Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2022-00468-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2022-00468-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2022-00468-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
10 de octubre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diez (10) de octubre dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Actores: ÉLSY MARÍA PEÑA DE ARBOLEDA
Demandados: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) Y
OTROS
Medio de control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS
Asunto: APELACIÓN SENTENCIA – DESLIZAMIENTO DE
TIERRA – SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE
Síntesis del caso: se pretende la protección de derechos e intereses colectivos supuestamente
vulnerados por el hecho de un fenómeno de erosión, movimiento en masa e inestabilidad de
una ladera existente en el sector de “La Esperanza” en la vereda Piedras Blancas del municipio
de Santo Domingo (Antioquia), hecho que en la demanda se atribuye a la actividad de
transporte de hidrocarburos realizada por la empresa Transmetano ESP SA.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por el municipio de Santo
Domingo (Antioquia)1 y de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los
Ríos Negro – Nare (Cornare)2 en contra de la sentencia del 19 de octubre de 2023,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión3
dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA, la excepción de ineptitud de la
demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, conforme
las razones expuestas.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente de los habitantes de la zona aledaña al
predio “La Esperanza” de propiedad de la señora Elsy María Peña de
Arboleda en el Municipio de Santo Domingo Antioquia.
1 Índice 98 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
2 Índice 99 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
3 Índice 96 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
TERCERO: ORDENAR al Municipio que, en coordinación con
CORNARE:
1. Realice, en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, un estudio geotécnico en el que determine:
a) Si en atención a la categorización de la zona objeto de la presente acción,
su ubicación y los problemas de inestabilidad que ha presentado, debe ser
priorizada para intervención y, en consecuencia, si requiere un plan de
respuesta prioritario, de acuerdo con la Ley 1523 de 2012 y demás normas
concordantes.
b) Qué medidas deben adoptarse para mitigar el riesgo existente en el predio
“La Esperanza” de propiedad de la señora Elsy María Peña de Arboleda,
ubicado en la vereda Piedras Blancas del municipio de Santo Domingo
(Antioquia), de tipo estructural y no estructural que incluyan la adopción de
un programa de prevención y soluciones concretas relacionadas con el
control de la erosión, corrección de cauces, estabilidad de la ladera, uso del
suelo, y demás que se determinen.
c) Estas medidas deberán incluir conocimiento, manejo y reducción del
riesgo existente en el predio de acuerdo con los informes técnicos allegados
dentro de este proceso, y los demás que la autoridad ambiental llegare a
determinar, así como el estudio de los requisitos de postulación a los
programas de reducción del riesgo y manejo de desastres que el Municipio
adelante, en caso de ser necesario.
2. De acuerdo con los resultados del mencionado estudio, el Municipio de
Santo Domingo, en coordinación con CORNARE, en un plazo máximo de
cuatro (4) meses, contados a partir de la culminación del estudio geotécnico
señalado anteriormente, deberá iniciar la implementación o ejecución de las
medidas que sean determinadas por el citado estudio, cuya ejecución no
podrá superar los seis (6) meses, siguientes al vencimiento de este último
término, y que en todo caso deberán orientarse a garantizar, como mínimo:
El manejo y reducción del riesgo existente en el predio “La Esperanza” de
propiedad de la señora Elsy María Peña de Arboleda, para lo cual convocará
a la parte actora, a los residentes del sector y propietarios aledaños, en aras
de dar conocer el plan de acción correspondiente, así como la ejecución de
las obras de estabilidad y protección que sean necesarias.
CUARTO: CONFORMAR un COMITÉ DE VERIFICACIÓN para efectos del
cumplimiento de la presente decisión, integrado por el Magistrado ponente,
el actor popular, un delegado de cada una de las entidades responsables de
las órdenes impartidas, y la Procuraduría General de la Nación, como
representante del Ministerio Público, a través del Procurador delegado ante
este Despacho.
QUINTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Sin condena en costas en esta instancia.”4 (negrillas y mayúsculas
sostenidas del original).
4 Págs. 50 y 51, Índice 96 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 4 de abril de 20225, la señora Élsy María Peña de
Arboleda promovió demanda en ejercicio del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos consagrado en el artículo 144 del CPACA en contra
del municipio de Santo Domingo (Antioquia), la sociedad Transportadora de Metano
ESP SAS (en adelante Transmetano ESP SAS) y la Corporación Autónoma Regional
de las Cuencas de los Ríos Negro – Nare (en adelante Cornare) con el fin de obtener
las siguientes pretensiones:
“Primero. Declarar que la administración municipal de Santo Domingo,
Antioquia, CORNARE y TRANSMETANO al omitir las actividades de
mantenimiento de las obras transversales y complementarias del inmueble
de mi propiedad, han vulnerado continuamente, los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa y el derecho a la
prevención de desastres previsibles técnicamente.
Segundo. Que se ordene a los accionados que realicen todas las gestiones
necesarias para garantizar el goce de un ambiente sano y se realice una
vigilancia constante sobre la montaña y la erosión que me afecta
constantemente.
Tercero. Que se ordene a la Administración Municipal el restablecimiento
de las condiciones naturales de la montaña y se realicen las obras
necesarias para evitar un daño mayor.
Séptimo. Que en caso de encontrar actuaciones irregulares o ilegales de
las entidades accionadas por parte del despacho, se compulsen copias a los
entes de control para lo de su competencia.
Octavo. Que se condene en costas y agencias en derecho a las
demandadas.”6 (negrillas originales).
2. Hechos
El fundamento fáctico de las pretensiones es, en síntesis, el siguiente:
5 Índice 01 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
6 Pág. 5. Archivo 03AcciónPopular, trámite de primera instancia. Visible en: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des14taanq_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fperson
al%2Fdes14taanq%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCOMPARTIDA%20JLAF%2FE
XPEDIENTES%20VIRTUALES%2FORDINARIOS%2FPRIMERA%20INSTANCIA%2FPOPULAR%2F050012333
00020220046800.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
1) La señora Élsy María Peña de Arboleda es propietaria y reside junto a su grupo
familiar en el inmueble denominado “La Esperanza” situado en el sector rural del
municipio de Santo Domingo (Antioquia), identificado con la matrícula inmobiliaria no.
026-0002358, en el cual ejerce actividades agropecuarias consistentes en la crianza
de ganado, gallinas, patos, cerdos y caballos.
2) En el predio mencionado se constituyó una servidumbre en favor de Transmetano
ESP SAS para la construcción de un gasoducto y el tránsito con ocupación
permanente, situación que ha causado graves daños a la propiedad, tales como
erosión, inestabilidad del terreno y deslizamientos de tierra, a pesar de ello, no se han
realizado trabajos de mantenimiento en las acequias destinadas para la evacuación
de las aguas, hecho que pone en riesgo la vida de la demandante y su familia por
cuanto su vivienda se encuentra junto a la montaña por donde atraviesa una obra
hidráulica.
