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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00443-01

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00443-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- MODIFÍCASE la sentencia de 18 de abril de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, la cual quedará así: “Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al descanso y al trabajo en condiciones dignas de la señora Lida Eugenia Cardona Alzate. Segundo.- ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín y al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que de acuerdo con sus competencias, y de manera coordinada, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín nombre su reemplazo para que materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado. Tercero.- DESVINCÚLESE del presente trámite constitucional al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por las razones expuestas”. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2022-00443-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

14 de julio de 2022

Radicación: 05001-23-33-000-2022-00443-01
Demandantes: LIDA EUGENIA CARDONA ALZATE

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00443-01
Demandante: LIDA EUGENIA CARDONA ALZATE
Demandados: JUZGADO SÉPTIMO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN Y DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Vacaciones individuales
del régimen especial de la rama judicial. Derecho al descanso
remunerado

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir las impugnaciones
presentadas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de apoderado
judicial, contra la sentencia de 18 de abril de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, en la que amparó el
derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas de la accionante en los
siguientes términos:

“Primero: Tutelar el derecho al trabajo en condiciones dignas de la señora Lida
Eugenia Cardona Alzate, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

Segundo: Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín - Antioquia Chocó que en un plazo de (5) días hábiles, contados a partir
de la notificación de la presente sentencia, adelante las gestiones requeridas para
emitir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la provisión de los
recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones de
la señora Lida Eugenia Cardona Alzate. Una vez cuente con los recursos necesarios
deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al titular del Juzgado Séptimo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín.

Tercero: Ordenar al Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín, o quien haga sus veces, que una vez, se disponga del
certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en provisionalidad el
reemplazo de la señora Lida Eugenia Cardona Alzate, deberá pronunciarse, en un
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, sobre
la concesión del disfrute de las vacaciones de la tutelante.

Cuarto: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -Nacional,
al Consejo Superior de la Judicatura y a la Nación Ministerio de Hacienda para
que en caso que dentro del marco de sus competencias les corresponda ejercer

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Demandantes: LIDA EUGENIA CARDONA ALZATE

alguna actuación dentro de presente trámite, lo realicen dentro de las 24 horas
siguientes a [la] notificación de la presente decisión. Ello, sin perjuicio de lo previsto
en el inc. 1o del Art. 33 de la Ley 2159 de 2021”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante manifestó que actualmente se desempeña como asistente jurídica
del Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín, el cual pertenece al régimen individual de vacaciones, y que el 2 de
marzo de 2022 solicitó disponibilidad presupuestal a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín para el disfrute de dos periodos
de vacaciones, causados entre el 28 de diciembre de 2018 y el 27 de diciembre de
2019 y entre el 28 de diciembre de 2020 y el 28 de diciembre de 2021, así como el
certificado de disponibilidad presupuestal para su reemplazo.

Afirmó que, en respuesta a su petición, el 10 de marzo de 2022 la Dirección
Ejecutiva de Administración Seccional de Medellín, emitió el CDP 016822 por el
cual se expide disponibilidad presupuestal para cancelar sus vacaciones y primas
vacacionales, y el mismo día a través del oficio número DESAJMER22-5188 negó
la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para proveer su
reemplazo mientras disfruta de sus vacaciones.

Sostuvo que mediante Resolución No. 04 de 14 de marzo de 2022, el Juez
Séptimo de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, por necesidad
del servicio, negó el disfrute de los periodos de vacaciones solicitados, bajo el
argumento de que no le fue concedido el certificado de disponibilidad presupuestal
para su reemplazo.

Por último, refirió que contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, el
cual fue despachado desfavorablemente, en razón a la necesidad de la prestación
del servicio y a la ausencia de autorización presupuestal para proveer su
reemplazo, argumentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional
proteja sus derechos fundamentales al descanso y al trabajo en condiciones
dignas, supuestamente vulnerados por la decisión de negarle el disfrute de los
periodos de vacaciones causados a su favor, con ocasión de la negativa a asignar
la disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo durante dicho periodo
por parte de las autoridades accionadas.

