Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00544-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2022-00544-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00544-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2022-00544-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
1 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: MARGARITA PÉREZ GIRALDO
Demandado: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la señora Margarita Pérez Giraldo
contra la sentencia del 13 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que resolvió:
Primero: Declarar el hecho superado en la acción de tutela interpuesta por la
señora Margarita Pérez Giraldo, en lo que se refiere a la protección del derecho
de petición, que le presentó a la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, por lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Negar las demás pretensiones, conforme lo expuesto.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 5 de mayo de la presente anualidad, la señora Margarita Pérez Giraldo interpuso
acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas –en adelante UARIV– y el Juzgado Primero Administrativo
de Medellín, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes
pretensiones:
1
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: Margarita Pérez Giraldo
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Primero: Con fundamento en lo prolijamente expuesto, solicito con todo respeto
ante esa autoridad judicial, se digne tutelar todos los derechos fundamentales
invocados, en el contenido del presente escrito; teniendo en cuenta para ello,
Honorables magistrados de la República de Colombia, que ustedes son los
llamados constitucionalmente a velar por los derechos fundamentales de las
personas, y por ende puede emitir las órdenes que consideren necesarias para
que no se continúe la vulneración de mis derechos; en este escrito enunciados
como son entre ellos, la violación al debido proceso, el acceso a la justicia, al
reconocimiento de mi condición de víctima por el conflicto armado interno
colombiano; así como todos los demás que en su estudio y análisis se
consideren violados o vulnerados por los despachos tutelados; donde ustedes
pueden ejercer el control difuso contemplado en el artículo 4 de nuestra
Constitución Política de Colombia y todas las demás normas que ampara los
derechos vulnerados y en solicitud del amparo de tutela.
Segundo: Que se ordene a los accionados, que en el proceso de la referencia,
se me reconozca mi condición de víctima indirecta del conflicto armado interno
colombiano, por el hecho antijurídico, victimizante, de lesa humanidad, por
desaparición forzada de mi hija Hericka Yasmid Pérez; y me sean amparado
todos mis derechos constitucionales, de acuerdo a nuestro ordenamiento
jurídico y de procedimientos que garanticen una justicia efectiva y eficaz; el
acceso a la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de
contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de
los derechos y las obligaciones; en que el Constituyente ha otorgado el rango
constitucional a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); que para
las víctimas; además de las innumerables jurisprudencias expedidas por las
altas cortes de nuestro país, sobre el tema de las víctimas del conflicto interno
armado colombiano. Con fundamento en los hechos narrados y en las
consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al Señor Juez ordenar a
la entidad accionada (UARIV), sean amparados mis derechos fundamentales a
la vida digna e integridad personal:
Tercero: Le solicito Honorables Magistrados, declarar al Estado Colombiano
responsable por las violaciones a los derechos humanos, que el Estado
permitió que estos acto se realizaran sin tomar las medidas para prevenirlo, o
para protegerme como víctima ante los daños y perjuicios psicológicos,
emocionales morales, por la desaparición de mi hija Hericka Yasmid Pérez, la
cual fue a monos de grupos armados ilegales al margen de la ley “Bloque
Metro”; es un deber fundamental del Estado la reparación estatal armonizada
plenamente en los principios y valores, propios del Estado Social de Derecho,
debido a que el Estado le corresponde la salvaguarda de los derechos y
libertades, pero en mi caso he sufrido las amenazas y todas las lesiones a mi
derechos humanos por el incumplimiento del Estado en modo omisivo.
Cuarto: Con el debido respeto, me permito solicitar al Honorable Magistrado de
la República de Colombia, que en consideración a lo anterior en forma
comedida denegar y corregir la decisión en el radicado Nº 202172013226421,
seguido del asunto con respuesta a derecho de petición con su radicado No
202171111132462, el cual informan que no estoy incluida en la (RUV), y
procedan a regístrame como víctima del conflicto armado colombiano.
Quinto: Que, en virtud del principio de reparación integral, establecido en el
artículo 16 de la ley 446 de 1998, el Honorable Magistrado disponga de todas
las medidas necesarias para restablecer todos mis derechos violados como
víctima del conflicto armado interno colombiano.
