de agosto de 2022
y remitida a esta corporación por medio del oficio núm. 188 de 30 de agosto de
2022.
105. De esta manera, la mencionada providencia de 26 de septiembre de 2022
dispuso que los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado por
el concejal cuestionado Babinton Darío Flórez Moreno, en contra del auto de 2 de
junio de 2022, serían objeto de pronunciamiento en la sentencia que debía proferir
la Sección en este proceso, de lo cual se ocupara, entonces, en este acápite.
106. El concejal Babinton Darío Flórez Moreno, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente y actuando a través de apoderado judicial, dio respuesta a la
solicitud de pérdida de investidura42 oponiéndose a las pretensiones de la solicitud
luego de considerar que se estructuraba ninguno de los presupuestos para su
prosperidad en razón a que no actuó con dolo ni culpa grave. Sumado a ello,
propuso la excepción de indebida integración del litisconsorcio por pasiva, en los
siguientes términos:
«[…] El actor se refiere a la reelección del secretario general del año de los años
2021 y 2022, y solo procedió a demandar o a vincular los concejales que
eligieron en el 2020, dejando de lado los concejales que identifico en el hecho
primero, que eligieron en el 2021, quienes también deberán ser parte del
contradictor, para que expresen las razones por las cuales eligieron en el 2020,
y dieron lugar AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA, de los que eligieron
para el 2021, del cual no hacía parte mi representado, ya que este asumió en
septiembre de 2021 por llamado a ocupar vacancia definitiva, el ingreso y con
el mismo criterio del 2020, por lo cual deberán comparecer al proceso quienes,
identificaron esa posición sustentada en conceptos y demás, para conformar en
debida forma el contradictor y aunar los elementos para conocimiento del juez
[…]»
107. El magistrado instructor del proceso en primera instancia, mediante auto de 2
de junio de 2022, resolvió las excepciones previas de inepta demanda y de falta de
legitimación en la causa por pasiva, que fueron presentadas por el concejal Ramos
Maya, así como la excepción de indebida integración del litisconsorcio necesario,
formulada por el concejal Flórez Moreno, declarando su no prosperidad.
108. En lo que tiene que ver con la excepción de indebida integración del
litisconsorcio necesario, la providencia de 2 de junio de 2022 indicó lo siguiente:
«[…] Por consiguiente, en el proceso de la referencia, se tiene que el
contradictorio fue integrado por los miembros del Concejo de Medellín, por
presuntamente incurrir en las causales de perdida de investidura determinadas
en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994 con ocasión al nombramiento del
secretario Ad Hoc (sic) del Consejo de Medellín mediante la Resolución
42 Índice 25 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
31
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
20221000000028 del 16 de febrero de 2022 (…) Como ya se ha mencionado,
el proceso de perdida investidura tiene una naturaleza sancionatoria en virtud
del comportamiento que no esté ajustado a la Constitución y a la Ley en el que
llegaré a incurrir los miembros de alguna de las corporaciones de elección
popular, por lo cual en los procesos de perdida de investidura se procede con
el estudio detallado del comportamiento de los mismos en el ejercicio de sus
funciones (…) De modo que, en el presente proceso la litis se configura en
determinar si los miembros del Consejo Municipal de Medellín que fueron
demandados incurrieron en las causales de perdida de investidura que el actor
alega se generan por el nombramiento irregular del Secretario Ad Hoc (sic) del
Concejo Municipal (…) Siendo de este modo, que el compartimiento a estudiar
se deriva del nombramiento realizado mediante la Resolución 20221000000028
que data del 16 de febrero de 2022, periodo para el cual, y según lo obrante en
el proceso; los señores Jhon Jaime de Jesús Moncada Ospina, Carlos Alberto
Zuluaga Días y Gabriel Enrique Dib Díaz Granados ya no ostentaban su curul o
cargo de concejales municipales; de forma que no pudieron participar en el
nombramiento alegado, ni ejercer las funciones propias del cargo (…) De esta
forma, para el periodo en el cual se expidió el acto administrativo que se deriva
del presunto comportamiento irregular de los miembros del Concejo Municipal,
el demandado Babinton Darío Flórez Moreno ya ostentaba su curul y participaba
en el mismo bajo el ejercicio de las funciones propias del Cargo, dado que como
él mismo lo indica en su contestación ocupó el cargo en septiembre de 2021,
fecha anterior al nombramiento del Secretario Ad Hoc mediante la Resolución
20221000000028 del 16 de febrero de 2022 (…) En consecuencia, dado que se
encuentra debidamente integrado el contradictorio, y no se evidencia que se
deba vincular a los señores Jhon Jaime de Jesús Moncada Ospina, Carlos
Alberto Zuluaga Días y Gabriel Enrique Dib Díaz Granados por cuanto para la
fecha de la expedición del acto administrativo de nombramiento ya no
ostentaban ni ejercían la calidad de concejales municipales de Medellín, se
declara no prospera la excepción de indebida integración del litis consorcio por
pasiva […]»43.
109. El concejal Flórez Moreno presentó recurso de apelación44 en contra de la
decisión adoptada en el mencionado auto de 2 de junio de 2022, solicitando su
revocatoria y deprecando que, en su lugar, se declarara su prosperidad. Como
sustento de su impugnación argumentó lo siguiente:
«[…] El actor se refiere a la reelección del secretario general del año de los años
2020 y 2021, y solo procedió a demandar o a vincular los concejales que
eligieron en el 2020, dejando de lado los concejales que identifico en el hecho
primero, que eligieron en el 2020, quienes también deberán ser parte del
contradictor, para que expresen las razones por las cuales eligieron en el 2020,
y dieron lugar AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA, de los que eligieron
para el 2020, del cual no hacía parte mi representado, ya que este asumió en
septiembre de 2021 por llamado a ocupar vacancia definitiva, el ingreso y con
el mismo criterio del 2020, por lo cual deberán comparecer al proceso quienes,
identificaron esa posición sustentada en conceptos y demás, para conformar en
debida forma el contradictor y aunar los elementos para conocimiento del juez
(…) De acuerdo a lo expuesto no se resolvió la excepción de inepta demanda,
o falta de requisitos formales de la demanda y la falta de integración de los litis
consortes necesarios por ser quienes dieron lugar a la reelección del 2020 para
el 2021, dando confianza y fundamentando la decisión del año 2021, siendo
43 Índice 4 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 03.
44 Índice 33 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
32
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
necesarios para el proceso y además fueron identificados por el actor en los
primeros hechos, haciendo necesaria su comparecencia […]»
110. Para desatar la cuestión debatida, es necesario señalar que el artículo 61 del
Código General del Proceso, norma aplicable a esta controversia por así disponerlo
el artículo 22 de la Ley 1881, regula lo concerniente a los litisconsortes necesarios
en los siguientes términos:
«[…] Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio.
Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los
cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera
uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las
personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos
actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se
hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar
traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y
con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.
En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez
dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de
parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá
a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se
suspenderá durante dicho término.
Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el
juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.
Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a
los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en
litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.
Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la
demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho
litisconsorcio […]».
111. Esta Sección ha tenido la oportunidad de referirse a esta figura procesal,
mencionando, con sustento en aquella norma, que se está en presencia de este tipo
de litisconsorcio cuando hay pluralidad de sujetos en la condición de demandantes
(litisconsorcio por activa) o demandados (litisconsorcio por pasiva), los cuales están
vinculados por una única relación jurídica sustancial, lo que apareja, por mandato
expreso de la ley, que sea indispensable su presencia en el litigio para que esta
pueda desarrollarse, en tanto cualquier decisión que se tome al interior de este
puede beneficiar o perjudicar a todos los concernidos45.
45 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera
ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00253-01. Actor: CBI COLOMBIA S.A. Demandado: MINISTERIO
DEL TRABAJO – MINTRABAJO, DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil
veintiuno (2021). Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00265-00. Actor: JAVIER MONTES ZEA.
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL. Referencia:
NULIDAD. Audiencia Inicial.
33
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
112. En efecto, en el auto de 13 de agosto de 2021 46, la Sala, replicando el contenido
del auto de 5 de marzo de 2018, dictado en el expediente núm. 13001 23 33 000
2013 00071 00, indicó lo siguiente:
«[…] Ahora bien, cuando una parte es integrada por varios sujetos de derecho
se presenta el litisconsorcio, el cual puede ser necesario, facultativo o
cuasinecesario; definidos en los artículos 60 a 62 del CGP (…) El primero se
presenta cuando la relación sustancial entre varios sujetos de derecho hace
obligatoria su presencia en el proceso, so pena de la nulidad de la sentencia.
Por el contrario, el litisconsorcio facultativo opera cuando la relación sustancial
entre cada sujeto con la contraparte es independiente o escindible, de manera
tal que es viable adelantar una actuación judicial distinta por cada uno de ellos;
sin embargo, por razones de economía procesal acuden voluntariamente a uno
solo (…) Como puede apreciarse, la principal característica del litisconsorcio
necesario, alegado por los recurrentes, consiste en la obligatoriedad de la
presencia en el proceso de la totalidad de los sujetos, bien sea por la parte
activa o pasiva, que tengan una relación sustancial, sin los cuales no existe
posibilidad alguna de emitir fallo so pena de incurrir en una causal de nulidad
de la sentencia». (Se destaca) […]».
113. De acuerdo con lo expuesto, resulta relevante mencionar que, de acuerdo con
el artículo 1° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003 de 2019,
el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad
subjetiva, lo que quiere indicar que su objeto radica en establecer si un miembro de
una corporación de elección popular, esto es, congresista, diputado, concejal o edil,
ha incurrido, de manera dolosa o gravemente culposa, en causales de pérdida de
investidura establecidas en la Carta Política o en la ley, luego no se requiere de la
presencia forzosa de persona distinta del congresista, diputado, concejal o edil al
cual se le ha endilgado la realización de una conducta que amerita la mencionada
sanción.
114. Lo anterior, sin perjuicio de que dicha solicitud pueda abarcar, como en este
caso, distintos miembros de corporaciones de elección popular, cuya relación
sustancial es independiente en la medida en que, se itera, este medio de control
tiene naturaleza subjetiva que implica evaluar, para cada uno de los acusados, si
su conducta fue constitutiva de una causal de pérdida de investidura y si aquella se
realizó con dolo y culpa grave, razón por la que, para efectos de evaluar la actuación
del concejal Babinton Darío Flórez Moreno, no se requiera la vinculación forzosa de
otros sujetos como este lo plantea, por lo que debe confirmarse la decisión adoptada
por la primera instancia en el auto de 2 de junio de 2022.
II.4. El problema jurídico
115. La Sala, de acuerdo con lo anterior y una vez agotados los trámites propios de
este medio de control sin que se observe irregularidad o causal de nulidad alguna
46 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 11001-03-24-000-2016-00158-00. Actor: MARGARITA MARTÍNEZ GARZÓN.