Sostuvo que, tratándose de un derecho fundamental, la limitación al descanso
remunerado debe darse en eventos de especial excepción, “situación que no se
da en el caso concreto, toda vez que se está imponiendo al empleado una carga
de la administración que no está obligado a soportar y que no tiene la facultad de
suplir, pues en estos eventos de necesidad en la prestación del servicio la salida

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no debe ser el derecho laboral a los servidores, sino más bien el arreglo de las
gestiones administrativas necesarias para garantizar la prestación de servicios”.

Refirió que la negativa del disfrute de las vacaciones se funda en la necesidad de
la prestación del servicio, la cual se da por la elevada carga laboral del despacho,
y que “tal nivel de trabajo también debe tenerse en cuenta como fundamento que
supone un desgaste físico y mental considerable para los empleados, pues
garantizar el servicio no puede ser a costa de la privación de los derechos de
laborales, familiares y de salud de los empleados, máxime cuando la negativa es
de manera indefinida pues se relaciona con un hecho incierto como lo es el de la
expedición de CDP de reemplazo por parte de la Dirección Seccional”.

Finalmente, indicó que el “Juzgado Décimo Octavo Civil del Circuito”, resolvió la
tutela con radicado 05001310301820190002300, a favor del accionante en un
caso similar, en la que se tuteló el derecho al trabajo en condiciones dignas, y que
el Tribunal Administrativo de Antioquia ha decidido casos similares con base en la
tesis conforme con la cual “puede ser necesaria la colaboración de la
administración de la rama para prevenir situaciones que no se resuelven con la
simple distribución de funciones y, por ende, requieren nombrar un reemplazo.
Para ello la Dirección Ejecutiva Seccional correspondiente deberá asignar las
respectivas partidas presupuestales, de manera que al garantizar el derecho
fundamental al descanso no resulte afectada la prestación del servicio público”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Honorable Juez Constitucional, por cumplir los requisitos legales para ello,
respetuosamente solicito la tutela a mi derecho al trabajo en condiciones dignas,
ordenando se expida (1) por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín Antioquia - Chocó el respectivo CDP de reemplazo
con el fin de garantizar la prestación del servicio en el Juzgado Séptimo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, y (ii) por parte del Juez Séptimo de
EPMS de Medellín resolución mediante la cual me sea concedido el disfrute de
vacaciones solicitado”.

4. Pruebas relevantes

Se allegaron copias digitales del certificado de disponibilidad presupuestal a favor
de la accionante con fecha 10 de marzo de 2021, para cancelar dos periodos de
vacaciones y primas de vacaciones, a partir del 14 de marzo al 2 de mayo de
2022, de la Circular DESAJME 18-5220 de 18 de julio de 2018, suscrita por el
Director Ejecutivo Seccional de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín, en el que se informa que las solicitudes de certificado de
disponibilidad presupuestal para autorizar un reemplazo ante el disfrute de
vacaciones deben suscribirse con un mínimo de 2 meses de antelación al inicio de
las mismas, y de la Circular PSAC 11-44 de 23 de noviembre de 2011.

5. Trámite procesal

Por auto de 29 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Oralidad, admitió la demanda y ordenó notificar a la accionante y a las
autoridades judiciales accionadas.
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6. Oposición

6.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín

La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó que se denegaran las
pretensiones de la acción, por cuanto, afirmó, esa entidad no ha menoscabado los
derechos fundamentales de la parte accionante y solamente está dado aplicación
a lo establecido por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura en la
Circular PSAC11- 44 del 23 de noviembre de 2011, la cual se encuentra vigente,
respecto a autorizar los reemplazos de los jueces que pertenecen al régimen de
vacaciones individuales y a empleados que laboren en despachos con vacaciones
individuales cuya planta de personal sea de 3 o menos empleados.

Sostuvo que, efectivamente, la accionante y su nominador radicaron solicitud de
disfrute de vacaciones ante esa Dirección Ejecutiva Seccional, por lo que se certificó
a través del CDP 016822 la disponibilidad presupuestal para cancelar vacaciones y
primas vacacionales a la señora Lida Eugenia Cardona Alzate. Agregó que mediante
oficio DESAJMER22-5188, remitido al nominador de la accionante, se le informó
que, de acuerdo a la apropiación presupuestal existente, no era posible expedir
certificado de disponibilidad presupuestal para autorizar el reemplazo de vacaciones
de la actora por cuanto la adición presupuestal para ese rubro se encuentra sujeta a
lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011, expedida por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Agregó que en la Circular DESAJME 18-5220 se indicó que la apropiación
presupuestal para el rubro “Servicios prestados por vacaciones personal titular” se
encuentra con restricciones presupuestales para el año 2022, por lo que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín solo situará los recursos
para los funcionarios (jueces) que pertenezcan al régimen de vacaciones
individuales y, excepcionalmente, cuando se trate de empleados del régimen de
vacaciones individuales que laboren en despachos con planta de personal de 3 o
menos cargos.