2
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: Margarita Pérez Giraldo
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Sexto: Que el monto de indemnización por vía administrativa, por el hecho
victimizante de la desaparición forzada de mi hija Hericka Yasmid Pérez, sea
fijada de acuerdo al artículo 149 del Decreto 4800 de 2011 que regula los
montos de la indemnización por vía administrativa.
1.2. Hechos y argumentos de la tutela.
Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas la Sala extrae los siguientes hechos
y argumentos jurídicamente relevantes:
Afirma la señora Margarita Pérez Giraldo que es víctima del conflicto interno
colombiano, desde el «2 de diciembre de 2002», cuando su hija, Hericka Yasmid
Pérez, salió de la vivienda que compartían en el municipio de Sabaneta; sin
regresar, ni recibir reportes de su paradero.
Agrega que, acudió a las autoridades para reportar la desaparición e instauró la
respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que le atribuyó
el hecho al grupo armado «Bloque Metro de las Autodefensas» el que, para ese
entonces, delinquía en Medellín y algunos municipios aledaños.
Que, en condición de víctima, elevó una reclamación ante la UARIV, sin obtener
respuesta, por tanto, presentó petición con radicado 20217201322642, la cual fue
atendida mediante oficio de mayo de 2021 (no precisó la fecha), en el que se dijo
que no está incluida en el Registro Único de Víctimas, dado que no se pudo verificar
la desaparición forzada de su hija. En su sentir, dicha decisión no contiene motivos
claros, ciertos, pertinentes y suficientes.
Alega que la decisión de no reconocerla como víctima es producto de una
inadecuada valoración probatoria, al desconocer la certificación expedida por la
Fiscalía 45 de la Unidad de Justicia y Paz, documento que, a su juicio, acredita la
desaparición forzada y su atribución al «Bloque Metro» de las Autodefensa Unidas
de Colombia –AUC–.
En escrito adicional, señaló que para la protección de sus derechos interpuso acción
de tutela contra la UARIV, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero
Administrativo de Medellín, bajo el radicado 05001-33-33-001-2021-00166-00. En
dicha ocasión se ampararon sus derechos como víctima; no obstante, la entidad
3
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: Margarita Pérez Giraldo
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
accionada impugnó la decisión, pero de manera extemporánea, y con ello «las
instancias continuaron negándome los derechos como víctima de la desaparición
forzada de mi hija»
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 5 de mayo de 2022, el despacho sustanciador de primera
instancia, previo a la admisión de la tutela, requirió a la señora Margarita Pérez
Giraldo para que aclarara los hechos en los que se sustentó la solicitud de amparo.
Cumplido con lo anterior, en auto del 6 de mayo siguiente, se admitió la acción de
tutela y se ordenó notificar al director de la UARIV y al Juzgado Primero
Administrativo de Medellín.
2.2. La UARIV afirmó que en comunicación 20217201322642 del 20 de mayo de
2021, reiterada el 10 de mayo de 2022, dio respuesta a la solicitud de información
presentada por la accionante, sobre el estado de su inclusión en el Registro Único
de Víctimas.
Adujo que, en dichas respuestas, informó a la demandante que mediante
Resolución 2014-580782 del 25 de agosto de 2014 decidió no incluirla en el RUV, y
no reconocer el hecho victimizante de desaparición forzada por falta de pruebas, sin
que se hubiese interpuesto recurso alguno contra el referido acto administrativo.
Sostuvo que se configuró una carencia de objeto por hecho superado, toda vez que
ya habían sido resueltas todas las peticiones presentadas por la señora Pérez
Giraldo.
2.3. El Juzgado Primero Administrativo de Medellín guardó silencio.
3. Fallo impugnado
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 13 de mayo de
2022, declaró configurado el hecho superado respecto de la protección del derecho
de petición, con fundamento en que, si bien se había dado una respuesta a la
4
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: Margarita Pérez Giraldo
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
solicitud de información radicada ante la UARIV, lo cierto era que en el trámite de la
tutela se dio alcance a la misma, resolviendo la petición de forma clara, precisa y de
fondo, informándole que no procedía su inclusión en el RUV, tal como se había
establecido en la Resolución 2014-580782 del 25 de agosto de 2014, acto
administrativo que se encontraba en firme al no haber sido objeto de recursos ni de
acciones judiciales.