3) Los derrumbes en el inmueble son constantes y tienden a agravarse con el tiempo,
además, en la zona donde se encuentra la tubería de Transmetano ESP SA se
construyeron una serie de resaltos en material térreo que recolectan aguas de
escorrentía y la dirigen a la ladera afectada, la cual no cuenta con obras de drenaje
adecuadas.
4) La demandante considera transgredidos los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, a la moralidad administrativa y a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente dado que los entes
demandados han omitido sus deberes de proteger a la comunidad frente a
eventualidades que podrían evitarse mediante su intervención7.
3. Contestaciones de la demanda
El 5 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda8 y
ordenó la notificación del municipio de Santo Domingo (Antioquia), Transmetano ESP
SAS y Cornare.
7 Con la demanda se solicitó una medida cautelar de urgencia consistente en la intervención inmediata del talud
para evitar daños por la temporada de lluvias, la realización de obras de mantenimiento de las acequias para
evacuar las aguas de la montaña y la suspensión de cualquier intervención que no cuente con los correspondientes
estudios de riesgo (pg. 2 archivo 03Acción Popular), la cual fue negada en el auto admisorio de la demanda del 5
de abril de 2022 (índice SAMAI 004 – primera instancia).
8 Índice 004 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
El 22 de abril de 2022 se ordenó la vinculación de Ecopetrol SA9 y, el 20 de mayo de
ese año10, de la empresa Cenit SAS, propietaria del poliducto Sebastopol – Medellín,
así como de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
3.1 Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro – Nare
(Cornare)
Contestó la demanda el 22 de abril de 202211, solicitó que se declare la improcedencia
de la acción popular porque no se advierte la vulneración de derecho colectivo alguno,
además, como la demandante afirma que sobre su predio se constituyó una
servidumbre de paso para un gasoducto en favor de Transmetano ESP SAS, se trata
de un conflicto particular y concreto que debe debatirse ante la jurisdicción civil.
Adicionalmente, formuló las siguientes excepciones: (i) “falta de legitimación en la
causa por pasiva”, porque no es la entidad llamada a resolver los problemas de
deslizamiento del terreno del inmueble de la accionante ya que, estos hechos están
relacionados la gestión del riesgo, que, según el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012,
corresponde a los entes municipales, adicionalmente, en lo referente a las licencias
ambientales para gasoductos, la competente es la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) de conformidad con el artículo 2.2.2.3.2.2 del Decreto Nacional
1076 de 2015 y, (ii) “inexistencia de vulneración a derechos colectivos”, dado que no
existe prueba de la supuesta omisión de Cornare que afecte los derechos colectivos
invocados en la demanda.
3.2 Municipio de Santo Domingo (Antioquia)
En memorial del 22 de abril de 202212, se opuso a las pretensiones de la demanda con
base en las excepciones que se relacionan a continuación: (i) “ausencia de daño y de
violación a derechos colectivos”, por cuanto la autoridad competente para garantizar
la protección del medio ambiente es Cornare y, dado que la servidumbre del poliducto
está en un predio privado no puede ejercer actos de intervención sin incurrir en
detrimento patrimonial; (ii) “el trámite del medio de control”, en atención a que la
demandante no cumplió con la exigencia del artículo 144 del CPACA consistente en el
9 Índice 009 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
10 Índice 024 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
11 Índice 008 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
12 Índice 011 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
requerimiento previo a la autoridad administrativa para la protección de los derechos
colectivos vulnerados y, (iii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, porque el
conflicto debe resolverse entre particulares por tratarse de una perturbación al derecho
de propiedad privada.
3.3 Transportadora de Metano ESP SAS (Transmetano ESP SAS)
Presentó contestación de la demanda el 26 de abril de 202213, se opuso a la
prosperidad de la totalidad de las súplicas para cuyo propósito aludió a las siguientes
excepciones:
1) “Inexistencia de afectación de bienes colectivos”, debido a que la demanda no busca
la protección de intereses que pertenecen a toda la comunidad en general, sino la
reparación de intereses particulares que debieron reclamarse a través del medio de
control de reparación directa el cual está sujeto al término de caducidad.
2) “Ausencia de nexo causal entre la afectación y la existencia del gasoducto: fuerza
mayor y hecho de un tercero”, habida cuenta que el área afectada por el deslizamiento
no se encuentra en la zona del gasoducto ni en su derecho de vía; el gasoducto está
ubicado en la parte superior de la montaña, mientras que los deslizamientos ocurren
a unos 100 o 150 metros más abajo, en dirección a la quebrada Santiago, asimismo,
según un estudio realizado por la firma Hidramsa – Ingenieros Consultores, el proceso
de reptación del suelo14 data al menos desde 1995, antes de la construcción del
gasoducto Sebastopol – Medellín; también se cuenta con un estudio técnico que
concluye que los movimientos de tierra no están relacionados con la construcción de
esta infraestructura, en cambio, se verificó que entre 2002 y 2007 se realizó una
modificación en el camino veredal que comunica con la quebrada, lo cual encauzó las
aguas a través de un surco paralelo y aumentó la erosión del terreno.
3) “Inexistencia de prueba de la culpa atribuida a la compañía Transmetano”, porque
no hay evidencia que demuestre una conducta negligente por parte de la empresa,
Transmetano ESP SAS no es propietaria de las obras de desagüe que aparecen en
los videos presentados con la demanda, sobre lo cual cabe señalar que en la zona
13 Índice 13 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
14 Reptación del suelo: “Es la deformación que sufre la masa del suelo o roca como consecuencia de movimientos
muy lentos por acción de la gravedad”. http://gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/pagina.aspx?id=140.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
existe otra infraestructura, un poliducto de Ecopetrol SA que es independiente y sobre
el que no tiene ninguna injerencia ni participación.
4) “Diligencia y cuidado por parte de Transmetano ESP SAS”, por razón de que la
empresa ha demostrado diligencia y cuidado en la gestión de las aguas de escorrentía,
así como también en la construcción y mantenimiento de estructuras y canales
diseñados para prevenir la exacerbación de los procesos de erosión en la zona.
5) “Conocimiento de la demandante sobre la existencia del riesgo y su exposición
voluntaria al mismo”, por cuanto el proceso de reptación del terreno y la falla geológica
eran condiciones preexistentes a la adquisición del predio por parte de la demandante
el 27 de febrero de 1997; esto implica que la parte actora estaba al tanto del estado
del terreno y asumió los riesgos asociados que podrían afectar a ella y a su familia.
