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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00530-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00530-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, dictada el 6 de mayo de 2022, por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Quinta de Decisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01 Accionante: María Nubia Henao Castrillón SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito y eficaz esta decisión. TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2022-00530-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

9 de junio de 2022

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Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01
Accionante: María Nubia Henao Castrillón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00530-01
Demandante: MARÍA NUBIA HENAO CASTRILLÓN
Demandado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN

Tema: Principio de subsidiariedad: Improcedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial por violación del debido
proceso, cuanto la parte actora no agotó los mecanismos
de defensa judicial ordinarios procedentes, como era para
el caso el recurso de reposición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta en contra de la
sentencia de 6 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Quinta de Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora María Nubia Henao Castrillón, en nombre propio, presentó acción
de tutela en contra del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Medellín, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
a la dignidad humana, igualdad y debido proceso, que estimó vulnerados
por el auto del 22 de abril de 2022, mediante el cual no se accedió a la
entrega de los títulos judiciales dentro del proceso de reparación directa
radicado bajo el número único 05001-23-31-000-2005-07586-00, con
ocasión de la petición presentada el 18 de abril de 2022.

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Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01
Accionante: María Nubia Henao Castrillón

La parte accionante en la presente actuación constitucional formuló las
siguientes pretensiones1:

“1. Que se RECONOZCA la protección de mis derechos constitucionales y
fundamentales

2. Que como consecuencia del numeral primero se ORDENE al Juzgado Sexto
Administrativo la entrega del título en el proceso referenciado de acuerdo al
memorial de la Abogada María Cecilia Ospina Macías y al derecho de petición de la
actora.

3. Que se compulse copia a la Sala disciplinaria para que investigue, procese y
sancione el actuar parcializado del tutelado con relación a beneficiar lo pertinente a
la abogada Luz Marina López Loaiza.”

En ese orden, el accionante, para sustentar las anteriores pretensiones,
argumentó lo siguiente:

“El Juzgado Sexto Administrativo publica por estado en fecha ABRIL 25 DE 2022 un
Auto denominado RESUELVE SOLICITUDES sin anunciar su calidad de
SUSTANTACIÒN O INTERLOCUTORIO, para así presentar los recursos de Ley.

3. En este auto el Juzgado decide: ... Además, habrá́ de tenerse en cuenta la
decisión que en segunda instancia profiera el Tribunal Superior de Medellín Sala
Laboral, respecto del proceso ejecutivo que conoció́ el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Medellín, por lo que una vez finalizado ese trámite, el despacho resolverá́
sobre la solicitud antes relacionada...

Genera falta de SEGURIDAD JURIDICA lo argumentado por el tutelado vulnerando
así la Constitución Política y la Ley en PREVARICATO POR ACCIÒN Y PREVARICATO
POR OMISIÒN, toda vez, que no existe Ejecutivo alguno, ya que se pretendió́ liderar
un EJECUTIVO SINGULAR desde el Juzgado Octavo Administrativo hasta que ante
actuaciones judiciales se decretó́ la NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, por
corresponder a la JURISDICCIÓN ORDINARIA; y con relación al Ejecutivo en el
Juzgado Sexto Laboral se decretó́ igualmente la nulidad de todo lo actuado y se
ordenó́ el ARCHIVO, así las cosas, no existe una orden judicial basada en derecho
que le permita al tutelado retener los títulos, solo la petición de la abogada LUZ
MARINA LOPEZ LOAIZA quien comete FRAUDE A RESOLUCIÒN JUDICIAL al
peticionar la retención de los títulos, y que argumenta sustitución de poder de
nuestra apoderada judicial titular quien fallece en Diciembre de 2009, PODER DE
SUSTITUCIÓN ORIGINAL QUE DESAPARECIÓ DEL EXPEDIENTE EN CUSTODIA EN
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO, después de realizarse estudio grafológico que
confirma falsedad en firma y al presentar la denuncia penal SPOA
050016000248201306863 que actualmente lidera la Fiscal 121.”

Por último, como fundamento de derecho transcribió los artículos 1, 6, 13
y 29 de la Constitución Política, y los artículos 413 y 414 del Código Penal.