De otra parte, el a quo determinó que no estaban llamadas a prosperar las
pretensiones para que, por vía de tutela, se le ordenara directamente a la UARIV
incluir en el RUV y reconocer la indemnización administrativa por el hecho
victimizante de desaparición forzada, toda vez que las partes debían ceñirse al
trámite previsto en el ordenamiento jurídico.
Finalmente, en lo que se refiere a la posible vulneración de los derechos por parte
del Juzgado Primero Administrativo de Medellín, señaló que no se aportaron
pruebas sobre los argumentos de la tutela, y que, por el contrario, la misma
accionante manifestó que el juzgado había accedido a sus pretensiones, lo que
indica que se garantizó su derecho de acceso a la administración de justicia.
4. Impugnación
La señora Margarita Pérez Giraldo impugnó la decisión de primera instancia, para
lo cual manifestó que la UARIV no tuvo en cuenta que ella es «una persona iletrada,
de la tercera edad y discapacitada, con trastornos de la motricidad y biomecánica»,
circunstancias que le impidieron interponer el recurso legal pertinente en contra de
la resolución expedida en 2014, que le negó la inclusión en el RUV.
Asimismo, expuso que la propia UARIV le asignó a un abogado y funcionario de esa
entidad, para ayudarle en el trámite de su solicitud, pero que este no realizó ninguna
acción, por lo que considera que «los funcionarios han vulnerado mis derechos con
malicia y mala voluntad».
De otra parte, insistió en la vulneración de sus derechos fundamentales como
víctima de la desaparición forzada de su hija, Hericka Yasmid Pérez, como consta
en el documento que expidió la Fiscalía 45 de la Unidad de Justicia y Paz, prueba
5
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: Margarita Pérez Giraldo
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
que desconoce la UARIV para incluirla en el RUV, lo cual, a su vez, la deja en una
condición de extrema desigualdad al negarle los beneficios como víctima del
conflicto armado.
II. CONSIDERACIONES
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro mecanismo de
defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho que se considera
vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como medio principal de
protección de los derechos fundamentales.
Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el cual, en
esencia, se declaró la existencia de un hecho superado respecto de la protección al
6
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: Margarita Pérez Giraldo
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
derecho fundamental de petición, y se negaron las pretensiones alusivas a la
inclusión en el Registro Único de Víctimas y los cuestionamientos contra el Juzgado
Primero Administrativo de Medellín.
Para tal efecto, habrá de examinarse la posible configuración del fenómeno de la
cosa juzgada constitucional en materia de tutela; y el eventual cumplimiento de los
requisitos de tutela contra actuaciones proferidas dentro de una tutela, en lo atinente
a los reparos enrostradas al Juzgado Primero Administrativo de Medellín.
3. Análisis de la Sala
En orden a resolver el problema jurídico, la Sala debe considerar, principalmente, la
pretensión o el contenido concreto del amparo que se reclama, los hechos que
sustentan la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales y los reparos
contenidos en la impugnación.
A este propósito, en primer lugar, la Sala observa que lo pretendido por la
accionante es que se reconozca su calidad de víctima del conflicto armado, se
ordene el pago de la indemnización administrativa derivada de dicha circunstancia
y se ordene a la UARIV corregir la respuesta dada a la petición 202171111132462,
respuesta que corresponde con las solicitudes de las pretensiones enunciadas.
Bajo la anterior premisa, esta Subsección no puede compartir el razonamiento del
a quo, en cuanto determinó la existencia de un hecho superado por la afectación
del derecho de petición. Ello porque, si como lo afirmó la demandante en el escrito
de tutela, había interpuesto otra solicitud de amparo de sus derechos fundamentales
como víctima en contra de la UARIV, y que fue decidida por el Juzgado Primero
Administrativo de Medellín, era inexorable analizar los fundamentos y contenidos de
ambas solicitudes de tutela porque, como se verá, se configuró el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional. Veamos.