3.4. Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol SA)
A través de escrito radicado el 13 de mayo de 202215 solicitó que se desestimen las
pretensiones de la demanda con apoyo en los argumentos que se relacionan a
continuación:
1) Se configuran las siguientes excepciones mixtas: (i) “falta de competencia para
conocer de la acción popular – no agotamiento de reclamación administrativa previa
respecto de Ecopetrol SA”, por el hecho de que la parte demandante no presentó la
reclamación administrativa ante Ecopetrol SA conforme al artículo 144 del CPACA, (ii)
“falta de legitimación en la causa por pasiva”, por cuanto Ecopetrol SA no tiene relación
contractual con Transmetano SA ESP, tampoco es propietario del gasoducto del cual
se alegan los actos que supuestamente vulneran los derechos colectivos y de ninguna
otra infraestructura de transporte de hidrocarburos en la actualidad ya que, esta fue
cedida desde hace 9 años a la compañía Cenit SAS, incluido el poliducto Sebastopol
– Medellín, de manera que no le corresponde su mantenimiento, adecuación,
realización de obras o de mejoras porque esas labores están a cargo de esta última
empresa; (iii) “la acción popular no es el mecanismo para las reparaciones de
perjuicios o daños a título personal”, porque las pretensiones se formulan a título
personal y son propias del medio de control judicial de reparación directa, sin que se
haya explicado cómo las afectaciones impactan a la población en general.
15
Índice 23 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
2) Se deben declarar las siguientes excepciones de mérito: (i) “inexistencia de
vulneración de derechos colectivos”, en la demanda que no se expresan razones ni se
alude a pruebas que demuestren la vulneración de los derechos colectivos invocados
y, (ii) “inexistencia de nexo causal”, por razón de que Ecopetrol SA no es propietaria
del gasoducto relacionado con la afectación reclamada ni tampoco ha celebrado
contrato de concesión alguno con Transmetano ESP SAS.
3.5 Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS (Cenit SAS)
Mediante memorial del 14 de junio de 202216 se opuso a todas y cada una de las
pretensiones de la demanda, alegó que no ha vulnerado ninguno de los derechos
colectivos mencionados por la parte actora, y solicitó la declaración de las siguientes
excepciones: (i) “no agotamiento de reclamación administrativa previa”, porque no se
cumplió con el requisito previsto en el artículo 144 del CPACA en relación con Cenit
SA, (ii) “la fuente del presunto riesgo, no es la existencia de la infraestructura de
transporte de hidrocarburos de Cenit SA”, debido a que no existe nexo causal entre
los procesos de inestabilidad y la mencionada infraestructura, en el sector existe un
camino de herradura que intercepta las aguas de escorrentía que son vertidas en la
ladera sin ningún control, lo cual es la verdadera causa de la erosión; (iii) “la accionante
no prueba los supuestos fácticos de sus fundamentos”, la parte actora es quien tiene
la carga de probar la vulneración de los derechos colectivos y, (iv) “improcedencia de
la acción popular ante la no acción u omisión por parte de Cenit SAS”, por inexistencia
de conducta alguna de la cual se desprenda una afectación a los derechos de la
comunidad.
3.6 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
A su turno, en escrito del 14 de junio de 202217 manifestó que ha actuado dentro del
marco de sus competencias y que no ha vulnerado ningún derecho colectivo, que ha
realizado seguimiento y control continuo del proyecto “Línea Troncal del Gasoducto
Sebastopol-Medellín”, para el cual Transmetano SA ESP cuenta con la
correspondiente licencia ambiental otorgada mediante la Resolución no. 1144 del 25
de octubre de 1996 emitida por el entonces denominado Ministerio de Medio Ambiente,
licencia que fue modificada por la Resolución No. 399 del 12 de abril de 2016 para
16 Índice 27 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
17 Índice 28 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
autorizar la construcción de la Estación Compresora La Malena; adicionalmente, ha
mantenido una vigilancia constante para asegurar el cumplimiento de todos los
términos, obligaciones y condiciones de la licencia, incluidas unas visitas al lugar de
los hechos entre el 8 y el 11 de febrero de 2022; el concepto técnico resultante de
dichas visitas concluyó que los problemas de inestabilidad del terreno ya existían
desde 1995 antes de la construcción del gasoducto y que el proyecto licenciado no
tiene relación causal con los movimientos en masa.
Por otra parte, expresó que no es competente para ejercer actos de gestión y
prevención del riesgo, pues, el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 establece que dicha
responsabilidad es ejercida por los entes municipales; en todo caso, no existe
vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda.
4. La sentencia apelada
El 19 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión declaró no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
falta de agotamiento del requisito de procedibilidad y amparó el derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente en favor de los
habitantes cercanos al inmueble “La Esperanza” de propiedad de la señora Élsy María
Peña de Arboleda, adicionalmente, ordenó al municipio de Santo Domingo (Antioquia)
y a Cornare realizar acciones para proteger este derecho, basado en los siguientes
argumentos18:
1) Frente a la procedencia de la acción popular, es claro que la demandante busca la
protección de derechos colectivos mediante la ejecución de obras de estabilidad,
control de erosión y manejo de aguas para prevenir desastres previsibles, no intereses
particulares.
2) La excepción de ausencia de agotamiento del requisito de procedibilidad propuesta
por Ecopetrol SA y Cenit SAS no se configura, estas entidades fueron vinculadas de
manera oficiosa, además, fue solicitada una medida de protección de carácter urgente
que habilita para acudir directamente al presente medio de control en los términos del
artículo 144 del CPACA.
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Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
3) Se acreditó que la propiedad del inmueble “La Esperanza”, de propiedad de Élsy
María Peña de Arboleda, está limitada por una servidumbre por donde pasa el
gasoducto “Sebastopol – Medellín” perteneciente a Transmetano ESP SAS quien
comparte derecho de vía (DDV) con la sociedad Cenit SA, concesionaria de Ecopetrol
SA, sociedades que construyeron canales para recolectar aguas lluvias y drenarlas a
través de los respectivos cauces.
4) Sobre las causas de inestabilidad del terreno, los estudios técnicos aportados al
plenario, especialmente el elaborado por la firma Hidramsa – Ingenieros Consultores,
permiten constatar que esta circunstancia se presenta con antelación a la construcción
del gasoducto y que las causas de los deslizamientos están relacionados con las
características del suelo, actos de terceros, procesos de erosión de las rocas y
movimientos en masa de tipo rotacional, no con las actividades de Transmetano ESP
SAS o de Cenit SA.