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Escrito de tutela cargado en el aplicativo SAMAI.

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Accionante: María Nubia Henao Castrillón

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. De la admisión de la acción de tutela

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, en
auto de 28 de abril de 2022, admitió la solicitud de amparo, ordenó notificar
al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín.

2.2. De la contestación de la acción de tutela

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín dio respuesta a la
presente acción de tutela indicando lo siguiente:

Señaló el despacho acusado que era cierto que el 22 de abril de 2022 se
resolvieron solicitudes en auto notificado por estado del 25 de abril de 2022
a las partes, mediante mensaje de comunicación de estados.

Explicó que el 18 de abril de 2022 la demandante María Nubia Henao
Castrillón radicó solicitud de entrega de títulos judiciales invocando el
derecho de petición, el cual se resolvió mediante providencia del 22 de abril
de 2022 dentro de los términos legales y con las garantías constitucionales,
en observancia de los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica.

Aclaró que los dineros que solicita la parte demandante no están a órdenes
del juzgado accionado, puesto que la parte condenada en el proceso de
reparación directa realizó los depósitos judiciales a órdenes del Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Medellín; por lo tanto, se procedió a
solicitar la conversión de títulos a dicho juzgado.

Informó, por una parte, que en el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Medellín cursa un proceso ejecutivo2 el cual se adelantó con ocasión de un
incidente de regulación de honorarios entre la abogada Luz Marina López
Loaiza y parte de los demandantes, en el cual se encuentra pendiente

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Radicado 05001-31-05-006-2018-00564-00

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Accionante: María Nubia Henao Castrillón

resolver en segunda instancia la apelación interpuesta contra la negativa
del mandamiento de pago. Y por otra, señaló que se radicó ante el
despacho accionado una solicitud de no entrega de títulos judiciales hasta
tanto se haga efectivo el pago de honorarios o autorizar el desglose de los
mismos.

Concluyó explicando que la decisión de entregar los títulos depende de la
conversión que de éstos haga el Juzgado Octavo Administrativo, y de las
decisiones relacionadas con el incidente de honorarios que cursa en el
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín. De lo anterior se le informó
a la actora en el auto de 22 de abril de 2022 y, en consecuencia, considera
el juzgado accionado que no se han emitido decisiones que vulneren los
derechos fundamentales invocados y, por ende, debe ser negada la tutela.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante
sentencia de 6 de mayo de 2022, resolvió declarar improcedente la acción
constitucional presentada, con base en lo siguiente:

“En este sentido, ciertamente la parte actora tenía la oportunidad de
interponer recursos contra las decisiones, que según ella la perjudican y
dado que nos los interpuso, esto tornaría improcedente la presente tutela.
En suma a ello, tampoco se avizora perjuicio irremediable, dado que no se configura
un peligro que amenace algún derecho fundamental o que lo afecte grave e
inminentemente, lo cual haga pertinente que se adopten medidas impostergables.

56. Lo anterior encuentra justificación en el análisis de las decisiones que
presuntamente vulneran los derechos de la parte actora, las cuales no se sugiere
ninguna irregularidad procesal, ni arbitrariedad y, por tanto, no está́ llamado el juez
constitucional por el hecho de que la parte actora no comprenda el procedimiento
que se está́ adelantando o que este disconforme con el mismo, a interferir en el
curso normal de las actuaciones judiciales.

57. Lo anterior, dado que se acreditó que la decisión de no entregar el título judicial
a la solicitante, en primer lugar, resultaba imposible físicamente si se observa el
momento en el que fue solicitado: cuando no se había constituido tal depósito a
órdenes de ese Despacho, por ello se solicitó́ la conversión. Además, se debe tener
en cuenta que la entrega del dinero relativo a la condena no ha sido pacífica, pues
acumula varias controversias y no puede el juez de conocimiento desconocer que
está pendiente de decisión en segunda instancia, el recurso contra la providencia
que desató la regulación de honorarios en el proceso de reparación directa que hoy
conoce el Juzgado Sexto Administrativo de Medellín.