La accionante expuso que radicó una acción de tutela anterior con radicado 05001-
33-33-001-2021-00176-00. Al verificar el sistema de consulta de procesos del
aplicativo SAMAI, se constata que, en efecto, la señora Margarita Pérez Giraldo
demandó a la UARIV para que se protegiera su derecho de petición y se ordenara
7
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: Margarita Pérez Giraldo
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
dar respuesta de fondo a la solicitud 20217111113246, sobre su condición de
víctima e inclusión en el RUV, toda vez que no estuvo de acuerdo con la respuesta
ofrecida en comunicación 202172013226421.
El Juzgado Primero Administrativo de Medellín concedió el amparo solicitado en el
sentido de ordenar a la UARIV realizar «las gestiones pertinentes para que el
acompañamiento legal necesario a MARGARITA PÉREZ GIRALDO con cédula
43.006.484 para que adelante los trámites que tenga lugar para la reclamación de
sus derechos; orden que deberá acatarse en un término no mayor de treinta días a
partir del día siguiente a la notificación del presente proveído sin dilación alguna».
El fundamento de dicha decisión se centró en que la accionada no dio respuesta de
fondo a la solicitud de la demandante, ni acreditó que hubiese notificado en debida
forma la Resolución 2014-580782 del 25 de agosto de 2014, en la que decidió no
incluirla en el RUV.
Dicho fallo fue impugnado por la UARIV y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad, lo revocó para, en su lugar, denegar el amparo, toda vez
que estimó que la petición 202171111132462 sí fue resuelta de fondo y de manera
coherente en el oficio 202172013226421 de mayo de 2021.
Agregó que, en todo caso, la no inclusión en el RUV fue adoptada desde la
Resolución 2014580782 de 2014, la cual fue notificada a la accionante, ya que junto
con la impugnación se allegó «copia del acta notificación a la señora Margarita
Pérez Giraldo el mencionado acto administrativo, observándose su firma a mano
alzada en constancia de la notificación que se surtió el 16 de octubre de 2014, a las
2:45 pm, diligencia en la que además se le hizo saber que contra tal decisión
procedían los recursos de reposición y en subsidio de apelación».
En resumen, la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia adujo que no
se vulneraron los derechos de la accionante, porque la petición elevada fue resuelta
en forma oportuna, completa y de fondo; además de comunicársele a la accionante.
Agregó que, si lo que se presentaba era un desacuerdo con la respuesta de la
UARIV y pretendía cuestionar su legalidad, o de la decisión adoptada desde el año
8
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: Margarita Pérez Giraldo
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2014 en la Resolución 2014-580782, la acción de tutela no era el mecanismo
procesal idóneo para ventilar dicha pretensión, al existir medios de control
establecidos en el ordenamiento jurídico para tal efecto, siempre que se cumplieran
los requisitos de procedibilidad y de oportunidad establecidos en la normatividad
vigente.
En ese orden de ideas, para esta Subsección no hay duda de que la tutela que hoy
es objeto de impugnación persigue la misma finalidad y se sustenta en iguales
pretensiones a las debatidas en el proceso anterior, no solo respecto del derecho
de petición, sino del reconocimiento de la calidad de víctima, de suerte que no podía
la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, emprender
un nuevo estudio de los derechos alegados por la demandante, por la sencilla razón
que sobre ese debate constitucional ya había operado el fenómeno de la cosa
juzgada.
Como se sabe, la cosa juzgada es una institución prevista para impedir que se
prolonguen de manera indefinida discusiones ante la jurisdicción. Es un reflejo de la
garantía de seguridad jurídica, que promueve el respeto por las decisiones judiciales
y la estabilidad de las situaciones consolidadas al amparo del derecho. No se
justifica ni tiene razón de ser un Estado en el que las decisiones judiciales, una vez
agotadas las instancias y los recursos previstos por el legislador, puedan someterse
a revisión permanente y a perpetuidad de los jueces, por la mera inconformidad de
las partes, al punto de generar decisiones contradictorias o pretender a toda costa
obtener una decisión favorable a sus intereses.
En principio, la cosa juzgada pone punto final a las controversias que deciden un
litigio o un asunto contencioso, sin perjuicio de circunstancias que la relativizan; tal
es el caso de algunas decisiones derivadas del recurso extraordinario de revisión,
de la tutela contra providencia judicial o el mismo debilitamiento de la cosa juzgada
–constitucional– en el control abstracto de constitucionalidad, o de procesos que
solamente hacen tránsito a cosa juzgada formal en los términos previstos en el
artículo 304 del Código General del Proceso1.