Añadió que la falta de disponibilidad para efectos de un reemplazo no constituye
argumento válido para negar el disfrute de vacaciones a la actora, ni puede operar
como patente de corso para trasladar la responsabilidad frente a los derechos de un
servidor al ordenador del gasto, quien solo actúa como ejecutor de un presupuesto
previamente establecido y apropiado para cada vigencia fiscal.

Finalmente, sostuvo que hasta que se expida otra circular diferente a la PSAC11-44,
por parte del Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Planeación para la
Asignación de los Recursos solo va a autorizar los reemplazos de los jueces que
pertenecen al régimen de vacaciones individuales y a empleados que laboren en
despachos con vacaciones individuales, cuya planta de personal sea de 3 o menos
empleados.

6.2. Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El jefe del área jurídica de la cartera rindió informe en el que indicó que no puede
pronunciarse respecto de la veracidad o no de los hechos y situaciones jurídicas
expuestas por la accionante, pues no tiene ningún tipo de relación laboral,
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reglamentaria, convencional o contractual con la misma, ni tampoco
conocimiento de su situación laboral y administrativa concreta.

Agregó que es importante señalar que el Consejo Superior de la Judicatura, o
quien haga sus veces, es la entidad competente para ejecutar sus recursos según
como maneje sus novedades de nómina de sus funcionarios, y que en la
programación presupuestal y aprobación de la Ley del Presupuesto General de la
Nación en cada vigencia fiscal, además del ente legislativo, concurren las
secciones presupuestales que son las encargadas de solicitar los recursos
pertinentes de acuerdo a sus objetivos y prioridades institucionales.

Por último, sostuvo que la solicitud debe declararse improcedente, en tanto la
eventual vulneración o amenaza a los derechos fundamentales invocados se
deriva de una actuación puramente administrativa de la Administración Judicial, la
cual debe ser atendida por la Sección del Presupuesto de la Rama Judicial,
entidad que cuenta con autonomía e independencia, y que como sección del
presupuesto es la llamada a atender esta clase de requerimientos, razón por la
cual el ministerio no puede intervenir y/o interferir en sus funciones, porque de
hacerlo estaría violando principios de carácter constitucional y presupuestal.

6.3. Los demás vinculados al trámite constitucional, aun cuando fueron
debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela, guardaron
silencio.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, en sentencia de
18 de abril de 2022, amparó el derecho al trabajo en condiciones dignas de la
accionante, y ordenó i) a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín que adelante las gestiones requeridas para emitir el
certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la provisión de los
recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones
de la señora Lida Eugenia Cardona Alzate, ii) al Juzgado Séptimo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, que una vez disponga de dicho
certificado se pronuncie sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la
tutelante y iii) a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Consejo
Superior de la Judicatura y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que
realicen los trámites pertinentes en el marco de sus competencias.

En primer lugar, sostuvo que la acción cumple con los requisitos de procedibilidad
y, en lo atinente al requisito a la subsidiariedad, sostuvo que el mismo se
encuentra cumplido, en tanto si bien la afectación se adoptó por medio de un acto
administrativo que puede ser atacado judicialmente, dicho mecanismo no resulta
eficaz para garantizar el oportuno disfrute del periodo de descanso de la
accionante y, por el contrario, exigirle el agotamiento de dicho medio a la tutelante
prolongaría en el tiempo la vulneración de su derecho al trabajo en condiciones
dignas.