34
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
que invalide lo actuado, y de acuerdo con lo normado en los artículos 32047 y 32848
del Código General del Proceso, considera que el asunto que debe resolver se
contrae a determinar si se configuran los elementos -objetivos y subjetivos- que
permitan despojar de la investidura de concejales a los señores Jaime Roberto
Cuartas Ochoa, Sebastián López Valencia, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio
Humberto Rivera Rivera, Luis Carlos Hernández Castro, Luis Bernardo Vélez
Montoya, Daniel Duque Velásquez, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, Juan Ramón
Jimenez Lara, Julio Enrique González Villa, María Paulina Aguinaga Lezcano,
Simón Molina Gómez, Nataly Vélez Lopera, Alfredo Ramos Maya, Lucas Cañas
Jaramillo, Lina Marcela García Gañan, Albert Yordano Corredor Bustamante y
Babinton Darío Flórez Moreno -concejales del municipio de Medellín para el período
2020 – 2023-, por violar el régimen de conflicto de intereses e incurrir en indebida
destinación de dineros públicos, causales de pérdida de investidura previstas en el
numeral 1° y 4° del artículo 48 de la Ley 617.
116. A pesar de la confusa redacción del recurso de apelación, es posible colegir que
el actor considera, de un lado, que el hecho de haber reelegido al señor Jorge Luis
Restrepo Gómez como secretario general del Concejo de Medellín para el período
2022, sin haber realizado una convocatoria pública en los términos de la Ley 1904,
es muestra de la existencia de un interés directo, particular y actual, de orden moral,
que configura la violación del régimen de conflicto de intereses por haber favorecido
a esta persona.
117. Resalta el apelante que dicha elección fue cuestionada, igualmente, en el medio
de nulidad electoral identificada con el expediente núm. 05001 23 33 000 2021
02010 00; y afirma, de otro lado, que se configuró la indebida destinación de dineros
públicos puesto que el fallo dictado en el medio de control de nulidad electoral y por
el cual se declaró la nulidad de la precitada elección, dejo sin piso legal el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales que percibió el señor
Jorge Luis Restrepo Gómez en el citado cargo a partir del 1 de enero de 2022.
47 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71»
48 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
35
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
II.5. Las causales de pérdida de investidura que se le atribuyen al acusado
118. A juicio del actor, los concejales acusados incurrieron en la violación del régimen
de conflicto de intereses y en la indebida destinación de dineros públicos, causales
de pérdida de investidura para los concejales, por así disponerlo los numerales 1° y
4° del artículo 48 de la Ley 617, normas que son del siguiente tenor:
«[…] ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS
ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su
investidura: (…) 1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de
considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general (…) 4. Por indebida destinación
de dineros públicos […]» ─negrillas y resaltado fuera de texto
119. En lo que se refiere a lade violación del régimen de conflicto de intereses, sea
lo primero indicar que esta causal de pérdida de investidura desarrolla los mandatos
constitucionales previstos en los artículos 1°49 y 133 de la Carta Política, modificado
por el artículo 5° del Acto Legislativo 1 de 200950, preceptos que establecen que
Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del interés
general, y que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
120. Dicha causal de pérdida de investidura castiga la posibilidad de que quienes
resulten elegidos popularmente para integrar corporaciones públicas pretendan, con
determinadas decisiones, lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios
personales, en detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones.
121. Siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el
conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el
asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma
personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus
socios. Así las cosas, el asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un
enfrentamiento entre su interés personal y el interés general o el bien común que,
se reitera, deben guiar el ejercicio de sus competencias, lo cual le obliga a
manifestar su impedimento para efectos de que este sea resuelto, so pena de
incurrir en la causal de pérdida de investidura.
49 «ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general»
50 «ARTICULO 133. <Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el
siguiente:> Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar
consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos
que determine la ley.
El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las
obligaciones propias de su investidura»
36
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
122. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se ha pronunciado en diversas
ocasiones frente al alcance y contenido de la causal de pérdida de investidura
mencionada a través de pronunciamientos que, si bien se han realizado con ocasión
de las controversias asociadas a los congresistas, orientan el entendimiento,
configuración y aplicación de la figura a los miembros de corporaciones públicas del
orden territorial. Al respecto, la Corporación51 ha señalado lo siguiente:
«[…] A partir de las normas previamente mencionadas (C. Polt. Arts. 183 –
numeral 1-, 182 y 185, y Leyes 5 de 1992 –art. 286 a 296- y 1881 de 2018 –art.
18-), la jurisprudencia reiterada de la Sala Plena Contenciosa Administrativa del
Consejo de Estado52 –en sede de pérdida de investidura de congresistas- ha
señalado los requisitos concurrentes que necesariamente deben estar
acreditados para la estructuración de la causal de violación del régimen de
conflicto de intereses, así:
“(i) La calidad de congresista, elemento transversal y común a todo juicio de
desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés directo, particular y actual o
inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano, (iii) su no
manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del
asunto por recusación, (iv) haber conformado el quorum o participado el
congresista en el debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga
lugar en un asunto de conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea
su naturaleza, lo que no circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, sino
a toda materia que conforme al ordenamiento sea de competencia del Congreso
de la República”.53
En cuanto al segundo de los mencionados elementos de la causal de pérdida
de investidura en comento, esto es “(ii) La concurrencia de un interés directo,
particular y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo
cercano”, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que se estructura
cuando se observa: a) la existencia de un interés particular –de cualquier orden,
incluso moral- del congresista en la deliberación o decisión de un tema
específico a cargo del Congreso; b) que efectivamente participe en la
deliberación o decisión de ese tema en específico; c) que ese interés sea
directo, no eventual o hipotético; d) que además el interés sea actual, y e) que
el beneficio recibido no sea general sino particular.
51 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejera ponente:
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020). Radicación
número: 11001-03-15-000-2019-02135-01(PI). Actor: AÍDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL, MARÍA JOSÉ
PIZARRO RODRÍGUEZ, GUSTAVO BOLÍVAR MORENO y DAVID RICARDO RACERO MAYORCA.
Demandado: JONATÁN TAMAYO PÉREZ. Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA.
52 Consejo de Estado, Sentencia del 17 de octubre de 2000, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, No.
Rad. AC- 11116, C.P. Mario Alario Méndez; Sentencia del 21 de noviembre de 2013, Sección Primera, Rad.
No. 2012-01771-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sentencia del 2 de junio de 2016, Sección Primera, Rad
No. 2015-00177, C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Rad. No. 2015-01333, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Sentencia del 1 de febrero de
2018, Sección Primera, No. Rad. 2019-02830, C.P. Oswaldo Giraldo López; Sentencia del 5 de septiembre de
2018, Sala de lo Contencioso Administrativo, Rad. No. 2018-00320, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa;
Sentencia del 18 de febrero de 2019, Sala Especia] de Decisión No. 12, Rad No. 2018-03779, C.P. Ramiro
Pazos Guerrero.
53 Ver entre otras: 1). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 16.
Expediente 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). Providencia del 6 de junio de 2017. M.P. Dr. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa. 2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión
6. Magistrado Ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 16 de julio 2019. Referencia: Pérdida de
Investidura. Radicación: 11001-03-15-000-2019-02830-00. Demandante: Andrés Zalamea. Demandado: Álvaro
Uribe Vélez.
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Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
Así las cosas, es válido concluir que, la causal de pérdida de investidura de
violación del régimen de conflicto de intereses se presenta cuando el
congresista tiene interés directo en el asunto que se encuentra conociendo
porque el mismo le afecta en forma personal, a alguno de sus parientes en los
grados indicados en la norma o, a sus socios, y plantea un enfrentamiento entre
su interés personal y el interés general que debe guiar el ejercicio de sus
funciones, lo que obliga a que aquel deba manifestar su impedimento para
efectos de que este sea resuelto so pena de incurrir en la causal de pérdida de
investidura; en ese orden el conflicto de intereses es un concepto jurídico
indeterminado y, debido a ello, será el juez el que decida, en el caso concreto,
si existe fundamento suficiente para la desinvestidura solicitada […]»
123. En lo atinente a la indebida destinación de dineros públicos, esta Sección54, con
sustento en decisiones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, ha precisado frente a esta causal de pérdida de investidura, lo
siguiente:
«[…] Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran
desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las ordenan,
resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que esta Corporación la
ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3 de octubre de 2000, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, en relación con los congresistas,
pertinente también para los restantes miembros de corporaciones públicas de
elección popular, como los concejales, precisó:
“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando
el congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos
estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:
a. Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados
pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o
injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros […]”55 […]»
(negrillas y subrayas fuera de texto)
124. Asimismo, la Sección Primera56 ha destacado lo siguiente:
«[…] 43. En primer orden, que la indebida destinación de dineros públicos es
una norma abierta porque la normativa Constitucional y legal no establece el
54 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera
ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 50001-23-33-000-2020-00021-01(PI).
55 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre de 2000,
Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.
56 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 68001-23-33-000-2019-00893-01(PI).
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Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
alcance de la causal ni detalla un catálogo de conductas específicas que la
configuran, lo cual atiende a la finalidad de la causal, cual es: censurar cualquier
uso de los dineros públicos para fines no previstos, distintos, prohibidos o no
autorizados por la Constitución Política, las leyes o el reglamento, porque con
ello traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la normativa que regula el gasto57.
44. En segundo orden, si bien la indebida destinación de dineros públicos se
puede configurar a través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la
autonomía e independencia existente entre las acciones de pérdida de
investidura y penal, las conductas que materializan la indebida destinación de
dineros públicos configuran la causal de pérdida de investidura sin que
necesariamente deban estar tipificadas como delitos […]”58.
45. En tercer orden, para efectos de la causal de desinvestidura, la expresión
“dinero público” se debe entender como aquellos recursos públicos que
administra el Estado.
46. En cuarto orden, la configuración objetiva de la causal de pérdida de
investidura sub examine requiere la acreditación de tres elementos, a saber: i)
que se ostente la condición de congresista ii) que se esté frente a dineros
públicos y iii) que los dineros públicos sean indebidamente destinados.
47. En cuarto orden, la indebida destinación de dineros públicos se configura
en los siguientes casos:
47.1. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.
47.2. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los
destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los
cuales esos dineros se encuentran asignados.
47.3. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica
los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
47.4. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica
los dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.
47.5. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros.
57 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de
diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P.
doctora Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero,
expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco
Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
58 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de
diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P.
doctora Rocío Araújo Oñate. En dicha providencia se citan las sentencias: Consejo de Estado. Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes. Expediente AC-
2102. Sentencia del 30 de julio de 2002. MP Jesús María Lemos Bustamante, expediente: 11001-03-15-000-
2001-0248-01 y concluye que la autonomía entre las acciones penal y de pérdida de investidura es congruente
con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio de 1994, mediante la cual se
declaró la inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, que condicionaba la
procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del Congreso por indebida destinación de
dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de sentencia penal condenatoria.