1 ARTÍCULO 304. SENTENCIAS QUE NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA. No constituyen cosa
juzgada las siguientes sentencias:
1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria, salvo las que por su naturaleza no sean
susceptibles de ser modificadas.
9
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: Margarita Pérez Giraldo
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
A pesar de que esta figura no es absoluta, en cada caso se debe examinar si, en
efecto, relucen los elementos que le dan vida, esto es, si en dos procesos –uno en
firme y el otro pendiente de decisión –confluyen (ii) identidad jurídica de partes, (ii)
identidad de causa e (iii) identidad de objeto, según se desprende del artículo 303
del Código General del Proceso, que consagra los tres elementos concurrentes de
la cosa juzgada.
De manera que el juez ante quien se eleva una demanda en la que se alude a un
caso anterior entre las partes, debe determinar si el asunto que le ha sido
presentado para su resolución ya fue decidido por él o por otra autoridad judicial y
si, como consecuencia de ello y de la intangibilidad de una decisión ejecutoriada, le
esté vedado un nuevo juicio.
Este fenómeno también se da en el contexto constitucional, bien cuando se ejerce
el control de constitucionalidad abstracto2 o en decisiones relativas a la acción de
tutela. Particularmente, en relación con la cosa juzgada en materia de tutela, la
Corte Constitucional expuso:
Tal como lo ha advertido la Corte, en materia del recurso de amparo el
fenómeno bajo alusión se estructura en nuestro ordenamiento como un
límite legítimo al ejercicio del derecho de acción, de manera que imposibilita
“acudir de forma repetida e indefinida a los jueces de tutela, cuando el asunto
ya ha sido resuelto en la jurisdicción constitucional, respetando así el carácter
eminentemente subsidiario del mecanismo.
Asimismo, se ha precisado la consecuencia jurídica derivada del acaecimiento
de la cosa juzgada, y en ese sentido se ha indicado que en esos eventos el
juez constitucional se encuentra llamado a declarar la improcedencia de
la acción de tutela que ya ha sido resuelta previamente y de fondo por
parte de otro o el mismo operador judicial, siempre que haya cobrado
ejecutoria dicha decisión. Esto último ocurre cuando (i) se ha emitido un fallo
por parte de la Corte Constitucional, o (ii) este Alto Tribunal ha decidido no
seleccionar el expediente para proferir un pronunciamiento, lo que conduce a
dejar en firme la última sentencia de instancia.
Como se observa, el aspecto determinante para la identificación de una cosa
juzgada constitucional corresponde al “ejercicio múltiple”, ya sea sucesivo o
2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por
autorización expresa de la ley.
3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso
al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento.
2 Sobre este existe una robusta teoría constitucional de los diferentes tipos de cosa juzgada
(absoluta, relativa, material, formal, aparente, etc.) que se da cuando se realiza control abstracto de
constitucionalidad; al respecto, puede consultarse la sentencia C-757 de 2014.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: Margarita Pérez Giraldo
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
simultáneo, de la acción de tutela. Esto se relaciona, en la práctica, con la
denominada “concurrencia de triple identidad”, referente, tal como lo ha
indicado la jurisprudencia de este Tribunal, al mismo objeto, causa pretendi y
partes; a lo que se aúna la existencia de un pronunciamiento judicial en firme,
en los términos que han sido expuestos anteriormente.3
Dicha línea fue reiterada en reciente sentencia de unificación:
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se
presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa.
2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la
figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte
Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado,
esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este
Tribunal.