5) Los peritos que declararon en las audiencias de pruebas del 8 y 13 de febrero de
2023, con sustento en los correspondientes dictámenes, expresaron que ninguno de
los proyectos licenciados en la zona guardan relación causal con los procesos de
inestabilidad mencionados en la demanda; por el contrario, manifestaron que el
drenaje del derecho de vía fue modificado durante los años 2002 y 2007 por un cambio
del terreno en el cruce del camino veredal que lleva a la quebrada Santiago, hecho
que provocó que las aguas fueran encauzadas a lo largo del surco de dicho camino en
dirección a la microcuenca que corresponde a la ladera donde se ubica la vivienda de
la demandante.
6) De este modo, la firma Hidramsa - Ingenieros Consultores recomendó, como parte
de la solución al problema, la reconducción de las aguas de escorrentía del derecho
de vía (DDV), aunque este medida no detendría completamente los procesos
geomorfológicos de tipo rotacional que vienen presentándose dese 1997, se observó
que, durante una visita de la ANLA al lugar del deslizamiento en abril de 2022, las
obras de drenaje recomendadas por dicha firma ya estaban en funcionamiento,
también se verificó que Transmetano ESP SA había cumplido con los requerimientos
de la ANLA en cuanto a la implementación de medidas para el manejo de material de
descapote y la escorrentía.
7) Los estudios técnicos y pruebas testimoniales también indican que la infraestructura
de transporte de hidrocarburos implementada por Transmetano ESP SA y Cenit SA no
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
tiene incidencia en el riesgo aducido en la demanda sino “la actividad de ganadería
de la accionante, la construcción o desviación de la vía de tránsito de la vereda por
parte de sus moradores, y especialmente, los factores naturales o fenómenos propios
de la naturaleza, como son las precipitaciones y procesos morfodinámicos que datan
de hace más de veinte (20) años, son lo que ponen en riesgo la estabilidad del terreno
y producen los deslizamientos del mismo”19.
8) En relación específica con los derechos invocados en la demanda, se probó la
vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, las condiciones del terreno afectado representan un riesgo latente no
solo para el predio de la demandante y sus habitantes, sino también para la comunidad
circundante20, este riesgo es conocido y requiere la intervención de los entes públicos
por las siguiente razones: (i) aunque la afectación del terreno tiene origen geológico,
relacionado con las propiedades del suelo, las pendientes y desvíos de agua, esto no
exime a las autoridades de adoptar medidas para conocer, reducir y manejar su
impacto y, (ii) a pesar de que la mayor afectación se presenta en el inmueble de la
demandante, las medidas a implementar también beneficiarían a otros pobladores
cercanos que utilizan el camino veredal que pasa por el lugar, además, las obras de
estabilización existentes deben ser actualizadas para mitigar la persistencia de los
deslizamientos y susceptibilidad a la erosión causada por el agua.
9) En ese sentido, se ordenan medidas específicas de prevención del riesgo a cargo
del municipio de Santo Domingo (Antioquia) y de Cornare.
5. Recursos de apelación
5.1 Municipio de Santo Domingo (Antioquia)
Presentó escrito de impugnación el 24 de octubre de 202321 en el cual solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia y se nieguen las súplicas de la demanda,
por cuanto: (i) la primera instancia no podía imputar responsabilidad al municipio,
19 Pág. 45, Índice 96 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
20 Sobre el punto, la sentencia expresó: “no se trata exclusivamente de una problemática al interior de un predio
particular, sino en realidad existen unas responsabilidades de las autoridades ambientales y municipales que no
pueden soslayarse con el pretexto de que se estarían amparando por vía de acción popular unos “intereses
particulares”. 20 Pág. 45, Índice 96 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
21Índice 98 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
porque las afectaciones se produjeron en un predio privado, lo cual imposibilita realizar
inversiones con patrimonio público para prevenir y mitigar los riesgos alegados por la
demandante, además, no hubo por parte del ente territorial un actuar omisivo que haya
afectado un derecho colectivo; (ii) el inmueble de la señora Élsy María Peña de
Arboleda está afectado con una servidumbre de paso que está regulada por el acto
jurídico que la constituyó, por lo cual es claro que las diferencias que existan sobre
eventuales indemnizaciones deben resolverse entre quienes operan el gasoducto y la
propietaria de ese predio y, (iii) las medidas preventivas no son del resorte del ente
municipal sino de las autoridades ambientales competentes quienes son las
encargadas de emitir estados de alerta y de riesgos que se presenten sobre el medio
ambiente.
5.2 Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro – Nare
(Cornare)
A través de memorial del 26 de octubre de 202322, solicitó que se revoquen las
obligaciones establecidas a su cargo en la decisión de primera instancia con apoyo en
lo siguiente: (i) los artículos 12, 14 y 27 de la Ley 1523 de 2013 preceptúan que son
los alcaldes y gobernadores quienes representan el sistema nacional de gestión del
riesgo en los correspondientes departamentos y municipios, al punto que en estos
últimos entes territoriales existe un Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres que se encarga de administrar la información relacionada con los
escenarios del riesgo, ya sean de origen natural o antrópico y, (ii) Cornare ha cumplido
las funciones a su cargo, de manera que no es posible imponerle obligaciones que
están en cabeza de entidades municipales, máxime cuando en materia de gestión del
riesgo sus atribuciones se circunscriben al apoyo del ente territorial.
6. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 30 de mayo de 2024, se admitieron los recursos de apelación y, en
aplicación del artículo 327 del CGP, en concordancia con del artículo 12 de la Ley 2213
de 2022, se concedió a los recurrentes el término de cinco (5) días para que, si así lo
consideraban, complementaran los escritos de impugnación, también se ordenó que
una vez allegados dichos escritos de sustentación se corriera traslado a la parte
contraria por Secretaría, también por el término de cinco (5) días (índice 4 SAMAI).
22
Índice 99 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
Durante el término otorgado para complementar los recursos, el municipio de Santo
Domingo (Antioquia) y Cornare no se pronunciaron, sin embargo, en el plazo dado a
la contraparte, la sociedad Transmetano ESP SA (índice 10 SAMAI) y Ecopetrol SA
(índice 13 SAMAI) presentaron escritos en los cuales pidieron la confirmación de la
sentencia de primera instancia.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada de Intervención 6 - Primera
ante el Consejo de Estado aportó concepto en el cual también solicitó que el fallo
impugnado sea confirmado (índice SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) codena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
El objeto de la controversia consiste en establecer si los derechos colectivos alegados
en la demanda se encuentran amenazados o vulnerados y si deben ser protegidos por
parte de las entidades públicas y privadas vinculadas el presente proceso debido al
riesgo que comporta la inestabilidad de una ladera que se encuentra en terrenos del
inmueble “La Esperanza”, ubicado en el sector rural Piedras Blancas del municipio de
Santo Domingo (Antioquia) y que para el momento de la presentación de la demanda
era de propiedad de la señora Élsy María Peña de Arboleda23, hecho que se atribuye
a las obras de construcción, adecuación, mantenimiento y operación de un gasoducto
a cargo de las empresas Transmetano ESP SAS y Cenit SA.