Luego de hacer referencia a la Circular DESAJME18-522 que señala que la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín situará los
recursos para reemplazos únicamente para los jueces que pertenezcan al régimen
de vacaciones individuales, y excepcionalmente cuando se trate de empleados del
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régimen de vacaciones individuales que laboren en despachos con planta de
personal de 3 o menos cargos. Agregó que las vacaciones de la actora fueron
negadas “por necesidades del servicio y hasta tanto se disponga de presupuesto
para su reemplazo”, lo cual afecta sus derechos fundamentales, puesto que el
periodo de descanso de los servidores públicos no puede verse afectado
indefinidamente por dificultades de índole administrativa, que en el caso
corresponden a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien es la
encargada de obtener los recursos necesarios para designar el reemplazo en el
cargo que ocupa la accionante.

Afirmó que con la decisión de impedir el derecho a las vacaciones de la actora
se vulneraron sus derechos fundamentales y, por ende, estos deben ser
amparados en sede constitucional con el fin de evitar un perjuicio irremediable
para la misma, quien no ha podido gozar del derecho al descanso.

Aclaró que el hecho de que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011
no haya establecido el procedimiento tendiente a la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal con el fin de cubrir los recursos del nombramiento de
reemplazo, no constituye un motivo para negar el disfrute de las vacaciones de los
empleados y funcionarios que están al servicio de la Rama Judicial, dado que no
puede desconocerse que la finalidad de dicha circular fue garantizar el derecho
fundamental al descanso de servidores judiciales, como, en efecto, se pronunció el
Consejo de Estado en sentencia de tutela de 11 de noviembre de 2021 1.

8. Impugnaciones

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, se
presentaron los siguientes escritos de impugnación:

8.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín

El apoderado de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, por
cuanto, sostuvo, no es esa Dirección Seccional la que debe ser señalada como
responsable de la decisión tomada por el nominador de no autorizar el disfrute
vacacional de la accionante, y refirió, “de hecho, el que desde el Nivel Central
emitan directrices en donde se deja sin atender concreta y claramente este tipo de
situaciones, también ocasiona traumatismos en la gestión del recurso financiero
que nos es asignado para el desarrollo de la función de administrar”.

Indicó que proceder a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
para cubrir los gastos por reemplazo de un empleado reviste una complejidad tal,
que no está en manos de esa ordenadora del gasto superarla de manera
autónoma, toda vez que los bienes y recursos que tiene por función administrar
dependen de los fondos que se sitúen desde la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Refirió que, vistas las limitaciones de los recursos apropiados, esa Dirección
Seccional debe tomar medidas de carácter administrativo que permitan el cabal
manejo de los mismos, su correcta aplicación y utilización, de tal forma que pueda

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2021-07251-00
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garantizarse el funcionamiento del servicio público de administración de justicia
con el menor traumatismo posible, entre las cuales se encuentra ordenar que
quienes pretendan gozar de su derecho presenten con al menos dos meses de
antelación su solicitud de expedición del certificado de disponibilidad presupuestal,
tanto para el pago de vacaciones y primas de vacaciones, como para el
reemplazo de quien se ausentará para descansar.

Afirmó que no resulta procedente cuestionar las decisiones que con respecto a la
gestión de formular y aplicar restricciones presupuestales deban ser tomadas y
ejecutadas, y no es tampoco dable que el juez de tutela decida en todos los
asuntos públicos de orden presupuestal, pues ello estaría abiertamente en
contravía de la Constitución Política por cuanto los jueces de tutela no pueden
ordenar apropiaciones del gasto del presupuesto nacional, cual si reemplazaran a
las autoridades y procedimientos previstos para ello.

Finalmente, aseveró que, en cumplimiento del fallo de primera instancia,
procederá a adelantar las gestiones requeridas para emitir el certificado de
disponibilidad presupuestal que garantice la provisión de los recursos necesarios
con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones de la señora Lida
Eugenia Cardona Alzate, “de tal manera que con ello podamos coadyuvar a la
materialización del derecho al descanso de la actora. Y a su vez, remitiremos
notificación y CDP para reemplazo al nominador, para lo de su cargo”.

8.2. Impugnación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El apoderado de la cartera ministerial rindió informe en el que solicitó que se
revoquen las órdenes dadas al mismo en la sentencia impugnada, en tanto, refirió,
las apropiaciones presupuestales no se asignan a las entidades por actividades
específicas, dado que esa desagregación le corresponde a cada entidad al
ejecutar los recursos, en virtud de la autonomía presupuestal que el Estatuto
Orgánico del Presupuesto otorgó a los órganos públicos que son secciones
presupuestales.