2.2.3. No obstante, esta Corporación ha desvirtuado la configuración de la cosa
juzgada en casos excepcionalísimos, entre ellos, los hechos nuevos. La
anterior circunstancia puede dar lugar a levantar la cosa juzgada constitucional,
así se verifique la identidad de partes, objeto y pretensiones. 4
Así pues, como lo pretendido en torno al derecho de petición y del reconocimiento
sobre la inclusión en el RUV (identidad de objeto) fue estudiado en la acción de
tutela con radicado 05001-33-33-001-2021-00166-00, discusión en la que
confluyeron las mismas partes (identidad de sujetos) y se fundó en iguales hechos,
es decir, la supuesta falta de respuesta a la petición y el no reconocimiento de los
derechos como víctima del conflicto armado (identidad de causa), es evidente que
frente a las pretensiones de la accionante ya existe una decisión judicial que negó
el amparo constitucional de los derechos fundamentales invocados. El contenido o
alcance de esa resolución, acertada o no, escapa del escrutinio de esta Sala como
juez constitucional.
Basta que exista una decisión definitiva de un conflicto que vincule a las mismas
partes, sobre los mismos hechos y peticiones para que la cosa juzgada se entienda
configurada. Que se incorporen o excluyan algunos hechos, o modificaciones
insustanciales en la pretensión no se distorsiona la identidad del elemento causa y
objeto, por ende, los argumentos referidos en la impugnación concernientes a la
inconformidad con la gestión del abogado que le fue asignado a la demandante por
3 Corte Constitucional, sentencia T-659 de 2017.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
11
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: Margarita Pérez Giraldo
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
la UARIV no tienen la virtualidad de revivir o suscitar una nueva decisión en sede
de tutela.
A ello se suma que también se pudo constatar que la Corte Constitucional, mediante
auto del 29 de octubre de 20215, excluyó de revisión dicha acción constitucional;
por consiguiente, es indiscutible la existencia de la cosa juzgada constitucional.
Razón suficiente para modificar la sentencia de primera instancia, en lo atinente al
derecho de petición y las pretensiones sobre el reconocimiento de la calidad de
víctima del conflicto armado.
Finalmente, sobre la inconformidad de la demandante por el hecho de que el
Juzgado Primero Administrativo de Medellín concedió la impugnación de la
sentencia de tutela con radicado 05001-33-33-001-2021-00166-00, a pesar de que,
supuestamente, se interpuso extemporáneamente; sucede que esa discrepancia
nos ubicaría en el escenario de la tutela contra providencia judicial, concretamente,
contra tutela o actuaciones adelantadas dentro de su trámite, y de acuerdo con lo
previsto por la jurisprudencia constitucional –sentencia SU-627 de 2015–, para
estos fines es, por regla general, improcedente, excepto que se interponga en los
siguientes casos –sujetos además al cumplimiento de los requisitos generales–:
1. Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión adoptada
fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
2. Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros
que serían afectados con la decisión.
5 Expediente con radicado T-8391155. Sala de Selección de Tutelas 10 integrada por los magistrados
Paola Andrea Meneses Mosquera y Jorge Enrique Ibáñez Najar. Ver los siguientes enlaces:
• https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_actor
&date3=2019-01-01&date4=2022-06-
22&radi=Radicados&palabra=perez+giraldo&radi=radicados&todos=%25
• https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELE
CCION%2029%20DE%20OCTUBRE%20DE%202021%20NOTIFICADO%2017%20DE%2
0NOVIEMBRE%20DE%202021.pdf
12
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: Margarita Pérez Giraldo
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
3. Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato.
En este caso, la parte demandante ni siquiera logra argumentar con suficiencia la
vulneración de sus derechos o la configuración de una de las causales de su
procedencia; simplemente refiere que se concedió una impugnación
extemporánea, sin sustentar o aportar pruebas de ese aserto. De manera que no
existe una mínima carga argumentativa en clave de procedencia de la tutela contra
actuaciones adelantadas en su trámite, razón por la cual, en ese punto, el amparo
también deviene improcedente.
En conclusión, modificará la sentencia impugnada y, en su lugar, la declarará
improcedente (i) por haberse configurado la cosa juzgada, respecto del amparo del
derecho fundamental de petición y las pretensiones de reconocimiento de la calidad
de víctima del conflicto armado y (ii) por falta de carga argumentativa, en lo atinente
a las inconformidades frente a la decisión del juzgado de conceder la impugnación
presentada por la UARIV.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Modificar la sentencia del 13 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Margarita Pérez Giraldo, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notificar a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
13
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00544-01
Demandante: Margarita Pérez Giraldo
Demandado: Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
TERCERO. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.