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Accionante: María Nubia Henao Castrillón

58. Del recuento que se ha hecho se concluye que el Juzgado Sexto Administrativo
de Medellín ha obrado diligentemente, con apego a la legalidad y ha dado respuesta
a las solicitudes que han elevado los demandantes, su apoderada y la abogada Luz
Marina López Loaiza, es decir, se ha atendido todas las intervenciones
oportunamente, sin discriminación, sin dilaciones y con claridad.

(…)

61. No resulta válido acudir a la acción de tutela para propiciar promover litigios
paralelos o instancias adicionales a las que dentro del ámbito de las facultades
conferidas a los sujetos procesales en desarrollo de los diferentes asuntos sometidos
a conocimiento de la autoridad judicial pueden ejercer para hacer valer sus
derechos. Máxime en el caso en el que nos ocupa, en el cual de la argumentación
lacónica y lo que se probó́ en el proceso no dan cuenta de actuación irregular que
afecte algún derecho fundamental.”

IV. IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión adoptada, la señora María Nubia Henao Castrillón
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó revocarlo, por considerar que
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, no
interpretó en debida forma los hechos de la acción de tutela, para lo cual
argumentó lo siguiente:

“No fue mi interés encuadrar la Demanda Especial de Acción de Tutela, porque no
es necesario, ya que estoy actuando de buena fe, y principalmente porque ostento
la categoría de Constituyente Primario, y siendo un derecho constitución (sic) el
amparo de Demanda Especial de Acción de Tutela, puedo acudir a esa institución
jurídica cada vez que lo requiera, ante la vulneración de mis derechos
constitucionales y fundamentales por los servidores públicos, en especial ante la
actuación realizada por la tutelada que es FALTA DE JURISDICCIÒN; Por lo cual,
pregunto?, le es dable a los Servidores Públicos, hacer libre interpretación de la
Constitución y la Ley, permitiéndose desconocer los derechos del Constituyente
Primario y tomar plenas decisiones que afectan sus garantías constitucionales,
porque; Así las cosas, se hace necesario el amparo, ya que se desvirtúa totalmente
la CONFIANZA LEGÍTIMA sobre los principios de LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD
JURÍDICA, en relación a la protección de los derechos constitucionales y
fundamentales de los asociados, siendo esta la razón, por la que presente (sic) la
Demanda Especial de Acción de Tutela causal de este Recurso de apelación, debido
a la vulneración de mis derechos constitucionales y fundamentales como una VÍA
DE HECHO con DAÑO de PERJUICIO IRREMEDIABLE generada por los Servidores
Públicos responsables de cumplir la Constitución y la Ley, al desconocer el debido
proceso, (…); Toda vez, que si se está́ causando un perjuicio irremediable al no
conceder oportunamente y de acuerdo a los requisitos de Ley cumplidos por la
actora, la entrega del TITULO JUDICIAL permitiendo así la consumación de un daño
en el tiempo, porque como en la oralidad no se aplica el principio de celeridad, no
tiene memoria en que tiempo pueda recibir la actora el resultado de un Recurso de
Apelación afectando también la devaluación del dinero retenido.

(…)

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Accionante: María Nubia Henao Castrillón

El juez de tutela solicito la remisión de todo el expediente, aclarando la actora
que solo se impetro sobre la actuación judicial de fecha Abril 22 de 2022,
proceso que además cuenta con suficientes actuaciones judiciales a la falta del
debido proceso (…)” (subrayás de la Sala)

De otra parte, la accionante señaló que “Vulnera la tutelada la Constitución
Política y la Ley al desconocer los fundamentos de derecho que sustentan
mi petición”, y como sustento procedió a citar como normas vulneradas el
artículo 23 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1755 de 2015.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

Conforme a lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta
Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. La señora María Nubia Henao Castrillón presentó una petición el
18 de abril de 2022 ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Medellín con el objetivo de que le hicieran entrega del título valor que había
sido solicitado por parte de la apoderada judicial en el mes de diciembre de
2021, sin recibir respuesta directa a la fecha de la presentación de la tutela,
y según ella la decisión fue notificada por conducta concluyente a través de
otro apoderado judicial.