Sostuvo que, de conformidad con lo anterior, corresponde a la Rama Judicial, en
el marco de la autonomía presupuestal que la Constitución Política y el Estatuto
Orgánico del Presupuesto le otorgan, contratar y comprometer a nombre de la
persona jurídica de la cual hace parte y ordenar el gasto en desarrollo de las
apropiaciones señaladas.

Añadió que la Corte Constitucional ha considerado que no se puede interferir en la
ejecución del presupuesto de las entidades, so pena de invadir la órbita de
competencia de cada una de ellas.

Por último, adujo que la eventual vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales invocados se deriva de una actuación puramente administrativa de
la administración judicial, la cual debe ser atendida por la Sección del Presupuesto
de la Rama Judicial, entidad que cuenta con autonomía e independencia, “que
como sección del presupuesto es la llamada a atender esta clase de
requerimientos, razón por la cual este Ministerio no puede intervenir y/o interferir
en sus funciones, porque de hacerlo estaríamos violando principios de carácter
constitucional y presupuestal de todo orden”.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos de los escritos de
impugnación, si debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de 18 de abril de
2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad, en la que amparó el derecho al trabajo en condiciones dignas de la
accionante, y si, conforme con lo sostenido por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín y al del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, dichas entidades no son responsables por la vulneración de derechos
fundamentales derivada de la negativa a garantizar los recursos para proveer un
reemplazo de la accionante mientras esta disfruta de sus vacaciones.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
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Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20152:

“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos
y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela."3 (Negrilla por fuera del texto).

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos 4, ya que, si bien la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad, en sentencia de 18 de abril de 2022, amparó el derecho al trabajo en
condiciones dignas de la accionante, y ordenó i) a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín que adelante las gestiones requeridas para
emitir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la provisión de los
recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones
de la señora Lida Eugenia Cardona Alzate, al Juzgado Séptimo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, que una vez disponga de dicho

2
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa,
sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería,
sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
3
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
4
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
9

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certificado se pronuncie sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la
tutelante, y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Consejo Superior
de la Judicatura y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que realicen los
trámites pertinentes en el marco de sus competencias.

Lo anterior, por cuanto, indicó, las vacaciones de la actora fueron negadas “por
necesidades del servicio y hasta tanto se disponga de presupuesto para su
reemplazo”, lo cual afecta sus derechos fundamentales, puesto que el periodo de
descanso de los servidores públicos no puede verse afectado indefinidamente por
dificultades de índole administrativa, que en el caso corresponden a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. A lo anterior agregó que el hecho
de que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 no haya establecido el
procedimiento tendiente a la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal con el fin de cubrir los recursos del nombramiento de reemplazo, no
constituye un motivo para negar el disfrute de las vacaciones de los empleados y
funcionarios que están al servicio de la Rama Judicial, dado que no puede
desconocerse que la finalidad de dicha circular fue garantizar el derecho
fundamental al descanso de servidores judiciales, como, en efecto, se pronunció el
Consejo de Estado en sentencia de tutela de 11 de noviembre de 2021 5.

4.2. En la impugnación, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín solicitó que se revocara el fallo de primera instancia, por cuanto,
sostuvo, no es esa Dirección Seccional la que debe ser señalada como
responsable de la decisión tomada por el nominador de no autorizar el disfrute
vacacional de la accionante, y afirmó que no resulta procedente cuestionar las
decisiones que con respecto a la gestión de formular y aplicar restricciones
presupuestales deban ser tomadas y ejecutadas, y no es tampoco dable que el
juez de tutela decida en todos los asuntos públicos de orden presupuestal, pues
ello estaría abiertamente en contravía de la Constitución Política por cuanto los
jueces de tutela no pueden ordenar apropiaciones del gasto del presupuesto
nacional, cual si reemplazaran a las autoridades y procedimientos previstos para
ello.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pidió que se revoquen las
órdenes dadas al mismo en la sentencia impugnada, en tanto, refirió, las
apropiaciones presupuestales no se asignan a las entidades por actividades
específicas, dado que esa desagregación le corresponde a cada entidad al
ejecutar los recursos, en virtud de la autonomía presupuestal que el Estatuto
Orgánico del Presupuesto le otorgó a los órganos públicos que son secciones
presupuestales, por lo que corresponde a la Rama Judicial, en el marco de la
autonomía presupuestal que la Constitución Política y el Estatuto Orgánico del
Presupuesto le otorgan, contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica
de la cual hace parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones
señaladas.