El tribunal de primera instancia encontró que si bien en la zona donde está situado
dicho predio se presentan fenómenos de deslizamiento, estos no se derivan de la
infraestructura instalada para el transporte de hidrocarburos, no obstante, consideró
quebrantado el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
23 Debe aclararse que durante el trámite del proceso se acreditó el fallecimiento de la señora Élsy María Peña de
Arboleda, razón por la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto del 28 de abril de 2023 admitió la
sucesión procesal en favor del señor Virgilio Antonio Arboleda Peña, hijo de la causante (Índice 67 SAMAI, primera
instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00).
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
técnicamente en el sector aledaño a la finca “La Esperanza” y que los entes públicos
llamados a prevenir y mitigar un eventual desastre son el municipio de Santo Domingo
(Antioquia) y Cornare a quienes les impartió órdenes precisas para el efecto; en la
apelación, el municipio de Santo Domingo (Antioquia) expresó que no se demostró que
el daño aducido por la demandante le fuera imputable, que no le compete la mitigación
del riesgo en materia ambiental y que no puede invertir recursos públicos para
solucionar problemas en un terreno que es de propiedad privada; por su parte, Cornare
indicó que no es la llamada a responder, porque su papel está limitado a la articulación
de acciones con el municipio.
La Sala confirmará la sentencia apelada, por cuanto está demostrada la existencia de
una amenaza de connotación colectiva que afecta el derecho a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente y, que el municipio de Santo
Domingo (Antioquia) y Cornare son los entes públicos llamados a mitigar los efectos
adversos que se pueden derivar de los deslizamientos de tierra que se presentan en
el predio “La Esperanza”.
2. Análisis de la impugnación
2.1 Procedencia de la acción popular
Frente a lo expresado por el municipio de Santo Domingo (Antioquia) en la apelación
acerca de que no está permitido invertir recursos públicos para mitigar daños en
terrenos que son de dominio privado y que se trata más de un litigio entre la propietaria
del bien inmueble afectado y las empresas que operan el gasoducto, es necesario
observar lo siguiente:
1) Acorde con lo manifestado en los hechos de la demanda, las circunstancias que
motivaron el ejercicio de la presente acción procesal se refieren a unos deslizamientos
constantes de tierra que ocurren en el predio “La Esperanza”, ubicado en la vereda
Peñas Blancas en jurisdicción del municipio de Santo Domingo (Antioquia), de
propiedad de la señora Élsy María Peña de Arboleda, hecho que se atribuyó al
gasoducto operado por la empresa Transmetano ESP SA, quien habría construido
unos resaltos que recogían aguas de escorrentía y los dirigían hacia la ladera afectada,
hecho frente al cual se invocaron como vulnerados los derechos colectivos al goce de
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, la moralidad administrativa y
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente24.
2) Aunque es cierto que la demandante era la propietaria del inmueble afectado con el
deslizamiento, es importante advertir que las pretensiones no son de orden
indemnizatorio ya que, no se solicita la reparación de perjuicios materiales, tales como
daño emergente y lucro cesante, o inmateriales como morales o daño a la salud, sino,
expresamente, que se protejan los derechos colectivos invocados y que se adelanten
acciones tendientes al restablecimiento de las condiciones naturales de la montaña y
se realicen las obras necesarias para evitar daños de mayor consideración.
3) En ese orden de ideas, debe precisarse que del catálogo de derechos anunciados
en el escrito inicial, el tribunal de primera instancia encontró violado el derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el cual, ciertamente, se
proyecta más allá de la esfera individual susceptible de protección a partir de un evento
amenazante o con la potencialidad de afectar diversos bienes e intereses, así se
desprende de lo previsto en el literal l) de la Ley 472 de 199825 que, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1523 de 2012, dispone que la gestión del
riesgo tiene, entre otros propósitos, “asegurar al sostenibilidad, la seguridad territorial,
los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo”.
4) También es pertinente destacar que el Consejo de Estado26 ha sido claro en señalar
que, aunque un hecho vulnerador pueda originarse en un evento particular y concreto,
este puede adquirir un carácter colectivo cuando sus efectos impactan a la comunidad
en general, lo cual incluye las situaciones en las cuales aquella potencialidad de daño
24 Según certificado de tradición emitido el 23 de febrero de 2012 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Santo Domingo (Antioquia), el inmueble denominado “La Esperanza Vereda 23” identificado con la matrícula
inmobiliaria no. 026-14028 fue adquirido por la señora Elsy María Peña Arboleda el 27 de febrero de 1997 mediante
la escritura pública no. 64 de la Notaría Única de Santo Domingo (Antioquia). Archivo: Escritura Prop – Peña
Arboleda.
25 El artículo 4º de la Ley 472 de 1998, dispone: “Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados
con: (…): l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente”.
26 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 26 de mayo de 2023, radicación no. 17001-23-33-000-2017-
00741-01, CP Roberto Augusto Serrato. En esta sentencia se consideró lo siguiente: “Nótese que una amenaza de
origen particular y naturaleza antrópica puede tornarse en colectiva cuando el riesgo deja de afectar a quien generó
la problemática y sus efectos se trasladan a la comunidad en general (…)Todo esto significa que al recurrente no
le asiste la razón cuando sostiene que los riesgos generados por los particulares per se no cuentan con una
naturaleza colectiva. Por el contrario, todo riesgo (bien sea de origen antrópico o natural) acarrea el funcionamiento
del sistema legal instituido para su prevención y corrección, cuando los efectos del mismo se trasladan a la
comunidad, tal y como lo reconoció́ la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 26 de marzo de
2015. En atención al potencial de lesividad difusa que representan las situaciones de riesgo de desastres -como
las de deslizamiento y remoción en masa-, el ordenamiento jurídico protege a la población afectada como un sujeto
colectivo en tanto considera que existen intereses jurídicos supraindividuales que se encuentren en riesgo”.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
se relaciona con circunstancias como la presente, relacionadas con deslizamientos de
tierra o remoción en masa que pueden amenazar o quebrantar derechos o intereses
colectivos de una determinada comunidad, región o localidad.