5.2.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín dio
respuesta a la anterior petición mediante auto del 22 de abril de 2022,
informando que la entrega total de dineros dependía de la conversión de
títulos que debe hacer el Juzgado Octavo Administrativo, y las decisiones

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Accionante: María Nubia Henao Castrillón

relacionadas con el incidente de honorarios que cursa en el Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Medellín.

5.2.3. Inconforme con la respuesta dada por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Medellín mediante el auto del 22 de abril de
2022, la señora María Nubia Henao Castrillón elevó la presente solicitud de
tutela alegando la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad
humana, igualdad y debido proceso.

5.2.4. En proveído de 6 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión, decidió en primera instancia declarar
improcedente el amparo solicitado.

5.2.5. La señora María Nubia Henao Castrillón impugnó el referido fallo.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

La parte actora, en su inicial escrito de tutela, invocó como violados los
derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad y debido
proceso, que consideró vulnerados por el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Medellín al momento de dictar el auto de fecha 22 de abril de
2022, por medio del cual no accedió a la petición de entrega de títulos a
favor de los demandantes dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado único 05001-23-31-000-2005-07586-00.

El juez constitucional de primera instancia declaró improcedente el amparo
solicitado, frente a los derechos fundamentales “a la dignidad humana,
igualdad y debido proceso”, en atención a que, dentro del análisis realizado,
se evidenció que no se había cumplido con el requisito general de
subsidiariedad, por cuanto la parte actora no interpuso los recursos en
contra de la decisión tomada por el despacho judicial accionado.

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora, en su escrito de
impugnación, reiteró que en el auto acusado dentro del proceso de

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reparación directa se vulneraron los derechos fundamentales “a la dignidad
humana, igualdad y debido proceso”, y que su finalidad no consistía en abrir
nuevamente el debate jurídico como una tercera instancia, sino que se le
entregaran los títulos solicitados por cuanto le ocasionaban un perjuicio
irremediable.

5.3.1. Cuestión previa

La parte actora manifestó en el escrito de impugnación que el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Medellín vulneró el artículo 23 de la
Constitución Política, referente al derecho de petición, por cuanto no le
notificó de manera personal la respuesta dada a la petición del 18 de abril
de 2022, puesto que la respuesta la había dictado a través de auto del 22
de abril de 2022, del cual la peticionaria conoció por conducta concluyente
a través de otro apoderado judicial.

Por lo anterior, la Sala procedió a revisar de manera detallada el escrito
tutelar advirtiendo que en ese momento la accionante no hizo referencia a
la posible vulneración del derecho fundamental de petición, no obstante lo
cual, al momento de presentar el escrito de impugnación, sí invocó como
lesionado el artículo 23 de Constitución Política3, siendo este un argumento
nuevo sobre el cual la parte demandada no tuvo la oportunidad de
manifestarse en su momento. Bajo esta consideración, es improcedente que
en esta instancia se haga un pronunciamiento al respecto, por una parte,
en garantía del derecho fundamental al debido proceso y al principio de
contradicción del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín que
ostenta la calidad de accionando en el presente trámite y, por la otra, en
cumplimiento del principio de congruencia4 en la sentencia que debe atender
el juez de segunda instancia.

3
ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos
de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
4
CONSEJO DE ESTADO - SECCION SEGUNDA SUBSECCIÓN “B” Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Rad. 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15) “el principio de congruencia se erige como una verdadera
garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, en el sentido que al juez

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Accionante: María Nubia Henao Castrillón

Sin perjuicio de lo anterior, antes de resolver de fondo la presente acción
constitucional, la Sala hará una breve referencia a las peticiones que se
elevan ante despachos judiciales, y en qué medida esa situación puede dar
lugar a la vulneración del derecho fundamental de petición.

5.3.1.1. De las peticiones ante las autoridades judiciales

El artículo 23 de la Constitución Política garantiza a todas las personas el
derecho de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por
motivos de interés general o particular y a tener una respuesta pronta y
eficaz, en la que se aborde el fondo del asunto planteado. La plena
satisfacción del derecho de petición exige que la respuesta abarque todos
los puntos planteados por el solicitante, sin que por ello se exija que ésta
se resuelva de forma favorable a sus intereses.