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Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
47.6. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros […]»
II.6. El caso en concreto
II.6.1. La presencia de los elementos objetivos para la configuración de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses
125. Como se indicó líneas atrás, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo y de esta Sección convergen en señalar que, para efectos de la
configuración de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de
conflicto de intereses, se requiere la presencia de los siguientes elementos: (i) la
calidad de concejal; (ii) la concurrencia de un interés directo, particular y actual o
inmediato en cabeza de quien es concejal o su círculo cercano; (iii) su no
manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del
asunto por recusación; (iv) haber conformado el cuórum o participado el concejal en
el debate o votación del asunto, y (v) que esa participación tenga lugar en un asunto
de conocimiento funcional del concejal, cualquiera sea su naturaleza.
126. Al estar demostrado -como se indicó líneas atrás- que los acusados fungieron
como concejales del municipio de Medellín en el período 2020-2023, se debe
establecer si de las pruebas que obran en el expediente 59 es posible acreditar la
existencia del interés directo, particular y actual o inmediato al que alude el
solicitante de la pérdida de la investidura.
127. En el expediente se encuentra copia del acta núm. 153 de la sesión plenaria del
Concejo de Medellín de 13 de octubre de 202060, en la cual los concejales Luis
Bernardo Vélez Montoya, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, Carlos Alberto Zuluaga
Díaz, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Luis Carlos
Hernández Castro, Alex Xavier Flórez Hernández, Daniel Duque Velásquez, Jaime
Humberto Cuartas Ochoa, Daniel Carvalho Mejía, Juan Ramón Jiménez Lara, John
Jaime Moncada Ospina, Albert Yordano Corredor Bustamante, Sebastián López
Valencia, Lina Marcela García Gañán, Gabriel Enrique Dib Díaz Granados, Simón
Molina Gómez, Nataly Vélez Lopera y Alfredo Ramos Maya61 eligieron al señor
Jorge Luis Restrepo Gómez como secretario general de esa Corporación para el
período 2021.
59 Las pruebas allegadas al proceso se encuentran en el expediente digital que reposa en el sistema de gestión
judicial SAMAI.
60 Aportado con la contestación de la demanda del concejal Daniel Duque Velásquez. Índice 21 SAMAI,
expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia / Aportado con la
contestación de la demanda del concejal Julio Enrique González Villa. Índice 24 SAMAI, expediente núm. 05001
23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
61 Con voto negativo del concejal Juan Felipe Betancur Corrales.
40
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
128. En el curso de tal sesión, fue leído el concepto núm. 20202300001413 de 13 de
octubre de 202062, elaborado por el subsecretario de esa corporación, Conrado de
Jesús Torres Graciano, y dirigido a su presidente, concejal Luis Bernardo Vélez
Montoya, cuyo contenido es el siguiente:
«[…] La normativa vigente para la elección de Secretario General de las
Corporaciones Públicas remite sin lugar a dudas a la ley 136 de 1994 y para
ello, me permito presentar el siguiente detalle: (…) La Ley 1904 de 2018
establecía en su artículo 12 un parágrafo transitorio que decía: “PARÁGRAFO
TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la República regulas las demás
elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas
conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución
Política, la presente ley se aplicará por analogía” (…) Con fundamento en dicha
norma, el Concejo de Medellín a través de la Resolución MD 2191030000296
del 30 de septiembre de 2019 dio apertura a la convocatoria pública No. 002 de
2019 para la elección del Secretario General del Concejo municipal (sic) de
Medellín, para el período anual 2020 donde fijó requisitos y procedimientos que
garantizaron los principios de publicidad, transparencia, participación
ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección (…) El
señor Jorge Luis Restrepo Gómez obtuvo un puntaje de 99,83 en los resultados
finales de las pruebas, acorde a lo descrito en los artículos 18, 23 y 24 de la
mencionada Resolución y fue electo en la plenaria del Concejo de Medellín
como Secretario General para el para el (sic) período anual 2020 (…) No
obstante, es claro que la ley 1904 no derogó lo dispuesto en la ley 136 de 1994
en lo referente a la elección del Secretario General del Concejo y tampoco el
Acto legislativo 02 de 2015 prohibió su reelección (…) Seguidamente, la Ley
1955 de 2019 “por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, dispuso lo siguiente en cuanto a
vigencias y derogatorias: (…) Se derogan expresamente (…) el parágrafo
transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 (…) Por tal motivo, la
aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 para la elección de los secretarios
de los concejos municipales fue objeto de derogatoria y por lo tanto para la
elección de los secretarios de los concejos municipales se aplica lo dispuesto
en la ley 136 de 1994 (…) Así las cosas, el artículo 37 de la Ley 136 de 1994
dispone lo siguiente: “Artículo 37°.- Secretario. El Concejo Municipal elegirá un
secretario para un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y
su primera elección se realizará en el primer período legal respectivo (…)” (…)
El Acuerdo 089 de 2018 Reglamento Interno del Concejo, en el artículo 24
establece: “Artículo 24. Elección: El Secretario General del Concejo es elegido
por la plenaria para un período de un (1) año, que inicia el 1° de enero y finaliza
el 31 de diciembre. Puede ser reelegido. Se posesionará ante el Presidente de
la Corporación. La renuncia del Secretario se presentará, así mismo, ante el
Presidente” (…) De conformidad con la Ley 136 de 1994 artículo 37° y el
Acuerdo 089 de 2018 Reglamento Interno del Concejo artículo 24 es viable que
el Concejo Municipal decida, a su criterio, reelegir a quien ya se encuentra
elegido en el cargo de Secretario General de la Corporación (…) Con
fundamento en los motivos expuestos, el señor Presidente de la Corporación
mediante memorando de citación convocó a la Honorable Plenaria del Concejo
de Medellín con tres días de antelación para reelección del Secretario General
del Concejo de Medellín para el año 2021, conforme con lo dispuesto en el
artículo 57 del Reglamento Interno del Concejo, Acuerdo 89 de 2018 (…) La
decisión de reelegir al Secretario General debe tomarse con antelación, toda
62Aportado con la contestación de la demanda del concejal Daniel Duque Velásquez. Índice 21 SAMAI,
expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia / Aportado con la
contestación de la demanda del concejal Julio Enrique González Villa. Índice 24 SAMAI, expediente núm. 05001
23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
vez que en el evento de que no sea efectiva la reelección, la Corporación
deberán contar con el tiempo suficiente para adelantar el trámite de una
convocatoria pública para una nueva elección. Cabe destacar que de darse la
reelección se prescindirá de la convocatoria pública y de esta forma se evitarían
desgastes administrativos y se actuaría con eficiencia y con responsabilidad
[…]»
129. Para tal fecha, esto es, el 13 de octubre de 2020 63, fue expedido por parte del
personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, el concepto núm.
2020011890262EE, en el cual se indica lo siguiente:
«[…] Asunto: Concepto jurídico convocatoria para reelección de Secretario
General del Concejo de Medellín para el año 2021 (…) En este sentido, sobre
la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018, para la elección de los
secretarios de los Concejos Municipales, resulta del caso indicar que la Ley
1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso lo siguiente en cuanto a
vigencias y derogatorias: (…) “Artículo 336. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS
(…) Se derogan expresamente (…) el parágrafo transitorio del artículo 12 de la
Ley 1904 de 2018 (…) Por tal motivo, la aplicación analógica de la Ley 1904 de
2018 para la elección de los secretarios de los concejos municipales fue objeto
de derogatoria y por lo tanto para la elección de los secretarios de los concejos
municipales se aplica lo dispuesto en la ley 136 de 1994 (…) CONCLUSIÓN
(…) De conformidad con los preceptos normativos dispuestos en la Ley 136 de
1994 y el Acuerdo Municipal 089 de 2018, este despacho considera
jurídicamente viable que el Concejo Municipal decida, a su criterio, reelegir a
quien ya se encuentra elegido en el cargo de Secretario General de la
Corporación o nombrar a uno nuevo […]»
130. Se debe advertir que, con anterioridad al 13 de octubre de 202064, se había
expedido el concepto núm. 20206000183301 de 15 de abril de 2020 suscrito por el
director jurídico del Departamento Administrativo de Función Pública, Armando
López Cortés, cuyo contenido, en sus acápites pertinentes, es el siguiente:
«[…] REFERENCIA: EMPLEOS – Provisión – Reelección secretaria general del
concejo. RAD. 20209000181512 del 12 de mayo de 2020 (…) En atención a la
comunicación de la referencia, mediante la cual indica que teniendo en cuenta
que el artículo 37 de la ley 136 de 1994 el secretario podrá ser reelegible a
criterio de la corporación, es viable que el concejo municipal decida, a su criterio,
reelegir a quien ya se encuentra elegido en el cargo de secretario general de la
corporación adoptando dicha decisión de reelegir al actual secretario general
mediante proposición presentada a la plenaria y aprobada por ésta, me permito
informarle lo siguiente: (…) En los términos del artículo 126 de la Constitución
Política, modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 02 de 2015, salvo los
concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a
corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública
63 Aportado con la contestación de la demanda del concejal Daniel Duque Velásquez. Índice 21 SAMAI,
expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia / Aportado con la
contestación de la demanda del concejal Julio Enrique González Villa. Índice 24 SAMAI, expediente núm. 05001
23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
64 Aportado con la contestación de la demanda del concejal Daniel Duque Velásquez. Índice 21 SAMAI,
expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia / Aportado con la
contestación de la demanda del concejal Julio Enrique González Villa. Índice 24 SAMAI, expediente núm. 05001
23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen
los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de
género y criterios de mérito para su selección (…) Además, por cuanto el
concurso público de méritos responde a fines constitucionales que goza de una
protección por principios como la transparencia, objetividad, la participación
ciudadana y la regla de mérito para el acceso a cargos públicos, no tendría
justificación una interpretación contraria. Como puede observarse, el Acto
Legislativo 02 de 2015, atribuyó al Legislador la competencia para reglar las
convocatorias públicas que precederán la elección de servidores públicos
atribuida a corporaciones públicas y determinar el procedimiento
correspondiente. En ese sentido, sobre la aplicación analógica de la Ley 1904
de 20182 para la elección de los secretarios de los concejos municipales,
resulta del caso indicar que la Ley 1955 de 2019 “por la cual se expide el plan
nacional de desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”,
dispuso lo siguiente en cuanto a vigencias y derogatorias: (…) “ARTÍCULO 336.
VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias (…) Se
derogan expresamente (…) el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley
1904 de 2018; el artículo 110 de la Ley 1943 de 2018; y el artículo 4 de la Ley
1951 de 2019. (Resaltado nuestro) (…) Por tal motivo, la aplicación analógica
de la Ley 1904 de 2018 para la elección de los secretarios de los concejos
municipales fue objeto de derogatoria y por lo tanto para la elección de los
secretarios de los concejos municipales se efectuará teniendo en cuenta lo
siguiente (…) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 136
de 1994, el secretario del Concejo Municipal corresponde a un empleo de
período fijo y, en tal sentido, ostenta la calidad de empleado público de período
fijo dentro la respectiva Corporación Municipal, por lo tanto, dada la naturaleza
jurídica del mencionado empleo, la elección de la persona que ocupa el mismo
se realiza en los términos indicados en el artículo 37 transcrito (…) Es
importante destacar que el Concejo Municipal es el ente facultado para elegir a
los funcionarios de su competencia entre los que se encuentra el secretario, el
cual será elegido para un período de un año, reelegible a criterio de la
Corporación y su primera elección se realizará en el primer período legal
respectivo, y en caso de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del
período (…) No obstante, la norma no hace referencia al procedimiento para
realizar dicha elección, por cuanto el empleo se deberá proveer conforme al
reglamento interno que para el efecto haya expedido el Concejo Municipal (…)
En todo caso, acerca de esta elección la misma debe efectuarse dentro de los
diez primeros días del mes de enero del período constitucional, por el término
de un año calendario, que culmina el 31 de diciembre del respectivo año, así
como, el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el artículo 37 de
la Ley 136 de 1994 (…) En consecuencia, para responder el tema objeto de
consulta como quiera que la ley dispuso la procedencia de reelegir al secretario
del concejo, corresponderá al Concejo Municipal decidir si reelige a su
secretario o nombra a uno nuevo; para ambos casos, se deberá cumplir con los
requisitos de estudio y experiencia y no estar inhabilitado para el ejercicio de
dicho cargo […]»
131. Reposa en el expediente en concepto núm. 20206000511001 de 19 de octubre
de 202065, suscrito por el director jurídico del Departamento Administrativo de
Función Pública, Armando López Cortés, que, en lo sustancial, replica el concepto
núm. 20206000183301 de 15 de abril de 2020, en los siguientes términos:
65 Aportado con la contestación de la demanda del concejal Julio Enrique González Villa. Índice 24 SAMAI,
expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
43
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
«[…] Por tal motivo, la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 para la
elección de los secretarios de los concejos municipales fue objeto de
derogatoria y por lo tanto para la elección de los secretarios de los concejos
municipales se efectuará teniendo en cuenta lo siguiente (…) De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 136 de 1994, el secretario del Concejo
Municipal corresponde a un empleo de período fijo y, en tal sentido, ostenta la
calidad de empleado público de período fijo dentro la respectiva Corporación
Municipal, por lo tanto, dada la naturaleza jurídica del mencionado empleo, la
elección de la persona que ocupa el mismo se realiza en los términos indicados
en el artículo 37 transcrito (…) Es importante destacar que el Concejo Municipal
es el ente facultado para elegir a los funcionarios de su competencia entre los
que se encuentra el secretario, el cual será elegido para un período de un año,
reelegible a criterio de la Corporación y su primera elección se realizará en el
primer período legal respectivo, y en caso de falta absoluta habrá nueva
elección para el resto del período (…) En todo caso, acerca de esta elección la
misma debe efectuarse dentro de los diez primeros días del mes de enero del
período constitucional, por el término de un año calendario, que culmina el 31
de diciembre del respectivo año, así como, el cumplimiento de los requisitos
mínimos señalados en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 (…) En
consecuencia, para responder el tema objeto de consulta como quiera que la
ley dispuso la procedencia de reelegir al secretario del concejo, corresponderá
al Concejo Municipal decidir si reelige a su secretario o nombra a uno nuevo;
para ambos casos, se deberá cumplir con los requisitos de estudio y experiencia
y no estar inhabilitado para el ejercicio de dicho cargo […]»
132. Se encuentra, igualmente, el Acta núm. 338 de 15 de octubre de 202166 de la
sesión plenaria del Concejo de Medellín, en la cual consta que el concejal Juan
Ramón Jiménez Lara, al abordar lo concerniente a la elección del secretario general
del Concejo de Medellín para el año 2022, elevó la siguiente proposición:
«[…] Señor Presidente, señores concejales, me permito proponer la
reelección del señor secretario General de la corporación, el doctor Jorge
Luis Restrepo Gómez conforme a la potestad que le da la Ley 136 de 1994
al Concejo para reelegir al secretario General (…) En el entendido que el
doctor Jorge Luis Restrepo Gómez hace dos años superó la convocatoria
realizada por la Corporación con el cumplimiento de todos los requisitos de ley
(…) Por su seriedad, profesionalismo, por su calidad de persona y las garantías
que nos ha ofrecido a todos los concejales, el año pasado lo reelegimos y este
año presento la misma propuesta de reelección del señor secretario General,
Jorge Luis Restrepo Gómez […]» –resaltado y subrayado fuera de texto–
133. En el acta se trascribieron los conceptos «[…] que recibió la subsecretaría de
despacho […]» cuya lectura no fue necesaria y que fueron los identificados con los
números de radicación 202212100001023 de 11 de octubre de 2021, elaborados,
respectivamente, por el subsecretario de la corporación, Conrado de Jesús Torres
Graciano, y dirigido al presidente del Concejo de Medellín, concejal Jaime Roberto
66Aportado con la contestación de la demanda del concejal Daniel Duque Velásquez. Índice 21 SAMAI,
expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia / Aportado con la
contestación de la demanda del concejal Julio Enrique González Villa. Índice 24 SAMAI, expediente núm. 05001
23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
En la contestación de la demanda del concejal Banbinton Darío Flórez Moreno se allegó copia del memorando
de 12 de octubre de 2021, a través del cual el presidente del Concejo de Medellín, Jaime Roberto Cuartas
Ochoa, convocó a los concejales para la reelección del secretario general de esa corporación, que se llevaría a
cabo el día 15 de octubre de 2022. Índice 25 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal
Administrativo de Antioquia.
44
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
Cuartas Ochoa; y 20216000273271 de 29 de julio de 2021, elaborado por el director
jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública.
134. El contenido del concepto núm. de radicación 202212100001023 de 11 de
octubre de 202167, elaborado por el subsecretario del Concejo de Medellín, Conrado
de Jesús Torres Graciano, es el siguiente:
«[…] ASUNTO: Fundamento Jurídico Convocatoria para reelección de
Secretario General del Concejo de Medellín para el año 2022 (…) Los
argumentos que sustentan la potestad que tiene la Corporación para elegir al
Secretario General del Concejo tienen su origen en la Constitución y las leyes,
así: (…) El artículo 313 de la Constitución Política, en su numeral 8, establece
dentro de las funciones de los Concejos, la de elegir Personero para el período
que fije la ley “y los demás funcionarios que esta determine” (…) Así entonces,
uno de estos funcionarios es el Secretario General de los Concejos Municipales,
de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994, “Por lo cual se dictan
normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”, que en su artículo 37 señala lo siguiente: [se cita] (…) Consecuente
con esta disposición legal, el Concejo de Medellín, mediante Acuerdo 089 de
2018, adoptó el Reglamento Interno del Concejo y éste en su artículo 24
establece: [se cita] (…) No obstante, conforme con lo establecido en el artículo
126 de la Constitución Política, que uno de sus apartes dice: [se cita] (…) La
disposición constitucional no se incluye al Secretario General del Concejo. Es
claro entonces, que la reelección del Secretario General es potestad del
Concejo, conforme con lo dispuesto en la ley 136 de 1994, norma que no ha
sido modificada y se encuentra vigente (…) En la actualidad, el Secretario
General del Concejo de Medellín, doctor Jorge Luis Restrepo Gómez, ostenta
esta posición, por la decisión de la Corporación al elegirlo en 2020, una vez
superados los requisitos legales establecidos en la Convocatoria Pública
realizada por el Concejo de Medellín en el año 2019, mediante Resolución MD
20191030000296 del 30 de septiembre de 2019, con lo cual se dio apertura a
la convocatoria pública No. 002 de 2019 para la elección del Secretario General
del Concejo Municipal de Medellín, para el período anual 2020, en la cual se
fijaron los requisitos y procedimientos que garantizaron los principios de
publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y
criterios de méritos para su selección (…) El señor Jorge Luis Restrepo Gómez
obtuvo un puntaje de 99,83 en los resultados finales de las pruebas, acorde a
lo descrito en los artículos 18°, 23° y 24° de la mencionada Resolución y fue
electo en la plenaria del Concejo de Medellín como Secretario General para el
período anual 2020 y reelegido por la Corporación para el período 2021 (…)
Con respecto a lo citado es importante aclarar además que la ley no establece
límites en el número de períodos para los que puede ser reelegido el Secretario
General del Concejo y así lo expresó el Departamento Administrativo de la
Función Pública en concepto con radicado No. 20219000540892 del 26 de julio
de 2021: (…) “Es importante destacar que el Concejo Municipal es el ente
facultado para elegir a los funcionarios de su competencia entre los que se
encuentra el secretario, el cual será elegido para un período para un período de
un año, reelegible a criterio de la Corporación y su primera elección se realizará
en el primer período legal respectivo, y en caso de falta absoluta habrá nueva
elección para el resto del período. En cuanto al límite de reelecciones, la norma
no determinó cuántas veces podía ser reelegido el secretario del concejo”.