5) En el asunto en cuestión, está debidamente demostrado que en cercanías del
inmueble “La Esperanza” se presentan fenómenos de socavamiento del terreno, así
como también surcos y movimientos en masa que afectan varios predios y que
representan riesgos significativos para sus habitantes, tal como se evidencia a través
de los siguientes medios de prueba:
a) El Informe Técnico de Gestión del Riesgo emitido el 27 de julio de 2020 por Cornare
realizado luego de una visita al lugar de los hechos en el cual se evidenció:
“Durante la visita técnica, se observó que en el predio de la señora Elsy
(sic) Peña, a través del cual cruza la quebrada Santiago, se ha
incrementado un proceso erosivo de grandes dimensiones en la
margen izquierda de la misma, el cual ha generado deslizamientos de
desgarres, a lo largo de 12 años y a su vez, caída de sedimentos de
suelo residual del Batolito Antioqueño (formación rocosa que lleva ese
nombre) a la fuente hídrica (…).
El proceso erosivo y morfo dinámico que allí se encuentra ha hecho
que el camino principal de los habitantes de la zona se haya perdido y
los haya obligado a abrir uno nuevo hacia la parte alta de la ladera. Esta
apertura en suelo residual de Bartolito Antioqueño podría afectar
enormemente la estabilidad del talud, dado que los cortes lindan con
el mismo (…).
Las veredas aguas debajo de este punto, se encuentran ante alto riesgo
debido a avenidas torrenciales que puedan potenciarse o ser
originadas por movimientos en masa en este talud que represen la
quebrada Santiago en su pata”.27 (negrillas fuera del texto).
b) Lo anterior se corrobora con el dictamen aportado al expediente por Transmetano
ESP SAS realizado por la firma Hidramsa – Ingenieros Consultores en el cual se
manifestó:
En inmediaciones del K112+800 del gasoducto Sebastopol – Medellín,
ubicado en el sector La Esperanza de la vereda Piedras Blancas,
Municipio de Santo Domingo, Antioquia, se presentan varios procesos
morfodinámicos que afectan varios predios, entre ellos el de una finca
ubicada en la margen izquierda de la quebrada Santiago, propiedad de la
señora Elsy Peña (…).
27 Archivo ED_163ANEXO1120994202(.pdf) NroActua 2, índice 2 SAMAI.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
El documento describe un movimiento en masa que pone en riesgo el
predio de la Sra. Peña y el comportamiento de corrientes frecuentes de
la Quebrada Santiago. Dicho proceso (erosivo) se ha incrementado a
lo largo de 12 años produciendo “deslizamientos de desgarres” y caída
de sedimentos del suelo residual que conforma el terreno (…).
Los movimientos en masa y la reptación que se observan en la actualidad
están presentes en el sector del K112+800 desde antes de la construcción
del gasoducto de TRANSMETANO en 1997. A lo largo del período de
tiempo analizado, los movimientos en masa han evolucionado
aumentando el área afectada en dirección del derecho de vía del
gasoducto y creciendo de manera más acelerada en la margen derecha
del drenaje tributario de la Quebrada Santiago. En la actualidad, la
corona de deslizamiento más cercana al derecho de vía se encuentra
aproximadamente a 50 m de éste.”28 (negrillas adicionales).
La descripción gráfica de la panorámica del lugar donde se encuentra el deslizamiento
de tierra es la siguiente:
c) En la audiencia de pruebas realizada el 7 de febrero de 202329 se recibió el
testimonio del señor Virgilio Antonio Arboleda quien, expresó que por la zona existe un
camino real por donde transitan habitantes que residen cerca a dicho lugar y por el
cual también se trasladan semovientes.
28
Págs. 6 y 7, archivo ED_36INFORMETECNICO(.pdf) NroActua 2, índice 002 SAMAI.
29 Específicamente el declarante manifestó “Preguntado: Usted mencionó algo muy importante, usted dijo que, por
esos ductos o caminos, ¿hace cuánto transita ganado sobre esos caminos y sobre esos ductos? Contestó: Por el
camino porque eso es un camino real, toda la vida ha existido y por el ducto (...). Preguntado: Señor Antonio, usted
ha mencionado por el testimonio realizado ante el magistrado que les ha tocado arreglar los canales porque se
encuentran en malas condiciones, acláreme por favor ¿si ustedes son los que han arreglado estos canales?.
Contestó: Si hemos arreglado canales y hemos organizado caminos, porque por la afectación que tenemos con
ese problema, porque son completamente llenos de tierra, y los que quedan cerca al camino nos ha tocado
organizarlos (…). Preguntado: ¿el camino real que usted mostró en las imágenes fue construido por usted o por
habitantes de la Zona, o alguna de las empresas de transporte de hidrocarburos? Contestó: No, eso lo hizo las
otras veredas que tenemos, que pasan por nuestro predio, porque esos son caminos de más de 80 años.” Índice
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Protección de los derechos e intereses colectivos
6) Los elementos de prueba previamente descritos revelan que el daño no solo afecta
al inmueble de la demandante, sino que también pone en riesgo a la comunidad que
reside y transita por el sector de la “La Esperanza” en la vereda Piedras Blancas del
municipio de Santo Domingo (Antioquia), especialmente por lo siguiente:
a) El citado Informe Técnico de Gestión del Riesgo emitido el 27 de julio de 2020 por
Cornare es claro en expresar que las veredas situadas aguas abajo del sitio afectado
con los movimientos en masa se encuentran en alto riesgo, porque los deslizamientos
podrían represar la quebrada Santiago existente en la parte baja y generar problemas
mayores, a esa conclusión se llegó porque en la correspondiente visita se constató
que se trata de un proceso erosivo de grandes dimensiones que ha generado
deslizamientos durante 12 años y que la caída de sedimentos podría afectar dicha
fuente hídrica.
b) De otra parte, el dictamen elaborado por la firma Hidramsa – Ingenieros Consultores
señala explícitamente que en la zona se presentan diversos procesos morfodinámicos
que afectan a varios inmuebles, en el informe se evidencia que no solo se trata del
deslizamiento existente en la finca de la demandante, sino también de otros ubicados
en las vertientes de la quebrada Santiago y en las cercanías de la vía Santo Domingo–
La Quiebra; además de lo señalado anteriormente en este estudio, para mayor
claridad, se adjunta el siguiente gráfico que muestra la existencia de otro deslizamiento
en la zona, más abajo de la quebrada Santiago30:
30
Pág. 6 archivo ED_36INFORMETECNICO(.pdf) NroActua 2, índice 002 SAMAI.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
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Protección de los derechos e intereses colectivos
c) Por su parte, el citado testimonio del señor Virgilio Antonio Arboleda corrobora la
existencia de un camino real de antigua data en las inmediaciones del deslizamiento,
el cual es utilizado por los habitantes de la zona, lo cual conlleva a colegir que, en caso
de agravarse la situación de estabilidad del terreno, los transeúntes del sector
geográfico en cuestión también podrían verse afectados
7) Aunque los estudios técnicos muestran que el problema ha existido desde 1997, la
situación se ha agravado con el tiempo debido a la actividad humana, factores
climáticos y las propiedades del suelo, deterioro progresivo que podría tener
consecuencias aún más graves para la comunidad porque los derrumbes han
avanzado considerablemente y podrían extenderse a otras partes de la ladera,
situación que puede prevenirse protegiendo el derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente.