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho
de petición no es procedente en tratándose de actuaciones
jurisdiccionales, pues las solicitudes que presenten las partes y los
intervinientes dentro del proceso, en asuntos relacionados con la litis, tienen
un trámite regulado en los respectivos códigos de procedimiento. Por tal
razón, “el derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato
judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a
la ley procesal.”5.

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el juez o magistrado
que conduce un proceso judicial está sometido a las reglas fijadas en la ley
para su trámite, “lo que significa que las disposiciones legales contempladas
para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que
debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a

de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo
excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo
pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de
forma clara las razones de tal omisión”
5
Corte Constitucional, sentencia T-377 de 2000.

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puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo
a las normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P).”6.

Así mismo, la Corte Constitucional7 ha señalado que debe distinguirse
claramente entre i) los actos de carácter estrictamente judicial, los cuales
deben tramitarse y resolverse con sujeción a las normas procesales propias
de cada juicio, y ii) los actos administrativos que pueda tener a su cargo el
juez, respecto de los cuales son aplicables las normas que rigen la actividad
de la administración pública establecidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Al respecto, esta Sala advierte que en el presente asunto no es posible
alegar la vulneración del derecho fundamental de petición, como quiera que
la solicitud de entrega de títulos a favor de los demandantes, tiene un
trámite reglado en el ordenamiento jurídico y debe resolverse con sujeción
al debido proceso judicial, tal como lo ha señalado esta Sección en
oportunidades anteriores8.

Aclarado este aspecto, se procederá con la verificación de los requisitos de
procedencia de la presente acción de tutela contra providencias judiciales

5.3.2 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Ahora bien, es importante señalar que, dentro del escrito de tutela, la
accionante invocó como derechos fundamentales vulnerados la dignidad
humana y la igualdad. No obstante, al revisar detalladamente la tutela y el
escrito de impugnación, se advierte que no expuso argumento alguno
dirigido a explicar las razones específicas por la cual estimaba que la
providencia acusada infringió el núcleo esencial de estos derechos que
permitieran a la Sala realizar el estudio correspondiente.

6 Corte Constitucional, sentencia T-334 de 1995.
7
Ibídem.
8
Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de junio de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-01855-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E1). Sentencia de 17 de noviembre de 2017,
radicado: 11001-03-15-000-2017-02583-00, C.P.: María Elizabeth García González.

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En este punto es pertinente señalar que, frente al derecho fundamental
a la igualdad, se tiene que uno de los eventos en los cuales puede resultar
vulnerado es cuando las autoridades judiciales profieren decisiones sin
tener en cuenta el precedente judicial o cuando se da un tratamiento
equivalente a supuestos fácticos diferentes. Sin embargo, en este evento,
la parte actora no indicó los motivos por los que considera que esta garantía
fue afectada por el auto controvertido, más aún, ni siquiera señaló que haya
sido desconocido algún precedente en particular.

Igual situación ocurre con el derecho fundamental a la dignidad humana,
por cuanto la tutelante no acreditó estar sometida a un trato degradante o
humillante que afectara su integridad física o moral de conformidad con lo
establecido por la Corte Constitucional9.

Bajo el anterior contexto, la Sala analizará si, en relación con la solicitud de
amparo del derecho fundamental al debido proceso, se cumplen los
requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, en
especial el requisito de subsidiariedad, por haber sido este el criterio bajo
el cual el juez de primera instancia decidió la improcedencia de esta acción.

5.3.2.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de

9
Corte Constitucional, sentencia T-030 de 24 de enero de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). “[…] debe
entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad
normativa. En relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y diferenciables:
i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse
según sus características; ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de
existencia; y iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la integridad
física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos
a cualquier forma de trato degradante o humillante. De otro lado, al tener como punto de vista la
funcionalidad de la norma, este Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un
valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio constitucional; y iii)
también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo […]”. (subrayás y negrilla de la Sala)

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Radicado: 05001 23 33 000 2022 00530 01
Accionante: María Nubia Henao Castrillón

evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de
desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

En ese orden, la Sala analizará entonces si se cumplen los requisitos
generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de
la acción de tutela formulada por la accionante, contra el auto del 22 de
abril de 2022 emitido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Medellín, por medio del cual no se accedió a la petición de entrega de títulos
a favor de los demandantes dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado único 05001-23-31-000-2005-07586-00.