4.3. El artículo 146 de la Ley 270 de 19966 dispone que los servidores judiciales de

55
2021-07251-00
6
ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores,
Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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los Juzgados de Ejecución de Penas pertenecen al régimen de vacaciones
individuales y que tienen derecho a un descanso remunerado de veintidós días
continuos por cada año de servicios.

Al respecto, esta Sección ha indicado que las vacaciones “tienen por objeto que el
empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado
a trabajar y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones,
tienen una naturaleza de derecho adquirido para quien ha cumplido con los
requisitos legales establecidos para que se causen. El empleador o nominador, es
la persona que está llamada a otorgar las vacaciones al trabajador”7.

En este sentido, el disfrute de las vacaciones constituye un derecho fundamental
cuya protección puede ser solicitada mediante la acción de tutela.

4.4. Ahora bien, en el año 2005 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura informó a los nominadores de la Rama Judicial el procedimiento para
solicitar el nombramiento de reemplazos por vacaciones del personal titular de los
despachos judiciales. Para tal efecto, profirió las Circulares PSAC-0589 del 18 de
noviembre de 2005, cuyo asunto fue “asignación de recursos para reemplazos por
vacaciones del personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados
del sistema penal acusatorio” y 044 del 12 de mayo de 2005, en la que estableció
el procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los
servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio.

En esos actos administrativos se establecieron como condiciones alternativas para
la programación de las vacaciones las siguientes:

“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de
Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es
conveniente aplicar la figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o
redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los
empleados restantes.

Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo
despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho
nombramiento deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que
cumpla los requisitos para ser designado en encargo como Juez, situación que debe
ser corroborada e igualmente certificada por el Director Seccional, previa verificación
de las hojas de vida correspondientes".

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2013, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC11-44, en la que derogó lo
establecido en las referidas circulares “para efectos de no incluir
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones
individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual deberán
seguir el procedimiento que aquí se señala y que permitirá gestionar los recursos
para el nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar a

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo
Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio.
7 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-

2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.
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ello”, eliminando así la restricción de la asignación de recursos para reemplazos
solo a los eventos en que se acreditara alguna de las condiciones contenidas en
las circulares precedentes.

En ésta se indicó que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales debían reportar la programación de vacaciones correspondientes al
siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura, y la Dirección Seccional
del respectivo distrito judicial, hasta el mes de marzo de cada año y se estableció
que las designaciones en encargo son procedentes cuando las necesidades del
servicio lo exijan, por ejemplo tratándose de un juez, y “cuando no sea posible
designar en encargo a alguno de los servidores del correspondiente despacho
judicial, la respectiva Dirección Seccional deberá incluir dentro del proyecto de
presupuesto del año siguiente, la asignación de recursos que permita efectuar el
nombramiento en provisionalidad de sus reemplazos”.

Para la Sala, del contenido de la mencionada circular, se observa que el propósito
del Consejo Superior de la Judicatura era eliminar los obstáculos en el disfrute de
las vacaciones individuales de los servidores judiciales, por lo que no condicionó la
asignación de presupuesto al cumplimiento de los requisitos que existían en el
pasado, imponiendo únicamente el deber al funcionario de reportar antes del mes
de marzo la programación de vacaciones para el año siguiente.

4.5. En el presente caso, no obstante lo anterior y aun cuando la accionante
cuenta con dos periodos de vacaciones causados, frente a la solicitud de
asignación presupuestal elevada con el fin de nombrar su reemplazo, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín respondió que la
apropiación presupuestal para el rubro “servicios prestados por vacaciones
personal titular” se encuentra con restricciones presupuestales para el presente
año, y que en la Circular PSAC 11-44 de 23 de noviembre de 2011 se reguló
únicamente el nombramiento de reemplazos para jueces con régimen individual, y
excepcionalmente cuando se trate de empleados del régimen de vacaciones
individuales que laboren en despachos con planta de personal de 3 o menos
cargos.