67Aportado con la contestación de la demanda del concejal Daniel Duque Velásquez. Índice 21 SAMAI,
expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia / Aportado con la
contestación de la demanda del concejal Julio Enrique González Villa. Índice 24 SAMAI, expediente núm. 05001
23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
(subrayas originales) (…) No existiendo limitación expresa en la ley para la
reelección del Secretario General, es autónomo el Concejo de Medellín para
tomar la decisión de reelegir nuevamente a su Secretario General para un
período más de un (1) año (…) Es importante también tener presente que si
bien la ley 1904 de 2018, Por la cual (sic) se establecen las reglas de la
convocatoria pública previa a la elección de Contralor General de la República
por el Congreso de la República, se aplica por analogía para la elección de los
Secretario[s] Generales de las Corporaciones Públicas, en desarrollo de lo
establecido en los artículos 126 y 267 de la Constitución Política, ésta no
modificó ni derogó la disposición de la Ley 136 de 1994 que permite a los
Concejos Municipales reelegir a su Secretario General (…) Por último, es
importante señalar que, si es voluntad de los señores concejales reelegir al
Secretario General de la Corporación, deberán observar el procedimiento
establecido tanto en la ley 136 de 1994 y recogido en el Reglamento Interno del
Concejo, artículo 57 dice: (…) “Artículo 57. Convocatoria: El Presidente
convocará a los concejales, de forma escrita, con no menos de tres (3) días
hábiles de anticipación, señalando lugar y hora, para la celebración de los
siguientes actos: (…) 2. Elección de funcionarios (Artículo 35 Ley 136 de 1996)
[…]»
135. El concepto con número de radicación 20216000273271 de 29 de julio de
202168, elaborado por el director jurídico del Departamento Administrativo de la
Función Pública, es del siguiente tenor:
«[…] Señor (…) JORGE LUIS RESTREPO GÓMEZ (…) Secretario General del
Concejo de Medellín (…) REF: EMPLEOS. Provisión. Reelección Secretaria
Concejo Municipal. RAD. 20219000540892 del 26 de julio de 2021 (…)
Respetado señor, reciba un cordial saludo (…) Acuso recibo del oficio de la
referencia, en el cual consulta: (…) 1. Es viable reelegir el secretario general a
criterio de un concejo municipal (…) 2. Existe algún procedimiento para reelegir
al secretario general o solo a criterio de la voluntad de la corporación respectiva
(…) 3. Como el cargo de Secretario General es de período corto de un año y
puede ser viable que este sea reelegible, se consulta si tiene algún límite de
reelecciones o solo al criterio de la respectiva corporación podrán reelegir según
las veces que estos deciden teniendo en cuenta que la ley no establece cuantas
veces pueda ser reelegible (…) Frente a las preguntas formuladas, me permito
manifestarle lo siguiente: (…) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37
de la ley 136 de 1994, el secretario del Concejo Municipal corresponde a un
empleo de período fijo y, en tal sentido, ostenta la calidad de empleado público
de período fijo dentro de la respectiva Corporación Municipal, por lo tanto, dada
la naturaleza jurídica del mencionado empleado, la elección de la persona que
ocupa el mismo se realiza en los términos indicados en el artículo 37 transcrito
(…) Es importante destacar que el Concejo Municipal es el ente facultado para
elegir a los funcionarios de su competencia entre los que se encuentra el
secretario, el cual será elegido para un período de un año, reelegible a criterio
de la Corporación y su primera elección se realizará en el primer período legal
respectivo, y en caso de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del
período. En cuanto al límite de reelecciones, la norma no determinó cuántas
veces podía ser reelegido el secretario del concejo (…) La norma tampoco hace
referencia al procedimiento para realizar dicha elección, por cuanto el empleo
se deberá proveer conforme al reglamento interno que para el efecto haya
expedido en el Concejo Municipal. En todo caso, acerca de esta elección la
68Aportado con la contestación de la demanda del concejal Daniel Duque Velásquez. Índice 21 SAMAI,
expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia / Aportado con la
contestación de la demanda del concejal Julio Enrique González Villa. Índice 24 SAMAI, expediente núm. 05001
23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
misma debe efectuarse dentro de los diez primeros días del mes de enero del
período constitucional, por el término de un año calendario, que culmina el 31
de diciembre del respectivo año, así como, el cumplimiento de los requisitos
mínimos señalados en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 (…) Así las cosas,
como quiera que la ley dispuso la procedencia de reelegir al secretario del
concejo a criterio de la corporación, corresponderá al Concejo Municipal decidir
si reelige a su secretario o nombra a uno nuevo; para ambos casos, se deberá
cumplir con los requisitos de estudio y experiencia y no estar inhabilitado para
el ejercicio de dicho cargo […]»
136. En dicha sesión, los concejales Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Sebastián López
Valencia, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivero, Luis Carlos
Hernández Castro, Luis Bernardo Vélez Montoya, Daniel Duque Velásquez, Daniel
Carvalho Mejía, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, Juan Ramón Jiménez Lara,
Babinton Darío Flórez Moreno, Julio Enrique González Villa, María Paulina
Aguinaga Lezcano, Simón Molina Gómez, Nataly Vélez Lopera, Alfredo Ramos
Maya, Alex Xavier Flórez Hernández, Lucas Cañas Jaramillo, Lina Marcela García
Gañán y Albert Yordano Corredor Bustamante69 eligieron al señor Jorge Luis
Restrepo Gómez como secretario general de esa Corporación para el período
2022.
137. Cabe resaltar que también fue aportado el concepto con número de radicación
2021600024871 de 14 de julio de 202170, elaborado por el director jurídico del
Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual es del siguiente tenor:
«[…] REFERENCIA: EMPLEOS. Incorporación. Elección de secretario general
del Concejo Municipal. RAD. 20212060495782 del 30 de junio de 2021 (…) Me
refiero a su comunicación, radicada en esta dependencia el 28 de junio de 2021,
mediante la que consulta cuál es el procedimiento para la elección y reelección
del secretario del Concejo Municipal (…) De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 37 de la ley 136 de 1994, el secretario del Concejo Municipal
corresponde a un empleo de período fijo y, en tal sentido, ostenta la calidad de
empleado público de período fijo dentro la respectiva Corporación Municipal,
por lo tanto, dada la naturaleza jurídica del mencionado empleo, la elección de
la persona que lo ocupa se realiza en los términos indicados en el Artículo 37
transcrito (…) Es importante destacar que el Concejo Municipal es el ente
facultado para elegir a los funcionarios de su competencia entre los que se
encuentra el secretario, el cual será elegido para un período de un año,
reelegible a criterio de la Corporación y su primera elección se realizará en el
primer período legal respectivo, y en caso de falta absoluta habrá nueva
elección para el resto del período. En cuanto al límite de reelecciones, la norma
no determinó cuántas veces podía ser reelegido el secretario del concejo (…)
Ahora bien, la norma tampoco hace referencia al procedimiento para realizar
dicha elección, por cuanto el empleo se deberá proveer conforme al reglamento
interno que para el efecto haya expedido el Concejo Municipal. En todo caso,
acerca de esta elección la misma debe efectuarse dentro de los diez primeros
días del mes de enero del período constitucional, por el término de un año
calendario, que culmina el 31 de diciembre del respectivo año, así como, el
cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el Artículo 37 de la Ley
136 de 1994 (…) Con ese contexto y para dar respuesta a su petición, el
69 Con voto negativo del concejal Juan Felipe Betancur Corrales.
70 Aportado con la contestación de la demanda del concejal Julio Enrique González Villa. Índice 24 SAMAI,
expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
procedimiento para la elección y reelección del secretario del Concejo Municipal
es el que se encuentra en el reglamento interno que haya expedido dicha
corporación […]»
138. El expediente da cuenta que el hoy actor, acudió al medio de control de nulidad
electoral, expediente núm. 05001 23 33 000 2021 02010 0071, oportunidad en la que
elevó la siguiente pretensión:
«[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial del Acta 338 del 15 de octubre
de 2021 realizado en Sesión plena por el Concejo de Medellín, respecto a la
elección ilegal del señor Secretario General Jorge Luis Restrepo Gómez para
el período 2022 por estar incursa en causal de inhabilidad para su elección (…)
SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración de nulidad, se ordene al
Concejo de Medellín, realizar de inmediato, de manera idónea y eficaz en este
medio, efectuar concurso público de mérito para ocupar el cargo de Secretario
(a) General del Concejo de Medellín para el período 2022, con garantía y
respeto al régimen de inhabilidades por parte de los concursantes y sus
electores […]»
139. El actor estimó que el acto de elección cuestionado debía ser anulado puesto
por cuanto en él se eligió a un candidato que se hallaba incurso en causal de
inhabilidad, causal de nulidad de ese tipo de actos contenida en el artículo 275
numeral 5° del CPACA, siguiendo para el efecto los siguientes razonamientos:
«[…] La inhabilidad para ser elegido Secretario General que en este caso nos
acoge, debido a que a partir del 13 de mayo de 2021 operó “la reviviscencia o
reincorporación al ordenamiento jurídico del parágrafo transitorio del Artículo 12
de la Ley 1904 de 2018” en gracia de la Sentencia Constitucional de la
Magistrada Ponente Diana Fajardo Rivera, Sentencia C 133 (…) Se tiene
entonces que existen las normas reglamentarias para la elección de secretario
general del Concejo de Medellín, artículo 31 y 35 de la Ley 136 de 1994, de ahí
que se establezca en su reglamento interno, artículo 24, el cual remite
igualmente al artículo 37 de la Ley 136, en cuanto al factor de reelección, debido
a que dicho cargo de Secretario (…) “corresponde a un empleo de período fijo,
el cual será elegido para un período de un año, reelegible a criterio de la
Corporación y su primera elección se realizará en el primer período legal
respectivo, y en caso de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del
período” (Función Pública) (…) Mediante la modificación posterior a la
expedición de la Ley 136 entró en vigencia el Acto Legislativo 02 de 2015, el
cual facultó la modificación constitucional del artículo 126 de la Carta Política:
(…) “Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos
atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria
pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que
garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana,
equidad de género y criterios de mérito para su selección.” (…) De lo anterior
prosigue que a posterior igualmente se reguló la materia objeto de este litigio,
siendo la Ley 1904 de 2018, en donde su artículo 12 estableció: (…) “Vigencias
y derogaciones (…) PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la
República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las
corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del Artículo
126 de la Constitución Política, la presente Ley se aplicará por analogía” (…)
Resulta que por aplicación analógica de esta Ley y en lo que respectaría a la
71 Índice 47, SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
Vínculo remitido por aquella corporación judicial.