5.3.2.1.1. Requisito de subsidiariedad.

De la lectura del escrito de tutela, así como de la impugnación, la Sala
observa pertinente la revisión del punto relacionado con la subsidiaridad
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, por cuanto allí se
centró la decisión de primera instancia. Para ello, la Sala ponderará si la
parte actora contaba con otros medios o recursos como herramienta de
defensa idónea para la obtención de las pretensiones solicitadas.

Conforme al artículo 86 de la Constitución Política y al artículo 6º del
Decreto 2591 de 199110, la acción de tutela es un recurso subsidiario y
residual para la protección de los derechos fundamentales, lo que implica
que sólo será procedente cuando se agoten todos los mecanismos de
defensa judicial principales de los que se disponga ante la conducta activa
u omisiva de las autoridades, o no exista en el ordenamiento jurídico un
medio idóneo y eficaz para el amparo judicial de esa categoría de derechos.

Respecto al requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones
judiciales, la Corte Constitucional11 ha señalado que se pueden presentar

10
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
11
Posición que se desarrolló en sentencia T-113 de 2013 y que se reiteró en sentencia T-103 de 2014.

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dos escenarios: i) cuando el proceso ha concluido, y ii) cuando el proceso
se encuentra en curso. En el segundo de los escenarios, ha precisado que
la intervención del juez constitucional está vedada en principio, toda vez
que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo
para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del
trámite ordinario.

Esta posición se ha reiterado por el Tribunal Constitucional12 y se ha acogido
por esta Sección13, al señalar que la acción de tutela contra providencia
judicial es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad
cuando: “(i) el asunto está en trámite14; (ii) no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios15; y (iii) se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico16”.

No obstante lo anterior, se han establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela, a saber: i) cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de
los derechos fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar un perjuicio
irremediable. En este último evento, se debe demostrar que el perjuicio es
inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de carácter

12
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014
13
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03006-00, Actor: Fabio Nelson Flórez Tobón y otros,
Sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Radicación número: 25000-23-42-000-
2018-02142-01, Actora: Oliva Pinzón de Castro.
14
Sentencias T-113 de 2013, T-103 de 2014, SU-695 de 2015, entre otras.
15
La Corte ha sido enfática en señalar que es deber de quien presenta una acción de tutela contra providencias
judiciales haber ejercido los recursos ordinarios procedentes en aras de la protección de los derechos que se
estiman conculcados. Consultar Sentencia SU-297 de 2015. Corte Constitucional, Sentencia T-150 de 2016.
16
En la Sentencia T-396 de 2014 se afirma sobre este tema lo siguiente: “Es reiterativa la posición de la Corte
en cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de un proceso judicial las partes pudieron valerse
de los recursos judiciales ordinarios pero estos no fueron empleados oportunamente, ya que no puede constituirse
en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por la caducidad de los recursos
y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los interesados. Entonces, por vía de tutela, no es viable
revivir términos de caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un mecanismo que atentaría contra
el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría el propósito mismo de la acción constitucional de protección
de los derechos fundamentales. Es necesario que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya
agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto. Esta exigencia responde al principio
de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción constitucional no sea considerada en sí misma
una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros
diseñados por el legislador. Menos aún, que resulte ser un camino excepcional para solucionar errores u omisiones
de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.”. En igual sentido
Sentencia T-103 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).