Para la Sala, si bien la referida circular únicamente hizo alusión a funcionarios
judiciales, que conforme con el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 son los
magistrados de las corporaciones judiciales, los jueces de la República y los
fiscales, como se ha indicado en oportunidades anteriores 8, “la omisión de
establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los reemplazos de los
empleados judiciales no puede servir de fundamento para desconocer el derecho
al descanso de estos”.

En este sentido, contrario a lo afirmado por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín en la impugnación, en el caso la falta de
asignación de recursos para nombrar su reemplazo desconoce el derecho al
descanso de la accionante y el trabajo en condiciones dignas, en tanto en la
práctica, implica el aplazamiento indefinido de sus vacaciones ya causadas, con la
excusa de no entorpecer el funcionamiento normal del Juzgado Séptimo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, situación que, a juicio
8
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de veintiocho (28) de junio de dos mil veintidós (2022), Radicación 18001-
23-33-000-2022-00066-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de
diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-2018- 00756-01. C.P. Milton Chaves García,
12

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de la Sala, no es más que un obstáculo administrativo de los que se previó evitar
con la expedición de la mencionada circular.

Esta Sala, en un caso de connotaciones fácticas similares, manifestó que “asuntos
de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
periodo vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, aún más si se
tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del
derecho al trabajo en condiciones dignas. Impedir el derecho al descanso con
base en restricciones administrativas no es una carga que deban soportar las
actoras, puesto que las vacaciones constituyen una garantía fundamental que
tienen todos los empleados, por lo que no puede ser transgredida ni en función del
servicio ni por cuestiones de índole presupuestal ”, por lo que la Sala confirmará la
9

decisión que amparó los derechos fundamentales de la accionante.

4.6. No obstante lo anterior, de conformidad con los argumentos presentados por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la impugnación, la Sala considera
que este debe ser desvinculado del presente trámite, pues, como expuso,
conforme con el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del
Presupuesto, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la
Nación, como la Rama Judicial, tienen autonomía presupuestal para ordenar el
gasto en desarrollo de las apropiaciones a ellas incorporadas en la respectiva
sección de la Ley Anual del Presupuesto10, por lo que, en principio, la
responsabilidad de garantizar los recursos para el descanso de la accionante
recae únicamente sobre la entidad con el mandato legal para administrarlos, esto
es, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -nivel central-.

Aunado a lo anterior, si bien la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín sostuvo que la apropiación presupuestal para el rubro
“servicios prestados por vacaciones del personal titular” se encuentra “con
restricciones presupuestales para el presente año”, no allegó prueba de que dicha
restricción obedeciera a causas endilgables al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, ni de que, de conformidad con el artículo 79 y siguientes del Decreto 111
de 1996, en el caso fuera necesario efectuar una adición presupuestal que hiciera
necesaria la vinculación del mismo.

En este sentido, si bien la intención del fallo impugnado era garantizar la
efectividad del derecho vulnerado, la Sala, de las pruebas obrantes, considera
que, en este caso concreto, el mismo puede ser amparado sin la intervención
directa de esa cartera ministerial, por lo que modificará la parte resolutiva del fallo
impugnado en el sentido de ordenar su desvinculación.

Conforme con lo anterior, la Sala modificará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, objeto de impugnación, en
el sentido de amparar los derechos fundamentales al descanso y al trabajo en
condiciones dignas de la accionante, y ordenará Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín y el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de manera coordinada y de

9
Rad. 2020-00143-00 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Ley 2159 de 2021, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de
apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2022”.
13

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acuerdo con sus competencias, en el término de treinta (30) días contados a partir
de la notificación de la presente providencia, que adelanten las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondan, para el nombramiento de un
reemplazo de asistente jurídica del Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín, que es el cargo desempeñado por la actora,
para que se materialice su derecho al disfrute del descanso remunerado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- MODIFÍCASE la sentencia de 18 de abril de 2022, dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, la cual quedará
así:

“Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al descanso y al trabajo en
condiciones dignas de la señora Lida Eugenia Cardona Alzate.

Segundo.- ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín y al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, que de acuerdo con sus competencias, y de manera
coordinada, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación
de la presente providencia, adelanten las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan para que el Juzgado Séptimo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Medellín nombre su reemplazo para que
materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado.

Tercero.- DESVINCÚLESE del presente trámite constitucional al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, por las razones expuestas”.

Segundo.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.

Tercero.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

14

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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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