8) Además, es relevante anotar que los apelantes no cuestionan la existencia de los
procesos erosivos y deslizamientos que están debidamente acreditados, tampoco
invocan pruebas que indiquen hechos contrarios a los ya mencionados o desvirtúen
que los problemas de inestabilidad de los suelos no representan un riesgo serio y
actual para la comunidad.
Asimismo, es preciso aclarar que, aunque en la demanda se alegó que la vulneración
de los derechos colectivos provenía de la operación de la infraestructura de
hidrocarburos gestionada por Transmetano ESP SA, en primera instancia se analizó
de manera exhaustiva que la causa del deslizamiento no guarda relación con el
gasoducto, especialmente con sustento en el estudio emitido por la firma Hidramsa –
Ingenieros Consultores31, aspecto puntual que no fue cuestionado en los recursos de
apelación presentados por Cornare y el Municipio de Santo Domingo (Antioquia).
31 En ese estudio sobre las causas del deslizamiento, puntualmente se aseveró lo siguiente: “Los movimientos en
masa y la reptación que se observan en la actualidad están presentes en el sector del K112+800 desde antes de
la construcción del gasoducto de TRANSMETANO en 1997. A lo largo del período de tiempo analizado, los
movimientos en masa han evolucionado aumentando el área afectada en direccióndel derecho de vía del
gasoducto y creciendo de manera más acelerada en la margen derecha del drenaje tributario de la Quebrada
Santiago. En la actualidad, la corona de deslizamiento más cercana al derecho de vía se encuentra
aproximadamente a 50 m de éste (…).Se descarta que la causa generadora de los procesos morfodinámicos
identificados desde 1995 sea la construcción y operación del gasoducto” (Págs. 30 y 31 archivo
ED_36INFORMETECNICO(.pdf) NroActua 2, índice 002 SAMAI).
20
Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
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Protección de los derechos e intereses colectivos
9) Por lo tanto, no es atendible el argumento de la impugnación según el cual el caso
se limita a la afectación de intereses individuales; en cambio, la Sala corrobora que es
procedente utilizar el medio de control judicial para la protección de los derechos e
intereses colectivos concernidos y comprometidos en los hechos probados en el
proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del CPACA.
2.2 Las órdenes impartidas en la sentencia de primera instancia para
garantizar el derecho colectivo a la seguridad y prevención de riesgos
previsibles técnicamente
1) En este punto, es preciso manifestar que en la sentencia de primera instancia el
Tribunal Administrativo de Antioquia, con sustento en las pruebas técnicas,
documentales y testimoniales existentes en el plenario, arribó a la conclusión de que
la actividad relacionada con la infraestructura de transporte de hidrocarburos
denominada “Línea Troncal de Gasoducto Sebastopol Medellín” no tiene relación con
los daños colectivos aducidos en la demanda, razón por la cual no emitió orden alguna
en contra de Transmetano ESP SAS, Ecopetrol SA, Cenit SAS y la ANLA.
2) Pero, sí le ordenó al municipio de Santo Domingo (Antioquia) y a Cornare que
actuaran en colaboración para que adoptaran las siguientes acciones:
a) En el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia,
realizar un estudio geotécnico para determinar: (i) si la zona afectada debe ser
priorizada para intervención y, en consecuencia, si requiere una plan de respuesta
prioritario, (ii) definir las medidas de tipo estructural y no estructural que incluyan un
programa de prevención y soluciones concretas relacionadas con el control de la
erosión, corrección de cauces, estabilidad de la ladera, uso del suelo y demás que se
determinen y, (iii) esas medidas deben incluir conocimiento, manejo y reducción del
riesgo de conformidad con los informes técnicos obrantes en el proceso.
b) Una vez rendido el estudio geotécnico, en un plazo máximo de cuatro (4) meses,
dichas entidades deben iniciar la implementación de las acciones determinadas en
dicho estudio, cuya ejecución no puede superar el plazo de seis (6) meses siguientes
a este último término para efectos de garantizar el manejo y reducción del riesgo que
comportan los anunciados deslizamientos.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
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Protección de los derechos e intereses colectivos
3) En los recursos de apelación, el municipio de Santo Domingo (Antioquia) y Cornare
no cuestionaron el hecho de que no se haya impuesto obligación alguna en contra de
los demás demandados y entes públicos y privados vinculados al proceso, solamente
expresan que no son los llamados a cumplir las órdenes anteriormente descritas
porque, en su criterio, no están reguladas en el ámbito de sus respectivas
competencias, aspectos puntuales sobre los cuales se refiere la Sala a continuación.
2.2.1 Municipio de Santo Domingo (Antioquia)
1) El municipio de Santo Domingo (Antioquia) afirma que no es la entidad encargada
de acatar la orden emitida por el a-quo porque ha cumplido sus deberes legales,
además, manifiesta que quienes deben “preservar el medio ambiente por la presencia
de fenómenos naturales” son las autoridades ambientales.
2) Frente a lo anterior, se recuerda que la sentencia de primera instancia ordenó la
protección del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, contexto en el cual adquiere sentido que el ente municipal sea una de
las autoridades públicas encargadas de garantizarlo debido a las competencias
específicas consignadas por el ordenamiento jurídico sobre la materia, tal como se
verifica a continuación:
a) La Ley 715 de 2011, acerca de las responsabilidades para la prevención y atención
de desastres prevé lo siguiente:
“ARTÍCULO 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de
las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a
los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema
General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las
siguientes competencias: (…).
76.9. En prevención y atención de desastres
Los municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos
podrán:
76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción.
76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y
reubicación de asentamientos”. (negrillas fuera de texto)
22
Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
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b) Por su parte, la Ley 1523 de 2012 dispone que a nivel local los alcaldes son los
responsables directos de la gestión del riesgo, en los siguientes términos:
“Artículo 14: Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes
de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el
distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el
manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
Parágrafo: Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán
integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y
prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a
través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o
distrital y demás instrumentos de gestión pública”.
3) De conformidad con lo dispuesto en las referidas normas de orden legal antes
citadas no hay duda de que en el presente caso el municipio de Santo Domingo
(Antioquia) es uno de los entes jurídicos de derecho público a quien le asiste la
obligación de prevenir la ocurrencia de desastres en el ámbito de su jurisdicción y
quien debe conocerlos, mitigarlos y manejarlos.