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urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional
es impostergable17.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, en relación con la violación
del derecho fundamental al debido proceso, la presente acción de tutela no
cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto se advierte que,
contra el auto del 22 de abril de 2022, emitido por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Medellín, por medio del cual no se accedió a
la petición de entrega de títulos a favor de los demandantes en el proceso
de reparación directa, la parte actora contaba con el recurso de reposición,
de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del CPACA, que señala
lo siguiente:

«ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de reposición procede
contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su
oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.
(Negrillas fuera del texto)

Ahora bien, frente a la obligatoriedad del agotamiento de los mecanismos
de defensa para la procedencia de la acción de tutela la jurisprudencia de
la Corte Constitucional18 ha sostenido que:

«[…]En este orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido
momento, los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para salvaguardar
los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción de amparo
constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de
convertirse en un recurso adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas
en el desarrollo de cada actuación procesal, como de forma reiterada lo ha
manifestado esta Corporación […]» se resalta

5.3.3. Caso concreto

Ahora bien, revisado el expediente de reparación directa identificado con
número de radicado 05001-23-31-000-2005-07586-00 en la página de
consulta de proceso de la Rama Judicial, se advierte lo siguiente:

17
Sentencia T-150 de 2016 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
18
Sentencia T-011 de 2007 (M. P. Rodrigo Escobar Gil).

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Fecha Fecha
Fecha de Fecha
Actuación Anotación Inicia Finaliza
Actuación Registro
Término Término

Se retira el expediente de la Secretaría del
Constancia TAA y se regresa a este juzgado para cumplir
3/05/22 secretarial requerimiento en Acción de Tutela. 4/05/22

Se remite el expediente físico al Despacho
Salida del 016 del Tribunal Administrativo de Antioquia,
2/05/22 expediente dentro de la Acción de Tutela 2022-530. 2/05/22
Fijación
25/04/22 estado 25/04/22 25/04/22 22/04/22

Auto que
22/04/22 resuelve Resuelve solicitudes 22/04/22

De la anterior consulta se evidencia que la accionante se abstuvo de
interponer el mecanismo judicial ordinario procedente contra la decisión que
ahora cuestiona, como era el recurso de reposición en contra de la
providencia que no accedió a la entrega de títulos. De otra parte, se tiene
que, en la impugnación presentada frente al fallo del juez de tutela a quo,
la accionante no se refirió al cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En ese orden, al analizar el caso, la Sala evidencia que no se invocaron ni
tampoco acreditaron razones extraordinarias por las que no se instauró el
recurso de reposición frente al auto acusado en la jurisdicción ordinaria. Lo
anterior evidencia que la accionante interpuso la acción de tutela como un
mecanismo sustitutivo, incumpliendo con el requisito de subsidiariedad de
la acción de tutela. Por lo tanto, la tutelante con su actuación pretendió
trasladar al ámbito de la tutela la discusión que debió tramitar mediante la
interposición del recurso de reposición ante la jurisdicción ordinaria.

Por lo anterior, la Sala concluye que no se encuentra satisfecho el requisito
de subsidiariedad, puesto que no se agotaron los medios de defensa
judiciales ordinarios. En particular, se dejó de interponer el recurso de
reposición, que, conforme a lo establecido en el artículo 242 del CPACA,
resultaba procedente para solicitar la reconsideración de autos que hayan
sido dictados en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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De otra parte, no se advierte que la parte accionante haya acreditado la
ocurrencia de un perjuicio irremediable con las características de inminente,
grave, urgente e impostergable, que amerite un trato diferente en sede de
tutela, más cuando se advierte que nada dice sobre la conversión del título.

5.3.4. Por último, la Sala encuentra necesario pronunciarse sobre la
pretensión planteada por la parte actora, en el sentido de que se compulsen
copias a la autoridad disciplinaria competente para que se investigue la
actuación del juez accionado que dio lugar a esta tutela, y que ella estima
como irregular.

En este sentido baste señalar que, en la medida en que al analizar la
actuación del referido juez no se encontró error en su proceder en cuanto a
la atención del derecho de petición presentado, pues a más de ser
improcedente, en ningún caso obliga al peticionado a dar una respuesta
positiva, sino únicamente a responder de fondo, no existe, en entender de
esta Sala, comportamiento alguno en relación con este caso que pudiera
llegar a ser objeto de reproche disciplinario.

Así las cosas, la Sala se abstendrá de dar curso a esta solicitud de la actora.

Con todo lo expuesto, la Sala confirmará el fallo de tutela de primera
instancia dictado el 6 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia Sala Quinta de Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, dictada el 6 de mayo de
2022, por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Quinta de Decisión.

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Accionante: María Nubia Henao Castrillón

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más
expedito y eficaz esta decisión.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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