48
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
elección de secretarios generales de Concejos Municipales, es la Ley 1955 de
2019, cuyo artículo 336 que versa sobre derogatorias, había derogado
expresamente el “el (sic) parágrafo transitorio del Artículo 12 de la Ley 1904 de
2018” por lo que en reiterados pronunciamientos del Departamento
Administrativo de la Función Pública, desde su Dirección Jurídica, sobre
elección de secretarios generales de Concejos, remitía solo a la ley 136, pero
ante la reciente decisión constitucional del 13 de mayo, anterior citada, en la
cual se debatió la vulneración de los “principios de consecutividad, identidad
flexible y unidad de materia (Artículos 157.2, 158 y 160 de la Constitución
Política)”, determinó lo siguiente: [se cita] (…) Como consecuencia que desde
la Ley 136 de 1994 no establece una directriz específica en materia de
convocatoria a concurso para el cargo como el hoy debatido, no solo a mi juicio,
sino a juicio conceptual del Departamento Administrativo de la Función Pública,
mediante concepto 75961 de 2021, radicada el 6 de julio mediante radicado
20212060503152 y publicada el 01 de agosto de 2021 mediante radicado
20216000275961, sostenemos lo siguiente: (…) “como consecuencia se
entiende que dicho parágrafo transitorio se reincorporó al ordenamiento jurídico
y se encuentra actualmente vigente, lo que significa que, hasta que el Congreso
de la República establezca las reglas para las demás elecciones de servidores
públicos a cargo de las Corporación públicas según lo establece el Artículo 126
de la Constitución Política, deberá aplicarse por analogía a las reglas que
señalan la ley 1904 de 2018” (Función Pública, 2021) (…) Es decir, debió
proveerse el cargo de elección del Secretario General del Concejo de Medellín
en deber ser, por medio de provisionamiento de cargo a través de concurso
público, como quiera que se indicare por analogía del que prevé el Artículo
transitorio del Artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 (…) Esta situación le fue dable
al Concejo de Medellín analizar, o al menos debatirlo, pero se sirvió de la
arguciosa propuesta de un concejal, a razón que el secretario por sus razones
personales o carismáticas y “garantías que ha ofrecido a todos los concejales”,
¿a cuáles se refiere? o ¿A permitir que este secretario favorezca la no entrega
de información por derechos de petición que se responden a varios meses o
que debe buscarse el mecanismo de tutela en sus respuestas por presunto
favorecimiento en encubrir información pública (…) En síntesis, se anexa el
extracto conceptual del Departamento Administrativo de la Función Pública,
donde resalta que ya había dado anterior concepto sobre el mismo asunto,
resaltando: (…) “Así las cosas, ante la pregunta de la consulta, la Sala
encuentra que en el caso específico de la elección de los Secretarios de los
Concejos Municipales por parte de estos, se deben aplicar por analogía, las
disposiciones de la Ley 1904 de 2018, conforme a lo establecido por el
parágrafo transitorio del Artículo 12 de esta, por cuanto dichos Secretarios son
servidores públicos y los Concejos Municipales constituyen corporaciones
públicas, lo cual significa que se dan los supuestos de la norma contenida en el
inciso cuarto del Artículo 126 de la Constitución, al cual remite el citado
parágrafo transitorio (…) Ahora bien, en la elección de los Secretarios de los
Concejos Municipales se debe aplicar, de manera analógica, la Ley 1904
de 2018, de modo que en las disposiciones referentes al procedimiento de
selección en las cuales se menciona al Congreso de la República, se debe
entender que se alude al Concejo Municipal, y en donde se habla de la
Mesa Directiva del Congreso se debe hacer la equivalencia con la Mesa
Directiva del Concejo Municipal (...) En este orden de ideas, la Sala
considera necesario anotar que en la aplicación analógica de la Ley 1904
de 2018, los Concejos Municipales deben tener en cuenta la categoría y la
complejidad de los municipios, para efectuar la elección del Secretario de
la corporación, de forma que, con observancia de los plazos fijados por
dicha ley, adapten el procedimiento establecido en la misma, a las
condiciones sociales y económicas del municipio, con la finalidad de que
su aplicación sea eficaz, ágil y oportuna” (subrayado y negrilla de Función Pública,
2021) […]»
49
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
140. En el curso del referido proceso se dictó el auto de 9 de diciembre de 2021 72 a
través del cual se admitió la demanda y se denegó la solicitud de suspensión
provisional del acto acusado, providencia judicial que fue revocada parcialmente por
la Sección Quinta de esta Corporación a través del auto de 10 de febrero de 202273
la que, en su lugar, decretó la suspensión provisional del acta núm. 338 de 15 de
octubre de 2021, por medio de la cual se eligió al demandado como secretario
general del Concejo de Medellín, período 202274.
141. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de 23 de
mayo de 202275, declaró la nulidad del acto mediante el cual se eligió al señor Jorge
Luis Restrepo Gómez, como secretario general del Concejo de Medellín para el
período 2022, contenido en el acta núm. 388 del 15 de octubre de 2021, que dio
cuenta de lo ocurrido en la sesión plenaria de ese ente realizada el mencionado día
y, en consecuencia, ordenó la realización del concurso de méritos para la elección
de quien ocuparía ese cargo público.
142. La sentencia resolvió la controversia con sustento en los siguientes argumentos:
«[…] De tal manera que el Acta N.° 338 del 15 de octubre de 2021 del Concejo
de Medellín y los propios argumentos de las partes dentro del presente proceso,
permiten inferir sin equívoco alguno, que el Concejo de Medellín no efectuó
convocatoria pública para proveer el cargo de Secretario General de esa
Corporación, quebrantando con ello no sólo el parágrafo transitorio del artículo
126 Constitucional lo que conlleva en sí mismo, la vulneración de los postulados
de la participación ciudadana, del mérito, y los de transparencia y publicidad
(…) Con el mismo entendimiento y con idénticas precisiones a las explicadas
por el órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, mediante
providencia del 10 de febrero de 2022, en la que revoca el numeral 2° de la
parte resolutiva del auto del 09 de diciembre de 2021, dictado por este Tribunal
Administrativo para, en su lugar, decretar la suspensión provisional del Acta N°
338 del 15 de octubre de 2021, por medio de la cual se eligió al demandado
como Secretario General del Concejo de Medellín, período 2022, procederá
esta Sala a acogerse a lo allí dispuesto, decisión de la que se toman los párrafos
que ahora se duplican y que son coherentes con lo que a lo largo de esta
sentencia se ha enunciado: (…) “(…) 136. Así, se desprende que la reelección
del demandado se fundó en la presunta habilitación contenida en el artículo 37
de la Ley 136 de 1994, argumento que será desestimado por la Sala, junto a
otras razones propuestas en esta cuerda judicial, como se explica enseguida:
(…) 137. En primer lugar, esta Judicatura recuerda, como lo expuso en acápites
previos, que los mandatos establecidos en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994
no suponen una excepción al trámite de convocatoria pública concebido en la
Ley 1904 de 2018 (…) 138. En efecto, se destaca que la posibilidad de
reelección del secretario general – plasmada en el referido artículo 37 – debe
estar sometida a las previsiones procedimentales de la Ley 1904 de 2018, pues
72 Índice 47, SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
Vínculo remitido por aquella corporación judicial.
73 Índice 6, SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2021 02010 01.
74 El actor allegó con su solicitud la Resolución núm. 20221000000028 de 16 de febrero de 2022, expedida por
el Concejo de Medellín, a través de la cual dio cumplimiento al auto de 10 de febrero de 2022, proferido por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
75 Índice 47, SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
Vínculo remitido por aquella corporación judicial.
50
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
sin importar las particulares que esta ostenta – designación consecutiva del
funcionario que ejerce el empleo –, se trata en todo caso de una elección en la
que se deben garantizar los principios de mérito, participación ciudadana y
publicidad, entre otros, como referentes axiológicos impuestos por el artículo
126 constitucional, en los eventos en los que el ordenamiento dota de facultad
eleccionaria a las corporaciones de naturaleza pública (…) 139. Igualmente, se
resalta que el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 – a la manera como lo ha
reconocido la jurisprudencia de esta Sala – no se consagra postulados
procedimentales para la escogencia del secretario general de los concejos
municipales, siendo la Ley 1904 de 2018 la regla especial en la materia (…) 139
(sic). En segundo lugar, el trámite de convocatoria prescrito en la Ley 1904 de
2018 se aplica por analogía a las elecciones atribuidas a las corporaciones
públicas, hasta tanto no existan cuerpos normativos especiales aprobados por
el Congreso de la República (…) 140. En ese orden, teniendo en cuenta que la
elección del secretario general ocurre anualmente, el Concejo de Medellín
debía, en principio, lanzar convocatorias individuales para cada uno de los
períodos que se pretenden proveer, sin que los procedimientos públicos
realizados en el pasado puedan suplir esta obligación (…) 141. De esta manera,
la Sala encuentra que, aunque la primera de las elecciones del señor Jorge Luis
Restrepo Gómez – sucedida para el período 2020 – tuvo como sustento la
puesta en marcha de una convocatoria pública – ordenada por la Resolución
N°. 201910300002096 del 30 de septiembre de 2019 –, ello no exoneraba a la
autoridad administrativa de realizar un nuevo procedimiento para elegir al
secretario en el año 2022 (…) 142. En concepto de esta Judicatura, la ejecución
de esta convocatoria para el período 2022 era el requisito indispensable para
salvaguardar la participación ciudadana activa que se busca a través de la
aplicación de la Ley 1904 de 2018, en la que se estructura un procedimiento
meritocrático de acceso libre para los administrados que consideren cumplir los
requisitos que exige el cargo (…) 144. Finalmente, y por reunirse los requisitos
para despachar favorablemente la solicitud de medida cautelar elevada en
contra del Acta N°. 338 del 15 de octubre de 2021, contentiva de la elección del
secretario general del Concejo de Medellín para el período 2022, - habida
cuenta de la transgresión que se evidencia del parágrafo transitorio del artículo
12 de la Ley 1904 de 2018 –, esta Judicatura accederá, en esta fase inicial del
proceso, a decretar la suspensión provisional de sus efectos…” (…) Con lo
hasta este punto sustentado, y con afirmamento en la prueba documental que
milita al infolio, estima la Sala suficientes, además de abundantes, los análisis
realizados, para que se despache favorablemente la súplica procesal, como así
se dispondrá en la parte resolutiva del fallo que esta Sala se apresta a emitir,
por lo que se accederá parcialmente a las súplicas de la demanda promovida
en ejercicio del medio de control de nulidad electoral […]»
143. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en reciente sentencia de 14 de julio
de 202276, resolvió el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de
23 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y que
resolvió declarar la nulidad del acto a través del cual se eligió al señor Jorge Luis
Restrepo Gómez, como secretario general del Concejo de Medellín, período 2022.
Los acápites pertinentes de la decisión en comento -para efectos de la controversia
que nos ocupa- son del siguiente tenor:
«[…] 2.3.3.4. Aplicación del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904
de 2018 si se trata de elección o reelección (…) 113. En el marco de este
proceso judicial, el accionado y el Municipio de Medellín han sostenido que la
aplicabilidad del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 se
76 Índice 14, SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2021 02010 01.
51
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
predica de la primera elección del secretario, pero no de sus futuras
reelecciones, que pueden adelantarse sin el llamado propio de la convocatoria
pública (…) 114. Acudiendo a las premisas desarrolladas en el acápite de
generalidades de esta providencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado
descarta este entendimiento desde 3 perspectivas diferentes, a saber: i)
gramatical, ii) de especialidad y iii) teleológica (…) 115. En cuanto a la primera
–gramatical–, se ha defendido desde la decisión con la que se adoptó la medida
cautelar –del 10 de febrero de 2022– que la noción de reelección ha sido
comprendida “por la jurisprudencia de esta Sala como una nueva elección, en
la que se escoge por segunda vez y de manera consecutiva a un servidor” (…)
116. Siendo entonces una elección consecutiva, la reelección del secretario
debe estar mediada por el empleo de la convocatoria pública, a la que obliga el
artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 (…) 117. Ahora bien, desde un criterio de
especialidad, y contrario a lo expresado por los recurrentes, y aunque el artículo
37 de la ley 136 de 1994 establezca la posibilidad de reelección para los
secretarios de los concejos –que deberá estar consagrada en los reglamentos
internos de las corporaciones públicas–, lo cierto es que esta norma, como se
vio en capítulos previos, no establece las formas, ni el procedimiento cómo debe
adelantarse dicha reelección (…) 118. En ese sentido, la reelección del
secretario deberá estar siempre precedida de los preceptos del parágrafo
transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, que exigen la puesta en
marcha de una convocatoria (…) 119. Es decir que, y como se sostuvo en el
auto con el que se resolvió la medida cautelar, aunque se permita la reelección
del secretario general del concejo municipal, el procedimiento para ello deberá
estar mediado por las indicaciones ofrecidas en el artículo 12 ejusdem (…) 120. Finalmente, y desde un enfoque teleológico, esta judicatura resalta, como lo
explicó en acápites previos, que “exceptuar la reelección de la cuerda
procedimental estructurada en el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley
1904 de 2018 conllevaría un flagrante desconocimiento de los postulados que
alimentan dicha disposición, relacionados con la participación ciudadana, el
mérito, la transparencia y la publicidad, a las voces del inciso 4° del artículo 126
constitucional.” (…) 121. Dicho, en otros términos, permitir la reelección de los
secretarios sin la existencia de convocatorias previas, supondría desconocer
que en todos los casos su escogencia debe resultar de un procedimiento
democrático, en el que pueda implicarse la ciudadanía a través de la postulación
de candidaturas, la presentación de pruebas y entrevistas y, en general,
estableciendo los controles sociales necesarios (…) 122. Por lo anterior, la Sala
excluye el argumento de los apelantes de acuerdo con el cual, la convocatoria
para la elección del secretario del Concejo de Medellín solo es necesaria para
la primera elección, pero no para la reelección (…) 2.3.3.5. Especialidad del
artículo 37 de la Ley 136 de 1994 (…) 123. La parte demandada sostiene que
su reelección en 2022 se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley
136 de 1994, así como en el artículo 24 del Acuerdo 089 de 2018 –Reglamento
Interno del Concejo de Medellín–, donde ambas normativas vigentes establecen
que el cargo de secretario general puede ser reelegido a criterio discrecional de
la corporación, sin que intermedie la realización de una convocatoria pública
(…) 124. Como se explicó en el vértice inicial de esta providencia, los mandatos
establecidos en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 no suponen una excepción
al trámite de convocatoria pública concebido en la Ley 1904 de 2018 (…) 125.