4) Igualmente, es necesario precisar también que la orden de protección de un derecho
colectivo por parte de una autoridad judicial no en todos las casos tiene la característica
de una condena de orden indemnizatorio, en consecuencia, no siempre se requiere la
demostración o no del cumplimiento de los deberes a cargo de una determinada
entidad, pues, lo fundamental es que se advierta la vulneración o peligro del derecho
invocado y se corrobore que el ente público en cuestión sea el encargado de protegerlo
o, como en este caso, de prevenir riesgos mayores.
5) En gracia de discusión, con base en las pruebas aportadas al proceso, la Sala
observa que para verificar las actividades realizadas por el municipio de Santo
Domingo (Antioquia) en relación con los hechos alegados, el Tribunal Administrativo
de Antioquia le solicitó a dicha entidad que enviara copia de las diferentes actuaciones
desplegadas por dicho ente territorial, en respuesta, la Secretaría de Planeación envió
un oficio el 10 de noviembre de 2022 en el que se indicó lo siguiente:
“(…) no se encontró directamente alguna actuación desplegada al
respecto, sin embargo, al realizar algunas averiguaciones con personal que
labora actualmente en la Administración municipal, se obtuvo manifestación
verbal del contratista adscrito a la Secretaria Agroambiental donde refirió́
que en años anteriores se realizó́ una intervención que al parecer se habría
ejecutado más o menos en la vigencia 2014 consistente en actividades u
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Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
obra física para el control del proceso erosivo con CORNARE en el predio
en cuestión, cuyo valor fue de aproximadamente $ 25.000.000 con base en
el presupuesto inicial que nos aportó́ , y que según ella fue para atender
punto crítico dentro del predio de la señora Elsy Peña (…).”32 (negrillas
adicionales).
6) Visto lo anterior, no está idónea y suficientemente demostrado que el municipio haya
ejercido medidas efectivas tendientes a mitigar, contrarrestar o evitar los problemas de
deslizamiento que desde hace tiempo vienen ocurriendo en el sector de la “La
Esperanza” en la vereda Piedras Blancas de dicha localidad y, en caso de haberlas
realizado, estas no han sido suficientes para la mitigación del riesgo porque los
problemas de deslizamiento se han agravado.
7) Sin perjuicio de lo anterior, las medidas ordenadas por el tribunal están en
consonancia con las funciones legalmente atribuidas al ente municipal para la
prevención y mitigación del riesgo, por cuanto es necesario realizar estudios que
determinen si la zona afectada requiere ser priorizada para su intervención y, en
función de esos estudios, proceder con la implementación de las medidas adecuadas
para evitar un posible desastre, por lo tanto, el recurso de apelación presentado por
el municipio de Santo Domingo (Antioquia) no prospera.
2.2.2 Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro – Nare
(Cornare)
1) En el recurso de alzada interpuesto, Cornare argumentó que le corresponde al
municipio abordar la problemática de prevención del riesgo según las atribuciones
establecidas en la Ley 1523 de 2012 sobre la materia, al tiempo que expresó que ha
cumplido con sus funciones.
2) En respuesta a ese argumento, es relevante observar que, aunque el derecho
colectivo en cuestión está relacionado con la prevención de desastres y la gestión del
riesgo, la primera instancia también identificó que una de las causas de los procesos
erosivos en la zona se debe a factores naturales exacerbados por la deforestación, la
actividad ganadera y el uso de un camino veredal por parte de la comunidad, además,
que estas circunstancias afectan también el cauce de la quebrada Santiago existente
en el área en donde ocurren los hechos objeto de evaluación en este proceso.
32 Índice 69 SAMAI, primera instancia, radicación no. 05001-23-33-000-2022-00468-00.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
3) Ahora bien, en cuanto a los deberes en cabeza de las corporaciones autónomas
regionales sobre la gestión del riesgo, el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012 preceptúa
lo siguiente:
“Artículo 31: Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema
Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo
sostenible, que para efecto de la presente ley se denominarán las
corporaciones autónomas regionales, como integrantes del sistema
nacional de gestión del riesgo, además de las funciones establecidas
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las
modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción
ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la
reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de
desarrollo.
Parágrafo 1°: El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y
gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión
del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio
y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad
primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de
desastres.
Parágrafo 2: Las corporaciones autónomas regionales deberán
propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio
climático y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio, en
virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la
gestión ambiental territorial sostenible.
Parágrafo 3°: Las corporaciones autónomas regionales como
integrantes de los consejos territoriales de gestión del riesgo, en
desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia
y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las entidades territoriales
que existan en sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los
procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su
competencia y serán corresponsables en la implementación.
Parágrafo 4°: Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo
establecido en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales,
harán parte de estos las autoridades ambientales locales.” (negrillas de la
Sala).
4) El mandato legal referido ratifica el hecho de que Cornare no es ajena al sistema
de gestión del riesgo, pues, aunque la ley determine que su papel es subsidiario, esto
no la exime de su deber de implementar acciones y contribuir a la prevención del
riesgo en el territorio de su competencia, sobre la base de los principios de
complementariedad, subsidiariedad y concurrencia que orientan el ejercicio de la
función administrativa.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
5) Además, lo dispuesto en la primera parte del artículo 31 de la Ley 1523 de 2012,
relacionado con el deber de apoyo que tienen las corporaciones autónomas regionales
a los entes administrativos territoriales incluye “todos los estudios necesarios para el
conocimiento y reducción del riesgo”, lo cual permite ratificar en esta instancia que la
orden impartida por el tribunal de primer grado es acorde con las funciones de
Cornare, porque, precisamente, en la parte resolutiva del fallo impugnado se hace
referencia al deber de elaboración de un estudio técnico para precisar la entidad del
riesgo a fin de adoptar posteriormente soluciones concretas para la reducción de la
erosión y aumentar la estabilidad de la ladera afectada, razón por la cual tampoco
prospera el recurso de apelación formulado por dicha entidad.
3. Conclusión
No prosperan los recursos de apelación interpuestos por el municipio de Santo
Domingo (Antioquia) y Cornare, el tribunal de primera instancia actuó correctamente
al determinar la procedencia del presente medio de control y la vulneración del derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, además,
se confirmó que estas entidades son las responsables de implementar las medidas
necesarias para proteger dicho derecho.
4. Condena en costas
No hay lugar a condena en costas de esta instancia toda vez que no se advierte
conducta temeraria o de mala fe en los términos del artículo 38 de la Ley 472 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia del 19 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.
2°) Abstiénese de imponer condena en costas.
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Expediente: 05001-23-33-000-2022-00468-01 (70.616)
Demandantes: Élsy María Peña de Arboleda
Protección de los derechos e intereses colectivos
3°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas
las constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Presidente de la Subsección
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) Salvamento de voto
(Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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