En ese sentido, la Sala destaca que la posibilidad de reelección del secretario
general (artículo 37) debe estar sometida a las previsiones procedimentales de
la Ley 1904 de 2018, pues sin importar las particularidades que la mencionada
reelección posee –designación consecutiva del funcionario que ejerce el
empleo–, se trata en todo caso de una elección en la que se deben garantizar
los principios de mérito, participación ciudadana y publicidad, entre otros, como
referentes axiológicos impuestos por el artículo 126 constitucional, en los
eventos en los que el ordenamiento dota de facultad eleccionaria a las
corporaciones de naturaleza pública (…) 126. También se resalta que el artículo
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Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
37 de la Ley 136 de 1994 –a la manera como lo ha reconocido la jurisprudencia
de esta Sala 52– no consagra postulados procedimentales para la escogencia
del secretario general de los concejos municipales, siendo la Ley 1904 de 2018
la regla especial en la materia, pues establece las condiciones y el
procedimiento para reelegir a través del parágrafo de su artículo 12 disposición
que contempla los parámetros bajo los cuales se debe regir el procedimiento
eleccionario. (…) 127. Así mismo, el trámite de convocatoria prescrito en la Ley
1904 de 2018 se aplica por analogía a las elecciones atribuidas a las
corporaciones públicas, hasta tanto no existan cuerpos normativos especiales
aprobados por el Congreso de la República (…) 128. En ese orden, teniendo en
cuenta que la elección del secretario general ocurre anualmente, el Concejo de
Medellín debía, en principio, lanzar convocatorias individuales para cada uno
de los periodos que se pretenden proveer, sin que los procedimientos públicos
realizados en el pasado puedan suplir esta obligación […]»
144. Ahora bien, en el curso del procesose recaudaron los testimonios de los
señores Gloria Luz Elena Echeverri González, Juana Nelly Guevara Hurtado,
Carmen Elena Castaño Buitrago y Jorge Luis Restrepo Gómez77.
145. Las abogadas Gloria Luz Elena Echeverri González, Juan Nelly Guevara
Hurtado y Carmen Elena Castaño Buitrago, servidoras públicas vinculadas al
Concejo de Medellín en carrera administrativa para la época de los hechos
juzgados, fueron interrogadas: (i) sobre los fundamentos jurídicos de los conceptos
asociados a la reelección del secretario general de esa corporación y cuya
elaboración asesoraron -emitidos en los años 2020 y 2021-, y (ii) respecto de la
asesoría que dieron a los concejales para suplir la falta absoluta del secretario
general y el nombramiento, en consecuencia, de un concejal como secretario ad
hoc, del cual no hay concepto escrito al respecto.
146. En lo que se refiere a las causales de pérdida de investidura atribuidas a los
concejales se indicó los testimonios de las mencionadas personas coincidieron en
señalar que mientras elaboraban los precitados conceptos nunca tuvieron contacto
personal o recibieron llamadas de ningún concejal, indicando que su relación se
daba con el secretario general y el subsecretario del Concejo de Medellín y estos
son quienes tienen un contacto directo con los concejales y, además, que no
evidenciaron un interés de los concejales en la reelección del secretario general
Jorge Luis Restrepo Gómez.
147. A su turno, el señor Jorge Luis Restrepo Gómez, quien fungió como secretario
general del Concejo de Medellín en los años 2020, 2021 y 2022, dio cuenta de las
consideraciones jurídicas que se tuvieron en cuenta para realizar su elección en el
citado cargo y resaltó que la relación que tenía con los concejales se dio dentro del
contexto del ejercicio de sus funciones y que ninguno de aquellos servidores
públicos tuvo injerencia o influencia en la elaboración de los conceptos que
orientaron la decisión de reelegirlo para los períodos 2021 y 2022.
77 Índice 2, SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 03. Expediente digital.
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Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
148. De otra parte, se pone de relieve que fueron allegadas, por parte del Concejo
de Medellín, las Actas números 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 y
398, que dan cuenta de las sesiones del Concejo de Medellín de los días 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de marzo de 2022 y en las que funge la concejal María Paulina
Aguinaga Lezcano como secretaria ad hoc de esa corporación78.
149. En atención a las anteriores premisas, se debe analizar si las pruebas que
obran en el expediente permiten establecer la existencia de un interés directo,
particular y actual o inmediato en cabeza de quien es concejal o de su círculo
cercano, conceptos que han sido precisados por esta Sección, así:
«[…] 61. En relación con lo que debe entenderse por interés directo, particular
y actual o inmediato, esta Sala79 ha replicado las decisiones judiciales de esta
misma Corporación y de la Corte Constitucional.
62. En efecto, se ha indicado que existe un interés directo «[…] cuando el
provecho que se obtenga por el parlamentario, sus familiares o socio en los
términos previstos en la ley, no requiera para su demostración de actos, hechos
o desarrollos posteriores que lo conviertan en hipotético o aleatorio […]»80.
63. Es particular «[…] cuando la adopción de una decisión en un asunto
concreto le generaría al parlamentario un provecho o beneficio, específico y
personal, para sí mismo o para quienes de acuerdo con la ley se encuentren
relacionados con él, y que no obstante estar consciente de dicha circunstancia,
no manifiesta su impedimento para participar en el debate o votación
correspondiente […]»81.
64. Es inmediato «[…] con el propósito de excluir sucesos o hechos
contingentes e imprevisibles, sobre los cuales no sea posible determinar o
predecir con cierto grado de convicción y de evidencia fáctica su realización en
el futuro82 […]»83 […]»84.
150. Las situaciones expuestas por el actor en su recurso de apelación y las pruebas
que obran en el expediente no evidencian la existencia de un interés de las
características enunciadas, esto es, directo, particular y actual o inmediato y, por el
contrario, resultan ser hipotéticas en su ocurrencia.
78 57 .Memorial 14 .07.2022 RespuestaExhorto153 ConsejoMedellin 2022 401.pdf
79 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERO,
Consejero ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Sentencia de tres (3) de octubre de dos mil diecinueve
(2019). Radicación número: 15001-23-33-000-2019-00277-01(PI).
80 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERO,
Consejero ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Sentencia de tres (3) de octubre de dos mil diecinueve
(2019). Radicación número: 15001-23-33-000-2019-00277-01(PI).
81 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERO,
Consejero ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Sentencia de tres (3) de octubre de dos mil diecinueve
(2019). Radicación número: 15001-23-33-000-2019-00277-01(PI).
82 Corte Constitucional, sentencia C-1040 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas
Hernández.
83 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERO,
Consejero ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Sentencia de tres (3) de octubre de dos mil diecinueve
(2019). Radicación número: 15001-23-33-000-2019-00277-01(PI).
84 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinte
(2020). Radicación número: 25000-23-15-000-2019-00086-01(PI). Actor: HERNÁNDO GONZÁLEZ.
54
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
151. El actor pretende trasladar las reflexiones que se realizaron por las autoridades
judiciales en el medio de control de nulidad electoral, expediente núm. 05001 23 33
000 2021 02010 00, en las cuales se declaró la nulidad de la elección del secretario
general del Concejo de Medellín para el año 2022 al no haberse realizado la
respectiva convocatoria pública ordenada en el artículo 126 de la Carta Política y en
la Ley 1904, deduciendo de esta situación objetiva la existencia del interés directo,
particular y actual o inmediato, olvidando que tal medio de control se centra en el
juzgamiento de la legalidad del acto de elección sin referirse en manera alguna a la
responsabilidad personal de quienes lo expidieron.
152. Prueba de lo expuesto es que el actor indica que no se valoró la prueba
trasladada del mencionado medio de control de nulidad electoral, puesto que allí
habría encontrado el concepto núm. 20216000275961 de 1 de agosto de 2021,
suscrito por el director jurídico del Departamento Administrativo de la Función
Pública, Armando López Cortes, aportado con la demanda, en el cual se concluye
que «[…] Por lo anterior, en criterio de esta Dirección Jurídica y teniendo en cuenta
que en razón de la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 (que se encuentra
vigente como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional, Sentencia C-133 de
2021) para la elección de los secretarios de los concejos municipales, serán dichas
corporaciones quienes deberán tener en cuenta su categoría y complejidad, de
forma que, con observancia de los plazos fijados por dicha ley, y lo establecido por
el Consejo de Estado en concepto que se adjunta, adapten el procedimiento
establecido por la misma, a las condiciones sociales y económicas de cada
municipio, con la finalidad de que se su aplicación sea eficaz, ágil y oportuna […]».
153. Esta prueba documental que reposa en aquel expediente no aporta elementos
adicionales más allá de respaldar la pretensión de que se declarara la ilegalidad de
la elección del señor Jorge Luis Restrepo Gómez como secretario general del
Concejo de Medellín.
154. En este último aspecto, se debe resaltar que la sentencia de 23 de mayo de
2022, dictada dentro del expediente núm. 05001 23 33 000 2021 02010 00, se
decidió no acceder a la pretensión tercera de la demanda de nulidad electoral
presentada por el hoy actor en la cual solicitó remitir el resultado del fallo a los entes
de control a efectos de generar las sanciones penales y disciplinarias
correspondientes a los concejales que votaron afirmativamente la reelección del
secretario general del Concejo de Medellín, señalando lo siguiente: «[…] i) Que
dicha decisión estuvo soportada sobre algunos conceptos jurídicos entre los que se
encuentra el emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública
DAFP 275961/2021 de fecha 01 de agosto de 2021 y en el Memorando Radicado
No. 20212100001023 del 11 de octubre de 2021, remitido por el Subsecretario de
Despacho al Presidente del Concejo de Medellín, cuyo asunto fue “Fundamento
Jurídico Convocatoria para reelección de Secretario General del Concejo de
Medellín para el año 2022”, que daban luz verde al Cabildo para llegar a esa
55
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
decisión […]»85, lo cual quiere significar que a pesar de la decisión anulatoria, la
primera instancia en dicho proceso no evidenció irregularidad alguna en aquella
elección.
155. Ahora bien, la Sala entiende que no le corresponde evaluar la legalidad de las
actuaciones realizadas por los concejales relativas a la elección del Concejo de
Medellín como lo pretende el apelante. A ello se suma que, contrario a lo expuesto
por aquel, encuentra que este no acreditó la existencia del favorecimiento a la
elección del señor Jorge Luis Restrepo Gómez como secretario general del Concejo
de Medellín, como razón subjetiva que imposibilitaría a los concejales acusados
para adoptar tal decisión con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés
exigidos. Tampoco el apelante demostró el provecho, conveniencia o utilidad que
derivarían estos de la decisión que se tomó en el presente asunto, consistente en
reelegir al señor Jorge Luis Restrepo Gómez como secretario general del Concejo
de Medellín en el año 2022.
156. Si bien puede advertirse que la decisión adoptada por los concejales acusados
consistente en reelegir al señor Jorge Luis Restrepo Gómez como secretario
general del Concejo de Medellín para el año 2022, fue anulada por esta jurisdicción
en las sentencias de 23 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, y de 14 de julio de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, no es posible establecer que esa contrariedad con el ordenamiento
jurídico haya sido motivada por una inclinación real y verificable de los concejales
acusados por nombrar a dicha persona y materializar un provecho, utilidad, ventaja
o conveniencia propia, o de sus cónyuges, familiares o socios, alejados en todo
caso de la intención constitucional y legal de obtener el bien general, afectando la
transparencia y objetividad de tal elección.
157. Asimismo, de la manifestación efectuada por el concejal Juan Ramón Jiménez
Lara en la sesión plenaria de 15 de octubre de 2022, conforme consta en el acta
núm. 338 de 15 de octubre de 202186, en la cual se propuso la reelección del señor
Restrepo Gómez como secretario general del Concejo de Medellín, por «[…] Por su
seriedad, profesionalismo, por su calidad de persona y las garantías que nos ha
ofrecido a todos los concejales, el año pasado lo reelegimos y este año presento la
misma propuesta de reelección del señor secretario General, Jorge Luis Restrepo
Gómez […]» tampoco se avizora el interés directo, particular y actual o inmediato,
85 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinte
(2020). Radicación número: 25000-23-15-000-2019-00086-01(PI). Actor: HERNÁNDO GONZÁLEZ.
86 Aportado con la contestación de la demanda del concejal Daniel Duque Velásquez. Índice 21 SAMAI,
expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia / Aportado con la
contestación de la demanda del concejal Julio Enrique González Villa. Índice 24 SAMAI, expediente núm. 05001
23 33 000 2022 00401 00, Tribunal Administrativo de Antioquia.
En la contestación de la demanda del concejal Banbinton Darío Flórez Moreno se allegó copia del memorando
de 12 de octubre de 2021, a través del cual el presidente del Concejo de Medellín, Jaime Roberto Cuartas
Ochoa, convocó a los concejales para la reelección del secretario general de esa corporación, que se llevaría a
cabo el día 15 de octubre de 2022. Índice 25 SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2022 00401 00, Tribunal
Administrativo de Antioquia.
56
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
pues tales manifestaciones se entienden realizadas dentro del contexto de la
discusiones propias que se deben dar al interior de estas corporaciones para
adoptar las decisiones que conforme al ordenamiento jurídico le corresponde tomar.
158. En relación con los testimonios rendidos por la señora Gloria Luz Echeverry
González87 tanto en el presente proceso como en el medio de control de nulidad
electoral, respecto de los cuales el apelante expresa –sin concretar tal aspecto– que
existen contradicciones, es preciso indicar que en ambos procesos se le interrogó
en relación con el concepto jurídico en cuya elaboración participó y en el que analizó
la viabilidad de la reelección del secretario general del Concejo de Medellín para el
período 2022, no obstante, en atención al disímil objeto de ambos procesos,
interesaba en este medio de control debatir una cuestión distinta a la legalidad del
acto enjuiciado en la pretensión de nulidad y era la dirigida a establecer la existencia
de un interés directo, particular y actual o inmediato, no obstante, la testigo
manifestó que en la elaboración de tal concepto no existió injerencia de los
concejales acusados, por lo que tal argumento debe ser desechado.
II.6.2. La presencia de los elementos objetivos para la configuración de la
causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos
159. En el asunto bajo examen, el apelante insiste en que los fallos judiciales a través
de los cuales se declaró la nulidad de la elección del señor Jorge Luis Restrepo
Gómez como secretario general del Concejo de Medellín para el año 2022, dejaron
sin piso legal el reconocimiento y pago de los salarios devengados por este servidor
públicos desde el 1 de enero de 2022 y hasta que se expidió la providencia a través
de la cual se decretó la suspensión provisional de su elección88.
160. La Sala, para efectos de descartar el cargo formulado en el recurso de
apelación, consideró pertinente resaltar que, en eventos similares89, ha señalado lo
siguiente:
«[…] si bien es cierto se declaró la nulidad de la elección de la señora Leidy
Alexandra Romero Urueña, como secretaria general del concejo municipal de
Acacías para el período 2020, dicha irregularidad no tiene la entidad de
87 La sentencia de 23 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dio cuenta del
testimonio rendido por la testigo Gloria Luz Echeverry González, único practicado en el medio de control de
nulidad núm. 05001 23 33 000 2021 02010 00, así: «[…] 5.4. Testimonial (…) En la audiencia de pruebas
celebrada el día 22 de abril de 2022, se escuchó a instancias de la parte demandada, el testimonio de la señora
GLORIA LUZ ECHEVERRY GONZÁLEZ, quien manifestó laborar en el municipio de Medellín en calidad de
abogada y haber participado en la elaboración del Concepto Jurídico que le solicitaron los concejales de
Medellín mediante el un (sic) memorando en el año 2021 (…) Agregó frente a dicho concepto jurídico, que se
trataba del tema de la reelección del Secretario General del Concejo de Medellín para el período 2022, el cual
obtuvo concepto favorable por parte de la Secretaría Jurídica, al considerar que ello era posible, toda vez que
el Reglamento Interno del Concejo de Medellín así lo permite, aunado a que en los casos de la reelección no
se aplica por analogía el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, diferente a aquellos
eventos de elección en los cuales si se aplica, porque la Ley 1904 está regulando la convocatoria y el proceso
de méritos para la elección […]».
88 56-2 Memorial 12.07.2022 RespuestaExhorto147 Concejo Medellín 2022 401.pdf / El Concejo de Medellín
informó el valor de los salarios y prestaciones sociales devengados por el señor Jorge Luis Restrepo Gómez,
como secretario general entre el 1 de enero al 16 de febrero de 2022.
89 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 50001-23-33-000-2020-00975-01(PI). Actor: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS.
57
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
configurar la pérdida de investidura del concejal acusado (…) Lo señalado,
habida cuenta que, mientras dicha decisión judicial no se produjo, el acto de
elección estuvo revestido de la presunción de legalidad y los dineros que
autorizó pagarle el presidente de la corporación en su condición de ordenador
del gasto por concepto de salarios y prestaciones, estuvieron respaldados en el
rubro presupuestal 03051102, sueldo de personal, por los emolumentos que
debía percibir como contraprestación de sus servicios; por lo que no le asiste
razón al recurrente cuando afirma que se destinaron dineros a objetos o
propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encontraban
asignados, puesto que sí estaban destinados al pago de salarios y tuvieron
como fuente la prestación del servicio. A ello se agrega que, de acuerdo con la
sentencia del Tribunal que declaró la nulidad de la elección, ello no se debió a
que se tratara de una persona inidónea para ocupar el cargo; por el contrario,
se trataba de una persona que cumplía con los requisitos exigidos por la
resolución de la convocatoria, que eran más exigentes que los establecidos en
la ley […]»90.
161. De esta manera, si bien el nombramiento del señor Jorge Luis Restrepo Gómez
como secretario general del Concejo de Medellín para el período 2022, fue
suspendido provisionalmente a través del auto de 10 de febrero de 202291 de la
Sección Quinta de esta Corporación y anulado mediante las sentencias de 23 de
mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y 14 de julio de
2022, emanada de la Sección Quinta, ambas dictadas en el medio de control de
nulidad electoral núm. 05001 23 33 000 2021 02010 00, lo cierto es que antes de la
existencia de dichos pronunciamientos, el acto de elección estuvo revestido de
legalidad y, por ello, el señor Restrepo Gómez recibió los emolumentos previstos en
el presupuesto para tal efecto y como contraprestación a los servicios que prestó,
motivo por el cual tampoco puede prosperar la causal de indebida destinación de
dineros públicos.
II.7. La conclusión
162. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos anteriormente, considera
acertados los planteamientos expuestos por la primera instancia y con fundamento
en los cuales no encontró acreditada la violación del régimen de conflicto de
intereses ni la indebida destinación de dineros públicos, causales de pérdida de
investidura previstas en el artículo 48 numerales 1° y 4° de la Ley 617 y de cuya
comisión se acusaba a los Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Sebastián López
Valencia, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Luis Carlos
Hernández Castro, Luis Bernardo Vélez Montoya, Daniel Duque Velásquez, Dora
Cecilia Saldarriaga Grisales, Juan Ramón Jimenez Lara, Julio Enrique González
Villa, María Paulina Aguinaga Lezcano, Simón Molina Gómez, Nataly Vélez Lopera,
Alfredo Ramos Maya, Lucas Cañas Jaramillo, Lina Marcela García Gañan, Albert
Yordano Corredor Bustamante y Babinton Darío Flórez Moreno, concejales del
municipio de Medellín para el período 2020 – 2023, por lo que resulta procedente
90 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinte
(2020). Radicación número: 25000-23-15-000-2019-00086-01(PI). Actor: HERNÁNDO GONZÁLEZ.
91 Índice 6, SAMAI, expediente núm. 05001 23 33 000 2021 02010 01.
58
Radicado: 05-001-23-33-000-2022-00401-03
Actor: Giovanny Alberto De San Nicolás Suárez Ramírez
Acusado: Jaime Roberto Cuartas Ochoa y otros
la confirmación de la sentencia de 29 de julio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 29 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Ausente en comisión
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. [P4]
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